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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05088-01

Fecha
26 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05088-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. modificar el ordinal 1° de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y, en su lugar se dispone PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución PAP 49975 del 25 de abril de 2011, por medio de la cual Cajanal EICE, ordenó reliquidar la pensión de vejez de Héctor Tabares Vásquez de conformidad con el Decreto 546 de 1971, para que se aplique el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales 44En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 Radicado: 25000-23-42-000-2016-05088-01 (6507-2022) Demandante: Ugpp vigentes, establecidos en el acto Legislativo 01 de 2005, por las razones expuesta en esta providencia. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. Tercero. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA. Cuarto. No condenar en costas en esta instancia. Quinto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MAG Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-05088-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

26 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2016-05088-01 (6507-2022)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Héctor Tabares Vásquez

Tema: Tope pensional de 25 SMLMV

Sentencia de segunda instancia

Asunto

Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por Héctor
Tabares Vásquez contra la sentencia del 4 de noviembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. La Ugpp presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo 2 en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución PAP 49975 del 25 de abril de 2011 expedida
por Cajanal mediante la cual se reliquidó una pensión de vejez a Héctor Tabares
Vásquez de conformidad con el Decreto 546 de 1971, pero sin aplicar el tope
pensional de 25 smlmv establecido legalmente.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reintegro de la «suma correspondiente a los valores pagados en forma
retroactiva y debidamente indexados, con ocasión de la reliquidación de pensión vejez

1 En adelante Ugpp.
2 En adelante CPACA.

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Demandante: Ugpp

desde que esta fue efectiva, esto es, desde el 20 de julio de 2006 y hasta que se profiera
la sentencia que le ponga fin al proceso»; ii) la indexación de los valores y el pago de
los intereses a que hubiere lugar; y iii) la condena en costas al demandado.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:

3.1. Héctor Tabares Vásquez nació el 20 de enero de 1941 y prestó los siguientes
tiempos de servicio al estado:

Entidad Desde Hasta
Rama judicial 16/09/1967 30/07/1977
Rama judicial 01/09/1977 15/07/2005
Fiscalía General de la Nación 08/09/2005 20/07/2006

3.2. El último cargo que desempeñó fue el de fiscal delegado ante la Corte Suprema
de Justicia.

3.3. Adquirió el estatus de pensionado el 20 de enero de 1996.

3.4. Mediante la Resolución 9665 del 13 de agosto de 1996, Cajanal le reconoció una
pensión de vejez con el 75% del promedio salarial entre el 1° de abril de 1994 y el
20 de enero de 1996, esto es 1 año, 9 meses y 20 días de conformidad con el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuantía de $1.840.140 efectiva a partir del 30
de enero de 1996, pero condicionada al retiro definitivo del servicio.

3.5. Por medio del acto administrativo 24081 del 16 de noviembre de 2004, la citada
entidad le reliquidó la pensión de vejez en cuantía de $5.992.960, efectiva a partir
del 30 de octubre de 2004, según los preceptos del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, pero condicionada al retiro definitivo del servicio. Decisión que fue confirmada
en todas y cada una de sus partes, a través de la Resolución 240 del 18 de enero
de 2005 que resolvió un recurso de reposición.

3.6. Posteriormente, en la Resolución 11657 del 13 de marzo de 2006 se le reliquidó
la pensión de vejez, en cuantía de $6.708.171, efectiva a partir del 16 de agosto de
2005, condicionada al retiro definitivo del servicio.

3.7. El 6 de octubre de 2006, Cajanal le negó la reliquidación de la pensión de vejez
con la inclusión de nuevos factores salariales. La anterior decisión fue revocada en
todas y cada una de sus partes, mediante la Resolución PAP 49975 del 25 de abril
de 2011 que, en su lugar, ordenó reliquidar la pensión de vejez por retiro definitivo
del servicio en la cuantía de $14.818.879, efectiva a partir del 20 de julio de 2006,
según el Decreto 546 de 1971 y sin aplicar los topes pensionales (acto
administrativo objeto de la presente acción).

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Demandante: Ugpp

3.8. Por medio de la Resolución UGM 1528 del 21 de julio de 2011, la citada entidad
adicionó la Resolución PAP 49975 del 25 de abril de 2011, en el sentido de ordenar
los trámites de cobro por concepto de aporte patronal contra la dirección ejecutiva
de administración judicial.

3.9. Asimismo, mediante la Resolución UGM 53421 del 1° de agosto de 2012, se
adicionó la Resolución PAP 49975 del 25 de abril de 2011 en la que se ordenó el
cálculo actuarial sobre los factores salariales no efectuados, tanto al pensionado
como al empleador [Rama Judicial].

3.10. Con el auto ADP 15181 del 21 de noviembre de 2013, la Ugpp ordenó la revisión
de la Resolución PAP 49975 del 25 de abril de 2011, en el que se indicó que, si bien
la reliquidación estuvo conforme al Decreto 546 de 1971, se debía analizar lo
pertinente al tope pensional.

3.11. La Ugpp emitió la Resolución RDP 15890 del 23 de abril de 2015, en la que
objetó la legalidad del fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca del 15 de abril de 2015 que ordenó reajustar la mesada pensional de
Héctor Tabares Vásquez a partir del 1° de julio de 2013, sin la aplicación de topes
pensionales. Decisión que fue confirmada mediante las resoluciones RDP 22658
del 4 de junio de 2015 y RDP 30366 del 24 de julio de 2015, a través de las cuales
se resolvieron los recursos de revisión y apelación, respectivamente.

