RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2016-05199-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05199-01

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05199-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°. Confírmase parcialmente la sentencia de 1°. de noviembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección E de la sección segunda), que declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho dentro del proceso incoado por el señor Fidel Cano Correa contra la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores, por las razones expuestas en la parte motiva. 2º. Revócase la condena en costas impuesta al demandante, que incluye las agencias en derecho, de conformidad con lo indicado en la motivación 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-05199-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

3 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2016-05199-01 (1864-2019)
Demandante : Fidel Cano Correa
Demandado : Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
Tema : Reliquidación de cesantías de funcionario que prestó sus
servicios en el exterior y pago de sanción moratoria

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el actor contra
la sentencia de 1°. de noviembre de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección E de la sección segunda),
mediante la cual declaró probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 3 a 39). El señor Fidel Cano Correa, a través de
apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de Relaciones
Exteriores, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se
precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la «[…] nulidad del Oficio S-GAPTH-16-036816
del 11 de [a]bril de 2016 suscrito por el [d]irector de [t]alento humano del
Ministerio de Relaciones Exteriores mediante el cual se dio respuesta al
[d]erecho de [p]etición elevado por el demandante el 29 de [m]arzo de 2016
[…]» (sic).

A título de restablecimiento del derecho, se condene a la demandada a pagar (i)
«[…] las cesantías a que [el actor] tiene derecho, como consecuencia de su
vinculación como funcionario […] durante el tiempo que laboró en el servicio
exterior entre el 27 de diciembre de 1995 [y] […] el 18 de septiembre de 1998,
[c]uyas cesantías anuales deben ser liquidadas con base en el SALARIO
REALMENTE DEVENGADO […] EN PLANTA EXTERNA, y no con el
equivalente a un cargo en planta interna» (sic); (ii) «[…] en su cuenta del
Fondo Nacional del Ahorro “FNA”[,] las diferencias dejadas de pagar por
concepto de aportes al [s]istema [g]eneral de [s]eguridad [s]ocial que el
Ministerio […] estaba obligado a pagar a dicha entidad de previsión social

Expediente: 25000-23-42-000-2016-05199-01 (1864-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fidel Cano Correa contra la Nación - Ministerio de
Relaciones Exteriores

durante todo el tiempo en que […] estuvo vinculad[o] laboralmente […] de
acuerdo con el art 14 del Decreto reglamentario 162 de 1.969, que establece
que se pague un interés moratorio mensual del 2% […]» (sic); y (iii) «[…] las
sanciones e indemnización moratoria a que tiene derecho, toda vez que el
Ministerio no le liquidó ni canceló ni anualmente ni las cesantías definitivas de
manera correcta ni oportuna con base en el salario realmente devengado, las
sumas adeudadas por concepto de prestaciones sociales, de acuerdo con la Ley
244 de 1.995 y Ley 1071 de 2.006» (sic). Todas las anteriores sumas deberán
actualizarse. Por último, que se le condene en costas.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el demandante que «[…] laboró
continuamente para […] el MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, entre el 17 de diciembre de 1995 […] [y] el 18 de septiembre
de 1998 […]» (sic); empero, este «[…] no cumplió ni en el curso de la relación
laboral ni al momento del retiro definitivo del servicio exterior, con su
obligación de liquidar las cesantías y demás prestaciones sociales que le
correspondían […] con base en el salario realmente devengado, razón por la
cual continua en mora» (sic).

