Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-06153-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-06153-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-06153-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
28 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Temas: Topes pensionales. Acto no susceptible de control judicial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de primera instancia del 17 de abril del 2020, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por medio de
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Ernesto Lucena Quevedo formuló demanda
ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la
nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio número 2016000079941 del
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
16 de agosto del 2016, proferido por el Fondo Previsión Social del Congreso de la
República, en respuesta al derecho de petición del 29 de julio del 2016.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: (i) ordenar a Fonprecon pagar la diferencia que generó la aplicación ilegal
de la sentencia C-258 del 2013, desde el 1 de julio del 2013, hasta la fecha en que
se haga efectivo el pago de esa diferencia; (ii) indexar las sumas adeudadas por
concepto del no pago completo de la mesada pensional, de acuerdo con el índice
de precios al consumidor certificado por el Dane; y (iii) reconocer intereses
moratorios sobre el valor de la condena.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:
i) Por medio de actuaciones internas, de las cuales no se conoce su trámite, el
Fondo de Previsión Social del Congreso de la República limitó las mesadas
pensionales a 25 s.m.l.m.v, sin garantizar el derecho al debido proceso o el de
defensa de los afectados, pues la entidad demandada no acudió a la revocatoria
directa ni acudió a la conciliación extrajudicial.
ii) El 29 de julio del 2016, el demandante, en ejercicio del derecho fundamental de
petición, presentó una solicitud ante Fonprecon, con la que pretendía que se
iniciara la actuación administrativa correspondiente, que le permitiera ejercer su
derecho de defensa y que se le devolvieran los dineros dejados de pagar con
ocasión del reajuste pensional efectuado.
2
Radicado: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
iii) Como respuesta a esa solicitud, Fonprecon emitió el Oficio 20162000079941
del 16 de agosto del 2016, en donde se negó a iniciar el proceso administrativo
mencionado y a devolver las sumas pedidas.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
En el escrito inicial de la demanda se invocaron como violados los artículos 1, 2, 6,
13, 21, 29, 42, 46, 48, 58, 83 y 209 de la Constitución Política; y el artículo 4,
numerales 3 y 4, de la Ley 1437 del 2011. En desarrollo del concepto de la
violación, la parte demandante expuso los siguientes argumentos 1:
i) La fundamentación del acto administrativo atacado se centró en la orden
impartida por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-258 del 2013, en
donde se dispuso un tope de 25 s.m.l.m.v para las pensiones financiadas con
recursos públicos; sin embargo, dicha providencia nunca dispuso que el reajuste
de las mesadas debía efectuarse con desconocimiento del derecho al debido
proceso del interesado.
ii) Fonprecon no ha llevado a cabo ningún trámite que garantice que el
demandante pueda defenderse frente a la decisión de reajustar su mesada
pensional, no garantizó el principio de la doble instancia. Además, la decisión
carece de motivos reales, pues se evadieron procedimientos administrativos.
1
Folios 5 al 10
3
Radicado: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
iii) El acto demandado desconoció diferentes normas de orden constitucional y
legal, hecho que genera automáticamente la nulidad de lo allí decidido y el deber
de amparar los derechos pensionales del demandante
1.2. Contestación de la demanda
La parte demandada allegó memorial de contestación visible en los folios 64 al 80:
i) El fundamento de la demanda carece de estructura lógica, por lo que no es
posible desvirtuar la legalidad del acto demandado. El reajuste de la pensión que
hoy cuestiona el demandante obedeció al cumplimiento de una orden judicial
impartida por la Corte Constitucional en sentencia C-258 del 2013 y, por lo tanto,
no era necesario agotar un procedimiento administrativo previo, tal como lo ha
señalado la misma autoridad constitucional a través de las sentencias T-392 y T-
615 del 2015.
ii) El acto demandado no sometió a tope la pensión de jubilación del demandante,
sino que se limitó a resolver una solicitud presentada por él en la que pretendía el
restablecimiento de la mesada pensional. Tampoco es cierto que se haya
desconocido el principio de doble instancia, toda vez que el artículo 74 de la Ley
1437 del 2011 dispone que no habrá apelación de las decisiones de, entre otros,
los representantes legales de entidades descentralizadas, disposición que fue
declarada exequible por medio de la sentencia C-248 del 2013, en donde se
concluyó que lo dispuesto en la norma citada no vulneraba el derecho al debido
proceso.
