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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05678-03

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05678-03

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR integralmente la sentencia del Diecisiete (17) de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca, mediante la cual, ordenó seguir adelante con la ejecución, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia. TERCERO: Por SECRETARÍA, ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, para lo de su cargo, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-05678-03

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D.C. Seis (6) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05678-03 (2909-2025)
Demandante: Clara Inés Ochoa Serrano
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Medio de Ejecutivo
Control:
Tema: Excepción de pago total de la obligación
Decisión: Sentencia - Segunda Instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada,
contra la sentencia del Diecisiete (17) de septiembre de Dos Mil Veinticinco
(2025), proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca en audiencia
inicial, en la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda1

1.1 Pretensiones

1. La señora Clara Inés Ochoa Serrano, por conducto de apoderado
judicial, promovió proceso ejecutivo en contra de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP, con el propósito de obtener el pago de los intereses moratorios,
en valor de Dieciséis Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos
Cuarenta Pesos ($16.264.240), causados entre el Veintisiete (27) de febrero
de Dos Mil Siete (2007) y el Treinta y Uno de Diciembre de Dos Mil Nueve

1
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00060 – Folios 9 a 23.

2

Número Interno: 2909-2025
Demandante: Clara Inés Ochoa Serrano
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
(2009), derivados de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el Tres (3) de septiembre del Dos Mil Cuatro (2004), confirmada
por el Consejo de Estado en sentencia del Treinta y Uno (31) de mayo de Dos
Mil Siete (2007), ejecutoriada el Veintiséis (26) de febrero de Dos Mil Siete
(2007), dentro del proceso con radicación 25000232500020021038900.

2. Solicitó la indexación desde el Primero (1) de febrero del Dos Mil Diez
(2010), y condenar en costas a la parte ejecutada.

1.1.2. Hechos

3. La señora Clara Inés Ochoa Serrano, promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral, con el objeto de obtener la
reliquidación pensional, con la inclusión de todos los factores salariales e
indexación de la primera mesada pensional.

4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, profirió sentencia el Tres
(3) de septiembre del Dos Mil Cuatro (2004), condenando a la Caja Nacional
de Previsión Social – CAJANAL, a la reliquidación pensional de la
demandante, tomando como base, la totalidad de factores Salariales y/o
indexación de la primera mesada pensional, decisión confirmada por el
Consejo de Estado el Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Siete (2007).

5. En la decisión condenatoria, se ordenó el cumplimiento de la sentencia,
en los términos de los artículos 177 y 178 del Código Contencioso
Administrativo.

6. El Veintinueve (29) de mayo del Dos Mil Ocho (2008), la demandante
solicitó el cumplimiento de la sentencia. El Patrimonio Autónomo de Pensiones
– PAP, con Resolución No. PAP 000276 del Diez (10) de agosto del Dos Mil
Nueve (2009), dio cumplimiento a la decisión judicial, reliquidando la pensión
de la demandante.

7. En el mes de diciembre del Dos Mil Nueve (2009), la Caja Nacional de
Previsión Social EICE, reportó al Fondo de Pensiones Públicas del nivel

3

Número Interno: 2909-2025
Demandante: Clara Inés Ochoa Serrano
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
nacional, Consorcio FOPEP, la novedad de inclusión en nómina de la anterior
resolución, pagando, los siguientes rubros:

8. En el pago efectuado, no se incluyeron los intereses moratorios,
establecidos en el artículo 6 del artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo, los cuales fueron ordenados en la sentencia base de ejecución
y reconocidos en el acto administrativo de cumplimiento.

1.2. Mandamiento de pago2

9. Por auto del Seis (6) de agosto de Dos Mil Veintiuno (2021)3, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, libró mandamiento de pago en los siguientes
términos:

«Primero. Librar mandamiento de pago por un total de DIECISÉIS MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
($16.264.240) M/CTE. ($133.376.935,77) (sic) a favor de la señora Clara Inés
Ochoa de González, en contra de la Ugpp, por concepto de intereses moratorios
derivados de las sentencias judiciales por el período comprendido entre el 1° de
marzo de 2008 (día siguiente a la ejecutoria de la sentencia) al 31 de diciembre
de 2009 (día anterior al pago derivado del cumplimiento de la sentencia)

(…)»

2. Incidente de nulidad4 y recurso de reposición frente al auto de
mandamiento ejecutivo5

2
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00060 – Folios 205 a 208.

