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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05474-01

Fecha
30 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05474-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda - subsección D dentro del proceso promovido por el señor Jaime Cabrera Guerra en contra de la administradora colombiana de pensiones – COLPENSIONES, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDA: CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta instancia, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia. TERCERA: EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-05474-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2016 05474 01 (2289-2021)
Demandante: Jaime Cabrera Guerra
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES
Tema: Reliquidación pensión de jubilación régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 – Ley 71 de 989

Decisión: Confirmar la sentencia que negó las pretensiones

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por el
demandante contra la sentencia de 11 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, Subsección D, que negó las
suplicas de la demanda.
II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda1

2.1.1. Pretensiones

2. El señor Jaime Cabrera Guerra, por intermedio de apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 de la Ley 1437 del 20112, solicitó declarar la nulidad de las
Resoluciones GNR 344877 de 30 de octubre de 2015, GNR 98546 de 7 de abril
de 2016 y VPB 29774 de 19 de julio de 20163, expedidas por la Administradora
Colombiana de Pensiones.
3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó se condene a Colpensiones reliquidar su pensión de jubilación de
conformidad con la Ley 71 de 1988, esto es con la inclusión de todos los
emolumentos devengados en el último año de servicios, a partir del 17 de
septiembre de 2012.

1 Archivo “4_ED_ACTUACIONE_01DEMANDA.pdf” del índice 02 de SAMAI.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en

adelante CPACA.
3 El 30 de marzo de 2021, el apoderado del demandante presentó escrito de reforma de la demanda, para

precisar la identificación correcta de uno de los actos demandados esto es la Resolución VPB 29774 del 19 de
julio de 2016. Por auto del 18 de enero de 2018, el Tribunal admitió el escrito de reforma de demanda según
se visualiza a folio 128 del expediente.

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Radicado: 25000 23 42 000 2016 05474 01
Número interno: 2289-2021
Demandante: Jaime Cabrera Guerra

4. Que las sumas reconocidas sean indexadas teniendo en cuenta e IPC certificado
por el DANE, se reconozcan los intereses moratorios a que haya lugar en los
términos ordenados por los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.

2.1.2. Hechos

5. El señor Jaime Cabrera Guerra, se retiró del servicio oficial el 30 de septiembre
de 2010, momento en el cual ocupaba el cargo de subdirector general de empresa
industrial y comercial CAPRECOM.

6. El ISS a través de la Resolución 21074 de 21 de junio de 2011, le reconoció
pensión de jubilación conforme a los parámetros establecidos en la Ley 71 de 1988,
en cuantía de $3.503.825, a partir del 1 de julio de 2011, fecha de inclusión en
nómina de la prestación.

7. El demandante es beneficiario del régimen de transición contenido en la Ley 100
de 1993, no obstante, la entidad para efectos del reconocimiento pensional solo
consideró la norma anterior para efectos del tiempo y monto, puesto que el IBL fue
calculado con los últimos 10 años de servicios.

8. Colpensiones a través de la Resolución GNR 344877 de octubre de 2015,
reliquidó la mesada pensional a partir del 17 de septiembre de 2012, en cuantía de
$3.647.762, sin embargo, no se pronunció respecto a la inclusión de todos los
emolumentos devengados en el último año de servicios.

9. Inconforme con esa decisión, presentó recurso de apelación, que fue declarado
extemporáneo a través de la Resolución GNR 98546 del 7 de abril de 2016, no
obstante, en el contenido de ese acto administrativo se negó la reliquidación de la
pensión en los términos reclamados por el demandante.

10. El 19 de mayo de 2016, interpuso recurso de apelación en contra de la
Resolución GNR 98546 del 7 de abril de 2016, que fue desatado a través de la
Resolución VPB 29774 del 19 de julio de 2016, que confirmó en su integridad el
contenido del acto apelado.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

11. La entidad acepta que el demandante es beneficiario del régimen de transición
contenido en la Ley 100 de 1993, razón por la cual es acreedor a una mesada
pensional con fundamento en la Ley 71 de 1988 reglamentada por el Decreto 2709
de 1994, no obstante desconoce su derecho a pensionarse con el 75% del
promedio de los salarios devengados en el último año de servicios.

