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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05785-01

Fecha
6 de junio de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05785-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. Radicado: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022) Demandante: Nubia Isabel Parada Parra La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-05785-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

6 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022)
Demandante: Nubia Isabel Parada Parra
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Tema: Reliquidación pensión con la inclusión de los emolumentos
previstos en el Decreto 1214 de 1990.

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia
proferida el 4 de diciembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo1, Nubia Isabel Parada Parra solicitó la anulación del
acto administrativo 220223/ARPRE-GRUPE del 10 de agosto de 2016 expedido por
el jefe del grupo de pensionados de la Secretaría General de la Policía Nacional,
por medio del cual se negó la reliquidación de la pensión de jubilación.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condenara a la entidad
demandada a:

1
En adelante CPACA.

42

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022)
Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

2.1. Aplicar en su integridad el régimen pensional o de seguridad social
establecido en el Decreto 1214 de 1990 y «excluirla del régimen del Decreto-ley 2701
de 1998 [...] que erróneamente se le viene aplicando».

2.2. Reliquidar la mesada pensional con la inclusión de los factores previstos en
el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, esto es prima de servicio, prima de
alimentación, prima de actividad, subsidio familiar, auxilio de transporte y la doceava
de la prima de navidad, «deduciéndole los valores que se le hubieran pagado por
concepto de primas, subsidios, etc., durante los últimos cuatro año del régimen contenido
en el Decreto – ley 2701 de 1988».

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. La demandante narró los siguientes hechos:

3.1. Fue nombrada como profesora, en el cargo de especialista Sexto E6, a través
de la OAP2 1-224 del 28 de noviembre de 1984. Se posesionó el 30 del mismo mes
y año.

3.2. Se desvinculó de la Policía Nacional por solicitud propia y con derecho a la
pensión el «4 de octubre de 2005» [sic]. Acumuló 20 años de servicios continuos.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como normas violadas se citaron los artículos 1, 2, 48 y 58 de la Constitución
Política; 21 del Decreto 352 de 1994; 2 de la Ley 4 de 1992; 55 de la Ley 352 de
1997; 1, 3 y 10 del CPACA; asimismo, el título VI del Decreto 1214 de 1990 y las
sentencias T-1092 de 2007, T-099 de 2008, T-597 de 2009, T-762 de 2011, SU-298
de 2015 y SU-567 de 2015 proferidas por la Corte Constitucional. En el concepto de
violación se argumentó:

5. Indebida aplicación de los artículos 21 del Decreto 352 de 1994 y 53 del Decreto
2701 de 1988: no se podía acudir a esta norma porque el hecho de que hubiera
ocupado un cargo en el Inssponal durante 14 meses, «no era motivo para
desnaturalizar su régimen de carrera especial».

6. Falta de aplicación del artículo 21 del Decreto 352 de 1994: de acuerdo con esta
norma, era beneficiaria de la aplicación del título VI del Decreto 1214 de 1990
porque se vinculó antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.

7. Falsa motivación: para reconocer el derecho, la entidad aplicó una norma
derogada, esto es el Decreto 2701 de 1988, máxime si lo que pretendió se contrajo
al pago de «los factores salariales definidos como partidas para efecto de reconocimiento

2
Orden Administrativa de Personal.

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022)
Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

de sus prestaciones, los contemplados en los Títulos III y VI del Decreto-ley 1214 de 1990.
El título VI de esta norma, enumera en su artículo 102, las partidas computables para
prestaciones sociales en retiro y tales partidas se encuentran definidas claramente en el
Título III, Capítulo II para el personal en actividad».

8. Falta de competencia: el acto acusado debió ser suscrito por el director general
de la Policía Nacional, en razón a que era el único facultado para liquidar y
reconocer pensiones.

9. No era aplicable el Decreto 2701 de 1988, sino el título VI del Decreto 1214 de
1990 por haber ingresado a la Policía Nacional en 1984. Ello, por cuanto al tenor
del primero, el valor de la mesada correspondía a $997.856.50, mientras que, con
el segundo, ascendía a $1.971.172.

1.2. Contestación de la demanda

10.La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional se opuso a la prosperidad de
las pretensiones, por las razones que se sintetizan a continuación:

10.1. No es procedente reajustar la mesada pensional, en razón a que el Decreto
1214 de 1990 no rigió salarialmente para el personal que laboró en el Inssponal y
que luego regresó al régimen de la Dirección de Sanidad y Bienestar Social, «lo cual
es lógico porque su vinculación inicial había sido a las Direcciones de Bienestar y Sanidad
de la Policía Nacional, cuyo régimen prestacional se encuentra contemplado en el Decreto
2701 del 29 de diciembre de 1988».

10.2. El acto administrativo acusado fue expedido por la autoridad competente, con
los requisitos previstos en la Constitución y la ley; además, los argumentos
expuestos para sustentar la causal de nulidad de falsa motivación no tenían «asidero
jurídico».

1.3. La sentencia apelada

11. Mediante sentencia proferida el 4 de diciembre de 20203, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas.

12. Para tal efecto, se pronunció sobre el régimen salarial y prestacional de los
miembros no uniformados de la Policía Nacional y resolvió los cargos de nulidad
con los siguientes argumentos:

13. De conformidad con el artículo 2 del Decreto 4222 de 2006, el director de la
Policía Nacional era la autoridad competente para expedir los actos administrativos,
como ocurre en el reconocimiento de la pensión de jubilación. En el caso concreto,
el acto acusado, como negó la solicitud de reliquidación de la prestación social, no

3
Con aclaración de voto del ponente.

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022)
Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

tendría que ser dictado por dicho funcionario, sino por la Secretaría General de la
Policía Nacional, Área de Prestaciones Sociales, en razón a que es la encargada
de dar respuesta a las peticiones, en virtud de la Resolución 07963 de 2016; en
consecuencia, no se configuró la causal de nulidad de falta de competencia.

14. La demandante se vinculó a la Dirección de Bienestar Social de la Policía
Nacional el 30 de noviembre de 1984; luego fue incorporada al Inssponal y, cuando
entró en vigencia la Ley 352 de 1992, a la Dirección de Bienestar Social de la Policía
Nacional hasta el 4 de octubre de 2004 cuando le fue reconocida la pensión de
jubilación en los términos del Decreto 2701 de 1988, con la inclusión de los factores:
sueldo básico, 1/12 de la bonificación por servicios prestados y de las primas de
servicios, vacaciones y navidad. De conformidad con el artículo 102 del Decreto
1214 de 1990, no se le incluyeron la prima de actividad, el subsidio familiar, el auxilio
de transporte ni la prima de alimentación.

15. Se encontraba dentro del supuesto de hecho para ser beneficiaria del régimen
de transición prestacional previsto en los Decretos 1301 de 1994 y 352 de 1994, en
razón a que su vinculación ocurrió antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de
1993.

16. Como el subsidio de alimentación fue devengado por la demandante, debía
incluirse en la base de liquidación de la pensión, no así la prima de actividad, el
subsidio familiar y el auxilio de transporte.

17. Si bien el régimen prestacional reconocido fue el contenido en el Decreto 2701
de 1988 y no el del Decreto 1214 de 1990, no se debía hacer ninguna modificación
porque el primero era más beneficioso a su situación jurídica, es decir, si se aplicara
el segundo, se excluirían la bonificación por servicios prestados y la prima de
vacaciones.

18. Se debía ordenar la reliquidación al tenor de la norma aplicada por la entidad,
esto es el Decreto 2701 de 1988, pero con la inclusión del factor mencionado, sin
que con ello se quebrantara el principio de inescindibilidad, en tanto se mantenía
dicha norma como disposición determinante el ingreso base de liquidación.

19. Operó el fenómeno de la prescripción de las mesadas causadas antes del 19
de julio de 2012 porque el derecho se reconoció a partir del 4 de octubre de 2004 y
la solicitud se radicó el 19 de julio de 2016.

1.4. El recurso de apelación

20. Las partes interpusieron y sustentaron los recursos de apelación en los
siguientes términos:

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022)
Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

1.5. Parte demandante

21. El Decreto 2701 de 1988 no podía aplicarse para el reconocimiento de la
pensión y menos aun cuando se incorporó al Inssponal; además, a partir de la
vigencia de la Ley 352 de 1997, el Decreto 2701 de 1988 no tuvo ninguna aplicación.