3
Mediante auto del Siete (7) de diciembre del Dos Mil Diecisiete (2017), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
se abstuvo de librar mandamiento de pago (folios 139 -142), ante la caducidad de la acción ejecutiva. La providencia
fue revocada por el Consejo de Estado, el Primero (1) de agosto del Dos Mil Diecinueve (2019) (folios 181 -189),
habida cuenta de la suspensión de términos derivados del proceso liquidatorio de Cajanal.

4
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00060 – Folios 217 a 219.

5
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00060 – Folios 235 a 242.

4

Número Interno: 2909-2025
Demandante: Clara Inés Ochoa Serrano
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
10. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, propuso
incidente de nulidad por indebida notificación del mandamiento de pago,
señalando que, en el acto de notificación, no se adjuntó el escrito de la
demanda y sus anexos, necesarios para la defensa de la entidad.

11. En escrito separado, interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación, frente al auto que libró mandamiento ejecutivo, alegando la
caducidad de la acción ejecutiva, la ineptitud de la demanda por falta de
requisitos formales, la inexigibilidad del título por falta de legitimación en la
causa por pasiva de la ejecutada, la inoperancia de intereses moratorios en el
periodo de liquidación de Cajanal y solicitando la corrección de un error
aritmético al señalarse en el mandamiento de pago, la suma de
$133.376.935,77, lo cual genera confusión sobre la suma respecto de la cual,
se libró mandamiento ejecutivo.

3. Auto que decidió sobre el incidente de nulidad y los recursos
propuestos6

12. Mediante auto del Veinticinco (25) de agosto del Dos Mil Veintitrés
(2023), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó la solicitud de
nulidad7, dio por notificado el auto que libró mandamiento ejecutivo por
conducta concluyente y rechazó de plano las excepciones de ineptitud de la
demanda por falta de requisitos formales, ante la falta de competencia de la
UGPP e inoperancia de intereses moratorios en el periodo de liquidación de
Cajanal. Asimismo, ordenó la corrección del mandamiento de pago,
excluyendo la suma de $133.376.935,77.

13. Respecto de la excepción de pago, señaló que, sería resuelta en la
audiencia prevista en el artículo 372 del Código General del Proceso.

6
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00060 – Folios 295 a 299.

7
La parte ejecutada interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación frente a la negativa de declaratoria de
nulidad, la cual, fue denegada en primera instancia el Cinco (5) de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024) (folios 329 a
332 del expediente físico) y confirmada por el despacho sustanciador el Diecinueve (19) de noviembre del Dos Mil
Veinticuatro (2024) (25000234200020160567802 – índice 4).

5

Número Interno: 2909-2025
Demandante: Clara Inés Ochoa Serrano
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

4. Sentencia de primera instancia8

14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia
dictada en la audiencia inicial el Diecisiete (17) de septiembre de Dos Mil
Veinticinco (2025), declaró no probada la excepción de pago propuesta por la
entidad demandada, ordenó seguir adelante con la ejecución por la suma de
Dos Millones Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Diez Pesos con Ochenta y
un Centavos ($2.094.410,81), por concepto de intereses moratorios.
Adicionalmente ordenó la liquidación del crédito, de conformidad con el artículo
446 del Código General del Proceso y, se abstuvo de condenar en costas
procesales.

15. Advirtió que, para liquidar los intereses moratorios objeto de ejecución,
se debe aplicar el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (Decreto
01 de 1984), comoquiera que, el título ejecutado ordenó su cumplimiento
conforme a lo dispuesto en la referida normativa, que indicaba que, las
condenas eran ejecutables dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.

