Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-00248-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-00248-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-00248-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-00248-01 (6789-2023)
Demandante: Rodrigo de Jesús María Arteaga de Brigard
Demandada: Procuraduría General de la Nación, PGN
Tema: Concurso público de méritos en la PGN para la vinculación de
procuradores judiciales
Sentencia de segunda instancia
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 3 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones de la
demanda.
I.- Antecedentes
1.- La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Rodrigo de Jesús María Arteaga de Brigard presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-
administrativo1, en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones 349 y
358 del 8 y 12 de julio de 2016, ambas expedidas por el procurador general de la
Nación, a través de las cuales se estableció la lista de elegibles para la Convocatoria
001-2015, por la cual se convocó a concurso de méritos para proveer las vacantes
del empleo de procuradores judiciales II de Restitución de Tierras.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) corrección de la calificación de antecedentes laborales dentro del proceso
de selección a fin de que sea computada en debida forma su experiencia laboral y
la publicación de su obra jurídica; ii) inclusión en la lista de elegibles, en virtud del
porcentaje que obtenga una vez corregida la calificación; iii) el nombramiento como
procurador judicial II de Restitución de Tierras, «siempre que con la calificación alcance
uno de los cargos concursados»; iv) el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios, a la tasa legal más alta autorizada, desde la fecha en que cada una de
1 En lo que sigue CPACA.
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Demandante: Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard
tales sumas se debieron causar y hasta la fecha efectiva del pago.
3. A título de indemnización de perjuicios, los salarios y demás prestaciones sociales
a que tendría derecho en caso de haber sido nombrado en el señalado cargo, «desde
el 9 de agosto de 2016, fecha máxima en que debió hacerse el nombramiento de las
personas incluidas en la lista de elegibles, tal y como se señal[ó] en el artículo vigésimo
primero de la resolución 040 de 2016 y la fecha en que efectivamente sea vinculado al
cargo. Al 17 de enero de 2017, estos perjuicios suma[ron] $166.249.500».
1.2.- Fundamentos fácticos
4. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:
4.1. LaProcuraduría General de la Nación expidió el 20 de enero de 2015 la
Resolución 040 y, a través de ella, convocó y reglamentó el concurso público de
méritos para proveer 744 cargos de procurador judicial I y II.
4.2. El 23 de enero siguiente, se publicó la Convocatoria 001-2015, en la cual Rodrigo
Jesús María Arteaga de Brigard se inscribió el 19 de febrero de 2015 a través de la
plataforma web habilitada al empleo de procurador judicial II de Restitución de
Tierras, en donde adjuntó la documentación requerida para acreditar el
cumplimiento de los requisitos correspondientes.
4.3. El
20 de abril de 2015 se publicó la lista de admitidos, entre quienes se
encontraba el demandante, por lo que el 4 de agosto de igual año se convocó a la
presentación de las pruebas escritas llevadas a cabo el 13 de septiembre, en las
que obtuvo una calificación de 90.1 en la prueba de conocimiento, y 76.73 en la
comportamental. Es así como ocupó el puesto 6 entre los más de 400 aspirantes
admitidos para el empleo de procurador judicial II de Restitución de Tierras.
4.4. El 13 de octubre de 2015 presentó ante la entidad un ejemplar de la obra de su
coautoría en calidad de director de la investigación titulada «El registro como forma
de protección de la propiedad», publicada por el Ministerio de Justicia y del Derecho.
4.5. El 24 de febrero de 2016 se publicó el resultado de los análisis de antecedentes,
etapa en la cual se le asignó un puntaje de 0 de 100 puntos posibles, razón por la
cual manifestó su inconformidad y esta se resolvió con la Resolución 1364 del 27
de junio de 2016 expedida por la Oficina de Selección y Carrera de la Procuraduría
General de la Nación, en la que aumentó la calificación a 6 puntos, pese a que en
su criterio debía ser de 60. En consecuencia, no alcanzó el puntaje mínimo
establecido en el artículo vigésimo de la Resolución 040 de 2015.
4.6. A través de la Resolución 349 del 8 de julio de 2016, el procurador general de
la Nación conformó la lista de elegibles de la Convocatoria 001-2015,
correspondiente a las vacantes de procurador judicial II de Restitución de Tierras,
corregida con la Resolución 358 del 12 de igual mes y año, de la «que se excluyó al
actor debido a los múltiples errores en el proceso de calificación de sus antecedentes».
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Demandante: Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard
1.2.- Normas violadas y concepto de violación
5. Como tales se señalaron los artículos 29, 83 y 228 de la Constitución Política; 188
y 243 del Código General del Proceso; y sentencia SU-913 de 2009. Lo anterior,
con fundamento en los siguientes argumentos:
5.1. Los actos acusados fueron expedidos con infracción del derecho de autor que,
de acuerdo con la sentencia SU-913 de 2009 de la Corte Constitucional es de
carácter fundamental y hace parte del bloque de constitucionalidad por encontrarse
regulado en instrumentos de carácter internacional ratificados por Colombia, en
especial la Decisión Andina 351 del Acuerdo de Cartagena. Su reconocimiento no
puede estar sujeto a restricciones probatorias ni está subordinada a algún tipo de
formalidad; criterio acogido también por la jurisprudencia del Consejo de Estado2.
5.2. Vulneración del debido proceso, en tanto acreditó una experiencia profesional
superior a 20 años a través de 5 documentos que le permitían superar el requisito
mínimo de 8 años del empleo al que aspiró. Sin embargo, estos fueron
desconocidos por la entidad y/o interpretados en forma indebida, puesto que se
descartó el certificado electrónico emitido por la Superintendencia de Industria y
Comercio el 20 de febrero de 2012, con el que demostró un período de 2 años, por
considerarse que «no cumplía con los requisitos exigidos dado que al indicar “último
cargo”, h[izo] referencia al empleo ejercido al momento del retiro, sin señalar la relación de
los cargos ejercidos durante su vinculación laboral; por tanto no e[ra] posible establecer
cuándo inició labores». Con ello la administración desconoció la buena fe y la
prevalencia del derecho sustancial.
5.3. Laentidad tampoco valoró lo que denominó en el acto demandado «la
autodeclaración» rendida por el demandante ante la Notaría 8 del Círculo de Bogotá
D.C., a saber una declaración extrajuicio juramentada en la que afirmó que prestó
sus servicios profesionales, así: «i) entre el 7 de septiembre de 1995 y el 30 de octubre
de 2000 (5 años, 1 mes y 24 días) […] como abogado en la firma Arteaga Carvajal y Cia.,
sociedad que hoy se encuentra disuelta y liquidada; en la misma declaración se advierte
que quien fuera su representante legal ya falleció; y ii) entre el 1 de noviembre de 2000
hasta el 26 de enero de 2007 (6 años, 2 meses y 26 días) en calidad de empleado del doctor
Jaime Arteaga Carvajal Nieto – Notario Quinto del Círculo de Bogotá. En virtud de esta
relación laboral, desempeñ[ó] las funciones de secretario general y notario encargado. En
la misma declaración se h[izo] constar que [el] empleador, doctor Jaime Arteaga Carvajal,
Notario Quinto del Círculo de Bogotá, ya falleció».
5.4. Lo anterior, con fundamento en que era obligación del aspirante soportar la
experiencia dependiente con certificación emitida por la respectiva empresa u
organización, de conformidad con lo previsto en los artículos 195 del Decreto 263
de 2000 y 3 de la Resolución 040 de 2015; normas de obligatorio cumplimiento tanto
para la administración como para los participantes.
5.5. Contrario a lo anterior, lo cierto es que la Resolución 040 de 2015 no determinó
la forma de acreditar la experiencia profesional de quienes tuvieron vínculo
profesional con personas naturales fallecidas o jurídicas liquidadas, de manera que
era procedente acudir al Código General del Proceso, cuyo artículo 188 previó que
2 Al respecto citó: sentencias del 26 de septiembre de 2011, rad. 08001-23-31-000-2011-00687(AC); del 10 de
noviembre de 2011, rad. 08001-23-31-000-2011-00993-01(AC); y del 30 de junio de 2011, rad. 11001-03-24-
000-2008-00391-00(0282-09)
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Demandante: Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard
los testimonios anticipados para fines judiciales o no judiciales pueden servir como
prueba sumaria, y su declaración extrajuicio «se trat[ó] de un documento público» en
los términos del artículo 243 ibidem.
