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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04943-01

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04943-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: SE ACEPTA el impedimento manifestado por el consejero Dr. William Hernández Gómez, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de este fallo. En consecuencia, se le separa del conocimiento del proceso de la referencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 1 0 de mayo de 2018, proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimient o del derecho presentada por el señor DA NILO HERNÁ NDEZ G ARAVITO por la s razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante según lo previsto en los argumentos señalados en este fallo. CUARTO: En firm e esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de orige n y efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-04943-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

28 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO -ADMI NISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓ N A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D. C. , veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIE NTO DEL DERECHO
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04943-01 (5772-2018)
Demandante : DANILO HERNÁ NDEZ GARAVITO
Demandada: UNIDAD ADMINI STRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSI ONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓ N SOCIAL -
UGPP
Tema: Topes pensionales. Decreto 546 de 1971.
SENT ENCI A DE SE G UNDA I NSTA NCI A / LEY 1437 DE 2011

ASUNTO

Conoce la Sala de Subsección del recurso de apelación presentado
por la parte demandante contra la sentencia del 10 de mayo de
2018, proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca , que negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El señor DANILO HERNÁNDEZ GARAVITO , en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en
el artículo 138 del CPACA, demandó a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP, el reconocimiento de las siguientes
declaraciones y condenas:

1.1. Pretensiones 1

La nulidad de la Resolución 51381 del 16 de octubre de 2008 a
través de la cual CAJANAL le reliquidó la pensión de jubilación y
dispuso establecer un tope al valor de su mesada pensional.

1 Folios 1 a 3 del expediente.

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NULIDAD Y REST ABLECIMIENT O DEL DERECHO
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04943-01 (5772-2018)
Demandante: Danilo Hernández Garavito

A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la
entidad demandad a a lo siguiente:

• Rel iqui dar la pens ió n sobr e el 75% de l a asignac ión m ensu al m ás
elevada deveng ada en el últ im o año de ser vicios, es decir , en el
com pr endido ent r e el 30 de sept iem br e de 2005 y el 3 0 de
sept iem br e de 2006, sin ninguna lim it ac i ón en su m ont o .

• Rec onocer y pag ar l as dif er encias ent r e la m esada pens ion al que
per cibí a y aquel la q ue conf or m e a la r eli quidac ión l e cor r esponde,
con los r espect ivos aj ust es anuales or denados por el ar tí culo 14
de la Ley 100 de 19 93.

• Act ualizar los va lor es r econocidos seg ún el í ndice de pr ecios al
consum idor o al por m ayor, de acuer do con lo expuest o en el
ar t í culo 187 del CP ACA.

Cumplir la sentencia conforme lo previsto en el artículo 192 del
CPACA y condenar en costas a la entidad d emandada .

1.2. Fundamentos fácticos 2

El señor DANIL O HERNÁNDEZ GARAVITO fundamentó sus
pretensiones en los siguientes hechos:

Nació el 10 de septiembre de 1941 y labor ó para el Ministerio
Público y la Rama Judicial del Poder Público entre el 1 de
septiembre de 1969 y el 30 de septiembre de 2006.

Mediante Resolución 00153 del 6 de enero de 2006, la Caja
Nacional de Previsión Social le recon oció la pensión de jubilación
en cuantía de $3.803.626,62 , efectiva a partir del 1 de noviembre
de 2005. Suma que fue elevada a través de Resolución 3167 del 24
de abril de 2006, efectiva a partir del 1 de febrero de 2006, para tal
efecto se consideraron los salarios p ercibidos entre el 1 de abril de
1994 y el 30 de octubre de 2005.

A través de Resolución 60372 del 22 de noviembre de 2006 , se
reliquidó la pensió n de jubilación a partir del 1 de febre ro de 2006 ,
en cuantía de $4.099.516,24 en razón de una orden de tutela de la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá .

2 Folios 3 a 5 del expediente.

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Por Decreto 303 del 8 de septiembre de 2006 fue retirado del
servicio como magistrado auxiliar de la Sección Quinta del Consejo
De Estado a partir del 11 de septiembre de 2006 ; sin embargo,
ejerció ese cargo hasta el 30 de septiembre de 2006.

El 6 de diciembre de 2006, presentó ante la Dirección General de
la Caja Nacional d e Previsión Social la documentación necesaria
para que se reliquidara la pensión de jubilación por ret iro definitivo
del servicio ; en consecuencia, CAJANAL mediante Resolución
51381 del 16 de octubre de 2008, reliquidó la p restación por un
valor de $12.516.418, no obstante , al momento de establecer el
valor de la mesada resolvió limitarla a 25 salario s mínimos legales
mensuales vigentes .

1.3. Normas violadas y concepto de violación 3

El demandante citó c omo norma s vulneradas : Constitución
Política, artículos 2, 25, 29, 53 y 58; Ley 100 de 1993, artículos 18
y 36, inciso 2; Decretos Ley 546 de 1976, artículo 6; De creto 717
de 1978, artículo 12, Decreto 314 de 1994, artículo 1, inciso 1;
Decreto 510 de 2003, artículo 3.

Al desarrolla r el co ncepto de la violación, afirmó que es beneficiario
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y, por ende, su pensión se debe reconocer aplicando en su
integridad el r égimen anterior, que corresponde al régimen especial
contenido en el artículo 6 del Decret o 546 de 1971, debido a que
prestó sus servicio s en el Ministerio Publico y en la Ra ma Judicial
por más de 20 años.

Consideró que dicho régimen especial se debe apli car en su
integridad y, por t al razón, la pensión se debe liquidar con el 75%
de la asignación mensual más elevada percibida en el último año
de servicio sin nin gún tipo de limitación .

