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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-06150-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-06150-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia proferida el cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsecciones A y F. Segundo. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Radicado: 25000-23-42-000-2016-06150-01 (3806-2024) Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-06150-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-06150-01 (3806-2024)
Demandante: Leonardo Corredor Avendaño
Demandados: Procuraduría General de la Nación

Temas: Exclusión de la lista de elegibles conformada dentro de la convocatoria
para proveer cargos de procurador judicial, por no alcanzar el puntaje mínimo
requerido. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (Ley 1437 de 2011)

1. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por ambas partes contra la
sentencia proferida el cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsecciones A y F, por medio
de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

2. El señor Leonardo Corredor Avendaño instauró demanda1 en contra de la
Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

3. Que se declare la nulidad de la Resolución 1675 del 27 de junio de 2016,
mediante la cual no se le reconoció el puntaje que acreditó para la prueba de
antecedentes de la Convocatoria 005 - 2015 para proveer los cargos de carrera de
procurador judicial II, y se le excluyó de la lista de elegibles del concurso en
mención; y la nulidad parcial de la Resolución 346 del 8 de julio de 2016, a través
de la cual se conformó la lista de elegibles para proveer los cargos de carrera de
procurador judicial II en cuanto lo excluyó.

4. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene de inmediato a la entidad

1 Folios 3-18.

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demandada que lo incluya en la lista de elegibles señalada; efectúe su
nombramiento en el cargo de procurador judicial II desde el mes de septiembre de
2016; y se le paguen los salarios y prestaciones sociales correspondientes al
ejercicio de ese cargo hasta que sea efectivamente nombrado, las cotizaciones por
concepto de seguridad social que no hayan sido cubiertas por otra entidad oficial, y
las indemnizaciones por perjuicios morales y materiales causados.

5. Que las sumas anteriores sean indexadas, de conformidad con el IPC; se le
paguen los intereses moratorios causados; y se condene en costas a la entidad
demandada.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

6. Que la Procuraduría General de la Nación abrió la Convocatoria 005 de 2015
para proveer el cargo de procurador judicial II de la Procuraduría Delegada para
Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, y el 17 de febrero de ese año se inscribió
y en la plataforma web habilitada para la inscripción incorporó los documentos
respectivos para cumplir los requerimientos del artículo octavo de la Resolución 040
de 2015, por lo que fue admitido al proceso de selección con el número de
inscripción 785372, y citado a la presentación de la prueba de conocimientos y
comportamental para el 13 de septiembre de 2015, en las cuales obtuvo unas
calificaciones aprobatorias de 80.29 y 76.82, respectivamente.

7. Que en la prueba de análisis de antecedentes obtuvo un puntaje de 24 puntos,
sin que existiera explicación o cuantificación alguna de acuerdo a la documentación
que aportó, por lo cual presentó reclamación, pero mediante la Resolución 1675 del
27 de junio de 2016 se confirmó el puntaje asignado, con fundamento en la exclusión
del título de magíster en Derecho conferido por la Universidad Nacional de Colombia
y la reducción ostensible de la acreditación de experiencia adicional, pues solo se
contabilizaron 2 años, 10 meses y 8 días, sin tener en cuenta 3 años debidamente
certificados, por lo que «técnicamente quedó excluido» del Registro de Elegibles,
en la medida que los 24 puntos asignados lo ubicaron en el resultado final de 68,16,
inferior a los 70 puntos exigidos para integrarlo.

8. Que el procurador general expidió la Resolución 346 del 8 de julio de 2016,
conformando la lista de elegibles para proveer los cargos, la cual está compuesta
por 11 personas para proveer los 14 empleos y en la que quedó excluido, por lo cual
instauró acción de tutela, con el fin de que se validara el título señalado y el año
adicional de experiencia no contabilizado y, en consecuencia, lo incluyera en la lista
de elegibles, por obtener un puntaje de 72,16 puntos.

9. Que la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de

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Cundinamarca profirió sentencia del 19 de julio de 2016, en la que declaró
improcedente la acción por subsidiariedad, decisión que fue confirmada por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 19 de septiembre
de ese año.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

10. Considera vulnerados los artículos 1, 2, 6 y 125 de la Constitución Política; 136
(inciso 2), 137, 152 y 169 a 186 de la Ley 1437 de 2011; 7, 12 (numeral 45, literal b
y d), 182, 183, 191, 192, 193, 211, 216 y 260 del Decreto 262 del 2000.

