Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05961-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05961-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-05961-02
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
4 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2016 05961 02 (4218-2021)
Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez
Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Temas: Topes pensionales. Acto no susceptible de control judicial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de primera instancia del 23 de abril del 2021, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por medio de
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Víctor Manuel Buitrago Gómez formuló
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000 23 42 000 2016 05961 02 (4218-2021)
Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez
demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se
declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio del 21 de julio del
2016, proferido por el Fondo Previsión Social del Congreso de la República, por
medio del cual se negó al demandante la devolución de los dineros descontados
de su mesada pensional, con ocasión de la aplicación de la sentencia C-258 del
2013, proferida por la Corte Constitucional.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó lo siguiente:
Segunda: […] reconocer y pagar la diferencia que generó la aplicación ilegal de la
Sentencia de Constitucionalidad C-258 de 2013 la cual se llevara a cabo mediante
la expedición de la Resolución No 0443 del 12 de julio de 2013, emitida por la
demandada, desde el 1 de julio de 2013, hasta la fecha en la que se haga el pago
efectivo de dicha diferencia, en su calidad de prestación periódica, por tratarse de
emolumentos pagados en forma mensual y en dos ocasiones adicionales al año,
como lo establece la normatividad pensional aplicada al caso particular.
Tercera: […] pagar en forma actualizada las sumas adeudadas por concepto de
impago de la diferencia dejada de percibir por concepto de la prestación periódica
reclamada de acuerdo con los índices de precios al consumidor certificados por el
DANE, o la autoridad administrativa que en su momento cumpla tal función.
Cuarta: que sobre las sumas adeudadas, debidamente indexadas, se reconozcan
los intereses moratorios, desde el 1 de julio de 2013, hasta la fecha de pago
efectivo, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 192 de
la Ley 1437 de 2011y el numeral 4 del artículo 195 ibídem, en la forma en la que el
evento llegue a darse.
Quinta: […] se reconozcan los intereses moratorios a una tasa equivalente al dtf
desde la ejecutoria de la sentencia, hasta el máximo de los diez días siguientes a
tal fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del c.p.a.c.a, o hasta
la fecha de pago efectivo de la obligación, de ocurrir dicho pago antes del plazo
legal establecido.
Sexta: se reconozcan los intereses moratorios a la tasa comercial, desde el primer
día del mes once, contado desde la fecha de ejecutoria de la sentencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 del c.p.a.c.a., de darse el caso,
hasta el día de pago efectivo de la obligación.
1.1.2. Hechos
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Radicado: 25000 23 42 000 2016 05961 02 (4218-2021)
Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez
Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:
i) El Fondo de Prestaciones Sociales del Congreso de la República, a través de
una serie de actuaciones internas y bajo el amparo de la sentencia C-258 del
2013, limitó hasta 25 s.m.l.m.v la pensión de jubilación del señor Víctor Manuel
Buitrago sin haberse iniciado, previamente, el trámite de la revocatoria directa
establecido en los artículos 93 al 97 de la Ley 1437 del 2011, y sin haberse
agotado la conciliación prejudicial en los términos del Decreto 1069 del 2015.1
ii) El 1 de julio del 2016, el demandante interpuso derecho de petición ante
Fonprecon, con el objeto de solicitar que se certificaran las diferencias dejadas de
percibir a partir del mes de julio del 2013, en virtud de la aplicación de la sentencia
C-258 del 2013; además, pidió que se pagaran dichas diferencias.
iii) La anterior solicitud fue resuelta a través del Oficio número 20162000069421
del 21 de julio del 2016, en donde la parte demandada negó lo pedido, bajo el
argumento de que la reducción de su mesada pensional obedeció al cumplimiento
de una sentencia proferida por la Corte Constitucional.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
En el escrito inicial de la demanda se invocaron como violados los artículos 1, 6,
13, 21, 29, 31, 42, 46, 48, 58, 83 y 209 de la Constitución Política de 1991; 3, 4, 93
y 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
1 La parte demandante no aportó información sobre el reconocimiento de su mesada pensional, tal
como el acto administrativo o las condiciones en las que se concedió tal derecho.
