Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05086-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05086-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-05086-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Bogotá, D.C, doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-05086-01 (1972-2021)
Demandante: María Consuelo Mora Espejo
Demandado: Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
Temas: Docente ocasional. Acto susceptible de control judicial. Fuente
del daño. REVOCA PARCIALMENTE.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por
medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La Señora María Consuelo Mora Espejo instauró demanda en contra de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en los oficios
969 del 5 de abril y 1373 del 20 de mayo de 2016, que negaron las solicitudes de
reintegro como docente de la UNAD, expedidos por el gerente de talento. A título
de restablecimiento del derecho, se ordene su reintegro sin solución de continuidad
al cargo que venía desempeñando o a otro de igual o similar categoría; se condene
al pago debidamente indexado y con los intereses moratorios, de todos los salarios,
reajustes o aumentos, aportes a pensión y demás prestaciones dejadas de percibir
desde la fecha del retiro y hasta su reintegro; y se impongan costas procesales.
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-05086-01 (1972-2021)
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
3. Que prestó sus servicios en la UNAD desde el 22 de diciembre de 1983,
ocupando cargos de distinta índole: desde el nivel técnico, pasando por empleos
como profesional universitario y, finalmente, como docente de la Universidad.
Especialmente, que se desempeñó de forma continua y por nombramientos anuales
como docente ocasional de tiempo completo desde el 1.° de abril de 2011 y hasta
el 23 de diciembre de 2015.
4. Que la entidad prescindió de sus servicios para el período académico de 2016,
es decir, no la vinculó como docente ocasional. Por lo anterior, el 14 de marzo
solicitó al rector que la designara en el empleo; sin embargo, el gerente de talento
humano resolvió la petición de forma negativa. El 16 de mayo insistió, pero la misma
autoridad reiteró el sentido de su decisión.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
5. Argumentó que vulneró los artículos 25, 48, 53 y 125 de la Constitución
Política; 6, 2, 19, 71, 72, 73 y 74 de la Ley 30 de 1992; 7 del Decreto 217 de 2004;
3 y 25 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 8 del Decreto 1227 de 2005. Que fue
expedido por funcionario incompetente, pues la facultad nominadora en la UNAD
está a cargo del rector y no del gerente de talento humano.
6. Sostuvo que nominalmente era docente ocasional, pero el principio de realidad
sobre las formas permite concluir que ejerció labores misionales permanentes y
continuas de tiempo completo, de allí que su vínculo con la UNAD es similar al de
un funcionario en provisionalidad, con una estabilidad laboral relativa, por lo que
solo podía ser retirada del servicio en virtud de la provisión del cargo por concurso
de méritos. De no admitirse lo anterior, que fueron nombrados docentes ocasionales
de tiempo completo personas con menos formación, experiencia e inversión de
recursos económicos para su educación por parte de la Universidad.
7. Que para la fecha del retiro tenía la calidad de prepensionada, se encontraba
en situación de vulnerabilidad manifiesta y era madre cabeza de familia de un
estudiante universitario económicamente dependiente, por lo que no podía ser
retirada del cargo.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
8. El 29 de noviembre de 2016 se admitió la demanda. La entidad expresó que
el rector delegó en el director de talento humano la facultad para vincular a los
docentes ocasionales. Que los docentes ocasionales no son considerados
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empleados públicos o trabajadores oficiales, sino que es una denominación especial
diseñada para la prestación del servicio público de educación. En consecuencia, su
situación no es asimilable a la de empleados nombrados en provisionalidad y
tampoco gozan de estabilidad laboral relativa.
9. Expresó que solo los servidores públicos adquieren la calidad de
prepensionados, que su afección física no tiene el grado de severidad para activar
la protección especial por vulnerabilidad y que no acreditó los requisitos para ser
considerada madre cabeza de familia, por lo que ninguno de los alegados fueros
era aplicable.
10. El 28 de agosto de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial en la cual se fijó el
litigio y se decretaron pruebas. El 22 de octubre de 2019 se celebró audiencia de
pruebas y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 22 de octubre de 2020, negó las pretensiones, por
considerar que el acto fue expedido por funcionario competente. Que los sucesivos
nombramientos como docente ocasional de tiempo completo no suponen una
garantía de permanencia en el empleo como aquella que se desprende de la carrera
administrativa. Que la actora conocía la naturaleza de este tipo de empleos y la
precaria estabilidad que los caracteriza. Concluyó que el retén social de la Ley 790
de 2002 solo aplica para servidores públicos en el marco del programa de
renovación de la administración pública y que no gozaba de la condición de
prepensionada porque el único requisito faltante al momento de su retiro era el de
la edad.