3.12. En auto ADP 3880 del 7 de mayo de 2015, la Ugpp se pronunció con respecto
a una solicitud de cumplimiento del fallo de tutela, en la que tuvo como fundamento
lo dispuesto en la Resolución RDP 15890 del 23 de abril de 2015.

3.13. Finalmente, con el auto ADP 16326 del 9 de diciembre de 2015, la unidad
«comunicó al [demandado] la objeción de legalidad a un fallo de tutela, conforme a la
sentencia C-258 de 2[0]13, por parte de la resolución RDP 15890 del 23 de abril de 2015».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 48, 53, 121, 128, y 209 de la
Constitución Política; 36 de la Ley 100 de 1993; 6 del Decreto 546 de 1971; 1 del
Decreto 1158 de 1994; y 3 del Decreto 510 de 2003; y el Acto Legislativo 01 de
2005.

5. En cuanto al concepto de violación, la Ugpp expuso que la Resolución PAP
49975 del 25 de abril de 2011 desconoció los topes pensionales establecidos
legalmente bajo los siguientes argumentos3:

3 Folios 336 a 357 del cuaderno principal

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-05088-01 (6507-2022)
Demandante: Ugpp

5.1. Si bien al demandado le resultaba aplicable el Decreto 546 de 1971, en su calidad
de beneficiario del régimen de transición, por haber laborado de manera exclusiva
en la Rama Judicial durante más de 10 años, lo cierto es que estos servidores fueron
incorporados al Sistema General de Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993,
a través del Decreto 691 de 1991. En consecuencia, quedaron sometidos al tope
pensional previsto en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, disposición que no
precisó excepciones, en concordancia con lo señalado en el artículo 3 del Decreto
510 de 2003.

5.2. De acuerdo con la «teoría contemporánea de los derechos adquiridos en materia
pensional» acogida por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, el
Estado se encuentra legitimado para disminuir las mesadas que excedan el tope
legal en atención al interés general. En tal sentido, cuando el ejercicio del derecho
pensional resulta abusivo, se legitima aún más la intervención estatal orientada a la
redistribución económica, lo que impone la aplicación del tope previsto en el artículo
28 del Decreto 104 de 1994 y en el artículo 3 del Decreto 510 de 2003. Tal límite
cobija también a los magistrados de las altas cortes y fiscales delegados, quienes
gozan de prerrogativas especiales en materia prestacional, pero no se encuentran
exentos de la aplicación del tope ni de la determinación del IBL bajo el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, conforme con lo señalado en la mencionada
sentencia.

5.3. Adicionalmente, la Corte Constitucional reiteró, en la Sentencia T-892 de 2013,
la posibilidad de aplicar la anterior regla frente a todos los regímenes especiales
que no preveían expresamente límites pensionales, incluido el regulado en el
Decreto 546 de 1971 para los servidores judiciales y del Ministerio Público.

5.4. Sibien mediante fallo de tutela proferido por el Juzgado Veinticinco
Administrativo de Bogotá, confirmado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 15 de abril de 2015, se concluyó que el tope pensional no era
aplicable a Héctor Tabares Vásquez, tales decisiones resultaron erradas al sostener
que, por tratarse de un régimen especial regulado por el Decreto 546 de 1971, no
era posible controvertir su alcance. En efecto, omitieron un análisis riguroso de la
Sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, la cual precisó que la limitación
pensional era legal y pertinente, sin distinción de régimen, por cuanto no se trata de
una prerrogativa derivada del régimen de transición, sino de un límite frente a
pensiones previamente fijadas en montos exorbitantes. Así las cosas, no existía
norma en el ordenamiento que habilitara una excepción al citado tope en favor del
demandado.

5.5. Además, el reajuste ordenado en los fallos de tutela desconoció y afectó de
manera sustancial el principio de sostenibilidad financiera amparado en el Acto
Legislativo 01 de 2005, por lo que la administración encontró acreditado los
presupuestos para objetar la legalidad de aquellos, así:

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Demandante: Ugpp

«*Notoriedad: La administración se encuentra en evidente imposibilidad jurídica de
seguir dando cumplimiento al fallo accionado, en tanto el mismo contradice
manifiestamente una orden emitida por la Corte Constitucional (C-258 de 2013 y T-892
de 2013) mediante las cuales se resolvió el ajuste automático de las pensiones que
excedieran el tope de 25 SMMLV, en procura de salvaguardar los dineros del erario
público, así como de propender este ahorro a la población más vulnerable.

*Grave amenaza: El Cumplimiento a la orden estaría en contra del principio del orden
justo en tanto los recursos de naturaleza pública en el tema pensional deben ser
destinados a la ampliación de la cobertura del sistema para la protección de la población
más vulnerable y no a financiar las pensiones más altas. Así mismo, se vulneraria el
principio a la igualdad en tanto la orden judicial objetada está dando un tratamiento
diferenciado a una población que se encuentra dentro de las mismas condiciones
establecidas por la corte en la sentencia C-258 de 2013.

*Facultad Legal: La Unidad como entidad obligada al cumplimento del fallo judicial
debatido, es competente a fin de hacer el análisis de legalidad del fallo y por lo tanto con
los postulados jurisprudenciales hacer la debida objeción de legalidad que se materializa
mediante el presente acto administrativo.

*Oportunidad: En este caso la administración ha obrado con inmediatez en tanto una vez
se tuvo conocimiento de la sentencia T-488 de 2014 la cual fue publicada en noviembre
de 2014, permite las herramientas jurídicas para manifestar la objeción de legalidad, por
lo que se procede a dar aplicación a la misma.

*Contradicción: Dentro del trámite administrativo se conceden los recursos de ley, para
que el pensionado pueda ejercer su derecho de defensa, indicando las razones por las
que impugnan la decisión» (sic).

