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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05331-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05331-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tercero. RECONOCER personería al abogado Henry Alberto González Molina, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 79.450.267 y portador de la tarjeta profesional 75.496 del C.S. de la J., para representar los intereses del Distrito Capital de Bogotá, conforme al poder que obra en el archivo 80 del expediente digital32. Cuarto. RECONOCER personería a la abogada Sandra Patricia Duarte Hernández, identificada con la cédula de ciudadanía 51.997.263 y portadora de la tarjeta profesional 190.461 del C.S. de la J., para representar los intereses de la Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00011 de SAMAI. Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-05331-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-05331-01 (6871-2023)
Demandantes: María Gilma Gómez Sánchez
Demandado: Procuraduría General de la Nación y Distrito Capital de Bogotá

Tema: Nulidad del acto administrativo por violación del debido proceso.
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra de
la sentencia proferida el veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023) por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Maria Gilma Gómez Sánchez instauró demanda en contra de la
Procuraduría General de la Nación y del Distrito Capital de Bogotá, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de la decisión expedida el 7 de julio de 2015 por la
Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá, mediante la cual fue sancionada con
destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años; y de la decisión
expedida el 16 de mayo de 2016 por la Procuraduría Segunda Delegada para la
Contratación Estatal, que confirmó la medida disciplinaria.

3. Como restablecimiento del derecho solicitó que se ordene al Distrito Capital
de Bogotá que la reintegre al cargo que desempeñaba como directora de la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial; y que se ordene a
la Procuraduría General de la Nación el pago de los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir; del 30% de las condenas por los costos que debió asumir para
su defensa; de 100 SMLMV por concepto de perjuicios morales y de 400 SMLMV
por concepto de daño a la vida en relación, debidamente indexados.

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4. De forma subsidiaria, solicitó que se revise la ilicitud sustancial y se modere
la calificación de la falta endilgada, para que en su lugar se modifique la forma de
culpabilidad a culpa leve y, en consecuencia, la sanción se fije en una suspensión.

HECHOS

5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

6. Relató que fue nombrada en el cargo de directora de la Unidad Administrativa
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial el 8 de marzo de 2012 y que, en tal
calidad, el 27 de diciembre de 2013, previa etapa precontractual, suscribió con la
empresa Green Patcher Colombia el contrato nro. 638, celebrado bajo la modalidad
de contratación directa, por la causal de «contratos para desarrollar actividades
científicas y tecnológicas», con el objeto de «[a]plicar la tecnología de parcheo por
inyección a presión neumática para acciones de movilidad en la malla vial de la
ciudad de Bogotá D.C.».

7. Que, derivado de publicaciones en distintos medios de comunicación,
relacionadas con la celebración del referido contrato, el 17 de marzo de 2014 la
Procuraduría abrió una indagación preliminar en contra de funcionarios por
determinar, a la que el 27 de julio del mismo año acumuló la actuación que se
adelantaba ante la Personería Distrital de Bogotá por los mismos hechos.

8. Agregó que el 27 de julio de 2014 se adoptó el procedimiento verbal y se citó
a audiencia, para lo cual se le formularon dos cargos:

(i) Suscribir al parecer de en forma irregular el contrato 638 del 27 de diciembre
de 2013, ya que por la naturaleza del objeto, las obligaciones de las partes,
la forma de pago, los estudios previos, el acto administrativo de justificación,
el texto del contrato y la propuesta presentada, se podía advertir que se
trataba de un típico contrato de obra pública y no de ciencia y tecnología, lo
cual requería de un proceso de licitación pública.

(ii) Suscribir directamente el referido contrato, sin previamente verificar la
evaluación que realizara el 26 de diciembre del 2013, pues al parecer el
contratista no cumplía con la experiencia específica exigida; con lo cual se
desconoció lo exigido por el numeral 1 de la Ley 1150 de 2007 (sic).

9. Que el 7 de julio de 2015, en la decisión disciplinaria de primera instancia, se
declaró desvirtuado el segundo cargo y fue sancionada con destitución e inhabilidad
general por el término de 10 años en relación con el primero; medida que fue
confirmada por la segunda instancia el 16 de mayo de 2016.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

10. Constitución Política: artículo 29; Ley 734 de 2002: artículo 6, 17, 18, 43, 89,
90, 92, 143, 170, 175; Ley 600 de 2000: artículo 310; Decreto Ley 591 de 1991.

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11. Considera que en los actos demandados se incurrió en una vía de hecho por
defecto orgánico, porque la demandada se basó en su propio convencimiento
acerca de la tipología contractual que correspondía al 638, con lo cual la
Procuraduría General de la Nación tomó el lugar de juez del contrato.

12. Con lo anterior también se incurrió en un defecto fáctico, pues la autoridad
dejó de analizar las actuaciones de la Unidad de Rehabilitación para la
estructuración del contrato y, por el contrario, asumió una competencia que no tiene,
porque la declaratoria de legalidad o ilegalidad de un acto le corresponde al juez de
lo contencioso administrativo.

13. Que el defecto fáctico se configuró, además, con ocasión de la indebida
valoración de las pruebas, en la medida en que la autoridad se negó a la práctica
de unas que resultaban fundamentales para entender el funcionamiento de la
tecnología contratada y no se analizó en la forma exigida por la ley el concepto y la
declaración juramentada del abogado Ernesto Matallana Camacho, quien era el
asesor de la Unidad en materia contractual; por el contrario, su dicho fue tachado
de sospechoso y no se le dio la categoría de testigo técnico. Tampoco se le dio valor
probatorio al contrato celebrado entre el referido abogado y el Instituto de Estudios
del Ministerio Público.

14. Que se incurrió en un defecto material o sustantivo, porque es la misma
Procuraduría quien define lo que ha de entenderse por «transferencia de
tecnología», con lo que se apartó del Decreto 591 de 1991 e incluyó en los actos
cuestionados requisitos para la contratación que no están en la ley, ni en las
circulares de COLCIENCIAS. En ese sentido, desconoció que el objeto contractual
no impedía que se tratara de un contrato de ciencia y tecnología.

15. Agregó que se configuró un defecto procedimental, pues no se notificó el auto
que abrió la indagación preliminar. Que aunque se abrió en contra de funcionarios
por identificar, de la información conocida por medios de comunicación y de las
pruebas recaudadas en la visita especial, ya se sabía que ella era la directora de la
Unidad de Rehabilitación. Por tanto, no poner en su conocimiento dicha providencia
constituyó una irregularidad sustancial que afectó su derecho al debido proceso.