RECURSO DE APELACIÓN
12. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que expresó que
según la Ley 30 de 1992, los docentes con dedicación exclusiva de tiempo completo
son empleados públicos, pero no de libre nombramiento y remoción, es decir, que
no pueden ser removidos discrecionalmente. Que la postura del Tribunal solo sería
aceptable en caso de que la UNAD hubiese acreditado que actuó conforme con el
principio de transparencia y para el mejoramiento del servicio, designando
profesionales de mejores calidades y experiencia.
13. Reiteró que la demandante cumplió funciones de docente ocasional de tiempo
completo propias del objeto misional y permanente de la UNAD, que no fueron
verdaderamente ocasionales o transitorias, y que a la fecha de su retiro acreditaba
condiciones de protección especial que lo impedían: prepensionada, madre cabeza
de familia y condición de debilidad manifiesta.
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14. Solicitó que las razones de hecho y de derecho expuestas en la demanda y su
alegato de conclusión fueran tenidas como parte íntegra del recurso.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
15. El 15 de julio de 2021 se admitió el recurso de apelación y el 26 de agosto del
mismo año se dispuso correr traslado a las partes para alegar de conclusión.
16. La parte demandante se remitió a lo expuesto en la demanda y la apelación.
17. La parte demandada insistió en los argumentos de la contestación e hizo
énfasis en el tipo de vinculación de la señora Mora Espejo como docente ocasional
y no como empleada pública o trabajadora oficial. Reiteró que carece de derechos
de carrera administrativa.
18. El 23 de septiembre de 2025 se requirió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para que remitiera copia de la audiencia de pruebas del 22 de
octubre de 2019, pues en el folio correspondiente el archivo contenía el audio y
video de la audiencia inicial. Aunque manifestó no disponer de esta, el Despacho
ponente identificó el archivo en el Sistema de Audiencias de la Rama Judicial, por
lo que ordenó a la Secretaría agregar la videograbación a la plataforma Samai y
corrió traslado a las partes, garantizando la integralidad del expediente y la celeridad
del proceso.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
19. De acuerdo con el recurso, el problema que debe resolver la Subsección
consiste en determinar si los oficios 969 del 5 de abril y 1373 del 20 de mayo de
2016, fueron expedidos por funcionario incompetente y con infracción de las normas
en que debían fundarse.
Marco normativo y jurisprudencial
Docentes ocasionales
20. El artículo 69 de la Constitución Política de 1991 previó el principio de
autonomía universitaria, según el cual, las universidades pueden darse sus
directivas y regirse por sus propios estatutos «[…] de acuerdo con la ley». Sin
embargo, no se trata de autonomía absoluta, sino sujeta a los postulados del Estado
de derecho, es decir, restricta a límites constitucionales y legales, según la
literalidad de la disposición.
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21. En desarrollo, el legislador expidió la Ley 30 de 1992 «Por la cual se organiza
el servicio público de Educación Superior». Entre otras manifestaciones del principio
de autonomía, el artículo 28 reiteró la facultad de las universidades para expedir y
modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas, definir sus labores
formativas y programas académicos y, para el asunto que interesa, «[…] seleccionar
a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes
y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social
y de su función institucional». En sentido similar, el artículo 29 otorgó estas
facultades a las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas.
22. El artículo 57 dispuso la naturaleza jurídica de las universidades públicas como
entes universitarios autónomos que gozan de un régimen especial y están
vinculadas al Ministerio de Educación Nacional en cuanto a políticas y planeación.
La misma norma indica que el carácter especial de su régimen comprende la
organización y elección de sus directivas, el personal docente y administrativo, así
como el régimen financiero, de contratación y el control fiscal. El artículo 71
estableció que los profesores podrían ser de dedicación exclusiva, de tiempo
completo o de medio tiempo y de cátedra, calidades que fueron definidas en los
artículos 72 y 73, respectivamente.
23. Por su parte, originalmente, el artículo 74 dispuso:
«Serán profesores ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo
completo o de medio tiempo, sean requeridos transitoriamente por la
entidad para un período inferior a un año.
Los docentes ocasionales no son empleados públicos ni trabajadores oficiales,
sus servicios serán reconocidos mediante resolución y no gozarán del
régimen prestacional previsto para estos últimos». (negrilla fuera de texto y
tachado declarado inexequible).
