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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-00208-02

Fecha
27 de julio de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-00208-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia apelada del 11 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por el señor Héctor Horacio Hernández Amézquita en contra del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, FONPRECON de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo. Sin condena en costas. 27 Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22) Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las respectivas anotaciones en el portal Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-00208-02

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

27 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2017 00208 02 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita
Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

Temas: Reliquidación pensional. Por tope pensional en cumplimiento de
la sentencia de la Corte Constitucional C-258 de 2013 y de
sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de primera instancia del 11 de marzo de 2022 dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por medio de la
cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del CPACA Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, el señor Héctor Horacio Hernández Amézquita
formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a
que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por el
Fondo de Previsión Social del Congreso de la República: a) Resolución No. 0581
del 17 de septiembre de 2015 en cuanto determinó reliquidar la pensión del
accionante con base en el 50% del promedio de las pensiones a que tendrían
derecho los congresistas en el año 2015; b) Comunicación del 10 de noviembre de
2015 en cuanto denegó la «impugnación» presentada contra el acto anterior; y c)
Comunicación del 30 de noviembre de 2015 que ratificó lo decidido en el acto
anterior.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las decisiones anteriores, a
título de restablecimiento del derecho solicitó: i) se ordene pagarle al demandante
a partir del 25 de mayo de 2015, una mesada de $16.108750 (equivalente a 25
SMLMV) o lo que resulte probado con los reajustes legales a que hubiere lugar; ii)
que se le reconozca el retroactivo, a partir del 25 de mayo de 2015, hasta cuando
el pago se efectúe, correspondiente a la diferencia entre los $16.108.750
(equivalentes a 25 SMLMV) y lo que efectivamente se le reconoció, es decir, la suma
de $10.550.576 mensuales, según lo que resulte probado, con los reajustes legales
correspondientes; c) que la suma correspondiente a las mesadas sea actualizada y
cancelada con sus respectivos intereses moratorios, teniendo en cuenta «los
artículos del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. (sic)»; y como petición subsidiaria a las pretensiones i) y ii) que, en
virtud de las nulidades solicitadas, se ordene pagarle al demandante lo
correspondiente a la diferencia entre lo que venía percibiendo como pensión en

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

junio de 2013 y la reducción que se le hizo en julio de ese año, es decir, la suma de
$4.800.709, hasta el 17 de septiembre de 2015, cantidad que debe ser actualizada
con los aumentos legales correspondientes y los intereses moratorios.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

i) Mediante Resoluciones No. 1571 de 1995 y 0237 de 1996, se reconoció al
demandante sobre su pensión, el reajuste especial establecido en la Ley 4ª de 1992
en el equivalente al 75% de lo devengado por un congresista en ejercicio.

ii) FONPRECON inició en su contra acción de lesividad con la finalidad de lograr
que el reajuste de su pensión fuera solamente del 50% del ingreso mensual
promedio de lo que devengaba un congresista para el año 1994.

iii) El 8 de noviembre de 2011 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F en descongestión profirió sentencia que declaró la
nulidad de los actos demandados en la acción de lesividad y accedió a las
pretensiones de la demanda. La decisión fue apelada y el conocimiento lo asumió
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

iv) En el mes de julio de 2013 FONPRECON determinó unilateralmente reducir
de forma inmediata la mesada pensional del demandante en el monto equivalente
a 25 SMLMV en cumplimiento de la sentencia C-258 de 2013, y omitió solicitarle,
como correspondía, al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, la no
continuidad de la acción de lesividad que había iniciado.

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

v) El accionante recibía en el mes de junio de 2013 por concepto pensional una
mesada equivalente a $20.909.459 y fue reducida en el mes de julio de ese año a
$16.108.750.

vi) El 10 de julio de 2014, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A confirmó la decisión anterior.

vii) El 17 de septiembre de 2015, mediante la Resolución No. 0581
FONPRECON dio cumplimiento a la sentencia anterior y, para el efecto, reliquidó la
pensión de jubilación con base en el 50% del promedio de las pensiones a que
tendrían derecho los congresistas en el año 1994 y fijó el monto pensional en la
suma de $10.550.576.

viii) El 10 de noviembre de 2015 se contestó adversamente el derecho de petición
que formuló el actor fundado en que se redujo dos veces la mesada pensional,
decisión que fue confirmada al resolver la impugnación a través de comunicación
datada el 30 de noviembre de 2015.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

En el escrito de demanda se invocaron como violados el artículos 48 del Acto
Legislativo 1 de 2005 en cuanto establece los derechos adquiridos en materia
pensional y prohíbe la reducción de las mesadas; los artículos 4, 29, 53, 58, 83 y
366 de la carta política; la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus
artículos 7 y 12, que sirve de fundamento al Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales aplicable en Colombia en virtud de la Ley 74 de 1968; el
Protocolo de San Salvador que ordena la progresividad presupuestal y la
destinación hasta el máximo de los recursos disponibles para los derechos sociales

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

aprobado por la Ley 319 de 1996 y la sentencia C-251 de 1997. En desarrollo del
concepto de la violación, la parte demandante expuso los siguientes argumentos:

i) FONPRECON consideró equivocadamente que era factible efectuar dos
reducciones sobre la pensión del accionante y, por ende, con esa decisión violó el
artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005 porque ocurre que en la acción de lesividad
que se instauró no se indicó que hubiere ocurrido fraude a la ley o abuso del derecho
sino se reconoció que el accionante obró de buena fe.

