RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2016-05304-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05304-01

Ausencia de vulneración del derecho a la salud

Fecha
31 de enero de 2017
Consejero ponente
César Palomino Cortés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05304-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA REVOCAR la sentencia de 18 de noviembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante la cual se amparó el derecho a la salud del señor Juan Manuel Moreno Cáceres y se ordenó a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que continúe con la prestación de los servicios médicos a favor del actor. En su lugar, NEGAR el amparo de los derechos invocados por el señor Juan Manuel Moreno Cáceres, teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-05304-01

Consejero ponente: César Palomino Cortés

31 de enero de 2017

AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD / SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES / CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO / IMPROCEDENCIA DE NUEVA VALORACIÓN POR JUNTA MÉDICO LABORAL / INAPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE NO REFORMATIO IN PEJUS EN ACCIÓN DE TUTELA

[L]a Sala no comparte la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se amparó el derecho fundamental a la salud, toda vez que no está probado que la entidad haya negado la prestación de dichos servicios en alguna oportunidad, pues incluso con posterioridad a la expedición de la respuesta brindada por la Dirección de Sanidad del Ejército, se observa que continuó prestándose la atención médica requerida por el accionante (…) La Sala resalta que en el caso bajo estudio, aunque solo la parte actora impugnó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, hay lugar a revocar el amparo concedido por el a quo, toda vez que en las acciones de tutela no resulta aplicable el principio de la no reformatio in pejus, pues se trata de un mecanismo constitucional en el que el juez está facultado para adoptar las decisiones y medidas que estime necesarias para garantizar la correcta aplicación de la Constitución (…) en cuanto a la solicitud presentada por el actor, encaminada a que se realice una nueva Junta Médica Laboral, la Sala comparte la decisión adoptada por el a quo, toda vez que al revisar las pruebas allegadas al expediente de tutela, no resulta claro el vínculo entre las patologías que el actor pretende se valoren, y las circunstancias que dieron origen a la pérdida de capacidad laboral del actor, pues de acuerdo a la lectura del informe administrativo por lesión (…) y el Acta de la Junta Médica Laboral (…) no se observa que se haya mencionado alguna lesión sufrida por el [actor] en la rodilla izquierda y en el tobillo derecho.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 48 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 279 / LEY 352 DE 1997 - ARTÍCULO 23 / LEY 352 DE 1997 - ARTÍCULO 29 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 6 / DECRETO 1795 DE 2000

NOTA DE RELATORÍA: La sentencia estudia el subsistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, así como la procedencia de la acción de tutela para ordenar una nueva valoración por junta médico laboral, al respecto, ver la sentencia T-507 de 2015. En relación con el principio de no reformatio in pejus en la acción de tutela, ver la sentencia T-913 de 1998; todas las anteriores de la Corte Constitucional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCION B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 25000-23-42-000-2016-05304-01(AC)

Actor: JUAN ÁNGEL MORENO CÁCERES

Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL –DIRECCIÓN DE SANIDAD

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante la cual se amparó el derecho a la salud del actor.

ANTECEDENTES

La solicitud y las pretensiones

El señor Juan Ángel Moreno Cáceres acudió ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en ejercicio de la acción prevista en el artículo 86 de la Constitución Política con el fin de solicitar el amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la dignidad humana, al debido proceso, a la seguridad y de petición, que estimó vulnerados por la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional – Dirección de Sanidad.

En amparo de los derechos invocados solicitó:

“[…] PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales A LA SALUD, A LA IGUALDAD, A LA DIGNIDAD HUMANA, AL DEBIDO PROCESO, A LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL DERECHO DE PETICIÓN.

SEGUNDA: Que se ordene a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional ACTIVAR LOS SERVICIOS MÉDICOS en aras de continuar con el tratamiento médico quirúrgico ordenado por la especialidad de ortopedia.

TERCERA: Teniendo en cuenta que a la fecha padezco afecciones en rodilla izquierda y tobillo derecho, solicito que se ORDENE a la Dirección de Sanidad Militar emitir valoración médica integral por intermedio de la Junta Médica Laboral donde se incluyan dichas lesiones, cuyas patologías fueron calificadas y valoradas en la Ficha Médica Unificada pero no practicadas por la Junta Médica Laboral […]”

Los Hechos

La parte actora expone como fundamento de su solicitud, los hechos que se resumen a continuación (fols. 1 - 9):

Señala que en cumplimiento de sus funciones como Soldado Profesional del Ejército Nacional, el 26 de agosto de 2008 cayó por un barranco sufriendo lesiones graves en su columna, cara, rodillas y tobillo derecho, en medio de enfrentamientos con miembros de la cuadrilla guerrillera ONT-ELN en el área rural de la vereda Boquerón del municipio de Bolívar, Santander.

Afirma que mediante Acta 73673 del 4 de diciembre de 2014 la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad lo declaró no apto para realizar actividades militares, decretando una pérdida del 67.87% en su capacidad laboral.

Indica que, debido al accidente que sufrió el 26 de agosto de 2008, el Ejército Nacional evaluó su situación médica laboral, sin embargo, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional omitió valorar las lesiones que padecía en la rodilla izquierda y en el tobillo derecho, pese a que las mismas se generaron con ocasión del ejercicio de sus funciones militares.