16. Concluyó que, la entidad ejecutada dio cumplimiento parcial a las
sentencias base de ejecución, comoquiera que, omitió reconocer y pagar los
intereses moratorios en su totalidad y cuyo reconocimiento y pago era claro,
expreso y exigible en el respectivo título.

17. Afirmó que, los intereses moratorios corren a partir del día siguiente a
la ejecutoria de la sentencia que puso fin al proceso, que en este caso sería
desde el Primero (1) de marzo de Dos Mil Ocho (2008), hasta el día anterior a
la fecha del pago, el cual, tuvo ocurrencia el Treinta y Uno (31) de diciembre
de Dos Mil Nueve (2009), toda vez que, según liquidación realizada por la
entidad ejecutada, la orden dada a través de la Resolución No. PAP 000276
del Diez (10) de agosto de Dos Mil Nueve (2009), fue ingresada en nómina del
mes de enero de 2010.

18. Adujo que, a través de la Resolución RDP 026752 del Siete (7) de
octubre del Dos Mil Veintiuno (2021), la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –

8
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 000102.

6

Número Interno: 2909-2025
Demandante: Clara Inés Ochoa Serrano
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
UGPP, ordenó el pago de Nueve Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil
Quinientos Cincuenta y cuatro Pesos con Cuarenta y Cinco Centavos
($9.268.554,45), por concepto de intereses moratorios, monto respecto del
cual, la ejecutante confirmó su recibo.

19. Señaló que, la liquidación de intereses moratorios efectuada por la
contadora de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, se encuentra ajustada a derecho, pues, se realizó teniendo en
cuenta las fechas de ejecutoria e inclusión en nómina, tomando como capital
liquidado a la ejecutoria de la sentencia, la suma de $23.323.940.10; arrojando
un valor a pagar por concepto de intereses moratorios, la suma de
$11.362.964.81.

20. Advirtió que, comoquiera que la ejecutada pagó la suma de Nueve
Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y cuatro Pesos
con Cuarenta y Cinco Centavos ($9.268.554), quedó un saldo a favor de la
ejecutante, de Dos Millones Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Diez Pesos
con Ochenta y Un Centavos ($2.094.410.81), valor por el cual, ordenó seguir
adelante la ejecución.

4. Recurso de apelación9

21. La parte ejecutada interpuso recurso de apelación contra la sentencia
que accedió a las pretensiones, en razón a que, desconoce el cumplimiento
pleno de la obligación.

22. Refirió que, la sentencia de primera instancia no valoró la prueba
documental que demuestra el cumplimiento de la sentencia, materializando en
varios actos administrativos, el pago de capital e intereses moratorios,
concluyendo que, el pago es una de las formas de extinguir las obligaciones,
de acuerdo con el artículo 1625 del Código Civil; y, cuando se acredite de
manera plena, mediante las resoluciones administrativas ejecutoriadas, que la
obligación deja de ser clara y exigible, existiendo una «inidoneidad» para
fundar una continuación de la ejecución.

9
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 000102.

7

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Demandante: Clara Inés Ochoa Serrano
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Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
23. Manifestó que, la decisión impugnada omite aplicar este principio
elemental, dando lugar a una condena sobre una obligación inexistente,
enfatizando en que, la finalidad del proceso es obtener cumplimiento forzado
de una obligación insatisfecha, y, por lo tanto, si la obligación ya se pagó, como
ocurrió en este asunto, carece de sentido con mantener una ejecución.

24. Por lo tanto, solicitó revocar la providencia apelada, y en su lugar,
declarar probada la excepción de pago total de la obligación.

5. Trámite de segunda instancia

25. Con auto de Doce (12) de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025)10, el
consejero sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, conforme a lo previsto en el artículo 247 del CPACA.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

26. La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción,
según lo previsto en los artículos 125, 150, 243 y 247 del CPACA 11, en
concordancia con lo previsto en el artículo 15 del reglamento de esta
Corporación12.

27. Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 32813 del Código
General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

10
Expediente digital- Samai – Índice 00004.
11
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
12
Contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
13
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»

8

Número Interno: 2909-2025
Demandante: Clara Inés Ochoa Serrano
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
2.2 . Problema jurídico

28. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

i) De acuerdo con el material probatorio aportado al proceso, ¿se
configura la excepción de pago total de la obligación?

29. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3 Marco jurídico; 2.4. material probatorio; 2.5. Caso
concreto y 2.6. Condena en costas.

2.3. Marco jurídico
2.3.1 Generalidades del proceso ejecutivo

30. El proceso ejecutivo, busca «asegurar que el titular de una relación
jurídica que crea obligaciones pueda obtener, por medio de la intervención
estatal, el cumplimiento de ellas, compeliendo al deudor a ejecutar la
prestación a su cargo, si ello es posible, o si no, conduciéndolo a que
indemnice los perjuicios patrimoniales que su inobservancia ocasionó»14.

31. El instrumento que sirve como base del recaudo en el proceso ejecutivo,
se denomina título ejecutivo, que se define como el «documento que
representa una declaración de la voluntad del juez o de las partes, es aquél
que trae aparejada la ejecución, o sea, en virtud del cual cabe proceder
sumariamente al embargo y venta de bienes del deudor moroso, a fin de
satisfacer el capital o principal debido, más los intereses y costos»15.

32. Pues bien, el artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo establece que, constituyen título ejecutivo,
las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, mediante las cuales, se condene a una entidad
pública al pago de sumas dinerarias; entre otros.

33. A su vez, el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil establece
que, se «pueden demandar ejecutivamente las obligaciones expresas, claras

14
López Blanco, Hernán Fabio. (2004). Procedimiento Civil. Parte Especial. Bogotá: DUPRÉ Editores.
15
Carnelutti, Francesco. (1942). Instituciones del nuevo procedimiento civil italiano. Barcelona: Editorial Bosch.

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y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su
causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o
de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de
las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía
aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia
(…)»

34. De esta norma se desprenden, por un lado, las características de la
obligación, esto es que sea clara, expresa y exigible, por otro, que debe estar
consignada en un documento y, finalmente, que además de los documentos
que provengan del deudor o causante, las sentencias de condena o cualquier
otra providencia judicial con fuerza ejecutiva, son títulos ejecutivos.

35. En cuanto a los atributos del título ejecutivo tenemos que, la obligación
es expresa, si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de
una presunción legal o una interpretación normativa. Es clara, cuando sus
elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, y es exigible, cuando no depende
del cumplimiento de un plazo o condición, o cuando dependiendo de ellos, ya
se han cumplido16.

36. Asimismo, esta Subsección en providencia del Treinta (30) de mayo de
Dos Mil Veinticuatro (2024)17, dispuso que «cuando se pretende el
cumplimiento de una obligación a cargo del Estado, el título ejecutivo se
constituye exclusivamente en la sentencia, no solo porque el artículo 297 del
CPACA no condicionó su integración con el acto administrativo de
cumplimiento, sino además porque no se cumplen con los requisitos para que
pueda ser catalogado como título complejo, pues, no existe una relación
inescindible entre estos para determinar su claridad y exigibilidad».

37. En ese contexto, una vez se allegan los documentos correspondientes
y antes de dar inicio al proceso ejecutivo, corresponde al juez verificar, si el

16
Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
17
C.E. Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 30 de mayo de 2024, C.P. JUAN ENRIQUE BEDOYA
ESCOBAR, Radicación: 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022)

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título ejecutivo cumple con los requisitos legales, esto es, contiene una
obligación clara, expresa y exigible a cargo del demandado.

2.3.2. La carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de
pago

38. Sobre la carga probatoria en los procesos ejecutivos que versen sobre
obligaciones de pagar sumas de dinero, y en los cuales, se formule la
excepción de pago, esta Subsección ha sostenido que, para que «el juez pueda
dar por acreditado dicho pago, el deudor debe aportar pruebas que evidencie la
entrega de los dineros al acreedor, tanto del capital como de los intereses cuando
exista retardo, no bastando con la expedición de los actos administrativos que den
cumplimiento a lo ordenado en los fallos judiciales18».