11. Indicó que los actos administrativos demandados fueron expedidos de forma
irregular por desconocimiento del debido proceso administrativo y de la confianza
legítima, pues no se tuvo en cuenta que dentro de la maestría en Derecho de la
Universidad Nacional de Colombia cursó el área de profundización en Derecho del
Trabajo y Seguridad Social, al ser una de las asignaturas obligatorias del Plan de
Estudio, según el Acuerdo 074 de 2008 y la Resolución 349 de 2009, especialidad
que está incluida en la tipología exigida en la Convocatoria 005 de 2015, la cual
hace parte de la Resolución 040 de 2015, lo que evidencia que acreditó la idoneidad
de su formación profesional para poder aspirar a ocupar el cargo para el que
concurso.

12. Que la interpretación efectuada por la entidad demandada llevaría a
«conclusiones nefastas», consistentes en que ninguna maestría en la disciplina de
Derecho de la Universidad Nacional podría tener validez, lo cual es discriminatorio
e injusto, e incluso a que un doctorado o posdoctorado en derecho no tuvieran
calificación válida para la convocatoria, lo que implicaría desconocer las
capacidades de un abogado con ese título de postgrado por una exégesis «absurda
y descabellada».

13. Que la Resolución 1675 de 2016 incurrió en una falsa «y pésima motivación del
acto», pues se aludió a un posgrado en Derecho Económico y de los Mercados o
de Regulación Económica y de los Mercados, pese a que no se refirió a esos
estudios en la convocatoria ni en la documentación que entregó, con lo que se
desconoció la buena fe y el principio de confianza legítima.

14. Que además acreditó una experiencia laboral de 11 años, 5 meses y 2 días, por
lo cual después de descontar los 8 años exigidos como requisito mínimo, quedaba
para asignar como puntaje un total de 3 años, lo que equivalía a 15 de los 60 puntos
máximos dentro del ítem de experiencia.

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

15. La demanda y su reforma se admitieron el 28 de mayo de 20192 y el 29 de abril
de 20223. La Procuraduría General de la Nación4 manifestó que el título de
magíster en Derecho no se validó, pues no se encontraba establecida para la
Convocatoria en la que se encuentra inscrito el reclamante, de conformidad con los
artículos 10 del Decreto Ley 262 de 2000 y décimo séptimo de la Resolución 040
de 2015, de lo cual tenía conocimiento el aspirante desde el inicio del proceso de
selección. Que la certificación laboral de la Universidad Nacional de Colombia
tampoco pudo ser valorada, por ser anterior a la obtención del título profesional, ni
las expedidas por MARCEL SILVA ABOGADOS ASOCIADOS, la Universidad de
Cundinamarca y la UNAL, pues los períodos correspondían a la constancia emitida
por el Juzgado 18 Laboral del Distrito Judicial de Bogotá.

16. Indicó que el hecho de que el demandante se hubiera inscrito en la Convocatoria
no implicaba que se haya asumido una obligación de ingresarlo en la lista de
elegibles y mucho menos de nombrarlo y posesionarlo en uno de los cargos, por lo
que la causación del daño alegado es improcedente, especialmente en atención a
que para obtener derechos de carrera y el consiguiente reconocimiento de esa
situación laboral, el servidor público debe superar todas las etapas del concurso de
méritos, incluyendo el período de prueba, por lo que no resultan de recibo las
pretensiones económicas. Propuso las excepciones de ineptitud sustantiva de la
demanda, al no existir una relación causal y directa entre los actos acusados y el
restablecimiento pedido; y genérica o innominada.

17. El 17 de enero de 20235 se abrió la etapa probatoria, se decretaron las pruebas
solicitadas por las partes y se corrió traslado para alegar de conclusión y al
representante del Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6

18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsecciones
A y F, mediante sentencia del 4 de abril de 2024, declaró la nulidad de la Resolución
1675 del 27 de junio de 2016 y la nulidad parcial de la Resolución 346 del 8 de julio
de 2016 y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la entidad demandada
modificar el puntaje obtenido por el demandante en el análisis de antecedentes,
aumentándolo en 15 puntos, correspondientes al título de magíster en Derecho, en
la Convocatoria 005 de 2015, respecto del cargo de procurador judicial II, 3PJ-EC
de la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social; y
elaborar una lista de elegibles con su nombre en ese cargo.

