Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05725-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05725-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-05725-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
20 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de 2022
Radicación: 25000-23-42-000-2016-05725-01
N° Interno: 2364-2020
Proceso: Ejecutivo
Ejecutante: José Ignacio Espinel Infante
Ejecutado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP
Trámite: Recurso de apelación contra la sentencia que ordenó
seguir adelante con la ejecución
Asunto: Confirma parcialmente la sentencia que ordenó seguir
adelante con la ejecución/ Intereses moratorios
I. ASUNTO
1. La Sala decide1 el recurso de apelación que la parte ejecutada interpuso
contra la sentencia de 28 de noviembre de 2019, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró no probadas las
excepciones propuestas por la entidad y ordenó seguir adelante con la
ejecución.
II. ANTECEDENTES
2. El señor José Ignacio Espinel Infante presentó demanda contra la extinta
Caja Nacional de Previsión Social, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho del artículo 85 del Decreto 01 de 1984, para
obtener la nulidad de la Resolución No. 55821 de 4 de diciembre de 2007 y
del acto ficto surgido de la petición de 25 de agosto de 2009, por medio de
los cuales se le negó la reliquidación de su pensión de jubilación con la
inclusión de todos los factores devengados en el último semestre de
1
El expediente ingresó al Despacho el 22 de julio de 2021, según informe secretarial de folio 141.
Expediente 25000-23-42-000-2016-05725-01
Número Interno (2364-2020)
EJECUTANTE: José Ignacio Espinel Infante
EJECUTADA: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP
servicios, de conformidad con el régimen especial establecido a favor de los
servidores de la Contraloría General de la República.
3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 23 de
junio de 2011, negó las pretensiones de la demanda.2
4. La anterior providencia fue revocada mediante la sentencia de 28 de junio
de 2012, proferida por la Sección Segunda, Subsección B de esta
corporación, por medio de la cual se ordenó la reliquidación pensional,
incluyendo en el ingreso base la sexta parte de todos los factores
devengados durante el último semestre de servicio, comprendido entre el 2
de septiembre de 2007 y el 2 de marzo de 2008. También se dispuso la
indexación de esas sumas y el pago en la forma y en el término previsto en
los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.3 La sentencia
base de recaudo quedó ejecutoriada el 26 de octubre de 2012.4
5. Mediante petición No. 20135140532922 de 22 de febrero de 2013, el
ejecutante le pidió a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, el
cumplimiento de las sentencias base de ejecución.5
6. La UGPP, expidió la Resolución No. RDP016106 del 10 de abril de 2013,
para dar cumplimiento al referido fallo, de manera que reliquidó la pensión
de jubilación del ejecutante, elevando la cuantía de la prestación a la suma
de $1.810.415, efectiva a partir del 3 de marzo de 2008.6 Según la
liquidación de esa decisión y el cupón el pago No. 959877, efectuados los
correspondientes descuentos por salud, la entidad reconoció en la nómina
de agosto de 2013, lo siguiente:8
Mesadas Indexación Intereses Total a reportar Descuentos Neto a pagar
en salud
$10.991.968.26 $673.399.56 0.00 $11.665.367.82 $1.206.299,49 $10.459.068.33
2
Fols. 12 a 26.
3
Fols. 28 a 50
4
Fol. 51 vuelto.
5
Fols. 52 a 54.
6
Fols. 55 a 57.
7
Fol. 58
8
Fols. 74 y 75
2
Expediente 25000-23-42-000-2016-05725-01
Número Interno (2364-2020)
EJECUTANTE: José Ignacio Espinel Infante
EJECUTADA: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP
7. Por medio de la Resolución No. RDP 048527 de 18 de octubre de 2013, la
UGPP modificó la anterior decisión en el sentido de aumentar la cuantía
teniendo en cuenta nuevos tiempos de servicio a $2.356.786 mensuales9.