5.6. Por consiguiente, a partir del 1° de julio de 2013 se debió limitar el valor de la
mesada pensional del demandado a 25 smlmv, ya que la orden judicial que reactivó
la mesada sin límite de topes contradijo la norma y la jurisprudencial e implicaría la
destinación de recursos para financiar una pensión contraria a derecho.

1.2. Contestación de la demanda

6. Héctor Tabares Vásquez se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, con fundamento en que4:

6.1. La demanda careció de fundamentos legales y falsa motivación comoquiera que,
la Resolución PAP 49975 del 25 de abril de 2011 «no cumple los requisitos en que se
funda la demanda en el sentido que argumenta que (…) recibe más de 25 salarios mínimos
mensuales al ser reliquidada su pensión de vejez, no es cierto en razón a que la entidad
demandante UGPP le dio cumplimiento a la sentencia C-258 de 2013 de acuerdo a la
comunicación recibida (…) del señor Director de Pensiones de la UGPP por medio del Oficio
No UGPP20139901904731 del 15 de julio de 2013 le comunico a mi representado lo
siguiente: "Teniendo en cuenta que su mesadas pensional actualmente supera el límite de
cuantía señalado en la sentencia, le informamos que a partir de la fecha establecida por la

4 Folios 384 a 395 del cuaderno principal

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Corte Constitucional, el 01 de 2013. Su mesada sea ajustada de manera automática al tope
de los 25 S.M.L.V.» (sic)

6.2. Solicitó el reajuste de su pensión de vejez de buena fe y con fundamento en el
Decreto 546 de 1971, toda vez que el último cargo en el que se desempeñó fue de
fiscal delegado ante la Corte Constitucional con una asignación de $19.750.505, por
lo que su pensión fue establecida en cuantía de $14.818.879.13 efectiva a partir del
20 de julio de 2006 y para tal fecha no se encontraba vigente la sentencia C-258 de
2013, en esa medida, las mesadas recibidas con anterioridad a la mencionada
sentencia fueron percibidas de buena fe.

6.3. Propuso las siguientes excepciones: i) falta de acción para demandar el acto
administrativo; ii) cobro de lo no debido; iii) buena fe; iv) inexistencia de la obligación
de reintegrar los dineros recibidos de buena fe; e v) innominada.

1.3. La sentencia apelada

7. En sentencia proferida el 4 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, toda vez que declaró la nulidad de la Resolución PAP
49975 del 25 de abril de 2011, pero negó el reintegro de las sumas percibidas de
buena fe y no condenó en costas. Para tal efecto se pronunció en los siguientes
términos5:

7.1. De conformidad con la sentencia C-258 de 2013, las pensiones reconocidas en
virtud del régimen especial previsto en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 no podían
superar el límite de 25 smlmv a partir del 1° de julio de 2013, en aplicación de lo
dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005. En los casos en que el reconocimiento
pensional se hubiese efectuado en cumplimiento de los requisitos legales, la
mesada debía reajustarse de manera automática al mencionado tope, sin necesidad
de adelantar el procedimiento previsto en los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de
2003, y sin que ello implicara la vulneración del debido proceso de los beneficiarios.

7.2. Posteriormente, en la Sentencia SU-210 de 2017, la Corte Constitucional precisó
que el límite de 25 smlmv resultaba aplicable no solo al Sistema General de
Pensiones, sino también a los regímenes especiales de congresistas y magistrados
regulados en el Decreto 546 de 1971. Asimismo, advirtió que no era procedente
alegar que la decisión contenida en la sentencia C-258 de 2013 no cobijó pensiones
reconocidas con anterioridad a su expedición, pues los topes pensionales estaban
previstos desde la Ley 4 de 1976, luego en la Ley 71 de 1988 y, en la actualidad, en
la Ley 100 de 1993. Esta línea jurisprudencial ha sido igualmente acogida por el

5 Índice 65 de Samai de Tribunales y Juzgados.

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Consejo de Estado6.

7.3. «Es de aclarar como lo señala el señor Héctor Tabares Vásquez, la UGPP aplicó el tope
de los 25 smlmv mediante la Resolución No. RDP 015890 de 23 de abril de 2015, por medio
de la cual objetó la legalidad del Fallo Judicial Proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda Subsección A de fecha 15 de abril de 2015 y se declaró
su imposibilidad de cumplimiento, conforme la sentencia T 488 de 2014» (sic).

7.4. En todo caso, no era procedente el reintegro de los pagos efectuados a Héctor
Tabares Vásquez, con ocasión de la reliquidación pensional ordenada, por cuanto
no se probó dentro del proceso la mala fe de aquel para obtener el pago de la
prestación, además que no obraron en el proceso medios de prueba que indicaran
fraude, maniobras o actos ilegales con la finalidad de lograr la reliquidación en los
términos en que fue concedida.

7.5. Finalmente, fue negada la condena en costas, toda vez que no se acreditó que
la parte demandada hubiese observado una conducta dilatoria o de mala fe.

1.4. El recurso de apelación

8. Héctor Tabares Vásquez presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y lo sustentó así7:

8.1. La decisión de primera instancia desconoció los derechos a la confianza legítima
y al debido proceso porque no se tuvieron en cuenta los argumentos expuestos en
la contestación de la demanda, en los alegatos de primera instancia y en el auto del
11 de julio de 2017, mediante el cual se negó la suspensión de la medida cautelar
de la Resolución PAP 049975 del 25 de abril de 2011, pues mediante el oficio
UGPP20139901904731 del 15 de julio de 2013 se le había comunicado que la
mesada pensional había sido limitada al tope de 25 smlmv a partir del 1° de julio de
2013, razón para que no procediera el decreto de la nulidad del acto acusado.