2 Folios 219.
3 Folios 376.
4
Folios 239-262.
5 Folios 406-408.
6 Folios 431-444 ibidem.

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19. A título de indemnización, ordenó el reconocimiento y pago de todos los salarios,
primas y demás prestaciones dejadas de percibir desde el 20 de septiembre de 2016
y hasta que se efectuara el respectivo nombramiento, siempre que optara por este,
descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o
privado, dependiente o independiente incluidos los honorarios percibidos que por
cualquier concepto hubiere recibido, en los términos de la Sentencia SU-354 de
2017 de la Corte Constitucional. Que, en caso de que el demandante no aceptara
el nombramiento, dicho reconocimiento debía efectuarse hasta el vencimiento del
término del que disponía para aceptarlo o rechazarlo. Se abstuvo de condenar en
costas.

20. Consideró que en la sentencia del 30 de julio de 2021, expediente 11001-03-25-
000-2015-00366-00 (0740-2015), el Consejo de Estado determinó que el artículo 17
de la Resolución 040 de 2015 fue restrictivo al establecer que solo se otorgarían
puntajes a los títulos de postgrado que reflejaran áreas específicas y debían
descartarse los que se expedían en forma genérica, por lo que debía otorgarse
puntaje a los títulos de maestría, doctorados y postdoctorados expedidos en forma
general, de los cuales pudiera derivar que el concursante conocía las materias
exigidas y relacionadas en cada convocatoria, bien fuera a partir de las
calificaciones obtenidas, del contenido de los planes académicos o del trabajo de
investigación adelantado.

21. Sostuvo que en el acta de grado de la maestría se indicó que el título otorgado
por la UNAL al demandante fue de magíster en Derecho - Profundización en
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y que el plan de estudios de
profundización que realizó incluía las asignaturas de derecho laboral internacional,
formas jurídicas de vinculación y regímenes prestacionales, tendencias
contemporáneas del derecho al trabajo, teoría de la seguridad social y modelos,
administración de relaciones colectivas, líneas jurisprudenciales, pensiones, salud
y riesgos en seguridad social, y solución de conflictos en la seguridad social, por lo
cual, si bien el título otorgado fue genérico, lo cierto es que las asignaturas cursadas
se enfocaron en el área del conocimiento que corresponde a uno de los títulos de
área específica de la Convocatoria 005 de 2015, por lo que debía otorgársele 15
puntos por esa maestría, lo que correspondería a 29 de puntaje total por estudios.

22. Argumentó que, en cuanto al puntaje por la experiencia profesional adicional,
este correspondía a 10 puntos, como lo determinó la entidad demandada, por lo que
en la prueba de análisis de antecedentes se le debió a asignar un total de 39, lo
que, sumando las demás pruebas, daría un puntaje final de 71,1645, con lo cual
superó el mínimo exigido para integrar la lista de elegibles, la cual únicamente fue
conformada con 11 personas para proveer 14 cargos.

23. Adujo que el actor debió ser incluido en la lista y ser nombrado en período de
prueba en el lapso del 8 de julio al 8 de agosto de 2016, de conformidad con el

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artículo 2.° de la Resolución 346 del 8 de julio de 2016, y posesionarse a más tardar
el 20 de septiembre de 2016, por lo que el restablecimiento se ordenó desde esa
fecha y hasta que se efectuara el nombramiento.

RECURSO DE APELACIÓN7

24. La parte demandada interpuso recurso de apelación, al considerar que no se
cumplió con el parámetro previsto en el ordinal segundo de la parte resolutiva de la
sentencia del 30 de julio de 2021 proferida por el Consejo de Estado consistente en
que debe poderse determinar que el concursante contaba con la idoneidad
profesional y los conocimientos previstos en cada convocatoria para el desempeño
del empleo correspondiente, bien sea por las calificaciones obtenidas, el contenido
del programa académico cursado o por la tesis o el trabajo de investigación
adelantado, pues dentro de los documentos aportados no se observan las
calificaciones ni el contenido programático ni la tesis o el trabajo.