Según la respectiva liquidación10 y el cupón de pago No. 10228511, el
ejecutante recibió en el mes de noviembre de 2013, los siguientes
conceptos:
Mesadas Indexación Intereses Total a reportar Descuentos Neto a pagar
en salud
$50.887.213.00 $2.661.559.39 0.00 $53.548.772.39 $5.269.210.96 $48.279.561.43
8. El señor José Ignacio Espinel Infante, presentó demanda ejecutiva con el
fin de que se librara mandamiento de pago a su favor y en contra de la
UGPP. El ejecutante pidió la suma de $17.944.967,69 por concepto de
intereses moratorios derivados del pago tardío de las sentencias base de
recaudo por dos periodos: i) desde el 27 de octubre de 2012 al 26 de agosto
de 2013 sobre el primera pago de $10.196.809,28 y ii) del 27 de octubre de
2012 al 25 de noviembre de 2013 sobre el segundo pago de $45.100.724,32
y la indexación de esos valores. También pidió que se condene en costas a
la entidad ejecutada.12
2.1 El mandamiento de pago
9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 23 de
octubre de 201813, libró el mandamiento de pago por i) $17.944.967,69
correspondientes a los intereses moratorios generados entre el 27 de
octubre de 2012 y el 25 de noviembre de 2013 por el capital que la UGPP
pagó en cumplimiento de las sentencias judiciales presentadas al cobro y ii)
por la indexación de las sumas ordenadas para el periodo comprendido
entre el 26 de noviembre de 2013 (día siguiente al del pago del capital
adeudado) y hasta la fecha del pago efectivo de las sumas ordenadas.
9
Fols. 66 a 68
10
Fols. 72 a 73.
11
Fol. 69
12
Fols. 1 a 7.
13
Fol. 196 a 205.
3
Expediente 25000-23-42-000-2016-05725-01
Número Interno (2364-2020)
EJECUTANTE: José Ignacio Espinel Infante
EJECUTADA: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP
10. El a quo indicó que del título ejecutivo complejo, conformado por las
sentencias de primera y segunda instancia y la resolución por medio de la
cual se dio cumplimiento parcial a la obligación contenida en aquellas, es
claro que esta fue pagada tardíamente y sin el consecuente desembolso de
intereses de mora, de manera que procede su reconocimiento por vía
judicial.
11. Adujo que los intereses que se reclaman se causaron entre el 27 de
octubre de 2012 y el 25 de noviembre de 2013, cuando se pagó el capital
adeudado, de manera que ordenó su indexación entre el 26 de noviembre de
2013 y el momento en el que se paguen efectivamente esos emolumentos.
III. LA SENTENCIA DE EXCEPCIONES APELADA
12. Después de surtidas las correspondientes etapas procesales, mediante
sentencia proferida el 28 de noviembre de 201914, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca resolvió declarar no probadas las excepciones propuestas
por la entidad ejecutada y ordenó seguir adelante con la ejecución en contra
de la UGPP por los intereses moratorios «causados en dos momentos,
primero respecto de un capital de $55.297.536.6 entre el 27 de octubre día
siguiente a la ejecutoria de la sentencia y el 26 de agosto de 2013 cuando la
accionada abonó a capital la suma de $10.196.809,28; y un segundo
momento sobre un capital de $45.100.724,32 liquidados entre el 27 de
agosto de 2013 y el 25 de noviembre de 2013, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso 5 del artículo 177 del C.C.A». Sin condena en costas a
la ejecutada.
13. Para sustentar la anterior decisión, el a quo adujo que el actor no
reclama el pago de algún capital, sino de los intereses de mora por el pago
de la sentencia que quedó ejecutoriada el 26 de octubre de 2012, debido a
que la UGPP efectuó dos desembolsos parciales en agosto y noviembre de
2013, esto es, de forma tardía.
14
Fols. 228 a 234
4
Expediente 25000-23-42-000-2016-05725-01
Número Interno (2364-2020)
EJECUTANTE: José Ignacio Espinel Infante
EJECUTADA: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP
14. Agregó que si bien la ejecutada planteó la excepción de pago, no
demostró haber cancelado suma alguna por concepto de intereses y;
contrario a ello, reposa en el expediente certificación emitida por dicha
entidad en la que se señala que no se liquidó ni pagó ese concepto.
15. Precisó que pese a que en el mandamiento de pago se dispuso la
indexación de los intereses causados desde el 26 de noviembre de 2013,
fecha siguiente al mes de inclusión en nómina hasta que se verifique el pago
total de la obligación, no se seguiría la ejecución por dicho concepto. Lo
anterior, teniendo en cuenta que la Sala mayoritaria decidió acoger la
postura expresada por el Consejo de Estado en sentencia de 16 de agosto
de 201815, donde se indicó que la indexación y los intereses moratorios son
incompatibles pues obedecen a la misma causa, esto es, a la devaluación
del dinero.
IV. EL RECURSO DE APELACIÓN
16. La apoderada de la parte ejecutada interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de 28 de noviembre de 2019 que ordenó seguir adelante
con la ejecución para que se revocara, pues considera que en el asunto se
configuró la excepción de pago.16
17. Afirmó que mediante la Resolución No. RDP 33352 de 28 de agosto de
2017, la entidad reconoció intereses moratorios por el pago tardío de la
sentencia base de ejecución en cuantía de $5.001.279,63. El anterior valor
fue cancelado el 28 de agosto de 2019, mediante orden de pago
presupuestal de gastos, comprobante No. 237432819.