Sostiene que a pesar de la valoración que le realizó el Ejército Nacional, la oficina jurídica de medicina laboral de la Dirección de Sanidad mediante oficio 20168471210781, negó la activación de sus servicios médicos, argumentando que su situación médica laboral ya fue definida, lo cual considera errado porque aún faltaba la valoración de la rodilla izquierda y del tobillo derecho.

Manifiesta que está en trámite la realización de un procedimiento quirúrgico ordenado el 27 de julio de 2016, por esa razón se demuestra que la lesión que sufre es de tal gravedad que debe ser evaluada por la Junta Médica Laboral.

Aduce que la negativa de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional en activar sus servicios médicos le puede producir un perjuicio irremediable, ya que la disminución de su capacidad laboral le impide llevar una vida normal y, a medida que pasa el tiempo las lesiones que sufrió mientras prestaba sus servicios en el Ejército Nacional se hacen más graves, deteriorando su salud física y mental.

Con base en lo anterior, considera que la acción de tutela es el mecanismo más expedito para proteger los derechos fundamentales que considera vulnerados por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional.

Trámite en primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F mediante auto del 4 de noviembre de 2016, admitió la solicitud de tutela presentada por el señor Juan Ángel Moreno Cáceres y ordenó notificar a las autoridades accionadas para que rindieran el informe correspondiente (fol. 32).

La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional manifestó que el señor Juan Ángel Moreno Cáceres se encuentra activo en el subsistema de salud de las Fuerzas Militares, teniendo en cuenta que ostenta la calidad de soldado profesional pensionado, por esa razón tiene derecho a recibir la atención médica que necesite para el tratamiento de sus enfermedades.

Indicó que era improcedente una nueva valoración de la Junta Médica Laboral, ya que ésta evaluó de manera integral las patologías presentadas por el accionante, dentro de las cuales se encontraban las afecciones a su rodilla izquierda y su tobillo derecho, relacionadas en los traumas del sistema músculo esquelético.

Igualmente, señaló que el accionante no presentó recurso contra el acta emitida por la Junta Médica Laboral, pese a que se le otorgó dicha posibilidad, y no hizo uso de la acción de tutela dentro de un término prudencial, pues el accionante dejó transcurrir aproximadamente dos años para la interposición de este mecanismo constitucional, lo cual desvirtúa que se busca prevenir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, máxime cuando lo que pretende es que se aumente el porcentaje de pérdida de capacidad laboral con el fin de obtener un pago indemnizatorio, pues en la actualidad ya percibe asignación de retiro.

Por lo anterior, solicitó que se rechace por improcedente el amparo de tutela.

La providencia impugnada

Mediante sentencia del 18 de noviembre de 2016 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, resolvió: (i) conceder el amparo del derecho a la salud del señor Juan Ángel Moreno Cáceres; (ii) ordenar al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad garantizar y continuar brindando la atención médica que requiera el accionante; y, (iii) negar las demás pretensiones incoadas en la acción de tutela.

Precisó que de conformidad con las pruebas allegadas al caso en particular, no se cumple con los requisitos exigidos jurisprudencialmente para ordenar una nueva valoración por la Junta Médica Laboral, e indicó que si el señor Juan Ángel Moreno Cáceres no estuvo de acuerdo con la valoración que realizó la Junta Médica Laboral, pudo presentar recurso contra esa decisión, lo cual no hizo.

Igualmente, señaló que la acción de tutela no puede remplazar los mecanismos ordinarios de defensa, los cuales son de conocimiento exclusivo de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Aclaró que el accionante al ostentar la calidad de pensionado del Ejército Nacional, debe ser beneficiario del servicio de salud que presta el subsistema de las Fuerzas Militares, en calidad de cotizante. Por esa razón, el Tribunal consideró que al desactivar al señor Juan Ángel Moreno Cáceres de los servicios médicos con el argumento que ya se había definido su situación médica laboral, se vulnera su derecho fundamental a la salud.

Impugnación

Mediante escrito del 28 de noviembre de 2016, el accionante presentó impugnación contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en los siguientes términos:

Alega que el fallo no tuvo en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional frente a casos similares en los que ha dicho que “Las autoridades militares de sanidad se encuentran obligadas a realizar, de manera exhaustiva, todos los exámenes y evaluaciones médicas que se requieran para establecer, con la máxima precisión posible, si la dolencia que el soldado dice padecer existe verdaderamente y cuál es su magnitud”.

Asimismo, señala que el Consejo de Estado ha reiterado que la acción de tutela es el mecanismo idóneo y eficaz de defensa para la revaloración del concepto emitido por la Junta y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, cuando no se tuvo en cuenta en la valoración médica uno de los problemas de salud que incide en la capacidad laboral del paciente.