ii) Al efectuar la disminución de la mesada a 25 SMMLV con base en la
sentencia C-258 de 2013 desde el 1º de julio de 2013, la entidad accionada debió
informar de esta circunstancia al Consejo de Estado y como no lo hizo, la mentada
sentencia proferida por esa corporación quedó sin piso jurídico.

iii) Los actos impugnados vulneran el principio de favorabilidad por cuanto
FONPRECON debió aplicar la reducción menos perjudicial para el accionante y,
además, incurren en vía de hecho por cuanto no tuvieron en cuenta los derechos
adquiridos y el principio de buena fe que la propia entidad accionada reconoce que
ocurrió.

iv) Además, vulneran el debido proceso en su contenido real de acceso a la
administración de justicia y el principio non bis in ídem, en tanto que el hecho jurídico
que «estaba en juego» en la acción de lesividad era el monto de la pensión de
jubilación y el objeto de la determinación unilateral de FONPRECON de reducirla a
25 SMLMV también recayó sobre esa prestación, luego no podía ser juzgado dos
veces por el mismo hecho.

1.2. Contestación de la demanda

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

La parte demandada allegó memorial de contestación visible en los folios 115 a 128
en el cual propuso las excepciones de inepta demanda por demandarse un acto no
susceptible de control jurisdiccional, es decir, la Resolución No. 581 de 2015 y cosa
juzgada respecto del monto de la pensión en tanto que la sentencia del Consejo de
Estado del 10 de julio de 2014 puso fin a la controversia relativa al quantum de la
mesada pensional del accionante.

Igualmente, señaló en defensa de la legalidad de los actos acusados, los siguientes
aspectos:

i) Con anterioridad a la sentencia C-258 de 2013 FONPRECON instauró la
acción de lesividad en contra de los actos que reajustaron la pensión del afiliado en
cuantía superior a la ordenada por el Decreto 1359 de 1993.

ii) Para el 1 de julio de 2013 al no haberse proferido fallo de segunda instancia
dentro de la mentada acción y, comoquiera que la mesada pensional del accionante
superaba el tope de los 25 SMMLV con fundamento en unos actos administrativos
ilegales, se efectuó el ajuste automático ordenado en la sentencia C-258 de 2013
que impartió una orden clara y de obligatorio cumplimiento.

iii) No es aceptable confundir la aplicación del ajuste automático en la mesada
pensional la cual es una orden que impacta la totalidad de las mesadas pensionales,
con la decisión impartida por la jurisdicción de lo contencioso - administrativo que
dispuso reducir el monto por base en el porcentaje equivalente al 50% del promedio
de las pensiones a que tenían derecho los congresistas en el año 1994.

1.3. La sentencia apelada

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

En sentencia del 11 de marzo de 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, negó las pretensiones de la demanda interpuesta
por el señor Héctor Horacio Hernández Amézquita, de acuerdo con las siguientes
consideraciones:1

i) El juzgamiento no puede recaer sobre la Resolución No. 0581 del 17 de
septiembre de 2015 toda vez que en la audiencia inicial celebrada el 19 de junio de
20182 se determinó que era un acto de ejecución no susceptible de control de
legalidad, y el Consejo de Estado en decisión del 16 de abril de 2020 3confirmó esa
decisión.

ii) Era obligación de FONPRECON limitar la prestación social a 25 SMLMV en
atención al Acto Legislativo 1º de 2005 y la sentencia C-258 de 2013; por tanto, no
le asiste razón al demandante cuando afirma que al haber adquirido el estatus
jurídico de pensionado con antelación a la expedición de la Ley 4ª de 1992 no le era
aplicable ese tope, ya que la Corte Constitucional, en dicha providencia y, con la
finalidad de implementar el referido límite constitucional, estableció que ninguna
mesada pensional con cargo a recursos de naturaleza pública, podría superar dicho
monto a partir del 1º de julio de 2013.

iii) Contrario a lo manifestado por el demandante su mesada pensional no ha
sido sometida a dos reajustes incompatibles entre sí, comoquiera que una vez
declarada la nulidad de las resoluciones que ordenaron de forma errónea el reajuste
pensional, mediante sentencia del 8 de noviembre de 2011 proferida por el Tribunal

1 Folios 188 a 195
2 Folios 147 a 153. En dicha audiencia se declaró no probada la excepción de cosa juzgada, decisión

que no fue apelada.
3 Folios 170 a 175

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, se dispuso la
reliquidación en el 50% del ingreso mensual promedio que devengaba un
congresista para la época, es decir, para el año 1994, decisión que hizo tránsito a
cosa juzgada.

