Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05957-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05957-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-05957-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
20 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-05957-01 (0266-2021)
Demandante: Héctor José Moreno Reyes
Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República -
FONPRECON
Temas: Ajuste mesada pensional- Ejecución Sentencia C-258 de 2013
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el 15 de mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por medio de la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Héctor José Moreno Reyes formuló demanda,
en orden a que se declare la nulidad del Oficio N.º 20162000045331 de 12 de mayo
de 2016, emitido por el director general del Fondo de Previsión Social del Congreso
de la República, por medio del cual se le informó que desde el mes de julio de 2013,
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2016-05957-01 (0266-2021)
Demandante: Héctor José Moreno Reyes
la entidad ajustó su mesada pensional a la suma de 25 SMLMV,1 en cumplimiento de
la Sentencia C-258 de 2013.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar las sumas que
mensualmente se han descontado de la mesada pensional desde el 1.º de julio de
2013, por virtud de la aplicación de la Sentencia C-258 de 2013, la cual fue
ejecutada mediante la Resolución N.º 0443 de 12 de julio de 2013, hasta la fecha
del pago efectivo; ii) actualizar el valor de las condenas con base en el IPC;2 iii)
condenar a la demandada al pago de intereses moratorios desde el 1.º de julio de
2013 hasta la fecha efectiva del pago, de conformidad con lo dispuesto en el inciso
tercero del artículo 192 del CPACA; y iv) dar cumplimiento a la sentencia que ponga
fin al proceso en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) La Corte Constitucional mediante Sentencia C-258 de 2013 realizó el estudio de
constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, declarando la inexequibilidad
de las expresiones «durante el último año y por todo concepto», «Y se aumentarán
en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal»; contenidas en
el primer inciso del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, así como la expresión «por todo
concepto», consagrada en su parágrafo.
ii) El 12 de julio de 2013, a través de la Resolución 0443 el director general de
FONPRECON, adoptó las medidas tendientes al cumplimiento de la Sentencia C-258
de 2013.
iii) El 27 de abril de 2016, el señor Héctor José Moreno Reyes solicitó a la entidad
demandada emitir certificación en la que constara la diferencia dejada de percibir
por el pensionado desde el mes de julio de 2013, en virtud de la Sentencia C-258
de 2013; e igualmente, solicitó el pago de aquella diferencia.
1 Salarios mínimos legales mensuales vigentes
2 Índice de Precios al Consumidor
2
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Demandante: Héctor José Moreno Reyes
iv) El 12 de mayo de 2016, el director general del Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República emitió el Oficio N.º 20162000045331, a través del cual
por un lado, negó la petición elevada y, por el otro, emitió la certificación solicitada.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1.º, 2.º, 6.º, 13, 21, 29, 42, 46, 48, 58, 83, 209
de la Constitución Política; 11 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1°
de la Ley 797 de 2003; y 93 y 97 de la Ley 1437 de 2011.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:
i) La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-258 de 2013, estudió
exclusivamente la constitucionalidad de la Ley 4ª de 1992, que regula el derecho
pensional de los congresistas, magistrados de altas cortes y demás funcionarios
homologados a dichos cargos. A su vez, se indicó expresamente que ese
pronunciamiento no podía extenderse a otros regímenes especiales; sentencia que
fue ejecutada por la entidad demandada a través de la Resolución N.º 0443 de 2013.
ii) FONPRECON aplicó erradamente la Sentencia C-258 de 2013, conforme quedó
plasmado en la Resolución 0443 del 12 de julio de 2013, mediante la cual redujo el
valor de su mesada pensional, sin agotar el debido proceso administrativo y sin
brindarle la oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y contradicción.
En este orden de ideas, el acto acusado fue expedido de manera irregular, con falsa
motivación, infracción de las normas en que debía fundarse, falta de competencia,
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa y desviación de poder por
cuanto previo a su expedición no se adelantó ningún trámite para la disminución de
su mesada pensional, desconociendo que se trata de una situación jurídica de
carácter particular y concreto, legalmente reconocida para la época en que se
otorgó, por lo que no podía ser revocada sin su consentimiento previo, expreso y
escrito.
3
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Demandante: Héctor José Moreno Reyes
iii) FONPRECON tampoco tuvo en cuenta que el Consejo de Estado en sede de tutela
ha protegido los derechos fundamentales de algunos de sus pensionados y en
consecuencia, le ha ordenado adelantar una actuación administrativa para el ajuste
del monto de sus mesadas pensionales al tope de los 25 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, en aplicación de lo señalado por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-258 de 2013.