Manifiesta que las patologías que no le fueron valoradas en la Junta Médica Laboral han incidido en la disminución de su capacidad laboral. En virtud de lo anterior, solicita la protección de los derechos al debido proceso, a la dignidad humana, a la salud y a la vida.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de primera instancia en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, el cual reglamenta la acción de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

Según lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que sean violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley, y procede sólo cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de defensa, salvo que la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que son elementos esenciales de esta acción constitucional su carácter subsidiario y excepcional, lo que implica que ésta sólo pueda ser ejercida frente a la violación de un derecho constitucional fundamental cuando no se disponga de otro mecanismo de defensa judicial o, en el evento en que aun existiendo otro medio de protección ordinario, sea necesario decretar el amparo en forma transitoria para evitar que se produzca un perjuicio irremediable, el cual debe estar debidamente acreditado en el proceso respectivo.

Problema jurídico

En los términos del escrito de impugnación, a la Sala le corresponde decidir si se confirma la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante la cual se tuteló el derecho a la salud del actor y se negó la pretensión de realizar una nueva Junta Médica Laboral, o si es procedente ordenar a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que realice los exámenes correspondientes y ordene la práctica de una nueva Junta Médica Laboral.

El derecho a la salud y la acción de tutela

Respecto a la procedibildad de la acción de tutela frente al derecho a la salud, la Corte Constitucional había señalado que si bien es cierto este derecho por sí solo no ostentaba la calidad de fundamental, podía alcanzarla por conexidad cuando se afectaban otros derechos de ese rango constitucional, como es el caso de los derechos a la vida y la integridad personal, evento en el cual era posible obtener su protección a través de este mecanismo constitucional.

Posteriormente, la Corte Constitucional reevaluó el criterio de la conexidad del derecho a la salud con un derecho fundamental para su amparo de manera directa y precisó lo siguiente:

“[…] Protección del derecho fundamental a la salud en el orden constitucional colombiano

En el artículo 49 de la Constitución Nacional se establece, entre otras cosas, que “la atención de la salud (...) [es] un servicio público a cargo del Estado.” Se dispone, además, que se garantizará a todas las personas “el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.” El derecho a la salud ha recibido un amplio desarrollo por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Así, por ejemplo, en sentencia T-246 de 2005, la Corte entiende el derecho a la salud como la “facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser.” Aquí la Corte no hace más que retomar la definición propuesta en la sentencia T-597 de 1993 reiterada también por la sentencia T 1218 de 2004.

Inicialmente se dijo que el derecho a la salud no era por sí mismo un derecho fundamental y que únicamente sería protegido en sede de tutela cuando pudiera mostrarse su estrecha conexión con el derecho a la vida. En este sentido se pronunció la sentencia T-406 de 1994. Esta jurisprudencia ha sido reiterada y profundizada por otros fallos de la Corte. Así, se marcó una distinción entre los derechos llamados derechos liberales, de autonomía o de primera generación y los derechos denominados prestacionales, económicos o de segunda generación, entre los cuales solía ubicarse el derecho a la salud. Con el paso del tiempo, no obstante, esta diferenciación tiende a ser cada vez más fluida, hasta el punto en que hoy sería muy factible afirmar que el derecho a la salud es fundamental no sólo por estar conectado íntimamente con un derecho fundamental - la vida - pues, en efecto, sin salud se hace imposible gozar de una vida digna y de calidad - sino que es en sí mismo fundamental. Es decir, se vuelve preciso distinguir entre la fundamentalidad de un derecho y la eficacia que él pueda tener en la práctica, tanto más cuanto la efectividad de derechos calificados corrientemente como fundamentales - la libre expresión del pensamiento, por ejemplo - también depende de la existencia de normas presupuestales y administrativas y de procedimientos que hagan viable y optimicen la eficacia de ese derecho.

Así las cosas, se puede considerar que el derecho a la salud es un derecho fundamental cuya efectiva realización depende, como suele suceder con otros muchos derechos fundamentales, de condiciones jurídicas, económicas y fácticas, así como de las circunstancias del caso concreto. Esto no implica, sin embargo, que deje de ser por ello un derecho fundamental y que no pueda gozar de la debida protección por vía de tutela, como sucede también con los demás derechos fundamentales. El Estado tiene un amplio margen para decidir la forma como habrá de proteger el derecho fundamental a la salud y en este sentido, tal como lo señala el artículo 49 de la Constitución Nacional, "Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación del servicio de salud a los habitantes [y] (...) establecer las políticas de prestación de servicio de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control.” (Sentencia T-159-06)

(…)Tal posición ha pasado del plano del obiter dicta, a constituirse en la ratio decidendi que sustenta la procedencia de la acción de tutela y la protección del derecho a la salud en forma directa, como ya se dijo, sin atender al concepto de conexidad con un derecho fundamental. (…)

Estamos entonces ante una línea jurisprudencial, que después de concienzudos estudios ha logrado establecer que el derecho a la salud se considera fundamental, ya que el mismo integra el conjunto necesario para poder llevar y disfrutar plenamente de una vida íntegra y armónica. […]” (Destacado fuera de texto).

Sobre el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional

El artículo 48 de la Constitución Política establece que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio e irrenunciable, que se prestará a todos los habitantes del territorio nacional, bajo la dirección, coordinación y control del Estado, y estará sujeto a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que la Ley establezca.

