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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-06194-01

Fecha
1 de febrero de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-06194-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 1.° de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor Luis Henry Carreto Contreras, contra la Universidad Nacional, Fondo Pensional, en el sentido de condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor del actor, a partir del 28 de septiembre de 2010, con efectos fiscales desde el 19 de diciembre de 2013, por prescripción trienal, en un equivalente al 75 % del promedio de salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la prestación, en los términos de los artículos 1° de la Ley 33 de 1985 y 21 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores salariales devengados en ese período contemplados en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985 y el Decreto 1158 de 1994, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 1.° de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F. Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia. 25 Radicación: 25000-23-42-000-2016-06194-01 (0593-2023) Demandante: Luis Henry Carrero Contreras Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-06194-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

1 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., primero (1.º) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-06194-01 (0593-2023)
Demandante: Luis Henry Carrero Contreras
Demandado: Universidad Nacional, Fondo Pensional
Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación, indexación primera
mesada pensional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
_____________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia proferida el 1.° de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el señor Luis Henry Carrero Contreras formuló demanda, en orden a
que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones: i) 0047 del 1.° de marzo de
2011, expedida por el director del Fondo Pensional de la Universidad Nacional, a través
de la cual negó el reconocimiento de una pensión de jubilación; y ii) 0094 del 25 de abril
de 2011, emitida por la entidad demandada mediante la cual desató un recurso de
reposición contra el acto referido en el numeral anterior, en el sentido de confirmar su
contenido.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2016-06194-01 (0593-2023)
Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i)
ordenar a la Universidad Nacional de Colombia, Fondo Pensional reconocer y pagar
una pensión de jubilación al señor Luis Henry Carrero Contreras, en los términos de la
Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta todos los factores salariales percibidos durante el
último año de servicio, «previa actualización con los correspondientes IPC del 16 de
agosto de 1995, fecha de retiro, al 28 de septiembre de 2010, fecha de la adquisición
del derecho, con los correspondientes ajustes reajustes de ley»; ii) condenar a la
entidad demandada a pagar al señor Carrero Contreras el valor de las mesadas
pensionales y adicionales incluyendo los reajustes de ley, desde la fecha de la
adquisición del estatus pensional; iii) condenar a la Universidad Nacional, Fondo
Pensional a indexar los valores reconocidos desde la fecha que se causaron hasta la
fecha del pago efectivo, conforme la variación del IPC, conforme lo dispuesto en el
artículo 187 del CPACA; iv) dar cumplimiento de la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA; y v) condenar en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos1

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) El 28 de septiembre de 19525 nació el señor Luis Henry Carrero Contreras. Prestó
sus servicios en la Universidad Nacional desde el 23 de junio de 1975 hasta el 16 de
agosto de 1995, esto es, por 20 años, 1 mes y 24 días, y ocupó el empleo de mensajero
de la Sección de Archivo y Correspondencia.

ii) El 28 de septiembre de 2010, el señor Luis Henry Carrero Contreras adquirió el
estatus jurídico pensional.

iii) El 1.° de marzo de 2011, la entidad demandada expidió la Resolución 0047 mediante
la cual negó el reconocimiento de una pensión de jubilación con fundamento en que el
señor Carrero Contreras acreditaba 19 años, 8 meses y 16 días de aportes al fondo.

iv) El 25 de abril de 2011, como consecuencia de la interposición de una acción de
tutela por parte del hoy demandante, el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de
Colombia emitió la Resolución 0094 a través de la cual desató un recurso de reposición
contra la Resolución 0047 de 2011, en el sentido de confirmar su contenido.

1 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho acápite.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2016-06194-01 (0593-2023)
Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1.°, 2.°, 4, 5, 6, 13, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de
la Constitución Política; 1.º de la Ley 33 de 1985; y 36 de la Ley 100 de 1993.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:

i) Los actos administrativos censurados fueron expedidos con desconocimiento de las
normas en que debían fundarse porque el actor tiene derecho al reconocimiento de una
pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, esto es, tomando una tasa
de reemplazo del 75 % del salario promedio devengado en el último año de servicio con
la inclusión de la totalidad de los factores salariales percibidos en ese período, previa
de indexar conforme la variación del IPC del 16 de agosto de 1995, fecha de retiro del
servicio, al 28 de septiembre de 2010, cuando adquirió el derecho.

ii) El contenido de los actos acusados está afectado por falsa motivación comoquiera
que el fundamento para negar el reconocimiento pretendido se enfocó en que si bien la
certificación de la Pagaduría de la Universidad Nacional, allegada por el actor, señalaba
que desde el 23 de julio de 1975 prestó sus servicios en la referida entidad; aquella no
podía tenerse en cuenta pues no acreditaba la realización de aportes a pensión desde
el 23 de julio al 30 de noviembre de 1975. Sin embargo, aquella motivación no es
sustentable legalmente porque otorga a las normas jurídicas un alcance que no tienen,
pues lo cierto es que la Ley 33 de 1985 exige tiempo de servicio y no aportes a pensión,
conforme lo sostuvo la Corte Constitucional en la Sentencia T-879 de 2010.

iii) Los actos administrativos reprochados desconocen las sentencias de unificación del
4 de agosto de 2010 y del 25 de febrero de 2016, proferidas por el Consejo de Estado,
en torno a la posibilidad de incluir la totalidad de los factores salariales en las pensiones
de jubilación de los beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993.

1.2. Contestación de la demanda

3

Radicación: 25000-23-42-000-2016-06194-01 (0593-2023)
Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

La Universidad Nacional de Colombia, por intermedio de apoderada, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación: 2

i) El demandante no se encuentra dentro de los presupuestos para acceder a la pensión
de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, porque verificada su historia laboral
se observa no cuenta con el requisito de 20 años de servicio, ya que acreditó
únicamente 19 años, 8 meses y 16 días de aportes al Fondo Pensional de la
Universidad Nacional.

ii) La interpretación constitucionalmente admisible, y que se acoge en la providencia de
instancia, es la contenida en las Sentencias SU-230 de 2015 emitidas por la Corte
Constitucional, según la cual son tres los parámetros aplicables al reconocimiento de
las pensiones de jubilación regidas por normas anteriores a la Ley 100 de 1993, esto
es, la edad para consolidar el beneficio prestacional, el tiempo de servicios o las
semanas cotizadas para tal efecto, y el monto de la misma.