3 Folios 5 a 11 del expediente.

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Demandante: Danilo Hernández Garavito

2. Contestación de la demanda

La UGPP 4 se opuso a las pretensio nes de la demanda, porque
aseguró que dio cumplimiento a lo dispuesto por la Corte
Constitucional en sentencia C -258 del 7 de mayo de 2013, que
ordenó disminuir la mesada pensional a 25 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

Formuló como excepciones las de (i) falta de agotamiento de la
reclamación administrativa, por cuanto el demandante no present ó
ningún recurso contra el acto administrativo demandado, (ii)
presunción de legalidad de los actos administrativos expedidos por
la entidad de pensiones , en el entendido que la resolución
demandada está amparada por esta presunción , (iii) p rescripción,
refiriéndose a las mesadas que llegaran a reconocerse, (iv) buena
fe y (v) genérica o innominada , en el sentido que se declare de
oficio cualquiera que encuentre probada el funcionario judicial.

3. Decisiones relevantes en el curso de la audiencia inicial

El 15 de mayo de 2017, la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró audiencia inicia l 5
en la que decidió (i) declarar saneado el proceso, (ii) resolver la s
excepciones de presunción de legalidad de los actos
administrativos expedidos por la entidad de pensiones, buena fe y
prescripción en el fondo del asunto, (iii) declara r no probada la
excepción de falta de agostamiento de la reclamación
administrativa, puesto que contra el acto administrativo reprochado
solo procedía el re curso de reposició n que según el artículo 76 del
CPACA no tiene carácter obligatorio y (iv) f ijar el lit igio en los
siguientes términos:

«Si el señor DA NI LO HERNÁN DEZ G ARAVI TO , com o benef iciar i o
del r égim en de tr ansición pr evist o en el ar tí culo 36 de la Ley 100
de 1993, le asist e e l der echo a que s u p ensión se a r el iqui da da de
conf or m idad con lo dispuest o en el Decr et o 546 de 1971, est o es,

4 Folios 63 a 71 del expediente.
5 Folios 83 a 92 del expediente.

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en cuant í a del 75% y t eniendo en cuent a la asignación m ensu al m ás
alt a devengad a en e l últ im o año d e ser vicios s in l im it ación algun a
en su m ont o pensional » 6.

Asimismo, (v) declaró fallida la conciliación y (vi) incorporó las
pruebas aportadas al expediente y (viii) dio traslado a las partes
para alegar de conclusión .

4. La sentencia apelada

El 10 de mayo de 2018 , la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca 7 negó las prete nsiones de
la demanda y condenó en costas a la parte demandante , pues
aseguró que el tope pensional previst o en el parágrafo primero del
Acto Legislativo 01 de 2005 sí era aplicable al señor DANILO
HERNÁNDEZ GA RAVITO , porque así lo dispuso la Corte
Constitucional mediante sentencia SU -210 del 4 de abril de 2017
en la que señaló que también debía tenerse en cuenta tratándose
de los regímenes especiales , como el previsto en el Decreto 476 de
1971. En e se sentido, afirmó que las pretensiones del medio de
control no estaban llamadas a prosperar , por cuanto el tope
pensional cobijaba la situación jurídica del demandante .

5. El recurso de apelación

La parte demandante 8 presentó recurso de apelación contra la
decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , toda vez que
por ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 le asiste el derecho a que se le aplique
el régimen anterior en su integridad de acuerdo con la posición
jurisprudencial del Consejo de Estado y el principio de
favorabilidad , esto es, el Decreto 546 de 1971 y no la Ley 100 de
1993, ni el Acto Legislativo 01 de 2005, que incluso no se
encontraba vig ente para la fecha en que adquirió el estatus
pensional, el 26 de septiembre de 1996 y solo surte efectos para
quienes causaran el derecho pensional a partir del 31 de julio de
2010.

6 Folio 89 del expediente.
7 Folios 122 a 132 del expediente.
8 Folios 135 a 142 del expediente.

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De igual forma, indicó que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional r ef erida en el fallo de primera instancia no es
aplicable a su situación jurídica, porque se refiere única y
exclusivamente a los congresistas y los funcionarios de las altas
cortes y no a los empleados de menor rango como él , además que
sus efectos son inter partes.

En ese sentido, aseguró que no le asiste razón al a quo «en la
medida que ha quedado demostrado que los fundamentos legales
que sostiene [su] tesis no son aplicables […] por lo que t al decisión
deberá ser revocada íntegramente y en su lugar acceder a las
pretensiones de la demanda, esto es, que se reliquide mi pensión
de jubilación » 9.

6. Alegatos de concl usión en segunda instancia

La parte demandante 10 no se pronunció.

La UGPP 11 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de
la demanda referidos a que el tope pensional es aplicable a todas
las pensiones, incluso las reconocidas bajo regímenes especiales,
de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucio nal .

7. Concepto del Mini sterio Público

El Ministerio Público guardó silencio como consta en el informe
secretarial visible en folio 197 del expediente.

II. CONSIDERACI ONES

1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto y según lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General d el Proceso, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante.

9 Folio 142 del expediente.
10 D e acuerdo con el informe secretarial visible en folio 197 del expediente.
11 F o l i o s 1 8 8 a 1 9 6 d e l e x p e d i e n t e .

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1.1. Cuestión previa

El 20 de agosto de 2020, el consejero de estado Dr. William
Hernández Gómez presentó impedimento para conocer de este
proceso con sustento en la causal prevista en el numeral 1 del
artículo 141 del CGP, toda vez que es beneficiario del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y le fue
reconocida la pensión conforme lo dispuesto en el Decreto 546 de
1971, cuya liquidación quedó sujeta al momento que acredi tara el
retiro del servicio , en consecuencia le asiste interés en cualquier
decisión que se adopte en el presente asunto.

Al respecto, manifestó que la Sala Plena de esta Corporación
aceptó el impedimento que manifestó en el proceso 2012-00143
(4403-2013), en el cual se unificó lo concerniente al IBL de los
beneficiarios del régimen de transición, así como el 30 de mayo de
2019 se aceptó el impedimento por la Sección Segunda, en el
proceso con radicado 150012333000201600630 -01 (4083-2017), en
donde se avocó conocimiento para unificar el tema del in greso base
de liquidación de la pensión especial del régimen de la Rama
Judicial y del Ministerio Público.