12. El artículo 6 del Decreto 2709 de 1994, dispone que el salario base de
liquidación de la pensión de jubilación por aportes, será el salario promedio que
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Demandante: Jaime Cabrera Guerra

sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, disposición que
por mucho tiempo se consideró derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de
1997, no obstante en sentencia del 15 de mayo de 20144, se orientó que la
derogatoria del artículo 6 del Decreto 2709 de 1994, desconoció la finalidad del
régimen de transición como mecanismo de protección ante el cambio legislativo,
razón por la que se declaró la nulidad parcial del artículo 24 del Decreto 1474 de
1997 en cuanto derogó el artículo 6 del Decreto 279 de 1994.

13. De otra parte, alega el demandante que la sentencia SU 230 de 2015 no es
aplicable al caso del demandante, teniendo en cuenta que esta Corporación en
sentencia del 25 de febrero de 2016, se apartó de su contenido, en atención a que
el monto de las pensiones de régimen de transición pensional del sector oficial
comprende el ingreso salarial del último año de servicios con un porcentaje del
75%, a excepción de las pensiones de los congresistas que está regida por la ley 4
de 1992.

14. Esta Corporación5 ha orientado que el IBL de las pensiones reconocidas con
fundamento en la Ley 71 de 1988, debe calcularse con el último año de servicios,
con la inclusión de todos los emolumentos que constituyan salario devengados en
este periodo.

15. El demandante como empleado público en el último año de servicios, devengó
asignaciones que son consideradas como salario y por ende deben ser incluidas
en el cálculo de su mesada pensional como lo son los viáticos y la prima técnica.

16. De conformidad con el certificado expedido por Caprecom en el último año de
servicios comprendido entre el 1 de octubre de 2009 y el 30 de septiembre de 2010,
devengó los emolumentos correspondientes a: salario, prima técnica, viáticos,
prima de navidad, bonificación por servicios prestados y prima de servicios, que
deben ser incluidos para la liquidación de su mesada pensional.

2.2. Contestación de la demanda.6

17. La Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, por
intermedio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda,
teniendo en cuenta que los actos demandados se encuentran ajustados a derecho,
la mesada pensional se reconoció con fundamento en la Ley 71 de 1988, teniendo
en cuenta que el demandante es beneficiario del régimen de transición.

18. Si bien el actor es beneficiario del régimen de transición contenido en la Ley
100 de 1993, esta circunstancia solo lo beneficia en torno a la edad, tiempo de
servicio y monto de la mesada, teniendo en cuenta que el IBL no fue un tema

4 Consejo de Estado – Sección Segunda. Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve. Expediente No.

11001032500020110062000
5 Expediente 11001032500020110062000
6 Archivo “9_ED_ACTUACIONE_06CONTESTACIONEXCE” del índice 02 de SAMAI.

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sometido a transición, razón por la cual debe calcularse en los términos ordenados
por la Ley 100 de 1993.

19. Añadió que, a pesar de que se encuentran diferentes posturas frente al IBL
pensional por parte del máximo tribunal de lo contencioso administrativo y de la
Corte constitucional, lo cierto es que debe prevalecer lo esgrimido por el alto tribunal
constitucional en razón a que sus sentencias tienen carácter vinculante y de
obligatorio cumplimiento por todos los jueces de la república, sin distingo alguno,
siendo que es la suprema guardiana de la constitución política.

20. Propuso las excepciones de cobro de lo no debido, prescripción, buena fe,
inexistencia del derecho y la genérica.

2.3. La sentencia apelada 7

21. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección D, a
través de la sentencia de 11 de octubre de 2018, negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte vencida.

22. Con fundamento en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
concluyó que la lectura que debe darse al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es que
solo hacen parte del régimen de transición, los requisitos de edad, tiempo de
servicios o semanas de cotización y el monto de la pensión, de suerte que los
demás conceptos que estructuran el régimen pensional, esto es, los factores y el
periodo a tener en cuenta sobre el cual debe calcularse el IBL, son los señalados
en la Ley 100 de 1993 reglamentada por el Decreto 1158 de 1994.

23. En el caso del demandante, se acreditó que en el último año de servicios
devengó los emolumentos correspondientes a: asignación básica, viáticos, prima
técnica, bonificación por servicios, ajuste al sueldo, ajuste a la bonificación por
servicios, ajuste a la prima técnica y prima de servicios.

24. Colpensiones a través de la Resolución 021074 del 21 de junio de 2011, le
reconoció pensión de vejez con fundamento en la Ley 71 de 1988 liquidada con el
75% del promedio sobre los salarios que cotizó en los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión, con la inclusión de los factores salariales enlistados
en el Decreto 1158 de 1994, prestación que fue modificada a través de la
Resolución 046488 del 9 de diciembre de 2011, en el sentido de elevar la cuantía
de la mesada y modificar sus efectos a partir del 1 de octubre de 2010, día siguiente
a la fecha en que acreditó el retiro definitivo del servicio.