16. Que el defecto procedimental también se derivó de la aplicación del trámite
verbal cuando correspondía el ordinario, pues la demandada aludió al inciso 3 del
artículo 175 de la Ley 734 de 2002, el cual no resultaba aplicable, pese a invocar el
contenido del inciso 4, lo que se traduce en un error sustancial, pues son dos formas
distintas de aplicar el procedimiento verbal.

17. Señaló que se desconocieron las garantías mínimas del debido proceso
porque se tuvo en cuenta un concepto de COLCIENCIAS que fue posterior a la
celebración del contrato 638; que la argumentación de las decisiones es
contradictoria, porque contiene consideraciones que no corresponden al tipo
disciplinario imputado, pues aunque se habla de la elusión del procedimiento de
selección, se reprocha la indebida sustentación de la causal de contratación directa;
y que la sanción impuesta no resultó proporcional, porque la forma de culpabilidad
se sustentó sobre la ausencia de una solicitud de concepto a COLCIENCIAS y se
dejó de lado que su actuación se sometió a la Constitución y la Ley.

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TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

18. La demanda fue admitida el 16 de enero de 20171. Las demandadas se
opusieron a las pretensiones:

19. El Distrito Capital de Bogotá manifestó que los hechos y pretensiones que
originan la controversia no son su responsabilidad, pues lo que se pretende es que
se declare la nulidad de unos actos expedidos por la Procuraduría General de la
Nación. Por ello, en el presente caso se configura la falta de legitimación en la causa
por pasiva2.

20. La Procuraduría General de la Nación afirmó que si bien el Consejo de
Estado ha expresado que el juez de lo contencioso administrativo ejerce un control
de legalidad amplio sobre los actos sancionatorios, esto no significa que pueda
desconocerse que estos se expiden por funcionarios competentes, con apego a la
constitución y la ley y, en ese sentido, el juez no puede convertirse en una tercera
instancia disciplinaria.

21. En relación con la competencia de la entidad para demandar el contrato 683
de 2013, lo que según la demandante debió hacer en lugar de adelantar el
procedimiento sancionatorio, manifestó que su actuación se circunscribió al ejercicio
de la potestad disciplinaria, de lo que se encontró que la señora Gómez Sánchez
incurrió en la falta gravísima contemplada en el artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002,
lo que se evidenció en las irregularidades en la celebración del citado contrato;
actuación que no implicó juzgar la legalidad de dicho negocio.

22. Que el auto de apertura de indagación preliminar no debía notificarse a la
demandante, pues esta etapa se abrió por dudas respecto de quiénes eran los
sujetos disciplinables, en los términos del artículo 150 del Código Disciplinario
Único, lo que no implica un desconocimiento de derecho al debido proceso, en la
medida en que cuando se citó a audiencia y se formularon los respectivos cargos,
las disciplinadas, incluida la señora Gómez Sánchez, tuvieron la oportunidad de
presentar descargos y solicitar y aportar las pruebas que consideraran pertinentes.

23. Agregó que la aplicación del procedimiento verbal se fundamentó en lo
señalado en el inciso 4 del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, pues, llegado el
momento de resolver sobre la apertura de la investigación disciplinaria, estaban
dados los requisitos para proferir pliego de cargos; lo que no resultó repentino,
arbitrario o lesivo del debido proceso.

24. Que la valoración probatoria se sujetó a las reglas de la sana crítica y si se
negó la práctica de algunas pruebas, fue porque no resultaban conducentes ni
pertinentes; además, sobre los testigos escuchados se advirtió un alto grado de
sospecha en virtud de su cercanía con las disciplinadas, pues eran compañeros de
trabajo o subalternos. Respecto del concepto de COLCIENCIAS, este permitió

1 Véase archivo «37_ED_03_AUTO_ADMITE», disponible en «ED_DEMANDA_25000234200020160533(.zip),

visible en el índice 00002 de SAMAI.
2 Véase archivo «40_ED_06_CONTESTACION_DIST», disponible en
«ED_DEMANDA_25000234200020160533(.zip), visible en el índice 00002 de SAMAI.

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entrever que lo buscado por la Unidad de Rehabilitación era la realización del
reparcheo de la malla vial antes que la implementación de nuevas tecnologías, lo
que significaba que el contrato 638 de 2013 era típicamente de obra y debió
acudirse a la licitación pública para seleccionar a su ejecutor.

25. Señaló que COLCIENCIAS era la entidad competente para emitir conceptos
relacionados con la modalidad de contratación directa elegida por la entidad y que
la demandante debió acudir a dicho organismo y no quedarse únicamente con el
concepto del abogado Matallana Camacho, que, por demás, resultó incompleto.

26. Que la sanción impuesta resultó proporcional en la medida en que se sujetó
a los parámetros de las normas disciplinarias y que a la demandante le corresponde
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos cuestionados, carga que no se ha
cumplido en este caso3.

27. Se celebró audiencia inicial el 21 de mayo de 20194, en la cual se fijó el litigio,
se incorporaron pruebas documentales y se decretó la práctica de un dictamen
pericial solicitado por la demandante. Cumplido lo anterior, por auto del 31 de agosto
de 2022 se cerró el periodo probatorio y se corrió traslado a las partes para que
alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto5; luego
de lo cual se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la
demandante.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

28. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del
veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)6, negó las pretensiones, tras
concluir que no se configuró ninguno de los vicios alegados por la demandante, esto
es, no existió defecto procedimental, ni fáctico, no se vulneraron sus derechos
fundamentales, la demandada analizó todos los medios de convicción, la sanción
resultó proporcional y las decisiones no incurrieron en contradicciones.

29. Que el artículo 150 de la Ley 734 de 2002 dispone la apertura de la
indagación preliminar en caso de duda sobre la identificación e individualización del
posible autor de la conducta disciplinable y, en esa medida, la ausencia de
notificación del auto del 17 de marzo de 2014 a la demandante no vicia la actuación,
porque dicha etapa no se estaba adelantando en su contra.