1.4. El recurso de apelación

Como consecuencia de la sentencia de primera instancia, el señor Héctor Horacio
Hernández Amézquita por medio de apoderado judicial, interpuso recurso de
apelación a través de memorial visible en los folios 203 a 210 del expediente y
expuso las razones que pasan a explicarse:

i) Antes de que se decidiera la segunda instancia del proceso de acción de lesividad
instaurado contra los actos administrativos que reconocieron la mesada pensional
en el equivalente al 75% del promedio de lo devengado por un congresista para el
año 1994, se determinó unilateralmente una reducción inmediata de la mesada
pensional del demandante para dejarla en un tope de 25 SMMLV cuando lo que
correspondía era informar inmediatamente al Consejo de Estado sobre la no
continuidad de la acción de lesividad.

ii) Con ese proceder, la entidad accionada no brindó a una persona de la tercera
edad, como es la condición del demandante, el derecho a la seguridad social y el
principio de favorabilidad por cuanto al disminuirle dos veces su mesada pensional
ello implicó aplicarle una restricción no permitida a la luz del artículo 93 de la carta
política, concretamente por cuanto la Convención Interamericana para la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y el Protocolo de San Salvador
ordenan la progresividad presupuestal y la destinación hasta el máximo de los

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

recursos disponibles para los derechos sociales, entre ellos, la seguridad social.

iii) FONPRECON estaba en la obligación de desistir de la demanda de lesividad que
había presentado y al no hacerlo abusó del derecho por cuanto ya había aplicado
el ajuste automático ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de
2013 y, en consecuencia, no era dable imponer en contra del accionante dos
decisiones que afectaban el mismo objeto (la mesada pensional) dado que ello se
traduce en la violación del derecho a la dignidad humana y el libre desarrollo de la
personalidad.

1.5. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer la legalidad de los oficios del 10 y 30 de noviembre de
2015 expedidos por el director general del Fondo de Previsión Social del Congreso de
la República en cuanto decidieron que era viable jurídicamente aplicar sobre la
pensión de jubilación reconocida al accionante, en primer lugar, la reducción al tope
de 25 SMMLV y, en segundo lugar, la reliquidación en cumplimiento de la sentencia
del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A del 10 de julio de 2014
teniendo en cuenta el reajuste especial previsto en el artículo 17 del Decreto 1359 de
1993, modificado por el artículo 7º del Decreto 1293 de 1993, sólo en un porcentaje

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

equivalente al 50% del ingreso mensual promedio que devengaba un congresista para
el año 1994.

2.2. Marco Normativo

2.2.1. Sobre los topes pensionales

El artículo 2 de la Ley 4 de 19764 dispuso que las pensiones de jubilación, invalidez,
vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus
órdenes, y en el sector privado, «no podrán ser inferiores al salario mínimo mensual
más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario».

Posteriormente, el artículo 2 de la Ley 71 de 1988 preceptuó que ninguna pensión
podría exceder de 15 veces el salario mínimo legal mensual.5A su vez, el artículo
18 de la Ley 100 de 1993 limitó la base de cotización a 20 SMLVM. Esta disposición
fue modificada por la Ley 797 de 2003 que aumentó dicha suma a 25 SMLVM.

Igualmente, el Acto Legislativo 1 de 2005 acogió el anterior criterio y dispuso que
«a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a
veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos
de naturaleza pública».

En relación con la existencia de topes pensionales, la Corte Constitucional ha
concluido lo siguiente:6

4 Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y

privado y se dictan otras disposiciones
5 Dicha previsión también se reiteró en el artículo 3 del Decreto 1160 de 1989.
6 Sentencia C-155 de 1997.

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

[…] el legislador puede, por razones de política legislativa, señalar cuáles son los
límites máximos y mínimos que deben implantarse para que las reservas de dinero
destinadas al pago de las pensiones, tanto en el sector público como en el privado,
no pierdan por un lado su capacidad adquisitiva, pero por otro garanticen y protejan
los recursos existentes para el pago de las pensiones (C.P. art. 48 y 53). La Corte
considera que, dentro de ciertos límites, el legislador tiene libertad para determinar el
monto y los alcances de los recursos a fin de lograr el mejor uso de los mismos, en
un sistema solidario de seguridad social; es perfectamente legítimo que, la ley
conceda un límite mínimo o máximo al monto de la pensión, si con ello se pretende
administrar recursos limitados […].

[…] al establecer unos topes máximos a la mesada pensional, el legislador protege
los recursos existentes para el pago de las pensiones, a fin de asignarlos
preferencialmente a aquellos que se encuentran en una escala económica inferior.
[…].

De acuerdo con el anterior criterio, el legislador se encuentra facultado para
establecer la figura de los topes pensionales como una medida idónea, proporcional
y razonable en aras de garantizar la cobertura universal del sistema de seguridad
social en pensiones.

En cuanto a los regímenes especiales, la Corte Constitucional7 ha precisado que
también les son aplicables las normas generales que fijan los topes pensionales,
siempre y cuando establezcan un límite superior al previsto por la normativa
especial.

Igualmente, es inaceptable predicar la ausencia de topes para los beneficiarios de
leyes especiales, es decir, que no podría admitirse la «existencia de un grupo de
pensionados privilegiados, excluidos de los límites máximos que la ley ha previsto
para el reconocimiento y valor de las pensiones».8

7 Sentencia C-089 de 1997.
8 Sentencia C-089 de 1997.

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

El anterior criterio fue reiterado en la Sentencia C-258 de 2013, en los siguientes
términos:

Esa preocupación por fijar límites a los subsidios que el Estado destina al pago de las
más altas pensiones por medio del establecimiento de topes, existía además desde
antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, e incluso con anterioridad a
la promulgación de la Ley 100 de 1993. Como se indicó en apartes anteriores, desde
la Ley 4 de 1976, el Legislador ha sometido a topes mínimos y máximos el valor que
una persona puede recibir por razón de su pensión; así, esa normativa estableció un
valor máximo de 22 smmlv. Posteriormente, la Ley 71 de 1988 disminuyó el tope a 15
smmlv y la Ley 100 de 1993 lo elevó, en su artículo 18, a 20 smmlv para los afiliados
al régimen de prima media. Más recientemente, el artículo 5 de la Ley 797 de 2003
elevó el tope a 25 smmlv; ese mismo criterio fue luego acogido por el Acto Legislativo
01 de 2005.