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Radicado: 25000 23 42 000 2016 05961 02 (4218-2021)
Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez
Administrativo. En desarrollo del concepto de la violación, la parte demandante
expuso los siguientes argumentos2:
i) El Consejo de Estado3 ya ha definido que la Resolución número 443 del 2013,
por medio de la cual el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
dio aplicación a la sentencia C-258 del 2013, vulneró los derechos fundamentales
de sus asociados, toda vez que se desconoció el debido proceso de los
pensionados.
ii) La reducción del valor de las mesada pensional debía supeditarse a la iniciación
de un trámite administrativo previo que le permitiera a los afectados ejercer su
derecho de defensa y contradicción, de tal modo que se lograra una idónea
aplicación de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional.
iii) La naturaleza de la sentencia C-258 del 2013 era la de adicionarse a la norma
cuya constitucionalidad se estudiaba, que resulta ser el artículo 17 de la Ley 4 de
1992. En razón de lo anterior, la entidad debió procurar la garantía de los
derechos fundamentales de los pensionados, razón por la que el acto
administrativo demandado debe ser declarado nulo.
1.2. Contestación de la demanda
2 Demanda, expediente digital, portal Samai.
3 Sentencias de tutela: i) Sección Segunda, Subsección B, 16 de julio del 2014, radicado 25000 23
42 000 2013 04912 01; ii) Sección Segunda, Subsección B, 23 de octubre del 2014, radicado
25000 23 41 000 2013 02686 02; iii) Sección Primera, 2 de julio del 2015, radicado 25000 23 42
000 2013 04281 01
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Radicado: 25000 23 42 000 2016 05961 02 (4218-2021)
Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez
La parte demandada allegó memorial de contestación visible en el portal Samai,
en donde argumentó lo siguiente:
i) El señor Víctor Manuel Buitrago se ocupó de cuestionar la Resolución 443 del
2013, a pesar de que dicho acto administrativo no es objeto de estudio dentro de
la presente demanda, en donde solamente se discute el oficio 20162000069421
del 21 de julio del 2016, por medio del cual se negó el restablecimiento del valor
de su mesada pensional.
ii) Para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en sentencia C-
258 del 2013 no era necesario iniciar un trámite administrativo previo, tal como lo
ha aclarado la misma autoridad constitucional en las sentencias T-392 y T-615 del
2015, en donde se explicó que Fonprecon no ha violado el derecho fundamental al
debido proceso de sus afiliados al aplicar, de forma directa, el tope pensional de
25 s.m.l.m.v.
iii) Las sentencias invocadas por la parte demandante no pueden ser tenidas en
cuenta para resolver el presente asunto, toda vez que, por medio de auto del 15
de diciembre del 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la
nulidad de todo lo actuado en ese proceso a partir del 7 de mayo del ese año, por
lo que el proceso finalizó con sentencia de segunda instancia del 19 de septiembre
del 2016. Por su parte, las otras dos sentencias fueron dictadas antes de que la
Corte Constitucional profiriera los fallos T-392 y T-615 del 2015.
iv) Los argumentos propuestos por el demandante se enfocan principalmente en
discutir los argumentos propuestos en la sentencia C-258 del 2013 y en el derecho
que considera que le asiste a que su mesada pensional sea restablecida, pero no
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Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez
procura explicar las razones por las que el acto demandado debe ser declarado
nulo.
1.3 La sentencia apelada
En sentencia del 14 de junio del 2018, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, negó las pretensiones de la
demanda interpuesta por el señor Víctor Manuel Buitrago, de acuerdo con las
siguientes consideraciones:4
[…] En sentencia C-258 de 2013 la Corte Constitucional determinó que a partir del
1 de julio de 2013 ninguna mesada pensional con cargo a recursos públicos podía
superar el tope de los 25 SMLMV, por lo que estas debían ser ajustadas
automáticamente por la autoridad administrativa responsable de su reconocimiento
y pago.