En esa línea de ideas, esta Sala de Decisión aceptará su
impedimento al verificar que se a just a a los señalado en el ordinal
1° del artículo 14 1 del CGP 12 de tal manera que se declarará
fundado.

2. Problema jurídico

De acuerdo con lo expuesto el recurso de apelación interpuesto , se
deberá determinar si: ¿debe aplicarse el tope de 25 s.m.l.m.v. sobre
la pensión de vejez percibida por el señor DANILO HE RNÁNDE Z
GARAVITO a pesar de que es beneficiario del régimen especial
dispuesto en el Decreto 546 de 1971?

12 «Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso. […]».

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Así las cosas , para resolver el proble ma jurídico planteado, la Sala
desarrollará e l siguiente orden metodológico: (i) marco normativo y
jurisprudencial y (ii) caso concreto.

3. Marco normativo y jurisprudencial.

3.1. Topes pensionales

De acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional C – 258 de
2013, el tope de las mesadas pensionales en el ordenamiento
jurídico colombiano es una limitación impuesta en beneficio de la
igualdad, sostenibilidad financiera, el interés mayorit ario y la
distribución equitativa de los recursos limitados del Sistema de
Seguridad Social , razón por la cu al la mera la existencia de
regímenes especiales no im plica q ue las mesadas pensionales
adquiridas bajo estos sean ilimitadas 13, en desmedro de las
personas menos favorecidas económicamente y del alcance de la
cobertura del Siste ma. En esa medida, en el ordenamiento jurídico
colombiano se han dispuesto diferentes topes a esta prestación.

Según el marco normativo analizado por la Corte, en la sentencia
en cita, desde la Ley 4ª de 1976, «por la cual se dict an normas
sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial
y privado y se dict an otras disposicio nes » determinó en el artículo
2.º 14 el tope de 22 salarios m ínimos legales mensuales vigentes.

Posteriormente, la Ley 71 de 1988, «por la cual se expid en normas
sobre pensiones y se dictan otras disposiciones », en su artículo
2.º 15 dispuso un límite de 15 s.m.l.m.v.

Luego, por medio de la Ley 100 de 1993, «Por la cual se crea e l
sistema de seguridad social in tegral y se d ictan otras
disposiciones », en el parágrafo 3 .º 16 del artículo 18, se impuso que

13 S e n t e n c i a C-089 de 1997.
14 « Artículo segundo . Las pensiones a que se refiere el artículo anterior no podrán
ser inferiores al salario mínimo mensual más alto, ni superiores a 22 veces éste
mismo salario. »
15 « A r t í c u l o 2 º . N i n g u n a p e n s i ó n p o d r á s e r i n f e r i o r a l s a l a r i o m í n i m o l e g a l m e n s u a l ,

ni exceder de q uince (15) veces dicho salario; salvo lo previsto en convenciones
colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales.
Parágrafo. El límite máximo de las pensiones, sólo será aplicable a las que se causen
a partir de la vigencia de la presente Ley. »
16 « P A R Á G R A F O 3 o . C u a n d o e l G o b i e r n o N a c i o n a l l í m i t e l a b a s e d e c o t i z a c i ó n a

veinte (20) salarios mínimos, el monto de las pensiones en el Régimen de Prima
Media con Prestación Definida no podrá ser superior a dicho valor. ».

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la cuantía máxima sería de 20 s.m.l.m.v para el ingreso base de
liquidación de los afiliados al régimen de prima media.

En desarrollo de la anterior disposición se profirió e l Decreto 314
de 1994, «Por el cual se limita la base de cotización obligatoria del
Sistema General de Pensiones » que en su artículo 2 .º 17 estableció
el tope d e 20 s.m.l.m.v.

Con posterioridad, l a Ley 797 de 2 003 18, modificó, entre otras
disposiciones, el a rtículo 18 de la Ley 100 y estableció en el inciso
4.º del artículo 5 .º el límite de 25 s.m.l.m.v.

Luego, a través del Acto Legislativo 01 de 2005, «Por el cual se
adicionó el artículo 48 de la Constitución Política », se reiteró en el
parágrafo 1 .º del artículo 1º el tope pensional de 25 s.m.l.m.v.

Ahora bien, l a Cort e Constitucional e n sentencia C-089 de 1997 al
estudiar el parágra fo del artículo 35 d e la Ley 100 de 1993, el cual
establecía que «Las pensiones de jubilación reconocidas con
posterioridad a la vigencia de la ley 4a. de 1992 no estarán sujetas
al límite establecido por el artículo 2o. de la ley 71 de 1988, qu e
por esta ley se modifica, salvo en los regímenes e instituciones
excepcionadas (sic) en el artículo 279 de esta ley » 19, declaró la
inexequibilidad del aparte subrayado, con base en el siguiente
razonamiento:

«[ …]

Es decir , el par ágr a f o acusado no pued e excluir de l benef i cio que
por él se cr ea, a los pensionados de lo s r egí m enes especiales, en
la f or m a genér ica com o lo hizo, pues con ello se descon oce el
der echo a la igua lda d de qui enes, a pesa r de hall ar se en un r égim en
especia l, est án suj etos al lí m it e que est ablece la l ey 71 de 1988.

17 « Artículo 2º Monto de las pensiones en el Régimen Solidario de Prima Media con
Prestación Definida. En desarrollo del parágrafo tercero del artículo 18 de la Ley 100
de 1993, el monto de las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, para
los afiliados al Régimen Solidario de P rima Media con prestación Definida, no podrá
ser superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales. »
18 « P o r l a c u a l s e r e f o r m a n a l g u n a s d i s p o s i c i o n e s d e l s i s t e m a g e n e r a l d e p e n s i o n e s

previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes
Pensionales exceptuados y especiales»
19 A p a r t e e n s u b r a y a s d e c l a r a d o i n e x e q u i b l e e n l a s e n t e n c i a e n c i t a .