En concordancia con la anterior preocupación y para el caso específico de los
regímenes especiales de pensiones, en las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de
1997, esta Corporación también sostuvo que en caso de que las normas especiales
de tales regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las mesadas,
debía aplicarse el tope señalado en las reglas generales, específicamente en la
Ley 100 y las disposiciones que la modifican en lo pertinente.

Por las anteriores razones la Sala no puede mantener en el ordenamiento la regla de
la ausencia de topes en el régimen de pensiones materia de análisis. Hacerlo, como
en el caso de los anteriores elementos del régimen, (i) vulneraría el principio de
igualdad en tanto conduce a la transferencia de subsidios públicos excesivos a un
grupo de personas que no sólo no están en condición de vulnerabilidad o debilidad,
sino que, por el contrario, por regla general pertenecen a un sector privilegiado de la
población; y (ii) avalaría la continuidad de un sacrificio desproporcionado de los
principios y finalidades de la seguridad social. (Resalta la Sala).

Así las cosas, con la aplicación de los topes pensionales a todas la pensiones,
ordinarias o especiales, se protege el financiamiento del sistema pensional. En
efecto, desde la Ley 4 de 1976, todas las pensiones de los funcionarios públicos
han estado sujetas a límites en su cuantía, toda vez que dicha medida garantiza la
distribución equitativa de los recursos limitados en seguridad social y materializa los
principios de solidaridad, eficiencia, equidad, universalidad y sostenibilidad fiscal.

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

2.2.2 Sobre la sentencia C-258 del 2013 que implicó la limitación de la pensión
del accionante al tope de 25 SMMLV

El artículo 241 de la Constitución Política de 1991 encomendó a la Corte
Constitucional la función de guardar su integridad y supremacía. La mencionada
corporación en las Sentencias C-131 de 1996 y C-037 de 1996 analizó el alcance
de las sentencias de constitucionalidad y concluyó lo siguiente:

i) Tienen efectos erga omnes, es decir, para todos y no solo para quienes
comparecen como partes.

ii) Por regla general, son vinculantes para la universalidad de casos futuros.

iii) Hacen tránsito a cosa juzgada explícita e implícita. La primera se predica de la
parte resolutiva de las sentencias y la segunda de aquellos «conceptos de la parte
motiva que guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal
forma que no se pueda entender éste sin la alusión a aquéllos».

iv) Los operadores jurídicos están obligados por el efecto de la cosa juzgada
material9 de las sentencias de la Corte Constitucional, por ende, «todas las
autoridades públicas en Colombia, incluidas las autoridades administrativas y
judiciales, deben acatar lo decidido por la Corte en sus fallos de control de
constitucionalidad».10

Ahora bien, la Sentencia C-258 de 2013 analizó la exequibilidad del artículo 17 de
la Ley 4ª de 1992, que estableció el régimen especial de pensiones para los
congresistas y demás cargos homologados.

9 Las sentencias C-543 de 1992 y C-532 de 2013 han precisado que la cosa juzgada es formal

cuando existe una decisión previa de constitucionalidad sobre idéntica norma demandada, mientras
que la material opera cuando el juicio de constitucionalidad recae respecto de una disposición que
tiene igual contenido normativo de otra que fue examinada en anterior oportunidad.
10 Sentencia C-539 de 2011, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

En lo que respecta al objeto de controversia en el sub lite, la aludida providencia
precisó que desde la Ley 4ª de 1976 todas las pensiones de los funcionarios
públicos han estado sujetas a límites en su cuantía, toda vez que dicha medida
garantiza la distribución equitativa de los recursos limitados en seguridad social y
materializa los principios de solidaridad, eficiencia, universalidad y sostenibilidad
fiscal.

De manera especial, la alta corporación reivindicó el mandato constitucional
previsto en el Acto Legislativo 1 de 2005 en tanto dispuso que, a partir del 31 de
julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a los 25 SMLMV.

Igualmente, se precisó que dicho límite incorporó un componente de subsidio a las
pensiones de las personas de más bajos ingresos, con lo cual se amplió la
cobertura del sistema.

A su vez, la Corte Constitucional refirió que el mencionado mandato buscó
«establecer topes para todas las mesadas pensionales con cargo a recursos de
naturaleza pública, con el propósito de limitar y reducir los subsidios que el Estado
destina a la financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas originadas en
los regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100
de 1993».

Bajo este hilo argumentativo, la Sentencia C-258 de 2013, en su parte motiva,
estableció que, a partir del 1 de julio de 2013 y sin necesidad de reliquidación,
ninguna mesada pensional, con cargo a recursos de naturaleza pública, podrá
superar el tope de los 25 SMLMV, por ende, «todas las mesadas pensionales deberán
ser reajustadas automáticamente a este tope por la autoridad administrativa».