5.6. Respecto de la experiencia como docente en áreas jurídicas allegó un certificado
expedido por el jefe de nómina del Departamento de Desarrollo Humano del Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, el cual solo fue valorado como experiencia
profesional, «lo cual, por supuesto e[ra] válido ya que una forma de ejercer la profesión
e[ra] precisamente a través de su enseñanza». Sin embargo, se computó en forma
errónea en tanto «decidió establecer una equivalencia en horas, de tal manera que cada
8 horas de cátedra lo contabilizó como un día laborado», pese a que no existe una norma
que «para entender que una persona ha ejercido la profesión requiere desarrollarla dentro
de una jornada laboral determinada», de tal manera que durante todo el tiempo de
vinculación certificado por la Universidad del Rosario ejerció la profesión y no
únicamente las horas en que impartió cátedra. Esto en la medida en que la labor
docente requería una dedicación de tiempo que iba más allá de las horas de clase,
en tanto implicaba su preparación, evaluación de trabajos, atención de los
estudiantes, entre otros. De ahí que el número de horas cátedra sea parámetro para
determinar la remuneración, mas no el tiempo de servicios.
5.7. Si lo anterior no fuera suficiente y en tal sentido se aceptara que el cálculo del
tiempo debía hacerse únicamente en proporción al tiempo de hora cátedra,
«entonces el cálculo debería hacerse no simplemente sobre 8 horas diarias, sino sobre una
jornada de 48 horas semanales, que es el máximo de tiempo que la ley autoriza para el
trabajo, y además se debería incluir el tiempo de descanso dominical y festivo, los periodos
vacacionales, etc.»
5.8. Por ende, el ejercicio de la docencia por un lapso superior a 3 años y medio
conllevaba 7 puntos adicionales, por hora cátedra en el rango de 3 a 11 horas
semanales, de conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 17 de la
Resolución 040 de 2015.
1.2. Contestación de la demanda
6. La Procuraduría General de la Nación 3 se opuso a las pretensiones de la
demanda, al considerarse que se ajustaron al ordenamiento jurídico y protección de
los derechos de los aspirantes al proceso de selección para proveer los cargos de
carrera de procuradores judiciales de la entidad.
6.1. La demandante debió solicitar la nulidad no solo de la lista de elegibles producto
de la Convocatoria 001-2015, sino también la Resolución 1364 de 27 de junio de
2016 que concluyó para el actor la fase de revisión de antecedentes, que es frente
a la que manifestó su desacuerdo, razón por la cual se configuró la ineptitud
sustantiva de la demanda por ausencia de la proposición jurídica necesaria para
definir la pretensión de la demanda, pues la extinción del acto acusado no implicaría
la corrección del puntaje [restablecimiento pretendido por el demandante] sino la
conformación de un nuevo orden de mérito dentro del proceso de selección.
6.2. En virtud del literal d), numeral 45 del artículo 7 del Decreto 262 de 2000, es
facultad del procurador general de la nación ejercer la suprema dirección y
3 Folios 129 a 142
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Demandante: Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard
administración del sistema de carrera de la entidad, en igualdad de condiciones para
los aspirantes al concurso y según el artículo 10 del Decreto Ley 263 de 2000,
también era la autoridad competente para determinar las disciplinas académicas
específicas requeridas a los aspirantes, en consonancia con las necesidades del
servicio y de la institución, tal y como quedó establecido en la Resolución 040 de
2015. De ahí que los particulares conocieron de manera previa a su inscripción las
condiciones para el análisis de antecedentes.
6.3. En el caso concreto del demandante, en la prueba de conocimientos obtuvo un
puntaje de 90.01 sobre 100; en la comportamental 76.73 puntos; y en la de análisis
de antecedentes cero (0) puntos. Si embargo, al resolverse la reclamación elevada
frente a esta última por medio de la Resolución 1364 de 27 de junio de 2016, se
aumentó el puntaje de análisis de antecedentes de 0 a 6, con ocasión de la
experiencia docente en el rango 3-11 horas.
6.4. La experiencia profesional mínima para el cargo de procurador judicial Il de
restitución de tierras era de 8 años, y en el caso del demandante fue acreditada con
certificados laborales del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la
Organización Internacional para las Migraciones4 (OIM) y la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas que sumaron un total de
7 años, 5 meses y 27 días. Las horas cátedra certificadas por el Colegio Mayor del
Rosario acumularon un total de 1.546 horas que, al dividirlas en 8 horas
equivalentes a una jornada laboral, dio como resultado 193 días, es decir 6 meses
y 13 días. Con todo se obtuvo una experiencia profesional de 8 años y 10 días, de
tal manera que una vez descontada la de 8 años del requisito mínimo, los días
restantes no le concedían puntaje adicional, según la Resolución 040 de 2015.
6.5. Con todo, no era cierta la afirmación atinente a que el puntaje máximo de la
experiencia profesional era de 100 puntos, incluida el tiempo de ejercicio de la labor
docente y la publicación de libros, pues en virtud de lo previsto en el artículo 17 de
la Resolución 040 de 2015, en ningún caso podía obtenerse una calificación
superior a 60 puntos.
6.6. La declaración extrajuicio no fue considerada por falta del cumplimiento de las
condiciones establecidas en el acto reglamentario del concurso, según la cual la
experiencia laboral debía acreditarse con la certificación expedida por la empresa
donde laboró el aspirante, o con dos declaraciones de terceros. Respecto de la
certificación de la Superintendencia de Industria y Comercio, aquella solo reseñó el
último cargo ocupado sin precisar la fecha en que inició en esa labor [día, mes y
año], así como tampoco, la relación de empleos que ejerció en la entidad durante
su vinculación a fin de esclarecer si durante todo el período el convocante ejerció
funciones jurídicas.
6.7. El libro publicado que presentó el demandante al concurso no tenía el número
estándar de identificación internacional del libro (International Standard Book
Number, ISBN) otorgado por la Cámara de Comercio del Libro, el cual era requisito
de validación según la Resolución 040 de 2015, acorde con la Ley 98 de 1993.
6.8. Todo lo anterior obedeció a la reglamentación del concurso público contenida en
la Resolución 040 de 2015, norma de obligatorio cumplimiento para la
4 En lo sucesivo OIM
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Demandante: Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard
administración y los participantes, de conformidad con el artículo 195 del Decreto
Ley 262 de 2000.
1.3. Llamamiento en garantía
7. El 19 de julio de 2019 se admitió el llamamiento en garantía solicitado por la
entidad demandada respecto de la Universidad de Pamplona, en tanto fue la
encargada de diseñar, construir y aplicar las pruebas escritas de conocimientos y
comportamentales, así como la responsable del análisis de antecedentes5.
7.1. El ente universitario expuso que no le asistía razón al demandante, habida
cuenta de que con la Resolución 1364 de 2016 -acto que no se demandó en el
libelo- expuso los motivos por los cuales era improcedente la modificación del
puntaje asignado, con fundamento en las exigencias establecidas en la Resolución
040 de 2015, norma reguladora del concurso de méritos para proveer el empleo de
procuradores judiciales I y II que fijó los requisitos para el análisis de antecedentes,
de tal manera que tuvo conocimiento que su especialización en docencia
universitaria no podía ser objeto de valoración, sin que ahora pueda alegarse la
vulneración a la buena fe y el debido proceso.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia proferida el 3 de agosto de 2023 negó las pretensiones de la demanda y
se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante. Para tal efecto, consideró
lo siguiente6:
8.1. Sobre el argumento de la entidad demandada y la Universidad de Pamplona
concerniente a que en el presente caso debía demandarse la Resolución 1364 del
27 de junio de 2016 que concluyó la fase de revisión de antecedentes, recordó que
en pronunciamiento del 20 de enero de 2022, se denegó la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda, en atención a que tal y como lo ha sostenido el Consejo
de Estado7, dentro de un procedimiento administrativo complejo como lo es el que
se surte en un concurso de méritos, la lista de elegibles era el acto definitivo, pues
los demás eran actos de trámite exceptuados de control de legalidad ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
8.2. Rodrigo de Jesús María Arteaga de Brigard aprobó las pruebas de conocimiento
y competencias comportamentales con puntajes de 90.1 y 76.73, respectivamente;
en tanto que en la etapa de análisis de antecedentes le fue asignado un puntaje de
0 puntos. Inconforme con la decisión presentó reclamación contra dicha decisión,
que fue resuelta con la Resolución 1364 de 27 de junio de 2016, por la cual le
aumentó; sin embargo fue inferior al 70 % del puntaje mínimo requerido, de modo
que no fue incluido dentro de los 21 elegibles que conformaron la lista para proveer
el empleo de procurador judicial II ofertado en la convocatoria 001-2015,
conformada por medio de la Resolución 349 de 8 de julio de 2016 corregida por la
Resolución 358 de 12 de igual mes y año.