25. En ese orden y como el demandante es beneficiario del régimen de transición,
acogiendo la postura de la Sala plena de esta Corporación, se deben aplicar las

7 Archivo “18_ED_ACTUACIONE_15FALLO.pdf” del índice 02 de SAMAI.

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reglas previstas en la Ley 71 de 1985, en cuanto edad, tiempo de servicio y monto,
no obstante el IBL debe calcularse con el promedio de lo devengado en los 10 años
anteriores al reconocimiento de la pensión, en ese orden la liquidación ordenada
por la entidad se encuentra conforme a derecho y las súplicas incoadas no tienen
camino de prosperidad.

26. Condenó en costas a la parte vencida, con fundamento en el criterio objetivo
para la imposición de la sanción.

2.5. Recurso de apelación.8

27. La parte demandante, señaló que la sentencia del 28 de agosto de 2018 no
resulta aplicable a los beneficiarios de la Ley 71 de 1988, porque el IBL de dicha
norma fue regulado con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, en ese orden cuando se habla de la aplicación de la Ley 71 de 1988, no se
ésta solicitando acudir a una norma contemplada en legislaciones anteriores al 1
de abril de 1994, sino a las normas expedidas con posterioridad.

28. El Decreto 2709 de 1994, fue expedido con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y tiene carácter de norma nacional, el Decreto 1474
de 1997 trató de derogarlo infructuosamente, pues terminó siendo anulado, por lo
que el Decreto 2709 de 1994, conservó su vigencia y debe ser aplicado por
favorabilidad al caso del demandante.

29. Para el Tribunal, el presente asunto debe solucionarse de la misma manera que
esta Corporación determinó hacerlo para pensiones de la Ley 33 de 1985, cuando
no existe posibilidad de comparar dicha ley con la Ley 71 de 1988 respecto al IBL,
pues el IBL de la Ley 33 de 1985 está contenido en la misma norma, siendo claro
que la pretensión de su aplicación implica acudir a una norma anterior a la Ley 100,
mientras que en la Ley 71 de 1988, no tiene IBL anterior, sino con posterioridad a
la expedición de la Ley 100 de 1993, siendo evidente que no puede usarse la
extensión de la sentencia de unificación para situaciones diferentes.

30. Colpensiones se abstuvo de incluir en la liquidación de la mesada pensional la
prima técnica que fue devengada durante toda la relación laboral y constituye factor
salarial, bien sea a voces de lo ordenado en el Decreto 1045 de 1978 o conforme
al Decreto 1158 de 1994, siendo necesario incluirla en el IBL de la pensión.

31. Obra en el expediente copia auténtica del Acuerdo 005 del 26 de marzo de
1998, de la Junta Directiva de Caprecom, en donde se ratifica el reconocimiento de
la prima técnica a algunos cargos, dentro de ellos el del Subdirector IPS, cargo que
desempeñó el demandante desde el 18 de febrero de 2002 al 30 de septiembre de
2010.

8 Archivo “19_ED_ACTUACIONE_16APELACIONDTE.pdf” del índice 02 de SAMAI.

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32. La prima técnica se otorgaría teniendo en cuenta el contenido de los Decretos
1661 y 2164 de 1991, disposiciones según las que no constituye factor salarial
cuando sea otorgada por evaluación de desempeño, no obstante el Acuerdo 005
de 1998, determinó que tenía como objeto la permanencia de personal altamente
calificado, por lo que para el caso del demandante si constituye factor salarial.

33. La prima técnica asignada al actor corresponde a formación avanzada y
experiencia altamente calificada, por lo que cual constituye factor salarial, y siendo
factor salarial conforme al Decreto 1158 de 1994, debe ser incluida para conformar
el IBL de la mesada.

34. No se pretende que Colpensiones asuma las consecuencias de la no cotización
del empleador, no obstante nunca se preocupó por verificar las cotizaciones del
IBC, razón por la que el actor tiene derecho a que la prima técnica este incluido en
la liquidación de su mesada pensional, sin importar el IBL aplicable bien sea el
último año de servicios, los 10 últimos años o el tiempo que le hiciere falta.

35. El Tribunal fijó las agencias en derecho bajo la presunción de su causación,
en ese orden, se cuestiona la decisión en tanto no tiene asidero factico, pues
partiendo de premisas no probadas se concluye que era necesario tasar dichas
agencias.