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Radicado: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
1.3 La sentencia apelada
En sentencia del 17 de abril del 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, negó las pretensiones de la demanda
interpuesta por el señor Ernesto Lucena, de acuerdo con las siguientes
consideraciones:2
i) Al señor Ernesto Lucena le fue reconocida una pensión de jubilación por medio
de Resolución 1394 del 7 de diciembre del 2001, con fundamento en la Ley 4 de
1992, por valor de $ 1.385.245, correspondiente al 75 % del ingreso mensual
promedio que durante el último año y por todo concepto percibí el congresista.
ii) Por orden judicial impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y
confirmada por el Consejo de Estado, dicha pensión fue reliquidada en cuantía del
75 % del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto
devenguen los congresistas en ejercicio, hecho que incremento la mesada
pensional a $ 12.126.215, en virtud del reajuste especial contemplado en el
Decreto 1359 de 1993.
iii) El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República interpuso acción de
revisión contra la anterior decisión, la cual fue resuelta por el Consejo de Estado
en providencia del 4 de septiembre del 2018, con ponencia del doctor Ramiro
Pazos Guerrero, en la que se decidió infirmar la sentencia que ordenó reliquidar la
pensión del demandante y pagar dicha mesada en la cuantía reconocida
inicialmente.
2
Folios 163 al 180
5
Radicado: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
iv) La decisión del Consejo de Estado en sede de revisión implica que las
pretensiones de la presente demanda sean denegadas, toda vez que se comprobó
que el señor Lucena Quevedo no tenía derecho a percibir la pensión en el valor en
que Fonprecon la venía pagando, pues no sería correcto restablecer una mesada
a la cual el actor no tiene derecho.
v) La pensión del demandante, tras quedar sin efecto la sentencia que ordenó su
reliquidación, asciende a una suma equivalente a 10 s.m.l.m.v, lo cual dista del
tope de 25 s.m.l.m.v a los que se había limitado su mesada por parte de
Fonprecon en cumplimiento de la sentencia C-258 del 2013. Además, la misma
Corte Constitucional ya ha dejado claro que para la aplicación del citado tope no
es necesario adelantar un trámite previo, toda vez que ello obedece al
cumplimiento de una orden judicial.
vi) El hecho de que no se haya iniciado una actuación administrativa previa
imposición del tope pensional ordenado por la Corte Constitucional no implica la
nulidad del acto administrativo demandado, pues ello obedeció al estricto
acatamiento de una orden impartida por autoridad judicial y, en tal sentido, no se
encuentra vulnerado el derecho fundamental al debido proceso del demandante.
1.4. El recurso de apelación
Como consecuencia de la sentencia de primera instancia, el señor Ernesto Lucena
Quevedo interpuso recurso de apelación, visible en el folio 182 del expediente, en
donde expuso lo siguiente:
6
Radicado: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
A través del presente escrito, elevo respetuosamente ante du despacho recurso de
apelación de la sentencia ya referida, para cuyo efecto, me permito simplemente
remitirme a lo dicho en la demanda y a todo lo actuado por el suscrito en sede de
primera instancia, lo cual ruego tener acá como reproducido para los efectos que
nos invocan.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Solo la parte demandada presentó alegatos de conclusión, a través de memorial
visible en el índice 13 del portal Samai.
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto. 3
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si el Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República vulneró los derechos del debido proceso y a la defensa y contradicción del
señor Ernesto Lucena Quevedo al aplicar, de forma automática, un tope de 25
s.m.l.m.v a su pensión de jubilación.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre los topes pensionales
3
Constancia secretarial visible en el folio 196
7
Radicado: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
El artículo 2 de la Ley 4 de 19764 dispuso que las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en
todos sus órdenes, y en el sector privado, «no podrán ser inferiores al salario
mínimo mensual más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario».
Posteriormente, el artículo 2 de la Ley 71 de 1988 preceptuó que ninguna pensión
podría exceder de 15 veces el salario mínimo legal mensual.5A su vez, el artículo
18 de la Ley 100 de 1993 limitó la base de cotización a 20 SMLMV. Esta disposición
fue modificada por la Ley 797 de 2003 que aumentó dicha suma a 25 SMLMV.