39. En estos eventos, es la parte ejecutada la que tiene la carga de la
prueba frente al pago de la obligación, conforme a lo dispuesto en los artículos
167 del Código General del Proceso, 103 de la Ley 1437 de 2011 y 1757 del
Código Civil. Si no se demuestra el cumplimiento total de la obligación, el juez
deberá ordenar seguir adelante con la ejecución, en tanto, el título ejecutivo
conserva su fuerza ejecutiva y el crédito permanece insatisfecho.

40. En lo atinente a la orden de seguir adelante con la ejecución, esta Sala,
en providencia del Dieciocho (18) de Mayo de Dos Mil Diecisiete (2017)19,
precisó que: «la orden de seguir adelante, significa que el juez encuentra que el título
ejecutivo se ajusta por completo a la legalidad y que, por tanto, el deudor debe
proceder a honrar la obligación insatisfecha. En esta etapa, queda agotada la defensa
del ejecutado y lo que queda por resolver, es únicamente la satisfacción definitiva y
completa del crédito cobrado judicialmente. De ahí que las acciones que debe
desplegar la justicia a partir de la ejecutoria de la orden de seguir adelante con la
ejecución, estarán entonces encaminadas exclusivamente a obtener el pago a favor
del acreedor y una vez ese hecho se produzca, se deberá disponer la terminación del
proceso ejecutivo».

41. En consonancia con lo expuesto, esta misma Sala de Subsección, en

18
Así quedó expuesto, entre otras, en la sentencia de fecha 30 de mayo de 2024, Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, Auto del 18 de mayo
de 2017, radicación 15001-23-33-000-2013-00870-02 (0577-17).

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Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
sentencia del dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)20,
reafirmó que, la naturaleza de esta decisión se circunscribe a verificar que,
el título ejecutivo se ajuste a la legalidad y a determinar si subsiste o no la
obligación a cargo del deudor, pues, es en la etapa siguiente, esto es, la
liquidación del crédito, que se determinará con exactitud el monto de la
deuda y se podrán tener en cuenta los abonos o pagos efectuados. De
igual manera, así lo explicó la Corte Constitucional21, al sostener que: «en
ese momento procesal «(i) ya se ha proferido un mandamiento de pago en el que
se ha señalado la suma adeudada; (ii) ya existe una sentencia en firme que decide
en el fondo sobre la existencia de dicha obligación y el momento desde cuando
se hizo exigible; y (iii) también está plenamente establecido el monto de la deuda
en la unidad monetaria en la que fue contraída dicha obligación. Así las cosas, las
operaciones que restan para liquidar el crédito son la determinación del monto a
pagar en moneda nacional, si es el caso, y el cálculo del valor de los intereses,
que se establece a partir del tiempo trascurrido desde que la obligación se hizo
exigible».

2.4 Material probatorio

42. En el plenario, reposan los siguientes medios de prueba, relevantes
para la resolución del caso concreto.

• Copia de la Sentencia de primera instancia22, del Tres (3) de
septiembre de Dos Mil Cuatro (2004), proferida por Tribunal
administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación
2002-10389, en el cual, se declaró la nulidad del acto administrativo por
medio del cual, se negó la reliquidación pensional a la demandante y se
ordenó proceder a ella, incluyendo la totalidad de factores salariales,
devengados en el último año de servicios.

• Copia de la sentencia del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda - Subsección B, proferida el Treinta y

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 16 de
octubre de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 68001-23-33-000-2018-00871-01 (2234-2024).
21
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-814 de 2009.
22
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00060 – Folios 25 a 53.

12

Número Interno: 2909-2025
Demandante: Clara Inés Ochoa Serrano
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Uno (31) de mayo de Dos Mil Siete (2007)23, confirmatoria de la decisión
de primera instancia.