30. Señaló que la demandada acudió al procedimiento verbal con fundamento en
la norma pertinente del Código Disciplinario Único, pues según el inciso final del
artículo 175 si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de la
investigación se satisfacen los requisitos para formular pliego de cargos, lo
procedente es citar a audiencia, lo que descarta la configuración de un defecto

3 Véase archivo «41_ED_07_CONTESTACION_PROC», disponible en
«ED_DEMANDA_25000234200020160533(.zip), visible en el índice 00002 de SAMAI.
4 Véase archivo «52_ED_18_ACTA_AUDIENCIA_IN», disponible en
«ED_DEMANDA_25000234200020160533(.zip), visible en el índice 00002 de SAMAI.
5 Véase archivo «85_AUTOQUECONCEDETERMINOPARAALEGATOSDECONCLUSION», disponible en

«ED_DEMANDA_25000234200020160533(.zip), visible en el índice 00002 de SAMAI.
6 Véase archivo «100_SENTENCIA», disponible en «ED_DEMANDA_25000234200020160533(.zip), visible en

el índice 00002 de SAMAI.

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procedimental.

31. Agregó que la decisión sancionatoria se soportó en el análisis del material
probatorio recaudado, que dio cuenta de la ocurrencia de la falta disciplinaria
gravísima del artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002, como consecuencia de las
irregularidades advertidas en el trámite del contrato 638 de 2013, celebrado con la
sociedad Green Patcher Colombia S.A.S., con el objeto de «(…) aplicar la
tecnología de parcheo por inyección a presión neumática para acciones de
movilidad en la maya vial de la ciudad de Bogotá D.C. (…)», pues la Unidad de
Rehabilitación consideró que se trataba del desarrollo de actividades científicas o
tecnológicas, pero la autoridad disciplinaria encontró que lo contratado correspondía
a una típica obra, para cuya adjudicación debió acudirse a la licitación pública.

32. Que ambas instancias disciplinarias concluyeron, con el debido soporte
probatorio, que la única finalidad del citado contrato fue el reparcheo de los huecos
de la ciudad, cosa que no es más que el mantenimiento de la malla vial y que, si
bien no era del caso analizar la legalidad del referido negocio, convenía precisar
que los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas tienen
una regulación especial en el Decreto Ley 591 de 1991, sumado a que en la Circular
Externa nro. 6 del 27 de septiembre de 2013, expedida por la Agencia Nacional de
Contratación Pública Colombia Compra Eficiente se especificaron, de acuerdo con
la ley, las actividades que corresponden a ciencia, tecnología e innovación y se dijo
que las dudas al respecto las debía resolver COLCIENCIAS.

33. Que, en ese orden, el concepto de COLCIENCIAS del 11 de febrero de 2014
sirvió como fundamento para determinar que la actividad contratada no era de
aquellas catalogadas como de ciencia y tecnología; pero que esto no significa, como
erradamente lo sostiene la demandante, que esto condicione la celebración del
contrato estatal.

34. Respecto de las pruebas testimoniales, destacó que los abogados Ernesto
Matallana Camacho y Luis Carlos Vásquez Torres fungieron como asesores de la
entidad en la estructuración del contrato 638 de 2013 y, por ello, no podía
otorgárseles la calidad de testigos técnicos y que, en cuanto a las pruebas que no
se decretaron, las disciplinadas interpusieron los correspondientes recursos.

35. Que en la actuación disciplinaria se desarrolló con estricto apego al debido
proceso, sin que se advirtiera ninguna contradicción en la motivación de las
decisiones y que la medida sancionatoria se fijó en los términos de la Ley 734 de
2002.

36. Condenó en costas a la demandante.

RECURSO DE APELACIÓN

37. La demandante7 interpuso recurso de apelación, en el cual señaló que los
actos demandados deben declarase nulos, porque se expidieron con

7 Véase archivo «103_Recurso demandante», disponible en «ED_DEMANDA_25000234200020160533(.zip),

visible en el índice 00002 de SAMAI.

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desconocimiento del principio de igualdad ante la ley, pues la autoridad disciplinaria
excluyó a quienes participaron, intervinieron, determinaron y concurrieron en la
elaboración de la fase precontractual y contractual del contrato 638 de 2013.

38. Además, se desconoció el debido proceso y, en esa medida, el artículo 8 de
la Convención Americana de Derechos Humanos, porque quien investigó fue el
mismo funcionario que juzgó y tomó la decisión de primera instancia; sumado a ello,
no se tuvieron en cuenta sus argumentos de defensa, lo que reduce el derecho de
contradicción, máxime porque en los demás procedimientos adelantados en su
contra sí prevalecieron sus manifestaciones.

39. Que la demandada desatendió los conceptos jurídicos, técnicos y de
conveniencia que fundaron la celebración del contrato 638 de 2013 y de forma
sesgada afirmó que se suscribió un contrato de obra y no otorgó el valor de testigos
técnicos a quienes declararon, tras argumentar que su participación en la
elaboración de los estudios y documentos previos les restaba objetividad e
imparcialidad, manifestación que compartió el Tribunal y que resulta abiertamente
inconstitucional.

40. Que la sentencia apelada rompe cualquier noción de imparcialidad, pues el
magistrado ponente tenía conocimiento de una ampliación de sus alegatos de
conclusión, en los que se destacaba la intervención del Ministerio Público en el
proceso penal seguido en su contra, quien cambió la posición respecto de la forma
en que se celebró el contrato 638. En esa ampliación de los alegatos, manifestó
además que la actuación disciplinaria nació parcializada, porque la constante
publicación en medios acerca del tema vició la objetividad de la demandada.

41. Agregó que desechar en todas las instancias el testimonio del abogado
Matallana Camacho representó una actitud parcializada, pues el juez de lo
contencioso administrativo se limitó a repetir lo dicho por la Procuraduría, con lo que
olvidó que dicha entidad tenía instrucciones de desacreditar a la administración
distrital.

42. Señaló que la sentencia apelada inicia anunciando la negativa a las
pretensiones, sin haber realizado las consideraciones y sin exponer las razones de
la decisión, lo que evidencia un prejuzgamiento. Que en el trámite disciplinario se
ignoró que el Distrito no perdió dinero ni se tramitó proceso de responsabilidad fiscal
y que el Tribunal de Cundinamarca se limitó a una revisión «cosmética», no
sustancial, del trámite disciplinario.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

43. El 3 de noviembre de 20238 fue admitido el recurso de apelación. En esta
providencia se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la
decisión el proceso ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes
presentaran solicitud probatoria y se indicó que el Ministerio Público podía emitir su
concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.