El Tribunal Constitucional previó una excepción a dicha regla general, en el caso
de que las pensiones hubiesen sido reconocidas con abuso del derecho o fraude a
la ley, caso en el cual la autoridad administrativa estaba en la obligación de
realizar la respectiva reliquidación, después de inicial un procedimiento
administrativo con observancia de la garantía del debido proceso.
No obstante, en el presente asunto se evidencia que la prestación del accionante
fue reajustada al superar el tope de los 25 SMLMV, que no por haber sido
reconocida con abuso del derecho o fraude a la ley, motivo por el cual, de
conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional tal disminución se
debía efectuar automáticamente por la autoridad administrativa y sin necesidad de
adelantar un procedimiento previo.
A su vez, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sostenido que el exigir un
procedimiento previo para disminuir las mesada pensionales que superaban los 25
SMLMV resulta desproporcionado y contrario a los fines de la sentencia C-258 de
2013, desconoce el principio de supremacía constitucional y afecta los principios
de sostenibilidad financiera, universalidad, solidaridad e igualdad que rigen el
sistema de seguridad social.
4 Expediente digital, Samai
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Radicado: 25000 23 42 000 2016 05961 02 (4218-2021)
Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez
Así pues, no le asiste razón al demandante cuando aduce que a fin de disminuir su
mesada pensional debía adelantarse un trámite administrativo previo y particular,
que contara con su intervención activa y le concediera la oportunidad de interponer
los recursos pertinentes, pues de conformidad con la jurisprudencia constitucional
y contenciosa administrativa, Fonprecon no debía efectuar ninguna actuación para
dar cumplimiento a la sentencia C-258 de 2013, y mucho menos le podía otorgar la
oportunidad al interesado de contradecir tal decisión, pues se trataba de un
reajuste que operaba automáticamente.
Ahora bien, en múltiples ocasiones el Consejo de Estado ha tenido la oportunidad
de pronunciarse sobre la Resolución No. 443 de 2013, concluyendo que a través
de esta Fonprecon se limitó a dar cumplimiento a la sentencia C-258 de 2013, sin
exceder los alcances de dicha providencia judicial. Por tal motivo, ha concluido que
no modificó arbitrariamente la situación jurídica de los afiliados de Fonprecon,
tampoco se trata de una decisión que debiera adoptarse a través de un acto
administrativo de carácter particular, pues se expidió en aras de cumplir una
sentencia que debía ser acatada por todas las autoridades públicas.
1.4. El recurso de apelación
Como consecuencia de la sentencia de primera instancia, el señor Víctor Manuel
Buitrago Gómez, por medio de apoderado judicial, interpuso recurso de apelación
a través de memorial visible en el expediente digitalizado que reposa en el portal
Samai, en donde indicó que «reiteraba los argumentos manifestados en la
demanda al considerar que, sin lugar a duda alguna la demandada se encuentra
en la obligación de pagar al diferencia dejada de percibir en la forma en que
ampliamente se trató en la demanda».
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La parte demandada presentó alegatos de conclusión por medio de memorial
denominado «alegatos de conclusión», visible en el portal Samai, mientras que la
parte demandante guardó silencio.
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Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si el Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República vulneró los derechos del debido proceso y a la defensa y contradicción del
señor Víctor Manuel Buitrago Gómez al aplicar, de forma automática, un tope de 25
s.m.l.m.v a su pensión de jubilación, en cumplimiento de la sentencia C-258 del
2013.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre los topes pensionales
El artículo 2 de la Ley 4 de 19765 dispuso que las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en
todos sus órdenes, y en el sector privado, «no podrán ser inferiores al salario
mínimo mensual más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario».
5 Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y
privado y se dictan otras disposiciones
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Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez
Posteriormente, el artículo 2 de la Ley 71 de 1988 preceptuó que ninguna pensión
podría exceder de 15 veces el salario mínimo legal mensual.6A su vez, el artículo
18 de la Ley 100 de 1993 limitó la base de cotización a 20 SMLVM. Esta disposición
fue modificada por la Ley 797 de 2003 que aumentó dicha suma a 25 SMLVM.