22. Al darle validez a un acto administrativo que reconoce una pensión con base en
un régimen prestacional improcedente, como era el Decreto 2701 de 1988, se
quebrantó el principio de legalidad. Asimismo, no podía deducirse que el Decreto
1214 de 1990 se refirió solo a la edad y tiempo de servicio porque el artículo 98 no
exige la primera.

23. La sentencia sostuvo en uno de sus apartes que no se reconocían las partidas
reclamadas porque no se demostró haberlas devengado y en otro indicó que sí se
devengaron, pero estaban incluidas en la asignación básica mensual. El Decreto
1407 de 1995, en consonancia con el artículo 21 del Decreto 352 de 1994 estableció
que a los empleados se les incluiría en la asignación básica mensual el subsidio
familiar y las primas de actividad y alimentación; sin embargo, la Policía Nacional
no cumplió con ese mandato cuando prestó el servicio en el Inssponal ni cuando se
le reconoció la pensión en marzo de 2005.

24. En la sentencia se dio por probado, sin estarlo, que las partidas reclamadas del
Decreto 1214 de 1990 se incluyeron en la asignación básica mensual; «si en realidad
fuera así, el sueldo básico que en el año 2005 estaba fijado en $1.099.769.oo se hubiera
incrementado en $2.505.829.oo valor que reducido al 75% de la pensión de la actora
hubiera quedado en $1’879.331.75» [sic].

25. Es cierto que la pensión se liquidó con base en el salario devengado y percibido
«en el último año», pero lo que se debía establecer era si los salarios correspondían
a los establecidos por la ley, pero ello no ocurrió «porque a la actora, desde que ingresó
al ISSPN hasta la fecha de retiro (2005) se le liquidaron los haberes con los haberes
prestacionales del Decreto ley 2701 de 1988 sin razón que lo justifi[cara], hecho que no
[era] procedente».

26. También se incurrió en contradicción, en razón a que se negó la reliquidación
porque las prestaciones no se devengaron ni percibieron, pero se reconoció el factor
previsto en el Decreto 2701 de 1988 «que tampoco se devengó ni percibió». Contrario
a lo sostenido en la sentencia, la actora sí devengó las primas y subsidios enlistados
en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, unos desde su ingreso a la institución
y otros cuando cumplió los 15 años de trabajo como la prima de servicio, la cual se
pagaba en un porcentaje inicial del 10% del sueldo básico mensual y se
incrementaba en 1% por cada año que excediera de los 15, de conformidad con el
artículo 46 del Decreto 1214 de 1990.

27. El argumento del a quo, consistente en que el Decreto 2701 de 1988 era más
favorable, fue falso e inexacto, lo cual se demostraba con las siguientes tablas:

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022)
Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

«CUADRO NO. 1-
Comparativo de factores salariales de cada uno de los Decretos 1214 de
1990 y 2701 de 1988 de Nubia Isabel Parada Parra.

AÑO 2005
DECRETO 1214 DE 1990 DECRETO 2701 DE 1988
Sueldo Básico 1’099.769.oo Sueldo Básico 1’099.769.oo
Prima de Alimentación 30.543.oo Bonif. x serv. Prestados 1/12 32.076.60
Prima de Actividad (49.5%) 544.386.oo Prima de servicios 1/12 47.160.23
Prima de servicio (15%) 164.965.oo Prima de vacaciones 1/12 49.125.24
Subsidio Familiar (39%) 428.910.oo Prima de navidad 1/12 102.344.26
Auxilio de Transporte 44.500.oo Total 1’330.475.33
Prima de navidad 1/12 192.756.oo
Total 2’505.823.oo
$2’505.239.oo x 75% = 1’879.371.75 $1’330.475.33 x 75% = 997.856.50
Valor de la pensión que le correspondía Valor de la pensión reconocida
$1’879.371.75 $997.856.50

CUADRO No. 2
Comparativo de las primas y subsidios entre los Decretos 1214 de 1990 y
2701 de 1988 – diferencia entre uno y otro

Decreto 1214 de 1990 Decreto 2701 de 1988
Año 2005 Año 2010
Sueldo Básico 2010 1’099.769.oo Sueldo básico 1’099.769.oo
Primas y subsidios 1’406.060.oo Primas y subsidios 230.706.33
Totales 2’505.829.oo Totales 1’330.475.33

CUADRO No. 3
Porcentaje de primas y subsidios de los Decretos 12140 [sic] de 1990 y
2701 de 1988

Porcentaje de primas y subsidios Porcentaje de primas y subsidios

1’406.060.oo x 75% = 1’054.545.oo 230.706.33 x 75% = 173.029.75
%Sueldo básico $1’099.769 = 100 % Sueldo básico $1’099.769.oo = 100

Primas $1’054.545.oo x = 32.42% Primas y subs. 173.029.75 x = 15.73%

95.88% 15.73%

CUADRO No. 4
Diferencia entre los dos regímenes respecto de la mesada pensional
mesada pensional [sic] del demandante para 2005 fecha de su retiro

Decreto 1214 de 1990 1’879.371.75
Decreto 2701 de 1988 997.856.50
Diferencia para 2010 881.515.25

[...]»

28. Los factores con los que se liquidó la pensión, excepto la bonificación por
servicios prestados, eran iguales nominalmente, pero no cuantitativamente, como
se plasmó en el cuadro que sigue:

«[...]

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022)
Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

Factores salariales DL. 1214 de 1990 DL. 2701 de 1988 Diferencia
Sueldo Básico 1’099.769.oo 1’099.769.oo -0-
Primas y Subsidios 1’406.060.oo 230.706.33 1’175.353.67

[...]»

29. El a quo negó el vicio de nulidad de falta de competencia porque confundió las
funciones de asesoría con las «de la decisión del nominador». El acto que reconoció
la pensión fue expedido por el subdirector general de la Policía Nacional en ejercicio
de la delegación conferida por el director y «no el Jefe Grupo de Pensiones que, ni es
asesor, sino Jefe del funcionario que elabora la Hoja de servicios y liquida la pensión» . El
procedimiento para el reconocimiento de toda clase de prestaciones sociales lo
estableció el título VIII del Decreto 1214 de 1990 así: (i) jefe de archivo: liquidación
de los servicios; (ii) subdirector: aprobación de la liquidación; y (iii) director general:
expedición del acto de reconocimiento de la pensión.

1.6. Entidad demandada

30. La demandante solicitó el incremento de su pensión con los factores
establecidos en el Decreto 1214 de 1990, lo cual no era procedente como lo sostuvo
el a quo; sin embargo, como no pidió la totalidad de la aplicación de los factores
contenidos en el Decreto 2701 de 1988, no sería procedente otorgarla por ausencia
de petitum. «[E]l sujeto activo nunca alegó que se le haya dejado de reconocer factor
salarial en el artículo 53 del Decreto ibidem» [sic].

1.5. Trámite de la segunda instancia

31. En auto del 27 de septiembre de 2022 se admitió el recurso de apelación, en
los términos de la Ley 2080 de 2021.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

32. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer de los recursos interpuestos por las partes, de conformidad con los artículos
125 y 150 del CPACA, conforme con los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones
dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Problema jurídico

33. Se circunscribe a resolver los siguientes interrogantes:

33.1. ¿El oficio 220223/ARPRE-GRUPE del 10 de agosto de 2016 se encuentra

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022)
Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

incurso en la causal de nulidad por falta de competencia?

33.2. ¿Nubia Isabel Parada Parra tiene derecho a que se reliquide su pensión
conforme con el Decreto 1214 de 1990 y no con el Decreto 2701 de 1988
porque los factores son diferentes cuantitativamente?

34. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se expondrá el marco normativo del régimen
aplicable al personal del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y del
personal regido por el Decreto 1214 de 1990 y, además, los criterios expuestos en
la sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2 de 2019; y segundo, se resolverá el
caso concreto.

2.3. El régimen normativo aplicable al personal del sistema de salud de las
Fuerzas Militares y de Policía y del personal regido por el Decreto 1214 de
1990.