2.6. Trámite en segunda instancia

36. A través de auto de 9 de septiembre de 2021 se admitió el recurso de
apelación9. En el término otorgado intervino la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado10, con el fin de solicitar se nieguen las súplicas incoadas en la
demanda, toda vez que, en aplicación a las reglas citadas por la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2017, son claras al señalar que el IBL se debe
promediar con lo devengado en los últimos 10 años de servicio, incluyendo solo los
factores salariales sobre los cuales se realizó aporte o cotización.

37. La parte actora, la entidad demandada y el agente del Ministerio Público
delegado ante este Despacho guardaron silencio.

38. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

39. Esta Sala de Subsección es competente para conocer del asunto de la

9 Folio 240 del expediente
10 Expediente Samai segunda instancia índice 10

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referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15011 de la Ley 1437 de
2011.

3.2. Marco de análisis de la segunda instancia

40. Según el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez
de segunda instancia está circunscrita a los argumentos del apelante. Si ambas
partes apelan la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

41. En el asunto objeto de estudio, el señor Jaime Cabrera Guerra actúa como
apelante único, por lo que la competencia de la Sala de Subsección se encuentra
limitada a los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación.

3.3. Problema Jurídico

42. La Sala de Subsección establecerá si el demandante tiene derecho a la
reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores
salariales que devengó en el último año de servicios, o si, por el contrario, la
decisión de primera instancia se ajusta a derecho, ya que de conformidad con la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 no le asiste derecho a la
reliquidación pretendida.

3.4. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso

3.4.1 Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 - IBL de las pensiones
de jubilación reconocidas en virtud del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993.

43. El régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la referida Ley 100 de
1993, se previó para proteger a aquellos trabajadores que se encontraban próximos
a pensionarse bajo regímenes pensionales vigentes para ese momento.

44. Respecto a la aplicación del mencionado régimen de transición,
específicamente en cuanto al periodo de liquidación y los factores para establecer
el ingreso base de liquidación, surgieron diferentes interpretaciones, entre ellas,
esta Sección en sentencia de unificación de 04 de agosto de 201012 consideró que
no era taxativo el listado de factores salariales sobre los cuales se calcula el IBL de
la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62
del mismo año, al estimar que debían tenerse en cuenta aquellos factores que

11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se c oncedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia. […]».
12 Sentencia proferida dentro del proceso radicado No. 25000232500020060750901. C.P. Víctor Hernando

Alvarado Ardila.
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constituían salario, independientemente de la denominación que recibieran, es
decir, todos los que se cancelaran de manera habitual como retribución directa por
el servicio y no solamente los descritos en dicha normativa.

45. Posteriormente, la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-
230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-023 de 2018,
entre otras, concluyó que el ingreso base de liquidación - IBL no fue un aspecto
sometido a la transición y, por ende, debía calcularse de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 36, inciso 3. °, y 21 de la Ley 100 de 1993. Para ello, destacó la
relación de correspondencia que existe entre los aportes que hace el empleado a
lo largo de su vida laboral ante el sistema general de seguridad social y los
principios de solidaridad y de sostenibilidad financiera del sistema pensional.

46. Finalmente, en la sentencia de 28 de agosto de 201813, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación, unificó su jurisprudencia en
relación con el ingreso base de liquidación – IBL de las pensiones reconocidas con
fundamento en el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993. Posición que deberá aplicarse con efectos retrospectivos «[…] a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a
través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables» 14.

47. Pues bien, las reglas y subreglas jurisprudenciales fijadas en dicha providencia
son las siguientes:

«92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
sienta la siguiente regla jurisprudencial:

“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de
1985”.
[…]

13 Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
14 La anterior decisión judicial cuenta con salvamento parcial de voto, con ponencia de quien se ocupa de esta

providencia, donde se analizaron temas tales como las competencias constitucionales de las Cortes de cierre;
los efectos de las sentencias que profiere la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad
en abstracto y en revisión de las sentencias de tutela; la fuerza vinculante de la interpretación de la Constitución
por vía de autoridad y como doctrina constitucional integradora; la doctrina constitucional como criterio auxiliar
de la interpretación de la ley; el caso de las sentencias de unificación jurisprudencial; la línea jurisprudencial de
la Corte Constitucional en sede de revisión de tutelas, así como las sentencias SU-230 de 2015, C-258 de
2013, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-023 de 2018. Igualmente se analizaron los alcances y efectos
de la sentencia C-258 de 2013 y los efectos de la sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 2010 por
la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la inescindibilidad del
régimen de transición pensional y los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional.
A partir de allí se concluyó que en ese caso que « […] el "régimen de transición" previsto en la Ley 100 de 1993
protegía la expectativa legítima de la demandante de pensionarse con sujeción al régimen general de
pensiones previsto en la Ley 33 de 1985, esto es, una pensión de jubilación liquidada conforme lo dispuso el
artículo 10 de esa ley, esto es, ni más ni menos, el "equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio".»
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Demandante: Jaime Cabrera Guerra

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión
es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
[…]
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.

97. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la Constitución Política que consagra
el principio de solidaridad como uno de los principios fundamentales del Estado Social
de Derecho.

98. El artículo 48 constitucional define la Seguridad Social como “un servicio público
de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del
Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que establezca la Ley”. El legislador (artículo 2 de la Ley 100 de 1993) explica
este principio como “[…] la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las
generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el
principio del más fuerte hacia el más débil”.

99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual, en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada
pensional.

100. Según el Acto Legislativo 01 de 2005 que adiciona el artículo 48, para adquirir el
derecho a la pensión deberá cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas
de cotización. Para liquidar las pensiones solo se considerarán los factores sobre los
que cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. (Negrilla de la Sala).

48. De acuerdo con lo anterior, se advierte que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación unificó su criterio en torno al ingreso base de
liquidación - IBL de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, específicamente, fijó dos subreglas referentes: i) al periodo que
debe tenerse en cuenta para liquidar el ingreso base de liquidación - IBL- de las
mismas, y ii) los factores salariales que deben incluirse para dicho efecto.

49. A manera de conclusión, en cuanto al periodo se dispuso que el ingreso base
de liquidación - IBL, para aquellas personas que al momento de entrar en vigencia

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la Ley 100 de 1993 les faltare más de 10 años para adquirir el derecho prestacional,
corresponderá al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales hubiere
cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión;
de lo contrario, esto es, si les faltare menos de 10 años, será: i) el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o ii) el cotizado durante todo
el tiempo, el que fuere superior.

50. De igual forma, se precisó que los factores salariales que deben incluirse son
únicamente (i) aquellos respecto de los cuales se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al sistema de pensiones y (ii) que se encuentren consagrados
expresamente en la ley.

3.4.2 Régimen pensional por aportes Ley 71 de 1988.

51. Previo a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, el régimen normativo
aplicable al reconocimiento de pensiones por acumulación de tiempos laborados
en los sectores público y privado se encontraba consagrado en la Ley 71 de 1988.
Esta disposición legal introdujo la figura de la pensión de jubilación por aportes,
permitiendo a los trabajadores acumular tiempos de cotización realizados en
distintas entidades ya sean en el sector privado o en el público, bajo los siguientes
términos:

«Artículo 7.- Los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años
de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias entidades
de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o Distrital y en el Instituto de
Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación, siempre que
cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años
o más si es mujer.»

52. Posteriormente, el alcance de esta disposición fue reglamentada a través del
Decreto 2709 de 1994, el cual prevé:

««Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión a que se refiere el
artículo 7° de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años
o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier
tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el
Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social
del sector público.»

[…]

Artículo 6o. SALARIO BASE PARA LA LIQUIDACION DE LA PENSION DE
JUBILACION POR APORTES. Salario base para la liquidación de la pensión de
jubilación por aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley.

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base
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sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.

[…]

ARTICULO 8o. MONTO DE LA PENSION DE JUBILACION POR APORTES. Monto
de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de jubilación por
aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor de
la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en
la ley.»

53. Sin perjuicio de lo expuesto, esta Subsección15, sostuvo que el IBL de las
personas beneficiarias del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 a quienes les resulta aplicable la Ley 71 de 1998, será el
determinado por la regla y subreglas dispuestas en la sentencia de unificación
referida del 28 de agosto de 2018, con fundamento en las siguientes razones:

«No obstante, resulta lógico que esta postura, relacionada con el IBL de la pensión por
aportes prevista en la Ley 71 de 1988 sea recogida, ajustada e interpretada
armónicamente, en todo, a lo dispuesto en la referida sentencia de unificación del 28
de agosto de 2018, mediante la cual la Sala Plena de la Corporación concluyó que el
ingreso base de liquidación del inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace
parte del régimen de transición para aquellas personas que se benefician de éste, y
que el artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que puedan
adquirir su pensión con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el ingreso base de liquidación previsto
en el mismo artículo 36, inciso 3.°, o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según
sea el caso.