5 Por medio de auto del 19 de julio de 2019, visible a folios 149 a 151
6 Folios 281 al vuelto del folio 291
7
Al respecto citó la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2018, dentro del proceso con radicado
2013-0134-01
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Demandante: Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard
8.3. La Resolución 040 del 20 de enero de 2015, norma de carácter obligatorio tanto
para la administración como para los aspirantes8, estableció en el artículo 9 la forma
de acreditar y presentar documentos de estudios y experiencia profesional para
acreditación de requisitos mínimos y la prueba de análisis de antecedentes.
8.4. En criterio del demandante eran válidos los documentos con los que acreditó su
experiencia profesional y docente, así como el libro que aportó en calidad de
coautor; mientras que la entidad demandada señaló en la Resolución 1364 de 27
de junio de 2016 que: i) «la Auto Declaración del reclamante» de la experiencia en una
firma de abogados y como contratista independiente de la OIM, no fue expedida por
la empresa en la que afirmó que laboró ni correspondió a las dos declaraciones de
terceros exigidas por la norma para la acreditación del tiempo laborado como
independiente; y ii) la certificación de la Superintendencia de Industria y Comercio
del 20 de febrero de 2012 informó el período laborado y el último cargo
desempeñado, sin señalar en forma específica la relación de aquellos ejercidos
durante la relación legal y reglamentaria, de manera que «no se demostró que hubiese
desempeñado el cargo de profesional universitario que el aspirante refirió en su
reclamación».
8.5. Al respecto, la declaración con fines extraproceso rendida por el aspirante ante
el Notario 18 del Círculo de Bogotá el 20 de febrero de 2012, desconoció lo
reglamentado en el artículo 9 de la Resolución 40 de 2015, según la cual, el tiempo
de servicio debió certificarse por «la autoridad competente de las respectivas entidades,
empresas u organizaciones oficiales o privadas».
8.6. Lo anterior, debido a que la competencia para certificar el tiempo en que
manifestó que laboró como abogado en una sociedad civil entre 7 de septiembre de
1995 y hasta el 31 de octubre de 2000, era el representante legal de la persona
jurídica. Respecto de la afirmación según la cual quien fungía como tal falleció en
2007, circunstancia que impidió la expedición del certificado laboral
correspondiente, no existió respaldo probatorio que así lo soportara, en atención a
que el artículo 100 del Código de Comercio previó que esa clase de sociedades
estaba sometidas al derecho mercantil, en virtud del cual el representante legal
debía tener un suplente y adicional a ello, quien ejercía aquella función para la
época en que se emitió el certificado podía informarlo de acuerdo con las pruebas
documentales existentes al interior de la firma de abogados.
8.7. Sumado a ello, el tiempo presuntamente laborado en dicha sociedad civil se
indicó un lapso previo a la obtención del título, quien se graduó como abogado el 29
de julio de 1992, por lo tanto desde el 1° de abril de 1986 a 28 de julio de 1992, no
era posible computarlo como un periodo de experiencia profesional según la
Resolución 040 de 2015.
8.8. Por otro lado, el periodo comprendido entre el 1° de noviembre de 2000 y el 26
de enero de 2007, debía reposar en los registros de los antiguos empleados de la
Notaría Quinta del Círculo de Bogotá, en razón a que en ejercicio de sus funciones
prestan un servicio público y ante la imposibilidad para demostrarlo, era su
obligación acreditarlo en el proceso.
8 Tal y como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-067 de 2022
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8.9. En cuanto al tiempo ocurrido del 27 de enero de 2007 y hasta el 3 de agosto de
2008, en condición de abogado independiente, la señalada resolución le indicó con
claridad que a efectos de probar la experiencia profesional era necesario aportar
dos declaraciones de terceros rendidas bajo la gravedad de juramento y pese a ello,
no fueron allegados por el demandante.
8.10. En suma, no fue suficiente la declaración juramentada rendida para acreditar
válidamente la experiencia que pretendió acreditar a través de la declaración
juramentada rendida extrajuicio, pues ello conllevaría el desconocimiento de las
reglas del concurso establecidas en la Resolución 40 de 2015, en aras de la garantía
de los derechos de los demás participantes, así como la objetividad y transparencia
del proceso con base en el mérito.
8.11. Respecto de la certificación laboral expedida por la Coordinadora del Grupo de
Talento Humano de la Superintendencia de Industria y Comercio, el 20 de febrero
de 2012, aun cuando se especificó el período dentro del cual estuvo vinculado en la
entidad, la expresión «siendo su último cargo» no permitió tener certeza desde cuándo
se ejerció el empleo de profesional universitario ni que fuese el único empleo que
ocupó el señor Rodrigo Arteaga desde su ingreso a la entidad; por el contrario, dio
a entender que fueron varios, por lo que debía relacionar tanto los cargos como las
funciones y el lapso en el cual los desempeñó, requisito mínimo para acreditar la
experiencia profesional según el literal c), numeral 2.1. del artículo 9 de la norma
regulatoria del concurso de méritos.
8.12. Así la cosas, la experiencia profesional mínima requerida para el empleo de
procurador judicial II era de 8 años y debido a que los certificados aportados en la
inscripción al concurso no le alcanzaban para acreditarla, la entidad demandada
computó las horas cátedra como docente del Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario para validar el cumplimiento del tiempo mínimo de experiencia profesional
para el cargo al cual se postuló y procedió a admitirlo en la convocatoria. Esa
circunstancia fue garantista del derecho del demandante a participar al concurso de
mérito para acceder al empleo público, en el marco de las reglas de la Resolución
040 de 2015.
8.13. De otra parte, en la demanda se reprochó que en la fase de análisis de
antecedentes no se valoró el libro del cual fue coautor en calidad de director de la
investigación titulada «[e]l registro como forma de protección de la propiedad», publicada
por el Ministerio de Justicia y del Derecho
8.14. Al respecto, en la Resolución 040 de 2015 se reguló que por libro se entendería
«una publicación impresa no periódica, que consta[ra] como mínimo de 49 páginas, sin
contar las de la cubierta, que deb[ía] contener el respectivo número International Standard
Book Number, ISBN», exigencia con la que el demandante manifestó su desacuerdo
por infracción del derecho fundamental de autor protegido en el Acuerdo de
Cartagena.
8.15. Si bien le asistía razón frente a aquel argumento señalado en la demanda, ello
no era suficiente para desconocer la reglamentación establecida de manera
expresa, de modo que desconocer que el ISBN es un requisito que la entidad
válidamente estableció para demostrar o validar la autoría o coautoría de un libro,
conllevaría a afectar los derechos fundamentales de los demás participantes de la
convocatoria 001-2015 que sí acreditaron las condiciones para participar en ese
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concurso de méritos.
8.16. Por todo lo anterior, la situación del demandante dentro del concurso de méritos
que concluyó con la expedición de la Resolución 349 de 8 de julio de 2016 corregida
mediante Resolución 357 de 12 de julio de 2016, estuvo ajustada a la normatividad
legal y en especial a la Convocatoria 001-2015, por lo que el acto administrativo
demandado conservó su validez en tanto no se desvirtuó la presunción de legalidad.