35. El Decreto 1214 de 1990 «[p]or el cual se reforma el Estatuto y el Régimen
Prestacional del Personal Civil del Ministerio de Defensa y Policía Nacional», fue expedido
por el presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por la Ley 66 de 19894. Este, el personal civil, estaba conformado por las
personas que prestaran sus servicios en el despacho del ministro, en la Secretaría
General, en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional; por el contrario, no
tendrían tal condición, aquellas personas que se desempeñaran en los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las
sociedades de economía mixta y las unidades administrativas especiales, adscritos
o vinculados al Ministerio de Defensa.

36. En los Títulos III y VI, se reguló lo concerniente a las asignaciones, primas y
subsidios y la seguridad y bienestar social, respectivamente, así:

Título III Título VI
Las asignaciones, primas y subsidios Seguridad y bienestar social
Artículo Disposición Artículo Disposición
Asignaciones: serían las determinadas Partidas computables
35
por las disposiciones legales vigentes. para prestaciones
Prima de actividad: 20% del sueldo sociales:
38
básico mensual.
102
39 Prima de alimentación - Sueldo básico
43 Prima de navidad - Prima de servicio
Prima de servicio: quienes cumplieran 15 - Prima de
46 alimentación
años de servicios continuos o

4
«[P]or la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias pro témpore
para reformar los estatutos y el régimen prestacional del personal de Oficiales, Suboficiales, Agentes
y Civiles del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; y establece el régimen
de la vigilancia privada».

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022)
Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

discontinuos, tendrían derecho a una - Prima de actividad
prima mensual de servicio y se liquidaría - Subsidio familiar
así: «[a] los quince (15) años, el diez por - Auxilio de transporte
ciento (10%); por cada año que exceda de los - 1/12 de la prima de
quince (15), el uno por ciento (1%) más». navidad
Prima de servicio anual: equivalente al
50% de la totalidad de haberes
devengados en el mes de junio del
47
respectivo año, la cual se pagaría dentro
de los primeros 15 días del mes de julio
de cada año.
49 Subsidio familiar
54 Auxilio de transporte

37. Posteriormente, la Ley 100 de 1993 dispuso en su artículo 279 que el Sistema
Integral de Seguridad Social no se aplicaría a los miembros de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional, «ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con
excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, [...]».
Asimismo, en su artículo 248, facultó al gobierno nacional para que organizara el
sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y al personal regido por el
Decreto 12145.

38. Luego, con el Decreto 352 del 11 de febrero de 1994 expedido por el presidente
de la República se estableció la estructura orgánica, objetivos y funciones del
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional [Inssponal].
Respecto de los regímenes salarial y prestacional, dispuso lo siguiente:

«Artículo 20. Régimen salarial. Los empleados públicos y trabajadores
oficiales del Instituto de Seguridad Social y Bienestar para la Policía Nacional,
para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos, horas
extras y subsidios, se regirán por las normas legales que para esta clase de
servidores establezca el Gobierno Nacional.

En consecuencia, los empleados públicos y trabajadores oficiales de dicho
organismo para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos y
subsidios, no se regirán por las normas establecidas para el personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional.

Parágrafo. Los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en
vigencia el presente decreto se encuentren prestando sus servicios en las
Direcciones de Sanidad y Bienestar Social o en cualquier otra dependencia
de la Policía Nacional, y que ingresen al Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional, se someterán al régimen salarial establecido
para la entidad.

Artículo 21. Régimen prestacional. Los empleados públicos y trabajadores
oficiales del Instituto, para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional, quedarán sometidos a los sistemas generales de pensiones y salud
establecidos en la Ley 100 de 1993. En lo relativo a las demás prestaciones

5
En lo atinente a: organización estructural, niveles de atención médica y grados de complejidad,
organización funcional, régimen que incluyera normas científicas y administrativas, régimen de
prestación de servicios de salud, entre otras.

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022)
Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

sociales, se les aplicará el Decreto-ley 2701 de 1988.

Parágrafo. En concordancia con lo establecido en el artículo 279 de la Ley
100 de 1993, los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en
vigencia el presente decreto se encuentren prestando sus servicios en las
Direcciones de Sanidad y Bienestar Social o cualquier otra dependencia de la
Policía Nacional, y por lo tanto se hallen sometidos al régimen establecido en
el Decreto-ley 1214 de 1990, e ingresen al Instituto para la Seguridad Social
y Bienestar de la Policía Nacional, continuarán cobijados por el régimen de
seguridad y bienestar social establecido en el Título VI del precitado Decreto-
ley 1214 de 1990.» [se resalta]

39. Asimismo, en cumplimiento de las facultades extraordinarias otorgadas por la
Ley 100 de 1993, el gobierno nacional expidió el Decreto 1301 del 22 de junio de
19946, en el cual se organizó el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, de la
Policía Nacional y del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y del
personal no uniformado de la Policía Nacional, así como el de sus entidades
descentralizadas [SMP], así:

«Artículo 29. Estructura organizacional. La estructura organizacional del
SMP es la siguiente:

[...]

2 Subsistema de salud de las Fuerzas Militares.

a) El Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.

a.1 Nivel Central.
a.2 Nivel Regional.
a.2.1 Unidades prestadoras de servicios de primero, segundo y tercer nivel.

3. Subsistema de Salud de la Policía Nacional.

a. El Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional.

a.1. Nivel Central.
a.2. Nivel Regional.
a.2.1. Unidades prestadoras de servicios de primero, segundo y tercer nivel.

[...]»

40. Igualmente, organizó los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares y para la
Seguridad y Bienestar de la Policía Nacional. Quienes laboraran en estos, tendrían
el carácter de empleados públicos y, quienes realizaran actividades de carácter
operativo, conservación y mantenimiento de inmuebles, serían trabajadores
oficiales. El régimen salarial y prestacional de estos, fue reglamentado de la
siguiente manera:

6
«[P]or el cual se organiza el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y
del personal regido por el Decreto-ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir
de la vigencia de la Ley 100 de 1993»

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022)
Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

Régimen salarial Régimen prestacional

Artículo 88. Régimen salarial del personal. Artículo 89. Régimen prestacional del
Los empleados públicos y trabajadores personal. Los empleados públicos y
oficiales del Instituto de Salud de las trabajadores oficiales del Instituto de Salud
Fuerzas Militares y del Instituto para la de las Fuerzas Militares y del Instituto para
Seguridad Social y Bienestar de la Policía la Seguridad Social y Bienestar de la
Nacional para efectos de remuneraciones, Policía Nacional, quedarán sometidos al
primas, bonificaciones, viáticos, horas régimen de la Ley 100 de 1993. En lo
extras y subsidios se regirán por las normas relativo a las demás prestaciones sociales
legales que para esta clase de servidores se les aplicará el Decreto-ley 2701 de 1988
establezca el Gobierno Nacional. y normas que lo modifiquen y adicionen.

En consecuencia, los empleados públicos y Parágrafo. En concordancia con lo
trabajadores oficiales de dichos establecido en el artículo 279 de la Ley 100
organismos para efectos de de 1993, los empleados públicos y
remuneraciones, primas, bonificaciones, trabajadores oficiales que ingresen al
viáticos y subsidios, no se regirán por las instituto de Salud de las Fuerzas Militares o
normas establecidas para el personal civil al Instituto para la Seguridad Social y
del Ministerio de Defensa Nacional. Bienestar de la Policía Nacional y se
hubieren vinculado al Ministerio de Defensa
Parágrafo. Los empleados públicos y Nacional o a la Policía Nacional antes de la
trabajadores oficiales, que al entrar en vigencia de la Ley 100 de 1993 continuarán
vigencia el presente Decreto se encuentren cobijados por el Título VI del Decreto-ley
prestando servicios en el Ministerio de 1214 de 1990.
Defensa Nacional y que ingresen al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares
o al Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional, se
someterán al régimen salarial establecido
para la entidad respectiva.