18. Aseguró que en la liquidación efectuada por el área de nómina, se tuvo
en cuenta lo dispuesto por el Decreto 2469 de 2015, expedido por el
Ministerio de Hacienda y Crédito público, norma que establece los
lineamientos para el cálculo de créditos judiciales.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P Sandra Lisset Ibarra Vélez,
número interno (0313-2014)
16 Fols. 243 y 246.
5
Expediente 25000-23-42-000-2016-05725-01
Número Interno (2364-2020)
EJECUTANTE: José Ignacio Espinel Infante
EJECUTADA: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP
19. Adujo que en gracia de discusión, la entidad procedió a revisar la
liquidación considerando lo reglado en el artículo 177 del CCA y obtuvo la
suma de $8.445.951.88 por concepto de intereses moratorios, de manera
que al descotar lo que efectivamente pagó, se obtiene un valor máximo de
$3.444.672,25. Concluyó que la obligación objeto de ejecución no
corresponde a la suma señalada en el mandamiento de apremio y que en
todo caso, existe un pago realizado que hace que las excepciones
propuestas estén llamadas a prosperar.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
20. El proceso fue asignado por reparto a la Ponente el 23 de septiembre de
202017 y mediante providencia del día 30 del mismo mes y año se admitió el
recurso de apelación objeto de pronunciamiento18.
21. A través de auto de 13 de abril de 2021, el Despacho concedió el término
para que las partes allegaran sus alegatos de conclusión19.
22. La parte ejecutada presentó alegatos de conclusión20 en los que reiteró
que mediante la orden de pago presupuestal de gastos comprobante N.º
237432819, le pagó al ejecutante la suma de $5.001.279,63 por concepto de
intereses moratorios.
23. La parte ejecutante presentó alegatos de conclusión21 en los que reiteró
su pretensión de pago de intereses moratorios y destacó que deben «ser
calculados con una tasa del 1.5 veces el interés corriente bancario
certificado por la Superintendencia Financiera, en la medida que el proceso
fue tramitado y culminado bajo la vigencia del Decreto 01 de 1984, y no
como lo indico la Juez que estos serán cancelados de conformidad al inciso
3 del artículo 192 del C.P.A.C.A.»
17
Fol. 252
18
Fol. 254
19
Fol. 256
20 Índice 14 de SAMAI.
21 Índices 15 y 16 de SAMAI.
6
Expediente 25000-23-42-000-2016-05725-01
Número Interno (2364-2020)
EJECUTANTE: José Ignacio Espinel Infante
EJECUTADA: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP
24. El Delegado del Ministerio Público rindió su concepto, en el que solicitó
que se confirme la providencia apelada, pues en la etapa de la liquidación
del crédito es en «la que corresponde analizar si la UGPP realizó en debida
forma pagos parciales al ejecutante por concepto de los intereses de mora
reclamados, la tasa de interés aplicable, etc., por lo que, sin perjuicio de que
se hubieren desechado en el auto que ordenó seguir adelante con la
ejecución, las excepciones de pago o de compensación»22.
25. Agotada como se encuentra la instancia, sin observar causales de
nulidad que invaliden lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto, para
lo cual tiene en cuenta las siguientes,
CONSIDERACIONES
1. Competencia.
26. El artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de
2012, en cuanto a la competencia del Consejo de Estado, dispone:
« ARTÍCULO 615. Modifíquese el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, el
cual quedará así:
« Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y
cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así
como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por
parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de
unificación de jurisprudencia […]»
[Se destaca].
27. De acuerdo con la norma transcrita, el Consejo de Estado tiene
competencia para resolver el recurso de apelación que presentó la parte
ejecutada contra la sentencia que resolvió las excepciones formuladas, toda
22
Índice 17 de SAMAI.
7
Expediente 25000-23-42-000-2016-05725-01
Número Interno (2364-2020)
EJECUTANTE: José Ignacio Espinel Infante
EJECUTADA: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP
vez que en segunda instancia conoce de las apelaciones contra las
sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos.
2. Procedencia.
28. En relación con la procedencia del recurso de apelación para el caso de
la referencia, el artículo 243 de la Ley 1437 de 201123, disponía lo siguiente:
«Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia
de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes
autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos […]».