1.4. El recurso de apelación
9. Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard interpuso recurso de apelación 9 , al
considerar que la sentencia omitió pronunciarse en forma integral sobre los cargos
de la demanda, a saber:
9.1. i) Sobre la valoración de la experiencia como profesor de la Universidad Colegio
Mayor Nuestra Señora del Rosario. Si bien al resolver el recurso de reposición, la
entidad demandada estimó que parte de su experiencia no se había acreditado de
manera debida, toda vez que «tomó 1546 horas de cátedra de las que certificó la entidad
educativa equivalentes a 193 días, esto es 6 meses y 13 días, y los sumó a los 7 años, 6
meses y 27 días que, a juicio de la demandada correspondían al tiempo de experiencia
profesional acreditada».
9.2. Sin embargo ese cálculo fue errado pues no existe ninguna norma en la que se
establezca que «para entender que una persona ha ejercido la profesión requiere
desarrollarla dentro de una jornada laboral determinada», sino que el cómputo debería
efectuarse de acuerdo con el tiempo total de vinculación y no según las horas
cátedra impartidas, si se tiene en cuenta además que la labor docente implica la
preparación de clases, evaluación de los trabajos y exámenes, atención de
preguntas e inquietudes de los alumnos por fuera del aula, participación en cursos,
foros y demás espacios de formación, entre otros.
9.3. Así el tiempo de clases era un parámetro para determinar la remuneración mas
no el tiempo de ejercicio profesional, por consiguiente «para acreditar esos 6 meses y
3 días que se echaron de menos en el cálculo inicial, habría bastado con acreditar como
tiempo de ejercicio profesional, los periodos comprendidos entre el 30 de julio y 30 de
diciembre de 1992, y las 3 primeras semanas del mes de febrero de 1993. De esta manera,
el tiempo restante (11 semestres) debió contabilizarse como experiencia docente,
sumándola a los otros 7 semestres que también se acreditaron y que la Procuraduría valoró
como experiencia docente». Con base en ello, le correspondían 18 puntos [2 puntos
por cada año lectivo], por lo que «de acuerdo con el reglamento del concurso el
componente de análisis de antecedentes tenía un peso del 20% en total del puntaje del
concurso, a los 69,888% se deben añadir 2,4 puntos, siendo el porcentaje total
correspondiente 72,288%», e implicaba la inclusión a la lista de elegibles y el acceso
al empleo de procurador judicial II de Restitución de Tierras.
9.4. ii) En relación con los periodos mínimos de acreditación de la experiencia. En la
demanda se expuso que «en ninguna parte de la norma, concretamente en el artículo
décimo séptimo de la Resolución 040 de 2015, se señala que no habrá lugar a establecer
funciones de puntaje equivalentes, cuando el tiempo certificado sea inferior a la unidad de
medida, contrariando el principio general del derecho según el cual las normas deben
interpretarse en forma extensiva y favorable al administrado, salvo aquellas que implican
9 Folios 298 al vuelto del folio 299
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restricciones, prohibiciones o excepciones». Como se expuso, en la valoración de
antecedentes de la entidad se indicó que además de los períodos que sirvieron para
acreditar la experiencia profesional mínima requerida para el cargo, se acreditaron
7 semestres de experiencia docente y pese a ello, solo tuvo en cuenta 6, bajo la
consideración concerniente a que «la unidad de medida de valoración [establecida para
el concurso] es el año lectivo completo, es decir 2 semestres completos».
9.5. Por ello, es necesario contabilizar las fracciones inferiores al año completo de
experiencia docente, de tal manera que se le adicione un punto en razón de ese
semestre adicional acreditado en forma debida, de tal manera que «de acuerdo con
el reglamento del concurso el componente de análisis de antecedentes tenía un peso del
20% en total del puntaje del concurso, a los 69,888% se deben añadir 0,2 puntos, siendo el
porcentaje total correspondiente 70,088%».
9.6. iii)
Desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre el derecho
fundamental de autor. Pese a que el a quo reconoció el carácter fundamental del
derecho de autor, desechó el cargo planteado en la demanda bajo la consideración
atinente a que el ISBN fue un requisito establecido en la norma que reguló la
Convocatoria 001-2015, de tal manera que la omisión de ese requisito implicaría la
vulneración de los derechos fundamentales de los demás participantes.
9.7. Sin embargo, no analizó los precedentes jurisprudenciales de las altas cortes,
entre los que se encuentran la sentencia SU-913 de 2009, en la que la Corte
Constitucional al amparar el derecho fundamental de autor de 9 ciudadanos
participantes del concurso de méritos adelantado por el Consejo Superior de la
Carrera Notarial, definió el mecanismo idóneo para acreditar la coautoría de una
obra literaria que no podía ser rechazada o desconocida so pretexto de la exigencia
de un requisito de acreditación cualificado y excluyente no establecido en la
legislación especial.
9.8. Adicional a ello, se consideró que las reglas que rigen las convocatorias de los
concursos públicos para acceder a cargos de carrera son intangibles en tanto no
vulneren la Constitución, la ley y los derechos fundamentales. En consecuencia la
Corte concluyó que debido a que en el proceso de selección solo se le reconoció
puntaje a quienes acreditaron la autoría de un libro mediante el registro de la obra
en la Oficina de Derechos de Autor, se desconocieron los derechos de autor,
igualdad, debido proceso y al trabajo de los demás participantes que demostraron
aquella exigencia por medio de otros mecanismos probatorios.
9.9. En igual sentido se encontraron sentencias del Consejo de Estado proferidas en
el año 2011 relacionadas con los concursos de méritos para el ingreso a las carreras
notarial y judicial, entre ellas: i) del 26 de septiembre, rad. 08001-23-31-000-2011-
00687-01(AC); ii) del 10 de noviembre de 2011, rad. 08001-23-31-000-2011-
00993(AC); y iii) del 30 de junio, rad. 11001-03-24-000-2008-00391-00(0282-09).
9.10. Contrario a lo aducido en primera instancia, el número estándar de identificación
internacional del libro (ISBN), no era un requisito para el reconocimiento del derecho
de autor, sino una condición para que el editor pueda acceder a los beneficios
previstos en la Ley 98 de 1993. Contrario a ello, el artículo 2 ibidem «reconoc[ió] como
libro aquel que ha sido editado, producido e impreso, de autor nacional o extranjero, en
base papel o publicado en medios electromagnéticos». De ahí que el libro del que fue
coautor debió tenerse en cuenta para la asignación del puntaje correspondiente,
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esto es 5 puntos en el componente de análisis de antecedentes.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
10. En atención a que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y
tampoco se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para
que los extremos procesales alegaran de conclusión10, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto 11.
2. Consideraciones
2.1. Sobre la proposición jurídica completa que exige la Ley 1437 de 2011
12. El artículo 104 del CPACA dispuso:
«La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer,
además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las
controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.»
13. Ahora, los litigios a los que se refiere la norma transcrita se promueven a través
de los medios de control que el legislador previó, según la forma de expresión de la
administración que se pretenda controvertir, tal y como se desprende de los
artículos 135 a 148 del CPACA. En lo relevante al presente asunto, la nulidad y
restablecimiento del derecho12 es el mecanismo del que disponen quienes
consideren lesionado un derecho subjetivo amparado por una norma jurídica, por
un acto administrativo.
14. Es importante precisar que la solicitud de nulidad debe recaer en aquella decisión
administrativa que debe estar contenida en un instrumento jurídico por medio del
cual se creó, modificó o extinguió la situación jurídica [artículo 43 CPACA].
15. Ahora, si bien en los concursos de méritos la jurisprudencia ha señalado en forma
pacífica que los actos administrativos que se expiden durante el trascurrir del
proceso son preparatorios y de trámite y que solo la lista de elegibles es el acto
definitivo susceptible de ser enjuiciado, también se ha señalado que cuando el acto
de trámite le impide al aspirante continuar su participación se convierte en el acto
definitivo que definió su situación jurídica y, en consecuencia, puede ser demandado
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo13.
16. Así el Consejo de Estado sostuvo en relación con los actos administrativos de
calificación que eliminaron a los participantes que, al igual que la lista de elegibles
«son actos típicamente definitorios de situaciones jurídicas, en la medida en que al asignar
10
Según se observó en el auto proferido el 23 de enero de 2024, visible en el índice 3 de Samai
11 De acuerdo con la constancia secretarial del 26 de abril de 2024, visible en el índice 10 de Samai
12 Artículo 138 del CPACA.
13
Así lo señaló el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia proferida el 1 de septiembre de 2014, dentro del proceso con radicación:
05001-23-31-000-2008-01185-01(2271-10)
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un puntaje o establecer la ubicación de los convocados para efectos de proveer un cargo en
propiedad, otorgan un estatus al participante y afectan su interés de acceder a la carrera
administrativa»14.