1.2. Contestación de la demanda
El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, por intermedio de
apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se
expresan a continuación:3
i) El Consejo de Estado se ha pronunciado en procesos de nulidad y
restablecimiento señalando que el ajuste referido es acorde con el ordenamiento
jurídico y que por ello, la actuación administrativa con la participación de los
pensionados únicamente debe surtirse en aquellos casos en que el derecho
pensional se reconoció con abuso del derecho o fraude a la Ley; esta situación no
se predica respecto del demandante, por lo que sus pretensiones no están llamadas
a prosperar.
ii) En cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia C-258 de 2013, FONPRECON
profirió la Resolución 443 de 2013 a través de la cual le comunicó a sus afiliados
que las pensiones superiores a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes
serían ajustadas en forma automática, a partir del mes de julio de 2013 a ese monto.
En este orden de ideas, el ajuste automático ordenado en la Sentencia C-258 de
2013 no requería de un procedimiento administrativo previo, conforme lo ha
señalado la Corte Constitucional en las Sentencias T-392 y T-615 de 2015.
iii) A pesar de que el señor Héctor José Moreno Reyes se desempeñó como senador
de la República entre el 20 de julio de 1990 y el 19 de julio de 1991, y que le fue
otorgada una pensión de jubilación según lo establecido en el artículo 2 del Decreto
3 Folios 65 al 110 del cuaderno principal
4
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Demandante: Héctor José Moreno Reyes
1293 de 1994; al revisar su historial laboral se encontró que para el 1.º de abril de
1994 se encontraba afiliado al ISS, razón por la cual el régimen aplicable no era el
especial de los congresistas de la República. En virtud de lo anterior, se interpuso
acción de lesividad con el fin de atacar la legalidad del acto administrativo mediante
el cual se reconoció aquella prestación.
iv) Los argumentos del demandante, adicionalmente, carecen de veracidad pues se
encuentra acreditada las excepciones de a) ineptitud sustantiva de la demanda
porque el acto reprochado no es susceptible de control jurisdiccional al ser un acto
de ejecución; y b) falta de causa jurídica para pedir.
1.3. La audiencia inicial
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en
el marco de la audiencia inicial celebrada el 17 de julio de 2018, se pronunció en
estos términos:4
La excepción propuesta por la entidad demandada y denominada ineptitud
sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales no tiene vocación de
prosperidad, porque el Consejo de Estado ha señalado que a pesar de que la
naturaleza del acto administrativo es de ejecución, este puede ser demandado ante
la jurisdicción. Además, en sub lite no se cuestiona la legalidad de la resolución que
ejecutó directamente la Sentencia C-258 de 2013, sino que por el contrario, se
reprocha la decisión de no devolver las sumas de dinero correspondientes a lo
dejado de percibir por el actor desde su aplicación.
1.4. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
mediante sentencia proferida el 15 de mayo de 2020, negó las pretensiones de la
demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:5
4 Folios 120 al 126 del cuaderno principal
5 Folios 177 al 190 del cuaderno principal
5
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Demandante: Héctor José Moreno Reyes
i) Conforme lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013,
las pensiones reconocidas en virtud del régimen del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992
no podrán superar el límite de los 25 SMLMV, en armonía con el Acto Legislativo 01
de 2005, según el cual a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse
pensiones superiores a dicho tope con cargo a recursos de naturaleza pública.
Para implementar los límites constitucionales al reconocimiento y pago de las
mesadas pensionales de los beneficiarios de la Ley 4ª de 1992, fijadas en el Acto
Legislativo 01 de 2005, la Corte Constitucional estableció, entre otras cosas, que
como efecto inmediato de la sentencia, a partir del 1.º de julio de 2013 y sin
necesidad de reliquidación, ninguna mesada pensional, con cargo a recursos de
naturaleza pública, podrá superar el tope de los 25 salarios mínimos legales
mensuales vigentes. Por ello, todas las mesadas pensionales deberán ser
reajustadas automáticamente a este tope por la autoridad administrativa.
ii) En igual sentido, el Consejo de Estado6 ha precisado que la Sentencia C-258 de
2013 señaló que las pensiones que se rigen por el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992,
debieron tener siempre el tope máximo legal, y para tal efecto ordenó reajustarlas
directamente a partir del 1.º de julio de 2013, sin importar la fecha de su causación,
esto es, antes o después del 31 de julio de 2013.
iii) Al analizar el acervo probatorio se advierte que FONPRECON mediante Resolución
N.º 00850 de 17 de agosto de 1999 reconoció una pensión de jubilación al señor
Moreno Reyes, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, la cual quedó
supeditada al retiro del servicio. Así, se determinó la prestación en una cuantía de
$3.444.113, a partir del 27 de marzo de 1994, correspondiente al 75% del promedio
de lo devengado durante el último año de servicio.