Que el 29 de marzo de 2016 reclamó de esa cartera «[…] la reliquidación de
las cesantías[,] indemnización moratoria de acuerdo con la Ley 244 de 1.995,
Ley 1071 de 2.006, art 14 del Decreto [r]eglamentario 162 de 1.969[,] intereses
moratorios del 2% mensual, los aportes al [s]istema de [s]eguridad [s]ocial en
[s]alud y [p]ensiones, todo con base en el salario realmente devengado y los
topes máximos autorizados por la ley» (sic), lo que le fue negado con el acto
acusado.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo demandado los artículos 1, 13, 25, 29, 48,
53, 58, 93 y 94 de la Constitución Política; 17 (letra a) de la Ley 6ª de 1945; 17
y 18 de la Ley 100 de 1993; 2 de la Ley 244 de 1995; 5, 11 y 12 de la Ley 432
de 1998; 60 y 61 del Decreto 1950 de 1953; 22, 25 y 27 a 30 del Decreto 3118
de 1968; 18 del Decreto 3135 de 1968; 45 del Decreto 1045 de 1978; 14 del
Decreto 162 de 1969; 14 del Decreto 162 de 1969; 19 del Decreto 1453 de 1998
y 1 del Decreto 4414 de 2004. Asimismo, las Leyes 640 de 2001, 1071 de 2006,
1285 de 2009 y 1395 de 2010; los Decretos 10 de 1992, 1832 de 1994, 274 de
2000 y 1716 de 2009; y los convenios de la Organización Internacional del
Trabajo 87, 95 y 98.

Asevera que «[…] las prestaciones sociales y demás emolumentos que se
2

Expediente: 25000-23-42-000-2016-05199-01 (1864-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fidel Cano Correa contra la Nación - Ministerio de
Relaciones Exteriores

generan en una relación laboral deben cancelarse de acuerdo a lo
efectivamente devengado, lo que no sucedió aquí, generando con ello absoluta
desigualdad, pues mientras a los demás funcionarios de cualquier planta de
personal ya sea de otros niveles, se les liquidan estos conceptos conforme a lo
que en efecto perciben por su labor, a […] [él] no» (sic).

Que «[…] es abiertamente inconstitucional el comportamiento del Ministerio
de Relaciones Exteriores al indicar que el salario base para liquidar las
prestaciones […] no es el que a su cargo correspondía sino el de otro señalado
ficticio de equivalencia en planta interna».

Aduce que «[p]or medio de la [s]entencia C-535 del 24 de mayo de 2005, […]
la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 57 del D. L. 10 de 1992,
el cual a pesar de que ya había sido derogado por la Ley 100 de 1.993 en sus
art 17 y 18, el Ministerio de Relaciones Exteriores continuaban reviviendo sus
efectos discriminatorios en los [D]ecretos 111 de 1.995, 1181 de 1.999, […]
[y] 274 de 2.000, [y la] Ley 797 de 2.003, todos declarados inexequibles por la
[…] Corte Constitucional, la que había definido que los aportes y la
liquidación de la pensión así mismo las cesantías anuales y definitivas de los
funcionarios del Ministerio […] que presten sus servicios en la planta
externa, deben hacerse conforme al salario realmente devengado […]» (sic).

Que la accionada «[…] no ha dado cumplimiento […] [al artículo 30 del
Decreto 3118 de 1968], ya que […] [el demandante] no ha sido notificad[o]
anualmente de la liquidación del auxilio de cesantía a que tiene derecho de
conformidad con las normas legales vigentes durante todo el tiempo continuo
que existió la relación laboral, hasta el momento de su desvinculación como
funcionario del Ministerio, en el período comprendido de[sde] mayo de 1.996
hasta enero de 2015» (sic), con lo que «[…] no le dio la oportunidad de
controvertirlas, otorgando los recursos de ley, ni aprovechando para corregir
y pagar las cesantías que había dejado de pagar con base en el salario
realmente devengado en todos los años que labor[ó] al servicio del Ministerio
[…], lo que sucede solamente por la vía del [d]erecho de [p]etición presentado,
y cuya contestación dio lugar al oficio que aquí se demanda».