Igualmente, el Acto Legislativo 1 de 2005 acogió el anterior criterio y dispuso que
«a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a
veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a
recursos de naturaleza pública».
En relación con la existencia de topes pensionales, la Corte Constitucional ha
concluido lo siguiente:7
[…] el legislador puede, por razones de política legislativa, señalar cuáles son los
límites máximos y mínimos que deben implantarse para que las reservas de dinero
destinadas al pago de las pensiones, tanto en el sector público como en el privado,
no pierdan por un lado su capacidad adquisitiva, pero por otro garanticen y protejan
los recursos existentes para el pago de las pensiones (C.P. art. 48 y 53). La Corte
considera que, dentro de ciertos límites, el legislador tiene libertad para determinar
el monto y los alcances de los recursos a fin de lograr el mejor uso de los mismos,
en un sistema solidario de seguridad social; es perfectamente legítimo que, la ley
conceda un límite mínimo o máximo al monto de la pensión, si con ello se pretende
administrar recursos limitados […].
[…] al establecer unos topes máximos a la mesada pensional, el legislador protege
los recursos existentes para el pago de las pensiones, a fin de asignarlos
preferencialmente a aquellos que se encuentran en una escala económica inferior.
[…].
6 Dicha previsión también se reiteró en el artículo 3 del Decreto 1160 de 1989.
7 Sentencia C-155 de 1997.
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Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez
De acuerdo con el anterior criterio, el legislador se encuentra facultado para
establecer la figura de los topes pensionales como una medida idónea,
proporcional y razonable en aras de garantizar la cobertura universal del sistema
de seguridad social en pensiones.
En cuanto a los regímenes especiales, la Corte Constitucional8 ha precisado que
también les son aplicables las normas generales que fijan los topes pensionales,
siempre y cuando establezcan un límite superior al previsto por la normativa
especial.
Igualmente, es inaceptable predicar la ausencia de topes para los beneficiarios de
leyes especiales, es decir, que no podría admitirse la «existencia de un grupo de
pensionados privilegiados, excluidos de los límites máximos que la ley ha previsto
para el reconocimiento y valor de las pensiones».9
El anterior criterio fue reiterado en la Sentencia C-258 de 2013, en los siguientes
términos:
Esa preocupación por fijar límites a los subsidios que el Estado destina al pago de
las más altas pensiones por medio del establecimiento de topes, existía además
desde antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, e incluso con
anterioridad a la promulgación de la Ley 100 de 1993. Como se indicó en apartes
anteriores, desde la Ley 4 de 1976, el Legislador ha sometido a topes mínimos y
máximos el valor que una persona puede recibir por razón de su pensión; así, esa
normativa estableció un valor máximo de 22 smmlv. Posteriormente, la Ley 71 de
1988 disminuyó el tope a 15 smmlv y la Ley 100 de 1993 lo elevó, en su artículo 18,
a 20 smmlv para los afiliados al régimen de prima media. Más recientemente, el
artículo 5 de la Ley 797 de 2003 elevó el tope a 25 smmlv; ese mismo criterio fue
luego acogido por el Acto Legislativo 01 de 2005.
8 Sentencia C-089 de 1997.
9 Sentencia C-089 de 1997.
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Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez
En concordancia con la anterior preocupación y para el caso específico de los
regímenes especiales de pensiones, en las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de
1997, esta Corporación también sostuvo que en caso de que las normas
especiales de tales regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las
mesadas, debía aplicarse el tope señalado en las reglas generales,
específicamente en la Ley 100 y las disposiciones que la modifican en lo pertinente.
Por las anteriores razones la Sala no puede mantener en el ordenamiento la regla
de la ausencia de topes en el régimen de pensiones materia de análisis. Hacerlo,
como en el caso de los anteriores elementos del régimen, (i) vulneraría el principio
de igualdad en tanto conduce a la transferencia de subsidios públicos excesivos a
un grupo de personas que no sólo no están en condición de vulnerabilidad o
debilidad, sino que, por el contrario, por regla general pertenecen a un sector
privilegiado de la población; y (ii) avalaría la continuidad de un sacrificio
desproporcionado de los principios y finalidades de la seguridad social. (Resalta la
Sala).