17. En el presente caso, se demandó la nulidad «de la Resolución 349 del 8 de julio de
2016, corregida mediante la Resolución 358 del 12 de julio de 2016, ambas expedidas por
el Procurador General de la Nación, por medio de la cual se establece la lista de elegibles
para la Convocatoria 001-2015, expedida dentro del concurso público de méritos abierto
mediante Resolución 040 del 20 de enero de 2015».
18. No obstante en el caso concreto se evidenció que el 24 de febrero de 2016, la
entidad demandada público el resultado de la calificación de la prueba análisis de
antecedentes en la que obtuvo cero (0) como resultado, razón por la cual elevó una
reclamación al día siguiente [25 de febrero de 2016], la cual se resolvió con la
Resolución 1364 del 27 de junio de 2016 por el jefe de la Oficina de Selección y
Carrera en el sentido de «[m]odificar el puntaje obtenido en la prueba de análisis de
antecedentes por Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard […] número de inscripción
804354 inscrito en la convocatoria 001-2015, de cero (0) a seis (6) puntos».
19. En ese orden de ideas, se tiene que la Resolución 1364 del 27 de junio de 2016
fue el acto que definió la situación jurídica del demandante en virtud de una petición
presentada por aquel y en tal sentido era el acto susceptible de control judicial, y en
tanto no fue demandado, la proposición jurídica contenida en la demanda estaría
incompleta. Pese a ello, debido a que en el acápite de normas violadas y concepto
de violación de la demanda, los cargos se dirigieron a controvertir la legalidad de
este acto administrativo, la Subsección en virtud del deber del juez previsto en el
numeral 5 del artículo 42 del Código General del Proceso15, aplicable a esta
jurisdicción en virtud del artículo 306 del CPACA16, concerniente a interpretar la
demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto, la integrará a efectos
de decidir el objeto de litigio con la Resolución 1364 del 27 de junio de 2016 como
acto acusado.
20. Al respecto se señala que en el presente caso, en primera instancia al declarar
no probada la excepción de inepta demanda por no solicitar la nulidad de la
Resolución 1364 del 27 de junio de 2016, por medio de auto del 20 de enero de
2022, al considerar que «no es otro el acto que ha debido enjuiciarse, sino la
Resolución 349 de 8 de julio de 2016, pues esta constituye la lista de elegibles, acto
definitivo que resolvió la situación jurídica del actor», se enfatizó en que el estudio
de la prueba de análisis de antecedentes, por ser una fase intermedia del concurso,
deberá hacerse en virtud de que se ha demandado el acto definitivo, porque hizo
parte de dicha actuación cuya finalidad fue la de expedir la correspondiente lista de
elegibles, de tal manera que «se impone al fallador la obligación de analizar los
actos previos o preparatorios frente a los que se enrostran las causales de nulidad
y que afectaron el resultado final». Esta decisión adquirió ejecutoria al rechazarse
por improcedente la apelación en contra de esta decisión.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia con del 2 de octubre de 2019 con rad. 66001-23-33-000-2016-00794-01(2162-18). 2 de
octubre de 2019. De la Subsección A, fallo del 5 de noviembre de 2020, rad. 25000-23-41-000-2012-
00680-01(3562-15)
15 En adelante CGP.
16
«Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos
y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
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2.2 Los problemas jurídicos
21. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia17, se circunscribe a
establecer lo siguiente:
22. ¿la Procuraduría General de la Nación vulneró el principio del mérito y los
derechos de acceso a cargos públicos y debido proceso, porque se computó de
manera errada las horas cátedra para la asignación del puntaje de la experiencia
profesional? y ii) ¿se desconoció el derecho fundamental de autor, debido a la
exigencia relativa a que los libros debían contar con el ISBN [International Standard
Book Number]?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Régimen de carrera administrativa de la Procuraduría General de la
Nación y carácter vinculante de la convocatoria
23. La Constitución Política en su artículo 113 prescribió que además de los órganos
que forman parte de las tres ramas del poder público «[…] existen otros, autónomos
e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado». Dentro de
estos se encuentra la Procuraduría General de la Nación, pues por voluntad del
constituyente dejó de formar parte de la Rama Ejecutiva y se ubicó dentro de la
estructura del estado en la categoría de órgano autónomo e independiente18, lo que
se evidencia, por ejemplo, con la forma de elección del procurador general de la
Nación independiente de la administración central19 y con la calidad de jefe supremo
del Ministerio Público que le otorgó el artículo 275 ibidem.
24. En razón de lo anterior, y por virtud del artículo 279 ejusdem que ordenó al
legislador regular, entre otras materias, «[…] lo atinente al ingreso y concurso de
méritos y al retiro del servicio […]» y a que la Ley 909 de 200420 la excluyó de su
aplicación, tal entidad cuenta con un régimen propio de carrera administrativa
reglado en el Decreto Ley 262 de 2000.
25. Los artículos 191 y subsiguientes del del Decreto Ley 262 de 2000 21 regularon
los procesos de selección para proveer los empleos de carrera vacantes de la planta
de personal de la Procuraduría General de la Nación. El artículo 194 señaló que las
17 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de
segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio
de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
18 Sentencia C-078 de 1999.
19 Por mandato del artículo 276 debe elegirlo el Senado de la República de terna integrada por
candidatos del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
20 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones». En su artículo 3 numeral 2 dispuso: «Las disposiciones
contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en caso de presentarse
vacíos en la normatividad que los rige, a los servidores públicos de las carreras especiales […]».
21 Previamente a las modificaciones introducidas por el Decreto Ley 1851 de 2021.
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siguientes son etapas de los concursos: (i) convocatoria, (ii) reclutamiento - que a su
vez comprende la inscripción y la publicación de la lista de admitidos y no admitidos -, (iii)
aplicación de pruebas o instrumentos de selección - que se subdividen en eliminatorios
y clasificatorios -, (iv) conformación de la lista de elegibles, (v) nombramientos en
período de prueba y (vi) calificación del período de prueba. A su turno, el artículo
195 señala que «[l]a convocatoria es la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto
a la administración como a los participantes» y que la Oficina de Selección y Carrera de
la PGN es la encargada de su diseño y elaboración, de acuerdo con los
«requerimientos legales y los parámetros técnicos según la naturaleza del empleo por
proveer».
26. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado22 han sostenido, de manera
reiterada, que la convocatoria que da apertura a los concursos de méritos para el
ingreso a la función pública constituye la norma jurídica primordial para su
desarrollo23. La relevancia de este acto administrativo ha llevado a la jurisprudencia
de ambos tribunales a definirlo como «la ley del concurso»24. Lo anterior se explica
en la medida en que el cumplimiento de los fines que se persiguen a través del
concurso público depende de que este sea surtido con riguroso apego a las normas
que hayan sido dispuestas en la aludida convocatoria, las cuales deben ceñirse en
todo a la Constitución y la ley25.
27. A fin de que sea el mérito, y no un elemento distinto, el que decida la selección
de quienes habrán de ocupar los cargos públicos, resulta imprescindible que la
administración adelante estas actuaciones observando rigurosamente las reglas
que ella misma se ha impuesto26. Lo anterior pone de presente que la expedición
de la convocatoria entraña un acto de autovinculación y autotutela para la
administración27. De este modo se procura evitar que pueda obrar con una
discrecionalidad que acabe por desviar el recto curso que debe seguir en la
actuación en comento28.
28. De ahí que el concurso de méritos «se desenvuelve como un trámite estrictamente
reglado, que impone precisos límites a las autoridades encargadas de su administración y ciertas
cargas a los participantes»29. De esta manera, la convocatoria en el concurso público de
méritos es la norma que de manera fija, precisa y concreta reglamenta las
condiciones y los procedimientos que deben cumplir y respetar tanto los
participantes como la administración. Son reglas inmodificables, que tienen un
carácter obligatorio, que imponen a la administración y a los aspirantes el
cumplimiento de principios como la igualdad y la buena fe30. Con fundamento en
estas razones, las actuaciones que se realicen en el concurso deben someterse a
los estrictos términos que hayan sido previstos en la convocatoria, so pena de
infringir valiosos principios constitucionales como el debido proceso, la igualdad, la
buena fe y la confianza legítima.