1.5 Contestación de la demanda (ff. 107 a 121). La accionada, por intermedio
de apoderado, contestó la demanda con oposición a sus súplicas; frente a los
hechos dice que algunos son ciertos, otros no y los demás son apreciaciones
subjetivas del actor; y su defensa se limitó a la formulación de las excepciones
denominadas (i) inepta demanda, (ii) caducidad del medio de control, (iii)
3

Expediente: 25000-23-42-000-2016-05199-01 (1864-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fidel Cano Correa contra la Nación - Ministerio de
Relaciones Exteriores

prescripción del derecho, aplicabilidad del artículo 57 del Decreto ley 10 de
1992, (iv) irretroactividad de la sentencia C-535 de 2005, (v) inexistencia de la
obligación y especialidad del servicio exterior, (vi) improcedencia de pago de
la indexación y (vii) «indemnización» moratoria e intereses respecto del auxilio
de cesantías.

1.6 Providencia apelada (ff. 225 a 233). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección E de la sección segunda), mediante sentencia de 1°.
de noviembre de 2018, declaró probada la excepción de prescripción extintiva
del derecho (con condena en costas), al considerar que el accionante «[…]
prestó sus servicios como funcionario de la planta externa del Ministerio de
Relaciones Exteriores desde el 27 de diciembre de 1995 hasta el 18 de
septiembre de 1998, período en el cual le fueron reconocidas las cesantías
anualizadas conforme lo devengado por su cargo equivalente en la planta
interna - Decreto 10 de 19921 - cuando, el pago de esa prestación debió
realizarse teniendo como base de liquidación, lo realmente percibido en su
condición de [p]rimer [s]ecretario, [g]rado [o]cupacional 3EX, en la
[e]mbajada de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos de América -
[e]mpleado de planta externa -» (sic).

Que «[…] si bien para la época en la cual el actor prestó sus servicios […] la
norma aplicable, esto es, el Decreto 10 de 1992, se encontraba surtiendo plenos
efectos y que a su vez la sentencia C-535 de 2005 que declaró la inexequibilidad
del artículo 57 de tal disposición, surtió efectos hacia futuro, pues nada se dijo
acerca de su modulación, atendiendo lo señalado por el Consejo de Estado en
sentencia de 16 de noviembre de 20172, lo cierto es que tal previsión resulta
contraria al derecho a la igualdad y en tal sentido debe inaplicarse atendiendo
el precepto consagrado en el artículo 4º de la Carta Política, razón por la cual
no le asiste razón a la entidad demandada cuando indica que aplicó en debida
forma la norma vigente, pues es claro que esta era contraria a los preceptos de
índole constitucional».

Precisa que, a pesar de que al demandante le asiste el derecho reclamado, operó
el fenómeno jurídico-procesal de la prescripción extintiva, en la medida en que
aquel «[…] se retiró del servicio exterior a partir del 19 de septiembre de 1998
y en ese orden, es menester realizar dicho estudio, conforme lo dispuesto en los
Decretos 3135 de 1968 […] y 1869 de 1969 […] que en sus respectivos

1
«Norma aplicable al presente asunto».
2
«Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Segunda-Subsección “B”, Expediente
No. 25000-23-42-000-2013-00304-01 (2623-14) […]» (sic).
4

Expediente: 25000-23-42-000-2016-05199-01 (1864-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fidel Cano Correa contra la Nación - Ministerio de
Relaciones Exteriores

artículos 41 y 102 señalan que los derechos laborales prescriben en 3 años,
contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho
exigible» (sic), que para este asunto «[…] no surgió a partir del retiro del
servicio, pues para esa época – 19 de septiembre de 1998 – se entendía que las
cesantías definitivas fueron liquidadas conforme a la norma aplicable […], sino
a partir de la sentencia C-535 de 24 de mayo de 2005, ejecutoriada el 18 de
julio del mismo año, que declaró la [mencionada] inexequibilidad […] toda vez
que en virtud de ese pronunciamiento, surgió para el demandante, una
expectativa legítima de mejoramiento laboral» (sic) y, por ende, «[…] tenía
hasta el 18 de julio de 2008 para reclamar ante la administración la
reliquidación [de] las cesantías […]» (sic), empero, ello ocurrió hasta el 19 de
marzo de 2016, con lo que superó ampliamente dicho término.