24. El aparte tachado fue objeto de control de constitucionalidad y la Corte explicó
que, existen tres categorías de docentes: i) los que son empleados públicos, que no
son de libre nombramiento y remoción sino que ingresan al servicio por concurso
de méritos; ii) los de cátedra, vinculados por contrato de prestación de servicios por
períodos académicos para atender tareas docentes de carácter especializado o
coyuntural y iii) los docentes ocasionales, una categoría especial, vinculados
transitoriamente para cumplir actividades de docencia e investigación1.
25. Puntualmente, se discutió sobre la constitucionalidad del aparte que le negaba
a los últimos el goce del régimen prestacional de los empleados públicos y
trabajadores oficiales y la Corte concluyó que la negación expresa de la norma no
1 Corte Constitucional. Sentencia C-006 del 18 de enero de 1996. M.P. Fabio Morón Díaz.
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tenía fundamento constitucional, pues los profesores ocasionales tenían derecho a
que les reconocieran sus prestaciones sociales en proporción al tiempo laborado,
por lo que declaró la inexequibilidad del aparte.
26. Entre otras consideraciones, se pronunció sobre la particularidad de este tipo
de vinculación, cuyo carácter transitorio y reconocimiento vía resolución se
fundamenta en las necesidades institucionales de las universidades. Adujo que la
gran diferencia entre estos docentes y los empleados públicos es, precisamente, su
ingreso a la carrera administrativa, porque, aun cuando realizan actividades
materialmente equivalentes, no gozan de un derecho adquirido en un concurso
público. Expuso:
«Se ha dicho que la categoría "profesores ocasionales", responde a las
singulares necesidades de las universidades, a las características sui-generis
de su actividad, luego su origen se ubica en circunstancias que en el caso
propuesto son atribuibles al "patrono", la universidad estatal u oficial, y no al
trabajador, el cual debe acreditar similares condiciones de formación y
experiencia y desarrollar actividades también similares a las de los profesores
que ingresan por concurso, a quienes si se les reconocen, como parte de su
retribución, las prestaciones sociales. […]
Sin embargo, vale aclarar, que los profesores ocasionales, como tales, no
obstante que hayan prestado sus servicios en reiteradas oportunidades y
a lo largo de muchos años en la misma institución, no pueden alegar "un
derecho adquirido" para acceder a una plaza de carrera docente, ella sólo
se obtiene cuando se gana el correspondiente concurso de méritos.
De otra parte, las universidades oficiales han de hacer un uso racional de esta
modalidad de vinculación, evitando con ella suplir carencias que se originan en
circunstancias de orden financiero y/o político, tales como reducción de costos
educativos, congelación de plantas, ausencia de disponibilidades
presupuestales, insuficiencia de plazas, etc.»2 (énfasis fuera de texto).
27. En suma, de la ley y la jurisprudencia constitucional se concluye que los
docentes ocasionales no son empleados públicos ni trabajadores oficiales, pero
ejercen una función pública de forma transitoria3 y tienen derecho al reconocimiento
proporcional de los salarios y prestaciones sociales que devengan los profesores
empleados públicos pero, al margen de la similitud en el desempeño de las
funciones, se diferencian de estos últimos en atención a la forma de vinculación y el
carácter temporal de la misma.
Resolución al caso concreto
28. En el presente asunto, la demandante manifestó que el acto administrativo
cuestionado se «integra» por los oficios 969 del 5 de abril y 1373 del 20 de mayo de
2 Ibid.
3 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Auto del 5 de octubre de 2023. Exp. 11001-03-24-000-
2018-00500-00 (3182-2022). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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2016. Previo a estudiar los argumentos del recurso, se verificará si cumplen con los
requisitos para considerarse actos enjuiciables ante esta jurisdicción.
29. El oficio 969 del 5 de abril de 20164 da respuesta a la comunicación presentada
por la demandante el 14 de marzo de 20165. En esta se observa que, en escrito
dirigido al rector de la entidad, la señora Mora Espejo manifiesta su «[…]
preocupación personal por la mora en mi vinculación como docente», informa sobre
su supuesta condición de «prepensionada» y solicita «dar el trámite correspondiente
a la presente comunicación».
30. En la respuesta, la UNAD hace un recuento de los distintos vínculos laborales
de la peticionaria, informa sobre el régimen jurídico de los docentes ocasionales,
desestima su calidad de prepensionada y concluye que:
«De conformidad con las consideraciones precedentes de la normatividad
aludida y la jurisprudencia citada, la UNAD en el ejercicio de la autonomía que
le corresponde con el fundamento en el artículo 69 de la Constitución Política
de Colombia, establece de acuerdo a la línea normativa que los docentes
ocasionales no tienen vocación de estabilidad permanente y la Universidad se
encuentra en libertad de decidir sobre su continuidad de acuerdo a la Ley».