41. Fue con la Ley 352 de 19977 que el sistema de salud de la fuerza pública y del
personal regido por el Decreto 1214 de 1990 fue reestructurado. Para tal efecto, (i)
se creó la Dirección General de Sanidad Militar como una dependencia del
Comando General de las Fuerzas Militares [artículo 9] y la Dirección de Sanidad de
la Policía Nacional, como dependencia de la Dirección General de esta [artículo 15];
y (ii) se ordenó la supresión de los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares y
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional creados mediante el
Decreto 1301 de 1994 y la Ley 62 de 1993. En lo que concernía al personal y el
régimen salarial y prestacional, dispuso lo siguiente:

41.1. Personal: los empleados públicos y trabajadores oficiales que prestaban sus
servicios en los institutos mencionados se incorporaron a las plantas de
personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional o de la Policía Nacional,
«conforme a la reglamentación especial que al respecto expid[iera] el Gobierno
Nacional, garantizando los derechos adquiridos y sin tener que presentar o cumplir

7
«[P]or la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de
Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.»

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Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

ningún requisito adicional».

41.2. Régimen prestacional: los empleados públicos y trabajadores oficiales de
los institutos se incorporarían a las plantas de personal de salud del Ministerio
de Defensa y de la Policía Nacional y que se hubieren vinculado a estas
entidades antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se les continuaría
«aplicando en su integridad el Título VI del Decreto-ley 1214 de 1990» o las normas
que lo modificaran o adicionaran.

Los empleados públicos y trabajadores oficiales que se incorporaran al
Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional por virtud de la
presente ley, quedarían sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En lo
no previsto en esta, se les aplicaría lo dispuesto en el Título VI del Decreto
1214 de 1990.

41.3. Régimen salarial: los empleados públicos y trabajadores oficiales que se
incorporaran a las plantas de personal del Ministerio de Defensa Nacional y
de la Policía Nacional, continuarían sometidos al mismo régimen salarial que
se les aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o en el
Instituto para la Seguridad social y Bienestar de la Policía Nacional, según
fuera el caso.

42. En el artículo 65, derogó «el Decreto 1301 del 22 de junio de 1994, la Ley 263 del 24
de enero de 1996, el artículo 35, numeral 5 de la Ley 62 del 12 de agosto de 1993, el
Decreto-ley 352 del 11 de febrero de 1994 y demás disposiciones que le fueran contrarias».

43. Por su parte, el Decreto Reglamentario 3062 de 1997 incluyó las siguientes
garantías para los servidores, así:

i. En materia prestacional: los vinculados «antes de la vigencia de la Ley 100
de 1993 se les continuará aplicando en su integridad el título VI del Decreto 1214
de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen sobre el Régimen
Prestacional y al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley
100 de 1993, se le aplicará esta disposición [...]».

ii. En materia salarial: «a los empleados públicos y trabajadores oficiales del
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que se incorporen a las Plantas de
Personal de Salud que se creen en el Ministerio de Defensa Nacional se les
aplicará el régimen salarial que rige a los empleos de la Rama Ejecutiva del
Poder Público del Orden Nacional».

44. Después, con la expedición de la Ley 1033 de 20068, se estableció «un régimen

8
«[P]or la cual se establece la Carrera Administrativa Especial para los Empleados Públicos no
uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía
Nacional y de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector Defensa, se derogan

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Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

de Carrera Especial para los empleados públicos civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa Nacional, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional».

45. En esta disposición, se otorgaron facultades extraordinarias al presidente de la
República para que (i) expidiera normas con fuerza de ley que establecieran el
sistema especial de carrera del Sector Defensa para el ingreso, permanencia,
ascenso, capacitación, estímulos, evaluación del desempeño y retiro de los
empleados civiles no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional,
sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional [artículo 2]; y (ii) estableciera todas las características y
disposiciones que fuera competencia de la ley referentes a su régimen de personal.
Igualmente, para que expidiera normas con fuerza de ley para modificar y
determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de las
entidades que integraban el sector defensa [artículo 3].

46. Estas facultades se ejercerían con sujeción a parámetros como los siguientes:
(i) unificar el régimen de administración de personal que aplicaba al personal civil
vinculado a los organismos y dependencias del sector defensa; (ii) conservar y
respetar al personal civil al servicio del sector defensa, todos los derechos,
garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos o establecidos conforme
con las disposiciones normativas anteriores a la fecha de la ley; y (iii) modificar y
determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos, adecuar sus
funciones y los requisitos de los empleos de las entidades que integraban el sector
defensa, a las necesidades del servicio; entre otras.

47. El artículo 2º fue desarrollado por el Decreto 91 de 20079 «por el cual se regula el
Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas disposiciones en materia
de administración de personal» y, el artículo 3º, por el Decreto 9210 de la misma
anualidad, «por el cual se modifica y determina el Sistema de Nomenclatura y Clasificación
de los empleos de las entidades que integran el Sector Defensa» , en los cuales se
dispuso lo siguiente:

Decreto 91 de 2007 Decreto 92 de 2007
Artículo 32. Plantas de personal. Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones
Las plantas de personal que contenidas en este decreto son aplicables a los
conforman las entidades del empleos públicos de las entidades que conforman el
Sector Defensa son globales, sin Sector Defensa.
perjuicio de que se encuentren
reguladas en actos Artículo 4°.Niveles jerárquicos de los empleos del
administrativos distintos, como se Sector Defensa. Los empleos públicos del Sector
enuncia a continuación: Defensa, [...] se clasifican según la naturaleza

y modifican unas disposiciones de la Ley 909 de 2004 y se conceden unas facultades conforme al
numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política».
9
«[P]or el cual se regula el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas
disposiciones en materia de administración de personal».
10
«[P]or el cual se modifica y determina el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de los empleos
de las entidades que integran el Sector Defensa».

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022)
Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

general de sus funciones, las competencias y los
1. Planta de Personal del requisitos para su desempeño, en los siguientes
Ministerio de Defensa Nacional: niveles jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel Asesor,
Comprende los empleos públicos Nivel Profesional, Nivel Orientador, Nivel Técnico y
del personal civil y no uniformado Nivel Asistencial.
asignado a la Unidad Gestión
General del Ministerio de Artículo 5°.Nivel Directivo. Comprende los empleos
Defensa, Comando General de que tengan asignadas funciones de dirección
las Fuerzas Militares, Comandos general, de formulación de políticas institucionales y
de Fuerza, Policía Nacional, de adopción de planes, programas y proyectos.
Dirección General de Sanidad
Militar, Dirección General Artículo 6°.Nivel Asesor. Comprende los empleos
Marítima, Justicia Penal Militar. que tengan asignadas funciones de asistencia en
materias directas o de apoyo con la seguridad y
2. Planta de Personal de las defensa, incluida el área misional de salud, así como
Entidades Descentralizadas, las de aconsejar y asesorar a la alta dirección del
Adscritas y Vinculadas: Sector Defensa, y a los servidores públicos
Comprende los empleos públicos uniformados y no uniformados, de las entidades y
del personal civil y no uniformado dependencias que conforman el Sector Defensa.
y trabajadores oficiales de las
entidades descentralizadas, [...]
adscritas y vinculadas, en el
entendido que cada una de ellas
tienen su planta de personal
independiente.

48. En el artículo 19 del Decreto 92 antes citado, se ordenó que las equivalencias
de los empleos públicos del sector defensa (i) no podían desmejorar la situación
salarial de los empleados civiles no uniformados del sector defensa; y (ii) la
nomenclatura y la equivalencia de empleos no afectarían los derechos
prestacionales, sino que continuarían rigiéndose por las disposiciones que
regulaban la materia o por las que las modificaran o sustituyeran. Asimismo, se
previó que el decreto que fijara los sueldos para el personal uniformado establecería
«los correspondientes a los empleados civiles no uniformados del sector defensa, y el
porcentaje de aumento [estaría] sujeto como mínimo al señalado para los servidores
públicos del orden nacional».

49. Por su parte, en el artículo 20 se reguló que cada organismo expediría la Tabla
de Organización «TO» de cada entidad, en la cual se ajustarían y se harían las
equivalencias de los empleos, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación
prevista en el mismo decreto. Este ajuste y modificación de la planta de personal
fue aprobado por el Decreto 4783 de 200811 y, en el artículo 6º, previó lo que se
transcribe a continuación:

«Artículo 6°. Los funcionarios que a la fecha de la expedición del presente
decreto se encuentren prestando sus servicios en la Planta de Personal del
Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, serán
incorporados en los cargos equivalentes de que trata el presente decreto, en

11
«[P]or el cual se aprueba el ajuste y la modificación a la planta de personal de Empleados Públicos
del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar y se dictan otras
disposiciones.»