8 Véase índice 00004 de SAMAI.

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44. El Distrito Capital de Bogotá9 reiteró que no se encuentra legitimado en la
causa por pasiva; no obstante lo cual dijo que en la sentencia apelada se estudiaron
todos los cargos formulados por la demandante y que la decisión de negar las
pretensiones no implica la violación o el desconocimiento de las disposiciones del
derecho disciplinario, como parece entenderlo la apelante. Además, que las
consideraciones que sirven a la actuación penal no necesariamente afectan la
actuación disciplinaria, pues esta es autónoma de cualquier otra que surja de la
comisión de la falta, sin dejar de lado que el concepto del Ministerio Público en el
trámite penal no constituye un medio de prueba que se pudiera trasladar.

45. La demandante, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio
Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

46. Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

47. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia apelada debe revocarse
porque, en términos del apelante, no se realizó un análisis sustancial de la actuación
disciplinaria; y que por el contrario, se incurrió en actuaciones parcializadas,
reflejadas en el «prejuzgamiento» y en la reiteración de los argumentos contenidos
en los actos demandados. En punto a estos últimos, se deberá examinar si se
lesionó el debido proceso, en virtud de (i) la autoridad que los expidió, (ii) la
exclusión de otros funcionarios y (iii) la decisión sobre la valoración de las pruebas
testimoniales.

48. Con el anterior propósito, esta providencia se referirá al desconocimiento del
debido proceso como causal de nulidad de los actos administrativos, luego de lo
cual abordará el caso concreto.

Nulidad del acto administrativo por desconocimiento del debido proceso

49. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011,
los actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.

50. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los
artículos 13710 y 13811 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales
es posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma

9 Véase índice 00009 de SAMAI.
10 Del medio de control de nulidad.
11 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

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irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.

51. Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad de
un acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso,
teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta garantía se
aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.

52. Esta Corporación ha precisado que el debido proceso, además de constituir
un límite al ejercicio del poder público, constituye un mecanismo para proteger los
derechos de los ciudadanos y, en el ámbito administrativo, implica el deber de los
agentes del Estado de aplicar los procedimientos legalmente establecidos en el
curso de cualquier actuación administrativa, de tal manera que quienes puedan
resultar afectados con sus decisiones cuenten con las garantías procedimentales y
sustanciales que les brinda el ordenamiento jurídico12.

53. En atención a lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad
por su desconocimiento, se examinan elementos formales y sustanciales en la
formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el
artículo 29 constitucional: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se
adelante por el competente, (ii) que permita la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (vi) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
forma y que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas 13; y
b) en sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el principio de favorabilidad
siempre que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado
se presuma inocente.

54. La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del
derecho al debido proceso14 puede predicarse tanto de las providencias judiciales
como de los actos administrativos y que esta se concreta en los distintos defectos
identificados por la jurisprudencia constitucional: (i) orgánico (falta de competencia
de la autoridad que lo expide); (ii) procedimental absoluto (la actuación se adelantó
al margen del procedimiento); (iii) fáctico (absoluto desconocimiento de lo probado
en el trámite); (iv) material o sustantivo (la autoridad aplicó normas inexistentes,

12 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-

33-000-2014-02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
13 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Exp. 05001-23-31-000-2000-02324-

01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
14 Cabe destacar que esta Corporación ha precisado que la irregularidad que vicia el acto administrativo es la

sustancial, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional: «Una irregularidad acaecida en el curso de un
procedimiento administrativo se considera como sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que culmina
con la actuación administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir, que de no
haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un
sentido sustancialmente diferente. Por el contrario las irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto
discutido, esto es, que de no haber ocurrido, la decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la
relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso
administrativo, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos» Cfr. Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-
02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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inconstitucionales, ilegales o que no resultaban aplicables al caso concreto o que
se interpretaron de una manera irrazonable) (v) error inducido o vía de hecho por
consecuencia (se adoptó una decisión contraria a derecho por causa de la actuación
engañosa de un tercero); (vi) falta de motivación (el acto no expresó las razones
fácticas y jurídicas que lo fundamentaban); (vii) desconocimiento del precedente
constitucional vinculante; y (viii) violación directa de la Constitución15.

Caso concreto

55. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria 16, la Sala destaca
que:

• El 17 de marzo de 2014 la Procuraduría Segunda Distrital ordenó la apertura de
una indagación preliminar en contra de funcionarios por establecer de la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá D.C.,
con fundamento en las publicaciones de distintos medios de comunicación que
daban cuenta de presuntas irregularidades en la celebración del contrato 638
del 27 de diciembre de 2013, celebrado con la sociedad Green Patcher Colombia
S.A.S. para tapar los huecos de la malla vial de la ciudad17.

• Por auto del 21 del mismo mes y año se incorporó a la actuación el trámite
disciplinario adelantado ante la Personería de Bogotá, que también se
encontraba en etapa de indagación preliminar18.

• El 27 de junio de 2014 se adoptó el procedimiento verbal y se citó a audiencia a
varias funcionarias de la Unidad Administrativa de Rehabilitación y
Mantenimiento Vial. En lo que concierne a la señor Maria Gilma Gómez
Sánchez, la autoridad disciplinaria le formuló dos cargos:

(i) «(…) suscribió, al parecer, en forma irregular, mediante la modalidad de
contratación directa, el día 27 de diciembre de 2013, el CONTRATO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA No. 638 con la Empresa (sic) GREEN PATCHER
COLOMBIA SAS, por un valor de $11.822.552.148. El objeto de dicho contrato
suscrito de manera directa, consistió en “APLICAR LA TECNOLOGÍA DE
PARCHEO POR INYECCIÓN A PRESIÓN NEUMÁTICA PARA ACCIONES DE
MOVILIDAD EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”.

Por la naturaleza real del objeto a contratar, las obligaciones de las partes, la
forma de pago estipuladas en los estudios previos de fecha 26 de diciembre de
2013, el acto administrativo de justificación del 27 de diciembre de 2013, el
contrato mismo de la misma fecha, y la propuesta del contratista, encuentra este
Despacho que se trata de un típico contrato de obra pública y no de ciencia y
tecnología, lo cual requiere inminentemente de un proceso de licitación pública.

15 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Sentencia T-076

de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, analizados como causales específicas de la acción de tutela contra
providencias, cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
16 Los distintos cuadernos y anexos obran en el enlace https://etbcsj-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/scs02sb05tadmincdm01_notificacionesrj_gov_co/EuUMVAWDMlJCqlyS8704
tiEBqADVq1TaPXVvd0KuyobKrA?e=4AyfI0, disponible en el archivo «81_ED_LINK_CAJAS», visible en
«ED_DEMANDA_25000234200020160533(.zip), en el índice 00002 de SAMAI. En adelante, se entenderá que
las referencias al expediente disciplinario incluyen la ruta descrita.
17 Véanse páginas 1 a 3 del archivo «CUADERNO 1», disponible en la carpeta «CAJA NRO. 1».
18 Véanse páginas 77 a 79 del archivo «CUADERNO 1», disponible en la carpeta «CAJA NRO. 1». El auto

mediante el cual la Personería Distrital abrió la indagación preliminar se encuentra en las páginas 31 a 37 del
archivo «ANEXO No. 1», disponible en la carpeta «CAJA No. 2».