31. Por su parte, el oficio 1373 del 20 de mayo de 20166 resolvió la solicitud del 16
de mayo de 2016 que tiene por referencia: «Reclamación laboral» y donde se
pretende explícitamente: «solicito se sirva Reintegrarme a mi empleo de Docente
Ocasional a partir de enero 1/16 y pagarme los salarios y Prestaciones causados
entre la fecha mencionada y el momento de Reintregro [sic]»7. La respuesta de la
entidad fue:
«Como se ha dicho, usted estuvo VINCULADA como DOCENTE OCASIONAL
por PERÍODOS INFERIORES A UN AÑO así: 1 de abril al 23 de diciembre de
2011; 18 de enero de 2012 al 23 de diciembre de 2012; 14 de enero de 2013 al
30 de diciembre de 2013; 15 de enero de 2014 al 30 de diciembre de 2014; 6
de febrero de 2015 al 23 de diciembre de 2015.
[…]
En consecuencia, los servicios de los docentes ocasionales no tienen la
vocación de permanencia, por lo que la Universidad se encuentra en libertad de
decidir, en virtud de la ley, si para cada año requiere o no de los servicios de los
profesores ocasionales de acuerdo a las necesidades del servicio.
Por lo anterior, no es procedente su solicitud» (énfasis fuera de texto).
4 Fls. 3-6.
5 Fl. 62.
6 Fls. 7-9.
7 Fl. 64.
7
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32. De la lectura de ambos oficios se concluye que solo el segundo cuenta con los
atributos de un acto administrativo enjuiciable, porque es una manifestación
inequívoca de la voluntad de la UNAD que de manera concluyente y clara niega la
solicitud de nombramiento.
33. La comunicación inicial del 14 de marzo de 2016 no contenía una solicitud
manifiesta de este tipo, sino que ponía de presente información ante la entidad,
específicamente, la discutida condición de prepensionada y la preocupación de la
solicitante por la ausencia de nombramiento; por el contrario, en la del 16 de mayo
de 2016 expresamente solicitó su vinculación laboral, por lo que la decisión
negativa se observa contenida en el oficio 1373 que la resuelve.
34. Respecto del oficio 969 del 5 de abril de 2016 se declarará probada de oficio
la excepción de «acto no susceptible de control judicial». En cuanto al oficio 1373
del 20 de mayo de 2016, aunque se trata de un típico acto administrativo que negó
una solicitud, a juicio de la Sala, no lesionó los derechos de la demandante, es decir
no está viciado de nulidad, tal como pasa a explicarse:
35. La señora María Consuelo Mora Espejo se desempeñó como docente
ocasional de tiempo completo de la UNAD entre 2011 y 2015, en virtud de múltiples
resoluciones que establecieron un término inferior a un año, como consta en
certificación emitida por el gerente de talento humano del 6 de abril de 20168.
36. Conforme al desarrollo de la parte considerativa de esta providencia, es
preciso recordar que existen tres tipos de vinculación de los docentes con las
universidades públicas: los que son empleados públicos en carrera administrativa,
los de cátedra y los docentes ocasionales. Cada una de estas categorías dispone
de un régimen y unas características disímiles. Sobre la última, la Sección Segunda
ha sostenido que «[…] la vinculación como docente ocasional no genera, por sí sola,
una expectativa de permanencia en el empleo más allá del plazo de finalización
indicado en el acto de nombramiento […]» (énfasis fuera de texto)9.
37. La demandante pudo conocer y controvertir los términos y condiciones en los
que se efectuó cada nombramiento, incluyendo el último, contenido en la Resolución
2296 del 6 de febrero de 2015, que estableció como plazo el mes de diciembre del
mismo año, según el límite legalmente previsto para la vinculación de docentes
ocasionales. Al respecto, la Sección Segunda ha sostenido:
«Además, se hace imperioso precisar que en este proceso se discute la
legalidad del Oficio 1.2-098 del 17 de febrero de 2017 y la Resolución 1071 del
14 de agosto de 2017, por los cuales la Universidad del Tolima negó la solicitud
de dar continuidad a la vinculación de la señora Paola Andrea Sandoval
8 Fl. 63. Los actos administrativos están disponibles en los Fls. 37-60 del cuaderno de pruebas.
9 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de diciembre de 2021. Exp. 25000-23-
42-000-2017-05197-02 (0711-2021). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Ramírez como docente ocasional; actos que no modificaron la situación jurídica
de la accionante, en tanto que no fueron los que definieron la situación particular
de la vinculación laboral, sino que corresponden simplemente pronunciamientos
por los cuales se informa que la permanencia en el empleo de profesor
ocasional se definió en el Acuerdo 054 de 2016 y en la Resolución 1235 de
2016; por manera que si la actora se encontraba en desacuerdo con el lapso
dispuesto para el vínculo claramente predefinido al momento de su
vinculación con la institución o con que fuera un único período académico
el considerado por la Universidad, debió atacar los términos en que fue
vinculada en esos actos administrativos»10 (énfasis fuera de texto)
38. En este sentido, la desvinculación de la actora tuvo lugar con ocasión del
cumplimiento del plazo dispuesto en el acto administrativo que la designó como
docente ocasional por última vez.
39. Ahora bien, no debe perderse de vista que el desacuerdo con la sentencia de
primera instancia radica en la «negativa» a ser nombrada, cuando estima que
gozaba de un derecho para, nuevamente, desempeñarse como docente ocasional.
Asume que, en virtud de la «primacía de la realidad sobre las formas», gozaba de
los derechos de un empleado en provisionalidad, además de estar protegida por
diversos fueros constitucionales, por lo que la entidad estaba «obligada» a
designarla nuevamente.
40. Al respecto, la Sala reitera que su designación se efectuó como docente
ocasional y no como empleada de carrera. De allí que no puede aludirse a un
régimen distinto y, mucho menos, argumentar que este es aplicable en virtud de la
realidad, es decir, por desempeñar funciones misionales permanentes de la entidad,
pues los docentes ocasionales cumplen aquellas, igual que los de carrera, pero lo
hacen de forma transitoria. Lo anterior no supone una desigualdad en relación con
su remuneración y prestaciones sociales, pues estas se reconocen en igualdad de
condiciones y de forma proporcional. Es la naturaleza del empleo, sustancialmente
regulada, la que imposibilita cualquier expectativa de derecho.
41. En cuanto a la condición de madre cabeza de familia, prepensionada o
persona en condición de debilidad manifiesta, resultaría inocuo estudiar si la
demandante ostentaba estas calidades. La Sección Segunda ha decidido casos
donde, aunque reconoce estas situaciones, concluye que de estas no se desprende
una expectativa para permanecer en el empleo, pues la naturaleza temporal o
transitoria de los nombramientos emana de una norma legal y exequible, como es
el artículo 74 de la Ley 30 de 1992. Expresamente ha sostenido:
«En suma, la Sala concluye que la señora Lilia Cañón Flórez tiene la doble
condición de madre cabeza de familia y prepensionada; sin embargo, no
era beneficiaria de la garantía de permanecer en el cargo de docente
ocasional de la Universidad Pedagógica Nacional, ya que tal empleo posee
10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 5 de agosto de 2021. Exp. 73001-23-33-
000-2017-00523-01(5494-19). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas
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naturaleza temporal o transitoria, conforme al artículo 74 de la Ley 30 de
1992, razón por la cual la actora no tenía ni siquiera la expectativa de que su
vinculación en esa condición perduraría más allá del término que se había
señalado en la Resolución 1078 del 29 de julio de 2016»11 (énfasis fuera de
texto).
42. Por lo tanto, si las protecciones constitucionales referenciadas no
fundamentan un derecho para permanecer en estos empleos, mucho menos
emanaría una expectativa de reintegro o un deber de designación por parte de las
universidades.
43. En suma, el oficio 1373 del 20 de mayo de 2016 es el único acto administrativo
susceptible de control judicial en el presente asunto; sin embargo, y aunque este
niega la solicitud de reintegro o vinculación como docente ocasional, lo cierto es que
no vulneró el ordenamiento jurídico. No existe una norma que ampare el derecho y,
por lo mismo, es improcedente. En consecuencia, se declarará probada de oficio la
excepción de «acto no susceptible de control judicial» respecto del oficio 969 del 5
de abril de 2016 y se confirmará la negativa de las pretensiones.
Condena en costas
44. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
45. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
46. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de diciembre de 2021. Exp. 25000-23-
42-000-2017-05197-02 (0711-2021). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-05086-01 (1972-2021)
47. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el veintidós (22) de
octubre de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones. En su lugar,
DECLARAR probada de oficio la excepción de acto no susceptible de control judicial
respecto del oficio 969 del 5 de abril de 2016; según las consideraciones expuestas.
Segundo. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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