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Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

un término máximo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su
publicación y continuarán percibiendo la remuneración correspondiente a los
empleos que desempeñan actualmente mientras ocupen el cargo en el que
serán incorporados.»

50. Desde esa fecha, el gobierno nacional ha expedido los decretos anuales que
regularon las escalas de asignación básica de los empleados civiles no uniformados
del ministerio, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las fuerzas
militares y la Policía Nacional, estos son los Decretos 674 de 2008, 738 de 2009,
1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de 2014, 1120 de
2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018, 1012 de 2019, 308 de 2020, 977
de 2021, 467 de 2022 y 911 de 2023.

2.4. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -019- CE-S2 de 2019
dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado

51. En consideración a la disparidad de criterios jurisprudenciales que se
presentaban en cuanto a la aplicación del régimen salarial y prestacional del
personal civil vinculado al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares e incorporado
a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional, y en atención
el desarrollo normativo a partir del artículo 248 de la Ley 100 de 1993, entre otras
disposiciones, la Ley 352 de 1997, el Decreto 3062 de 1997, la Ley 1033 de 2006,
el Decreto 92 de 2007 y el Decreto 4783 de 2008, esta corporación, en sentencia
del 12 de diciembre de 2019, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés,
unificó su jurisprudencia y estableció las siguientes reglas:

1. En materia salarial: los empleados públicos
vinculados e incorporados14 al Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares, se regían por las normas establecidas
por el gobierno nacional para los servidores de los
establecimientos públicos del orden nacional. Por lo
tanto, comoquiera que estaban vinculados a un órgano
del nivel descentralizado no se regían por las normas
Entre la vigencia del establecidas para el personal civil del Ministerio de
Decreto 1301 de 199412 y Defensa Nacional.
de la Ley 352 de 199713.

2. En materia de Seguridad Social Integral el régimen
aplicable era el previsto en la Ley 100 de 1993 para los
empleados públicos que se vincularan al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional. En
lo relativo a las demás prestaciones se les aplicaba el

12
Publicado en el Diario Oficial No. 41.409, del 27 de junio de 1994
13
Publicada en el Diario Oficial No. 42.965 de 23 de enero de 1997
14
Entiéndase aquellos que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1301 de 1994 se
encontraran prestando servicios en el Ministerio de Defensa e ingresaran al Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares.

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Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

Decreto 2701 de 1988 y normas que lo modificaron o
adicionaron.

Los empleados públicos vinculados al Ministerio de
Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de
1990.
1. En materia salarial los empleados públicos del
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que fueron
incorporados a la planta de personal de salud del
A partir de la vigencia de Ministerio de Defensa quedaron sometidos al régimen
la Ley 352 de 1997, los salarial previsto para los empleados de la Rama Ejecutiva
empleados públicos que del Poder Público del Orden Nacional (Artículo 3 Num.6
antes prestaban sus Decreto 3062 de 1997).
servicios en el Instituto de 2. En materia prestacional los empleados públicos del
Salud de las Fuerzas Instituto de Salud de las Fuerzas Militares incorporados a
Militares y que fueron la planta de personal de Salud del Ministerio de Defensa
incorporados a la planta Nacional y que se hubieran vinculado antes de la vigencia
de salud del Ministerio de de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su integridad el
Defensa Nacional, dejaron Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o
de pertenecer al sector adicionen.
descentralizado.
Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la
Ley 100 de 1993 se les aplicará dicha normativa. En lo no
contemplado en materia prestacional en la Ley 100 de
1993 se les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990
(Parágrafo artículo 55 de la Ley 352 de 1997).
1. A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de
200715 se reajustaron las plantas de personal, se
establecieron las equivalencias y se fijaron los sueldos
Con la Ley 1033 de 2006
con fundamento en la nomenclatura y clasificación
se unificó el régimen de
especial, por ello, los sueldos de los empleados civiles no
administración de
uniformados del sector Defensa se empezaron a pagar
personal que se aplica al
con base en la nueva nomenclatura.
personal civil vinculado a
los Organismos y
Los empleados civiles no uniformados del sector defensa
Dependencias del Sector
vinculados a la Planta de Personal del Ministerio de
Defensa. Por ello, los
Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar,
empleos públicos del
debieron continuar percibiendo la remuneración
personal civil no
correspondiente a los empleos que desempeñaban a la
uniformado asignados a
entrada en vigencia del Decreto 4783 de 2008 mientras
la Dirección General de
ocupen el cargo en el que fueron incorporados.
Sanidad Militar
pertenecen a la planta de
2. En el momento en el que el empleado ocupó el cargo
personal del Ministerio de
al que fue incorporado por disposición del Decreto 4783
Defensa Nacional.
de 2008, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación
especial para los empleados civiles no uniformados del
sector defensa, empezó a devengar la asignación básica

15
Publicado en el Diario Oficial No. 46.514 de 17 de enero de 2007.

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022)
Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

fijada por el gobierno nacional para los empleados civiles
no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional16.

Lo que quiere decir, que mientras se produjo la
incorporación en el cargo equivalente en la planta global
del sector defensa, de acuerdo con el sistema de
nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor debió
continuar percibiendo la remuneración correspondiente al
empleo que antes desempeñaba, esto es, según el
régimen salarial fijado por el Gobierno para los empleos
de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden
Nacional17. Efectuada la incorporación al cargo
equivalente en la planta global del Ministerio de Defensa
Nacional, el empleado queda sometido a la escala de
asignación básica fijada por el gobierno nacional para los
empleados civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa Nacional.

3. En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no
introdujo ninguna modificación, por lo tanto se mantiene
el régimen prestacional fijado en la Ley 352 de 1997.

2.5. Lo probado

52. En el expediente se encuentra probado lo siguiente:

53. Nubia Isabel Parada Parra fue nombrada como profesora en la categoría E6 a
través de la OAP 1-224 del 28 de noviembre de 1984. Se posesionó el 30 de
noviembre de 1984.

54. El 2 de octubre de 1995 se posesionó como profesional universitario código
3020 grado 07 en el Inssponal. Laboró hasta el 4 de octubre de 2004 cuando se
retiró, de conformidad con la Resolución 2386 del 30 de septiembre de 2004.

55. Según la liquidación de servicios 27681186 del 19 de noviembre de 2004, la
demandante devengó el sueldo básico y la prima de navidad por $1.044.911 cada
uno.

56. Con la Resolución 00725 del 10 de marzo de 2005 expedida por el subdirector
general de la Policía Nacional, se reconoció la pensión de jubilación a partir del 4
de octubre de 2004 en cuantía de $997.856.50, con fundamento en lo siguiente:

«Que de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Decreto 2701 del
29 de diciembre de 1988 en concordancia con los Artículos 98, 115, 117, 118
y 119 del Decreto 1214 de 1990, tiene derecho al reconocimiento de una
pensión de jubilación equivalente al 75% de los últimos haberes devengados
computables para prestaciones sociales, así:

16
Cfr. Decretos 738 de 2009, 1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de
2014, 1120 de 2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018 y 1012 de 2019
17
Cfr. Decretos 600 de 2007, 643 de 2008 y 708 de 2009.

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022)
Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

Sueldo para el grado $1.099.769.00
Bonificación por servicios prestados 1/12 32.076.60
Prima de servicios 1/12 47.160.23
Prima de vacaciones 1/12 49.125.24
Prima de Navidad 1/12 102.344.26
Total 1.330.758.33 X 75%

Valor de la pensión $997.856.50

[...]»

57. El 19 de julio de 2016, solicitó la reliquidación de la pensión «en los términos del
Título VI del Decreto – ley 1214 de 1990 y se le excluya, en lo sucesivo, del régimen
contenido en el Decreto – ley 2701 de 1988, disposición con la cual se liquidó y reconoció
la pensión mediante la Resolución No. 01806 del 29 de octubre de 2013» [sic]. También
pidió la reparación de perjuicios por «la incorrecta liquidación que se le hizo,
«liquidándole y reconociéndole las sumas dejadas de percibir desde el mes de julio de 2013
(sin perjuicio de la prescripción cuatrienal) que le correspondían, según los factores
establecidos en el artículo 102 del Decreto – ley 1214 de 1990, en concordancia con las
primas y subsidios a que refiere el Capítulo II del Título III del referido Decreto [...] con los
incrementos que hayan tenido, según disposiciones vigentes, expedidas con posterioridad
y deduciéndole las sumas que se le hubieran pagado por concepto de primas y subsidios
del Decreto – ley 2701 de 1988 (Norma derogada por la Ley 352 del 17 de enero de 1997,
artículo 55, según disposiciones vigentes» [sic].