En lo atinente al ingreso base de liquidación, debe observarse lo dispuesto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, porque, se recuerda, el legislador no quiso mantener la
aplicación integral de la normativa que gobernaba los derechos pensionales de las
personas sujetas al régimen de transición, sino solamente una parte de ella.

iii) Debe tenerse en cuenta los factores salariales contenidos en el Decreto 1158 de
1994, pues ni antes ni después de la vigencia de la Constitución Política de 1991, las
universidades han estado facultadas para establecer el régimen prestacional de sus
servidores. En consecuencia, la universidad no podía efectuar descuentos con destino
al sistema general de seguridad social por aportes no contemplados en la ley, pues solo
hasta la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, surge la posibilidad de
hacerlo.

iv) Los argumentos del demandante carecen de veracidad pues se encuentran
acreditadas las excepciones de improcedencia del reconocimiento de la pensión por no
cumplir los requisitos exigidos en la Ley 33 de 1985, obligatoriedad de la Sentencia SU-
230 de 2015 y de descontar aportes a título de salud, pensión y al fondo de solidaridad
pensional, sobre factores que se ordenen incluir en la liquidación de la pensión,

2 Folios 47 al 59 .

4

Radicación: 25000-23-42-000-2016-06194-01 (0593-2023)
Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

prescripción, buena fe, compensación, no configuración del derecho al pago de
indemnización moratoria y la innominada o genérica.3

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia proferida el 18 de mayo de 2022, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y negó las peticiones de la demanda de reconvención.
Para tal efecto, se pronunció en estos términos:4

i) El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia emitió el
Acuerdo 12 de 1986, por medio del cual se establecen los aportes que se deben pagar
a la Caja de Previsión Social de la referida institución, enunció los factores y los montos
respecto de los cuales se debía cotizar con destino a pensión y en su artículo 1.° remite
a las mismas «cuotas que establece la Ley 4° de 1966 y demás normas que lo
modifiquen o complemente».

Por su parte, el Acuerdo 12 de 1986, modificado por el Acuerdo 109 de 1991, en su
artículo 2, dispone los factores que se consideran salario base para calcular las
cotizaciones que mensual deben efectuar a los afiliados a la Caja de Previsión Social
de la Universidad Nacional.

ii) Si bien es cierto el régimen de transición tal y como se expuso en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 20185 y en las Sentencia C-258 de 2013 y SU-230 de
2015, no amplió los beneficios en cuanto al IBL y a los factores salariales; también lo es
que el criterio que acoge la sala mayoritaria del tribunal, consiste en concluir que los
factores salariales que deben ser tenidos en cuenta en la liquidación de las pensiones
de jubilación de los afiliados a la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional
que realizaron cotizaciones con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, son los consagrados en el Acuerdo 12 de 1986, modificado por el Acuerdo 109
de 1991, sobre los que se haya cotizado durante los últimos 10 años de servicio del

3 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en el marco de la audiencia

inicial celebrada el 18 de abril de 2018, concluyó que las excepciones propuestas por el demandado son
alegaciones respecto al fondo del asunto y no excepciones previas, razón por la cual se estudiarían en la
sentencia. Folios 77 al 80.
4 Folios 440 al 471.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación de 28

de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.

5

Radicación: 25000-23-42-000-2016-06194-01 (0593-2023)
Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

actor, dado que en ese lapso se encontraban vigentes los acuerdos en comento, y no
el Decreto 1158 de 1994.

iii) El actor sí tiene derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación en los
términos de la Ley 33 de 1985, porque al analizar el acervo probatorio se pudo
establecer que para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba
con más de 15 años de servicio, razón por la cual es beneficiario del régimen de
transición contemplado en la Ley 100 de 1993.

Así mismo, acreditó el requisito de 20 años de servicio, comoquiera que de acuerdo con
la certificación del 11 de mayo de 2022, expedida por el jefe del Grupo de Seguridad
Social de la División Nacional Salarial y Prestacional de la Universidad Nacional, de
manera clara se indicó que el demandante prestó sus servicios a aquella institución
educativa desde el 23 de junio de 1975 hasta el 16 de agosto de 1995, lapso durante
el cual se realizaron cotizaciones a la Caja de Previsión Social de la Universidad
Nacional. En consecuencia, se desvirtúa lo dicho en los actos reprochados consistente
en que la certificación, aportada en aquella época por el actor, no especificaba que en
el tiempo laborado entre el 23 de junio y el 30 de noviembre de 1975 se hubieren
realizado aportes a pensión.

iv) El demandante tiene derecho a la indexación de la primera mesada pensional
comoquiera que está inmerso en los dos supuestos para su procedencia, esto es, a.
cuando la persona cumple el tiempo de servicio en un período distinto al requisito de la
edad; y b. cuando la entidad de previsión expide el acto administrativo de
reconocimiento con posterioridad a la fecha de adquisición del estatus jurídico
pensional. En efecto, aquel se retiró del servicio el 16 de agosto de 1995 y cumplió 55
años de edad el 28 de septiembre de 2010.

v) Por lo expuesto, se accede parcialmente a las pretensiones de la demanda en el
sentido de a. declarar la nulidad de las Resoluciones 047 y 094 de 2011; b. condenar a
la Universidad Nacional de Colombia, Caja de Previsión Social a reconocer y pagar una
pensión de jubilación a favor del demandante, a partir del 28 de septiembre de 2010,
con efectos fiscales desde el 19 de diciembre de 2013, por prescripción trienal, en el
equivalente al 75 % del promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante
los 10 años de servicio, debidamente actualizado, en los términos de la Ley 33 de 1985

6

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Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

y el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores salariales
contenidos en el Acuerdo 12 de 1986, modificado por el Acuerdo 109 de 1991; c.
actualizar los emolumentos computados para la liquidación de la prestación de manera
que se obtenga la indexación de la primera mesada pensional, desde el retiro del
servicio (16 de agosto de 1995) hasta la adquisición del estatus jurídico pensional (28
de septiembre de 2010), con efectividad a partir del 19 de diciembre de 2013, por
prescripción trienal; y d. negar las demás pretensiones de la demanda.