• Oficio No. 0947 del Veintiséis (26) de mayo del Dos Mil Diecisiete
(2017), mediante el cual, se corrige la fecha de ejecutoria de las
sentencias base de ejecución, señalando como fecha correcta el
Veintinueve (29) de febrero de Dos Mil Ocho (2008)24.

• Reclamación de la apoderada de la señora Clara Inés Ochoa Serrano,
mediante la cual, solicitó dar cumplimiento sentencia condenatoria, con
sello de recibido del Veintinueve (29) de mayo de Dos Mil Ocho
(2008)25.

• Resolución PAP 00276 del Diez (10) de agosto del Dos Mil Nueve
(2009)26, expedida por la Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal
en liquidación, mediante la cual, se dio cumplimiento a las decisiones
judiciales y se reliquidó la pensión de la demandante. Asimismo, ordenó
«ARTICULO SEGUNDO: Por el área de nómina se efectuará la liquidación de
los intereses contemplados en el artículo 177 del C.C.A y su pago estará a
cargo de CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN.»

• Constancia expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, que da cuenta que, la Resolución PAP 00276 del Diez (10) de
agosto del Dos Mil Nueve (2009), quedó ejecutoriada, a partir del
«CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE (2009)27.

• Oficio del Dos (2) de diciembre del Dos Mil Catorce (2014), por medio
del cual, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, aduce su
falta de competencia para el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios del artículo 177 del CCA, y anexa la liquidación de las
mesadas a la demandante28.

23
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00060 – Folios 55 a 85.
24
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00060 – Folio 135.
25
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00060 – Folios 91 a 94.
26
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00060 – Folios 101 a 111.
27
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00060 – Folio 99.
28
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00060 – Folios 113 a 124.

13

Número Interno: 2909-2025
Demandante: Clara Inés Ochoa Serrano
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
• Resolución RDP 026752 del Siete (7) de octubre del Dos Mil Veintiuno
(2021), por medio de la cual, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP, modificó la Resolución PAP 276 del 2009, ordenando el pago
de $9.268.554,35, por concepto de intereses del artículo 177 del CCA 29.

• Orden de pago presupuestal de gastos30, de Cinco (5) de septiembre
del Dos Mil Veintitrés (2023), en la cual, se consigna el pago de la
obligación.

• Manifestación del apoderado de la parte ejecutante, sobre el recibo a
satisfacción de la suma señalada por la entidad31.

2.4. Caso concreto

43. En el sub lite, no está en discusión el título base de ejecución,
constitutivo de la sentencia de primera instancia, proferida el Tres (3) de
septiembre de Dos Mil Cuatro (2004), por el Tribunal administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, y la sentencia del Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda -
Subsección B, del Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Siete (2007),
mediante las cuales, se ordenó la reliquidación de la pensión de la señora
Clara Inés Ochoa Serrano, incluyendo la totalidad de factores salariales,
devengados en el último año de servicios; así como, el pago de los intereses
moratorios, en los términos del artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo.

44. La oposición de la entidad demandada, frente a la decisión que ordenó
seguir adelante con la ejecución y liquidar el crédito, radica en que, en criterio
del recurrente, existe pago total de la obligación.

45. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, teniendo en cuenta
que, tal como lo concluyó el A – quo, en el presente asunto, los intereses
moratorios, en los términos del artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo, fueron ordenados en las sentencias base de ejecución; sin

29
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00060 – Folios 265 a 274.
30
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00060 – Folio 317.
31
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00098.

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Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
embargo, no han sido sufragados en su totalidad por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP.

46. La norma en comento, adicionada por el artículo 60 de la Ley 446 de
1998, establecía lo siguiente:

«ARTICULO 177. EFECTIVIDAD DE CONDENAS CONTRA ENTIDADES
PUBLICAS. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o
descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se
enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para
ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.

(…)
Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho
(18) meses después de su ejecutoria.

Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses
comerciales y moratorias.

Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o
liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los
beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva,
acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de
intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud
en legal forma.

En asuntos de carácter laboral, cuando se condene a un reintegro y dentro del
término de seis meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo
disponga, éste no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado,
en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo.»