1.7 Recurso de apelación (ff. 236 a 253). El demandante, mediante apoderado,
interpuso recurso de apelación, al estimar que «[…] no le fue notificada decisión
alguna en la que se indicara la forma y pago de las cesantías correspondientes
a cada período laborado en la entidad, lo que se debe a que dichos actos no
fueron expedidos, o porque de existir […] nunca le fueron puestos en [su]
conocimiento […]», pues «[l]o que realizó la entidad […] fue consignar las
sumas que consideraba deber […] mas nunca profirió los actos administrativos
en los que estuvieran plasmados los ejercicios realizados, por lo que tampoco
los notificó indicando los recursos de ley que procedían […]».

Que «[…] el acto acusado […] no está reviviendo términos que hubiesen sido
omitidos por el accionante, por el contrario, sólo hasta dicho oficio existió una
manifestación formal del [Ministerio] […] que se refirió al ejercicio de
liquidación realizado en los períodos laborales […] lo que evidencia que sólo
desde esta manifestación podría empezar a contar el afamado término
prescriptivo […]».

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación interpuesto fue concedido mediante proveído de 4 de
febrero de 2019 (f. 255) y admitido por esta Corporación a través de auto de 27
30 de octubre siguiente (f. 260), en el que se dispuso la notificación personal al
agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los
artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio

5

Expediente: 25000-23-42-000-2016-05199-01 (1864-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fidel Cano Correa contra la Nación - Ministerio de
Relaciones Exteriores

Público, por medio de providencia de 8 de septiembre de 2021 (f. 266), para
que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, de conformidad con lo
establecido en el artículo 247 del CPACA, oportunidad aprovechada por las
primeras para insistir en sus planteamientos de demanda, apelación y defensa3.

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si se configuró el fenómeno jurídico-
procesal de la prescripción extintiva del derecho reclamado, como lo concluyó
el a quo; o si, por el contrario, al demandante le asiste el derecho a la
reliquidación de sus cesantías como funcionario que prestó servicios en el
exterior, con su consecuente sanción moratoria, pues su actuación fue oportuna,
como él lo alega.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta
respecto del caso concreto.

El Decreto ley 2016 de 1968, en lo atañedero al régimen prestacional de los
empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, preceptuaba:

Artículo 76. Las prestaciones sociales de los empleados del servicio
exterior se liquidarán y pagarán con base en las asignaciones del cargo
equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones
Exteriores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del presente
estatuto y salvo lo previsto en el artículo 66.

Sin embargo, esa norma fue derogada por el Decreto ley 10 de 1992, pero, por
medio de su artículo 57, permaneció la regla concerniente a que la liquidación
de las prestaciones de dichos empleados debía efectuarse con base en las
asignaciones pagadas al cargo equivalente en la planta interna de esa cartera,
disposición que, igualmente, fue reemplazada por el artículo 66 del Decreto ley
274 de 2000, así:

3
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
6

Expediente: 25000-23-42-000-2016-05199-01 (1864-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fidel Cano Correa contra la Nación - Ministerio de
Relaciones Exteriores

Liquidación de prestaciones sociales. Las prestaciones sociales de los
funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y consular se
liquidarán y se pagarán con base en la asignación básica mensual y en
los conceptos laborales legalmente reconocidos como factores de
salario, que le correspondieren en planta interna.