29. Se trata en este caso del recurso de apelación que la parte ejecutada
presentó contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por medio de la cual declaró no probadas las excepciones propuestas por la
UGPP y dispuso continuar con la ejecución. En consecuencia, al estar
comprendida dentro del inciso 1º del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011,
procede el recurso impetrado.
3. El problema jurídico.
30. De acuerdo a lo señalado en la providencia de primera instancia y
atendiendo el motivo de oposición aducido por la parte ejecutada, el
problema jurídico a resolver por la Sala se circunscribe a determinar si en el
asunto se configuró la excepción de pago y en consecuencia, no procede
seguir adelante con la ejecución por los intereses moratorios, derivados del
pago tardío de las sentencias base de recaudo.
31. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará el estudio
de los siguientes temas: (i) la tasa de mora aplicable para créditos
judicialmente reconocidos mediante sentencias y conciliaciones cuando
existe variación en el tránsito de legislación, (ii) efectividad de condenas
contra entidades públicas. Régimen de intereses de mora de la Ley 1437 de
2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y; (iii) el caso concreto.
23
Modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021
8
Expediente 25000-23-42-000-2016-05725-01
Número Interno (2364-2020)
EJECUTANTE: José Ignacio Espinel Infante
EJECUTADA: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP
4. Tasa de mora aplicable para créditos judicialmente reconocidos
mediante sentencias y conciliaciones cuando existe variación en el
tránsito de legislación.
32. Para efectos de liquidar los intereses moratorios de sentencias que se
profirieron durante la vigencia del Decreto 01 de 1984, pero cuyo
incumplimiento se extendió hasta la entrada en vigencia del CPACA, la Sala
de Servicio y Consulta Civil de esta Corporación estableció que el pago de
tales intereses debe imponerse y liquidarse por separado, teniendo en
cuenta la norma vigente al momento de la mora, de la siguiente forma:24
«¿Cuándo una entidad deba dar cumplimiento a una sentencia o conciliación
proferida con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011
(julio 2 de 2012), pero cuya demanda fue interpuesta con anterioridad a esta
fecha; ¿se debe liquidar el pago con intereses moratorios de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 1437 de 2011 o con las disposiciones para la
liquidación de intereses moratorios del Decreto 01 de 1984?
La tasa de mora aplicable para créditos judicialmente reconocidos en
sentencias condenatorias y conciliaciones debidamente aprobadas por la
jurisdicción es la vigente al momento en que se incurre en mora en el pago de
las obligaciones dinerarias derivadas de aquellas. En consecuencia, cuando
una entidad estatal deba dar cumplimiento a una sentencia proferida o
conciliación aprobada con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
1437 de 2011 (julio 2 de 2012), pero cuya demanda fue interpuesta con
anterioridad a esta, debe liquidar el pago con intereses moratorios de acuerdo
con las disposiciones de la Ley 1437 de 2011. Igualmente, si el
incumplimiento de la referida obligación se inicia antes del tránsito de
legislación y se prolonga durante la vigencia de la nueva ley, la pena, esto es,
el pago de intereses moratorios, deberá imponerse y liquidarse por separado
lo correspondiente a una y otra ley.
33. La anterior tesis fue reiterada y desarrollada por esta Sala en posteriores
pronunciamientos25, al determinar que en los casos en que las sentencias
base de ejecución o recaudo se expidieron en vigencia del CCA, pero su
incumplimiento se proyectó en el tiempo comprendiendo la entrada en
24
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, consejero ponente: Dr. Álvaro
Namén Vargas, concepto de 29 de abril de 2014, expediente: 11001-03-06-000-2013-
00517-00 (2184), actor: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta tesis fue reiterada
por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, mediante sentencia de 1 de
diciembre de 2017, consejera ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, expediente: 11001-
03-15-000-2017-02763-00 (AC), actor: Luis Eduardo Hernández Carvajal.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto de 15 de julio de 2021,
radicación 25000-23-42-000-2018-01120-01 y sentencias de 1 de diciembre de 2017,
radicación 11001-03-15-000-2017-02763-00 y de 29 de agosto de 2019, radicación 25000-
23-25-000-2016-00013-01 M.P Sandra Lisset Ibarra Vélez.
9
Expediente 25000-23-42-000-2016-05725-01
Número Interno (2364-2020)
EJECUTANTE: José Ignacio Espinel Infante
EJECUTADA: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP
vigencia del CPACA, la normativa para liquidar los intereses moratorios se
aplica de manera independiente, es decir, por los períodos que coinciden
con las respectivas vigencias de los artículos 177 del Decreto 01 de 1984 y
195 de la Ley 1437 de 2011.