29. Lo anterior es concordante con lo considerado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-101 de 2013, en la que declaró inexequible la expresión «procurador
22 Concepto 1976 de 4 de febrero de 2010, de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
23 Sentencias SU-617 de 2013, T-682 de 2016 y T-470 de 2007, entre otras.
24 Sentencias T-682 de 2016 y T-470 de 2007, entre otras.
25 Sentencia 1563-2017 de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.
26 Concepto 2158 de 10 de diciembre de 2013 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
27 Sentencia T-256 de 1996.
28 Sentencia 4574-2016 de 31 de enero de 2019 de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.
29 Sentencia 2731-2012 de 17 de octubre de 2016 de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.
30 Sentencia T-682 de 2016.
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judicial» del numeral 2 del artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000, que clasificaba
tales cargos como de libre nombramiento y remoción y ordenó la celebración del
concurso de méritos para su vinculación, en cuyo cumplimiento fue proferida la
Resolución 040 de 2015 que lo convocó y regló. En tal ocasión, la corporación
manifestó que la entidad cuenta con su propio régimen previsto en ese decreto y,
por tanto, que no le es aplicable el de la Ley 270 de 1996 que rige para los
funcionarios de la Rama Judicial, lo que reiteró en el auto 255 de 2013 que resolvió
la nulidad propuesta contra la sentencia.
2.3.2. Sobre la Resolución 040 de 2015 que reguló la Convocatoria 001-2015
30. Con la Resolución 040 del 20 de enero de 201531 la Procuraduría General de la
Nación dio apertura y reglamentó «la convocatoria del proceso de selección para proveer
los cargos de carrera de procuradores judiciales de la entidad», en cumplimiento de lo
ordenado en la sentencia C-101 de 2013. La resolución dividió el concurso por
cargos y, para la provisión de los cargos de procurador judicial II para la restitución
de tierras, se incluyó la Convocatoria 001-2015.
30.1. En el artículo noveno, numeral 2 definió a experiencia profesional y docente, en
los siguientes términos:
Experiencia profesional Experiencia docente
Es la adquirida con posterioridad a la obtención Es la adquirida en el ejercicio de actividades
del título de abogado en actividades jurídicas ya como profesor o investigador adelantadas en
sea de manera independiente o en cargos instituciones de educación superior
públicos o privados o en el ejercicio de la reconocidas oficialmente, en áreas jurídicas
función judicial, de acuerdo con lo previsto en el afines al cargo que se va a desempeñar y con
Manual Específico de Funciones y Requisitos posterioridad a la obtención del
por Competencias Laborales de la entidad. correspondiente título de formación
universitaria
30.2. Asimismo estableció la forma de acreditación de la experiencia profesional para
requisitos mínimos y para la prueba de antecedentes, a saber:
Certificaciones Requisitos para su presentación y acreditación
1 de experiencia profesional constancias escritas, expedidas por la autoridad competente de
las respectivas entidades, empresas u organizaciones oficiales
o privadas y deben contener, como mínimo: i) nombre o razón
social de la entidad, organización o empresa; ii) periodos de
vinculación en la que se precise la fecha de ingreso y retiro [día,
mes y año]. En caso de que desempeñara varios empleos es
necesario indicar las fechas de inicio y finalización de cada uno
de estos [día, mes y año]; iii) relación de todos los cargos
desempeñados y funciones de cada uno, cuando de la
denominación de ellos no se infieran; y iv) nombre completo de
quien suscribe la certificación, condición o empleo que ejerce,
firma, dirección, ciudad y número telefónico de la entidad,
organización o empresa.
En el evento en que la expida una persona natural debe cumplir
con las anteriores exigencias y precisar el nombre completo de
quien la suscribe, firma, número de cédula, dirección, ciudad y
número telefónico.
2 del litigio certificaciones de los despachos judiciales en las que consten,
de manera expresa, los asuntos o procesos atendidos y las
fechas exactas de inicio y terminación de la gestión del abogado
[día, mes y año] e incluso si está en curso el correspondiente
asunto.
3 de la prestación de certificación o acta de cumplimiento suscrita por la autoridad
servicios a través de competente de la respectiva entidad, empresa u organización,
31 Folios 1 a 40
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contratos en la cual se precise el objeto y actividades desarrolladas, la
fecha de inicio y terminación [día, mes y año] y el cumplimiento
del contrato por parte del aspirante. Cuando el contrato esté en
ejecución, el documento que se allegue así debe expresarlo con
la fecha de inicio.
Se prohibió la admisión de las copias de los contratos si no están
acompañadas de la certificación o acta referidas.
4 por horas o con jornadas su validez en tiempo será la suma de las horas certificadas y la
inferiores al día laboral división del resultado entre 8 horas para determinar el tiempo
laborado.
5 de docencia relacionada deben ser expedidas por las respectivas instituciones de
como profesor o educación superior oficialmente reconocidas y contener: i)
investigador nombre o razón social de la institución de educación superior; ii)
si es de tiempo completo, medio tiempo o por hora cátedra debe
precisarse el número total de las horas dictadas por semana
durante el período certificado; iii) el área de investigación,
asignatura o materia jurídica dictada; iv) las fechas exactas de
inicio y terminación de la actividad docente [día, mes y año]. Si
el participante dictó varias asignaturas o materias jurídicas o
realizó distintas labores de investigación, debía señalar las
fechas de inicio y finalización por cada una [día, mes y año]; v)
programa de educación superior en el cual dictó la asignatura o
materia jurídica o se realizó la labor investigativa.
Solo podían ser objeto de puntuación aquellas que
certificaciones en las que se especificara el número de horas
dictadas por semana.
6 en forma independiente mediante 2 declaraciones de terceros debidamente
identificados, que se entienden rendidas bajo la gravedad de
juramento, en las cuales se indicaran las actividades realizadas
y las fechas de inicio y terminación [día, mes y año].
7 en otras entidades del por medio de las certificaciones correspondientes al momento
sector público o privado de la inscripción en el respectivo módulo, con el lleno de las
exigencias establecidas en la resolución.
8 por un mismo periodo se contabiliza una sola vez como tiempo completo. En el evento
de allegarse una certificación de experiencia profesional de
medio tiempo solo podía ser concurrente con otra igual, con el
fin de sumar un tiempo completo.
9 publicaciones de libros su presentación en original y físico debía reunir los siguientes
que dan lugar a puntaje en requisitos [artículo décimo séptimo, numeral 2.2]:
la prueba de análisis de Publicaciones. Para efectos de otorgar puntaje en la prueba de
antecedentes análisis de antecedentes en el criterio de experiencia
profesional, por cada libro publicado cuyo único autor sea el
concursante se asignan 10 puntos. Si son varios los autores se
conceden 5 puntos.
Definición de libro. publicación impresa no periódica, que
consta como mínimo de 49 páginas, sin contar las de la cubierta,
que debe contener el respectivo número International Standard
Book Number, ISBN.
La asignación de los puntajes a las publicaciones de libros se
realiza únicamente respecto de aquellos cuyo contenido
corresponda directa y concretamente con el propósito principal,
las funciones esenciales y los conocimientos específicos del
empleo respectivo previstos en el Manual Específico de
Funciones y Requisitos por Competencias Laborales de la
entidad.
No serían objeto de evaluación: i) libros publicados con
anterioridad a la obtención del título profesional de abogado o
después de la fecha de cierre de la fase de inscripción de este
concurso; ii) la tesis o monografía de pregrado o posgrado
prevista como requisito para optar por un título académico; iii)
un libro realizado en cumplimiento de las funciones de un
empleo; iv) los libros entregados en forma extemporánea; v)
libros allegados en fotocopia, por lo que era requisito aportar un
ejemplar original; y vi) los que incumplieran con cualquiera de
las exigencias señaladas en precedencia.