En desarrollo de este mandato constitucional, se expidió la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones”, que dispuso que el Sistema Integral de Seguridad Social, contenido en esa normativa, no se aplicaría a los miembros de la Fuerza Pública, por tratarse de un régimen especial, que tiene algunas particularidades concretas. Al respecto, el inciso primero del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 dispone:

“ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.”

El régimen del Sistema Integral de Seguridad Social de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se encuentra regulado principalmente en la Ley 352 de 1997 y el Decreto 1795 de 2000.

Respecto a la función de la Dirección de Sanidad Militar en el referido subsistema de salud, la Corte Constitucional en la sentenciaT-540 de 2002, indicó:

“[…] La Ley 100 de 1993 establece que el Sistema General de Seguridad Social contenido en dicha ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (artículo 279). Por esta razón, el Legislador expidió la Ley 352 de 1997, mediante la cual reestructuró el Sistema de Salud y dictó otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en la que en su artículo 9º consagra:

“Dirección General de Sanidad Militar. Créase la Dirección General de Sanidad Militar como una dependencia del Comando General de las Fuerzas Militares, cuyo objeto será el administrar los recursos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares e implementar las políticas, planes y programas que adopte el CSSMP y el Comité de las Fuerzas Militares respecto del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares”

Por consiguiente, si bien en términos prácticos puede decirse que la Dirección General de Sanidad Militar, por las funciones que cumple, entre las cuales está la de “Dirigir la operación y funcionamiento del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares” (artículo 10, literal a) de la Ley 352 de 1997), puede compararse con una Empresa o Entidad Promotora de Salud de la que trata el artículo 177 de la Ley 100 de 1993, cuya función básica es la de “organizar, y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del plan de salud obligatorio a los afiliados...”, lo cierto es que la Dirección General de Sanidad Militar es un organismo que pertenece a un sistema de salud especial y por ello, no puede ser catalogada como Empresa Promotora de Salud (EPS) y debe regirse, entonces, por las normas de ese sistema especial que la creó […]”.

Al analizar la Ley 352 de 1997, en específico los artículos 23 a 29, y el Decreto 1795 de 2000 en sus artículos 27 a 35, se distingue el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial y los Planes Complementarios. Los segundos son financiados en su totalidad por el afiliado o beneficiario, porque en principio no deben ser asumidos de forma obligatoria por el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

En virtud de lo anterior, en el régimen de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial, es el equivalente al Plan Obligatorio de Salud que existe en el Sistema General (Ley 100 de 1993 y normas complementarias), razón por la cual sólo se deben suministrar y asumir los costos de los tratamientos que se encuentren en el mencionado Plan de Servicios, a contrario sensu, lo que no se encuentre en éste, en principio, debe ser financiado por la persona interesada.

De la subsidiariedad de la acción de tutela

Con relación a la subsidiaridad, la acción de tutela en principio no puede ser empleada como mecanismo principal y definitivo para resolver controversias sobre las cuales el legislador ha previsto mecanismos especializados y definitivos para su resolución, dentro de los cuales también se garantiza la protección y garantía de los derechos fundamentales.

Una de las principales razones de lo expuesto, es que el legislador teniendo en cuenta determinadas situaciones de hecho y de derecho, y por consiguiente, la naturaleza, ejercicio, garantía y protección de los derechos de las partes, intervinientes y/o de la comunidad en general, ha elaborado acciones y procedimientos judiciales especializados para el mejor proveer de cierto tipo de situaciones, de acuerdo a las directrices de la Constitución Política.

En este sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, ha establecido como causales de improcedencia de la acción de tutela, las siguientes:

“1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.”

De esta manera, se resalta que la Corte Constitucional en varios pronunciamientos ha señalado que la procedencia de esta acción constitucional se encuentra condicionada a la inexistencia o ineficacia de los medios ordinarios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, esta acción, como mecanismo residual y subsidiario, no puede remplazar las figuras procesales destinadas a obtener la satisfacción de sus derechos, ni puede subsanar la incuria o negligencia de las partes en hacer uso de ellas de la manera y dentro de los términos previstos legalmente para ello.

Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que en los casos en que existan medios judiciales de protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela será procedente si el juez constitucional logra determinar que: “[…] (i) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (ii) se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable frente a sus derechos fundamentales; y, (iii) el titular de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección constitucional […]".

Asimismo, la Corte Constitucional ha indicado que el perjuicio ha de ser inminente, por lo que las medidas que se requieren para conjurarlo deben ser urgentes; no basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.

De la procedibilidad de la acción de tutela para ordenar una nueva valoración por parte de la Junta o el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía

La Corte Constitucional, en la sentencia T-507 de 2015, estudió el derecho de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional a obtener una nueva valoración médica, y señaló:

“[…] Derecho de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional a obtener una nueva valoración médica.

22.  El vacío mencionado ha llevado a la Corte Constitucional a pronunciarse sobre la posibilidad de que los soldados retirados sean evaluados después de que el acta de calificación de la junta médica correspondiente está en firme –cuando ésta no se ha controvertido-, o con posterioridad a que se haya expedido el dictamen del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, en circunstancias en las que se demuestre que se ha dado efectivamente una progresividad en lesiones acaecidas en la prestación del servicio y reconocidas por las mencionadas juntas.