Igualmente, el Acto Legislativo 1 de 2005 acogió el anterior criterio y dispuso que
«a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a
veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a
recursos de naturaleza pública».
En relación con la existencia de topes pensionales, la Corte Constitucional ha
concluido lo siguiente:6
[…] el legislador puede, por razones de política legislativa, señalar cuáles son los
límites máximos y mínimos que deben implantarse para que las reservas de dinero
destinadas al pago de las pensiones, tanto en el sector público como en el privado,
no pierdan por un lado su capacidad adquisitiva, pero por otro garanticen y protejan
los recursos existentes para el pago de las pensiones (C.P. art. 48 y 53). La Corte
considera que, dentro de ciertos límites, el legislador tiene libertad para determinar
el monto y los alcances de los recursos a fin de lograr el mejor uso de los mismos,
4
Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y
privado y se dictan otras disposiciones
5
Dicha previsión también se reiteró en el artículo 3 del Decreto 1160 de 1989.
6
Sentencia C-155 de 1997.
8
Radicado: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
en un sistema solidario de seguridad social; es perfectamente legítimo que, la ley
conceda un límite mínimo o máximo al monto de la pensión, si con ello se pretende
administrar recursos limitados […].
[…] al establecer unos topes máximos a la mesada pensional, el legislador protege
los recursos existentes para el pago de las pensiones, a fin de asignarlos
preferencialmente a aquellos que se encuentran en una escala económica inferior.
[…].
De acuerdo con el anterior criterio, el legislador se encuentra facultado para
establecer la figura de los topes pensionales como una medida idónea,
proporcional y razonable en aras de garantizar la cobertura universal del sistema
de seguridad social en pensiones.
En cuanto a los regímenes especiales, la Corte Constitucional 7 ha precisado que
también les son aplicables las normas generales que fijan los topes pensionales,
siempre y cuando establezcan un límite superior al previsto por la normativa
especial.
Igualmente, es inaceptable predicar la ausencia de topes para los beneficiarios de
leyes especiales, es decir, que no podría admitirse la «existencia de un grupo de
pensionados privilegiados, excluidos de los límites máximos que la ley ha previsto
para el reconocimiento y valor de las pensiones». 8
El anterior criterio fue reiterado en la Sentencia C-258 de 2013, en los siguientes
términos:
7
Sentencia C-089 de 1997.
8
Sentencia C-089 de 1997.
9
Radicado: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
Esa preocupación por fijar límites a los subsidios que el Estado destina al pago de
las más altas pensiones por medio del establecimiento de topes, existía además
desde antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, e incluso con
anterioridad a la promulgación de la Ley 100 de 1993. Como se indicó en apartes
anteriores, desde la Ley 4 de 1976, el Legislador ha sometido a topes mínimos y
máximos el valor que una persona puede recibir por razón de su pensión; así, esa
normativa estableció un valor máximo de 22 smmlv. Posteriormente, la Ley 71 de
1988 disminuyó el tope a 15 smmlv y la Ley 100 de 1993 lo elevó, en su artículo 18,
a 20 smmlv para los afiliados al régimen de prima media. Más recientemente, el
artículo 5 de la Ley 797 de 2003 elevó el tope a 25 smmlv; ese mismo criterio fue
luego acogido por el Acto Legislativo 01 de 2005.
En concordancia con la anterior preocupación y para el caso específico de los
regímenes especiales de pensiones, en las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de
1997, esta Corporación también sostuvo que en caso de que las normas
especiales de tales regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las
mesadas, debía aplicarse el tope señalado en las reglas generales,
específicamente en la Ley 100 y las disposiciones que la modifican en lo pertinente.
Por las anteriores razones la Sala no puede mantener en el ordenamiento la regla
de la ausencia de topes en el régimen de pensiones materia de análisis. Hacerlo,
como en el caso de los anteriores elementos del régimen, (i) vulneraría el principio
de igualdad en tanto conduce a la transferencia de subsidios públicos excesivos a
un grupo de personas que no sólo no están en condición de vulnerabilidad o
debilidad, sino que, por el contrario, por regla general pertenecen a un sector
privilegiado de la población; y (ii) avalaría la continuidad de un sacrificio
desproporcionado de los principios y finalidades de la seguridad social. (Resalta la
Sala).