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Es por ello que se vislumbra, al parecer, una conducta evasiva del proceso de
selección objetiva del contratista, a través de la licitación pública; pues si
participó en la etapa precontractual y contractual no debía la doctora GOMEZ
SANCHEZ, en su calidad de servidora pública distrital, desconocer de ninguna
forma los principios legales previstos en la ley (sic) 80 de 1993, esto es,
transparencia, responsabilidad y selección objetiva que regulan la actividad
contractual, moralidad, responsabilidad y selección objetiva que regulan la
función administrativa» (mayúsculas en el texto original).

(ii) (…) suscribió directamente el Contrato de Ciencia y Tecnología No. 638 del 27
de diciembre de 2013 con el Contratista-Green Patcher Colombia SAS, sin
previamente verificar la evaluación efectuada el 26-12-2013, pues al parecer NO
cumplía con la experiencia específica exigida al proponente Green Patcher
Colombia SAS, tanto en el numeral 6. REQUISITOS HABILITANTES 6.1.1.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA de los Estudios Previos de fecha 26 de diciembre
de 2013, así como en el numeral 3.2.4, EXPERIENCIA ESPECÍFICA EXIGIDA,
del Acto Administrativo de Justificación de la Contratación Directa (sic) de fecha
27 de diciembre del mismo año en lo referente a la expediente de los socios de
la persona jurídica y en un porcentaje inferior al valor equivalente al 100% del
presupuesto convertido a dólares a la tasa representativa del dólar el día de
presentación de la propuesta; desconociendo con su conducta lo exigido por el
artículo 5 numeral 1 de la Ley 1150 de 2007» (subrayas y mayúsculas en el texto
original).

En los tres casos se determinó que con el comportamiento descrito se incurrió
en la falta disciplinaria tipificada en el artículo 48 numeral 31 de la Ley 734 de
2002 y la forma de culpabilidad se fijó provisionalmente como culpa gravísima19.

• El 7 de julio de 2015 se expidió la decisión disciplinaria de primera instancia. En
esta se declaró desvirtuado el segundo cargo formulado, tras considerar, con
fundamento en las intervenciones del apoderado de la señora Gómez Sánchez,
que en efecto existía una contradicción, pues la irregularidad endilgada respecto
del primer cargo implicaba, ciertamente, el riesgo de lesionar la garantía de non
bis in idem, porque si la modalidad de selección escogida era errónea, las demás
irregularidades estarían subsumidas en la falta que por dicha situación se
endilgó.

Respecto del primer cargo, ratificó la calificación gravísima de la falta y de la
culpa gravísima como elemento subjetivo de la responsabilidad. Al respecto,
señaló que el objeto del contrato 638 de 2013 correspondía a una típica obra
pública y que, en consecuencia, tras la participación de la disciplinada en las
etapas precontractual y contractual, se habría eludido el procedimiento de
selección que se debía aplicar, lo que representaba la lesión de los principios de
transparencia, responsabilidad y selección objetiva.

Se refirió a las pruebas documentales y testimoniales y señaló que su análisis
apuntaba a responsabilizar disciplinariamente a la señora Gómez Sánchez. Dijo
que los argumentos de su apoderado no resultaban contundentes, pues lo cierto
es que quedó acreditado que la causal elegida para contratar con Green Patcher
Colombia S.A.S. no se sustentó en el sentido de precisar en qué consistía esa

19 Véanse páginas 149 a 254 del archivo «CUADERNO 1», disponible en la carpeta «CAJA NRO. 1». La

formulación de cargos del demandante, en las páginas 155 a 187.

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transferencia tecnológica por aplicación de la tecnología extranjera ofrecida,
pues en los documentos precontractuales se acudió al numeral 5, artículo 2 del
Decreto Ley 951 de 1991 para justificar la modalidad de selección.

Que la investigación disciplinaria dejó en evidencia que la Unidad de
Rehabilitación no tenía el dominio total sobre la tecnología, pues las máquinas
para el llenado eran de propiedad exclusiva de Green Patcher, de tal forma que
la entidad no podía aplicar la mezcla asfáltica en frío por sus propios medios;
sumado a ello, el contrato tuvo por única finalidad el reparcheo de los huecos de
la ciudad, mediante la aplicación de una mezcla en frío, lo que no es nada distinto
de realizar mantenimiento de la malla vial.

Esto implica que no se cumplieron los presupuestos para acudir a la contratación
directa para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, sino que el
objeto se adecuaba a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, lo que
inclusive se puede advertir en el análisis de la propuesta presentada por Green
Patcher Colombia S.A.S.

En punto al concepto del abogado Matallana Camacho, dijo que si bien no se
desconoce su trayectoria ni su rol como asesor contratista de la Unidad de
Rehabilitación, lo cierto es que su dicho no podía aceptarse, pues su experticia
radica en aspectos jurídicos; pero lo que técnicamente debía entenderse como
un contrato para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas debía
consultarse con COLCIENCIAS. Esto, sin dejar de lado que por sus actividades
y cercanía con la disciplinada, se trataba de un testigo sospechoso20.

• La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, en la decisión
de segunda instancia, expedida el 16 de mayo de 2016 confirmó lo anterior.
Destacó que el problema jurídico que se debía resolver consistía en determinar
si el contrato 638 del 27 de diciembre de 2013 correspondía o no a uno de ciencia
y tecnología, pues de otro modo, al tratarse de una típica obra pública, se habría
eludido el procedimiento para seleccionar al contratista.

Se refirió a la necesidad que la Unidad de Rehabilitación quiso satisfacer con la
suscripción del mencionado contrato y advirtió que esta no podía ser
«implementar una tecnología» ni el «gestionamiento (sic) de la actualización
tecnológica de la maquinaria y equipos», porque si bien estas constituían
funciones de la Dirección General de la entidad, no guardaban relación con el
objeto contratado, porque lo que se buscaba era realizar el reparcheo de las vías
para mejorar la movilidad.