1.6. El recurso de apelación

La Universidad Nacional de Colombia, Fondo Pensional, mediante apoderado,
interpuso recurso de apelación6 y lo sustentó así:

i) La orden de incluir, en la liquidación de la pensión de jubilación reconocida al actor,
los factores establecidos en el Acuerdo 12 de 1986, modificado por el Acuerdo 109 de
1991 transgrede el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia de la Corte Constitucional7
y del Consejo de Estado,8 porque la universidad no tiene la facultad de crear derechos
laborales que puedan servir de base pensional ni regular prestaciones sociales, pues
es del resorte exclusivo del Congreso de la República. En ese orden, no es posible
tener en cuenta factores que no hayan sido creados por la ley, de manera que se
impone observar aquellos descritos en la Ley 33 de 1985.

ii) El mecanismo de la indexación de la primera mesada pensional se aplica a las
pensiones reconocidas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, pues existía un
vacío normativo y procedería cuando transcurría un tiempo sustancial entre el momento
en que la persona cumplía el estatus jurídico pensional y la fecha en que la prestación
efectivamente le era reconocida y pagada. Por el contrario, el referido mecanismo no
rige a las pensiones de jubilación reconocidas con posterioridad a la vigencia de la Ley
100 de 1993, en razón a lo establecido en su artículo 21.

Así las cosas, el tribunal erró al condenar a la universidad a reconocer y pagar la
indexación de la primera mesada pensional desde el retiro del servicio (16 de agosto

6 Folios 185 al 197.
7 La entidad recurrente cita las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427

de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018.
8
La entidad recurrente cita la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, radicado radicado
52001-23-33-000-2012-00143-01.

7

Radicación: 25000-23-42-000-2016-06194-01 (0593-2023)
Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

de 1995) hasta la fecha de adquisición del estatus jurídico pensional (28 de septiembre
de 2010), comoquiera que desconoce los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 ya
que al tratarse de una pensión reconocida bajo su égida, lo procedente es la
actualización con base en la variación del índice de precios al consumidor certificado
por el DANE a la fecha de adquisición del derecho.

1.7. Pronunciamiento en torno a los recursos de apelación en segunda instancia

La parte demandada no se pronunció en esta oportunidad procesal, pese a que a través
del auto admisorio del recurso de apelación emitido el 6 de julio de 2023,9 se le informó
que contaba con la posibilidad de hacerlo hasta la ejecutoria de aquella providencia. 10

1.7.3. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.11

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer, conforme a lo expuesto en los recursos de apelación, i) si
el demandante tiene derecho a la liquidación de su pensión de jubilación con la inclusión
de los factores salariales contemplados en el Acuerdo 12 de 1986, modificado por el
Acuerdo 109 de 1991, emitido por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de
Colombia, o si, por el contrario, debe aplicarse el contenido de la Ley 62 de 1985, que
modificó el artículo 3 de la Ley 33 de 1985; y ii) si tiene derecho a la indexación de la
primera mesada pensional.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Competencia para fijar el régimen prestacional de los empleados públicos
de las universidades estatales.

9 Folio 206.
10 Al revisar SAMAI, la Sala observa que la entidad demandada partes no allegó pronunciamiento.
11 Al revisar SAMAI, la Sala observa que el ministerio público no allegó pronunciamiento.

8

Radicación: 25000-23-42-000-2016-06194-01 (0593-2023)
Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

La Constitución Política de 1886 consagró en el artículo 62 la competencia del legislador
para fijar, entre otros asuntos, las condiciones de jubilación en todos los órdenes y la
clase de servicios que darían derecho a la pensión del Tesoro Público, en los siguientes
términos:

Artículo 62.- La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de funciones; los
de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las calidades y
antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los casos no previstos
por la Constitución; las condiciones de ascenso y de jubilación; y la serie o clase de servicios
civiles o militares que dan derecho a pensión del Tesoro público».

Con ocasión de la reforma constitucional consignada en el Acto Legislativo 01 de 11 de
diciembre de 1968, la competencia para fijar las escalas de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de empleos del orden nacional y el régimen
prestacional de los empleados públicos se radicó exclusivamente en el Congreso de la
República, tal como quedó establecido en el numeral 9 del artículo 76 de la Carta así:

9. Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios,
Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos, y fijar las escalas de
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen
de sus prestaciones sociales.

Por su parte, el numeral 2.1 del artículo 120 ibidem, autorizó al presidente de la
República para fijar la asignación salarial de los empleos del orden nacional central,
dentro de las escalas de remuneración fijadas por el Congreso de la República de
conformidad con el numeral 9 del artículo 76 previamente transcrito.

Con la expedición de la Constitución Política de 1991, le corresponde al Congreso
mediante la expedición de leyes marco, señalar las normas generales, objetivos y
criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para fijar el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos y el régimen de los trabajadores oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19 literales e) y f). Igualmente, el
artículo 48 ibidem dispuso que la seguridad social, a la cual pertenece la materia
pensional, es un servicio público que se presta con sujeción a los principios allí
enunciados, en los términos que establezca la ley.
En desarrollo de lo anterior, fue expedida la Ley 4.ª de 1992 «mediante la cual se
señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las

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Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política». La citada ley, en sus artículos 1 y 10, señaló lo siguiente:

Artículo 1o. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos
en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector,
denominación o régimen jurídico;
[…]
Artículo 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados
en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y
criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen
general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus
salarios y prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte
del Estado y de las condiciones de trabajo;
[…]

Artículo 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional
en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

Así pues, la Ley 30 de 1992 por la cual se organiza el servicio público de la educación
superior, en el artículo 77 dispuso: «El régimen salarial y prestacional de los profesores
de las universidades estatales u oficiales se regirá por la Ley 4ª de 1992, los decretos
reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan».

Ahora bien, con base en las facultades otorgadas por la ley 4ª de 1992, se expidieron
los Decretos 1444 de 1992 y 055 de 1994, el primero de ellos contiene disposiciones
en materia salarial y prestacional que rigen a los docentes vinculados a las
universidades públicas de orden nacional, y el segundo, a los vinculados a
universidades públicas del orden territorial.