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Demandante: Danilo Hernández Garavito

Sin em bar go, ha de ent ender se que el lí m it e que est ablece la ley
100 de 1993, ser á el lí m it e m áxim o al que podr án aspi r ar los
pensiona dos que se benef ician con la pr er r ogat iva que señala el
par ágr af o del ar tí culo 35, es decir , los veint e ( 20) salar ios m ínim os,
sal vo si el régi men pensi onal al que e st án somet i dos est abl ece
un l í mit e mayor a ést e .

Una int er pr et ación dif er ent e, conducir í a a la exist encia de un gr upo
de pensionados pr i v ileg iados, excl uí do s de l os lí mit es máxi mos
que l a l ey ha previ st o para el reconoci mi ent o y val or de l as
pensi ones.

Es sí nt esis, los pensionados de los r egí m enes especiale s cuyo
sist em a pensional f i j e un lí m it e m áxim o, super ior al que consagr a
la ley 100 de 1993, no est ar án suj et os a ést e, pues la ley 100 no se
les puede ap lic ar . Por el cont r ar io, si esos lí m it es son inf er ior es,
t ienen der echo a soli cit ar la aplicac ión de la ley de segur idad social,
por ser m ás f avor able a sus int er eses.

Así las cosas, p ar a evit ar int er pr et acio nes que desconozc an los
der echos de los pe nsionados de los r egí m enes especiales , a los
que se r ef ier e e l apar t e acusado, la Cor t e dec lar ar á su
inexequ ib il idad». ( N egr il la or igi nal ) .

Igualmente, a través de la sentencia C-155 de 1997, la Corte se
pronunció con respecto a los artículo s 2 .º de las Leyes 4ª de 1976
y 71 de 1988, en atención a una demanda de inconstitucionalidad
por medio de la cual se alegaba la inexistencia de justificación para
el establecimiento de regímenes diferentes. Al respecto se advirtió
que:

«[ …] es per f ect am ent e legí t im o que, la ley conceda un lí m it e m í nim o
o m áxim o al m ont o de la pensión, si con ello se pr et ende adm inist r ar
r ecur sos lim it ados; en est e or den de id eas, el m ont o de la pens ión
es un cr it er io r elevant e de dif er enciaci ón ( …) Adem ás, el m edio
em pleado es adecuado, pues al est ablecer unos t opes m áxim os a
la m esada pension a l, el legis lador pr ot e ge los r ecur sos exist ent es
par a el pago de las pensiones, a f in de asignar los pr ef er en cia l m ent e
a aquell os que se encuent r an en una escala económ ica inf er ior .

[ …] ».

De acuerdo con el análisis del marco normativo en cita, la Corte
Constitucional en la s entencia C-25 8 de 2013, concluyó: «De lo
anterior se deduce que (i) desde el año de 1976 todas las mesadas
de los funcionario s públicos se encontraban sometidas a topes

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pensionales, (ii) el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 no consagró un
límite máximo en el valor de la pensión, es decir, no existía claridad
si las pensiones adquiridas de confo rmidad con este régimen
estaban sometidas a las reglas generales sobre topes, (iii) a pesar
de que la jurisprudencia constitucional sugería la aplicación general
de límites, ciertas autoridades administrativas y a lgunas judiciales
interpretaron que el régi men dispuesto por el artículo 17 de la Ley
4 de 1992 no estaban sometido a ningún valor máximo. ».

Finalmente es de indicar que a través de la sentencia T- 079 de
2019 20, la Corte analizó un caso de reliquidación pensional con base
en el régimen del Decreto 546 de 1971 , donde estimó que el
reconocimiento de derechos pensionales sin limitación alguna,
implica establecer un sistema de privilegios a un grupo que se
encuentra en una posición favorable respecto de las condiciones
actuales de la mayoría de la so ciedad, que quebranta los princip ios
estructurales del sistema (solidarid ad, equidad y eficiencia) . En
dicho pronunciamiento la Corte estimó que los topes pensionales
también son aplicables al citado régimen, con el siguiente
razonamiento:

«[ …]

112. Cier t am ent e, el r égim en de t r ansic ión est abl ecido por la Le y
100 de 1993 t uvo po r obj et o r espet ar las expect at ivas legí t im as de
las per sonas que aspir aban a obt ener su der echo a la pensión con
f undam ent o en los r equis it os de la n or m a ant er ior . Con t odo, si bie n
en el ar t í culo 36 de la cit ada disposició n se pr evió una t r ansició n
par a gar ant izar úni cam ent e los aspect os del r égim en es pecia l
r elacion ados con l a edad, m ont o - ent endido com o t as a de
r em plazo 21- y núm er o de sem anas o t iempo de ser vicio 22, t ambié n
se im plem ent ar on u nos nuevos r equ isit os par a el d er echo a la
pensión ap lica bles a t oda la poblaci ón 23.

113. En esa m edida, aspect os dif er ent es a los ant er iorm ent e
señalados no se ampar ar on con la tr ansición. De ello r esult a clar o
que el t ope pens ion al no f ue un aspect o cobij ado por la t r ansición,
pues la Ley 100 de 1993 y norm as concor dant es est ablecier on
lí m it es sobr e la m ater ia.

20 C o n ponencia del magistrado Carlos Bernal Pulido.
21 S e n t e n c i a sSU-395 de 2017, SU-230 de 2015, C-258 de 2013.
22 A s p e c t o s d e l r é g i m e n e s p e c i a l a l c u a l l a p e r s o n a s e e n c o n t r a b a v i n c u l a d a a l

momento de entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social
23 S e n t e n c i a S U - 0 2 3 d e 2 0 1 8

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114. Es decir , la m ism a Ley 100 de 1993, en su ar t í culo 279, no
incluy ó, dent r o de la s per sonas except ua das de su apl icaci ón , a los
f uncionar ios del M ini st er io Público 24. Sobr e t odo, t eniendo en cuent a
que m ediant e el Dec r et o 691 de 1994 se incor por ó a los ser vidor es
per t enecient es al M inist er io Púb l ico al Sist em a G en er al de
Pension es, a par t ir del 1º de abr il de 19 94 ( ar t í culo 1º num er al 1º )

[ …]

121. En ese sent i do, el m ar co j ur í dico const it uciona l, l egal y
j ur ispr udencia l sist em át icam ent e ha establec ido que las m esadas
pensiona les est án s uj et as a un t ope m áxim o, lo cual t iene a lcance
r espect o a las pensi ones r econocidas en vir t ud del Decr et o 546 de
1971, t al y com o sucede con la pensión de la señor a Juliet a del
Car m en Alvis G onzá lez.