34. En conclusión, la tasa de mora aplicable para créditos judicialmente
reconocidos mediante sentencias y conciliaciones es aquella vigente al
momento en que se incurre en mora en el pago de las obligaciones
dinerarias derivadas de estas, toda vez que ella es una infracción que se
comete día a día.
5. Efectividad de condenas contra entidades públicas. Régimen de
intereses de mora de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
35. La regla anterior del Decreto Ley 01 de 1984 en materia de intereses de
mora fue reemplazada, desde el 2 de julio de 2012, por lo establecido en el
numeral 4° del artículo 195 de la Ley 1437 de 201126, en los siguientes
términos:
«4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o
liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses
moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante,
una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso
segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días
establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad
obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente
reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio
a la tasa comercial.»
36. En consecuencia, los intereses de mora deben liquidarse de acuerdo con
una fórmula variable, en la que en un primer momento, que transcurre entre
la ejecutoria de la sentencia y los diez meses de que trata el inciso 2° del
artículo 192 se causan intereses moratorios a una tasa DTF27, y luego de
esos diez meses intereses moratorios a la tasa comercial.
26
Declarado exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-604 de 2012.
27
http://www.banrep.gov.co/es/glosario/tasas-captacion, promedio ponderado de las tasas
de interés efectivas de captación a 90 días (las tasas de los Certificados de Depósito a
10
Expediente 25000-23-42-000-2016-05725-01
Número Interno (2364-2020)
EJECUTANTE: José Ignacio Espinel Infante
EJECUTADA: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP
37. Lo anterior, debido a que la Ley 1437 de 2011 le otorga un término inicial
al Estado para el cumplimiento de las sentencias condenatorias, vencido el
cual debe reconocer intereses moratorios desde la ejecutoria de la decisión
judicial correspondiente, de acuerdo a unas tasas variables, superado el
primero DTF, y vencido el segundo, comercial. Cumplidos tres (3) meses
desde la ejecutoria de dicha providencia sin que los beneficiarios hayan
acudido a la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación
de intereses desde este momento hasta que se presente la solicitud.28
38. Las reglas de efectividad de las sentencias, laudos arbitrales y
conciliaciones debidamente aprobadas por esta jurisdicción en vigencia del
CPACA, están determinadas en sus artículos 192, 194 y el ya referido 195.
La primera norma regula el cumplimiento de sentencias o conciliaciones por
parte de las entidades públicas, de la siguiente forma:
«Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de
las entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no
implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a
quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días
contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su
cumplimiento.
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o
devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de
diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.
Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago
correspondiente a la entidad obligada.
Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden
una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses
moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto,
según lo previsto en este Código.
Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o
liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los
beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva,
cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la
solicitud.
En asuntos de carácter laboral, cuando se condene al reintegro, si dentro del
término de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así
lo disponga, este no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al
interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo.
El incumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones
relacionadas con el reconocimiento y pago de créditos judicialmente
Término a 90 días) de los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías
de financiamiento comercial y corporaciones de ahorro y vivienda.
28
Inciso 4° del artículo 192 del CPACA
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reconocidos acarreará las sanciones penales, disciplinarias, fiscales y
patrimoniales a que haya lugar.
Ejecutoriada la sentencia, para su cumplimiento, la Secretaría remitirá los
oficios correspondientes.»
39. Del análisis de las anteriores normas, es posible establecer los
siguientes criterios a tener en cuenta cuando se trate del cumplimiento de las
sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones expedidas por esta jurisdicción
en vigencia del CPACA:
i) Las entidades públicas cuentan con un término de diez (10) meses para
realizar el pago de las sentencias condenatorias en firme, o el término
pactado en los acuerdos conciliatorios. Con este propósito el beneficiario
deberá presentar la solicitud correspondiente; si pasan tres (3) desde la
ejecutoria sin que el beneficiario haya acudido a la entidad responsable del
cumplimiento, cesa la causación de intereses hasta cuando se presente la
solicitud.
ii) Vencido el término de diez (10) meses sin que la entidad hubiese
cumplido la sentencia judicial, el acreedor puede exigir el pago de la
condena a través del proceso ejecutivo, de acuerdo a lo dispuesto en los
artículos 297 a 299 del CPACA.
iii) Los intereses de mora por el no pago oportuno de las sumas de dinero
reconocidas en sentencias judiciales y autos que aprueben conciliaciones,
se causan desde la ejecutoria de la respectiva providencia.
iv) Los intereses moratorios se liquidan de acuerdo a una fórmula variable,
así: desde la ejecutoria de la sentencia hasta los 10 primeros meses se
causarán intereses moratorios a una tasa DTF, y una vez superado dicho
lapso, intereses moratorios a la tasa comercial.