9. La Ugpp presentó el recurso de apelación, el cual fue rechazado por
extemporáneo8.

1.5. Trámite en segunda instancia

10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar9.

6 Sección Segunda Subsección B, radicado: 25000-23-42-000-2015-05374-01(2583-17), C.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez
7 Índice 71 de Samai de Tribunales y Juzgados.
8 Mediante el auto del 30 de julio de 2024 visible a índice 22 de Samai.
9 Tal y como consta en el auto del 6 de marzo de 2024 visible a índice 13 de Samai.

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-05088-01 (6507-2022)
Demandante: Ugpp

1.6. Concepto del Ministerio Público

11. El Ministerio Público guardó silencio10:

2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico

12. De conformidad con el recurso de apelación, se debe resolver el siguiente
interrogante: ¿si debía declararse la nulidad de la Resolución PAP 49975 del 25 de
abril de 2011, por medio de la cual Cajanal en liquidación reliquidó la pensión de
vejez reconocida a favor de Héctor Tabares Vásquez sin atender los topes
pensionales de 25 smlmv, comoquiera que desde el año 2013 aquella había sido
ajustada de conformidad con tal límite?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Topes pensionales

13. Los límites máximos de la prestación que protege la contingencia de la vejez
fueron previstos en el ordenamiento desde la Ley 4ª de 1976 y se reiteraron en las
leyes 71 de 1988, 100 de 1993 y 797 de 2003.

14. En efecto, el artículo 2 de la Ley 4ª de 197611 dispuso que las pensiones de
jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial,
semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, «no podrán ser inferiores al
salario mínimo mensual más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario». [Se
resalta]. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 71 de 1988 señaló que ninguna
pensión podría exceder de 15 veces el salario mínimo legal mensual 12, disposición
que también está contenida en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 que limitó la
base de cotización a 20 SMLVM. No obstante, esta disposición fue modificada por la
Ley 797 de 2003 que aumentó dicha suma a 25 SMLVM. Al respecto, el Acto
Legislativo 1 de 2005 precisó que «a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse
pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con
cargo a recursos de naturaleza pública».

15. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que «el legislador puede, por
razones de política legislativa, señalar cuáles son los límites máximos y mínimos que deben
implantarse para que las reservas de dinero destinadas al pago de las pensiones, tanto en
el sector público como en el privado, no pierdan por un lado su capacidad adquisitiva, pero

10Según se advierte de la constancia secretarial del 6 de noviembre de 2024 obrante a índice 29 de

Samai.
11 Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y

privado y se dictan otras disposiciones
12 Dicha previsión también se reiteró en el artículo 3 del Decreto 1160 de 1989.

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por otro garanticen y protejan los recursos existentes para el pago de las pensiones (C.P.
art. 48 y 53)»13. Lo anterior, pues consideró que, dentro de ciertos límites, el legislador
tiene libertad para determinar el monto y los alcances de los recursos a fin de lograr
el mejor uso de ellos en un sistema solidario de seguridad social, en armonía con el
deber de protección de los recursos existentes para el pago de las pensiones, a fin
de asignarlos preferencialmente a aquellos que se encuentran en una escala
económica inferior.

16. En aquella oportunidad, la Corte recordó que «los topes máximos pensionales, en
tratándose de la pensión de vejez, continúan produciendo efectos jurídicos frente a las
situaciones jurídicas consolidadas al amparo de su vigencia [la de la Constitución],
valga decir, las leyes 4 de 1976 y 71 de 1988 continúan irradiando sus efectos en estas
materias» [Se resalta].

17. A su vez, la Corte Constitucional14 ha precisado que también les son aplicables
las normas generales que fijan los topes pensionales a los regímenes especiales,
siempre y cuando establezcan un límite superior al previsto por la normativa
especial; y consideró inaceptable predicar la ausencia de topes para los
beneficiarios de leyes especiales, es decir, que no podría admitirse la «existencia de
un grupo de pensionados privilegiados, excluidos de los límites máximos que la ley ha
previsto para el reconocimiento y valor de las pensiones»15.

18. Asimismo, y para el caso específico de los regímenes especiales de pensiones,
en las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de 1997, esa corporación también sostuvo
que en caso de que las normas especiales de tales regímenes no dispusieran
un límite cuantitativo para las mesadas, debía aplicarse el tope señalado en
las reglas generales, específicamente en la Ley 100 y las disposiciones que la
modifican en lo pertinente. Análisis que se expuso en la Sentencia C-258 de 2013,
en los siguientes términos:

«Esa preocupación por fijar límites a los subsidios que el Estado destina al pago de las
más altas pensiones por medio del establecimiento de topes, existía además desde
antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, e incluso con anterioridad a la
promulgación de la Ley 100 de 1993. Como se indicó en apartes anteriores, desde la
Ley 4 de 1976, el Legislador ha sometido a topes mínimos y máximos el valor que una
persona puede recibir por razón de su pensión; así, esa normativa estableció un valor
máximo de 22 smmlv. Posteriormente, la Ley 71 de 1988 disminuyó el tope a 15 smmlv
y la Ley 100 de 1993 lo elevó, en su artículo 18, a 20 smmlv para los afiliados al régimen
de prima media. Más recientemente, el artículo 5 de la Ley 797 de 2003 elevó el tope a
25 smmlv; ese mismo criterio fue luego acogido por el Acto Legislativo 01 de 2005.