47. En el sub lite, la ejecutante presentó la solicitud de cumplimento dentro
del término legal (29 de mayo del 2008), y, por tal motivo, los intereses
moratorios se causaron a partir del día siguiente a la fecha de la ejecutoria de
la sentencia que sirve de título, esto es, desde el Primero (1) de marzo de Dos
Mil Ocho (2008), hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Nueve
(2009), teniendo en cuenta que, la ejecutante en el escrito introductorio, señaló
que, la inclusión en nómina de la reliquidación pensional y el pago del
retroactivo, tuvo ocurrencia en dicha data.

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Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
48. En el trámite de la acción ejecutiva, la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, aportó la Resolución RDP 026752 del Siete (7) de octubre del Dos Mil
Veintiuno (2021), por medio de la cual, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, modificó la Resolución PAP 276 del 2009, y ordenó el pago de Nueve
Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos
con Treinta y Cinco Centavos ($9.268.554,35), por concepto de intereses del
artículo 177 del Código Contencioso Administrativo; frente al que considera,
debe declararse configurada la excepción de pago total de la obligación.

49. En el acto administrativo referenciado, la entidad ejecutada explicó que,
con la Resolución PAP 276 del 2009, se pagó por concepto de retroactivo
pensional, la suma de Veintiún Millones Seiscientos Setenta y Siete Mil
Setecientos Cuarenta y Nueve Pesos con Sesenta y Cuatro Centavos
($21.677.749,64) y por indexación, el monto correspondiente a Cinco Millones
Seiscientos Treinta y Un Mil Ciento Dieciséis Pesos con Dos Centavos
($5.631.116,02), para un total de Veintiséis Millones Veinticuatro Mil
Doscientos Setenta y Dos Pesos con Sesenta y Cuatro Centavos
($26.024.272,64); teniendo como base la fecha de ejecutoria de la sentencia,
la cual, señaló corresponde al Veintiséis (26) de febrero del Dos Mil Ocho
(2008), y hasta el mes anterior al pago del retroactivo, esto es, al Treinta y Uno
(31) de diciembre del dos Mil Nueve (2009); así32:

50. Para la liquidación de intereses moratorios, la Unidad Administrativa

32
Cuadro extraído de la Resolución RDP 026752 del Siete (7) de octubre del Dos Mil Veintiuno (2021).

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Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, tuvo en cuenta mesa a mes, el interés de usura, basado en la
tasa diaria, en los términos que se exponen:

51. Para que la excepción de pago promovida en el trámite del proceso
ejecutivo prospere, es necesario que, la entidad interesada despliegue las
conductas procesales necesarias, y aporte los medios de convicción

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Número Interno: 2909-2025
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Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
conducentes y pertinentes, para acreditar que ha cumplido con las
obligaciones inherentes a la ejecución.

52. De acuerdo con lo normado por el artículo 167 del Código General del
Proceso, «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», principio que debe atenderse en
la presente actuación, y sobre el cual, esta Sala de Subsección ha establecido
lo siguiente33:

«(…) 87. Es así, entonces, que la obligación se extinguirá únicamente cuando
se cumpla en su totalidad, esto es se pague al acreedor no solo el capital, sino
también los intereses cuando exista retardo, tal como lo prevé el artículo 1649
del Código Civil34.

88. Por consiguiente, para que el juez pueda dar por acreditado el pago, el
deudor debe aportar el documento que evidencie la entrega de los dineros al
acreedor, tesis que ha prohijado esta corporación, por ejemplo, en la sentencia
proferida el 9 de septiembre de 2021, en la cual se consideró lo siguiente35:
«De lo expuesto la Sala no puede concluir nada distinto a que la deuda sigue
pendiente del pago total puesto que si bien se emitieron los aludidos actos
administrativos con el fin de cumplir con lo ordenado en los fallos judiciales,
no es menos cierto que la entidad ejecutada no demostró haber realizado el
pago total, pues de los argumentos de su apelación no se puede extraer que
la obligación esté plenamente satisfecha ante la liquidación efectuada por el a
quo.»