La anterior norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, en
sentencia C-292 de 20014, bajo el siguiente argumento:

Desde este punto de vista queda claro que el Gobierno Nacional, como
legislador extraordinario, se excedió en las facultades precisas otorgadas
por el Congreso de la República al amparo de lo previsto en el numeral
10 del artículo 150 de la Constitución y por ello deviene inconstitucional
la expresión “salvo las particularidades contempladas en este Decreto”
contenida en el artículo 63. Esto es así porque al establecer que los
funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y consular deben
ser afiliados al Sistema Integral de Seguridad Social creado por la Ley
100 de 1993 y sus decretos reglamentarios y normas modificatorias y
que ello procede "con las salvedades introducidas en ese Decreto", se
crea una excepción y se abre la posibilidad de un régimen especial en
materia del sistema de seguridad social aplicable a los funcionarios
pertenecientes a la carrera diplomática y consular.

Igual consideración debe hacerse en relación con los parágrafos 2, 3 y 4
del mismo artículo y con los artículos 64, 65, 66 y 67 por cuanto todos
ellos regulan materias propias del régimen prestacional y salarial que,
por definición, están excluidas de los ámbitos que son susceptibles de
regulación extraordinaria por parte del Gobierno Nacional con base en
leyes de facultades. En efecto, cuando se hacen regulaciones específicas
relacionadas con el régimen de seguridad social de esos funcionarios,
cuando se establecen las condiciones en que debe operar la prestación
asistencial en el exterior, cuando se determinan bases de cotización y de
liquidación de prestaciones sociales y cuando se determinan promedios
para la realización de pagos a funcionarios, el Gobierno Nacional está
ejerciendo una facultad que no le fue concedida y que el Congreso no
podía delegarle en cuanto se trata de un espacio que está supeditado al
despliegue de su propia capacidad legislativa.

De igual modo, ese alto Tribunal Constitucional, mediante fallo C-535 de 20055,
declaró inexequible el artículo 57 del Decreto ley 10 de 1992, con fundamento
en lo siguiente:

17- Para la Corte, la norma establece un trato distinto entre categorías
de funcionarios iguales, los servidores públicos, pues permite que la
4
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
5
Ibidem.
7

Expediente: 25000-23-42-000-2016-05199-01 (1864-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fidel Cano Correa contra la Nación - Ministerio de
Relaciones Exteriores

pensión de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de
Relaciones Exteriores sea calculada de manera distinta a la del resto de
servidores públicos. En efecto, mientras que la regla general es que la
pensión se calcula con base en el salario efectivamente devengado por
el funcionario, en este caso se establece que, para los períodos en que la
persona prestó sus servicios en la planta externa, tanto la cotización
como el monto de la pensión se calcularán con base en el salario previsto
para los cargos equivalentes en la planta interna.

Es indiscutible entonces que la disposición que establece como forma
de cotizar y liquidar los aportes para pensión a partir del salario de un
cargo equivalente pero sustancialmente menor al devengado, es
contraria a la jurisprudencia sobre la materia y violatoria de los
principios y derechos de dignidad, igualdad, mínimo vital y seguridad
social. Obviamente la norma crea un factor ficticio que intenta excluir
el salario real devengado, o una buena parte de éste, del cálculo del
monto de la pensión.

[…]

El Ministerio de Relaciones Exteriores se opone a la declaratoria de
inexequibilidad argumentando que el régimen legal diferenciado que se
consagra respecto de la cotización y liquidación de la pensión de
jubilación y de las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio
exterior se justifica por la necesidad de adecuar los ingresos de tales
servidores al costo de vida de los países en los que cumplen sus
funciones.

Para la Corte, como se ha visto, ese tratamiento no está justificado pues
implica un desconocimiento del mandato de igualdad en la formulación
del derecho y del principio de primacía de la realidad en las relaciones
laborales, principios de acuerdo con los cuales la pensión de jubilación
y las prestaciones sociales deben cotizarse y liquidarse con base en lo
realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y no con
base en un salario inferior que no le corresponde. Esta concepción,
desde luego, no se opone a que, frente a prestaciones como la pensión
de jubilación, la cotización y liquidación se realice respetando los
límites máximos impuestos por la ley pues el respeto de tales límites
asegura el equilibrio financiero del sistema de seguridad social en
pensiones.