Así las cosas, al devengar una mesada pensional superior a 25 SMLMV se
encontraba en el supuesto de hecho planteado por la Corte Constitucional, y en
6 El a quo citó la sentencia proferida el 25 de mayo de 2017, por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, radicado: 25000-23-42-000-2014-
00189-01 (1183-16)
6
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Demandante: Héctor José Moreno Reyes
consecuencia era deber de la entidad, realizar el reajuste automático de su mesada,
en los términos de la Sentencia C-258 de 2013. Tal actuación no constituye un acto
arbitrario de la administración, pues su deber constitucional y legal era acatar y
cumplir con lo ordenado en la referida providencia.
iv) El procedimiento administrativo previo que la parte actora considera se debió
surtir por parte de la entidad demandada no es necesario para efectuar el ajuste de
la pensión de jubilación. Lo anterior, por cuanto se ordenó su realización de forma
automática, encaminada a dar cumplimiento a una norma constitucional, y evitar
que se perpetuara la vulneración a los principios de sostenibilidad financiera,
solidaridad, igualdad y universalidad, que deben regir el sistema general de
seguridad social, de acuerdo con la reforma contenida en el Acto Legislativo 01 de
2005.
v) De acuerdo con la contestación de la demanda, si bien FONPRECON afirmó que
interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la
modalidad de lesividad con el fin de cuestionar la legalidad del acto mediante el cual
se reconoció la pensión de jubilación al actor, lo cierto es que en sub lite se debate
si se debe aplicar o no de manera automática el límite de 25 SMLMV a la mesada
pensional.
1.5. El recurso de apelación
El señor Héctor José Moreno Reyes, por conducto de apoderado, interpuso recurso
de apelación7 y lo sustentó así:
Solicitó remitirse «[…] a lo dicho en la demanda y a todo lo actuado por el suscrito
en sede de primera instancia».8
1.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.6.1. El demandante
7 Folio 194 del cuaderno principal
8
Ibídem
7
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Demandante: Héctor José Moreno Reyes
El señor Héctor José Moreno Reyes, por intermedio de apoderado, solicitó revocar
lo decidido en primera instancia, insistiendo en los argumentos expuestos en la
demanda.9
1.6.2. La entidad demandada
El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, a través de apoderado,
solicitó confirmar lo decidido en primera instancia, reiterando los argumentos dados
en la contestación de la demanda.10
1.7. El ministerio público
El agente del ministerio público no rindió concepto.11
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si, conforme al recurso de apelación, es dable ajustar
de manera automática la mesada pensional percibida por el demandante, al monto
de 25 SMLMV, a partir del 1.º de julio de 2013, en cumplimiento de la Sentencia C-
258 de 2013, emitida por la Corte Constitucional.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
El artículo 241 de la Constitución Política de 1991 encomendó a la Corte
Constitucional la función de guardar su integridad y supremacía.
Por su parte, la mencionada corporación en las Sentencias C-131 de 1996 y C-037
de 1996 analizó el alcance de las sentencias de constitucionalidad y concluyó lo
siguiente:
i) Tienen efectos erga omnes, es decir, para todos y no solo para quienes
comparecen como partes.
9 Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI
10 Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI
11 Constancia secretarial Folio 204 del cuaderno principal
8
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Demandante: Héctor José Moreno Reyes
ii) Por regla general, son vinculantes para la universalidad de casos futuros.
iii) Hacen tránsito a cosa juzgada explícita e implícita. La primera, se predica de la
parte resolutiva de las sentencias y la segunda de aquellos «conceptos de la parte
motiva que guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal
forma que no se pueda entender éste sin la alusión a aquéllos».
iv) Los operadores jurídicos están obligados por el efecto de la cosa juzgada
material12 de las sentencias de la Corte Constitucional, por ende, «todas las
autoridades públicas en Colombia, incluidas las autoridades administrativas y
judiciales, deben acatar lo decidido por la Corte en sus fallos de control de
constitucionalidad».13
Ahora bien, la Sentencia C-258 de 2013 analizó la exequibilidad del artículo 17 de
la Ley 4ª de 1992, que estableció el régimen especial de pensiones para los
congresistas y demás cargos homologados a estos.
En lo que respecta al objeto de controversia en el sub lite, la aludida providencia
precisó que desde la Ley 4ª de 1976 todas las pensiones de los funcionarios
públicos han estado sujetas a límites en su cuantía, toda vez que dicha medida
garantiza la distribución equitativa de los recursos limitados en seguridad social y
materializa los principios de solidaridad, eficiencia, universalidad y sostenibilidad
fiscal.
De manera especial, la alta corporación reivindicó el mandato constitucional
previsto en el Acto Legislativo 1 de 2005 en tanto dispuso que, a partir del 31 de
julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a los 25 SMLMV.
Igualmente, se precisó que dicho límite incorporó un componente de subsidio a las
12 Las sentencias C-543 de 1992 y C-532 de 2013 han precisado que la cosa juzgada es formal
cuando existe una decisión previa de constitucionalidad sobre idéntica norma demandada, mientras
que la material opera cuando el juico de constitucionalidad recae respecto de una disposición que
tiene igual contenido normativo de otra que fue examinada en anterior oportunidad.