La anterior conclusión responde a la interpretación y lectura que dio la Sala Plena al
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 al establecer que esta disposición normativa
contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del
régimen de transición puedan adquirir su pensión con la edad, el tiempo de servicios
o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior, y con el IBL
previsto en el mismo artículo 36, inciso 3.°, o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
Esta nueva tesis jurisprudencial dictada en sentencia de unificación, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011 por el máximo tribunal
de lo contencioso administrativo y órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, se erige en una decisión que cuenta con alto grado de
seguridad, certeza y fuerza vinculante, gracias a la función especial y específica que
cumple de ordenar y clarificar el precedente aplicable, tal como lo ha señalado la
Corte Constitucional en la sentencia C-588 de 2012.

Así, el contenido y la regla y subreglas que expuso la sentencia de unificación del 28
de agosto de 2018, se caracterizan por su permanencia, identidad, carácter
vinculante y obligatorio. En este sentido, cuando la Corte Constitucional en la
sentencia C-634 de 2011 declaró la exequibilidad condicionada del artículo 10.° de
la Ley 1437 de 2011, ordenó a las autoridades dar aplicación uniforme de las normas

15 Sección Segunda. Subsección “A”. C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas. Sentencia del 2 de mayo de 2019.

Radicación: 250002342000201503216 01 (2240-17. Actor: Olga Polanco Patiño. Demandado: Administradora
Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-

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a situaciones con los mismos supuestos fácticos y jurídicos de la mano de las
sentencias de unificación jurisprudencial, y entendió que dicho precepto no hizo otra
cosa que reconocer a la jurisprudencia de las altas cortes el carácter de fuente formal
de derecho con efecto vinculante, pues el acatamiento del precedente judicial
constituye no solo el presupuesto fundamental del Estado Social y Constitucional de
Derecho sino también el desarrollo de sus fines esenciales dentro de los que se
encuentran la garantía de la efectividad de principios y derechos, tales como el de
la igualdad, la buena fe, la seguridad jurídica y la garantía de la imparcialidad. »

54. En ese contexto, el Ingreso Base de Liquidación de los beneficiarios del régimen
de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a quienes les resulte aplicable
la Ley 71 de 1998, se calculará conforme a la regla y subreglas establecidas en la
sentencia unificadora del 28 de agosto de 2018, según la cual éste se liquidará
aplicando las disposiciones del artículo 36 o del artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
en concordancia con el Decreto 1158 de 1994, excluyéndose expresamente la
aplicación del artículo 6° del Decreto 2709 de 1994. Esta determinación garantiza
la aplicación uniforme del régimen pensional de transición y consolida un criterio
hermenéutico coherente en la materia.

3.5. Caso concreto

3.5.1. De las pruebas

55. En torno a la vinculación del demandante, el jefe de la división de recursos
humanos del Ministerio de Salud y Protección Social Caja de Previsión Social de
Comunicaciones – CAPRECOM16, el 15 de mayo de 2015 certificó que prestó sus
servicios a la entidad del 18 de febrero de 2002 al 30 de septiembre de 2010, que
se retiró cuando desempeñaba el cargo de subdirector general de Empresa
Industrial y Comercial del Estado código 0040 grado 18 como empleado público.

56. Además que en los dos últimos años de servicio (2008 a 2010), devengó los
siguientes emolumentos: asignación básica mensual, prima técnica con la
observación de que no es factor salarial, viáticos, prima de navidad, bonificación
por servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, vacaciones en
dinero y en tiempo y bonificación por recreación.

57. El Instituto de Seguros Sociales a través de Resolución 21074 de 2 de junio
de 2011,17 reconoció pensión de jubilación por aportes al señor Jaime Cabrera
Guerra, prestación que fue liquidada teniendo en cuenta 3.650 días anteriores a la
última fecha de cotización, lo que arrojó un IBL de $4.671.767, al que se le aplicó
el 75%, lo que dio como cuantía de la mesada la suma de $3.503.825, prestación
efectiva a partir del 1 de julio de 2011.

58. Verifica la Sala que en el contenido de ese acto administrativo, no se precisan
los factores que se tuvieron en cuenta para efectos de liquidar la mesada pensional

16 Folios 17 a 20 del expediente
17 Folios 2 a 5 del expediente

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reconocida al señor Cabrera Guerra.