En tal sentido, de acuerdo con los referidos pronunciamientos, a pesar de que
en otrora se admitió que el Ministerio de Relaciones Exteriores liquidara las
prestaciones de sus empleados que laboraban en el exterior con lo sufragado en
un cargo equivalente en su planta interna, ello atentaba contra el derecho a la
igualdad, motivo por el que esos emolumentos debían calcularse con base en
8

Expediente: 25000-23-42-000-2016-05199-01 (1864-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fidel Cano Correa contra la Nación - Ministerio de
Relaciones Exteriores

los ingresos reales.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta necesario precisar frente a que las
mencionadas sentencias de constitucionalidad, al no haber sido modulado su
contenido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 6,
sus efectos deben entenderse hacía el futuro, motivo por el que las actuaciones
anteriores a su expedición adquirieron firmeza.

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

a) Constancia de cesantías definitivas de 12 de noviembre de 1998 (f. 89), en la
que obran los valores que el Ministerio de Relaciones Exteriores consignó en el
Fondo Nacional del Ahorro a favor del demandante, correspondiente al período
de 1995 a 19987; documento que fue firmado por este. Esta prestación fue
retirada en su totalidad el 11 de diciembre siguiente (ff. 100 y 174).

b) Certificación de 4 de abril de 2016 (ff. 102 a 103 vuelto), emitida por la
coordinadora del grupo de trabajo de asuntos pensionales del ente demandado,
que da cuenta, entre otros aspectos, «[…] del salario realmente devengado
durante el período laborado [por el actor] […] entre el 27 de diciembre de 1995
[…] [y] el 18 de septiembre de 1998 […]», con indicación de su asignación
básica mensual en dólares, la tasa de cambio y su equivalente en pesos
colombianos.

c) Certificación de 31 de mayo de 2017 (f. 83), suscrita por la coordinadora del
grupo interno de trabajo de administración de personal del Ministerio de
Relaciones Exteriores, a través de la cual se indica que el accionante «[…]
estuvo vinculado al servicio […] desde el 27 de diciembre de 1995 hasta el 18
de septiembre de 1998» como primer secretario, grado ocupacional 3 EX, en la
embajada de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos de América.

6
«Artículo 45. Reglas sobre los efectos de las sentencias proferidas en desarrollo del control judicial de
constitucionalidad. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en
los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte
resuelva lo contrario».
7
En el expediente únicamente obran las liquidaciones de los años 1995 y 1998 (ff. 86 y 87), firmadas por el
accionante.
9

Expediente: 25000-23-42-000-2016-05199-01 (1864-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fidel Cano Correa contra la Nación - Ministerio de
Relaciones Exteriores

d) Petición de 29 de marzo de 2016 (ff. 54 a 65), con la que el demandante
reclama de la accionada la reliquidación de sus cesantías con base en lo recibido
como empleado de la planta externa y no con su equivalente en la planta interna,
lo que le fue negado por medio del acto acusado (ff. 41 a 43).

e) Oficio de 18 de abril de 2018 (f. 187), expedido por el coordinador del grupo
de atención y respuesta al consumidor financiero del Fondo Nacional del
Ahorro, con el que se informa que la demandada «[…] aportó y reportó
cesantías a nombre del afiliado […] correspondientes a las vigencias fiscales
del año 1995 a 1998, para un monto total de reportes de $2.766.116, dinero
sobre el cual el Fondo […] le reconoció y abonó a la cuenta por concepto de
intereses en vigencia del Decreto 3118 de 1968 la suma de $111.467 e intereses
de Ley 432 el monto de $176.953 y total Protección de $335.482», que fueron
retiradas en su totalidad en la suma de $3.379.597 el 11 de diciembre de 1998.