13 Sentencia C-539 de 2011, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
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Demandante: Héctor José Moreno Reyes
pensiones de las personas de más bajos ingresos, con lo cual se amplió la
cobertura del sistema.
A su vez, la Corte Constitucional refirió que el mencionado mandato buscó
«establecer topes para todas las mesadas pensionales con cargo a recursos de
naturaleza pública, con el propósito de limitar y reducir los subsidios que el Estado
destina a la financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas originadas en
los regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100
de 1993».
Bajo este hilo argumentativo, la Sentencia C-258 de 2013, en su parte motiva,
estableció que, a partir del 1 de julio de 2013 y sin necesidad de reliquidación,
ninguna mesada pensional, con cargo a recursos de naturaleza pública, podrá
superar el tope de los 25 SMLMV, por ende, «todas las mesadas pensionales deberán
ser reajustadas automáticamente a este tope por la autoridad administrativa».
En cuanto a la materialización de la anterior orden judicial, resulta relevante citar la
Sentencia SU-579 de 2019, en la cual se acumularon diversas acciones de tutela
en las cuales los accionantes sostenían que para aplicar el mencionado límite los
fondos de pensiones debían surtir previamente una actuación garante del derecho
de audiencia y defensa de los afectados. Sin embargo, la Corte Constitucional se
apartó de dicho entendimiento por las siguientes razones:
i) La Sentencia C-258 de 2013 es fundadora de línea en cuanto a la orden impartida
a todas las entidades que administran el régimen pensional financiado con recursos
públicos de reajustar de manera automática las mesadas que superaran los 25
SMLMV. Esta tesis se ha seguido consolidando, entre otras, a través de las
Sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015 y SU-210 de 2017.
ii) El ajuste debe operar de manera automática y sin que sea necesario iniciar un
proceso de reliquidación, pues se trata de un mandato constitucional de obligatorio
cumplimiento. En torno a esta conclusión, se destacan los siguientes argumentos
esgrimidos en la Sentencia T-615 de 2015:
10
Radicación: 25000-23-42-000-2016-05957-01 (0266-2021)
Demandante: Héctor José Moreno Reyes
En consecuencia, la exigencia de un procedimiento administrativo iniciado por la
entidad para dar cumplimiento a las órdenes contenidas en el artículo 48 superior y
en la Sentencia C-258 de 2013 resulta desproporcionada y contraria a los fines de la
mencionada providencia, por cuanto ello permitiría que se siguieran reconociendo
pensiones por fuera de los límites constitucionales y legales hasta que finalizaran los
respectivos procedimientos, con lo que se afectarían significativamente los principios
de sostenibilidad financiera, universalidad, solidaridad e igualdad.
No puede perderse de vista que la orden de reajustar automáticamente las pensiones
a partir del 1º de julio de 2013, tuvo la finalidad de imponer un límite a las excesivas
subvenciones que el sistema pensional estaba realizando a favor de poblaciones
privilegiadas. De esta manera, la iniciación de procedimientos por fuera de este límite
temporal deviene en la permanente vulneración de los principios de sostenibilidad
fiscal e igualdad que fueron protegidos por la Corte Constitucional en la mencionada
providencia, después de verificar su recurrente vulneración por parte de las
autoridades administrativas encargadas de realizar el reconocimiento y pago de las
mesadas pensionales.
Por lo tanto, la exigencia de adelantar procedimientos administrativos pondría en
entredicho el principio de supremacía de la Constitución, consagrado en el artículo 4º
de la Carta Política, y por ende, el contenido de la misma. […].
iii) La orden adoptada en la Sentencia C-258 de 2013 también se aplica a las
pensiones reconocidas con anterioridad a su expedición. En ese orden, la Corte
Constitucional fue enfática en señalar que dicho mandato es imperativo y
categórico, y cobija a todas las prestaciones reconocidas bajo los regímenes
pensionales especiales, como el de Congresistas y Magistrados de las Altas
Cortes, pues, como lo explicó, el Acto Legislativo 01 de 2005 tuvo como propósito
limitar y reducir los subsidios que el Estado destina a la financiación de las
pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales
especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993.
iv) Los actos administrativos mediante los cuales los fondos de pensiones
comunicaron a los pensionados el ajuste de sus prestaciones al monto de 25 SMLMV
tienen el carácter de actos de ejecución de una providencia judicial, «en los cuales
las autoridades administrativas se limitaron a dar cumplimiento a la Sentencia C-
258 de 2013». En tal sentido, se reiteró el siguiente criterio:
Así las cosas, deviene importante aclarar que de conformidad con la línea
jurisprudencial sostenida por el Consejo de Estado, todos aquellos actos
administrativos encaminados a materializar el cumplimiento de una orden judicial no
están sometidos a control de legalidad ante la jurisdicción de lo contencioso
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-05957-01 (0266-2021)
Demandante: Héctor José Moreno Reyes
administrativo, ni a ningún tipo de acción judicial ordinaria, pues de permitirse, se
desconocería el principio de cosa juzgada.