89. De esa manera, la carga probatoria para acreditar el cumplimiento de la
obligación recae exclusivamente en la parte ejecutada, pues los artículos 103
del CPACA y 167 del Código General del Proceso, establecen que «[q]uien
acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento
del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la
administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas
procesales y probatorias previstas en este Código» y, también que «incumbe
a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen.»

53. Dicho lo anterior, la Sala concluye que la excepción de pago en la que
insiste la demandada, no se encuentra probada, porque, aunque se acredita
un desembolso por concepto de intereses moratorios, tal suma no logra cubrir
el monto total de la obligación, como bien lo determinó el A-quo.

33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B; sentencia de 30 de
mayo de 2024; expediente 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022); consejero ponente: Juan Enrique Bedoya
Escobar.
34
«Artículo 1649. El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de
convención contraria; i sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales. El pago total de la deuda
comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban.»
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2017-03557-01 (0341-20).

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54. Al verificar la liquidación efectuada en la sentencia de primera
instancia36, la Sala encuentra que, se tuvieron como extremos temporales, el
Veintinueve (29) de febrero del Dos Mil Ocho (2008), como fecha de ejecutoria
de la sentencia, y, la fecha de ingreso a nómina, que corresponde al mes de
enero de 2010, teniendo como límite para la liquidación el Treinta y Uno (31)
de diciembre del dos Mil Nueve (2009). Asimismo, al monto base de
liquidación, correspondiente a las mesadas pensionales indexadas, se le
efectuó un descuento por concepto de aportes a salud; además, se tuvo en
cuenta la tasa de interés moratorio, la cual, arrojó los siguientes valores:

55. Contrastadas las liquidaciones de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP y la realizada en sede judicial, la Sala evidencia que, aunque ambas
tienen como parámetro la tasa de usura certificada por la Superintendencia

36
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00087.

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Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Financiera de Colombia para los años 2008 y 200937, coincidiendo de manera
general, en el interés moratorio diario, la diferencia radica en que, la liquidación
efectuada por la ejecutada, no fijó valores al interregno comprendido entre julio
y diciembre del 2009.

56. En criterio de la Sala, no existe sustento jurídico para que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP, se haya abstenido de liquidar dicho periodo,
comoquiera que, la propia Resolución RDP 026752 del Siete (7) de octubre
del Dos Mil Veintiuno (2021), señala como fecha de pago del retroactivo
pensional, el mes de diciembre de dos mil nueve (2009).

57. Vistas así las cosas, la liquidación efectuada por el A-quo,
correspondiente a los intereses moratorios por la totalidad del tiempo en que
fueron causados, permiten entender que, el pago por Nueve Millones
Doscientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos con
Treinta y Cinco Centavos ($9.268.554,35), no abarcan la totalidad de la
obligación, debido a que existe un saldo pendiente de pago, por Dos Millones
Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Diez Mil Pesos con Ochenta y Un
Centavos ($2.094.410,81) .

58. En consecuencia, los argumentos de la apelación no tienen la aptitud
suficiente para declarar la configuración de la excepción de pago total de la
obligación, como pretende la entidad ejecutada.

59. Siendo así las cosas, se confirmará la decisión de primera instancia que
ordenó seguir adelante con la ejecución, por el saldo insoluto de la obligación,
y la consecuente liquidación del crédito.

2.5 Condena en costas

60. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses,
es decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del
CPACA, por tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

37
www.superintendenciafinanciera.gov.co. Histórico Tasa de Usura. Archivo Excel..

20

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2.6. Conclusión

61. Al no acreditarse por la entidad demandada el pago total de la obligación,
la Sala confirmará la decisión de primera instancia, que ordenó seguir adelante
con la ejecución.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR integralmente la sentencia del Diecisiete (17) de
septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal
Administrativo Cundinamarca, mediante la cual, ordenó seguir adelante con la
ejecución, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.

TERCERO: Por SECRETARÍA, ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen, para lo de su cargo, previas las anotaciones
y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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