[…]

25.  En conclusión, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que el derecho a la seguridad social puede verse eventualmente vulnerado, cuando se niega a los soldados retirados una nueva evaluación, después de que el acta de calificación de la junta médica está en firme –cuando ésta no se ha controvertido-, o con posterioridad a que se haya expedido el dictamen del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, si las enfermedades reconocidas han progresado, afectando los derechos de las personas que prestaron en algún momento sus servicios diligentemente al país.

Lo anterior se fundamenta en los siguientes presupuestos:

• La relación de sujeción en que se encuentran los militares en servicio respecto de la institución, conlleva la obligación a cargo de las Fuerzas Militares de garantizar sus derechos a la salud y a la seguridad social y, en esa medida, realizar los exámenes y evaluaciones necesarias para establecer si sufren una patología y cuál es su gradación.

• A pesar de que la regulación en materia de pérdida de capacidad sugiere que los dictámenes proferidos por las juntas de calificación (que no sean controvertidos) y por el Tribunal de Calificación Militar y de Policía, son irrevocables, la regulación de la calificación de invalidez admite que quienes tienen a su cargo las pensiones de invalidez soliciten la actualización del porcentaje de pérdida de capacidad en cualquier tiempo. En consecuencia, el personal retirado también debe tener la posibilidad de que se produzca una nueva calificación cuando la situación de salud se agrave.

• El carácter irrevocable de los dictámenes realizados por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, se puede desvirtuar ante la consideración del tipo de patología de que se trate y su potencialidad de empeoramiento progresivo.

• El deber de atención diagnóstica a cargo de las Fuerzas Militares es extensivo al personal retirado que no presentó la pérdida de capacidad requerida para que se reconociera su derecho a la pensión al momento de su retiro, pero cuyas patologías presentan un desarrollo incierto y progresivo, de carácter eventual, que no pudo anticiparse al evaluar la pérdida de capacidad en un momento determinado.

• Si con posterioridad a la calificación se encuentran elementos objetivos que evidencien la existencia de una condición patológica atribuible al servicio, que no fue tenida en cuenta en el momento de la evaluación que dio lugar al retiro, o su progresión, hay lugar a practicar un nuevo examen médico.

• El Ejército Nacional tiene la obligación de practicar una nueva valoración médica a los soldados retirados que no acrediten el porcentaje requerido para acceder al derecho a la pensión de invalidez, siempre que (i) exista una conexión objetiva entre el examen solicitado y una condición patológica atribuible al servicio; (ii) se trate de una patología susceptible de evolucionar progresivamente; y (iii) se refiera a un desarrollo nuevo, que no haya sido previsto en el momento del retiro.

El último de estos requisitos no debe ser demostrado exhaustivamente por el peticionario, pues cuando se solicita practicar una nueva valoración el objetivo que se persigue es precisamente determinar médicamente si la patología empeoró. […]” (subrayado fuera del texto original)

Caso concreto

El accionante plantea la vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, a la igualdad, a la dignidad humana, al debido proceso, a la seguridad social y de petición, porque se negó la activación de sus servicios médicos, así como la práctica de una nueva Junta Médica Laboral.

En el expediente se encuentran acreditados los siguientes hechos:

El señor Juan Ángel Moreno Cáceres el 26 de agosto de 2008 sufrió una caída por un precipicio que le generó graves lesiones en la columna, cara, rodillas y tobillo derecho, según informe administrativo por lesión 002 del 30 de agosto de 2008.

En virtud de lo anterior, se llevó a cabo Junta Médica Laboral el 4 de diciembre de 2014, en la cual se profirió el Acta 73673 documento en el que se estableció una pérdida de capacidad del 67,87%. Igualmente, se encontró que el actor en la actualidad recibe asignación de retiro.

El 16 de mayo de 2016 el accionante radicó documento ante la Dirección de Sanidad del Ejército en el cual se indicó lo siguiente:

“[…] comedidamente me dirijo a ustedes con el fin de radicar los siguientes documentos con destino a mi junta médica laboral de retiro así:
-Ficha médica totalmente diligenciada.
-Exámenes de laboratorio clínico.
-Fotocopia historia clínica cefalea crónica traumática.
-Fotocopia de exámenes de neurosicología.
-Fotocopia de cirugía de rodilla izquierda.
-Fotocopia de OAP de retiro.
-Fotocopia de cédula de ciudadanía.
-Examen trauma tobillo derecho. […]”

Posteriormente, el 31 de agosto de 2016 el accionante presentó una nueva solicitud ante la entidad accionada en los siguientes términos:

“[…] respetuosamente solicito las órdenes de conceptos médicos en las especialidades que hayan sido expedidas con base en la ficha médica radicada el día 16 de mayo de 2016, lo anterior lo solicito por este medio ya que me encuentro en el C.R.M. de Facatativá y no me es posible realizarlo personalmente. […]”

En respuesta a la anterior solicitud, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional le indicó al señor Juan Ángel Moreno Cáceres que:

“[…] En atención a su solicitud me permito responderle de fondo, dentro de los términos de la ley 1755 de 2015, que una vez revisado su expediente se evidencia que el solicitante fue retirado con fecha 15 de Julio de 2011, y que el día 04 de Diciembre de 2014 en la ciudad de Bogotá le fue realizada la junta médica definitiva de retiro 73673, notificada personalmente el 29 de Diciembre de 2014.