Así las cosas, con la aplicación de los topes pensionales a todas la pensiones,
ordinarias o especiales, se protege el financiamiento del sistema pensional. En
efecto, desde la Ley 4 de 1976, todas las pensiones de los funcionarios públicos
han estado sujetas a límites en su cuantía, toda vez que dicha medida garantiza la
distribución equitativa de los recursos limitados en seguridad social y materializa
los principios de solidaridad, eficiencia, equidad, universalidad y sostenibilidad
fiscal.
2.2.2 La sentencia C-258 del 2012
El artículo 241 de la Constitución Política de 1991 encomendó a la Corte
Constitucional la función de guardar su integridad y supremacía. La mencionada
corporación en las Sentencias C-131 de 1996 y C-037 de 1996 analizó el alcance
de las sentencias de constitucionalidad y concluyó lo siguiente:
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i) Tienen efectos erga omnes, es decir, para todos y no solo para quienes
comparecen como partes.
ii) Por regla general, son vinculantes para la universalidad de casos futuros.
iii) Hacen tránsito a cosa juzgada explícita e implícita. La primera se predica de la
parte resolutiva de las sentencias y la segunda de aquellos «conceptos de la parte
motiva que guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal
forma que no se pueda entender éste sin la alusión a aquéllos».
iv) Los operadores jurídicos están obligados por el efecto de la cosa juzgada
material10 de las sentencias de la Corte Constitucional, por ende, «todas las
autoridades públicas en Colombia, incluidas las autoridades administrativas y
judiciales, deben acatar lo decidido por la Corte en sus fallos de control de
constitucionalidad».11
Ahora bien, la Sentencia C-258 de 2013 analizó la exequibilidad del artículo 17 de
la Ley 4ª de 1992, que estableció el régimen especial de pensiones para los
congresistas y demás cargos homologados.
En lo que respecta al objeto de controversia en el sub lite, la aludida providencia
precisó que desde la Ley 4ª de 1976 todas las pensiones de los funcionarios
públicos han estado sujetas a límites en su cuantía, toda vez que dicha medida
garantiza la distribución equitativa de los recursos limitados en seguridad social y
materializa los principios de solidaridad, eficiencia, universalidad y sostenibilidad
fiscal.
De manera especial, la alta corporación reivindicó el mandato constitucional
previsto en el Acto Legislativo 1 de 2005 en tanto dispuso que, a partir del 31 de
10 Las sentencias C-543 de 1992 y C-532 de 2013 han precisado que la cosa juzgada es formal
cuando existe una decisión previa de constitucionalidad sobre idéntica norma demandada,
mientras que la material opera cuando el juico de constitucionalidad recae respecto de una
disposición que tiene igual contenido normativo de otra que fue examinada en anterior oportunidad.
11 Sentencia C-539 de 2011, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
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julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a los 25 SMLMV.
Igualmente, se precisó que dicho límite incorporó un componente de subsidio a
las pensiones de las personas de más bajos ingresos, con lo cual se amplió la
cobertura del sistema.
A su vez, la Corte Constitucional refirió que el mencionado mandato buscó
«establecer topes para todas las mesadas pensionales con cargo a recursos de
naturaleza pública, con el propósito de limitar y reducir los subsidios que el Estado
destina a la financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas originadas
en los regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la
Ley 100 de 1993».
Bajo este hilo argumentativo, la Sentencia C-258 de 2013, en su parte motiva,
estableció que, a partir del 1 de julio de 2013 y sin necesidad de reliquidación,
ninguna mesada pensional, con cargo a recursos de naturaleza pública, podrá
superar el tope de los 25 SMLMV, por ende, «todas las mesadas pensionales
deberán ser reajustadas automáticamente a este tope por la autoridad
administrativa».