25. Que el hecho de que se haya inscrito en la Convocatoria no significaba que se
hubiera asumido la obligación de ingresarlo a la lista de elegibles y mucho menos
de nombrarlo y posesionarlo en uno de los cargos, por lo que la causación del daño
alegado es improcedente, máxime cuando se trata de una mera expectativa de un
eventual derecho particular y concreto consistente en acceder al cargo para el que
concursó, por lo que solo cuando supere todas las etapas del concurso de méritos,
incluido el período de prueba, puede pretender la adquisición de derechos de
carrera administrativa y el consiguiente reconocimiento de dicha situación laboral.

26. Que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado y el artículo
122 de la Constitución, la condición de servidor público es la que da el derecho a
salarios y prestaciones, por lo cual el eventual restablecimiento del derecho del
demandante sería el de ser nombrado en período de prueba, en el evento en que
haya obtenido el puntaje para ingresar a la lista de elegibles, pues la permanencia
en la función pública es una mera expectativa que puede o no materializarse, por lo
que no se consolidó algún derecho y no hay lugar a un reconocimiento económico.

27. Que no existe una relación causal entre los actos acusados y el restablecimiento
pretendido, pues la declaratoria de nulidad de la Resolución 1675 del 27 de junio de
2016 y de la lista de los resultados de la prueba de antecedentes no llevaría a
reintegrarlo al proceso como aspirante, puesto que el concurso no puede
desconocer el puntaje obtenido en su prueba de antecedentes, el cual le impedía
seguir avanzando en este, por lo que lo único que pudiera conseguir en sede judicial
es que se expida un nuevo acto administrativo, lo que no garantiza que su puntaje
vaya a variar.

7 Folios 461-466 y 470 y 471, respectivamente.

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28. Que aún menos puede pretenderse que con la nulidad de los actos se le incluya
en una lista de elegibles que ya perdió vigencia, pues esa circunstancia no deviene
como consecuencia jurídica directa de la eventual nulidad de los actos, y que en las
pretensiones más que cuestionar la legalidad de la Resolución señalada, se
discuten las reglas propias del concurso contenidas en la Resolución 040 de 2015,
máxime cuando la primera se trata de una respuesta en la que se confirmó la
calificación obtenida en el análisis de antecedentes.

29. La parte demandante interpuso recurso de apelación para que se revoque la
orden de descontar del monto reconocido por salarios, primas y demás
prestaciones, las sumas que por cualquier concepto laboral hubiere percibido, en
los términos de la Sentencia SU-354 de 2017 proferida por la Corte Constitucional,
pues el fundamento de esa decisión fue la prohibición de percibir una doble
asignación del tesoro contenida en el artículo 128 de la Constitución, pero ello no
se presenta en el asunto, pues durante el tiempo que estuvo desvinculado de la
Procuraduría únicamente desempeño un cargo público en la Rama Judicial, pero la
asignación devengada correspondía al salario por la prestación de servicios y no
existió una concurrencia de cargos, ya que no ha sido nombrado en el empleo que
le corresponde en la entidad demandada.

30. Indicó que el pago por los salarios, las primas y las prestaciones que debió
devengar desde septiembre de 2016 no puede entenderse como una asignación
proveniente del tesoro, sino como una reparación del daño antijurídico, en los
términos de la Sentencia C-333 de 1996 de la Corte Constitucional y del artículo 90
superior, este último que prevé que es el agente estatal responsable quien debe
reparar el daño causado con su actuar negligente, por lo que no puede aceptarse
que sea él quien vea disminuida su indemnización para evitar perjudicar el erario,
como se concluyó en los salvamentos de voto del magistrado Alberto Rojas Ríos a
la Sentencia SU-354 de 2017 y de la consejera María Adriana Marín a la sentencia
del 9 de agosto de 2022 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, exp.
11001-03-25-000-2017-00151-00.

31. Concluyó que el restablecimiento del derecho que debía ordenarse debía ser
pleno, por lo que no podía efectuarse el descuento de suma alguna a los salarios y
prestaciones.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

32. El 29 de julio de 20258 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriada esa decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados; además, se advirtió que el Ministerio Público
podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo para
sentencia.