Por tanto, si los jueces contenciosos aceptaran una acción de nulidad en contra de
un acto de ejecución, la determinación a adoptar por parte del operador judicial no
podría ser otra que la repetición de lo que se ordenó en la sentencia judicial que se
acoge. […]
Otro argumento, para inadmitir dicha posibilidad se contrae a la necesidad de evitar
que con tal discurrir se genere la iniciación interminable de acciones judiciales
encaminadas a controvertir los actos de ejecución, lo que contribuiría a la congestión
judicial y socavaría, además del principio de cosa juzgada, el de seguridad jurídica.
Por su parte, esta Corporación mediante sentencia de 10 de septiembre de 2020,
señaló:14
En ese orden, la Corte Constitucional fue enfática en señalar que dicho mandato es
imperativo y categórico, y cobija a todas las prestaciones reconocidas bajo los
regímenes pensionales especiales, como el de Congresistas y Magistrados de las
Altas Cortes, pues, como lo explicó, el Acto Legislativo 01 de 2005 tuvo como
propósito limitar y reducir los subsidios que el Estado destina a la financiación de las
pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales
especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993.
33. Criterio que acoge esta sala por cuanto está en consonancia con lo previsto por
el Acto Legislativo 01 de 2005, con base en el cual, la sentencia C-258 de 2013, en
su parte resolutiva, previó textualmente que a partir del 1° de julio de 2013 ninguna
pensión reconocida en aplicación del régimen demandado podrá superar los 25
SMMLV.
34. Ahora bien y respecto de la necesidad de adelantar una actuación administrativa
previa al ajuste de la mesada pensional al tope de los 25 SMLMV de los pensionados
en virtud de lo previsto por el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 esta subsección ha
señalado lo siguiente15:
«(…) Por otro lado, el argumento planteado por el demandante y por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, referido a la
presunta necesidad de adelantar un procedimiento administrativo para realizar el
reajuste de las pensiones, no resulta ajustado a la Constitución ni a la decisión
adoptada en Sentencia C-258 del 2013.
En efecto, si la Corte Constitucional no estableció la necesidad de efectuar un
procedimiento administrativo es porque, precisamente, el reajuste automático de las
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 10 de septiembre de 2020, radicado 25000-23-42-000-2017-02362-01(6307-18).
Véase, igualmente en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Segunda,
Subsección B, sentencias de fechas 23 de octubre de 2020, radicado 25000-23-42-000-2016-01822-
01(0188-19), y 23 de octubre de 2020, radicado 25000-23-42-000-2016-03684-01(4164-17)
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Segunda, Subsección B
sentencia de fecha 25 de mayo de 2017 proferida en el proceso 25000234200020140018901 (1183-
2016)
12
Radicación: 25000-23-42-000-2016-05957-01 (0266-2021)
Demandante: Héctor José Moreno Reyes
mesadas pensionales estaba encaminado a dar cumplimiento a una norma
constitucional, y a evitar que se perpetuara una vulneración de los principios de
sostenibilidad financiera, solidaridad, igualdad y universalidad que deben regir el
sistema de seguridad social, de acuerdo con la reforma contenida en el Acto
Legislativo 01 de 2005.
[…] Ahora bien, la Sala debe aclarar que la iniciación de procedimientos
administrativos de lesividad sí resulta necesaria en aquellos casos en que la autoridad
administrativa observe un posible abuso del derecho, o un fraude a la ley, los cuales
deben ser debidamente probados. En estos casos, la Corte Constitucional
expresamente indicó que era necesario garantizar el debido proceso de los
pensionados en el marco de los procedimientos administrativos adelantados por la
entidad para revocar los actos administrativos proferidos por ésta (…)».
Finalmente, es preciso señalar que la entidad demandada expidió la Resolución N.º
443 de 12 de julio de 2013, mediante la cual acató la Sentencia C-258 de 2013.
Sobre el asunto, la Corte Constitucional en Sentencia T-615 de 2015 dijo que el
mencionado acto administrativo tiene naturaleza de acto administrativo general de
cumplimiento de una sentencia judicial, no susceptible de control de legalidad, a
saber:
En consecuencia, se advierte que la Resolución No. 0443 de 12 de julio de 2013, no
constituyó un acto general que arbitrariamente y de manera irrazonable hubiese
modificado la situación jurídica de los accionantes y que hubiera debido expedirse
como un acto administrativo de carácter particular. Por el contrario, éste reúne las
características de un acto de cumplimiento de una sentencia judicial proferida por la
Corte Constitucional, la cual debe ser acatada por todas las autoridades públicas.