58. En el Oficio 220223 / ARPRE – GRUPE – 1.10 del 10 de agosto de 2016
expedido por el «Jefe Grupo de Pensionados», se dio respuesta a la petición con
fundamento en lo siguiente:

«[...] me permito comunicarle que la Policía Nacional realiza los
reconocimiento prestacionales en virtud de los principios de legalidad y
temporalidad de la ley, es por ello que para el caso en particular los derechos
prestacionales, fueron reconocidos y cancelados de acuerdo a lo
contemplado por el Decreto 1214 del 08 de junio de 1990 [...].

[...]

Razón por la cual y para el caso particular el derecho pensional está liquidado
de conformidad con la norma en cita, teniendo en cuenta el 75% de los últimos
haberes devengados computables para prestaciones sociales.

a) Sueldo para el grado PG®
b) Bonificación por servicios prestado 1/12
c) Prima de servicio 1/12
d) Prima de vacaciones 1/12
e) Prima de navidad 1/12

Como puede observar la referida norma no contempla el reconocimiento
Prima de actividad y Subsidio familiar, razón por la cual no le fueron tenidas
en cuenta al momento de liquidar el total de la prestación.

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022)
Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

De acuerdo con lo anterior expuesto y sin mayores elucubraciones es preciso
concluir que los factores que en actividad componía su salario, al momento
de ser liquidada la pensión de jubilación fue implícita en la unidad que
constituye su mesada pensional, la cual se incrementa anualmente de
acuerdo al porcentaje del salario mínimo legal mensual vigente.

Así las cosas en cumplimiento a la referida norma le fue reconocida mesada
pensional mediante acto administrativo No. 00725 de fecha 10 de marzo de
2005, el cual conto con los respectivos recursos de reposición y apelación los
cuales a hoy se encuentran en firme.»

2.6. Caso concreto

2.6.1. La falta de competencia de la autoridad que expidió el acto
administrativo acusado

59. Uno de los requisitos de validez del acto administrativo es la competencia,
entendida como «la esfera de atribuciones de los entes y órganos, determinada por el
Derecho objetivo o el ordenamiento jurídico positivo. [...] En otros términos, la competencia
de los órganos administrativos es el conjunto de atribuciones que, en forma expresa o
razonablemente implícita, confieren la Constitución [...] los tratados, las leyes y los
reglamentos»18.

60. Igualmente, ha sido definida como «la aptitud o autorización que tiene todo
funcionario u organismo estatal para ejercer las funciones y la autoridad que le han sido
asignadas, dentro de circunstancias objetivas y subjetivas señaladas en la Constitución, la
ley o el reglamento, y sólo dentro de ellas. Desde una perspectiva pasiva, es el conjunto de
asuntos que a toda autoridad pública le está atribuido por la Constitución, la ley o el
reglamento, para que actúe o provea en orden a la atención de los mismos»19. Ciertamente,
esta se caracteriza por ser objetiva, taxativa, expresa, irrenunciable, improrrogable
e indelegable, aunque en esta última el titular puede transferir su ejercicio siempre
y cuando esté expresamente autorizado por el ordenamiento jurídico.

61. Debe tenerse en cuenta que, para que esa competencia otorgada a una
autoridad u organismo competente pueda ser ejercida, deben cumplirse los
requisitos que la norma establece. Dicho de otro modo, la competencia se activa
cuando los supuestos de hecho o de derecho permiten iniciar la actuación
administrativa, lo cual excluye que «pueda desarrollarse en cualquier tiempo y por
cualquier razón que estime pertinente la autoridad administrativa, comoquiera que es la
misma norma jurídica la que contiene la que establece, en forma clara y precisa, las
circunstancias en las que ésta puede ser ejercida»20 [sic].

18
Dromi, Roberto. El acto administrativo. 3ª Ed., 2000, pág. 35.
19
Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del acto administrativo. 7ª Ed. Bogotá. Librería Ediciones
del Profesional Ltda., 2016, pág. 120.
20
Sentencia proferida por la Sección Primera de esta corporación el 7 de junio de 2012 (radicación
11001-0324-000-2006-00348-00), reiterada en la sentencia del 24 de septiembre de 2020
(radicación 11001-03-27-000-2008-00024-00).

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022)
Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

62. Ahora, los factores de competencia se contraen al territorio, la materia, el
tiempo, el grado funcional [objetivos] y el fuero personal [subjetivo]. Respecto del
grado jerárquico, la doctrina ha señalado lo siguiente21:

«Entendido como la posición que en la línea de autoridad o mando de una
entidad estatal tiene cada funcionario o servidor público, es factor de
competencia en cuanto determina el alcance de su autoridad para intervenir
en los asuntos a cargo de la entidad, de suerte que en virtud del mismo, uno
es el alcance de quien actúa como superior y otro el de quien interviene como
subordinado.»

63. Como es un requisito de validez del acto administrativo, cuando es expedido
por quien ostenta la condición de funcionario público, pero lo hace por fuera del
marco de atribución permitido por la Constitución, se configura la causal de nulidad
prevista en el artículo 137 del CPACA. Así lo ha sostenido esta corporación22:

«Por su parte, la falta de competencia es una causal genérica de nulidad de
los actos administrativos prevista en el artículo 137 del CPACA, la cual
también puede ser invocada en el medio de control de nulidad electoral de
acuerdo con lo establecido en el artículo 275 ibídem. La competencia,
entendida como la atribución dada a los sujetos públicos para actuar como
legítimo portador de la voluntad administrativa, no solo constituye, dentro de
la dogmática jurídica, un elemento de la estructura del acto administrativo,
sino un fundamento del Estado constitucional y democrático de derecho, en
tanto que da validez y legitima la acción de las autoridades.»

64. En el caso concreto, la parte demandante expuso que el oficio que dio respuesta
a la petición de reliquidación debió ser expedido por el director general de la Policía
Nacional y no por el «Jefe Grupo de Pensionados», de conformidad con el Decreto
1214 de 1990.

65. El artículo 143 de dicho decreto, estableció que las prestaciones de los
empleados públicos en actividad o por causa de su retiro, o de sus beneficiarios en
caso de fallecimiento, «serán reconocidas mediante resoluciones del Ministerio de
Defensa o de la Policía Nacional, con base en los trámites y documentos establecidos por
las mismas entidades».

66. En un caso de igual contorno, esta Sección23 sostuvo que «si bien los proyectos
de resolución mediante los cuales se efectúe el reconocimiento de una prestación social
deberán expedirse por el Ministerio de Defensa o la Policía Nacional, en el presente caso
no se desconoce tal competencia exclusiva otorgada a los mentados sujetos, pues en efecto
fue la institución castrense quien, en representación del ente ministerial, la que resolvió la
petición instaurada por la parte activa [...] a fin de obtener la reliquidación de su pensión de
jubilación».

21
Ibidem.
22
Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2023, radicación 11001-03-28-000-2023-00067-
00.
23
Subsección A, sentencia del 9 de septiembre de 2021, radicación 25000-23-42-000-2016-05542-
01 (3346-19).

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022)
Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

67. Agrégase a lo anterior que, de conformidad con el Decreto 4222 de 2006 «[p]or
el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional» 24, una
de las funciones del director general se contrajo a expedir las resoluciones y demás
actos administrativos necesarios para administrar la entidad en todo el territorio
nacional, sin perjuicio de que pudiera delegarla de conformidad con las normas
legales vigentes.

68. A su vez, el «Grupo de Pensionados» hace parte del área de prestaciones
sociales de la Secretaría General de la Policía Nacional, la cual tiene como
funciones proyectar «los actos administrativos para el reconocimiento de pensiones [...]»
y «las respuestas dentro de los términos de ley a los derechos de petición que por
competencia sean asignados», de conformidad con la Resolución 07963 de 201625.