8 Índice 00003 de SAMAI.

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Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

33. La Subsección deberá resolver si el demandante aportó durante la fase de
inscripción al proceso de selección de la Convocatoria 005 - 2015 los documentos
que demostraban el área de profundización de Derecho que cursó en la maestría
con la cual pretendía se le otorgara un puntaje adicional en la prueba de análisis de
antecedentes y, de ser así, si tiene derecho al restablecimiento del derecho en los
términos pretendidos en la apelación.

Marco normativo y jurisprudencial

Acerca del ingreso a la carrera administrativa, especialmente en la
Procuraduría General de la Nación.

34. La carrera administrativa es un sistema de administración del personal de
servidores públicos, basado en el mérito como principio rector de la función pública,
en virtud del cual se contemplan las formas de ingreso, permanencia, evaluación y
retiro del servicio. Al respecto, en el artículo 125 de la Constitución Política se
consagró como cláusula general que los empleos en las entidades estatales serían
de carrera, exceptuando los de elección popular, los de libre nombramiento y
remoción, los trabajadores oficiales y los demás determinados en la ley.

35. Para efectuar el nombramiento de empleados en cargos de carrera, estos deben
haber sido elegidos mediante procesos de selección que garanticen el principio de
mérito, de conformidad con el cual el ingreso se determina con las calidades
académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño del
cargo, en los términos del artículo 28 de la Ley 909 de 2004.

36. Tratándose del ingreso al servicio en la Procuraduría General de la Nación para
proveer cargos de carrera que se encuentren en vacancia definitiva, la provisión se
efectúa, previo concurso, en período de prueba o en propiedad, y en atención al
orden de prioridad establecido en el artículo 190 del Decreto 262 de 2000, según el
artículo 184 de la misma normativa.

37. Los concursos en mención pueden ser abiertos, para el ingreso de nuevo
personal en carrera, y de ascenso, para los servidores que encontrándose inscritos
en la carrera de la entidad busquen ascender, y constan de las siguientes etapas:
convocatoria; reclutamiento, aplicación de pruebas o instrumentos de selección;
conformación de la lista de elegibles; período de prueba de las personas
nombradas; y calificación de dicho período.

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38. La convocatoria al concurso de méritos, la cual debe ser suscrita por el
procurador general o su delegado, constituye la norma que regula el concurso, por
lo que resulta de obligatorio acatamiento tanto para la administración como para los
aspirantes y no puede modificarse una vez inicia la inscripción, salvo los casos
previstos en el artículo 195 del Decreto 262 de 2000, y debe contener como mínimo
la información exigida en el artículo 196 del señalado Decreto.

39. Una vez agotadas las pruebas fijadas en la convocatoria, se conforma la lista de
elegibles para el empleo ofertado con los concursantes que obtengan un puntaje
total igual o superior al 70 % del máximo posible en el concurso, la cual se elaborará
en orden de mérito, mediante resolución, y tendrá una vigencia de dos años
contados a partir de su publicación, según el artículo 216 del Decreto 262 de 2000.
La provisión de los empleos se efectuará con la persona que ocupe el primer puesto
en la lista y en orden descendente.

40. Una vez el empleado ha aprobado el período de prueba de cuatro meses, es
inscrito en el Registro Único de Inscripción en Carrera de la Procuraduría General
de la Nación, por el jefe de la Oficina de Selección y Carrera, como lo dispone el
artículo 221 de la normativa en cita.

Resolución del caso concreto

41. La entidad demandada considera que no resulta aplicable el ordinal segundo de
la sentencia del 30 de julio de 2021 proferida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado en el proceso de nulidad al que se le asignó el radicado 11001-03-25-
000-2015-00366-00 (0740-2015), ya que no se cumplen los parámetros allí
definidos, concretamente en relación con la aportación de los documentos que
daban cuenta de que el demandante contaba con la idoneidad profesional y los
conocimientos previstos para el cargo, esto es, las calificaciones obtenidas, el
contenido del programa académico cursado o la tesis o el trabajo de investigación
adelantado.