59. A través de la Resolución 046488 del 9 de diciembre de 2011, Colpensiones
modificó la Resolución 21074 del 21 de junio de 2011, en torno a la fecha de
causación del derecho pensional y giró del retroactivo hasta el 30 de junio de 2011,
teniendo en cuenta que la prestación se reconoció a partir del 1 de julio de 2011. 18

60. El ISS a través de la Resolución 01666 del 23 de enero de 2012, modificó la
Resolución 046488 del 9 de diciembre de 2011, en el sentido de aclarar que el
ingreso en nómina de la prestación sería a partir del mes de febrero del año 2012;
así mismo a través de la Resolución No. 04990 del 20 de febrero de 2012,
nuevamente se modificó la Resolución 021074 de 2011, por inconsistencia para el
ingreso a nómina en febrero de 2012.

61. El 17 de septiembre de 2015, el demandante solicitó la reliquidación de su
pensión teniendo en cuenta para tal efecto todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicios y se ordene a Caprecom realizar las cotizaciones
dejadas de realizar al ISS19.

62. En respuesta a la anterior petición, la entidad profirió la Resolución GNR
344877 de 30 de octubre de 2015,20 por medio de la cual reliquidó la mesada
pensional reconocida al demandante, con fundamento en el artículo 21 de la Ley
100 de 1993 y la inclusión de los factores enlistados en el artículo 1 del Decreto
1158 de 1994, a partir del 17 de septiembre de 2012. En esa oportunidad la mesada
pensional se cálculo con un IBL de $4.863.16 al que se le aplico el 75%, para una
cuantía final de $3.647.262.

63. Inconforme con la anterior decisión interpuso recurso de apelación, el cual fue
desatado a través de la Resolución GNR 98546 del 7 de abril de 2016, por la cual
se negó la reliquidación de la mesada pensional, teniendo en cuenta que los únicos
factores que se podían incluir en la mesa pensional con los contenidos en el Decreto
1158 de 1994, siempre y cuando sobre ellos se hubieren efectuado aportes21.

64. A través de la Resolución VPB29774 del 19 de julio de 2016, Colpensiones
resolvió un recurso de apelación incoado en contra de la Resolución 98546 de
201622, confirmando en su integridad el contenido del acto apelado23.

3.5.2. Análisis de la Sala

65. En el caso objeto de estudio no existe controversia alguna respecto a si el

18 Archivo “GRP-AAD-IR-2015_8837265-20150917134007.pdf” contenido en el archivo comprimido

“11_ED_ACTUACIONE_08EXPEDIENTEADMINI.zip” del índice 2 de SAMAI.
19 Folios 6 a 16 del expediente
20 Folios 21 a 29 del expediente
21 Folios 30 a 40 del expediente
22 Folios 41 a 45 del expediente
23 Folios 46 a 53 del expediente

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demandante es beneficiario del régimen de transición contemplado en el inciso 2°
del artículo 36 de la Ley 100 de 199324, comoquiera que, a la entrada en vigencia
de dicha norma, esto es, el 1.° de abril de 1994, contaba con 43 años de edad25,
asunto que no fue el objeto de debate dentro del proceso.

66. En ese orden, la discusión planteada en el presente asunto estriba únicamente
en determinar cómo debe calcularse el IBL de la mesada pensional, puesto que de
una parte el demandante alega que debe hacerse con fundamento en la Ley 71 de
1989 reglamentada por el Decreto 2709 de 1994, esto es con el 75% de todos los
emolumentos devengados en el último año de servicios, y de otra parte la entidad
alega que el cálculo del IBL debe hacerse con fundamento en la Ley 100 de 1993,
toda vez que este aspecto no fue objeto de transición.

67. Ahora bien, en atención a la postura adoptada por esta Corporación en la
sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 respecto al IBL, al señor Jaime
Cabrera Guerra no le asiste derecho a la reliquidación de su pensión en los términos
invocados en la demanda, dado que, el régimen de transición contenido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 le permite conservar las prerrogativas del régimen
anterior, en cuanto la edad para consolidar el derecho pensional 26; el tiempo de
servicios o el número de semanas cotizadas27 y el monto28, pero en lo que atañe al
IBL deberá aplicarse la primera subregla, que establece que, el periodo para
liquidar la pensión cuando faltare más de diez (10) años para adquirir el derecho a
la pensión, será el promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento.

68. Verifica la Sala que Colpensiones para efectos del reconocimiento y
reliquidación de la mesada pensional, tomó los requisitos exigidos en la Ley 71 de
1989 en cuanto a edad, tiempo de servicio y monto de la mesada, no obstante el
IBL lo cálculo con fundamento en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con la
inclusión de los emolumentos determinados en el Decreto 1158 de 1994, tal como
lo orienta la sentencia de unificación, tesis que es acogida por esta Sala para el
análisis del alcance del régimen de transición.