69. De acuerdo con lo expuesto, al director general únicamente le fue asignada la
función de suscribir los actos administrativos de reconocimiento de las prestaciones
sociales, sin que del contenido literal de la norma se pueda determinar que esa
función se extiende a la firma de otros que dan respuesta a las peticiones, pues esta
corresponde a la Secretaría General a través del Grupo de Pensionados. En la
misma línea, comoquiera que la parte demandante acudió a la institución con una
solicitud, en ejercicio del derecho de petición de naturaleza pensional, debe
comprenderse que esta sí era el área competente para informarle sobre la
prosperidad o no de su reclamación. En consecuencia, este cargo de apelación no
está llamado a prosperar.

2.6.2. La reliquidación de la pensión

70. De las pruebas que reposan en el expediente, se extrae que la demandante se
vinculó el 30 de noviembre de 1984, es decir, antes de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, de manera que su régimen prestacional se regía por el título VI
del Decreto 1214 de 1990, de conformidad con la sentencia de unificación supra
citada.

71. En el recurso de apelación, la parte demandante sostuvo que «la Policía no dio
cumplimiento al Decreto 1407 de 1995, si durante el tiempo que prestó su servicio en el
ISSPN, ni cuando le reconoció la pensión [...] en marzo de 2005 y, esta omisión fue la que
originó la demanda».

72. Respecto de este punto, ha de precisarse que el presidente de la República
expidió el Decreto 1407 de 1995, «[p]or el cual se establecen unas equivalencias de
cargos para el personal civil de la Policía Nacional que se incorpore a la planta del Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional», «en desarrollo de las normas
generales de la Ley 4ª de 1992 y en armonía con los Decretos 352 y 1301 de 1994», en el

24
Vigente para la fecha de expedición del acto administrativo, pues fue derogado por el Decreto 113
de 2022.
25
«Por la cual se define la estructura orgánica interna, se determinan las funciones de la Secretaría
General y se derogan unas disposiciones».

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022)
Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

cual se previó lo siguiente:

«Artículo 2º. El personal a que se refiere el artículo anterior que por efectos
de la incorporación en virtud de las equivalencias señaladas anteriormente,
resultara devengando una remuneración inferior a la que tenía en la Policía
Nacional por concepto de sueldo básico, subsidio familiar y primas mensuales
que estuviese devengando tendrán derecho a recibir por concepto de la
asignación básica mensual en el cargo que sea incorporado un valor
equivalente al que había alcanzado en la Policía Nacional mientras
permanezca en este empleo. Para quienes la incorporación no implique
disminución en su remuneración, la asignación básica mensual será la que
corresponda al cargo del cual sea incorporado en el Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional.

Artículo 4º. De acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 89 del
Decreto 1301 de 1994, y en concordancia con el artículo 102 del Decreto 1214
de 1990, para efectos de la liquidación de prestaciones sociales del personal
incorporado a la planta del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional, a que hace referencia el artículo 19 del presente Decreto
estarán incluidas dentro de la asignación básica mensual que corresponde al
cargo en que fue incorporado, el salario básico, la prima de actividad, la prima
de alimentación y el subsidio familiar que le pagaba la Policía Nacional como
factor salarial.»

73. Sin embargo, las normas que le sirvieron de sustento, esto es los Decretos 352
y 1301 de 1994 fueron derogados expresamente por la Ley 352 de 1997, lo que
significa que esta disposición normativa corrió la misma suerte. Así lo entendió esta
Subsección en las sentencias proferidas el 23 de junio de 202226 y 9 de febrero de
202327. En esta última, se sostuvo lo siguiente:

«De acuerdo a lo anterior, y en lo que respecta a los Decretos 1301 y 352 del
1994 estos fueron derogados por la Ley 352 de 1997, razón por la cual los
decretos que reglamentaron estas disposiciones, también corrieron la misma
suerte, tal y como lo indicó esta Colegiatura cuando expuso “…41. Es de
indicar, que este decreto a través de su artículo 65 derogó los Decretos 1301
del 22 de junio de 1994 y 352 del 11 de febrero de 1994, los cuales crearon
el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional
(INSSPONAL), de modo que, tal suerte corrieron los decretos reglamentarios
de dichas disposiciones...”28.»

74. De ahí que la disposición normativa invocada por la parte demandante para
justificar que la Policía Nacional no cumplió con dicho mandato en el año 2005 no
tenga fuerza de prosperidad y, en lo que respecta a los salarios percibidos cuando
fue incorporado al Inssponal, en el certificado de factores salariales aportado al
plenario, se puede extraer que, hasta septiembre de 1995 devengó por concepto de
sueldo básico $232.000, por prima de actividad $74.240 y por subsidios de
alimentación y transporte $11.425 y $11.353, respectivamente, pero nada más. De

26
Radicación 25000-23-42-000-2017-00157-01 (1494-2020).
27
Radicación 25000-23-42-000-2018-00660-01 (4069-2021).
28
Exp. 250002342000201700002-01 (6030-2018) Consejera Ponente. Dra. Sandra Lisset Ibarra
Vélez; Demandante: Gloría Inés Ardila Rey; Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional-
Policía Nacional.

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022)
Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

cualquier modo, las afirmaciones relacionadas con el presunto incumplimiento no
son más que apreciaciones subjetivas huérfanas de prueba.

75. A más de lo anterior, es del caso precisar que, como se expuso en la sentencia
de unificación citada, cuando se liquidó el Inssponal, solo se mantuvo el régimen
prestacional previsto en el título VI del Decreto 1214 de 1990, no así el salarial del
título III, pues quedaron sometidos al régimen previsto para los empleados de la
rama ejecutiva del orden nacional y, posteriormente, con la entrada en vigencia de
la Ley 1033 de 2006 y el Decreto 4783 de 2008, se pagó la asignación básica de
acuerdo con lo fijado por el gobierno nacional para los empleados civiles no
uniformados del Ministerio de Defensa. Incluso, en casos posteriores, se ha
explicado de la siguiente manera29:

«En cuanto a los demás factores del Título III no especificados que pretende
sean incluidos a efectos de la reliquidación pensional instada, se tiene que,
tal como lo manifestó el libelista en el recurso de impugnación, estos no
corresponden a ninguna de las prestaciones consagradas en el Título VI del
Decreto 1214 de 1990 relativo a la seguridad y bienestar social, sino que
obedecen a sendos factores de remuneración del servicio enlistados en el
Título III de dicho estatuto, a los cuales el demandante no tiene derecho en la
medida en que tampoco es beneficiario de este último precepto, pues aquel
desarrolló el régimen salarial que, como se señaló con antelación, no
dependía de la fecha de vinculación anterior a la Ley 100 de 1993 como sí lo
fue el régimen prestacional.»

76. Ahora, en la solicitud presentada ante la entidad, únicamente pidió la
reliquidación o reajuste de la pensión de jubilación en los términos del título VI del
Decreto 1214 de 1990 y la «reparación de perjuicios» por la «incorrecta liquidación que
se le hizo», en el sentido de reconocer las sumas dejadas de percibir desde cuando
se retiró, según los factores establecidos en el artículo 102, en concordancia con el
título III ibidem, pero nada solicitó respecto de la modificación de la hoja de servicios,
la cual es el fundamento para liquidar la prestación.

77. En ese orden, si la hoja de servicios es el documento por el cual se certifican
los haberes devengados y, por consiguiente, es a partir del cual se establece el
ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, no puede ordenarse en este
escenario el cálculo a partir de otros valores porque, primero, no se solicitó su
modificación y, segundo, son los valores allí previstos los que deben atenderse para
establecer la cuantía de la prestación.

78. En efecto, en un caso similar, esta Sección sostuvo lo siguiente:

«Finalmente, la Sala advierte que si bien la demandante adujo que el a quo
dio pleno valor a la hoja de servicios, sin tener en cuenta que esta se ha
debido elaborar con los factores del artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 y
que “no es lógico que se esté exigiendo el devengo de tales factores, cuando

29
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de septiembre de 2021, radicación 25000-23-
42-000-2016-005542-01 (3346-19).