122. En lí nea con lo ant er ior , r esult a r egresivo y, adem ás cont r ar io
al m ar co j urí dico alu dido, consider ar que las pensiones r econ ocidas
en vir t ud de r egí m enes espe cia les, com o los de la Ram a Judicia l y
del M inist er io Púb l ico, car ecen de lí m it es. En consecuencia,
r esult aba m anif iest am ent e cont r ar io a la nor m at iva vigent e afir m ar ,
com o lo hizo e l j uez de t ut ela, que la pensión de la señor a Alvi s
G onzález no est aba suj et a a lí m it es.

123. Ahor a bien, pese a que en las sentencias C - 089 de 1997 y C -
155 de 1997, l a Sa la P lena de est a C or por ación det er m in ó que
ninguna m esada p en siona l con car go a l os r ecur sos públicos podí a
ser super ior a 20 SM LM V, el Juzgado Pr im er o de Fa m ilia de
Since lej o deci dió apar t ar se del pr ec edent e const it ucio n al con
ef ect os er ga om nes.

[ …]

127. Los pr inc ipi o s de igu alda d, sost enibi lid ad f inanc i er a del
sist em a, int er és gener al y dist r ibución equit at iva de los r e cur sos

24 “ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social
contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y
de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con
excepción de aquel que se vincule a par tir de la vigencia de la presente Ley , ni a los
miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989 , cuyas prestaciones a carg o serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores
que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto
se expida.
Se exceptúan también, los trabajadores de las empresas que al empezar a regir la
presente Ley, estén en concordato preventivo y obligatorio en el cual se hayan
pactado sistemas o procedimientos especiales de protección de las pensiones, y
mientras dure el respectivo concordato.
Igualmente, el presente régimen de Seguridad Social, no se aplica a los servidores
públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los pensionados de la misma .
Quienes con posterioridad a la vigencia de la presente Ley, ing resen a la Empresa
Colombiana de Petróleos -Ecopetrol, por vencimiento del término de contratos de
concesión o de asociación, podrán beneficiarse del régimen de Seguridad Social de
la misma, mediante la celebración de un acuerdo individual o colectivo, en t érmino
de costos, forma de pago y tiempo de servicio, que conduzca a la equivalencia entre
el sistema que los ampara en la fecha de su ingreso y el existente en Ecopetrol”.

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lim it ados d el S ist em a de Segur id a d Socia l 25, así com o la
solid ar idad 26, ef iciencia, univer sal idad y pr ogr esividad en lo s
t ér m inos est ablecid os en la Const it ución y la ley, son los
cont enidos f undam e nt ales que j ust if ican el núcleo de l der ec ho a la
segur idad socia l. Por est a sencilla r azón, est os pr incipios ni
siqui er a pueden ser desconocid os por los r egí m enes especiales de
pensión 27.

128. En esa m edida, la j ur ispr udencia const it uciona l ha r econocido,
de m aner a unif or m e y r eit er ada, que la im por t ancia de la
sost enibi li dad f inan cier a del sist em a r adica en que per m it e logr ar
la cober t ur a univ er sal y el pago f ut ur o d e las pens iones a ca r go del
sist em a 28. Por eso, ha sido enf át ica en qu e el der echo a la pe nsió n
adquir i do en vir t ud de la ext ensión de l o s r egí m enes especiales no
im pide e l r econocim i ent o y r eliqui dació n pensiona l con l im it a ción 29,
pues “ los t opes e n l as m esadas pens ion ales han sido c onsa gr ados,
al m enos, desde la Ley 4ª de 1976, la L ey 71 de 1988 y la L ey 100
de 1993, así , en l as Sent encias C - 089 d e 1997 y C - 155 de 1 997” 30.

[ …] ».

25 E n s e n t e n c i a C - 0 8 9 d e 1 9 9 7 , e s t a C o r p o r a c i ó n f i j ó d e m a n e r a i n e q u í v o c a s u p o s t u r a

frente a la aplicación del monto máximo de 20 SMLMV para el reconocimiento de la
pensión previsto en la Ley 100 de 1993, a los servidores públicos excluidos del
régimen general de pensiones. Validez de topes pensionales que fue reiterada
mediante sentenci a C-155 de 1997.
26 E n s e n t e n c i a C - 1 1 1 d e 2 0 0 6 , e s t e T r i b u n a l s o s t u v o q u e : “ E l p r i n c i p i o d e s o l i d a r i d ad

exige la ayuda mutua entre las personas afiliadas, vinculadas y beneficiarias,
independientemente del sector económico al cual pertenezcan, y sin importar el
estricto orden generacional en el cual se encuentren. Este principio se manifiesta en
dos subreglas, a saber: En primer lugar, el deber de los sectores con mayores
recursos económicos de contribuir al financiamiento de la seguridad social de las
personas de escasos ingresos, por ejemplo, mediante aportes adicionales destinados
a subsidiar las subcuentas de solidaridad y subsistencia del sistema integral de
seguridad social en pensiones, cuando los altos ingresos del cotizante así lo
permiten. En segundo término, se acuden a otras herramientas del sistema de
seguridad social en aras de contribuir por el bienestar general y el interés común,
tales como, (i) el aumento razonable de las tasas de cotización, siempre y cuando no
vulneren los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna; (ii) la exigencia
proporcional de períodos mínimos de fidelidad o de carencia, bajo la condición de no
hacer nugatorio el acceso a los derechos de la seguridad social y, eventualmente;
(iii) el aumento de las edades o semanas de cotización, con sujeción a los parámetros
naturales de desgaste físico y psicológico, como lo reconocen los tratados
internacionales del derecho al trabajo”.
27 E n s e n t e n c i a S U - 2 1 0 d e 2 0 1 7 , s e s o s t u v o q u e : “ l a s d i f e r e n t e s m e d i d a s d e o r d e n