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

En cuanto a la materialización de la anterior orden judicial, resulta relevante citar la
Sentencia SU-579 de 2019, en la cual se acumularon diversas acciones de tutela
en las cuales los accionantes sostenían que para aplicar el mencionado límite los
fondos de pensiones debían surtir previamente una actuación garante del derecho
de audiencia y defensa de los afectados; sin embargo, la Corte Constitucional se
apartó de dicho entendimiento por las siguientes razones:

i) La Sentencia C-258 de 2013 es fundadora de línea en cuanto a la orden impartida
a todas las entidades que administran el régimen pensional financiado con recursos
públicos de reajustar de manera automática las mesadas que superaran los 25
SMLMV. Esta tesis se ha seguido consolidando, entre otras, a través de las
sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015 y SU-210 de 2017.

ii) El ajuste debe operar de manera automática y sin que sea necesario iniciar un
proceso de reliquidación, pues se trata de un mandato constitucional de obligatorio
cumplimiento. En torno a esta conclusión, se destacan los siguientes argumentos
esgrimidos en la sentencia T-615 de 2015:

En consecuencia, la exigencia de un procedimiento administrativo iniciado por la
entidad para dar cumplimiento a las órdenes contenidas en el artículo 48 superior
y en la Sentencia C-258 de 2013 resulta desproporcionada y contraria a los fines
de la mencionada providencia, por cuanto ello permitiría que se siguieran
reconociendo pensiones por fuera de los límites constitucionales y legales hasta
que finalizaran los respectivos procedimientos, con lo que se afectarían
significativamente los principios de sostenibilidad financiera, universalidad,
solidaridad e igualdad.

No puede perderse de vista que la orden de reajustar automáticamente las
pensiones a partir del 1º de julio de 2013, tuvo la finalidad de imponer un límite a
las excesivas subvenciones que el sistema pensional estaba realizando a favor de
poblaciones privilegiadas. De esta manera, la iniciación de procedimientos por
fuera de este límite temporal deviene en la permanente vulneración de los
principios de sostenibilidad fiscal e igualdad que fueron protegidos por la Corte

15

Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

Constitucional en la mencionada providencia, después de verificar su recurrente
vulneración por parte de las autoridades administrativas encargadas de realizar el
reconocimiento y pago de las mesadas pensionales.

Por lo tanto, la exigencia de adelantar procedimientos administrativos pondría en
entredicho el principio de supremacía de la Constitución, consagrado en el artículo
4º de la Carta Política, y por ende, el contenido de la misma. […].

iii) La orden adoptada en la Sentencia C-258 de 2013 también se aplica a las
pensiones reconocidas con anterioridad a su expedición, toda vez que los topes en
las mesadas pensionales fueron previstos en el ordenamiento en las leyes 4ª de
1976, 71 de 1988, 100 de 1993 y 797 de 2003.

iv) Los actos administrativos mediante los cuales los fondos de pensiones
comunicaron a los pensionados el ajuste de sus prestaciones al monto de 25 SMLMV
tienen el carácter de actos de ejecución de una providencia judicial, «en los cuales
las autoridades administrativas se limitaron a dar cumplimiento a la Sentencia C-
258 de 2013». En tal sentido, se reiteró el siguiente criterio:

Así las cosas, deviene importante aclarar que de conformidad con la línea
jurisprudencial sostenida por el Consejo de Estado, todos aquellos actos
administrativos encaminados a materializar el cumplimiento de una orden
judicial no están sometidos a control de legalidad ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, ni a ningún tipo de acción judicial ordinaria, pues de
permitirse, se desconocería el principio de cosa juzgada.

Por tanto, si los jueces contenciosos aceptaran una acción de nulidad en contra
de un acto de ejecución, la determinación a adoptar por parte del operador
judicial no podría ser otra que la repetición de lo que se ordenó en la sentencia
judicial que se acoge. […]

Otro argumento, para inadmitir dicha posibilidad se contrae a la necesidad de
evitar que con tal discurrir se genere la iniciación interminable de acciones
judiciales encaminadas a controvertir los actos de ejecución, lo que contribuiría
a la congestión judicial y socavaría, además del principio de cosa juzgada, el de
seguridad jurídica.

16

Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

Bajo el anterior lineamiento, las decisiones y actuaciones que adelantó el Fondo de
Previsión del Congreso para materializar el ajuste pensional ordenado por la
Sentencia C-258 de 2013, corresponden a actos de ejecución de una providencia
amparada por la figura de la cosa juzgada, por ende, no son susceptibles de
recursos ante la administración ni son controlables ante la jurisdicción, en tanto no
modificaron, crearon o extinguieron situación jurídica alguna.

2.2.3. Sobre la reliquidación de la pensión del demandante en el 50% de lo
devengando por un congresista con efectos fiscales a partir del 1 de enero de
1994

El Fondo de Prestaciones del Congreso de la República acudió a la acción de
lesividad en contra del accionante cuyo conocimiento correspondió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en
descongestión.