En cuanto a la materialización de la anterior orden judicial, resulta relevante citar la
Sentencia SU-579 de 2019, en la cual se acumularon diversas acciones de tutela
en las cuales los accionantes sostenían que para aplicar el mencionado límite los
fondos de pensiones debían surtir previamente una actuación garante del derecho
de audiencia y defensa de los afectados; sin embargo, la Corte Constitucional se
apartó de dicho entendimiento por las siguientes razones:
i) La Sentencia C-258 de 2013 es fundadora de línea en cuanto a la orden
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impartida a todas las entidades que administran el régimen pensional financiado
con recursos públicos de reajustar de manera automática las mesadas que
superaran los 25 SMLMV. Esta tesis se ha seguido consolidando, entre otras, a
través de las sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015 y SU-210 de 2017.
ii) El ajuste debe operar de manera automática y sin que sea necesario iniciar un
proceso de reliquidación, pues se trata de un mandato constitucional de obligatorio
cumplimiento. En torno a esta conclusión, se destacan los siguientes argumentos
esgrimidos en la sentencia T-615 de 2015:
En consecuencia, la exigencia de un procedimiento administrativo iniciado por la
entidad para dar cumplimiento a las órdenes contenidas en el artículo 48 superior
y en la Sentencia C-258 de 2013 resulta desproporcionada y contraria a los fines
de la mencionada providencia, por cuanto ello permitiría que se siguieran
reconociendo pensiones por fuera de los límites constitucionales y legales hasta
que finalizaran los respectivos procedimientos, con lo que se afectarían
significativamente los principios de sostenibilidad financiera, universalidad,
solidaridad e igualdad.
No puede perderse de vista que la orden de reajustar automáticamente las
pensiones a partir del 1º de julio de 2013, tuvo la finalidad de imponer un límite a
las excesivas subvenciones que el sistema pensional estaba realizando a favor
de poblaciones privilegiadas. De esta manera, la iniciación de procedimientos por
fuera de este límite temporal deviene en la permanente vulneración de los
principios de sostenibilidad fiscal e igualdad que fueron protegidos por la Corte
Constitucional en la mencionada providencia, después de verificar su recurrente
vulneración por parte de las autoridades administrativas encargadas de realizar el
reconocimiento y pago de las mesadas pensionales.
Por lo tanto, la exigencia de adelantar procedimientos administrativos pondría en
entredicho el principio de supremacía de la Constitución, consagrado en el
artículo 4º de la Carta Política, y por ende, el contenido de la misma. […].
iii) La orden adoptada en la Sentencia C-258 de 2013 también se aplica a las
pensiones reconocidas con anterioridad a su expedición, toda vez que los topes
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en las mesadas pensionales fueron previstos en el ordenamiento en las leyes 4ª
de 1976, 71 de 1988, 100 de 1993 y 797 de 2003.
iv) Los actos administrativos mediante los cuales los fondos de pensiones
comunicaron a los pensionados el ajuste de sus prestaciones al monto de 25
SMLMV tienen el carácter de actos de ejecución de una providencia judicial, «en los
cuales las autoridades administrativas se limitaron a dar cumplimiento a la
Sentencia C-258 de 2013». En tal sentido, se reiteró el siguiente criterio:
Así las cosas, deviene importante aclarar que de conformidad con la línea
jurisprudencial sostenida por el Consejo de Estado, todos aquellos actos
administrativos encaminados a materializar el cumplimiento de una orden
judicial no están sometidos a control de legalidad ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, ni a ningún tipo de acción judicial ordinaria, pues
de permitirse, se desconocería el principio de cosa juzgada.
Por tanto, si los jueces contenciosos aceptaran una acción de nulidad en
contra de un acto de ejecución, la determinación a adoptar por parte del
operador judicial no podría ser otra que la repetición de lo que se ordenó en la
sentencia judicial que se acoge. […]
Otro argumento, para inadmitir dicha posibilidad se contrae a la necesidad de
evitar que con tal discurrir se genere la iniciación interminable de acciones
judiciales encaminadas a controvertir los actos de ejecución, lo que
contribuiría a la congestión judicial y socavaría, además del principio de cosa
juzgada, el de seguridad jurídica.