económico, institucional y legal que debe desplegar de manera progresiva el Estado
para materializar dicho derecho (obligaciones positivas), también cuenta, como todo
derecho fundamental, con garantías de protección frente a la actuación de las
autoridades públicas y los particulares que puedan desconocer sus contenidos”.
28 E n e f e c t o , e n s e n t e n c i a C - 2 5 8 d e 2 0 1 3 , r e i t e r ó q u e e s t e p o s t u l a d o “ o r d e n a a l

Estado garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional en aras de
asegurar su cobertura universal, la inclusión de las clases menos favorecidas y el
pago efectivo de las mesadas pensionales”, por lo que con relación a los topes
pensionales indicó que “son un límite existente desde antes de la expedición el (sic)
Acto Legislativo 01 de 2005 y que su incorporación en el texto superior mediante su
artículo 48 busca establecer los topes “para todas las mesadas pensionales con
cargo a los recursos de naturaleza pública ”, con el fin último de “ limitar y reducir
los subsidios que el Estado destina a la financiación de las pensiones más altas,
muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales especiales vigentes
antes de la expedición de la Ley 100 de 1993 ” (negrillas y subrayas propias del
t e x t o ) 28.
29 S e n t e n c i a T - 3 6 0 d e 2 0 1 8 .
30 S e n t e n c i a S U - 2 1 0 d e 2 0 1 7 .

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Bajo ese contexto, la Sala de Subsección advierte que desde 1976
la legisla ción n acional ha fijado topes máximos para el
reconocimiento y pago de mesadas pensionales, tanto para el
régimen general como para los regímenes especiales, toda vez que
como lo señaló la Corte Constitucional 31 «en caso de que las normas
especiales de tales regímenes no dispusieran un límite cuantitativo
para las mesadas, debía aplicarse el tope señalado en las reglas
generales, específicamente en la Ley 100 y las disposiciones que
la modifican en lo pertinente ».

De acuerdo con lo anterior y tal como lo ha señalado esta
Corporación en anteriores oportunidades 32, a las pensiones les
son aplicables los topes consignados en las normas vigentes al
momento de su causación , sin que sea dable oponerse a ellos so
pretexto de que los regímenes especiales que los cobijan no los
prevean o autoricen expresamente.

4. Análisis del caso concreto.

Para resolver la controversia, la Sala tendrá en cuenta el acervo
probatorio allegado al proceso, cuya autenticidad no fue
controvertida por las partes, el cual le permite tener por acreditados
los siguientes hechos relevantes:

4.1. Hechos probados 33.

a) Edad del de mandante. El señor DANILO HERNÁNDEZ
GARAVITO nació el 10 de septiembre de 1941 en el municipio de
Cómbita (Boyacá), es decir, para el 1 de abril de 1994 tenía 52 años
de edad y al 10 de septiembre de 1996 contaba con los 55 años
requeridos por el Decreto 546 de 1971 para acceder a la pensión
de vejez.

31 S e n t e n c i a s C-089 de 1997 y C-155 de 1997.
32 S e n t e n c i a s d e l a S u b s e c c i ó n B , d e 1 2 d e j u n i o d e 2 0 2 0 ,
Radicación número: 76001 -
23-31-000-2011-00631-01(4225-15) con ponencia del consejero Carmelo Perdomo
Cuéter y de 13 de noviembre de 2020 d ictada dentro del proceso radicado 25000 -23-
42-000-2016-01911-01, con ponencia de la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez
33 D e
acuerdo con el CD en folio 72 del expediente que contiene el expediente
administrativo del demandante aportado por la UGPP.

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b) Tiempo labora do. El señor DANILO HERNÁNEZ GARAVITO
demostró los siguientes tiempos de servicio:

Entidad Desde Hasta
Juzgado Pr om iscuo M unicipa l de Um bit a 01/ 09/ 1969 13/ 04/ 1970
Juzgado Pena l M uni cipal G ar agoa 14/ 04/ 1970 30/ 08/ 1971
Juzgado Pr om iscuo M unicipa l Tur m eque 01/ 09/ 1971 01/ 08/ 1972
Juzgado Pena l del C ir cuit o de G uat eque 02/ 08/ 1972 31/ 08/ 1973
Juzgado I nst r ucción Cr im inal G ar agoa 01/ 09/ 1973 31/ 08/ 1975
Juzgado I nst r ucción Cr im inal G ar agoa 01/ 09/ 1975 31/ 08/ 1977
Juzgado I nst r ucción Cr im inal Tunj a 01/ 09/ 1977 04/ 05/ 1982
Juzgado Pr om iscuo M unicipa l Sant a Sof í a 05/ 05/ 1982 15/ 08/ 1982
Juzgado M enor es de Yopal 16/ 08/ 1982 30/ 06/ 1983
Pr ocur adur í a G eneral de la Nac ión 01/ 07/ 1983 16/ 04/ 2006
Sección Q uint a de l Consej o de Est ado 17/ 04/ 2005 30/ 09/ 2006

De acuerdo con lo anterior, cumplió 20 años de servicio el 1 de
septiembre de 1989.

c) Acto administrativo de reconoci miento pensional. Mediante
Resolución No. 000153 del 6 de enero de 2006 , la Caja Nacional de
Previsión Social EICE le reconoció una pensión de jubilación al
señor DANILO HERNÁNDE Z GARAVI TO sobre el 75% del promedio
lo devengado sobre el salario promedio de 11 años 7 meses, entre
el 1 de abril de 1994 y el 30 de octubre de 2005 , en cuantía de
$3.803.626,62, efectiva a partir del 1 de noviembre de 2005 , con
sustento en los art ículos 6 del Decret o 546 de 1971, 36 de la Ley
100 de 1993 y 1 del Decreto 1158 de 1994 , y el Decreto 01 de 1984.