30.3. El
artículo 12 estableció como instrumentos de selección, las pruebas de
conocimientos con carácter eliminatorio, y eliminatorio a las competencias
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comportamentales y el análisis de antecedentes, así:
«[…]
Pruebas Carácter Calificación aprobatoria Valor porcentual
Esta prueba se supera
Conocimientos Eliminatorio con 75 puntos sobre 100 55%
Competencias
comportamentales Clasificatorio N/A 25%
Análisis de
antecedentes Clasificatorio N/A 20%
100%
Los concursantes
Total que obtengan un
puntaje final total
igual o superior a
70% integrarán la
lista de elegibles32
[…]»
30.4. La señalada resolución distinguió entre la experiencia profesional que se tendría
en cuenta como requisito mínimo para acceder al empleo y respecto de la cual no
se otorgaría ningún puntaje [inciso final del artículo 16], de la experiencia profesional
adicional relacionada [artículo 17, numeral 2], esto es aquella que supera el requisito
mínimo y a la cual se otorga un máximo de 60 puntos, con base en los siguientes
parámetros: 5 puntos, por cada año adicional al requisito mínimo y relacionado con
el cumplimiento de actividades jurídicas afines al cargo; 5 puntos por cada año
completo de experiencia docente de tiempo completo, 4 puntos por medio tiempo,
3 y 2 puntos por hora cátedra, según se certificaran 3 a 11 o 12 a 19 horas
semanales, respectivamente; y por último, 10 puntos si el candidato es autor de
libros o 5 puntos si es coautor. Así lo especificó la entidad:
«[…]
EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA ADICIONAL PUNTAJE
Por cada año completo de experiencia profesional adicional relacionada 5 puntos
Por cada año completo de experiencia profesional docente (como profesor o
investigador) en materias jurídicas relacionadas, ejercida en instituciones de 5 puntos
educación superior, en programas de pregrado o posgrado del nivel profesional
universitario, de tiempo completo
Por cada año lectivo completo [correspondiente a dos semestres académicos] de
experiencia profesional docente (como profesor o investigador) en materias jurídicas 4 puntos
relacionadas, ejercida en instituciones de educación superior, en programas de
pregrado o posgrado del nivel profesional universitario, de tiempo completo
Por cada año lectivo completo [correspondiente a dos semestres académicos] de
experiencia profesional docente (como profesor) en materias jurídicas relacionadas 3 puntos
en programas de pregrado o posgrado del nivel profesional universitario certificada
por hora cátedra de 12 a 19 horas semanales
Por cada año lectivo completo [correspondiente a dos semestres académicos] de
experiencia profesional docente (como profesor) en materias jurídicas relacionadas 2 puntos
en programas de pregrado o posgrado del nivel profesional universitario certificada
por hora cátedra de 3 a 11 horas semanales
PUBLICACIONES (LIBROS) PUNTAJE
Por cada libro, con registro ISBN (International Standard Book Number), cuando el
concursante sea el AUTOR 10 puntos
Por cada libro, con registro ISBN (International Standard Book Number), cuando el
concursante sea COAUTOR 5 puntos
[…]»
30.5. Dentro de la experiencia profesional relacionada adicional, se estableció la
docente con las siguientes exigencias [artículo 17, numeral 2.1]: se reiteró que
32 Artículo 216 del Decreto Ley 262 de 2000
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00248-01 (6789-2023)
Demandante: Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard
aquella solo se tenía en cuenta a partir del título de formación universitaria, siempre
que correspondiera a programas de pregrado o posgrado de educación superior en
el nivel profesional universitario o materias jurídicas relacionadas. En lo atinente a
las certificaciones por hora cátedra, debía precisar el número de horas dictadas por
semana [hasta 19 horas semanales], pues de lo contrario no podían ser objeto de
valoración. Frente a la certificación de experiencia docente como profesor de medio
tiempo [20 a 24 horas semanales], podía ser concurrente con otra igual de medio
tiempo, «con el fin de sumar un año o un año lectivo de tiempo completo», tal y como se
expuso en el artículo 9, numeral 2.5.
2.3.3. En lo concerniente a los derechos de autor
31. El artículo 61 de la Constitución Política previó el deber del Estado de proteger
la propiedad intelectual, el cual se ha divido en dos categorías: (i) la propiedad
industrial que incorpora las patentes de invenciones, las marcas, los diseños
industriales, los circuitos integrados -entre otros- y (ii) el derecho de autor que versa
sobre obras literarias y/o artísticas33.
32. El derecho de autor se ha definido como la protección que le otorga el Estado al
creador de las obras literarias o artísticas desde el momento de su creación y por
un tiempo determinado34, cuya garantía está condicionada al cumplimiento de los
siguientes presupuestos: (i) salvaguarda las creaciones formales mas no las ideas;
(ii) la originalidad de la obra; y (iii) no depende del valor o mérito de la obra, ni de su
destino o forma de expresión.
33. En el ámbito internacional, la Decisión Andina 351 de 1993, expedida por la
Comisión del Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino, suscrito en Bogotá el 26 de
mayo de 1969 y aprobado por el Congreso de la República mediante Ley 8ª de
1973, es un acuerdo de integración económica y por lo tanto tiene por objeto
armonizar instrumentos y mecanismos de regulación en comercio exterior
necesarios para impulsar el proceso de integración. En el capítulo II concerniente al
objeto de la protección incluyó «[l]as obras expresadas por escrito, es decir, los libros,
folletos y cualquier otro tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas
convencionales».
34. Asimismo contiene de manera específica el régimen común sobre derechos de
autor, el cual presenta dos categorías: (i) los derechos morales; y, (ii) los derechos
patrimoniales de autor.
35. Debido al carácter fundamental que la Corte Constitucional le reconoció a los
derechos morales de autor, la citada disposición se incorporó al bloque de
constitucionalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la
Constitución Política. En la sentencia C-155 de 1998, la Corte consideró que «[l]os
derechos morales de autor se consideran derechos de rango fundamental, en cuanto la
facultad creadora del hombre, la posibilidad de expresar las ideas o sentimientos de forma
particular, su capacidad de invención, su ingenio y en general todas las formas de
manifestación del espíritu, son prerrogativas inherentes a la condición racional propia de la
33
Corte Constitucional, sentencia C-118 de 2005 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de febrero de 2018, rad. 25000-23-
26-000-2000-01884-01(28018)A.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 11 de
marzo de 1996, exp. 8968, M.P.: Juan de Dios Montes Hernández.
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00248-01 (6789-2023)
Demandante: Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard
naturaleza humana, y a la dimensión libre que de ella se deriva. […] Por su parte, los
derechos patrimoniales derivados de los derechos de autor, aunque no se consideran
fundamentales, merecen también la protección del Estado».
36. En particular, a los derechos de autor se les reconoce una doble dimensión
jurídica35:
«El derecho moral o personal, que es inalienable, irrenunciable, extrapatrimonial y
perpetuo. Se refiere a la posibilidad de que el autor de determinada creación,
reivindique en cualquier momento la paternidad de su obra, exigiendo que se indique
su nombre o seudónimo cuando esta se haga pública por cualquier medio.
Comprende igualmente el derecho a oponerse a cualquier deformación, mutilación
o modificación de su obra que desconozca su reputación, así como a la posibilidad
de mantenerla inédita o anónima, o modificarla antes o después de hacerla pública36.
En esta dimensión se reconoce también el derecho del autor de suspender la
circulación de su obra, así la haya autorizado previamente reconociendo los
respectivos perjuicios a terceros».
37. Ahora bien, las altas cortes37 han señalado de manera clara que solo serán parte
del bloque de constitucionalidad aquellas normas de la Decisión Andina 351 de 1993
que se refieran a la protección de los derechos morales de autor, esto es, entre
otros, de conservación de la obra, reivindicación de la paternidad y posibilidad de
oposición ante cualquier deformación, mutilación o modificación que atente contra
el decoro o la reputación de dicho titular.