De acuerdo a lo anterior no es procedente la activación de servicios médicos, teniendo en cuenta que el usuario ya definió la situación médico laboral. […]”

La parte actora allega al expediente de tutela diferentes documentos de interconsultas y solicitudes de procedimientos que se han autorizado y llevado a cabo para atender su situación médica los días 30 de marzo, 8 de julio, 31 de agosto, 27 de septiembre y 6 de octubre de 2016.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F mediante sentencia del 18 de noviembre de 2016 accedió al amparo del derecho a la salud del señor Juan Ángel Moreno Cáceres, y negó las demás pretensiones de tutela, al considerar que el actor tiene derecho a que continúen prestándole los servicios médicos, pero que no hay lugar a practicar una nueva Junta Médica Laboral.

Sobre la prestación de los servicios médicos al accionante

Al respecto, la Sala encuentra probado en el caso bajo estudio que la Dirección de Sanidad del Ejército ha venido prestando los servicios médicos requeridos por el accionante de forma continua, siendo así que se han autorizado diferentes procedimientos y tratamientos de acuerdo a la condición médica del paciente, para lo cual incluso se han ordenado consultas con diferentes especialidades y se han ordenado terapias para el dolor.

Se advierte que, aunque la Dirección de Sanidad del Ejército al responder la solicitud presentada por el actor el 31 de agosto de 2016 le indicó que “[…] De acuerdo a lo anterior no es procedente la activación de servicios médicos, teniendo en cuenta que el usuario ya definió la situación médico laboral. […]”, dicha manifestación hacía referencia propiamente al tema de la práctica de una nueva Junta Médica Laboral, y no, a la continuidad en la prestación de los servicios de salud, pues como ya se indicó, se encuentra acreditado que la entidad ha prestado oportunamente los servicios médicos al actor de acuerdo a las patologías que padece.

Por lo anterior, la Sala no comparte la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se amparó el derecho fundamental a la salud, toda vez que no está probado que la entidad haya negado la prestación de dichos servicios en alguna oportunidad, pues incluso con posterioridad a la expedición de la respuesta brindada por la Dirección de Sanidad del Ejército, se observa que continuó prestándose la atención médica requerida por el accionante.

El principio de la no reformatio in pejus en acciones de tutela

La Sala resalta que en el caso bajo estudio, aunque solo la parte actora impugnó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, hay lugar a revocar el amparo concedido por el a quo, toda vez que en las acciones de tutela no resulta aplicable el principio de la no reformatio in pejus, pues se trata de un mecanismo constitucional en el que el juez está facultado para adoptar las decisiones y medidas que estime necesarias para garantizar la correcta aplicación de la Constitución.

Quiere decir lo anterior, que el juez de segunda instancia en una acción de tutela se encuentra facultado para asumir el conocimiento libremente de la totalidad de los supuestos fácticos y jurídicos planteados al interior del trámite constitucional, incluso cuando solo se impugna la sentencia de primera instancia por una de las partes, ya que la finalidad de este mecanismo es la protección efectiva de los preceptos superiores.

No obstante lo anterior, la Sala resalta que frente al anterior principio constitucional se presenta una excepción, la cual se da cuando el apelante único resulta condenado al pago de una suma de dinero en el fallo de primera instancia. En tal sentido, no puede el juez de la impugnación hacer más gravosa la situación para el obligado frente a este aspecto, toda vez que se trata de asuntos que tienen un impacto netamente económico.

Así las cosas, el juez de segunda instancia puede asumir el conocimiento de la totalidad de los supuestos de hecho y de derecho planteados, salvo cuando el apelante único ha sido condenado al pago de una sanción o suma de dinero, evento en el cual no se podrá modificar para hacer más gravosa dicha condena, pero sí se asumirá el estudio de la situación planteada al juez constitucional frente a los demás aspectos.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-913 de 1998, MP José Gregorio Hernández Galindo, señaló:

“[…] El principio de "no reformatio in pejus" en el proceso de tutela

Antes de entrar al análisis de fondo sobre el litigio planteado, es necesario hacer una primera consideración en torno al tema de la aplicación del principio de "no reformatio in pejus" en materia de amparo constitucional.

En el proceso T-231143, el tribunal de segunda instancia, a pesar de dejar expuesta su desavenencia con la decisión adoptada por el a quo -en cuanto éste tuteló los derechos a la educación y al debido proceso-, alegando aplicación del artículo 31 de la Carta Política optó por limitar la resolución del asunto estrictamente a lo relativo al derecho a la igualdad, en la medida en que la parte demandante, en su condición de apelante único, había impugnado el fallo de primera instancia sólo por este último aspecto.