Sobre el particular, es menester resaltar que la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha señalado que los actos dirigidos a dar cumplimiento a una orden de carácter
judicial, no son susceptibles del control de legalidad ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, ni pueden ser objeto de acciones judiciales, porque ello
implicaría desconocer una decisión judicial con carácter de cosa juzgada. En efecto,
ha indicado el Consejo de Estado que, aún si en gracia de discusión se aceptase la
procedencia de la nulidad sobre un acto administrativo de ejecución, la consecuencia
jurídica de ello sería la repetición de lo ordenado en la sentencia. En este sentido, la
iniciación interminable de acciones judiciales o de recursos en la vía gubernativa
dirigidos a controvertir actos de ejecución, devendría en la inobservancia del principio
de cosa juzgada, e impediría la resolución efectiva de los conflictos suscitados en el
marco de las distintas jurisdicciones.
Esta Corporación mediante sentencia de 8 de junio de 201716 negó las pretensiones
de una demanda encaminada a obtener la nulidad de la Resolución N.º 443 de
2013, al considerar que «la Resolución 0443 de 12 de julio del 2013, no constituyó
16Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B,
sentencia de 8 de junio de 2017, radicado 250002342000201400188 01 (1924-2015)
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-05957-01 (0266-2021)
Demandante: Héctor José Moreno Reyes
un acto general que arbitrariamente y de manera irrazonable hubiese modificado la
situación jurídica del demandante y que hubiera debido expedirse como un acto
administrativo de carácter particular. Por el contrario, éste reúne las características
de un acto de cumplimiento de una sentencia judicial proferida por la Corte
Constitucional, la cual debía ser acatada por todas las autoridades públicas.»
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
El 17 de agosto de 1999, por Resolución 00085017, FONPRECON reconoció al señor
Héctor José Moreno Reyes una pensión de jubilación en cuantía de $3.444.113.74,
efectiva a partir del 27 de marzo de 1994, siempre y cuando se acreditara el retiro
definitivo del servicio; igualmente, se precisó que la prestación se regía por la Leyes
4ª de 1992 y 100 de 1993 y los Decretos 1359 de 1993, 692 y 1293 de 1994. Así
mismo, se señaló que aquella prestación iba a ser asumida por las siguientes
entidades: i) Caja de Previsión Social de Boyacá; ii) ISS; iii) CAJANAL; y iv) FONPRECON.
El 8 de agosto de 2013, el director general de FONPRECON emitió el Oficio N.º
2013200007969118 mediante el cual desató un recurso de reposición contra el Oficio
20132210072481. En primera medida, advirtió sobre la improcedencia de aquel
recurso en la medida en que se objeta un acto administrativo de ejecución.
En segundo lugar, señaló que en virtud de la Sentencia C-258 de 2013, proferida
por la Corte Constitucional, la mesada pensional reconocida al señor Moreno Reyes,
a partir del mes de julio de 2013, fue ajustada al monto de 25 SMLMV.
El 27 de abril de 2016, el señor Héctor José Moreno Reyes elevó derecho de
petición19 al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, con el fin de
solicitar la expedición de una certificación que estableciera la diferencia que, desde
17 Folios 250 al 260 del cuaderno de antecedentes administrativos, tomo II
18
Folio 303 al 307 del cuaderno de antecedentes administrativos, tomo III
19 Folios 4 y 5 del cuaderno principal
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Demandante: Héctor José Moreno Reyes
la aplicación de la Sentencia C-258 de 2013, dejó de percibir frente a la mesada
pensional que devengaba con anterioridad a la expedición de aquella providencia.
Así mismo, pretendió la devolución de las sumas de dinero producto de la aplicación
de aquella providencia.
El 12 de mayo de 2016, mediante Oficio N.º 2016200004533120 emitido por el
director general del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, se
informó al señor Moreno Reyes que a partir del mes de julio de 2013, se ajustó su
mesada pensional al monto de 25 SMLMV, en cumplimiento de la Sentencia C-258
de 2013. Del mismo modo, advirtió que con fundamento en las Sentencias T-392 de
2015 y T-615 de 2015, la Corte Constitucional sostuvo que FONPRECON no incurrió
en violación del derecho al debido proceso, en tanto el ajuste en la mesada
pensional al tope de 25 SMLMV debía efectuarse de forma automática y sin necesidad
de reliquidación tal como lo estableció de forma expresa la Sentencia C-258 de
2013.
En consecuencia, aquel oficio señaló que «[…] el Fondo de Previsión Social del
Congreso no ha procedido de manera unilateral como erróneamente se señala, por
el contrario, el ajuste en la mesada pensional correspondió al cumplimiento estricto
de la Sentencia C-258 de que (sic) determinó la aplicación del tope de manera
automática y sin necesidad de reliquidación, por tal motivo, mediante oficio de julio
de 2013, procedió a informar la ejecución de la Sentencia en el caso particular del
peticionario, sin que fuera procedente someter a actuación administrativa previa el
cumplimiento de la orden judicial.»21
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Antes de abordar el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario
señalar que en la audiencia inicial celebrada el 17 de julio de 2018,22 el a quo
resolvió que la excepción propuesta por la entidad demandada, denominada
20 Folios 6 al 12 del cuaderno principal
21
Folio 10 del cuaderno principal
22 Folios 120 al 126 del cuaderno principal
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Demandante: Héctor José Moreno Reyes
ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales, no tenía
vocación de prosperidad.