Debe anotarse que el Gobierno nacional es el competente para establecer el régimen
prestacional aplicable al personal administrativo que labora en dichas entidades, tal y
como lo analizó la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación, con el siguiente
razonamiento:

Dado que las personas que prestan sus servicios tanto en el área docente como
administrativa de las universidades del Estado son servidores públicos, que el presupuesto
de estas entidades proviene casi en su totalidad del Estado, que por expresa disposición

10

Radicación: 25000-23-42-000-2016-06194-01 (0593-2023)
Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

legal corresponde al Gobierno Nacional regular el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos y que la ley 30 de 1992 consagró en el artículo 77 que el régimen salarial
y prestacional de los profesores de las universidades estatales se regirá por la ley 4ª de 1992
y demás normas complementarias, la Sala considera que compete al Presidente de la
República fijar el régimen salarial y prestacional del personal docente y administrativo de las
universidades oficiales.12

De ahí se concluye que ni a la luz de la Constitución de 1886 ni a partir de la Carta de
1991, las entidades territoriales o las universidades públicas pueden expedir actos de
reconocimiento pensional con fundamento en Acuerdos internos o extralegales, pues
no tenían facultades para ello.

2.2.2. Postura unificada frente a la reliquidación de pensión ordinaria de los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993

Para resolver el problema jurídico planteado, le corresponde a la Sala aplicar las reglas
jurisprudenciales fijadas por esta Corporación en la sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018,13 que constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución
de casos fáctica y jurídicamente iguales. En esta decisión, la Sala Plena precisó que
sus efectos se aplicarían «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en
los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica,
resultan inmodificables».

Por su parte, la Sala Plena fijó las reglas y subreglas respecto al ingreso base de
liquidación para computar la pensión de jubilación de quienes gozan del régimen de
transición.

La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada
en la referida sentencia de unificación:

El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace
parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se
pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de
pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

12 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, providencia del 15 de abril de 1998, Radicación: 1076,

C.P.: Augusto Trejos Jaramillo.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de

2018, expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01, consejero ponente: César Palomino Cortés.

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-06194-01 (0593-2023)
Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso, entre consideraciones,
la siguiente:

91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36
de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que
las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de vejez con
la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen
anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley
100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que
consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento
de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente
a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones,
indudablemente, le son más favorables. (Negritas fuera de texto).

Adicionalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado definió
las siguientes subreglas:

La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos
que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad,
tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de
liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello,
o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con
base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores
al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice
de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.» Esta subregla se justifica, así:

99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella
según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los
factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como
elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48,
para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio
y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta
los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.

12

Radicación: 25000-23-42-000-2016-06194-01 (0593-2023)
Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen
precedente obligatorio, el IBL para las personas que se encuentran en el régimen de
transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley
100 de 1993, según corresponda.

2.2.3. Sobre la indexación de mesadas pensionales

La jurisprudencia de esta Corporación14 ha entendido que la indexación es el
mecanismo que se utiliza para revalorizar las obligaciones pensionales, con el ánimo
de traer a valor presente las sumas que por el transcurso del tiempo han perdido poder
adquisitivo.

Por su parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples oportunidades
sobre el derecho a la indexación, tanto en sede de tutela como de control abstracto de
constitucionalidad y ha indicado que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
48 y 53 de la Constitución Política, la actualización monetaria de las mesadas tiene por
finalidad evitar la disminución del poder adquisitivo de las pensiones con ocasión del
tiempo comprendido entre el momento en el que la persona cumple los requisitos para
pensionarse y cuando la prestación es efectivamente reconocida y pagada.15

Teniendo en cuenta ello, la jurisprudencia constitucional ha sido consistente en afirmar
que el derecho a la indexación de la mesada pensional es un asunto de relevancia
constitucional, en tanto que es una forma de materializar diversos principios y derechos
fundamentales contenidos en la Constitución de 1991, tales como el principio de Estado
social de derecho, de indubio pro operario y los derechos a la igualdad y a la dignidad
humana.16

A su vez, esta corporación ha indicado que el criterio de equidad es el que motiva el
reconocimiento en vía judicial de la indexación de mesadas. En la providencia del 20
de enero de 2011, se indicó lo siguiente:

14 Ver, entre otras, las siguientes sentencias: de febrero 18 de 2010, radicación 25000-23-25-000-

2003-07987-01(0836-08), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, abril 12 de 2012, radicación
25000-23-25-000-2008-00800-01(0581-10), M. P. Gerardo Arenas Monsalve.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-637 de 2016, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
16 Véanse los siguientes pronunciamientos: sentencias SU-120 de 2003, C-862 de 2006, SU-1073 de 2012 y

SU-415 de 2015.

13

Radicación: 25000-23-42-000-2016-06194-01 (0593-2023)
Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

Este tema del ajuste de valores o indexación ha sido tratado por la Corporación en relación
con las condenas que profiere esta jurisdicción, con base en la concepción del Estado Social
de Derecho que nos rige a partir de la Carta Política de 1991, y su dinámica gira alrededor
de la vigencia de un orden justo, para lo cual se asignó a las autoridades la función de
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Se ha llegado, incluso, a
decretar de manera oficiosa la actualización de valores económicos. Sobre el particular son
pertinentes las siguientes consideraciones expuestas en la sentencia de 15 de noviembre de
1995, dictada en el proceso No. (sic) 7760, Consejero Ponente JOAQUÍN BARRETO RUÍZ:
[…]

El ajuste de valor autorizado por la ley, obedece al reconocimiento del hecho notorio de la
constante y permanente devaluación de la moneda de nuestro país, que tratándose de
servicios del Estado, fustiga y disminuye en forma continua el poder adquisitivo de sus
ingresos.

Por lo anterior, en casos como el presente la indexación, no es sólo una decisión ajustada a
la ley, sino un acto de elemental equidad, cuya aplicación por parte del juez tiene al más alto
nivel de nuestro ordenamiento jurídico, como lo consagra expresamente la Carta en su
artículo 230, en armonía con aquellos preceptos de la constitución que, como atrás se dijo,
le asignan a las autoridades la función de asegurar el cumplimiento de los fines sociales del
Estado, el respeto a la dignidad humana y al trabajo, dentro de la vigencia de un orden justo.