En concordancia con la anterior preocupación y para el caso específico de los regímenes
especiales de pensiones, en las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de 1997, esta
Corporación también sostuvo que en caso de que las normas especiales de tales
regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las mesadas, debía aplicarse

13 Sentencia C-155 de 1997.
14 Sentencia C-089 de 1997.
15 Sentencia C-089 de 1997.

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el tope señalado en las reglas generales, específicamente en la Ley 100 y las
disposiciones que la modifican en lo pertinente.

Por las anteriores razones la Sala no puede mantener en el ordenamiento la regla de la
ausencia de topes en el régimen de pensiones materia de análisis. Hacerlo, como en el
caso de los anteriores elementos del régimen, (i) vulneraría el principio de igualdad en
tanto conduce a la transferencia de subsidios públicos excesivos a un grupo de personas
que no sólo no están en condición de vulnerabilidad o debilidad, sino que, por el
contrario, por regla general pertenecen a un sector privilegiado de la población; y (ii)
avalaría la continuidad de un sacrificio desproporcionado de los principios y finalidades
de la seguridad social» (sic) [se resalta].

19. En esas condiciones, la aplicación de topes a la totalidad de las pensiones, ya
sean ordinarias o especiales, resulta indispensable para salvaguardar la estabilidad
financiera del sistema pensional. Así pues, desde la expedición de la Ley 4 de 1976,
se ha establecido que las pensiones de los servidores públicos deben sujetarse a
límites máximos en su cuantía, dado que esta restricción permite garantizar una
distribución justa y proporcional de los recursos públicos limitados destinados a la
seguridad social. De este modo, se materializan los principios constitucionales y
legales de solidaridad, eficiencia, equidad, universalidad y sostenibilidad fiscal,
pilares fundamentales para la viabilidad del régimen pensional.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

20. De las pruebas aportadas se encuentra acreditado lo siguiente:

21. Héctor Tabares Vásquez nació el 20 de enero de 194116 y prestó sus servicios
laborales así17:

Entidad/cargo Desde Hasta
Rama Judicial / juez 1° penal 01/10/1967 01/08/1968
municipal
Rama Judicial / juez 7° penal 160/09/1968 22/08/1969
municipal
Rama Judicial / juez 5° penal 23/08/1969 10/02/1970
municipal
Rama Judicial / juez 4° de 11/02/1970 05/03/1974
instrucción criminal
Rama Judicial / juez 3° 06/03/1974 31/07/1977
superior
Rama Judicial / juez 1° civil 01/08/1977 28/04/1978
del circuito
Rama Judicial / juez 1° civil 01/05/1978 31/05/1982

16 Según consta en el certificado del 14 de febrero de 1996 expedido por el notario del círculo de

Marsella (Risaralda) a folio 45 y cédula de ciudadanía a folio 49 del cuaderno principal.
17 Certificado expedido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Pereira del 15 de julio

de 2005 visible a folio 92 y constancias de servicios expedido por el jefe de la oficina de personal de
la Fiscalía General de la Nación a folios 108 y 118 del cuaderno principal.

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del circuito
Rama Judicial / juez 2° penal 01/06/1982 31/07/1985
del circuito
Rama judicial / Magistrado 01/08/1985 15/07/2005
Sala Penal Tribunal Superior
Fiscalía General de la Nación 08/09/2005 20/07/2006
/ fiscal delegado ante la Corte
Suprema de Justicia

22. El 13 de marzo de 1996 Héctor Tabares Vásquez solicitó el reconocimiento de
la pensión de vejez en aplicación del Decreto 546 de 197118.

23.A través de la Resolución 009665 del 13 de agosto de 1996 Cajanal le reconoció
una pensión de vejez liquidada con el «75% del promedio de lo devengado sobre el
salario promedio de 1 año 9 meses 20 días, conforme a lo establecido en el artículo 36 de
la Ley 100/93», en cuantía de $1.814.140 efectiva a partir del 30 de enero de 1996,
pero condicionada al retiro definitivo del servicio19.

24. Con fundamento en la petición de reliquidación de la pensión teniendo en cuenta
la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios
presentada por Héctor Tabares Vásquez20, Cajanal expidió la Resolución 24081 del
16 de noviembre de 2004 mediante la cual le indicó que, comoquiera que había
adquirido el estatus de pensionado en vigencia de la Ley 100 de 1993 esta le era
aplicable en virtud del Decreto 691 de 1994 que incorporó a los servidores públicos
al Sistema General de Pensiones, por tal razón, «se encuentra amparado por el
Régimen de transición y en consecuencia se pensionó con 20 años de servicio, 55 años de
edad y al 75% del promedio mensual devengado en periodo comprendido entre el 1° de
Abril de 1994 y el 29 de Octubre de 2004, los factores salariales que deben tomarse en
cuenta en la liquidación son los indicados en la Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario
1158 de 1994, que no contempla los factores de Prima de Navidad, Prima de Vacaciones y
Prima de Servicios como ítems que integren el ingreso base de cotización, es más cualquier
descuento que se hubiera podido efectuar sobre estos valores se consideraría ilegal, pues
la norma en mención señala taxativamente sobre qué factores deben hacerse las
correspondientes cotizaciones al Sistema no permitiendo salirse del marco establecido en
la misma» (sic). No obstante, le reliquidó la pensión, en atención a que aportó nuevos
tiempos de servicios [desde el 1996/01/30 hasta el 2004/10/29], en cuantía de
$5.992.960 efectiva a partir del 30 de octubre de 2004, pero condicionada al retiro
definitivo del servicio21.

25. Contra la anterior decisión Héctor Tabares Vásquez presentó el recurso de
reposición22 que fue resuelto por Cajanal mediante la Resolución 00240 del 18 de
enero de 2005 en el sentido de confirmar en todas sus partes el acto recurrido, toda

18 Folio 42 del cuaderno principal.
19 Folios 52 a 54 del cuaderno principal.
20 Folio 62 del cuaderno principal.
21 Folios 75 a 79 del cuaderno principal.
22 Folios 80 y 81 del cuaderno principal.