A través de Resolución Número 3167 del 24 de abril de 2006, la
Caja Nacional de P revisión Social, resolvió el recurso de reposición
que presentó el señor DANILO HERNÁNDEZ GARAVITO contra la
Resolución No. 000153 del 6 de enero de 2006 para que se liquidara
el IBL según lo previsto en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 en
concordancia con el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, en el
sentido de modificar la cuantía de la pensión a $3. 855.479,87,
efectiva a partir del 1 de febrero de 2006, condicionada al retiro
definitivo del servicio, en consid eración a los nuevos tiempos
aportados.

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d) Actos administrativos que reliquidaron la pensión. Mediante
Resolución No. 60372 del 22 de noviembre de 2006, la Caja
Nacional de Previsión Social EICE reliquidó la pensión del
demandante teniendo en cuenta el 75% de la asignación mensual
más elevada devengada durante el último año de servicio ,
incluyendo todos los conceptos que integraron su salario en
cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior
del Dist rito Judicia l de Bogotá – Sala Penal del 1 de no viembre de
2006 que así lo ordenó.

A través de Resolu ción No. 49952 del 1 de octub re de 2008, la Caja
Nacional de Previsión Social EICE, reliquidó la pensión de
jubilación del señor DANILO HE RNÁNDEZ GARAVITO en el sentido
de ajustar su valor a veinticinco (25) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de efectividad de la prest ación , esto
es, a la suma de $10.200.200.oo, a partir del 3 de octub re de 2006,
de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la ley 100 de
1993.

Por medio de Resolución No. 50056 del 1 de octubre de 2008, la
Caja Nacional de Previsión Social EICE, reliquidó la pensión de
jubilación del demandante por retiro definitivo del servicio, efectiva
a partir del 12 de septiembre de 2006 , en cuantía de $6.81 9.783,18,
sobre el 75% del sa lario promedio de la asignación mensual elevada
devengada en el último año de servicio , según lo previsto en el
Decreto 546 de 1971.

e) Acto administrativo demandado. Mediante Reso lución No.
51381 del 16 de octubre de 2008, la Caja Nacional de Previsión
Social EICE, resolvió dejar sin efectos las Resoluciones Nos. 49952
del 1 de octubre de 2008 y 50056 del 1 de octubre de 2008, teniendo
en cuenta que no se habían notifi cado, ni se habían realizado las
publicaciones y existió un error involuntario sobre los factores de
salario y la fecha de efectividad , el 3 de octubre de 2006 y el 12 de
septiembre de 2006, respectivamente ; además, reliquidó la pensión
de vejez del demand ante sobre el 75% de la asignación mensual

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más elevada percibida durante el último de servicios y la inclusión
de todos los factores salariales en cu mplimiento de lo ordenado por
el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá , limitada a veinticinco
(25) salarios mínimos a la fecha de efectividad, el 1 de octubre de
2006, según lo dispuesto en el artíc ulo 18 de la Ley 100 de 1993,
en cuantía de $10.200.000.oo,

4.2. Análisis sustancial

De conformidad con el acervo probatorio allegado al proceso se
tiene que la decisión adoptada por CAJANAL en la Resolución
51381 del 16 de octubre de 2008 se ajustó a derecho, con
fundamento en las siguientes razones:

En efecto, si bien el demandante es beneficiario del régimen de
transición del a rtículo 36 de la Ley 1 00 de 1993, comoquiera que
para el 1º de abril de 1994 tenía más de 20 años de servicios, en
consecuencia, su pensión de jubilación se debía reconocer en
atención al régimen pensional especial consagrado en el Decreto
546 de 1971, en su artículo 6 .°, para los funcionarios y empleados
de la Rama Judicial y el Min isterio Pú blico.

Sin embargo, e l cit ado régimen no contiene ninguna previsión sobre
topes máximos aplicables a las mesadas pensionales razón por la
cual, debía acudirse a las normas del régimen general vigente para
la fecha en que se hizo efectivo el derecho, es decir, el 30 de
septiemb re de 2006 (retiro definitivo del servicio ), razó n por la cual
CAJANAL debió acudir al tope indicado en el inciso cuarto del
artículo 18 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 5 de la
Ley 797 de 2003 el parágrafo tercero del artículo 18 de la Le y 100
de 1993, que señala la suma de veinticinco (25) salario s mínimos
legales mensuales vigentes.

Ahora bien, el salario mínimo para el año 200 6 34 correspondía a la
suma de $408.000 pesos, por lo que 2 5 salarios mínimos legales
mensuales vigentes ascendían a $ 10.200.000 pesos, suma que

34 h t t p s : / / w w w . s a l a r i o m i n i m o c o l o m b i a . n e t / 2 0 0 2

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correspondió a la cuantía reconocida al demandante en el acto
administrativo demandado.

En ese orden de ideas, la Resolución No. 51381 del 16 de octubre
de 2008 se ajustó al marco normativo analizado, según el cual, los
reconocimientos pensionales, están sujetos a los términos
establecidos por la normatividad vigente al momento de su
causación y si b ien el artículo 8 .º del Decreto 546 de 1971 no
establecía límite para el p ago de las pensiones de los funcionarios
de la Rama Judicial y el Min isterio Público, con la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 se extendió la sujeción de mesadas
pensionales, incluso de regímenes especiales, a los topes fijados
por el régimen gener al.

En esa medida, la pretensión del señor DANILO HERNÁNDE Z
GARAVITO según la cual debe reajustarse su pensión de jubilación
sin limitación alguna, implica el desconocimiento de los principios
de igualdad, sostenibilidad financiera del sistema, interés general
y distribución equitativa de los recu rsos limitados del Sistema de
Seguridad Social, así como la solidaridad , que no pueden ser
desconocidos por los regímenes especiales de pen sión.