Siguiendo este criterio jurisprudencial, en asuntos como el presente puede acudirse al
concepto de equidad y justicia para enmarcar dentro de él el ajuste de valor o indexación de
las sumas que han de constituir la mesada pensional, dado que en un régimen de seguridad
social concebido bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, como lo prevé
la Constitución (art. 48), la pensión de jubilación ocupa un lugar privilegiado ya que constituye
el ahorro que el trabajador ha realizado durante su vida laboral útil con la finalidad de
garantizar su subsistencia, al alcanzar la tercera edad, en condiciones dignas y justas. Desde
esta perspectiva el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tomando para su
liquidación sumas empobrecidas por los efectos inflacionarios, resulta contrario a los
postulados anotados y constituye una desprotección de las personas de la tercera edad,
cuyos derechos están constitucionalmente privilegiados.17

De tal modo, para la actualización de las mesadas, el Consejo de Estado dispuso una
formula18 ajustada a los principios del derecho laboral que hacen relevantes la
aplicación de la justicia material y la equidad, por medio de la cual se permitiera una
verdadera indexación del quantum con la finalidad de mantener el poder adquisitivo de
las pensiones. En efecto, la mencionada operación se describió como se transcribe a
continuación:

[…] La suma insoluta o dejada de pagar, será objeto de ajuste al valor, desde la fecha en
que se dejó de pagar hasta la notificación de esta sentencia, dando aplicación a la siguiente
fórmula:

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Segunda, Subsección B, M. P. Víctor

Hernando Alvarado Ardila, radicado 54001-23-31-000-2005-01044-01 (1135-10)
18 Concretamente, según lo dispuesto por el Consejo de Estado en Sentencias 25000 23 25 0001999 6877 01

y 25000 23 25 000 1998 4042 01 M.P.: Dr. Ana Margarita Olaya Forero. Cfr. Sentencia T-098 de 2005, Corte
Constitucional.

14

Radicación: 25000-23-42-000-2016-06194-01 (0593-2023)
Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

R= Rh x índice final
_________
índice inicial

Donde el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es lo dejado de pagar al pensionado, por el guarismo que resulte de dividir el índice final
de precios al consumidor vigente a la fecha de notificación de esta sentencia, entre el índice
inicial, que es el vigente al causarse cada mesada pensional.

Por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, la entidad demandada aplicará la fórmula
separadamente, mes por mes, empezando por la primera mesada pensional que devengó el
actor sin actualizar, y para los demás emolumentos (primas), teniendo en cuenta que el
índice aplicable es el vigente al causarse cada una de las prestaciones.

En ese orden de ideas, esta Sala19 ha advertido en reiteradas ocasiones, que la
actualización de las sumas derivadas de una pensión se fundamenta en principios
constitucionales, en especial, los previstos en los artículos 48, 53 y 230; una posición
en la que bajo criterios de justicia y equidad determina que la pérdida del poder
adquisitivo de la moneda y el fenómeno inflacionario son hechos notorios y, por tanto,
el trabajador no tiene porqué soportar las consecuencias negativas de dicha situación,
al recibir sumas de dinero desvalorizadas que no van en armonía con el valor real del
salario o de la pensión.

Posteriormente, en la Sentencia SU-168 de 2017,20 la Corte Constitucional reiteró el
carácter universal de la indexación de la primera mesada pensional, dado que se
predica de todo tipo de pensiones, independientemente de su origen o de la fecha de
su causación, ello porque «el ejercicio del derecho fundamental en comento no puede
restringirse solo para un determinado grupo de pensionados, pues un trato diferenciado
en esta situación carecería de justificación constitucional y se tornaría en
discriminatorio, en tanto el fenómeno de pérdida de poder adquisitivo de la moneda
afecta por igual a todos los pensionados.»

En el mismo sentido, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia21 consideró sobre
el asunto lo siguiente:

[…] toda pensión, ya sea legal, convencional, voluntaria o extralegal, es susceptible de ser
indexada en su base salarial con el fin de establecer el monto de la primera mesada, causada
antes o después de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, no está

19 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencias del 26 de marzo de 2020, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, radicación: 230012333000201400006
01(4288-2015) y del 7 de mayo de 2018 C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación:
230012333000201300208 01.
20 Sentencia del 16 de marzo de 2017. Referencia: Expediente T-5.736.901.
21 Sentencia SL2515-2017 del 15 de febrero de 2017.

15

Radicación: 25000-23-42-000-2016-06194-01 (0593-2023)
Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

basado exclusivamente en la sentencia de constitucionalidad C-862 de 2006 que refiere el
recurrente, pues en esencia se fundamenta, en los mandatos de los artículos 48 y 53 de la
Constitución Política, que imponen mantener el poder adquisitivo constante de las pensiones.
En efecto, esta Sala de Casación mediante la sentencia CSJ SL736-2013, luego de efectuar
un recuento jurisprudencial acerca de la figura de la indexación, concluyó: (i) que la pérdida
del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de
pensiones por igual; (ii) que al no existir prohibición expresa alguna por parte del legislador,
de indexar la primera mesada causada con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Constitución Política de 19 91, no hay cabida para hacer discriminaciones fundadas en la
naturaleza de la prestación o en la fecha de su reconocimiento y (iii) que cualquier
diferenciación al respecto, resulta injusta y contraria al principio de igualdad. De suerte que,
para los fine s de hallar el verdadero poder adquisitivo de la primigenia mesada pensional, la
vigencia de la disposición legal con que se liquidó y calculó la pensión de jubilación del
demandante, para el caso el Decreto 2701 de 1988, no tiene la transcendencia que le
imprime el censor, si se tiene en cuenta que lo que persigue -la indexación-, no es aumentar
o incrementar el ingreso base de liquidación de la prestación pensional, sino mantener su
valor real.

Posteriormente, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación, el 31 de marzo
de 2022, señaló lo siguiente:22

Es importante poner de presente que la indexación del salario base para liquidar la primera
mesada es diferente al reajuste de la pensión, al que hace referencia el artículo 14 de la Ley
100 de 1993. Así lo explica la Corte Constitucional en los siguientes términos23:

Así mismo, la Ley 100 de 1993 establece una norma general en materia de reajuste, cual es
que, a partir de su vigencia, todas las pensiones deberán ser reajustadas, según la variación
porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el año
inmediatamente anterior, y que las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario
mínimo legal mensual vigente serán reajustadas de oficio cada vez y en el mismo porcentaje
en que el Gobierno Nacional incremente dicho salario -artículo 14-.