40. Efectuadas las precisiones anteriores, en cuanto a la normativa aplicable
y lo que ha señalado la jurisprudencia sobre el tema estudiado, la Sala
procede a la solución del problema jurídico planteado.
4. Caso concreto
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41. Del acervo probatorio obrante en el expediente, la Sala extrae lo
siguiente:
42. En el sub lite, el demandante presentó como título base de recaudo la
sentencia del 28 de junio de 2012, proferida por la Sección Segunda,
Subsección B de esta corporación, por medio de la cual se ordenó la
reliquidación de su pensión de jubilación y pretende la suma de
$17.944.967,69 por concepto de intereses moratorios derivados de su pago
tardío, de la siguiente manera: i) desde el 27 de octubre de 2012 al 26 de
agosto de 2013 sobre el primer pago de $10.196.809,28 y ii) del 27 de
octubre de 2012 al 25 de noviembre de 2013 sobre el segundo pago de
$45.100.724,32. También pidió la indexación de esos valores y que se
condene en costas a la entidad ejecutada.
43. Surtido el trámite del proceso ejecutivo, mediante sentencia de 28 de
noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró no
probadas las excepciones propuestas por la UGPP y dispuso seguir
adelante con la ejecución por los intereses moratorios «causados en dos
momentos, primero respecto de un capital de $55.297.536.6 entre el 27 de
octubre día siguiente a la ejecutoria de la sentencia y el 26 de agosto de
2013 cuando la accionada abonó a capital la suma de $10.196.809,28; y un
segundo momento sobre un capital de $45.100.724,32 liquidados entre el 27
de agosto de 2013 y el 25 de noviembre de 2013, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso 5 del artículo 177 del C.C.A».29
44. La entidad ejecutada en el recurso de apelación se opuso a la pretensión
de reclamación de intereses porque alega que el 26 de agosto de 2019 pagó
$5.001.279,63 por concepto de intereses moratorios, liquidados conforme lo
dispone el Decreto 2469 de 201530. Adujo que procedió a revisar la
liquidación considerando lo reglado en el artículo 177 del CCA y obtuvo la
suma de $8.445.951.88 por concepto de intereses moratorios, de manera
29
Fols. 12 a 26.
30
Por el cual se adicionan los capítulos 4, 5 y 6 al Título 6 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 1068
de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, que reglamenta el trámite para
el pago de los valores dispuestos en sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones hasta tanto entre en
funcionamiento el Fondo de Contingencias de que trata el artículo 194 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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que al descotar lo que efectivamente pagó, se obtiene un valor máximo de
$3.444.672,25, por lo que procede que se declare la excepción de pago, al
menos de forma parcial.
45. Para resolver, la Sala precisa que para la liquidación de los intereses
derivados del pago tardío de una sentencia judicial es necesario tener en
cuenta las siguientes variables: i) el capital base sobre el cual se liquidan los
intereses; ii) el periodo de causación de los intereses reclamados y; iii) la
tasa de interés moratorio. En este caso, no se emitirá pronunciamiento
respecto de la normativa aplicable a la liquidación de los intereses, pues ese
aspecto no fue objeto de controversia dentro de este proceso ejecutivo ni de
reparo en el escrito de alzada, en armonía con el derecho al debido proceso
del ejecutante (al cual se le sorprendería con un asunto no debatido) y el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), que dispone que «[e]l
juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».
46. En lo que tiene que ver con el ítem que corresponde al capital base
sobre el cual se liquidan los intereses, la Sala precisa el ejecutante pidió el
pago de intereses respecto de los dos (2) pagos parciales que efectuó la
entidad. Estos valores se toman una vez realizados los descuentos de salud,
toda vez que esos montos no pueden causar intereses moratorios a favor de
la parte ejecutante, pues pertenecen a recursos con destinación específica,
esto es, a la seguridad social en salud a cargo de las Empresas Prestadores
de Salud, de manera que corresponden a sumas que no ingresan al
patrimonio de los beneficiados con la sentencia.
47. Como se indicó con antelación, respecto del periodo de causación de los
intereses reclamados, ellos se causan a partir del día siguiente a la fecha de
ejecutoria y hasta el mes anterior a la inclusión en nómina del valor
reliquidado.