Así las cosas, con la aplicación de los topes pensionales a todas la pensiones,
ordinarias o especiales, se protege el financiamiento del sistema pensional. En
efecto, desde la Ley 4 de 1976, todas las pensiones de los funcionarios públicos
han estado sujetas a límites en su cuantía, toda vez que dicha medida garantiza la
distribución equitativa de los recursos limitados en seguridad social y materializa
los principios de solidaridad, eficiencia, equidad, universalidad y sostenibilidad
fiscal.
2.2.2 La sentencia C-258 del 2012
10
Radicado: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
El artículo 241 de la Constitución Política de 1991 encomendó a la Corte
Constitucional la función de guardar su integridad y supremacía. La mencionada
corporación en las Sentencias C-131 de 1996 y C-037 de 1996 analizó el alcance
de las sentencias de constitucionalidad y concluyó lo siguiente:
i) Tienen efectos erga omnes, es decir, para todos y no solo para quienes
comparecen como partes.
ii) Por regla general, son vinculantes para la universalidad de casos futuros.
iii) Hacen tránsito a cosa juzgada explícita e implícita. La primera se predica de la
parte resolutiva de las sentencias y la segunda de aquellos «conceptos de la parte
motiva que guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal
forma que no se pueda entender éste sin la alusión a aquéllos».
iv) Los operadores jurídicos están obligados por el efecto de la cosa juzgada
material9 de las sentencias de la Corte Constitucional, por ende, «todas las
autoridades públicas en Colombia, incluidas las autoridades administrativas y
judiciales, deben acatar lo decidido por la Corte en sus fallos de control de
constitucionalidad».10
Ahora bien, la Sentencia C-258 de 2013 analizó la exequibilidad del artículo 17 de
la Ley 4ª de 1992, que estableció el régimen especial de pensiones para los
congresistas y demás cargos homologados.
En lo que respecta al objeto de controversia en el sub lite, la aludida providencia
precisó que desde la Ley 4ª de 1976 todas las pensiones de los funcionarios
públicos han estado sujetas a límites en su cuantía, toda vez que dicha medida
9
Las sentencias C-543 de 1992 y C-532 de 2013 han precisado que la cosa juzgada es formal
cuando existe una decisión previa de constitucionalidad sobre idéntica norma demandada,
mientras que la material opera cuando el juico de constitucionalidad recae respecto de una
disposición que tiene igual contenido normativo de otra que fue examinada en anterior oportunidad.
10
Sentencia C-539 de 2011, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
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Radicado: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
garantiza la distribución equitativa de los recursos limitados en seguridad social y
materializa los principios de solidaridad, eficiencia, universalidad y sostenibilidad
fiscal.
De manera especial, la alta corporación reivindicó el mandato constitucional
previsto en el Acto Legislativo 1 de 2005 en tanto dispuso que, a partir del 31 de
julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a los 25 SMLMV.
Igualmente, se precisó que dicho límite incorporó un componente de subsidio a
las pensiones de las personas de más bajos ingresos, con lo cual se amplió la
cobertura del sistema.
A su vez, la Corte Constitucional refirió que el mencionado mandato buscó
«establecer topes para todas las mesadas pensionales con cargo a recursos de
naturaleza pública, con el propósito de limitar y reducir los subsidios que el Estado
destina a la financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas originadas
en los regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la
Ley 100 de 1993».
Bajo este hilo argumentativo, la Sentencia C-258 de 2013, en su parte motiva,
estableció que, a partir del 1 de julio de 2013 y sin necesidad de reliquidación,
ninguna mesada pensional, con cargo a recursos de naturaleza pública, podrá
superar el tope de los 25 SMLMV, por ende, «todas las mesadas pensionales
deberán ser reajustadas automáticamente a este tope por la autoridad
administrativa».