[…] Una similar evolución se ha presentado en materia del reajuste periódico del salario base
para la liquidación de las pensiones, materia en la cual se ha presentado una evolución de
un régimen en el cual no se reconocía la indexación de la primera mesada pensional a la
actual regulación donde por el contrario la regla general es la indexación del salario base
para liquidar las pensiones

[…]. La pensión de jubilación prevista originalmente en el C.S.T. fue sustituida por la pensión
de vejez introducida por la Ley 100 de 1993. El artículo 21 de esta última normatividad prevé
expresamente la actualización del ingreso base para la liquidación de las pensiones previstas
en dicha ley –esto es no sólo de la pensión de vejez, sino también la pensión de invalidez y
la de sobreviviente- “con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE”. Así mismo, el artículo 36 de la misma contempla la
indexación del salario base para la liquidación de la pensión de jubilación de los trabajadores
que entraban dentro del régimen de transición previsto por dicho estatuto. Finalmente, el
mismo precepto señala que al entrar a regir la Ley 100 quienes hubiesen cumplido los
requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables
anteriores, sin perjuicio de no haberse hecho el reconocimiento, tendrán derecho a que se
les liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que

22 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, providencia del 31 de marzo de 2022, radicado 11001-

03-06-000-2021-00148-00.
23 Corte Constitucional. Sentencia C-862 del 19 de octubre de 2006.

16

Radicación: 25000-23-42-000-2016-06194-01 (0593-2023)
Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

cumplieron tales requisitos, dentro de las cuales se incluye la indexación del salario base
para la liquidación de la pensión.

Del anterior recuento legislativo se desprende que el legislador ha previsto por regla
general la actualización periódica tanto de las mesadas pensionales ya reconocidas
como del ingreso base para la liquidación de la primera mesada pensional. La
legislación reciente ha previsto que tal actualización se realice con base en el índice
de precios al consumidor, es decir, ha previsto la indexación de las mesadas
pensionales y del ingreso base para su liquidación. (Resaltado de la Sala)

Como se observa, la Corte no solo reseña la evolución del reajuste de la pensión y de la
indexación del salario base de forma separada, sino que además afirma que la regla general
es la indexación del salario base para la liquidación de la primera mesada pensional. En ese
sentido, en numerosas decisiones, ha protegido el derecho a la indexación del salario base
para liquidar la primera mesada.24 Adicionalmente, ha afirmado que el derecho a la
actualización del salario base no puede ser reconocido a determinados grupos de
pensionados, pues una decisión en ese sentido carecería de justificación constitucional y
vulneraría el derecho fundamental a la igualdad25.

De acuerdo a lo expuesto, hay lugar a ordenar la indexación de las mesadas
pensionales, mes por mes, cuando por efecto del paso del tiempo se ha perdido de
manera ostensible y considerable su poder adquisitivo.

Teniendo en cuenta los principios de justicia y equidad, las sumas devengadas al
momento de la causación del derecho deben ser actualizadas a la fecha en que este
sea reconocido, pues de no ser así el beneficiario de la prestación sufriría las
consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo
siguiente:

El 28 de septiembre de 1955, nació el señor Luis Henry Carrero Contreras.26

Desde el 23 de junio de 1975 hasta el 16 de agosto de 1995, el señor Carrero Contreras
prestó sus servicios en la División de Recreación y Deportes de la Universidad Nacional.
En aquel período se realizaron cotizaciones para pensión en la Caja de Previsión Social
de la Universidad Nacional de Colombia.27

24 Pueden verse: Corte Constitucional, SU-120 del 13 de febrero de 2003; T-1169 del 4 de diciembre 2003; T-

663 del 6 de agosto de 2003; T-805 de 2004, T-815 del 27 de agosto 2004, T-098 del 4 de febrero de 2005.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-862 del 19 de octubre de 2006.
26 Folio 2.
27 Conforme consta en la certificación emitida el 11 de mayo de 2012, por el jefe del Grupo de Seguridad Social

de la División Nacional Salarial y Prestacional de la División Nacional Salarial y Prestacional de la Universidad
Nacional de Colombia. Folio 11.

17

Radicación: 25000-23-42-000-2016-06194-01 (0593-2023)
Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

El 1.° de marzo de 2011, por medio de la Resolución 0047,28 el Fondo Pensional de la
Universidad Nacional de Colombia negó el reconocimiento de una pensión de jubilación
al actor, con fundamento en que si bien se había acreditado que era beneficiario del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en ese sentido, de la Ley
33 de 1985, lo cierto era que no contaba con el tiempo exigido de 20 años de servicio,
pues únicamente tenía 19 años, 8 meses y 16 días de aportes en el referido fondo.

Finalmente, aquel acto señaló que el demandante tampoco cumplía con los requisitos
del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, pues tenía 55 años de edad y 1.014 semanas
cotizadas.

El 25 de abril de 2011, el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia
emitió la Resolución 0094,29 por medio de la cual desató un recurso de reposición contra
el acto referido líneas atrás, en el sentido de confirmar su contenido. Para tal efecto, se
sostuvo que la certificación laboral expedida por Pagaduría de la universidad, aportada
en aquella oportunidad por el señor Carrero Contreras para hacer valer su derecho, no
podía tenerse en cuenta para resolver la solicitud pensional, comoquiera que si bien
daba constancia de su prestación del servicio desde el 23 de junio de 1975, no
certificaba los aportes a pensión hasta el 30 de noviembre del referido año.

El referido acto señaló que la División Nacional Salarial y Prestacional de la institución
educativa, era la dependencia competente para certificar el tiempo válido para
pensiones de sus funcionarios y ex funcionarios, la cual, el 16 de febrero de 2011, había
certificado que 19 años, 8 meses y 16 días como tiempo válido aportado a pensión, de
manera que ese documento reemplazaba al aportado por el actor. En consecuencia,
insistió que aquel no era merecedor de una pensión de jubilación a la luz de la Ley 33
de 1985, porque no cumplía con los requisitos ahí establecidos.