Al respecto, la Corte debe precisar lo siguiente:

La garantía reconocida en el artículo 31 de la Constitución, según la cual "el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único", no se limita exclusivamente al campo penal, sino que dicha regla se extiende a otras áreas del Derecho. Mediante Sentencia C-055 del 18 de febrero de 1993, la Sala Plena de esta Corporación señaló:

"La norma constitucional habla de 'la pena impuesta', lo cual podría llevar al equivocado concepto de que la garantía sólo cubre el ámbito propio del Derecho Penal, pero esta idea resulta desvirtuada si se observa que el precepto superior considerado en su integridad hace referencia a "toda sentencia", sin distinguir entre los diversos tipos de proceso.  De tal modo que la prohibición de fallar en mayor perjuicio del apelante único cobija a toda clase de decisiones judiciales -salvo las excepciones que contemple la ley- e impide que el juez de segundo grado extienda su poder de decisión a aquellos aspectos de la sentencia apelada que no han sido materia de alzada por la otra o las otras partes dentro del proceso y que, de entrar a modificarse, darían lugar a unas consecuencias jurídicas más graves para el apelante de las que ya de por sí ocasiona la sentencia objeto del recurso".

En cuanto atañe a la aplicación del mencionado principio al proceso de tutela, la Corte ha considerado que, dadas sus características, en particular el singularísimo objeto que la distingue -cual en la protección efectiva de los derechos fundamentales-, no es absoluta.

Si se hace un repaso de lo que sobre el tema en referencia ha sostenido la jurisprudencia constitucional, se encuentra que mediante Sentencia T-138 del 16 de abril de 1993 (M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell) la Sala Segunda de Revisión expresó que no era procedente aplicar el aludido principio habida consideración de los derechos e intereses superiores que a través de la acción de tutela busca la Constitución garantizar.

Dijo la Corte:

"...la figura de la reformatio in pejus no tiene operancia, cuando el juzgador de la segunda instancia revisa la decisión del a quo ni cuando la correspondiente Sala de Revisión de la Corte Constitucional efectúa la revisión ordenada por los Arts. 86, inciso 2o., 241, numeral 9 de la C.N. y 33 del decreto 2591. Sostener lo contrario conduciría a que so pretexto de no hacerse más gravosa la situación del peticionario de la tutela que obtuvo un pronunciamiento favorable en la primera instancia, se pudiese violar la propia Constitución, al conceder una tutela que, como sucede en el presente caso, es a todas luces improcedente." (Cfr. Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-138 del 16 de abril de 1993. M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell)

Este  criterio  fue  reiterado  por la Sala Tercera de Revisión en la Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994 (M.P: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), en la que se dijo:

"La interdicción a la reformatio in peius, se refiere a sentencias condenatorias. En cambio, las sentencias de tutela se contraen, no a imponer una pena, sino a proteger un derecho fundamental cuando quiera resulte violado por una autoridad o un particular, en éste caso si de acuerdo con la ley la tutela es procedente. Tanto los jueces de instancia como la Corte, en sede de revisión, encargados de fijar el contenido y alcance de los derechos fundamentales dentro del contexto fáctico que proyecta el acervo probatorio, no podrían cumplir esa misión si estuvieran atados a lo decidido por el  a quo, que bien ha podido errar en la apreciación de los hechos y, no menos importante, en la correcta definición del derecho fundamental debatido y de su concreta aplicación a la realidad procesal".

Así las cosas, el superior que, a partir de una impugnación considera de nuevo la procedencia de una tutela y los hechos sobre los cuales recae la respectiva solicitud, puede modificar los alcances del fallo, otorgando una protección no concedida o ampliando el amparo de derechos fundamentales también violados o amenazados y a los que no se refirió la sentencia de primer grado, sin que para adoptar cualquiera de esas decisiones se requiera que las dos partes hayan impugnado. Se repite que la decisión de conceder o no una tutela, proteger unos derechos, o negar aspectos o incidencias de un amparo, no implica una pena sino el ejercicio de la actividad judicial concebida justamente para hacer efectivos los derechos fundamentales y protegerlos cuando han sido quebrantados o están sujetos a amenaza. En ese sentido, no podría admitirse que, sobre la base de un inadecuado entendimiento del principio de no reformatio in pejus, el juez de segunda instancia permitiera al demandado continuar violando o amenazando derechos fundamentales por la sola circunstancia de no haberse examinado una determinada perspectiva de los mismos en la primera instancia.

Desde luego, esta Sala ha expresado que, sin perjuicio de lo anterior, la aplicación del postulado constitucional en referencia opera respecto de las "medidas adicionadas a la tutela concedida, que pueden resultar gravosas para la persona o entidad contra quien se ha fallado, como cuando se trata de la indemnización en abstracto (artículo 25 del Decreto 2591 de 1991) o, excepcionalmente, del pago de sumas de dinero" y, por tanto "no puede el juez de segunda instancia -que adquiere competencia sólo a partir de la impugnación y ésta ha sido presentada únicamente por el condenado- hacer más gravosa su situación ordenando indemnizaciones o pagos nuevos"(Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-400 del 22 de agosto de 1996). Pero -claro está- lo entonces expuesto se relaciona con órdenes o sanciones pecuniarias cuya imposición en nada modifica lo concerniente al amparo sino que reprime una conducta procesalmente indebida -del actor o del demandado-, sanciones que sólo surgen en la segunda instancia, siendo impugnante único aquél a quien se aplican. De ninguna manera en tales eventos resulta en controversia lo referente al alcance de la protección de los derechos fundamentales afectados, ni tampoco se discute si ha debido o no concederse la tutela, o en qué medida, pues ella siempre podrá ser mayor en el segundo grado jurisdiccional, independientemente del sujeto que haya ejercido el derecho a impugnar.