En cuanto a la materialización de la anterior orden judicial, resulta relevante citar la
Sentencia SU-579 de 2019, en la cual se acumularon diversas acciones de tutela
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Radicado: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
en las cuales los accionantes sostenían que para aplicar el mencionado límite los
fondos de pensiones debían surtir previamente una actuación garante del derecho
de audiencia y defensa de los afectados; sin embargo, la Corte Constitucional se
apartó de dicho entendimiento por las siguientes razones:
i) La Sentencia C-258 de 2013 es fundadora de línea en cuanto a la orden
impartida a todas las entidades que administran el régimen pensional financiado
con recursos públicos de reajustar de manera automática las mesadas que
superaran los 25 SMLMV. Esta tesis se ha seguido consolidando, entre otras, a
través de las sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015 y SU-210 de 2017.
ii) El ajuste debe operar de manera automática y sin que sea necesario iniciar un
proceso de reliquidación, pues se trata de un mandato constitucional de obligatorio
cumplimiento. En torno a esta conclusión, se destacan los siguientes argumentos
esgrimidos en la sentencia T-615 de 2015:
En consecuencia, la exigencia de un procedimiento administrativo iniciado por la
entidad para dar cumplimiento a las órdenes contenidas en el artículo 48 superior
y en la Sentencia C-258 de 2013 resulta desproporcionada y contraria a los fines
de la mencionada providencia, por cuanto ello permitiría que se siguieran
reconociendo pensiones por fuera de los límites constitucionales y legales hasta
que finalizaran los respectivos procedimientos, con lo que se afectarían
significativamente los principios de sostenibilidad financiera, universalidad,
solidaridad e igualdad.
No puede perderse de vista que la orden de reajustar automáticamente las
pensiones a partir del 1º de julio de 2013, tuvo la finalidad de imponer un límite a
las excesivas subvenciones que el sistema pensional estaba realizando a favor
de poblaciones privilegiadas. De esta manera, la iniciación de procedimientos por
fuera de este límite temporal deviene en la permanente vulneración de los
principios de sostenibilidad fiscal e igualdad que fueron protegidos por la Corte
Constitucional en la mencionada providencia, después de verificar su recurrente
vulneración por parte de las autoridades administrativas encargadas de realizar el
reconocimiento y pago de las mesadas pensionales.
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Radicado: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
Por lo tanto, la exigencia de adelantar procedimientos administrativos pondría en
entredicho el principio de supremacía de la Constitución, consagrado en el
artículo 4º de la Carta Política, y por ende, el contenido de la misma. […].
iii) La orden adoptada en la Sentencia C-258 de 2013 también se aplica a las
pensiones reconocidas con anterioridad a su expedición, toda vez que los topes
en las mesadas pensionales fueron previstos en el ordenamiento en las leyes 4ª
de 1976, 71 de 1988, 100 de 1993 y 797 de 2003.
iv) Los actos administrativos mediante los cuales los fondos de pensiones
comunicaron a los pensionados el ajuste de sus prestaciones al monto de 25
SMLMV tienen el carácter de actos de ejecución de una providencia judicial, «en los
cuales las autoridades administrativas se limitaron a dar cumplimiento a la
Sentencia C-258 de 2013». En tal sentido, se reiteró el siguiente criterio:
Así las cosas, deviene importante aclarar que de conformidad con la línea
jurisprudencial sostenida por el Consejo de Estado, todos aquellos actos
administrativos encaminados a materializar el cumplimiento de una orden
judicial no están sometidos a control de legalidad ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, ni a ningún tipo de acción judicial ordinaria, pues
de permitirse, se desconocería el principio de cosa juzgada.
Por tanto, si los jueces contenciosos aceptaran una acción de nulidad en
contra de un acto de ejecución, la determinación a adoptar por parte del
operador judicial no podría ser otra que la repetición de lo que se ordenó en la
sentencia judicial que se acoge. […]
Otro argumento, para inadmitir dicha posibilidad se contrae a la necesidad de
evitar que con tal discurrir se genere la iniciación interminable de acciones
judiciales encaminadas a controvertir los actos de ejecución, lo que
contribuiría a la congestión judicial y socavaría, además del principio de cosa
juzgada, el de seguridad jurídica.
Bajo el anterior lineamiento, las decisiones y actuaciones que adelantó la UGPP
para materializar el ajuste pensional ordenado por la Sentencia C-258 de 2013,
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Radicado: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
corresponden a actos de ejecución de una providencia amparada por la figura de
la cosa juzgada, por ende, no son susceptibles de recursos ante la administración
ni son controlables ante la jurisdicción, en tanto no modificaron, crearon o
extinguieron situación jurídica alguna.