El 5 de mayo de 2017, el jefe de la División Salarial y Prestacional, Sede Bogotá, de la
División Salarial y Prestacional de la Universidad Nacional de Colombia, certificó que el
demandante devengó los siguientes emolumentos en los años 1994 y 1995: asignación
básica, ajuste asignación básica, primas de antigüedad, de vacaciones, de servicios, y
de navidad, subsidio de alimentación, ajuste subsidio de alimentación, auxilio de

28 Folios 3 y 4.
29 Folios 6 y 7.

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-06194-01 (0593-2023)
Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

transporte, ajuste auxilio de transporte, bonificación por servicios prestados,
bonificación especial de recreación y quinquenio.30

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.4.1. Frente al primer problema jurídico

La Sala considera necesario señalar que en el sub lite no está en discusión la condición
de beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 que ostenta el
señor Carrera Contreras, debido a que no ha sido controvertido por ninguna de las
partes; y tampoco es objeto de reproche su derecho a obtener el reconocimiento de una
pensión de jubilación a la luz de la Ley 33 de 1985. En todo caso, se advierte que para
la fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993, esto es, el 1.° de abril de 1994, contaba
con 18 años, 9 meses y 9 días de servicio.

La inconformidad de la entidad demandada radica en que el tribunal al ordenar la
inclusión, en la liquidación de la pensión de jubilación reconocida al actor, de los
factores establecidos en el Acuerdo 12 de 1986, modificado por el Acuerdo 109 de 1991
transgredió el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia de la Corte Constitucional 31 y
del Consejo de Estado;32 y desconoció que la universidad no tiene la facultad de crear
derechos laborales que puedan servir de base pensional ni de regular prestaciones
sociales, pues es del resorte exclusivo del Congreso de la República. En ese orden,
manifiesta, no es posible tener en cuenta factores que no han sido creados por la ley,
de manera que se impone observar aquellos descritos en la Ley 33 de 1985.

Pues bien, conforme al material probatorio aportado al plenario, se observa que el
demandante acreditó 55 años de edad y 20 años de servicio público, razón por la cual
tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación en atención a las
condiciones fijadas en la Ley 33 de 1985. Así, se demostró que el actor laboró en la
Universidad Nacional de Colombia desde el 23 de junio de 1975 hasta el 16 de agosto
de 1995 y consolidó el estatus jurídico pensional el 28 de septiembre de 2010, cuando
alcanzó la edad requerida, esto es, en vigencia de la Ley 100 de 1993.

30 Folio 37.
31 La entidad recurrente cita las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016,

SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018.
32 La entidad recurrente cita la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, radicado radicado 52001-23-

33-000-2012-00143-01.

19

Radicación: 25000-23-42-000-2016-06194-01 (0593-2023)
Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

En ese orden de ideas, de acuerdo con la sentencia de unificación de esta corporación
de 28 de agosto del 2018, el ingreso base de liquidación no es un asunto que se
encuentre sujeto al régimen de transición de la Ley 100 de 1993, razón por la que se
fijaron una serie de reglas y subreglas para su conformación, según las cuales: al
afiliado que le faltare más de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales
ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la
pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

A su vez, en cuanto a los factores salariales que deben hacer parte del ingreso base de
liquidación de los beneficiarios del régimen de transición, la citada sentencia de
unificación señaló que solo debían ser tenidos en cuenta aquellos sobre los cuales se
hayan efectuado aportes al sistema pensional, que corresponden a los enlistados en el
artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994.

Así las cosas, la liquidación de la prestación debe atender a mencionada Ley 100 de
1993 en las condiciones indicadas por la jurisprudencia vinculante y vigente para la
época, que para el caso del Consejo de Estado era la sentencia del 28 de agosto de
2018, en especial, en atención al artículo 21 de la referida ley, como en efecto lo ordenó
el a quo. Sin embargo, la Sala advierte que el tribunal consideró que la liquidación de
la prestación debía incluir los factores salariales contenidos en el Acuerdo 12 de 1986,
modificado por el Acuerdo 109 de 1991, emitidos por la Universidad Nacional, y no los
contemplados en el Decreto 1158 de 1994, pues, en su concepto, dicho decreto no se
encontraba vigente durante los últimos 10 años de servicio del actor.

Sobre este aspecto, como se señaló en líneas anteriores, la función de establecer el
régimen prestacional de los servidores públicos sólo está reservada al Congreso de la
República y al Gobierno nacional –este último bajo los lineamientos del legislador- por
lo que el ente universitario carecía de atribución para asumir una obligación de carácter
pensional, sin que mediara norma expedida por la autoridad competente frente a la
materia.

Esclarecido lo anterior, no se puede perder de vista la subregla definida por la Sala
Plena de esta corporación en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, en la

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Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

que se detallaron los criterios para determinar los factores salariales que debían ser
incluidos en el IBL de la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición.

La posición jurisprudencial asumida por esta corporación sobre la taxatividad de los
factores del artículo 3 de la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 de 1985, deriva
entonces de la necesidad de salvaguardar el principio de solidaridad que, aunado al
alcance del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (que
ampara la edad, tiempo de servicio y monto o tasa de reemplazo), conlleva a que para
la determinación del IBL deba observarse lo previsto en el régimen general de
pensiones, esto es, para el caso desarrollado en la sentencia de unificación, la Ley 33
de 1985 en su artículo 3.

Así, toda vez que el artículo 3 de la mencionada Ley 33 de 1985, se encuentra
derogado, y que el Decreto 1158 de 1994 fue expedido como desarrollo del nuevo
sistema de seguridad social general, previsto en la Ley 100 de 1993, es a esta norma
a la que se debe acudir al determinar los factores que conforman el ingreso base de
liquidación, y en esa medida, verificarse en ella la taxatividad aludida en la providencia
del 28 de agosto de 2018.

Bajo este panorama, esta Subsección advierte que, en efecto, le asiste la razón a la
entidad recurrente, pues el tribunal incurrió en error al emitir la referida orden
comoquiera que si bien los últimos 10 años de cotización anteriores al reconocimiento
pensional comprenden el período del 16 de agosto de 1985 al 16 de agosto de 1995
(en el plenario se acreditó que el actor laboró desde el 23 de junio de 1975 hasta el 16
de agosto de 199533), la norma aplicable al caso en torno a los factores salariales que
integran el IBL era la Ley 62 de 1985 y luego el Decreto 1158 de 1994 y, por ende, deben
observarse sus disposiciones, en consonancia con la interpretación efectuada por esta
corporación en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.