De las pruebas anteriormente enunciadas, se desprende que (i) el actor laboró
como primer secretario, grado ocupacional 3 EX, en la embajada de Colombia
ante el gobierno de los Estados Unidos de América, desde el 27 de diciembre
de 1995 hasta el 18 de septiembre de 1998; (ii) sus cesantías definitivas fueron
liquidadas conforme a lo devengado en un cargo equivalente en la planta interna
del Ministerio accionado, y no con lo realmente devengado en el exterior, según
consignación realizada a su cuenta individual en el Fondo Nacional del Ahorro,
la que fue retirada en su totalidad el 11 de diciembre de 1998; y (iii) el 29 de
marzo de 2016 reclamó de la demandada la reliquidación de su prestación,
negada con el acto acusado.

Con ocasión de la anterior decisión, el accionante acudió a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo con el propósito de obtener su nulidad, lo que no
logró ante el Tribunal de instancia, pues este encontró configurado el fenómeno
jurídico-procesal de la prescripción extintiva, por lo que interpuso recurso de
apelación, sustentado en que no era dable adoptar esa decisión en la medida en
que no existió un acto administrativo de liquidación de sus cesantías y, de
haberlo, este no le fue notificado, por lo que el término prescriptivo debe
contabilizarse desde la expedición del acto acusado, pues fue a través de él que
se logró un pronunciamiento de la Administración sobre tal liquidación.

Lo primero que esta Sala debe advertir es que la génesis de la reclamación del
demandante para una eventual reliquidación de sus cesantías son las sentencias
C-292 de 2001 y C-535 de 2005, con las cuales la Corte Constitucional declaró
inexequibles, en su orden, los artículos 66 del Decreto 274 de 2000 y 57 del
10

Expediente: 25000-23-42-000-2016-05199-01 (1864-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fidel Cano Correa contra la Nación - Ministerio de
Relaciones Exteriores

Decreto 10 de 1992 y, en tal sentido, a los empleados de la planta externa del
Ministerio accionado les surgió el derecho a que sus cesantías fueran calculadas
con fundamento en lo realmente devengado y no como lo había realizado esa
cartera, esto es, frente a un cargo equivalente en la planta interna; por tanto, en
principio, a aquel le asiste el derecho a la reliquidación reclamada habida cuenta
de que está acreditado que se calculó la prestación con base en las normas que
con posterioridad salieron del ordenamiento jurídico.

Ahora bien, en lo atañedero a la contabilización del término prescriptivo, de
acuerdo con la sentencia de unificación de 25 de agosto de 20168, frente a las
cesantías anualizadas no opera ese fenómeno, siempre que permanezca el
vínculo laboral, pero no ocurre lo mismo con las definitivas, para las que sí
existe la carga de reclamarlas dentro del plazo previsto en los artículos 41 y 102
de los Decretos 3135 de 1968 y 1869 de 1969, respectivamente, es decir, dentro
de los tres años siguientes a la fecha en que la obligación se hizo exigible.

Para el caso sub examine, se impone analizar cuál es el punto de partida para el
conteo de dicho término, si desde cuando se hizo exigible esa obligación, lo que
comporta el motivo de alzada, pues, se recuerda, el Tribunal de instancia declaró
configurado el fenómeno jurídico-procesal de la prescripción extintiva del
derecho.

En lo referente al conocimiento que tuvo el actor sobre la liquidación de sus
cesantías (lo que resultará determinante para acceder a sus argumentos de
alzada), del expediente se extrae que recibió las definitivas el 12 de noviembre
de 1998 y las retiró en su totalidad el 11 de diciembre siguiente, con lo que se
presume, sin lugar a dudas, que sabía su valor, sumado a que en algunas de esas
liquidaciones (1995 y 1998) obra su firma. Empero, esta Sala reconoce que es
cierto que no existe un acto administrativo de liquidación de esa prestación, sino
solo unos desprendibles y la certificación del total, a pesar de que ello no le
resta importancia a que supo sobre su valor y dispuso de él para sus propósitos
personales, cuál es su fin último.