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vez que si bien le era aplicable el Decreto 546 de 1971 en lo que respecta a la edad
(55 años), tiempo de servicio (20 años) y monto de la pensión (75%), en cuanto al
IBL y factores a tener en cuenta para la liquidación de la prestación correspondía
atender a lo previsto en la Ley 100 de 199323.

26. El 22 de julio de 2005, nuevamente, el interesado solicitó la reliquidación de la
prestación para que se efectuara con la remuneración mensual más elevada en el
último año de servicio y los factores indicados en el Decreto 1045 de 1978, entre
ellos, la prima especial de servicios y la bonificación por gestión judicial 24.

27. Por medio de la Resolución 11657 del 13 de marzo de 2006 Cajanal reliquidó la
pensión, debido a que se acreditaron nuevos tiempos de servicios [desde
2004/11/01 hasta 2005/07/15], en cuantía de $6.708.171 efectiva a partir del 16 de
agosto de 2005, pero condicionada al retiro definitivo del servicio. Lo anterior,
teniendo en cuenta iguales argumentos a los expuestos en la Resolución 24081 del
16 de noviembre de 2004, pero según el periodo comprendido entre el 16 de julio
de 1995 y el 15 de julio de 200525.

28. Según la Resolución 0-2037 del 30 de junio de 2006, le fue aceptada la renuncia
a Héctor Tabares Vásquez en el cargo de fiscal delegado ante la Corte Suprema de
Justicia, a partir del 20 de julio de 200626.

29. El interesado presentó otra solicitud de reliquidación pensional el 16 de mayo
de 200627.

30. El 29 de octubre de 2007, el Juzgado 12 Penal del Circuito Judicial de Bogotá
tuteló «el derecho fundamental de petición» de Héctor Tabares Vásquez y le ordenó a
Cajanal dar respuesta de fondo a la petición de 16 de mayo de 2006 28.

31. Mediante la Resolución 52925 del 6 de octubre de 200829, Cajanal negó la
petición del 16 de mayo de 2006, por lo que, el 20 de mayo de 2009, el afiliado
interpuso el recurso de reposición30 el cual fue reiterado el 15 de marzo de 201031

32. El 18 de noviembre de 2009, el Juzgado 6 Penal del Circuito Judicial de Bogotá
tuteló «el derecho fundamental de petición» de Héctor Tabares Vásquez y le ordenó a
Cajanal dar respuesta al recurso de reposición antes mencionado32.

23 Folios 82 a 84 del cuaderno principal.
24 Folios 90 y 91 del cuaderno principal.
25 Folios 95 a 98 del cuaderno principal.
26 Folio 109 del cuaderno principal.
27 Folio 106 del cuaderno principal.
28 Folios 121 a 123 del cuaderno principal.
29 Folios 111 y 112 del cuaderno principal.
30 Folios 129 a 137 del cuaderno principal.
31 Folio 146 del cuaderno principal.
32 Folios 148 a 150 del cuaderno principal.

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33. A través de la Resolución PAP 049975 del 25 de abril de 2011 Cajanal en
liquidación resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 52925
del 6 de octubre de 200833. En la que se señaló:

«Que el peticionario presentó los siguientes tiempos de servicios al Estado:
Entidad desde hasta
Rama judicial 19670916 19770730
Rama judicial 19770910 19960129
Fiscalía General 20041101 20060719

Que laboró un total de: 13930 y cuenta con más de 60 años de edad.

Que nació el 20 de enero de 1941 y cuenta con más de 60 años de edad.

Que el cargo desempeñado por el peticionario fue el de FISCAL DELEGADO ANTE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Que adquirió el status jurídico el 20 de enero de 1996.

Que de conformidad con el informe del 26 de noviembre de 2010 del Grupo de
Registro Nacional de Afiliados de CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, se adeudan por
concepto de aportes para pensión a factores de salarios sobre los cuales no cotizó los
siguientes valores:

Patronal: (Dirección Ejecutiva de Administración Judicial) CATORCE MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS
($14.743.719.00 M/CTE)
AFILIADO: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS ($4.914.573.00 M/CTE)
(…)
Que respecto de la liquidación de pensiones regidas por el Decreto 546 de 1971, (Rama
judicial, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Defensoría
del Pueblo Instituto de Medicina Legal):

A las personas que teniendo 35 años de edad si son mujeres, 40 años de edad si son
hombres o 15 años de servicios al 1 de abril de 1994 y a esa fecha fueron beneficiarios
del régimen pensional consagrado en el Decreto 546 de 1971, les será reconocida y
liquidada la pensión de vejez calculando su ingreso base de liquidación sobre la
asignación más elevada del último año de servicios.