42. En el artículo octavo de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, a través de
la cual se reglamentó la convocatoria del proceso de selección para la provisión de
los cargos de carrera de procuradores judiciales de la entidad, se estableció que en
la fase de inscripción los aspirantes debían anexar en el aplicativo web dispuesto
para el efecto los documentos que acreditaran el cumplimiento de los requisitos
mínimos exigidos del empleo seleccionado, y los estudios y la experiencia
profesional adicional para la asignación de puntaje en la prueba de análisis de
antecedentes.

43. En relación con los títulos de posgrado del nivel profesional, en el artículo
noveno de la Resolución mencionada se previó que para que pudieran ser objeto

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de puntaje en la prueba de análisis de antecedentes debía adjuntarse copia del
diploma o acta de grado emitidos por una institución de educación superior.

44. Lo expuesto permite evidenciar que las reglas del concurso exigían que desde
el momento de la inscripción los aspirantes allegaran todos los documentos que
pretendían hacer valer al interior del proceso de selección para probar los estudios
que buscaban se tuvieran en cuenta en la prueba de análisis de antecedentes.

45. Precisado lo anterior, la Sala advierte que el 17 de febrero de 2015 el
demandante se inscribió para el cargo de procurador judicial II de la Procuraduría
Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social ofertado mediante la
Convocatoria 005 – 2015, respecto al cual en las reglas del proceso de selección
se determinó que en la prueba de análisis de antecedentes únicamente se otorgaría
puntaje a los posgrados que «sean específicos respecto de la convocatoria y
empleo correspondiente, para lo cual se aplicará la siguiente tabla (…):

46. Igualmente, se estableció que los títulos de posgrado que a continuación se
citan también darían puntajes para la Convocatoria indicada:

47. En relación con los estudios cursados, al momento de la inscripción el
demandante únicamente cargó cuatro documentos que acreditaban los títulos de
abogado, especialista en Instituciones Jurídico Procesales, especialista en Derecho
del Trabajo y magíster en Derecho, todos de la Universidad Nacional de Colombia,
según lo reconocido en la demanda, la constancia de inscripción anexada por él
mismo y los antecedentes administrativos aportados con la contestación.

48. Lo expuesto evidencia que el único documento que fue suministrado por el
concursante y con el que contaba la Procuraduría General de la Nación relativo a la
maestría cursada, para evaluar durante la prueba de análisis de antecedentes, era
el diploma en el que la institución educativa le confirió el título de magíster en
Derecho, postgrado que no se encuentra dentro de los títulos enlistados en la
Resolución 040 de 2015, razón por la cual no fue tenido en cuenta en la prueba
señalada, como quedó expuesto en la Resolución 1675 del 27 de junio de 2016.

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49. Ahora bien, con la demanda se allegó el acta de grado, en la que consta que
profundizó en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social; el Acuerdo 074 de 2008,
mediante el cual se modificó el programa curricular de la Maestría en Derecho en la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de
Colombia y se adaptó el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario;
una certificación del 27 de agosto de 2013 expedida por la Universidad Nacional de
Colombia, según la cual cursó y aprobó todas las asignaturas correspondientes al
programa curricular de la Maestría y de la profundización indicada; la Resolución
349 de 2009, por medio de la que se especificaron las asignaturas obligatorias del
plan de estudios de profundización, del programa curricular de postgrado Maestría
en Derecho; y una constancia del 29 de junio de 2016 de la misma Universidad, en
la que se certificaron las calificaciones obtenidas en la maestría.

50. Sin embargo, la entidad demandada no contaba con los anteriores documentos,
al momento de calificar la prueba de análisis de antecedentes, por lo cual no tenía
elementos de juicio que le permitieran valorar si la profundización realizada en el
postgrado resultaba suficiente para otorgar el puntaje, según las reglas de la
Convocatoria. En efecto, lo único que podía evidenciar con los archivos aportados
oportunamente era que cursó y aprobó una maestría en Derecho, lo que lo llevó a
concluir que no podía conceder puntos adicionales por estudios con base en ella,
para lo cual aplicó la Resolución 040 de 2015.