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022)
Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

la demandada los suprimió a partir del ingreso de la demandante al
INSSPONAL, que al ser suprimido, regresó nuevamente a la Policía, que sin
embargo, le continuó aplicando un régimen improcedente”, lo cierto es que si
lo que pretendía era incrementar el monto de la asignación de retiro con la
inclusión de emolumentos que no estaban señalados en la hoja de servicios,
debió demandarla junto con el acto que reconoció la prestación, por ser el
derrotero a partir del cual esta se liquida.30».

79. Y en otra oportunidad, se puntualizó que la hoja de servicios «es un documento
previo e indispensable para la obtención de la asignación de retiro»; además, que su
elaboración «con fines prestacionales y pensionales, es una actuación administrativa
previa y necesaria para que luego de su trámite, la autoridad administrativa competente
decida si el interesado tiene derecho a la asignación de retiro o a la pensión»31.

80. De otro lado, en el recurso de apelación, la parte demandante mostró un cuadro
comparativo de los factores salariales previstos en los Decretos 2701 de 1988 y
1214 de 1990; sin embargo, los valores allí consignados corresponden al salario y
factores que debió devengar al tenor de esta última norma, lo cual, como ya se
indicó, no puede ser atendido porque la hoja de servicios no ha sido modificada y la
pretensión no se planteó en ese sentido.

81. Al hacer una comparación de los factores que se deben incluir con uno y otro
decreto, así como de lo devengado por la demandante, se establece que, de
acceder a las pretensiones de la demanda, la cuantía de la mesada disminuiría,
como se observa en el siguiente recuadro:

Factores previstos
Factores incluidos en el
Partida en el artículo 102 del
acto administrativo
Decreto 1214 de 1990
Sueldo 1.099.769,00 1.099.769,00
Bonificación por servicios
prestados (no prevista en el - 32.076,60
Decreto 1214 de 1990)

Subsidio de alimentación 28.805,00 28.805,00

Prima de servicio 47.160,23 47.160,23
Prima de vacaciones (no
prevista en el Decreto 1214 - 49.125,24
de 1990)
Prima de navidad 102.344,26 102.344,26
Auxilio de transporte - -
Subsidio familiar - -
Prima de actividad - -
Total 1.278.078,49 1.359.280,33
Total x 75% 958.558,87 1.019.460,25

30
Al respecto ver, entre otros, providencia del 17 de octubre de 2018, radicado 11001 03 25 000
2018 01004 00 (3250-18), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
31
Cita tomada de la sentencia citada en el pie de página anterior.

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022)
Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

82. Nótese que ordenar la reliquidación conforme con el Decreto 1214 de 1990
conllevaría a excluir de la base de liquidación la prima de vacaciones y la
bonificación por servicios prestados, en razón a que no están enlistados en el
artículo 102 ibidem.

83. Ahora bien, el a quo accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento
en que la actora también devengó el subsidio de alimentación; sin embargo, en los
recursos, las partes sostuvieron lo siguiente: (i) demandante: este tampoco se
devengó ni percibió; (ii) demandado: no se puede incluir por ausencia de petitum.

84. Respecto del primer argumento, la Sala deduce que se dirige a que el factor no
se pagó en los términos del Decreto 2701 de 1988, sino del Decreto 1214 de 1990,
pues en el certificado de factores salariales se evidencia con claridad que este sí
fue percibido y frente a ello la parte demandada no manifestó objeción alguna.

85. En lo que concierne a los demás factores, en casos análogos estudiados antes
y después de la sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019, esta Sección
ha expuesto que no es viable la inclusión, por ejemplo, de la prima de actividad
porque (i) no se demostró que la percibió en servicio32; y (ii) porque si bien se
demuestra la vinculación antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
solo se reconoce el régimen prestacional, no el salarial, razón que impide reliquidar
la pensión con factores certificados para el año 1995 y anteriores33. En el caso sub
examine no se extrae que la actora haya devengado otros factores, de modo que
no procede su inclusión en la base de liquidación pensional.

32
Al respecto, se pueden consultar las siguientes sentencias: 13 de mayo de 2021 (3038-19), 7 de
diciembre de 2021 (4666-2019), 27 de enero de 2022 (3047-2021), 3 de febrero de 2022 (1046-
2021), 24 de febrero de 2022 (3015-2021), 3 de marzo de 2022 (1259-2021), 17 de marzo de 2022
(3392-2021), 17 de marzo de 2022 (3254-2020), 24 de marzo de 2022 (5047-2021 y 0459-2021), 7
de abril de 2022 (4128-2019), 21 de abril de 2022 (1048-2021), 5 de mayo de 2022 (2346-2021), 9
de mayo de 2022 (0551-2021), 23 de junio de 2022 (2052-2021), 23 de junio de 2022 (1494-2020),
1 de julio de 2022 (3085-2020), 1 de julio de 2022 (1527-2018), 4 de agosto de 2022 (0936-2021),
18 de agosto de 2022 (2278-2022), 1 de septiembre de 2022 (0338-2022), 12 de septiembre de 2022
(4665-2019), 27 de octubre de 2022 (2253-2019), 17 de noviembre de 2022 (2925-2022), 2 de marzo
de 2023 (0423-2019), 11 de mayo de 2023 (4269-2022), 25 de mayo de 2023 (0031-2022), 15 de
junio de 2023 (2352-2019), 22 de junio de 2023 (4761-2022), 22 de junio de 2023 (3331-2020), 5 de
octubre de 2023 (4197-2021).
33
Se puede consultar, por ejemplo, la sentencia del 16 de septiembre de 2021 (5581-18), en la cual
se indicó: «[...] la prima de actividad a la que esta hace mención en sus pedimentos [...], no
corresponde a ninguna de las prestaciones consagradas en el Título VI del Decreto 1214 de 1990
relativo a la seguridad y bienestar social, sino que obedece a un factor de remuneración del servicio
enlistado en el Título III de la norma ejusdem (artículo 38 ibidem), al cual la demandante no tiene
derecho en la medida en que tampoco es beneficiaria de este último precepto, pues aquel desarrolló
el régimen salarial que, como se señaló con antelación, no dependía de la fecha de vinculación
anterior a la Ley 100 de 1993 como sí lo fue el régimen prestacional. [...] De este modo, el evidenciar
que la libelista por haberse vinculado a la entidad demandad antes de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993 tenía derecho a ser beneficiaria únicamente del régimen prestacional, pero no del
salarial del decreto en mención, resulta evidente que tal como lo estimó el Ministerio de Defensa,
Dirección General de Sanidad Militar en los actos administrativos cuestionados y el a quo en la
sentencia impugnada, no podría reconocerse a su favor el concepto laboral deprecado, y por
consiguiente, tampoco sería viable incluirlo como partida computable en la base de liquidación de la
pensión de jubilación».

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022)
Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

86. Y, frente al argumento de la entidad demandada, no está llamado a prosperar,
en razón a que, si bien es cierto que la demandante solicitó la liquidación con los
factores salariales previstos en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, también
lo es que expresamente pidió que se tuviera en cuenta el subsidio de alimentación.
De ese modo, aunque la norma que aplicó el a quo es distinta, procede su inclusión
porque el artículo 53 de esa norma [Decreto 2701 de 1988] también lo incluyó como
factor.

87. En ese hilo de argumentación, la Sala considera que, tal como se sostuvo en la
sentencia de primera instancia, es procedente la reliquidación de la pensión con la
inclusión del subsidio de alimentación porque fue devengado y así lo solicitó la parte
demandante en la actuación administrativa, aunque en diferentes términos.

2.7. Costas de la segunda instancia

88. En esta instancia, no evidencia la Sala que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual, se abstendrá de condenar en costas.

2.8. Conclusión

89. Por las razones anotadas en precedencia, se confirmará la sentencia de primera
instancia porque (i) aplicar el Decreto 1214 de 1990 conllevaría a excluir factores
que ya fueron tenidos en cuenta por la entidad en el acto administrativo demandado
y, por consiguiente, disminuiría la cuantía de la pensión de la demandante; y (ii) no
es viable liquidar los factores salariales de la forma pedida para, después,
establecer el monto de la prestación, en razón a que no se solicitó la modificación
de la hoja de servicios.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que accedió parcialmente las pretensiones de la
demanda.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05785-01 (4732-2022)
Demandante: Nubia Isabel Parada Parra

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Ausente con excusa

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH

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