Mediante sentencia del 8 de noviembre de 2011 esa corporación judicial declaró la
nulidad de las Resoluciones No. 1571 del 30 de diciembre de 1994, 237 del 29 de
febrero de 1996 y 1626 del 30 de diciembre de 1996 a través de las cuales se
reconoció el reajuste especial en el 75% del ingreso mensual promedio que
devengaba un congresista y, en consecuencia, a título de restablecimiento del
derecho, ordenó que el señor Héctor Horacio Hernández Amézquita tiene derecho
al reconocimiento y pago del mentado reajuste sólo en el equivalente al 50% del
ingreso mensual promedio que devengaba un congresista para el año 1994.11

11 En el artículo tercero, se señaló que no se ordena el reintegro al Fondo de Previsión Social del

Congreso de la República de los valores pagados en exceso, de conformidad con el artículo 136
numeral 2 del C.C.A. (folios 14 a 35 del cuaderno de antecedentes).

17

Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

El Consejo de Estado mediante sentencia del 10 de julio de 2014, decidió el recurso
de apelación, confirmó la sentencia del a quo y, adujo en sustento que el señor
Héctor Horacio Hernández Amézquita fue pensionado por FONPRECON mediante
Resolución No. 501 de 1991 habida cuenta que prestó sus servicios al Estado en
calidad de senador de la República en el segundo semestre del año 1990.

Por lo anterior, se expresó en el fallo citado, que al obtener el reconocimiento de su
pensión de jubilación antes del 18 de mayo de 1992, fecha en que entró en vigor la
Ley 4ª de 1992, le asiste el derecho al reajuste especial de la mesada pensional,
por una sola vez, de tal manera que su pensión alcance un valor equivalente al 50%
de la pensión que devengaba un congresista para el año 1994 y no en el porcentaje
del 75% como se decretó por FONPRECON.

Señaló que aunque es cierto que el Fondo ha venido cancelando al pensionado
sumas que no le corresponden, la Sala avala la disposición del a quo, que negó el
reintegro de los pagos efectuados porque según lo dispuesto por el artículo 83 de
la carta política, se presume la buena fe en la actuación de los particulares,
comoquiera que al interior del proceso no obra prueba en contrario que desvirtúe
dicha presunción, que opera a favor del acusado.

Precisó que el derecho pensional del accionante, que es de naturaleza adquirido,
no se afecta con la decisión del Tribunal porque los actos acusados por
FONPRECON solo fueron los referidos al reajuste especial, los cuales reconocieron
dicho concepto en el 75% del ingreso mensual promedio de lo devengado por un
congresista con efectos fiscales a partir del 1 de enero de 1994 cuando legalmente
ha debido ser en el 50% desde el año 1994 y sin derecho a la causación de intereses
moratorios.

18

Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

2.3. Hechos probados

2.3.1. El 26 de agosto de 1991, mediante la Resolución No. 1501 FONPRECON
reconoció al actor una pensión de jubilación en cuantía de $442.322,89 efectiva a
partir de marzo de 1991.12

2.3.2. El 29 de diciembre de 1994 con la Resolución No. 1571 FONPRECON
efectuó el reajuste especial en la prestación pensional del señor Héctor Horacio
Hernández Amézquita, en el 75% del ingreso mensual promedio que devengaba
para ese año un congresista y, por ello, le fue reliquidada la pensión la cual alcanzó
el monto de $3.231.726.13

2.3.3. El 29 de febrero de 1996, a través de la Resolución No. 237 FONPRECON
efectuó el reajuste especial de los Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994 en
cumplimiento de la sentencia T-463 de 1995 de la Corte Constitucional, en cuanto
estableció que este debía reconocerse y pagarse desde el 1 de enero de 1992 y, en
ese orden, la mesada pensional del accionante se fijó en la suma de
$2.178.278,53.14

2.3.4. El 8 de noviembre de 2011 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, en Descongestión, decidió la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho que había instaurado FONPRECON, dispuso la nulidad

12 Folios 37 a 40 cuaderno de antecedentes
13 Folios 70 a 74 ibidem
14 Folios 81 a 84 ibidem

19

Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

de los actos acusados15 y ordenó, que el reajuste especial establecido en el artículo
17 del Decreto 1359 de 1993 modificado por el artículo 7 del Decreto 1293 de 1993
no correspondía al 75% del ingreso mensual promedio que devengaba un congresista
para el año 1994 sino al 50% por ese concepto.16

2.3.5. El 1º de julio de 2013 se aplicó sobre el monto pensional que venía
percibiendo el accionante el tope equivalente a 25 SMMLV con fundamento en la
sentencia de la Corte Constitucional C-258 de 2013.17

2.3.6. El 10 de julio de 2014 el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
confirmó la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2011 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F. 18

2.3.7. El 17 de septiembre de 2015 se expide la Resolución No. 0581 mediante la cual
el director general del FONPRECON da cumplimiento a las órdenes impartidas por la
jurisdicción de lo contencioso - administrativo y, en consecuencia, resuelve reliquidar
la pensión de jubilación reconocida al señor Héctor Horacio Hernández Amézquita
teniendo en cuenta para el cálculo lo previsto en el artículo 17 del Decreto 1359 de
1993, es decir, con base en el 50% del promedio de las pensiones a que tendrían
derecho los congresistas en el año 1994, quedando establecido el valor de la mesada
pensional para el año 2015 en la suma de $10.550.576. 19