Bajo el anterior lineamiento, las decisiones y actuaciones que adelantó la
autoridad demandada para materializar el ajuste pensional ordenado por la
Sentencia C-258 de 2013, corresponden a actos de ejecución de una providencia
amparada por la figura de la cosa juzgada, por ende, no son susceptibles de
recursos ante la administración ni son controlables ante la jurisdicción, en tanto no
modificaron, crearon o extinguieron situación jurídica alguna.
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Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez
2.3. Hechos probados
i) El 13 de octubre del 2005, el Fondo de Previsión Social de Congreso de la
República, emitió la Resolución 1520, en la que le reconoció al señor Víctor Hugo
Buitrago Gómez una pensión de jubilación, por haberse desempeñado como
congresista, en cuantía de $ 13.185.911, con efectividad fiscal a partir del 28 de
julio del 2005. El sustento normativo del anterior reconocimiento fueron la Ley 4 de
1992 y el Decreto 1359 de 1993.12
ii) Durante el primer semestre del año 2013, la mesada pensional del demandante
ascendía a $ 20.373.772, pero a partir del mes de julio de ese mismo año el valor
de la pensión fue ajustado a un máximo de 25 s.m.l.m.v., por parte de Fonprecon,
correspondientes a $ 14.737.500 en virtud de a orden impartida por la Corte
Constitucional en sentencia C-258 del 2013.13
iii) El 1 de julio del 2016, el demandante presentó una solicitud ante Fonprecon
con la que pretendía que se le pagaran las diferencias generadas a partir del
ajuste pensional efectuado por la entidad demandada desde el mes de julio del
año 2013, bajo el argumento de que no se adelantó un trámite administrativo
previo que le permitiera ejercer su derecho de defensa y contradicción.14
v) El mencionado derecho de petición fue resuelto a través del Oficio número
20162000069421 del 21 de julio del 2016, a través del cual Fonprecon negó la
solicitud elevada por el demandante y argumentó que no se vulneraron los
12 Cuaderno de antecedentes administrativos visible en el portal Samai
13 Folio 12, de la demanda, visible en Samai
14 Cuaderno de antecedentes administrativos en Samai
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derechos fundamentales del interesado, puesto que la decisión de fijar un tope
pensional obedeció al estricto cumplimiento de la orden impartida por la Corte
Constitucional en sentencia C-258 del 2013, por lo que no era necesario adelantar
un procedimiento administrativo previo.15
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
Conforme a lo expuesto en acápites precedentes, y en consonancia con los
documentos aportados al plenario, la Sala concluye que Fonprecon no desconoció
el ordenamiento superior al ajustar la mesada pensional del actor al monto de 25
SMLMV; por el contrario, se limitó a ejecutar una orden judicial que se tornaba de
obligatorio cumplimiento para las autoridades del territorio nacional. Esta tesis se
funda en lo siguiente:
En consideración a las precisas órdenes impartidas por la Corte Constitucional en
la Sentencia C-258 de 2013, Fonprecon estaba conminado a ajustar la mesada
pensional del demandante al tope de 25 SMLMV, sin necesidad de adelantar un
procedimiento administrativo previo, tal como sucedió, pues la entidad se limitó a
dar cumplimiento de la orden impartida por la Corte Constitucional relativa a
aplicar el límite pensional mencionado a partir del mes de julio del año 2013.
El ajuste en comento no vulneró los derechos al debido proceso, contradicción y
defensa del interesado, como tampoco desconoció sus derechos adquiridos, toda
vez que la Sentencia C-258 de 2015 fijó una regla inequívoca, cuyo cumplimiento
15 Cuaderno de antecedentes administrativos en Samai
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era imperativo para los fondos de pensiones so pena de incurrir en un abierto
desacato a una orden judicial impartida en sede de control de constitucionalidad.