También analizó la normativa aplicable a la celebración de los contratos para el
desarrollo de actividades científicas y tecnológicas y encontró que corresponde
a COLCIENCIAS la función de orientar a las entidades del Estado en esa
materia, lo que reforzó con la Circular nro. 6 del 27 de septiembre de 2003,
expedida por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente,

20 Véanse páginas 157 a 463 del archivo «CUADERNO 4», disponible en la carpeta «CUADERNO 4» de la

«CAJA No. 2». El análisis respecto del primer cargo formulado a la demandante, en las páginas 290 a 351.

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misma que, según se encontró probado, fue sustento para la estructuración del
contrato 638 de 2013.

Que del análisis de la reunión del comité de contratación del 20 de diciembre de
2013, se destacaban las dudas que sus integrantes tenían respecto de la forma
de contratar con Green Patcher Colombia, lo que debió llevar a la disciplinada a
no quedarse con el dicho de su asesor contratista.

En cuanto al elemento subjetivo de la responsabilidad, dijo que no podía
admitirse una exclusión en este sentido, fundada en el error invencible, porque
justamente la culpa gravísima supone que la funcionaria desatendió de manera
elemental las reglas de obligatorio cumplimiento, pues debió realizar previa y
prudentemente las consultas y averiguaciones legales necesarias y, en ese
sentido, acudir a la entidad que tenía la competencia para brindar orientaciones
al respecto, lo que implicó una violación del deber objetivo de cuidado21.

56. La apelante considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca obró
de manera parcializada, que solo analizó de manera formal la actuación
disciplinaria, que desechó sin argumentos el testimonio del abogado Matallana
Camacho y que incurrió en un prejuzgamiento en la sentencia.

57. La Sala no advierte que al proferir el fallo se hubiese incurrido en alguna de
las situaciones que destaca la señora Gómez Sánchez. Por el contrario, en la
sentencia apelada se realizó un control integral de la actuación disciplinaria, que
implica el análisis de los elementos formales y sustanciales del trámite y, de manera
acertada, se concluyó que ni los actos sancionatorios ni el procedimiento que los
precedió estuviesen viciados en el sentido expuesto en la demanda.

58. Otra cosa es que la demandante no comparta las razones por las cuales el
juez de primera instancia no accedió a sus pretensiones; pero ello, lejos de constituir
una irregularidad de la providencia, es precisamente lo que implica la interposición
del recurso de apelación.

59. Tampoco es de recibo la manifestación según la cual el Tribunal incurrió en
un prejuzgamiento. Dicha afirmación desconoce que la providencia es una unidad y
pretende descalificar la metodología de la autoridad judicial, porque olvida que la
normativa contenida en la Ley 1437 de 2011 consagra un trámite que pasa por la
fijación del litigio, el decreto y práctica de pruebas y la intervención de las partes y
que solo al término de las distintas etapas el juez cuenta con los elementos de juicio
para definir la prosperidad o no de lo pretendido. En ese sentido, que la tesis de la
sentencia se exponga al principio o al final del texto hace parte de la forma como el
juez, en su autonomía, aborda metodológicamente la discusión.

60. En cuanto a la omisión en la valoración de lo que se denominó una
«ampliación de los alegatos de conclusión», cabe destacar que dicho memorial fue
presentado luego de vencido el término para alegar de conclusión. Inclusive, el

21 Véanse páginas 690 a 764 del archivo «CUADERNO 4», disponible en la carpeta «CUADERNO 4» de la

«CAJA No. 2».

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expediente ya se encontraba en el Despacho del magistrado sustanciador 22. Con
todo, no puede dejarse de lado que la actuación disciplinaria es autónoma de
cualquier otra que se pueda desplegar con ocasión del comportamiento de un
servidor público y en esa medida las resultas de un trámite penal en modo alguno
comprometen ni condicionan las decisiones sancionatorias de cualquier naturaleza
y menos tienen injerencia en el estudio que el juez de lo contencioso administrativo
realiza respecto de la legalidad de los actos administrativos.

61. De manera que, en lo que al fallo apelado se refiere, no existen elementos
que lleven a la Sala a concluir que se debe revocar. Tampoco los hay en relación
con el contenido de los actos demandados. Sobre este punto, la apelante afirma
que se desconoció el derecho a la igualdad y al debido proceso. El primero, porque
la actuación no se siguió en contra de otros funcionarios; el segundo, porque el
instructor fue el mismo que decidió la primera instancia, no tuvo en cuenta sus
argumentos, desatendió los distintos conceptos que permitieron la estructuración
del contrato y prevaleció el criterio de la autoridad disciplinaria.

62. Los argumentos relacionados con el principio de igualdad y con la ausencia
de separación entre instructor y juzgador no hicieron parte del debate surtido ante
la primera instancia, ni fueron objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. En ese sentido, se trata de elementos nuevos que
sorprenden en esta instancia al extremo demandado.

63. Así las cosas, de estos reproches solo se dirá lo siguiente: en punto al
quebrantamiento del principio de igualdad, no puede olvidarse que la
responsabilidad disciplinaria es personal, lo que implica que cada servidor público,
de manera individual, puede ser investigado si se advierte su posible incursión en
una conducta sancionable. En sentido contrario, significa que el hecho de no incluir
a todos los posibles implicados en un trámite no lleva a que de este pueda
predicarse un vicio.

64. Lo anterior, sin dejar de lado que la Procuraduría Distrital, en la decisión del
7 de julio de 2015 ordenó la compulsa de copias para que (i) se investigara a los
demás servidores que participaron en la reunión del comité de contratación del 20
de diciembre de 201323 y (ii) para que se investigara a quienes participaron en la
decisión de prorrogar el contrato 638 de 201324.

65. En relación con el presunto quebrantamiento del artículo 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, situación que podría representar un vicio en
la competencia de la autoridad disciplinaria y, por esa vía, la posible lesión del
debido proceso por la configuración de un defecto orgánico, basta con decir que la
estructura del trámite disciplinario contenida en la Ley 734 de 2002, normativa
aplicable a la apelante por la fecha en que ocurrieron nos hechos, no previó la
separación de las fases instructiva y de juzgamiento, propias del trámite de primera
instancia.

22 Al respecto, véanse los índices 00112 a 00114 del radicado 25000234200020160533100.
23 Véanse páginas 319 y 462-463 del archivo «CUADERNO 4», disponible en la carpeta «CUADERNO 4» de la

«CAJA No. 2».
24 Véanse páginas 319 y 463 del archivo «CUADERNO 4», disponible en la carpeta «CUADERNO 4» de la

«CAJA No. 2».