48. De las pruebas obrantes en el expediente, la Sala advierte lo siguiente:
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i) Mediante la sentencia del 28 de junio de 2012, que sirve de título de
recaudo ejecutivo, esta corporación ordenó reliquidar la pensión de jubilación
del demandante y acatar la providencia en los términos de los artículos 176 y
177 del CCA. La sentencia cobró ejecutoria el 26 de octubre de 201231 .
ii) La UGPP efectuó dos pagos así: $10.459.068.3332 en agosto de 2013 y
$48.279.561.43 en noviembre del mismo año33. Sobre tales sumas, el
ejecutante solicita el reconocimiento de intereses moratorios, desde el 27 de
octubre de 2012 hasta el 26 de agosto de 2013 y desde el 27 de octubre de
2012 hasta el 25 de noviembre de 2013, respectivamente, por el pago tardío
de la obligación.
49. De acuerdo con el recurso de apelación presentado por la UGPP se
observa que no existe controversia en cuanto a la normativa a tener en
cuenta en la liquidación de intereses moratorios. La entidad en su alzada
pide que se declare la excepción de pago parcial pues canceló
$5.001.279,63 por ese concepto y reconoce la aplicación de los artículos 176
y 177 del C.C.A, tal como lo pretende el ejecutante.
50. Conforme a lo anterior, a continuación se realiza la liquidación de
intereses moratorios conforme a los artículos 176 y 177 del C.C.A sobre dos
capitales, correspondientes a los pagos parciales, tal como canceló la
entidad ejecutada y lo pidió el ejecutante, después de efectuados los
descuentos en salud, así:
Capital: $10.196.809,28
i) Desde el 27 de octubre de 2012 día siguiente a la ejecutoria de la
sentencia y hasta el 31 de julio de 2013 con tasa intereses comerciales (se
liquidan hasta el mes anterior al pago).
31
Fol. 51 vuelto.
32
Fols. 74 y 75
33
Fols. 72 a 73.
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FECHA DE
FECHA DE CORTE DE
EXIGIBILIDAD INTERÉS TOTAL A DÍAS DE INTERESES DE
CORRIENTE MORA DIARIO
MENSUAL PAGAR MORA MORA
DÍA - MES - AÑO DÍA - MES - AÑO
27/10/2012 31/10/2012 20,89% 31,34% 0,11% $ 10.196.809 5 $53.845,13
1/11/2012 30/11/2012 20,89% 31,34% 0,11% $ 10.196.809 30 $323.070,81
1/12/2012 31/12/2012 20,89% 31,34% 0,11% $ 10.196.809 31 $333.839,83
1/01/2013 31/01/2013 20,75% 31,13% 0,11% $ 10.196.809 31 $331.980,14
1/02/2013 28/02/2013 20,75% 31,13% 0,11% $ 10.196.809 28 $299.853,03
1/03/2013 31/03/2013 20,75% 31,13% 0,11% $ 10.196.809 31 $331.980,14
1/04/2013 30/04/2013 20,83% 31,25% 0,11% $ 10.196.809 30 $322.299,98
1/05/2013 31/05/2013 20,83% 31,25% 0,11% $ 10.196.809 31 $333.043,31
1/06/2013 30/06/2013 20,83% 31,25% 0,11% $ 10.196.809 30 $322.299,98
1/07/2013 31/07/2013 20,34% 30,51% 0,10% $ 10.196.809 31 $326.510,89
TOTAL $2.978.723,23
Capital: $45.100.724,32
iii) Desde el 27 de octubre de 2012 día siguiente a la ejecutoria de la
sentencia y hasta el hasta el 31 de octubre de 2013 con tasa intereses
comerciales (se liquidan hasta el mes anterior al pago).