Que de acuerdo a lo ordenado por la Procuraduría General de la Nación mediante
Circular 054/2010 por la cual se insta a CAJANAL EICE, en liquidación a que reliquide
con la asignación mensual más elevada según Decreto 546 de 1971, se procede a
realizar la reliquidación de su pensión con el 75% del promedio de salario más elevado
devengado entre el 20 de julio de 2005 y el 19 de julio de 2006, último año de servicio
laborado por el interesado con la inclusión de todos los factores salariales devengados
en dicho periodo tal y como lo ordena la circular en mención, así:

FACTORES VALOR
Asignación básica $2.561.606.00
Gastos de representación $4.553.964.00

33 Folios 204 a 206 del cuaderno principal.

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Prima especial de servicios $12.106.586.00
Prima de navidad $536.349.50
Total $19.758.505.50
(…)
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: revocar en todas y cada una de sus partes la resolución No
52925 del 06 de Octubre de 2006, mediante la cual se negó la reliquidación de la pensión
de vejez por nuevos factores de salario al señor Tabares Vásquez Héctor ya identificado
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Reliquidar en favor del señor TABARES VASQUEZ HECTOR
ya identificado, una pensión mensual vitalicia por vejez, en cuantía de ($14.818.879,13.)
CATORCE OCHOCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 13/100 M/CTE efectiva a partir del
20 de julio de 2006(…)» (sic)

34. El 15 de julio de 2013, a través del oficio UGPP20139901904731 la Ugpp le
comunicó al pensionado que de conformidad con lo ordenado en la sentencia C-258
de 7 de mayo de 2013, se debía ajustar de forma automática la pensión que venía
percibiendo en el tope de 25 smlmv34.

35. Mediante fallo de tutela del 5 de febrero de 2015, el Juzgado 25 Administrativo
de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá protegió «el derecho al debido proceso del
señor Héctor Tabares Hernández, y para tal fin, se ordenará al Representante Legal de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social
reanudar el pago de la mesada pensional en la forma cómo se venía haciendo antes de la
aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional C-258 de 2013» con fundamento en
que, tal y como lo aclaró el Consejo de Estado35, la sentencia de constitucionalidad
no era aplicable a otros regímenes pensionales diferente al contenido en la Ley 4
de 1992 que no fueron estudiados en esa decisión. Además, tampoco le era
aplicable el acto legislativo 01 de 2005, pues este cobijaba a aquellas personas que
adquirieran el derecho a pensionarse con posterioridad al 31 de julio de 2010 36.
decisión que fue confirmada el 15 de abril de igual anualidad por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A37

36. Por medio de la Resolución RDP 015890 del 23 de abril de 2015 la Ugpp objetó
la legalidad del fallo de tutela del 15 de abril de 2015 proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que confirmó la
emitida por el Juzgado 25 Administrativo de Oralidad, en la que se ordenó reanudar
el pago de la mesada pensional en el monto en que Héctor Tabares Vásquez la
venía percibiendo antes del 1° de julio de 2013. Lo anterior, en tanto, la orden resultó
contraria al precedente de la Corte Constitucional establecido en las sentencias C-

34 Folio 249 del cuaderno principal.
35 E la sentencia de unificación de la Sección Segunda del 12 de septiembre de 2014, radicado

25000-23-42-000-2013-00632-01 (1434-2014), C.P Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E).
36 Folios 268 a 271 del cuaderno principal.
37 Folios 256 a 283 del cuaderno principal.

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258 de 2013 y T-892 de 2013 según las cuales «las mesadas reconocidas de
conformidad con el Régimen especial de Magistrados de las Altas Cortes y Congresistas,
no podrán superar los veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a partir
del 1 de julio de 2013, haciéndose extensiva dicha disposición al total de las mesadas
pensionales que vienen siendo pagadas y reconocidas con fondos de naturaleza pública
pues así lo indica en la parte motiva de la sentencia al establecer que ninguna mesada
pensional, con cargo a los recursos de naturaleza pública, podrá superar el tope de 25
salarios mínimos legales mensuales vigentes» (sic)38.

37. Mediante Resolución ADP 003497 del 24 de abril de 2015 la Ugpp ordenó
archivar la solicitud de cumplimiento de los fallos de tutela que dispusieron reanudar
el pago de la mesada de la mesada pensional en la forma cómo se venía haciendo
antes de la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional C-258 de 201339.
Lo anterior, en atención a que sobre el particular no existían peticiones pendientes
de resolver, pues la administradora había objetado el amparo.

38.Con las resoluciones RDP 022658 del 4 de junio 40 y RDP 030366 del 24 de julio
de 201541 la Ugpp resolvió, respectivamente, los recursos de reposición y
apelación42 interpuestos contra la Resolución RDP 015890 del 23 de abril de igual
anualidad en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

39. De acuerdo con el auto ADP 016326 de 9 de diciembre de 2015 si bien el fallo
de tutela del 15 de abril de 2015 proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, confirmó la emitida por el Juzgado
25 Administrativo de Oralidad que ordenó reanudar el pago de la mesada pensional
a lo percibido antes del 1° de julio de 2013, la Corte Constitucional en sede de
revisión revocó las anteriores decisiones. En esa medida, y en atención a que «la
UGPP en su momento, ya había resuelto conforme a la Resolución No.15890 del 23 de
abril de 2015 en al que se objeta por legalidad del fallo en comento, que lo anterior se
soporta en la revisión de Nomina de la entidad, donde se evidencia que la mesada del señor
TABARES VASQUEZ HECTOR, ya identificado, se encuentra ajustada a los 25 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, por lo cual se cumple con lo prescrito en la sentencia
C258 de 2013», se remitió a la Subdirección de Nómina de pensionados, para que
se adelantaran los tramites jurídicos a que hubiesen lugar, entre ellos, los
descuentos de los mayores valores consignados según lo resuelto por la Corte
Constitucional43.

2.3.1. Análisis sustancial

40. En el presente asunto no es objeto de controversia la condición de beneficiario

38 Folios 206 a 212 del cuaderno principal.
39 Folios 202 y 203 del cuaderno principal.
40 Folios 213 a 216 del cuaderno principal.
41 Folios 217 a 220 del cuaderno principal.
42 Folios 262 a 266
43 Folios 198 y 199 del cuaderno principal.

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del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, que ostenta Héctor
Tabares Vásquez, debido a que nació el 20 de enero de 1941, lo que significa que
a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con más de 40 años.