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66. Si bien dicha separación tuvo lugar con la expedición de la Ley 2094 de 2021,
que modificó el artículo 12 de la Ley 1952 de 2019, como una forma de adecuar el
trámite disciplinario a las exigencias y lineamientos del bloque de constitucionalidad,
no significa que, en retrospectiva, el trámite de la primera instancia disciplinaria
resulte lesivo de los derechos de la apelante, entonces investigada, pues en su
reproche deja de lado el deber de la autoridad de actuar con apego a los principios
constitucionales y a los consagrados en el artículo 94 de la Ley 734 de 200225.

67. La apelante también manifiesta que la autoridad disciplinaria no tuvo en
cuenta sus argumentos de defensa, lo cual, además de constituir una aseveración
genérica, se desvirtúa si se tiene en cuenta que, inclusive, lo expuesto por su
apoderado llevó a que en la decisión del 7 de julio de 2015 se desvirtuara el segundo
cargo formulado. Sobre lo demás, una cosa es que su estrategia de defensa no
resultara victoriosa y otras que en la motivación de las decisiones sancionatorias la
demandada no hubiese examinado sus intervenciones.

68. En los actos demandados, como bien lo advirtió el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el análisis probatorio fue integral. La demandada analizó el
procedimiento que llevó a la Unidad de Rehabilitación a celebrar el contrato 638 de
2013 y concluyó que con ello se eludió el procedimiento de selección que se debía
aplicar, en virtud de las características del objeto a contratar y la cuantía a
comprometer. De manera que no se ignoraron los conceptos técnicos, jurídicos y
de conveniencia; por el contrario, fue su estudio lo que llevó a que se ratificara que
la señora Gómez Sánchez incurrió en un comportamiento disciplinable.

69. Cabe recordar que la demandante fue sancionada porque, con su
comportamiento, incurrió en la falta disciplinaria del artículo 48, numeral 31, de la
Ley 734 de 2002: «[p]articipar en la etapa precontractual o en la actividad
contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa
contemplados en la Constitución y en la ley». Esto, en la medida en que con su
participación en la estructuración del procedimiento de contratación directa bajo la
causal de «contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas»
desconoció los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva.

25 Respecto de esta cuestión, cabe destacar que la Corte Constitucional, al analizar un reparo similar,
relacionado con la ausencia de separación de la instrucción y juzgamiento en las disposiciones de la Ley 1123
de 2007 (Por la cual se establece el Código Disciplinario del abogado), señaló: «93. (…) esta Sala Plena
evidencia, con fundamento en la doctrina constitucional sentada en pronunciamientos anteriores, que la
separación de las funciones de instrucción y juzgamiento sólo se ha constitucionalizado en relación con el
procedimiento penal –por “evolución doctrinal” y puntualmente en lo atinente al enjuiciamiento de aforados–,
mientras que en otros ámbitos sancionatorios se ha descartado la vulneración del principio de imparcialidad al
plantearse tal cuestión. De esta manera, para la Corte no erosiona esta dimensión del debido proceso el que
una misma autoridad asuma la investigación y posteriormente el juzgamiento de la falta disciplinaria, ni que no
se prevea la exclusión automática de los funcionarios que han adoptado decisiones de índole sancionatoria
antes del juicio en revisión. En uno y otro caso se ha concluido que la imparcialidad objetiva no sufre mengua
alguna si el Legislador no dispone una separación como la pretendida en la demanda. (…) [/]
95. A su vez, como también lo ha enfatizado este tribunal, el principio de imparcialidad objetiva no se
circunscribe de forma exclusiva en un determinado modelo procesal, de suerte que es posible mantener los
rasgos inquisitivos del procedimiento que no violen el núcleo esencial de las garantías básicas del debido
proceso; aunado ello a que en cualquier evento en que el juez disciplinario llegue a ver comprometido su criterio
por preconceptos, predisposiciones, etc., el ordenamiento jurídico consagra los impedimentos y las
recusaciones como mecanismos para asegurar que, de configurarse ciertos supuestos legales, tal operador sea
apartado del conocimiento y de la decisión sobre la causa» (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-440 de 2022.
M.P. Alejandro Linares Cantillo. En esta providencia se citan, entre otras, las sentencias C-762 de 2009, C-427
de 1994, C-597 de 1996, C-827 de 2001, C-948 de 2002, C-401 de 2013, C-392 de 2019, C-040 de 2022).

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70. La valoración de las pruebas documentales y testimoniales arrojó como
resultado que lo buscado por la entidad que entonces representaba la demandante
consistió en realizar el mantenimiento de la malla vial del Distrito y que el hecho de
que se pretendiera usar una mezcla de reparcheo en frío, cuando lo normal era
emplear material caliente, no representaba una «innovación», ni una «transferencia
tecnológica» que se adecuara al presupuesto del artículo 2, numeral 5, del Decreto
Ley 591 de 199126, causal expuesta en el estudio previo como argumento para
acudir a la modalidad de selección de contratación directa.

71. Lo anterior se reforzó con el concepto expedido por COLCIENCIAS el 11 de
febrero de 2014, por solicitud de la Veeduría Distrital. Allí se precisó que las razones
expuestas por la entidad para acudir a la causal de contratación directa ya señalada
no eran suficientes, porque no se podía configurar el proceso de transferencia de
tecnología entre las entidades que suscriben el contrato y que el hecho de que la
tecnología que se emplearía para el reparcheo de los huecos en las vías de la
ciudad resultara «novedosa» para el entorno colombiano, no bastaba para
considerar la aplicación de la misma como un proyecto de innovación, pues de
hecho, «(…) ya está en fase de comercialización por parte de la firma licenciataria
de la tecnología de “Velocity Parching”, la cual fue desarrollada por una entidad
extranjera, que realizó el proceso de innovación en su momento»27.

72. En efecto, el concepto de COLCIENCIAS tuvo lugar luego de celebrado el
contrato, pero su contenido en nada dista del alcance normativo de la causal de
contratación directa prevista en el artículo 2, numeral 4, literal e) de la Ley 1150 de
2007, que debe leerse en concordancia con el artículo 2 del Decreto Ley 591 de
1991, y que, en línea con las definiciones de «ciencia y tecnología» adoptadas por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)28, a los cuales acudió al
autoridad disciplinaria, llevaron a la conclusión ya expuesta: en modo alguno, el
mantenimiento de la malla vial implicaba la celebración de un contrato para el
desarrollo de actividades científicas y tecnológicas.