2.3.8. El 10 de noviembre de 2015 se da respuesta al derecho de petición formulado
por el actor en la cual se indicó que FONPRECON no debió aplicar el ajuste

15 Resoluciones Nos. 1571 del 30 de diciembre de 1994, 237 del 29 de febrero de 19976 y 1626 del

30 de diciembre de 1996 proferidas por el director general del Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República. Folios 14 a 35 del cuaderno principal.
16 Folios 14 a 35 del cuaderno principal.
17 Folio 12 del cuaderno principal.
18 Folios 347 a 362 del cuaderno de antecedentes
19 Folios 2 a 7 cuaderno principal

20

Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

automático para dejar el monto pensional en el tope de 25 SMLMV sino únicamente
hasta que se hubiere expedido el fallo definitivo dentro de la acción de lesividad que
instauró contra los actos que habían reconocido el reajuste pensional en el monto
equivalente al 75% de lo que devengaba un congresista para el año 1994.

En la referida comunicación, radicada con el No. 201552000109311 se expusieron
por el director general los siguientes aspectos:

«De otro lado, en cuanto a las afirmaciones según las cuales Fonprecon no debió
aplicar el Ajuste autómatico al tope de 25 smlv hasta que existiese fallo definitivo
dentro del proceso de acción de lesividad, se considera:

En primer lugar, el numeral tercero sub numeral cuarto de la Sentencia C-258 de
2013, establece de manera general y sin excepción el alcance del ajuste automático
al señalar:

(iv) Las mesadas correspondientes a pensiones reconocidas de conformidad con
este régimen especial, no podrán superar los veinticinco (25) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, a partir del 1º de julio de 2013».

No es aceptable confundir la aplicación del ajuste automático en la mesada pensional
con las demás medidas a adoptar en virtud de la aplicación de la sentencia C-258 de
2013, por lo cual lo primero que se debe señalar es que la limitación al tope de 25
smlv es una orden que impacta la totalidad de las mesadas pensionales reconocidas
al amparo del Régimen Especial de pensiones contemplado en artículo 17 de la Ley
4 de 1992.

Y es que no tiene sentido afirmar que el ajuste al tope de 25 smmlv operaba de
manera automática para las pensiones amparadas por la legítima confianza y la
buena fe y, en el caso de las pensiones reconocidas mediante equiparación, no.

(…)

La Reliquidación por debajo de 25 smlv en efecto se realizó pero previa orden judicial
dictada dentro del proceso de acción de lesividad, iniciado con anterioridad a la
Sentencia C-258 de 2013.

(…)

21

Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

De acuerdo con lo expuesto, el ajuste automático y el reajuste ordenado por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo son acciones autónomas no
excluyentes, en consecuencia Fonprecon se encontraba facultado para aplicar el
ajuste al tope de 25 smlv a partir del 1 de julio de 2013.

De otro lado es preciso señalar que la Sentencia C-258 de 2013 no fijo un monto
mínimo de pensión sino un monto máximo o tope de smlv, en tal sentido resulta errado
afirmar que la Entidad deba continuar pagando la mesada en cuantía de 25 smlv como
supuesta consecuencia del acto propio cuando el monto de la mesada pensional hizo
tránsito a Cosa Juzgada»20

2.3.9. El 30 de noviembre de 2015 se dio respuesta al derecho de petición mediante
el cual se «impugnó» el acto anterior con base en las siguientes inconformidades:
a) en la demanda de lesividad que formuló FONPRECON no se dijo que se incurrió
en abuso del derecho o fraude a la ley; b) la expresión «ajuste al tope» no aparece
en ninguna disposición y la sentencia C-258 de 2013 incurrió en antinomias y c) el
acto administrativo impugnado vulnera el artículo 29 de la carta política por cuanto
la autonomía de las medidas ordenadas por la Corte Constitucional significa que fue
juzgado dos veces por el mismo hecho.

En el contenido de la respuesta, radicada con el No. 20152000115311 el director
general de FONPRECON, señaló los siguientes aspectos:

«ANALISIS DE LA PETICION

En primer lugar se precisa que la petición del señor HERNANDEZ AMEZQUITA si
implica el desconocimiento de la Sentencia proferida por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo que ordenó la reducción de su pensión.

Lo anterior teniendo en cuenta que se pretende que el monto de la pensión sea
equivalente a 25 SMLV, mientras que en virtud de la Sentencia del 8 de noviembre
de 2011 confirmada el 10 de julio de 2014 ordenó la reducción de la pensión en una
cuantía inferior a dicha suma, en consecuencia si el Fondo de Previsión Social del

20 Folios 8 a 10 del cuaderno principal

22

Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

Congreso de la República fijase un monto diferente estaría desconociendo
expresamente la orden judicial.

Valga la pena señalar que el tope de 25 smlv fijado por la Sentencia C-258 de 2013
bajo ninguna circunstancia puede considerarse como una orden para elevar a dicho
monto las prestaciones, pues se fijó como tope o monto máximo pero no como un
monto mínimo, por lo cual resulta improcedente acceder a lo pedido.