Por último, en relación con la condena en costas en primera
instancia, esta Sección había sostenido la tesis de que el concepto
de las costas del proceso estaba relacionado con todos los gastos
necesarios o tile s dentro de una actuación de esa natu raleza y
comprendía los denominados gastos o expensas del proceso
llamados en el CPACA gastos ordinarios del proceso y otros como
son los necesarios para traslado de testigos y para la p ráctica de
la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la just icia como
peritos y secuestres, transporte de expediente al superior en caso
de apelación, pólizas, copias, etc.

A raíz de la expedición del CPACA, la Subsección A, inicialmente
sostuvo que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la
condena de manera automática u objetiva, frente a aquel que
resultara vencido en el litigio.

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Demandante: Danilo Hernández Garavito

Ello, en consideración a que debían observarse una serie de
factores tales como la temeridad, la mala fe y la existencia de
pruebas en el proceso sobre los gastos y costas en el curso de la
actuación, en donde el juez debía ponderar dichas circun stancias y
sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en
el que el juez evaluara las circunstan cias para imponerla o no.

Posteriormente, esta subsección en providencia de 7 de abril de
201610, varió aquella posición y acogió el criterio objetivo -
valorativo al concluir que no se debe evaluar la conducta de las
partes –temeridad o mala fe –, sino los aspectos previstos en el
Código General del Proceso, con e l fin de darle plena aplicación a
su artículo 365:

«Ar t í culo 365. Con dena en cost as. E n los pr ocesos y en las
act uaciones post er i or es a aquellos en que haya cont r over sia la
condena en cost as se suj et ar a las siguient es r eglas:
1. Se condenar á e n cost as a l a part e venci da en el proceso , o
a quien se le r esue l va desf avor ablem en t e el r ecur so de apelació n,
casación, quej a, s plica, anu lació n o r evisión qu e haya pr opuest o.
Adem ás, en los casos especial es pr evis t os en est e código.
Adem ás, se condenar á en cost as a quien se le r esuelva de m aner a
desf avor able un inc i dent e, la f or m ulació n de excepciones pr evias,
una solic it ud de nuli dad o de am par o de pobr eza, sin per j uici o de lo
dispuest o en r elac ió n con la t em er idad o m ala f e.
2. La condena se har á en sen t encia o aut o que r esuelva la
act uación que di o lu gar a aquella.
3. En la pr ovidencia del super ior que conf ir m e en t odas sus par t es
la de pr im er a inst an cia se condenar á a l r ecur r ent e en las cost as de
la segunda.
4. Cuando la sent en cia de se gunda inst a ncia r evoque t ot alm ent e la
del inf er ior , la par t e vencida ser á condenada a pagar las cost as de
am bas inst ancias.
5. En caso de que pr osper e par cialm ent e la dem anda, el j uez
podr á abst ener se de condenar en cost as o pr onunciar condena
par cial, expr esando los f und am ent os de su decisión.
6. Cuando f uer en dos ( 2) o m ás lit iga nt es que deban pagar las
cost as, el j uez los condenar en pr opor ción a su int er és en el
pr oceso; si nada se dispone a l r espect o, se ent ender án dist r ibuidas
por par t es iguales e nt r e ellos.
7. Si f u er en var ios los l it igant es f avor ecidos con la cond ena en
cost as, a cada uno de ellos se les r econocer án los gast os que
hubier e suf r agado y se har án por separ ado las liq uidac iones.
8. Solo ha br á lugar a cost as cuando e n el exped ient e ap ar ezca que
se causar o n y en la m edida de su com pr obación.

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Demandante: Danilo Hernández Garavito

9. Las est ipu lacio ne s de las par t es en m at er ia de cost as se t endr án
por no escr it as. Si n em bar go, podr án r enunciar se despu és de
decr et adas y en l os casos de des i st im ient o o t r ansa cción »
Dest acado f uera de l t ext o ori gi na l .

De acuerdo con estos lineamientos jurisprudenciales y legales , la
Sala advierte que no hay lugar a revocar la condena en costas de
primera instancia pues la decisión del a quo tuvo sustento en la
norma referida y la posición jurisp rudencia referida, esto es, que la
parte demandante fue vencida en el proceso y hubo una
intervención directa de la parte d emandada encaminada a la
defensa de los intereses de la entidad , en consecuencia, esta
decisión se confirmará .

De acuerdo con lo anterior, corresponde a la Sala de Decisión
confirmar la sentencia del 1 0 de mayo de 2018 proferida por la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca , que negó las pretensiones de la demanda.

5. Condena en costa s

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho, los
llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Admini strativo gastos ordinarios del proceso y otros
como son los necesarios para t raslad o de testigos y para la práctica
de la prueba pericial, los honorario s de auxiliares de la justicia
como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior
en caso de apelación.

Atendiendo esa orientación, e n el presente caso hay lugar a
imponer costas en esta instancia a la parte demandante de
conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 8 del artículo
365 del Código General del Proceso, puesto que se resolvió
desfavorablemente el recurso de apelación que interpuso y se probó
su causación teniendo en cuenta que la parte demandada intervino
al presentar en su defensa alegatos de conclusión.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando ju sticia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: SE ACEPTA el impedimento manifestado por el
consejero Dr. William Hernández Gómez, de conformidad con lo
señalado en la parte motiva de este fallo. En consecuencia, se le
separa del conocimiento del proceso de la referencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 1 0 de mayo de 2018,
proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca , que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimient o del derecho presentada por
el señor DA NILO HERNÁ NDEZ G ARAVITO por la s razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante según lo
previsto en los argumentos señalados en este fallo.

CUARTO: En firm e esta decisión devuélvase el expediente al
Tribunal de orige n y efectúese las anotaciones en el programa
SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la
presente sesión.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
IMPEDIDO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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