2.3. Hechos probados
i) El señor Ernesto Lucena Quevedo nació el 17 de noviembre de 1940.11
ii) Por medio de Resolución 1394 del 7 de diciembre del 2001, Fonprecon le
reconoció una pensión de jubilación con base en la Ley 4 de 1992, en cuantía del
75 % del promedio del ingreso mensual que durante el último año y por todo
concepto percibió el congresista, por lo que el monto de la mesada fue de
$ 1.385.245.12
iii) El señor Ernesto Lucena interpuso acción de tutela, que fue radicada con el
consecutivo 20040190, en contra del Fondo de Previsión Social del Congreso de
la República, en donde solicitó que se reliquidara su pensión de jubilación de
acuerdo con la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1359 de 1993, es decir con inclusión de
todos los factores salariales y el reajuste especial para congresistas.
El amparo fue concedido por medio de sentencia del 11 de junio del 200413,
dictada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, mientras que dicha
11
Folio 26 del cuaderno de antecedentes administrativos
12
Folios 212 al 224 del cuaderno de antecedentes administrativos
13
Folios 300 al 311 del cuaderno de antecedentes administrativos
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Radicado: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
orden judicial fue cumplida por medio de Resolución 1017 del 1 de julio del 2004.14
La anterior sentencia de tutela fue revocada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca a través de fallo del 2 de agosto del 2004,15 en donde consideró
que la acción de tutela no era el medio adecuado para resolver la situación
pensional del demandante y que existían otros medios de control idóneos para
dirimir dicha controversia. En cumplimiento de dicha decisión, Fonprecon emitió la
Resolución 992 del 26 de agosto del 2004.16
iv) El señor Ernesto Lucena interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de Fonprecon, con el objeto de que se reliquidara su mesada
pensional en el sentido de aplicar el reajuste especial de que trata el artículo 17
del Decreto 1359 de 1993. Las pretensiones de la demanda fueron concedidas por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 4 de octubre del
2007, en donde se ordenó una pensión del 75 % del ingreso mensual promedio
que durante el último año y por todo concepto devenguen los congresistas en
ejercicio a la fecha en que se decretó la prestación, a partir del 9 de diciembre del
2002.17
La anterior decisión fue confirmada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en fallo del 21 de octubre del 2010. Fonprecon cumplió lo ordenado
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de Resolución 628 del
19 de mayo del 2011, por lo que el valor de la mesada del demandante quedó en
14
Folios 324 al 328 del cuaderno de antecedentes administrativos
15
Folios 340 al 349 del cuaderno de antecedentes administrativos
16
Folios 336 al 339 del cuaderno de antecedentes administrativos
17
Folios 397 al 414 del cuaderno de antecedentes administrativos
16
Radicado: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
$ 12.126.215.18
v) El 29 de julio del 2016, el señor Ernesto Lucena interpuso derecho de petición
ante el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, con el que
pretendía lo siguiente:19
Primero: certificación en la que se establezcan en forma clara, expresa, precisa e
inequívoca, la diferencia que desde la aplicación de la sentencia C-258 del 2013
he dejado de percibir con respecto a mi mesada pensional.
Segundo: se realice devolución de tal suma, por cuanto, de conformidad con lo
dispuesto por el Consejo de Estado, en diferentes providencias, al aplicar tal ajuste
sin llevar a cabo un procedimiento administrativo de carácter particular, en calidad
de pensionado del fondo, se me fue violado el debido proceso administrativo,
como se puede dilucidar del estudio a tales casos, al encontrarme en la misma
situación fáctica y jurídica que los demás excongresistas beneficiados con tales
fallos.
vi) La anterior petición fue resuelta por Fonprecon a través de Oficio número
20162000079941 del 16 de agosto del 2016, en donde, sucintamente, contestó lo
siguiente:20
conforme a los condicionamientos establecidos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-258 del 2013 se considera una pensión reliquidada sin abuso del
derecho ni fraude a la ley, pero de ella no se predica un completo cumplimiento de
los requisitos para hacerse acreedor del régimen pensional especial, toda vez que
la pensión fue reliquidada por una orden judicial que equiparó al asegurado.