FECHA DE CORTE
FECHA DE
DE INTERÉS
EXIGIBILIDAD TOTAL A DÍAS DE INTERESES DE
MENSUAL CORRIENTE MORA DIARIO
PAGAR MORA MORA
DÍA - MES - AÑO DÍA - MES - AÑO
27/10/2012 31/10/2012 20,89% 31,34% 0,11% $ 45.100.724 5 $238.158,28
1/11/2012 30/11/2012 20,89% 31,34% 0,11% $ 45.100.724 30 $1.428.949,68
1/12/2012 31/12/2012 20,89% 31,34% 0,11% $ 45.100.724 31 $1.476.581,34
1/01/2013 31/01/2013 20,75% 31,13% 0,11% $ 45.100.724 31 $1.468.355,86
1/02/2013 28/02/2013 20,75% 31,13% 0,11% $ 45.100.724 28 $1.326.256,91
1/03/2013 31/03/2013 20,75% 31,13% 0,11% $ 45.100.724 31 $1.468.355,86
1/04/2013 30/04/2013 20,83% 31,25% 0,11% $ 45.100.724 30 $1.425.540,28
1/05/2013 31/05/2013 20,83% 31,25% 0,11% $ 45.100.724 31 $1.473.058,29
1/06/2013 30/06/2013 20,83% 31,25% 0,11% $ 45.100.724 30 $1.425.540,28
1/07/2013 31/07/2013 20,34% 30,51% 0,10% $ 45.100.724 31 $1.444.165,25
1/08/2013 31/08/2013 20,34% 30,51% 0,10% $ 45.100.724 31 $1.444.165,25
1/09/2013 30/09/2013 20,34% 30,51% 0,10% $ 45.100.724 30 $1.397.579,27
TOTAL $14.619.127,28
Total intereses del retroactivo: $2.978.723,23 + $14.619.127,28 =
$17.597.850.51
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Expediente 25000-23-42-000-2016-05725-01
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51. De conformidad con las operaciones que anteceden, se establece que el
valor pedido por el ejecutante por concepto de intereses moratorios, esto es
$17.944.967,69, es levemente superior al que arroja la anterior liquidación.
Tal diferencia se explica en el hecho de que los cálculos que se presentaron
en la demanda se realizaron hasta los meses en que se efectuaron los
pagos parciales; sin embargo, el reconocimiento de intereses procede hasta
el mes anterior al que se cancela la obligación.
52. Teniendo en cuenta que la UGPP certificó que el 28 de agosto de 2019
canceló al accionante la suma de $5.001.279,63 por concepto de intereses y
que el pago realizado se soporta en la orden de pago SIIF Nación No.
23743281934, esa suma deberá restarse al anterior total, así:
$17.597.850.51 - $5.001.279,63 = $12.596.570,88
53. La Sala observa que en la sentencia apelada el a quo no cuantificó el
valor por el que dispuso seguir adelante con la ejecución y que corresponde
a los intereses derivados del pago tardío de la sentencia base de recaudo.
En efecto, al analizar la parte resolutiva de la providencia se establece que el
tribunal se limitó a trascribir las pretensiones de la demanda, en las que se
estimó la cuantía reclamada en $17.944.967,69 pero no se explicó la forma
en que se obtuvo ese valor.
54. Ahora, conforme a las operaciones realizadas en esta providencia, tal
monto resulta errado, razón por la cual se modificará la sentencia proferida
el 28 de noviembre de 2019, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual se declararon no probadas las
excepciones propuestas por la defensa de la UGPP y se ordenó seguir
adelante con la ejecución para precisar las sumas por las cuales se deberá
continuar con la ejecución.
55. Con fundamento en lo expuesto anteriormente, es claro que se debe
continuar con la ejecución no en la forma ordenada en la sentencia de
instancia ni en lo indicado por el ejecutante, sino en lo determinado por la
34
Fol. 225
17
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Sala. En consecuencia, se ordenará seguir adelante con la ejecución por la
suma de doce millones quinientos noventa y seis mil quinientos setenta
pesos con ochenta y ocho centavos ($12.596.570,88) moneda legal,
conforme a la liquidación que antecede.
56. Por lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Segunda - Subsección “B”,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de noviembre de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso
ejecutivo adelantado por el señor José Ignacio Espinel Infante contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, mediante la cual se declararon
no probadas las excepciones propuestas por la defensa de la ejecutada y se
ordenó seguir adelante con la ejecución, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral Tercero de la sentencia de 28 de
noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con las consideraciones de la presente
decisión, el que quedará así:
«Tercero. Seguir adelante con la ejecución contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por los intereses de
mora causados por el cumplimiento tardía de la sentencia proferida
el 28 de junio de 2012, liquidados: i) sobre un capital de
$10.196.809,28 desde el 27 de octubre de 2012 hasta el 26 de
agosto de 2013 y ii) sobre un capital de $45.100.724,32 liquidados
entre el 27 de octubre de 2012 y el 25 de noviembre de 2013, en la
suma de doce millones quinientos noventa y seis mil quinientos
setenta pesos con ochenta y ocho centavos ($12.596.570,88) de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 177 del
C.C.A». »
TERCERO: Sin costas en esta instancia.
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CUARTO: Por la Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el proceso
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y déjense las constancias de
rigor en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
Notifíquese y cúmplase.
Firma electrónica
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Magistrada
Firma electrónica Firma electrónica
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Magistrado Magistrado
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida
la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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