41. Tampoco se discute que consolidó el derecho pensional el 20 de enero de 1996,
cuando cumplió 55 años y contaba con los 20 de servicio, de los cuales por lo
menos 10 fueron exclusivamente a la Rama Judicial, por lo que, le fue aplicado el
régimen pensional previsto en el Decreto 546 de 1971, tal y como se advierte de la
Resolución 009665 del 13 de agosto de 1996.

42. Ahora bien, mediante la Resolución PAP 049975 del 25 de abril de 2011 Cajanal
en liquidación reliquidó la pensión del demandado con el 75% del promedio de la
asignación más elevada en el último año de servicio, esto es entre el 20 de julio de
2005 y el 19 de julio de 2006, sin atención a topes pensionales.

43. No obstante, debido a que el Decreto 546 de 1971 en parte alguna establece
la posibilidad de imponer límite a la cuantía de la pensión allí regulada, Cajanal
estaba facultada para acudir al régimen general en materia de topes, precisamente,
porque la disposición especial no regló ese aspecto, tal y como se adujo en el marco
normativo.

44. Por cuanto resulta evidente, que la intención de legislador siempre ha sido la
de establecer límites inequívocos a la cuantía de la pensión, y así han quedado
expresamente contenidos en los diversos regímenes pensionales por lo que la
Corte Constitucional, en sede de revisión de tutelas y de constitucionalidad, y
también en su labor unificadora de la interpretación de los derechos fundamentales,
ha decantado una uniforme jurisprudencia alrededor de los topes pensionales,
estableciendo que están en consonancia con la Constitución Política por
sustentarse en los principios de sostenibilidad financiera del sistema pensional,
igualdad y de solidaridad, y por ello los encuentra aplicables a todas las pensiones
que se financian con recursos públicos, aun siendo especiales y sin distinguir que
su reconocimiento hubiese sido por virtud del régimen de transición de la Ley 100
de 1993.

45. En el caso particular, mediante el oficio UGPP20139901904731 del 15 de julio
de 2013, la Ugpp le comunicó a Héctor Tabares Vásquez que su pensión había sido
ajustada de forma automática de acuerdo con el tope de 25 smlmv, a partir del 1°
de julio de 2013. Sin embargo, toda vez que la Resolución PAP 049975 del 25 de
abril de 2011 [acto demandado] no había sido revocada o anulada por esta
jurisdicción y surtió plenos efectos jurídicos, era procedente su declaratoria de
nulidad, tal y como fue dispuesto por el a quo en la sentencia de primera instancia,
diferente es que no se hubiese ordenado la devolución de las sumas de dinero
percibidas sin atención al tope pensional, en tanto, no se había logrado desvirtuar
la presunción de buena fe del demandado.

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Demandante: Ugpp

46. Ahora bien, aunque en el recurso de apelación se alega que no se habrían
considerado los argumentos expuestos en el auto del 11 de julio de 2017, mediante
el cual se negó la suspensión de la medida cautelar solicitada por la Ugpp, es
necesario precisar que lo decidido en esa ocasión se limitó a valorar la naturaleza
provisional y precautoria de la medida, en atención a que la mesada pensional ya
estaba sujeta desde el 1° de julio de 2013 al tope máximo de 25 smlmv. En
consecuencia, en la práctica, el demandado recibe una pensión con dicho límite, lo
que implica que no se estaba efectuado el pago de una pensión sin tope alguno.

47. No obstante, es fundamental distinguir que esta valoración provisional no afecta
la validez ni la legalidad del acto administrativo impugnado, el cual se mantenía
válido hasta tanto no se hubiese declarado su nulidad. Así, la medida cautelar se
circunscribe a proteger provisionalmente el objeto del proceso y asegurar la
efectividad de la sentencia, sin prejuzgar sobre el fondo de la legalidad del acto
demandado.

48. En el presente caso, comoquiera que la limitación de la pensión al tope de 25
smlmv ya estaba surtiendo efectos prácticos, no se configuraba un perjuicio
irremediable que justificara la suspensión solicitada, lo que conllevó a la toma de la
decisión adoptada en el auto de medida cautelar, pero que difiere del análisis de
legalidad aquí efectuado respecto del acto acusado.

49. En esa medida, pese a que esta Sala comparte la decisión de primera instancia
se modificara el ordinal 1° para aclarar que corresponde la nulidad parcial de la
Resolución PAP 049975 del 25 de abril de 2011 pues la discusión se circunscribió
a lo relativo a la omisión de atender los topes pensionales y no a la reliquidación en
su integralidad y así se señalará.

2.4. Costas

50.La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

51. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

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52. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma44.

53. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

54. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas a la
parte demandante.

3. Conclusión

55. Con fundamento en lo expuesto, la Sala modificará la sentencia proferida el el
4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, para, en su lugar, declarar la nulidad parcial de la
Resolución PAP 49975 del 25 de abril de 2011, comoquiera que a través de aquella
se le reliquidó a Héctor Tabares Vásquez la pensión de vejez sin considerar que
los topes han sido establecidos por el legislador y el constituyente para todas las
pensiones que se paguen con recursos públicos, incluidas las reconocidas al
amparo del régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. modificar el ordinal 1° de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 4
de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, y, en su lugar se dispone

PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución PAP 49975 del 25 de
abril de 2011, por medio de la cual Cajanal EICE, ordenó reliquidar la pensión de
vejez de Héctor Tabares Vásquez de conformidad con el Decreto 546 de 1971,
para que se aplique el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales

44En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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vigentes, establecidos en el acto Legislativo 01 de 2005, por las razones expuesta
en esta providencia.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 4 de noviembre de 2021
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

Tercero. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.

Quinto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG

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