51. Al respecto, resulta de especial trascendencia mencionar que los vicios de
nulidad de los actos administrativos deben ocurrir con anterioridad a su expedición,
bien sea porque fueron proferidos en forma irregular o con desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa, o de forma concurrente, porque fueron emitidos
con infracción de las normas en que debían fundarse, sin competencia, con falsa
motivación o desviación de poder, por lo que resulta improcedente fundamentar
alguna de las causales mencionadas con base en situaciones que no pudieron ser
examinadas por la administración, pues ello implicaría declarar la nulidad de un acto
que goza de presunción de legalidad y condenar al restablecimiento de un derecho,
a pesar de que durante el trámite administrativo se salvaguardaron las garantías
propias del debido proceso del administrado y la decisión estuvo ajustada al
ordenamiento jurídico.

52. El estudio de legalidad que se efectúa en sede judicial entonces se encuentra
circunscrito al momento mismo o previo al que el acto nace a la vida jurídica, sin
que puedan examinarse circunstancias que no fueron puestas de presente ni
acreditadas ante la entidad respectiva y que en cambio solo se demostraron durante
el proceso contencioso.

53. En ese entendido, el demandante solo probó que la profundización que cursó
en la maestría de Derecho fue en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en el

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marco del presente medio de control, por lo que mal podría declararse la nulidad de
los actos demandados justificada en un aspecto demostrado con posterioridad a la
etapa de inscripción al concurso de méritos, lo que desconocería no solo el derecho
al debido proceso de la entidad demandada, sino además las reglas del proceso de
selección contenidas en la Resolución 040 de 2015.

54. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que uno de los documentos allegados
a este proceso fue expedido inclusive con posterioridad a la fecha de inscripción al
concurso, como la certificación del 29 de junio de 2016 emitida por la Universidad
Nacional de Colombia.

55. Ahora, aunque la sentencia mediante la cual se declaró la legalidad
condicionada del inciso 3.° del ordinal 1.° del artículo décimo séptimo de la
Resolución previamente mencionada y que sirvió de fundamento en primera
instancia para acceder a las pretensiones fue proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado con posterioridad a la fecha de inscripción al concurso,
concretamente el 30 de julio de 2021, ello no puede servir de justificante para que
no se hubiera aportado al concurso algún documento que diera cuenta del área de
profundización cursada, pues desde la expedición de la Resolución 040 de 2015 era
claro que la maestría en Derecho no estaba allí enlistada, por lo que debía acreditar
el estudio al interior de esta consistente en el Derecho del Trabajo y la Seguridad
Social, que permitiera a la administración valorar ese hecho al momento de calificar
la prueba de análisis de antecedentes, pero ello no ocurrió.

56. En la decisión judicial mencionada se estableció que los «asuntos que se estén
ventilando en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que se encuentren
en trámite y que tengan que ver con los problemas jurídicos mencionados en los
numerales 3.9 (relativo al inciso 3.° del ordinal 1.° señalado) y 3.11 de esta
providencia, el efecto será retrospectivo, siempre y cuando las decisiones que se
adopten no afecten las situaciones jurídicas y los derechos individuales ya
consolidados»; sin embargo, debe entenderse que esta regla no conlleva valorar
documentos que no fueron allegados oportunamente al concurso de méritos,
conforme a las consideraciones expuestas, sino a analizar la exigencia definida en
ese artículo de conformidad con la legalidad condicionada, según lo demostrado en
la actuación administrativa.

57. En ese orden de ideas, al prosperar los cargos de la apelación de la entidad
demandada, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre los argumentos de
inconformidad del demandante, por sustracción de materia, pues estos se limitaron
a discutir la forma en que se ordenó el restablecimiento del derecho, el cual no
resulta procedente, al permanecer incólume la legalidad de los actos administrativos
demandados. En consecuencia, se revocará la sentencia recurrida.

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Condena en costas de segunda instancia

58. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

59. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

60. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

61. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la
parte demandante, por cuanto ante la prosperidad de la apelación de la entidad
demandada se revocará el fallo apelado y, por tanto, la decisión proferida de negar
las pretensiones es contraria a los intereses de la primera, lo que implica que ha
resultado vencida en juicio. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la
misma norma, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de
la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal de
origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia proferida el cuatro (4) de abril de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsecciones A y F.

Segundo. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante.

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Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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