El caso concreto conforme a los condicionamientos establecidos por la Honorable
Corte Constitucional en la sentencia C-250 de 2013 se considera una pensión
reliquidada sin abuso del derecho ni fraude a la Ley, pero de ella no se predica un
completo cumplimiento de los requisitos para hacerse acreedor al régimen pensional
especial (…)

Respecto del argumento según el cual la pensión no fue reconocida con base en la
Ley 4 de 1992, lejos de servir como fundamento para reformar la decisión adoptada,
esta situación evidencia claramente la aplicabilidad de la sentencia C-258 de 2013,
como se procede a explicar:

Para el 1 de julio de 2013 la pensión de jubilación del señor HERNANDEZ
AMEZQUITA seguía gobernada por los actos administrativos que reconocieron el
reajuste especial por equiparación de forma ilegal, en tal sentido Fonprecon se
encontraba facultado y obligado por la Sentencia C.258 de 2013 a aplicar el ajuste
automático al tope de 25 smlv SIN PERJUICIO de la orden que se profiriera dentro
del proceso ordinario en que se tramitó la acción de lesividad.

(…)

Finalmente no es cierto que se haya presentado un doble juzgamiento, precisamente
por la autonomía de las medidas adoptadas y máxime si se tiene en cuenta que la
acción de lesividad fue instaurada de manera previa a la Sentencia C-258 de 2013.
».21

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

Conforme a lo expuesto en acápites precedentes, y en consonancia con los
documentos aportados al plenario, la Sala concluye que FONPRECON no estaba
en el deber de «informar» al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,

21 Folios 11 a 13

23

Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

que como sobre la pensión del accionante iba a aplicar el tope de 25 SMMLV
«desistía» de la demanda que instauró en la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho contra los actos que reconocieron al demandante la reliquidación de la
pensión con base en el 75% de lo devengado por los congresistas para el año 1994.

Esta tesis se funda en lo siguiente:

En consideración a las precisas órdenes impartidas por la Corte Constitucional en
la Sentencia C-258 de 2013, FONPRECON estaba obligada a ajustar la mesada
pensional del demandante al tope de 25 SMLMV sin necesidad de adelantar el
procedimiento administrativo previo que echa de menos el demandante, quien
considera que como FONPRECON adelantaba en su contra la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho de los actos que reconocieron el reajuste especial
previsto en el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993 modificado por el artículo 7º del
Decreto 1293 de 1993 estaba obligada a «informar» a la autoridad judicial que
«desistía» del asunto previo a realizar la limitación del monto.

La parte actora estima que sobre la pensión del accionante se realizaron dos
descuentos excluyentes entre sí, es decir, considera que la aplicación de la
Sentencia C-258 de 2013 que limitó el monto pensional a 25 SMLMV era
incompatible con la reliquidación que se efectúo derivada de la orden impartida por
el Consejo de Estado en sentencia del 10 de julio de 2014 que confirmó el fallo
emitido el 8 de noviembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F en descongestión.

Esta apreciación no la comparte la Sala porque el origen de las decisiones que se
impartieron sobre la pensión del demandante fue diferente en tanto que la limitación

24

Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

al tope de la pensión en el equivalente a 25 SMLV obedeció al cumplimiento de la
orden impartida por la Corte Constitucional mediante sentencia C-258 de 2013,
adoptada cuando los actos administrativos que ordenaron la reliquidación en el
equivalente al 75% de lo que devengaban los congresistas en el año 1994 aún
estaban vigentes, mientras que la reliquidación en virtud de la decisión judicial se
efectuó con posterioridad para dar cumplimiento a la sentencia emitida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que ordenó el reconocimiento
por este último concepto pero en el monto equivalente al 50%.

En síntesis, en razón a la obligatoriedad de las órdenes dictadas tanto en la
Sentencia C-258 de 2013 emitida por la Corte Constitucional como en la sentencia
del 10 de julio de 2014 expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, FONPRECON no tenía una alternativa diferente a disponer, en
primer lugar, de forma inmediata, esto es, para el 1 de julio de 2013, el ajuste
automático de la pensión en el monto equivalente a 25 SMLMV y, en segundo lugar,
una vez ejecutoriada la decisión de la jurisdicción de lo contencioso- administrativo,
reliquidar el reajuste en el 50% de lo devengado por los congresistas en el año 1994.
En consecuencia, dichas determinaciones no constituyen una actuación arbitraria o
irrazonable sino por el contrario son el resultado de decisiones vinculantes para
todas las autoridades.

Se infiere que los actos acusados, no infringen el ordenamiento jurídico invocado
sino que hacen parte del cumplimiento de los deberes a los que están sometidos
las autoridades públicas en el acatamiento de las decisiones judiciales.

2.5 De la condena en costas

25

Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,22
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-000022-

01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, consejero ponente: William Hernández
Gómez

26

Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala concluye que los actos acusados deben mantener la presunción
de legalidad, motivo por el cual es del caso confirmar la sentencia del 11 de marzo
de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E que denegó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia apelada del 11 de marzo de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por el señor
Héctor Horacio Hernández Amézquita en contra del Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República, FONPRECON de acuerdo con las razones expuestas en
la parte motiva de esta decisión.

Segundo. Sin condena en costas.

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 002008-02 01 (2971-22)
Demandante: Héctor Horacio Hernández Amézquita

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las respectivas
anotaciones en el portal Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente23
MECG

23 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma

del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

28

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