Se recuerda que la providencia unificadora es aplicable al caso sub judice porque esta
corporación en aquella oportunidad señaló que todos los casos pendientes de solución
tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias, eran
susceptibles de ser destinatarios de sus efectos; salvo los casos en los que ha operado

33 Folio 11.

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Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables.

De esta manera, se impone modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la
providencia apelada, en el entendido de ordenar la liquidación de la pensión de
jubilación reconocida al señor Luis Henry Carrero Contreras, en los términos de la Ley
33 de 1985, teniendo en cuenta para la determinación del IBL el artículo 21 de la Ley
100 de 1993 y con la inclusión de los factores salariales devengados contemplados en
la Ley 62 de 1985 y el Decreto 1158 de 1994, para el período restante en el que este
entró en rigor.

2.4.2. Frente al segundo problema jurídico

A fin de resolver el segundo problema jurídico planteado, la Sala considera necesario
señalar que en los casos en los que el trabajador se retira del servicio por haber
alcanzado el tiempo requerido y solo con posterioridad alcanza la edad para acceder al
derecho pensional debe indexarse la primera mesada pensional por razones de
equidad. Así, corresponde al fondo pensional respectivo efectuar el reconocimiento de
la pérdida del valor adquisitivo de la moneda y, en ese orden, resulta adecuado que se
compense dicha pérdida con la aplicación de la fórmula de actualización (indexación),
al atender la naturaleza de tracto sucesivo de la prestación social.

Lo anterior, sobre la base que debe prevalecer el derecho a recibir una mesada
pensional que no resulte menguada por la depreciación del valor de la moneda y
teniendo en cuenta que el tiempo que se tardó el reconocimiento, implicó un menoscabo
en su ingreso.

Dicho de otra forma, las administradoras de pensiones deben garantizar a los
pensionados que no sufran los efectos negativos de la pérdida de valor adquisitivo de
su mesada, en tanto ello, además de no tener justificación, afecta su derecho a recibir
integralmente el ingreso.

Advierte la Sala que no existe en el ordenamiento colombiano norma alguna que,
además del reajuste anual de pensiones, disponga o regule la actualización de la base
salarial para el reconocimiento y pago de pensiones en aquellos casos en que el
derecho pensional se reconoce cuando ha transcurrido un tiempo considerable desde

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Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

su consolidación.34

Pues bien, de acuerdo a lo probado en el proceso, el 16 de agosto de 1995, el señor
Carrero Contreras se retiró del servicio y el 28 de septiembre de 2010, adquirió el
estatus jurídico pensional al cumplir 55 años de edad, pues los 20 años de servicio los
acreditó con anterioridad. Lo anterior quiere decir que entre la fecha en que cesó la
prestación del servicio y el momento en el cual cumplió 55 años de edad, transcurrieron
más de 15 años, por lo que el monto de su ingreso base de liquidación experimentó una
devaluación, lo que se tradujo en una evidente afectación al poder adquisitivo de su
mesada pensional, tal y como lo consideró el a quo.

Ahora, es pertinente señalar que «que la indexación del salario base para liquidar la
primera mesada es diferente al reajuste de la pensión, al que hace referencia el artículo
14 de la Ley 100 de 1993.»35

En consecuencia, la Sala halla la razón a quo, porque al ser la devaluación de la
moneda un hecho notorio que disminuyó el poder adquisitivo de la pensión del
demandante, la indexación de la primera mesada pensional es procedente, de
conformidad con los artículos 48 y 53 de la Constitución Política y con los principios de
equidad y justicia, como lo ordenó el a quo al ordenar la indexación de la primera
mesada pensional desde el 16 de agosto de 1995 (fecha de retiro del servicio) hasta el
28 de septiembre de 2010 (fecha de adquisición del estatus jurídico pensional); con
efectos fiscales desde el 19 de diciembre de 2013, por prescripción trienal.

3. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer

34 Véase, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de febrero de 2022, radicado

13001-23-33-000-2015-00574-01 (6608-2019) y 18 de agosto de 2022, radicado 25000 23 42 000 2013 00873
01 (4241-2021).
35 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, providencia del 31 de marzo de 2022, radicado 11001-

03-06-000-2021-00148-00.

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Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,36 en la
que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la medida de
su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o la temeridad de
las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n todo
caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está llamado
a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación jurídica de
sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer costas a
cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de
que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se apoyaron
en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses,
por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en segunda
instancia.

4. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos
fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la norma aplicable en torno a los factores salariales que integran el IBL,
comprendido por los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante
los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, esto es, entre el 16 de agosto
de 1985 y el 16 de agosto de 1995, es la Ley 62 de 1985 y el Decreto 1158 de 1994
para el período restante en el que este entró en rigor. Lo anterior, en razón a que el
actor consolidó el estatus jurídico pensional el 28 de septiembre de 2010, esto es, en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, su derecho se rige por las
disposiciones contenidas en esta.

36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-

2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

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Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

En consecuencia, se impone modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la
sentencia apelada, que ordenó liquidar la pensión de jubilación reconocida al actor
teniendo en cuenta los factores salariales señalados en el Acuerdo 12 de 1986,
modificado por el Acuerdo 109 de 1991.

Finalmente, la Sala comparte que el demandante es beneficiario del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de modo que tiene derecho a que se
le respeten las condiciones de edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto
regulados en la norma pensional aplicable con anterioridad a esta, como lo ordenó el a
quo. Se confirma en lo demás la sentencia apelada. Sin condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida
el 1.° de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
en el proceso promovido por el señor Luis Henry Carreto Contreras, contra la
Universidad Nacional, Fondo Pensional, en el sentido de condenar a la entidad
demandada a reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor del actor, a partir del
28 de septiembre de 2010, con efectos fiscales desde el 19 de diciembre de 2013, por
prescripción trienal, en un equivalente al 75 % del promedio de salarios o rentas sobre
los cuales cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la prestación, en
los términos de los artículos 1° de la Ley 33 de 1985 y 21 de la Ley 100 de 1993, con
la inclusión de los factores salariales devengados en ese período contemplados en el
artículo 1.° de la Ley 62 de 1985 y el Decreto 1158 de 1994, por los motivos expuestos
en la parte considerativa de esta providencia.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 1.° de marzo de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.

Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.

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Demandante: Luis Henry Carrero Contreras

Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y
háganse las anotaciones pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

SBZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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