Pertenece a la categoría definida por la Corte Constitucional como pensiones
reconocidas por equiparación aquellos derechos pensionales causados en el
régimen especial de congresistas, pero que a través de decisiones administrativas
o judiciales obtuvieron el reajuste de su pensión con el único propósito de
equiparar la pensión del interesado a la de otro congresista que se pensionó con
base en un ingreso superior, sin que existiese norma que ordenara tal
18
Folio 633 al 639
19
Folios 13 y 14
20
Folios 3 al 10
17
Radicado: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
equiparación. En este grupo quedan incluidas las decisiones que desconociera la
sentencia C-608 de 1999.
[…]
Sea lo primero indicar que contrario a lo manifestado pro el peticionario,
Fonprecon no ha procedido de manera unilateral a una revocatoria o reducción de
la mesada pensional, la petición pretende soslayar la existencia de la sentencia C-
258 del 2013, que impartió una orden clara y de obligatorio cumplimiento.
[…]
Es claro que la medida de ajuste automático es autónoma y aplica para todas las
mesadas pensionales sin perjuicio de las demás medidas establecidas por la Corte
Constitucional en la sentencia C-258 del 2013, de ahí que en cada numeral de la
sentencia en armonía con la parte motiva se establezcan las órdenes de manera
precisa de forma tal que su alcance es claro.
vii) Fonprecon interpuso acción de revisión en contra de la sentencia del 21 de
octubre del 2010, dictada por el Consejo de Estado, la cual fue resuelta por esta
misma corporación en sentencia del 4 de septiembre del 2018, dictada dentro del
proceso con radicado 11001 03 15 000 2014 01920 01, con ponencia del doctor
Ramiro Pazos Guerrero, en donde se definió que el señor Lucena Quevedo no
tenía derecho al reajuste especial que le fue concedido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado en el 2010 e infirmó el
fallo judicial mencionado, para, en su lugar, negar las pretensiones de
reliquidación propuestas por el señor Lucena Quevedo. Las razones de dicha
decisión fueron las siguientes:
Surge impetuosa una conclusión: el señor Lucena Quevedo no era destinatario del
régimen especial de pensiones previsto en la Ley 4 de 1992 y en el Decreto 1359
de 1993, de modo que las normas referentes al cómputo de su derecho pensional
incorporadas en este último no le eran aplicables, razón suficiente para estimar
que el derecho reconocido en la sentencia acusada se sustentó en normas que no
regulaban su situación particular y, en tal virtud, para tener por configurada la
causal de revisión invocada en tanto como es evidente, ello conllevó a que la
cuantía de lo reconocido fuera superior a la que de acuerdo con la ley aplicable
correspondía.
18
Radicado: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
Para resolver el problema jurídico propuesto, la Sala considera importante
enfatizar en el hecho de que el acto administrativo demandado no es aquel en el
que Fonprecon le informó al demandante sobre el reajuste de su mesada
pensional, con base en la sentencia C-258 del 2013, sino que dentro del presente
proceso se cuestiona la legalidad del oficio por medio del cual la entidad
demandada dio respuesta a un derecho de petición.
En la citada solicitud, el señor Ernesto Lucena pidió el reintegro de los dineros
dejados de percibir desde el mes de julio del año 2013, mes en el cual se hizo
efectivo el ajuste de la pensión, en cumplimiento de la sentencia C-258 del 2013.
En respuesta a la mentada solicitud, Fonprecon profirió el Oficio 20162000079941
del 16 de agosto del 2016, en donde, tal como se resumió en el acápite de hechos
probados, se negó a acceder a lo pedido, bajo el argumento de que tal ajuste
obedeció al cumplimiento de una orden judicial.
En ese sentido, encuentra la Sala que el oficio demandado se limitó a expresar las
razones por las cuales no había lugar a acceder a la devolución de dineros pedida
por el demandante, pero no fue ese el acto administrativo por medio del cual se
impuso el ajuste de la pensión. Lo anterior resulta relevante, si se tiene en cuenta
que todos los argumentos expuestos por el hoy apelante están dirigidos a discutir
la legitimidad del ajuste pensional ordenado por la Corte Constitucional.
Es decir, el demandante se muestra inconforme con el hecho de que Fonprecon
haya ejecutado una orden impartida por la máxima autoridad constitucional, bajo la
19
Radicado: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
teoría de un supuesto desconocimiento de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la defensa y a la contradicción, pero expone dichos argumentos frente
a un acto administrativo que se limitó a decidir sobre la procedencia de la
devolución de las sumas exigidas.