En razón a la obligatoriedad de las órdenes dictadas en la Sentencia C-258 de
2015, Fonprecon no tenía una alternativa diferente a disponer el ajuste automático
de la pensión que venía devengando el demandante en aras de que se aviniera a
los mandatos constitucionales allí reivindicados.16 En consecuencia, dicha
determinación no constituyó una actuación arbitraria o irrazonable modificatoria de
la situación jurídica del actor; por el contrario, reúne las características de un acto
de cumplimiento de una sentencia judicial proferida por la Corte Constitucional,
vinculante para todas las autoridades públicas.
Mediante las Sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015, T-360 de 2018, T-073 de
2019 la referida corporación reafirmó la obligatoriedad de la Sentencia C-258 de
2013 al señalar que la aplicación del límite al monto pensional resulta imperativa
para las entidades encargadas del pago de estas prestaciones, pues se trató de
un mandato constitucional que rige para todas las pensiones que se paguen con
recursos públicos.
16 Esta tesis también ha sido sostenida, entre otras, en las siguientes providencias:
i) De la Corte Constitucional. Sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015, T-360 de 2018, T-
073 de 2019, SU-575 de 2019 y Auto 478 de 3 de diciembre de 2020, expediente: T-7.780.673
ii) Del Consejo de Estado.
• Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia de 13 de
noviembre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2016-01911-01 (5824-2018).
• Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia de 30 de
octubre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2014-02515-02 (4114-2018).
• Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, auto de 21 de febrero de
2019, radicado: 63001-23-33-000-2018-00103-01 (4771-18).
• Sección Primera, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, auto de 16 de agosto de 2018, radicado:
11001-03-15-000-2014-04194-01(AC) A.
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Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez
La ejecución de la Sentencia C-258 de 2013 resultaba inexorable para Fonprecon
y constituía una materialización del Acto Legislativo 1 de 2005, así como de los
principios de sostenibilidad financiera, igualdad, solidaridad, eficiencia,
universalidad y progresividad que orientan el sistema de seguridad social integral.
Teniendo en cuenta que de forma automática la entidad demandada ajustó la
mesada pensional del demandante a partir del mes de julio de 2013, se concluye
que tal actuación obedeció a una ejecución de la sentencia de constitucionalidad
en comento y, por ende, no es posible reabrir un debate en tal sentido en sede
administrativa o judicial.
Bajo el anterior contexto, el oficio demandado no es pasible de control
jurisdiccional, por cuanto no creó, modificó o extinguió una situación jurídica, sino
que se limitó a informar sobre el cumplimiento de la orden impartida en la
Sentencia C-258 de 2013, es decir, dado que no tiene carácter decisorio, no es un
acto demandable. Como consecuencia de lo anterior, se impone el deber de
revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
para, en su lugar, declarar probada, de oficio, la excepción de acto administrativo
no susceptible de control judicial.
Corolario de lo anterior, es prudente precisar que la decisión que se adoptará en
esta oportunidad, es decir la de declarar probada la excepción de acto no
enjuiciable, no torna más gravosa la situación del apelante único, señor Víctor
Manuel Buitrago Gómez, toda vez que tal determinación tiene por objeto corregir
la decisión emitida en primera instancia, la cual, de todos modos, había
determinado, por las mismas razones, que al demandante no le asiste derecho a
que se le concedan las pretensiones de la presente demanda.
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Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez
2.5 De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201617, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
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Radicado: 25000 23 42 000 2016 05961 02 (4218-2021)
Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso18, la Sala no condenará en costas de
segunda instancia a la parte demandante, como quiera que se trata de una
reclamación laboral, debatida desde diferentes puntos de vista por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala concluye que el oficio demandado no es susceptible de control
judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia apelada del 23 de abril del 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro
18 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por el señor
Víctor Manuel Buitrago Gómez en contra del Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.
Segundo. Declarar probada de oficio la excepción de acto administrativo no
susceptible de control judicial, por las razones explicadas en la parte
considerativa.
Tercero. Sin condena en costas.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las respectivas
anotaciones en el portal Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente19
LBC
19 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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