En otras palabras, cuando la Corporación ha admitido la viabilidad de la no reforma en perjuicio del apelante único en materia de tutela, la ha restringido al campo ya indicado, es decir, a aquél tipo de condenas que son realmente adicionales y que comportan un aspecto eminentemente económico. Fuera de tales eventos, el juez de segunda instancia es libre de modificar el fallo objeto de impugnación, aunque la decisión que se adopte pueda perjudicar al único apelante, toda vez que, como ya se explicó, lo que se busca es hacer prevalecer los preceptos superiores, la dignidad humana y los derechos básicos de las personas. En esta medida, ha debido la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia asumir plena competencia respecto del fallo proferido por el inferior jerárquico, pues el motivo de la impugnación no era medida alguna nueva ni decisión ajena a la tutela sino la referente al ámbito de ciertos derechos en la circunstancia concreta, es decir, lo relacionado con la cobertura misma del amparo frente a la Constitución. […]”

Sobre la realización de una Junta Médica Laboral para estudiar las patologías del accionante

Ahora bien, en cuanto a la solicitud presentada por el actor, encaminada a que se realice una nueva Junta Médica Laboral, la Sala comparte la decisión adoptada por el a quo, toda vez que al revisar las pruebas allegadas al expediente de tutela, no resulta claro el vínculo entre las patologías que el actor pretende se valoren, y las circunstancias que dieron origen a la pérdida de capacidad laboral del actor, pues de acuerdo a la lectura del informe administrativo por lesión 002 de 2012 y el Acta de la Junta Médica Laboral 73673 del 4 de diciembre de 2014, no se observa que se haya mencionado alguna lesión sufrida por el señor Juan Ángel Moreno Cáceres en la rodilla izquierda y en el tobillo derecho.

Asimismo, tampoco se encuentra acreditado en el presente asunto que la parte actora haya hecho uso de los medios de defensa para controvertir dicha decisión, teniendo en cuenta que era en ese escenario que debía manifestar que no se valoraron las lesiones sufridas en el tobillo derecho y en la rodilla izquierda, para que fuera el Tribunal Médico Laboral el que revisara ese asunto, y no esperar más de 2 años, para presentar dicho argumento a través de este mecanismo constitucional.

De igual forma, no se advierte que el actor haya hecho uso de los mecanismos judiciales de defensa para controvertir la decisión adoptada por la Junta Médica Laboral, con el fin de atacar la legalidad del acta que allí se dictó.

Se señala también que dentro del expediente de tutela no existen pruebas que acrediten la evolución de las lesiones sufridas por el actor, a partir de la cual se pueda concluir que la afectación de la rodilla izquierda y el tobillo derecho se deriva del accidente sufrido mientras se encontraba prestando sus servicios en el Ejército Nacional.

Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante la cual se amparó el derecho a la salud del señor Juan Ángel Moreno, y en su lugar, se negará el amparo invocado por el accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia de 18 de noviembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante la cual se amparó el derecho a la salud del señor Juan Manuel Moreno Cáceres y se ordenó a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que continúe con la prestación de los servicios médicos a favor del actor. En su lugar,

NEGAR el amparo de los derechos invocados por el señor Juan Manuel Moreno Cáceres, teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Envíese copia de esta decisión al despacho de origen.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

De acuerdo a lo consignado en el informe administrativo por lesiones número 002 del 30 de agosto de 2008.
Folios 43-45.
Folios 53-59 reverso.
Folios 69 y 70.
Sentencia T-1036 de 2000, M. P.
Sentencia T-195 de 2011. M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
“Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”.
“Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.
Sentencia SU-111 de 1997 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Corte Constitucional, Sentencia T – 177 de 14 de marzo de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Reiteradamente, en sentencia T-530 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero) se reiteró que “si el dictamen por pérdida de capacidad laboral tiene por objeto, además de fijar el porcentaje, establecer el origen de las patologías que aquejan al examinado que, entre otras, solo puede determinarse a partir de criterios especializados y científicos privativos de los órganos de calificación; es claro que la relación de los padecimientos actuales con la enfermedad original, debe ser establecida por aquellos, en caso de que dicha conexión no sea evidente en sede judicial, o que, por razones apenas comprensibles sobre la ausencia de conocimientos técnicos de quien pretende ser calificado, no sea demostrada. En todo caso, por las razones expuestas, dicha acreditación ante el juez de tutela no puede constituir un criterio del cual dependa la procedencia de una nueva calificación” (Negrillas fuera del texto original)
Folios 14 y 15.
Folios 16-18.
Folio 21.
Folio 20.
Folio 19.
Folios 22-29.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.