Así, el acto contentivo de la decisión de imponer el tope pensional de 25 s.m.l.m.v
a la pensión del demandante es aquel por medio del cual Fonprecon, en el mes de
julio del 2013, le notificó dicho proceder; sin embargo, tal acto no fue demandado y
tampoco fue aportado al presente proceso. Aunque, a modo de aclaración, la
presente demanda tampoco prosperaría, pues la Sala ha considerado en casos
similares que la citada comunicación no es un acto susceptible de control judicial.
Lo anterior es así porque en consideración a las precisas órdenes impartidas por
la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013, Fonprecon estaba
conminado a ajustar la mesada pensional del demandante al tope de 25 SMLMV,
sin necesidad de adelantar un procedimiento administrativo previo, tal como
sucedió.
El ajuste en comento no vulneró los derechos al debido proceso, contradicción y
defensa del interesado, como tampoco desconoció sus derechos adquiridos, toda
vez que la Sentencia C-258 de 2015 fijó una regla inequívoca, cuyo cumplimiento
era imperativo para los fondos de pensiones so pena de incurrir en un abierto
desacato a una orden judicial impartida en sede de control de constitucionalidad.
En razón a la obligatoriedad de las órdenes dictadas en la Sentencia C-258 de
2015, Fonprecon no tenía una alternativa diferente a disponer el ajuste automático
de la pensión que venía devengando el demandante en aras de que se aviniera a
20
Radicado: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
los mandatos constitucionales allí reivindicados.21 En consecuencia, dicha
determinación no constituyó una actuación arbitraria o irrazonable modificatoria de
la situación jurídica del actor.
Mediante las Sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015, T-360 de 2018, T-073 de
2019 la referida corporación reafirmó la obligatoriedad de la Sentencia C-258 de
2013 al señalar que la aplicación del límite al monto pensional resulta imperativa
para las entidades encargadas del pago de estas prestaciones, pues se trató de
un mandato constitucional que rige para todas las pensiones que se paguen con
recursos públicos.
La ejecución de la Sentencia C-258 de 2013 resultaba inexorable para Fonprecon
y constituía una materialización del Acto Legislativo 1 de 2005, así como de los
principios de sostenibilidad financiera, igualdad, solidaridad, eficiencia,
universalidad y progresividad que orientan el sistema de seguridad social integral.
Bajo el anterior contexto, el oficio demandado no es el que contiene las razones
de hecho y de derecho por las cuales se procedió a limitar la pensión de jubilación
del señor Ernesto Lucena, toda vez que se limitó a decidir sobre la procedencia de
21
Esta tesis también ha sido sostenida, entre otras, en las siguientes providencias:
i) De la Corte Constitucional. Sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015, T-360 de 2018, T-
073 de 2019, SU-575 de 2019 y Auto 478 de 3 de diciembre de 2020, expediente: T-7.780.673
ii) Del Consejo de Estado.
• Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia de 13 de
noviembre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2016-01911-01 (5824-2018).
• Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia de 30 de
octubre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2014-02515-02 (4114-2018).
• Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, auto de 21 de febrero de
2019, radicado: 63001-23-33-000-2018-00103-01 (4771-18).
• Sección Primera, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, auto de 16 de agosto de 2018, radicado:
11001-03-15-000-2014-04194-01(AC) A.
21
Radicado: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
la devolución de los dineros pedidos por el demandante, al paso que el documento
que sí contiene tal decisión no es susceptible de control judicial, razón por la que,
en cualquier caso, lo que corresponde es negar las pretensiones de la demanda.
2.5 De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016 22, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
22
Radicado: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso23, la Sala no condenará en costas de
segunda instancia a la parte demandante, como quiera que se trata de una
reclamación laboral, debatida desde diferentes puntos de vista por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala concluye que la sentencia apelada debe confirmarse.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
23
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
23
Radicado: 25000 23 42 000 2016 06153 01 (3279-2020)
Demandante: Ernesto Lucena Quevedo
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia apelada del 17 de abril del 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por el señor
Ernesto Lucena Quevedo en contra del Fondo de Previsión Social del Congreso
de la República, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta
decisión.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las respectivas
anotaciones en el portal Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente24
LBC
24
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
24
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