73. En cuanto al concepto y la declaración juramentada del abogado Ernesto
Matallana Camacho, quien fungió como asesor externo de la Unidad de
Rehabilitación, la Sala comparte lo señalado en la sentencia apelada: la autoridad
disciplinaria no excluyó la prueba testimonial ni dejó de valorar la forma en que
participó en la estructuración del procedimiento de selección; solo que sus distintas
intervenciones no generaron la convicción necesaria para llegar a una conclusión
distinta.

74. Cierto es que sus manifestaciones se analizaron con mayor rigor, justamente
porque se encontró acreditada la celebración del contrato para la prestación de
servicios profesionales para la emisión de conceptos y el apoyo de la gestión de los

26 Decreto Ley 591 de 1991. «Artículo 2º.- Para los efectos del presente Decreto, entiéndese por actividades

científicas y tecnológicas las siguientes: [/] 5. Transferencia tecnológica que comprende la negociación,
apropiación, desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías nacionales o
extranjera».
27 Véanse páginas 66 a 68 del archivo «CUADERNO 1», disponible en la carpeta «CAJA NRO. 1».
28 Véanse páginas 269 a 271 del archivo «CUADERNO 4», disponible en la capeta «CUADERNO 4» de la

«CAJA No. 2».

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procesos de contratación que adelantara la Unidad de Rehabilitación, que se
suscribió entre la sociedad Matallana Ramelli Rodríguez Patiño abogados
consultores S.A.S. y la referida entidad29.

75. En los actos cuestionados se dijo que si bien el referido asesor podía resolver
las inquietudes relacionadas con los aspectos jurídicos, en la reunión del comité de
contratación del 20 de diciembre de 2013 se suscitaron dudas que debieron llevar
a la disciplinada a consultar con COLCIENCIAS; no porque se condicionara la
celebración del contrato al decir de tal entidad, sino porque los funcionarios de la
Unidad de Rehabilitación conocían la Circular nro. 6, expedida por la Agencia
Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en la cual, además
de detallar qué actividades se encuadraban en la pluricitada causal de contratación
directa, se indicó que «[l]as dudas de las Entidades Estatales ejecutoras sobre la
catalogación de actividades científicas, tecnológicas y de innovación, debe
aclararlas el Departamento Administrativo de Ciencias, Tecnología e Innovación-
COLCIENCIAS, autoridad competente en la materia»30.

76. En ese orden, la valoración de las intervenciones del abogado externo no
representó una actuación parcializada por parte de la demandada ni en lo que
corresponde a la valoración que de ello se hizo en la sentencia apelada. Por el
contrario, el rigor en su análisis y la confrontación de sus manifestaciones con la
normativa contractual y con los conceptos de entidades como COLCIENCIAS y
Colombia Compra Eficiente, llevó a la autoridad disciplinaria y al Tribunal a la misma
conclusión: de allí no era posible extraer la ausencia de responsabilidad en lo que
concierne a la señora Maria Gilma Gómez Sánchez.

77. Respecto de lo ocurrido con la valoración de las demás declaraciones, la
apelante, de manera general, sostiene que la autoridad disciplinaria no les otorgó
valor; no obstante, a lo largo de los actos demandados se expusieron las razones
por las cuales los diferente testimonios debían valorarse de forma rigurosa, pues su
grado de cercanía o de dependencia respecto de la disciplinada, sumado a su
participación en las etapas de procedimiento de contratación cuestionado, llevaban
a que se ciñera sobre ellos cierto grado de sospecha. Este punto fue aclarado en la
decisión de segunda instancia, en el siguiente sentido:

«Se insiste –como acertadamente lo estimó el señor Procurador Distrital–, los
testigos que se escucharon en la audiencia verbal NO FUERON descalificados;
fueron ANALIZADOS CON MÁS RIGOR, ya que no sólo (sic) existía una
relación de jerarquía sino que (por ejemplo, para el caso del doctor
MATALLANA) se podría considerar que a raíz del proceso disciplinario estaba
en entredicho su juicio ó (sic) concepción jurídica del tema. Además, si bien
existir los testimonios que se valoraron (eso sí, con rigor), así como la posición
del doctor MATALLANA, esto se contrapone completamente con el
procedimiento que claramente estaba identificado normativamente y que
debían seguir las investigadas: consultar a COLCIENCIAS sobre la materia
sobre evidentemente (sic) tenían dudas»31.

29 Véanse páginas 32 a 41 y 42 a 50 (modificación del contrato) del archivo «CUADERNO 2», disponible en la

carpeta «CAJA NRO. 1».
30 Véanse páginas 127 a 131 del archivo «ANEXO No. 1», disponible en la carpeta «CAJA No. 3».
31 Véase páginas 731 del archivo «CUADERO 4», disponible en la capeta «CUADERNO 4» de la «CAJA No.

2».

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78. Finalmente, las referencias al «nacimiento parcializado del procedimiento» y
a la «instrucción de desacreditar a la administración distrital» que contiene el escrito
de apelación, corresponden a conjeturas sin ningún sustento probatorio, en la
medida en que ni son los medios de comunicación los que definen quiénes son
sujetos disciplinables, ni la constatación de la ocurrencia de un comportamiento
sancionable implica un juicio político.

79. En suma, los actos demandados se expidieron con estricto apego a la
normativa disciplinaria y luego de valoradas de manera integral las pruebas
recaudadas, sin que en esta instancia se advierta la lesión del debido proceso por
la configuración de algún defecto. Por ello, lo procedente es confirmar la sentencia
apelada.

De la condena en costas

80. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

81. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

82. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

83. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan las pretensiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

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FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida veinticinco (25) de agosto de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual se negaron las pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Tercero. RECONOCER personería al abogado Henry Alberto González Molina,
identificado con la cédula de ciudadanía nro. 79.450.267 y portador de la tarjeta
profesional 75.496 del C.S. de la J., para representar los intereses del Distrito
Capital de Bogotá, conforme al poder que obra en el archivo 80 del expediente
digital32.

Cuarto. RECONOCER personería a la abogada Sandra Patricia Duarte Hernández,
identificada con la cédula de ciudadanía 51.997.263 y portadora de la tarjeta
profesional 190.461 del C.S. de la J., para representar los intereses de la
Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00011
de SAMAI.

Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

32 Véase página 4 del archivo «80_Descorrer traslado dictamen pericial», disponible en
«ED_DEMANDA_25000234200020160533(.zip), visible en el índice 00002 de SAMAI.

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