Así, consideró que nada obsta para que los actos de ejecución puedan ser
demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando se pruebe
que la administración pública se aparta del alcance de la providencia judicial objeto
de ejecución; aunado al hecho que en el sub lite no se está reprochando la legalidad
de la resolución que ejecutó directamente la Sentencia C-258 de 2013.
La Sala discrepa del criterio adoptado por el a quo, pues en reiterados
pronunciamientos se ha sostenido que el ajuste automático de las mesadas
pensionales a partir del mes de julio de 2013, es una actuación que obedece a la
ejecución de la Sentencia C-258 de 2013. Bajo ese contexto, se ha concluido que
los actos administrativos mediante los cuales se informó sobre el ajuste de aquellas
prestaciones a la suma de 25 SMLMV, no son pasibles de control jurisdiccional, por
cuanto no crearon, modificaron o extinguieron una situación jurídica, sino que se
limitaron a cumplir cabalmente y de manera inmediata la orden impartida en la
Sentencia C-258 de 2013.
No obstante, en aras de salvaguardar el derecho constitucional y fundamental al
debido proceso y en consideración a que la decisión del tribunal, emitida en la
audiencia inicial en comento, quedó en firme pues las partes no la objetaron, la Sala
no decretará un pronunciamiento inhibitorio y en su lugar, se pronunciará sobre el
fondo del asunto.
Lo anterior, encuentra fundamento, entre otros, en los principios de preclusión y
seguridad jurídica. Sobre el asunto, esta Corporación ha señalado:23
[…] Así se erige la preclusión como uno de los principios fundamentales del derecho
procesal y que en desarrollo de éste se establecen las diversas etapas que han de
cumplirse en los diferentes procesos, así como la oportunidad que en cada una de
ellas deben llevarse a cabo los actos procesales que le son propios, trascurrida la
cual no pueden adelantarse.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 9 de noviembre de 2017, radicado N.º 68001-23-33-000-2012-00280-01(3861-13)
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-05957-01 (0266-2021)
Demandante: Héctor José Moreno Reyes
En razón a éste principio es que se establecen términos dentro de los cuales se puede
hacer uso de los recursos de ley, así mismo, para el ejercicio de ciertas acciones o
recursos extraordinarios, cuya omisión genera la caducidad o prescripción como
sanción a la inactividad de la parte facultada para ejercer el derecho dentro del límite
temporal establecido por la ley.
El principio de preclusión reconoce su fundamento en motivos de seguridad jurídica y
en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable,
evitando así que los procesos se retrotraigan a etapas ya superadas y se prolonguen
indefinidamente y igualmente, se constituye en una garantía recíproca para las partes
en el proceso, pues, estimulan la celeridad en las actuaciones o trámites y evitan
asaltos sorpresivos que podrían atentar contra el derecho de defensa.
Ahora bien, conforme a lo expuesto en acápites precedentes, en consonancia con
los documentos aportados al plenario, la Sala observa que FONPRECON no
desconoció el ordenamiento superior al ajustar la mesada pensional percibida por
el actor al monto de 25 SMLMV. Por el contrario, se limitó a ejecutar una orden judicial
que se tornaba de obligatorio cumplimiento para las autoridades del territorio
nacional; esta tesis se funda en los siguientes razonamientos:
En consideración a las precisas órdenes impartidas por la Corte Constitucional en
la Sentencia C-258 de 2013, FONPRECON estaba conminada a ajustar dicha
prestación al tope de 25 SMLMV, sin necesidad de adelantar un procedimiento
administrativo previo.
En relación con el ajuste en comento la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
575 de 2019, precisó:
[…] la Corte encuentra que la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho
dictada por el Consejo de Estado perdió su ejecutoriedad frente a las órdenes dadas
por la Corte Constitucional en una sentencia de control abstracto de constitucionalidad
que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional en los términos del artículo 243 de la
Carta Política y que determinó que ninguna pensión con cargo a recursos públicos
puede superar el tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En
términos extremadamente simples, los efectos de la sentencia C-258 de 2013
automáticamente acarrearon la modificación de la sentencia emitida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación
25000232500020040774601, sustrayendo sus efectos a tal punto que para darle
cumplimiento FONPRECON redujo al límite constitucional la mesada del señor Luis
Javier Velásquez Restrepo.