69. Ahora bien, el actor alega que por favorabilidad el IBL de su pensión debe
calcularse con fundamento en el Decreto 2709 de 1994 reglamentario de la Ley 71
de 1898, sin embargo se recuerda que la orientación en sede de unificación
jurisprudencial fijó una regla de interpretación clara, según la cual el IBL no fue un
tema sometido a transición, razón por la cual se debe computar con fundamento en

24 «[…] La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas,

y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan
treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez,
se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. […]».
25 Así se desprende del contenido de la cedula de ciudadanía vista a folio 59 del expediente
26 60 años.
27 20 años.
28 Correspondiente al 75 %.

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la Ley 100 de 1993, que para el caso del demandante corresponde al promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales cotizo en los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión.

70. En torno a los factores que deben considerarse para efectos de liquidar la
mesada pensional, la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 precisó
que serían los enlistados en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, a saber:
asignación básica; gastos de representación; prima técnica, cuando sea factor
de salario; prima de antigüedad; ascensorial de capacitación, cuando sean factor
de salario; la remuneración por trabajo dominical y festivo; la remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna y la
bonificación por servicios prestados.

71. Se encuentra probado en el plenario que el demandante de los factores
enlistados en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, devengó la asignación básica
y la bonificación por servicios prestados, sobre el particular, la entidad demandada
en el contenido de los actos acusados, señala que la liquidación de la pensión se
realizó con fundamento en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de
los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

72. Ahora bien, si Colpensiones no liquidó la mesada con la inclusión de la
asignación básica y la bonificación por servicios prestados, correspondía al
demandante demostrar tal situación, no obstante en sus alegaciones no desconoce
su inclusión, sino que reclama que sean considerados todos los emolumentos
devengados en el último año de servicios a voces de lo ordenado en la Ley 71 de
1989 reglamentada por el Decreto 2709 de 1994.

73. Se recuerda que conforme al artículo 167 del C.G.P. norma aplicable por
remisión expresa del artículo 306 del C.P.A.C.A., incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho en que fundamentan sus pretensiones, en ese orden
corresponde a la parte actora demostrar que la entidad demandada no liquidó su
mesada pensional con la inclusión de los emolumentos señalados en el Decreto
1158 de 1994, circunstancia que como se ve, no ocurrió en el presente asunto.

74. Contrario a ello, centró sus alegaciones en reclamar la inclusión de todos los
emolumentos devengados en el último año de servicios, haciendo mención especial
en el tema de la prima técnica, que como pasa a explicarse no debe ser incluida en
la liquidación de la mesada pensional.

75. Si bien es cierto se demostró que la prima técnica fue devengada por el señor
Cabrera Guerra, lo cierto es que el Decreto 1158 de 1994, condiciona su
reconocimiento como factor de liquidación de la mesada pensional, a que constituya
factor salarial, circunstancia que no se acreditó en el presente asunto, teniendo en
cuenta que conforme al certificado expedido por el Jefe de División de Recursos
Humanos de Caprecom dicho emolumento no constituye factor salarial.

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76. Ahora bien, el demandante alega que la prima técnica reconocida a su favor si
constituye factor salarial, toda vez que le fue reconocida por formación avanzada y
experiencia altamente calificada, caso en el cual sí constituye factor salarial, no
obstante y pese a que dicho argumento carece de soporte legal, se recuerda que
el área de recursos humanos de la entidad empleadora certificó que la prima técnica
devengada por el señor Jaime Cabrera Guerra, no constituye factor salarial, razón
por la cual no es posible considerar su inclusión para efectos de liquidación de la
mesada pensional.

3.6. Decisión de segunda instancia

77. En ese orden, se confirmará la sentencia proferida en primera instancia en
cuanto negó las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que al
demandante no le asiste derecho a la reliquidación pretendida.

3.7. De la condena en costas.

78. La modificación del artículo 188 del C.P.A.C.A., efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

79. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del C.P.A.C.A. se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

80. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del C.G.P., teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del C.P.A.C.A.

81. En consecuencia, se impondrán costas a la parte actora, por cuanto en la
presente decisión no se acogieron los argumentos planteados en el recurso de
apelación. Para tal efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del respectivo tribunal.

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82. Con esta misma argumentación, resuelta procedente confirmar la condena en
costas impuesta en primera instancia.

83. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de octubre de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda - subsección D dentro
del proceso promovido por el señor Jaime Cabrera Guerra en contra de la
administradora colombiana de pensiones – COLPENSIONES, por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDA: CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta instancia,
conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERA: EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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