En un caso de similar base fáctica, esta subsección9 discurrió así:

[…] si […] está alegando que el acto debe ser comunicado, se le debe
recordar que […] está afiliado al FNA y hay una regulación expresa para
que el empleador consigne las cesantías, lo cual, una vez efectuado, el
ente previsional le informa cuánto se le consignó.

8
Expediente 08001-23-31-000-2011-00628-01 (528-14) CE-SUJ2 6 de 2016.
9
Sentencia de 1º. de marzo de 2018, expediente 25000-23-25-000-2012-00956-01 (1658-16).
11

Expediente: 25000-23-42-000-2016-05199-01 (1864-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fidel Cano Correa contra la Nación - Ministerio de
Relaciones Exteriores

En consecuencia, no se requería la notificación del acto de liquidación,
esto es, el documento donde se liquidó, porque ya con la consignación
del valor tuvo conocimiento, y si pretendía un valor mayor y si conocía
que debía liquidarse en divisas y no en pesos colombianos, debió
haberlo reclamado oportunamente y teniendo en cuenta que cada
cesantía es anualizada y en especial que […] fue objeto de liquidación
definitiva por retiro del servicio

En tal entendimiento, no le asiste razón sobre el argumento concerniente a una
eventual irregularidad que podría generar que la contabilización del término
prescriptivo debía hacerse desde la expedición del acto acusado, como pasará a
explicarse.

La expedición de la sentencia C-535 de 2005 comportó un hecho nuevo que
creó una expectativa al demandante frente a su derecho, porque la liquidación
de sus cesantías debía realizarse con base en el salario realmente devengado y
no con el equivalente en la planta interna de la accionada. Esa decisión quedó
ejecutoriada el 18 de julio siguiente, por lo que es ese, y no otro, el inicio de la
contabilización del plazo con que contaba para acudir a la Administración con
la finalidad de hacerlo efectivo.

No obstante, tal como está probado, la reclamación se presentó el 29 de marzo
de 2016, es decir, luego de haber trascurrido más de 10 años y, por ende, es
acertada la actuación del a quo al haber declarado configurado el fenómeno
prescriptivo, pues no se cuenta con ninguna explicación que justifique por qué,
si la sentencia C-535 de 2005 quedó ejecutoriada el 18 de julio de esa anualidad,
se haya esperado tantos años para deprecar el derecho que surgió de dicho
pronunciamiento.

Por otro lado, en relación con la condena en costas y las agencias en derecho
que corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso,
esta Corporación, en sentencia de 1º. de diciembre de 201610, se pronunció así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en
que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil.

10
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
12

Expediente: 25000-23-42-000-2016-05199-01 (1864-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fidel Cano Correa contra la Nación - Ministerio de
Relaciones Exteriores

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda
acepción es entendida por la Real Academia Española como «2. tr.
Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del
CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio
de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por
las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio
judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de
la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo
sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda,
excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se
utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u
omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y
expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente
inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en
el ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.

Por lo tanto, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición
del juez la procedencia o no de la condena en costas, por cuanto para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación
y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a
sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, actuación que,
se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal proceder del
accionante, se revocará la condena en costas.
13

Expediente: 25000-23-42-000-2016-05199-01 (1864-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fidel Cano Correa contra la Nación - Ministerio de
Relaciones Exteriores

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, la
Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que declaró
probada la excepción de prescripción extintiva del derecho, y revocará la
condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°. Confírmase parcialmente la sentencia de 1°. de noviembre de 2018 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección E de la sección
segunda), que declaró probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho dentro del proceso incoado por el señor Fidel Cano Correa contra la
Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores, por las razones expuestas en la
parte motiva.

2º. Revócase la condena en costas impuesta al demandante, que incluye las
agencias en derecho, de conformidad con lo indicado en la motivación

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

14

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.