Con base en el anterior criterio, en lo que respecta al ajuste en razón al tope
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Demandante: Héctor José Moreno Reyes
pensional de 25 SMLMV, el monto de las pensiones debe acompasarse a lo
dispuesto por la Sentencia C-258 de 2013, pues fijó una regla inequívoca, cuyo
cumplimiento era imperativo para los fondos de pensiones so pena de incurrir en un
abierto desacato a una orden judicial impartida en sede de control de
constitucionalidad.
En razón a la obligatoriedad de las órdenes dictadas en la Sentencia C-258 de 2013,
FONPRECON no tenía una alternativa diferente a disponer el ajuste automático de la
pensión que venía devengando el demandante en aras de que se aviniera a los
mandatos constitucionales allí reivindicados.24
En consecuencia, dicha determinación no constituyó una actuación arbitraria o
irrazonable modificatoria de la situación jurídica del actor. Por el contrario, la entidad
demandada dio estricto cumplimiento a las órdenes impartidas en las partes
resolutiva y motiva de dicho fallo de constitucionalidad, al efectuar el reajuste
automático del monto de las mesadas pensionales del accionante en 25 SMLMV,
por cuanto superaba dicho tope constitucional; además, su situación concreta
quedó materializada a través del acto acusado, esto es, el Oficio N.º
20162000045331 de 12 de mayo de 2016, proferido por su director general.
Por consiguiente, el argumento planteado por el demandante concerniente a la
presunta necesidad de adelantar un procedimiento administrativo para realizar el
24 Esta tesis también ha sido sostenida, entre otras, en las siguientes providencias:
i) De la Corte Constitucional. Sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015, T-360 de 2018, T-073
de 2019, SU-575 de 2019 y Auto 478 de 3 de diciembre de 2020, expediente: T-7.780.673
ii) Del Consejo de Estado.
• Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 13 de noviembre de 2020, radicado: 25000-23-42-
000-2016-01911-01 (5824-2018).
• Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 30 de octubre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-
2014-02515-02 (4114-2018)
• Sección Segunda, Subsección B, auto de 21 de febrero de 2019, radicado: 63001-23-33-000-2018-
00103-01 (4771-18)
• Sección Primera, auto de 16 de agosto de 2018, radicado: 11001-03-15-000-2014-04194-01(AC)
A.
18
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Demandante: Héctor José Moreno Reyes
reajuste de las pensiones, no resulta ajustado a la Constitución ni a la decisión
adoptada en Sentencia C-258 del 2013, toda vez que si la Corte Constitucional no
estableció dicha exigencia es porque, precisamente, el reajuste automático de las
mesadas pensionales estaba encaminado a dar cumplimiento a una norma
constitucional, y a evitar que se perpetuara una vulneración de los principios de
sostenibilidad financiera, solidaridad, igualdad y universalidad que deben regir el
sistema de seguridad social, de acuerdo con la reforma contenida en el Acto
Legislativo 01 de 2005.
La Sala concluye en primer lugar, que era procedente reducir la mesada pensional
del actor al tope de 25 SMLMV de manera automática, pues su caso, no exigía la
carga de la administración de desvirtuar la presunción de legalidad del acto que
reconoce la pensión, sino simplemente, disminuir el monto pensional sin el
procedimiento que se extraña en esta demanda y en segundo término, que
FONPRECON actuó debidamente conforme lo señaló el a quo en la sentencia apelada.
Finalmente, tampoco está llamado a prosperar el argumento del recurrente en
cuanto a que el a quo desconoció lo señalado por esta Corporación en su
jurisprudencia, específicamente en sentencias proferidas en sede de tutela, en las
que ordenó a dicha entidad previsional garantizar el debido proceso de sus
accionantes en desarrollo de las actuaciones tendientes a obtener el cumplimiento
de las decisiones adoptadas en la Sentencia C-258 de 2013. En efecto, lo allí decido
le resulta inaplicable por cuanto la Ley 270 de 1996 en su artículo 48 establece que
las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter
obligatorio únicamente para las partes y su motivación sólo constituye criterio
auxiliar para la actividad de los jueces.
3. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201625, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
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Demandante: Héctor José Moreno Reyes
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en los numerales 1 y 8
del artículo 365 del Código General del Proceso,26 la Sala condenará en costas de
segunda instancia a la parte demandante, teniendo en consideración que no
prosperó el recurso de apelación interpuesto y, que la entidad demandada intervino
en esta instancia presentando alegatos de conclusión.
4. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
26«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-05957-01 (0266-2021)
Demandante: Héctor José Moreno Reyes
probatorio, se concluye que el demandante no logró desvirtuar la presunción de
legalidad del acto reprochado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. – Confirmar la sentencia proferida el 15 de mayo de 2020, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que negó las
pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor Héctor José
Moreno Reyes contra Fondo de Previsión Social del Congreso de la República –
FONPRECON, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. – Condenar en costas a la parte demandante y a favor de la demandada,
las cuales serán liquidadas por el a quo.
Tercero. – Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
21
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