38. La legislación colombiana incorporó el concepto de derecho de autor a través de
la Ley 23 de 1982–modificada por la Ley 44 de 1995-, en su artículo 9 estableció
que la protección que se otorga al autor, tiene como título originario la creación
intelectual, sin que se requiera registro alguno, sino que las formalidades que en
ella se establecen son para mayor seguridad jurídica de los titulares de los derechos
que se protegen. En ese mismo sentido, mediante el Decreto 460 de 1995, por el
cual se reglamentó el Registro Nacional del Derecho de Autor, se dispuso lo
siguiente:
«Artículo 3. La protección que se brinda a las obras literarias y artísticas, así
como a las interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el
derecho conexo, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad, y en
consecuencia el registro que aquí se reglamenta será para otorgar mayor
seguridad jurídica a los autores y titulares».
39. En consecuencia, si bien la protección del derecho fundamental de autor no está
sometido a algún tipo de formalidad, el registro otorga mayor seguridad jurídica a
los autores de la obra. En consonancia, el artículo 53 de la Decisión 351 de 1993
estipuló que los actos y hechos que están inscritos en el registro de derechos de
autor –de cada país miembro- deben presumirse como ciertos y, por tanto, deberá
presumirse como autor a la persona que figure como tal en el mencionado registro
o en el certificado expedido por la autoridad competente, sin que sea necesario
registro ni depósito ni ninguna otra formalidad.
40. En la sentencia SU-913 de 2009, dentro del trámite de revisión 9 fallos de tutela
35 Ver entre otras sentencias, C-276 de 1996, C-533 de 1993, C-924 de 2000, C-1139 de 2000, C-
053 de 2001, C-975 de 2002, C-509 de 2004, SU-913 de 2009, C-523 de 2009.
36 C-523 de 2009
37
Ibidem 33
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00248-01 (6789-2023)
Demandante: Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard
en relación con las formalidades dirigidas a acreditar los requisitos señalados por la
Ley 588 de 2000 dentro del concurso de notarios, en donde se discutió si la calidad
de autor solo podía probarse a partir del registro en la Dirección Nacional de
Derecho de Autor según lo establecido en el Decreto 3454 de 2006 o también
resultaba válido como medio de prueba el certificado emitido por el editor o imprenta
acompañado de un ejemplar de la publicación.
41. Al respecto, la Corte Constitucional determinó que la ausencia de la formalidad
del registro no podía derivar en el desconocimiento por parte de las autoridades que
administraban el concurso, de la titularidad que el autor tiene sobre su obra, pues la
Decisión Andina 351 del Acuerdo de Cartagena y la Ley 23 de 1982, otorgan al
registro un alcance meramente declarativo y no constitutivo del derecho de autor.
42. Es así como sostuvo que si bien el registro adquirió en el ordenamiento interno
colombiano un carácter opcional, lo que le habilitó para ser tenido como uno de
varios medios de prueba, no se constituyó como medio de prueba obligatorio y
excluyente en contravía de la presunción legal inserta en el artículo 10 de la Ley 23
de 1983 y del artículo 3 de la Ley 44 de 1993, según el cual: «se podrán inscribir en
el registro nacional del derecho de autor: a) las obras literarias científicas y
artísticas».
43. Por consiguiente, no podía ser el único medio autorizado para acreditar la autoría
de una obra literaria y mucho menos desplazar a la obra misma difundida a través
de la publicación como medio de prueba idóneo, pues ello implicaría mutar la
naturaleza facultativa del registro y desconocer la automaticidad del reconocimiento
del derecho moral de autoría. Ciertamente, el objetivo del registro es otorgar
publicidad del derecho del titular, como mecanismo de protección para éste, así
como de los actos y contratos por los cuales se transfieren los derechos
patrimoniales de autor. De hecho, el registro se advierte obligatorio cuando se trata
de la transferencia de los derechos patrimoniales de autor, en tanto derechos reales,
pero no ocurre lo mismo frente al derecho moral, cuya máxima expresión, es el
derecho a ser reconocido como titular de la obra.
44. Así las cosas, concluyó que el mecanismo idóneo para acreditar la autoría de
una obra literaria, era la obra misma, sin que pueda ser rechazada o desconocida so
pretexto de exigir una requisito de acreditación cualificado y excluyente que no exige
la legislación especial, pues de otorgarse al registro la entidad de única y obligatoria
forma de acreditar la autoría dentro del concurso de notarios se atropellaría de
manera frontal, vía reglamento, la presunción de derecho señalada tanto por la
Decisión Andina 351 del Acuerdo de Cartagena como por la Ley 23 de 1982. Lo
anterior, sin perjuicio de que además de la obra, sea posible la acreditación del
requisito a partir de cualquier otro medio idóneo, en el que sin duda se incluye el
registro en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ya que aunque facultativo,
tiene la vocación de otorgar publicidad al derecho de autoría, siempre y cuando, se
reitera, éste no se convierta a través de normas de inferior jerarquía en un
mecanismo obligatorio, único y excluyente que haga inane el ejercicio del derecho
fundamental de autor.
45. De acuerdo con lo anterior, se establece que si bien el derecho de autor moral
no está sujeto al cumplimiento de formalidades; lo cierto es que el registro que de
ellas lleve el Estado, en el caso colombiano denominado Registro Nacional de
Derechos de Autor, tiene fines específicos de publicidad y seguridad jurídica, según
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00248-01 (6789-2023)
Demandante: Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard
se consigna de manera expresa en el artículo 193 de la Ley 23 de 1982.
2.3.4 Sobre el International Standard Book Number
45.1. El ISBN es un sistema de numeración internacional que identifica cada título y
la producción editorial de las diferentes regiones, países o áreas idiomáticas y
constituye una herramienta útil para el control de inventarios, para la organización
de libros en bibliotecas y en librerías, además a partir de él se genera el código de
barras EAN 13 para libros38.
46. En torno a este requisito, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
sentencia del 30 de julio de 202139, al examinar la nulidad de la Resolución 040 de
2015, declaró la legalidad condicionada de los artículos 5 (inciso 3), 9 (numeral 2.9)
y 17 (parágrafo 1) de la Resolución 040 de 2015, bajo el entendido que los libros
que dan lugar a puntaje en la prueba de análisis de antecedentes pueden
presentarse en original y físico o en forma digital por quienes superen la prueba de
conocimientos, siempre y cuando los derechos de autor de las publicaciones
elaboradas y/o presentadas en físico o en medios digitales se encuentren
debidamente registrados y cuenten con el respectivo ISBN (International Standard
Book Number).
2.4. Caso concreto
2.4.1. Hechos probados
47. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente40:
47.1. Según el comprobante de resultados de la Procuraduría General de la Nación41,
Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard se inscribió al empleo de procurador judicial
II ofertado en la Convocatoria 001-2015 y en la aplicación de las pruebas obtuvo el
siguiente puntaje:
«[…]
Tipo de prueba Puntaje Aprobó
Conocimientos 90,01 SI
Competencias
76,73 SI
comportamentales
[…]»
47.2. El demandante aportó los siguientes documentos a fin de ser valorados en la
prueba de análisis de antecedentes:
• acta de grado de bachiller académico del 6 de diciembre de 1985 del Colegio
San Tarsicio42;
• acta de grado de abogado de la Universidad del Rosario del 29 de julio de
38 Consular de la página web del Banco de la República, Biblioteca Virtual Luisa Ángel Arango
http://www.banrepcultural.org/node/19156
39
Expediente con radicación: 11001-03-25-000-2015-00366-00(0740-15)
40 Folios 1 a 40
41 Folios 21 y 22
42
Folio 13
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00248-01 (6789-2023)
Demandante: Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard
199243;
• título de postgrado de Docencia Universitaria del 2 de mayo de 1996 de la
Universidad del Rosario44;
• declaración para fines extraproceso rendida el 20 de febrero de 2012 45 ante
la Notaría 18 del Círculo de Bogotá en la que declaró:
«[…] En la ciudad de Bogotá D.C. República de Colombia, siendo el día 20 de
febrero de 2012, ante mí José Miguel Robayo Piñeros, Notario Dieciocho (18) de
este Círculo, compareció Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard, […], ocupación
Abogado y manifestó:
Primero: Me llamo como antes lo indiqué y mis generales de ley son los ya
expresados.
Segundo: Bajo la gravedad de juramento y de conformidad con el Artículo 299 del
C. de P.C. de manera libre y espontánea y de acuerdo con la verdad, rindo la
presente declaración.
Tercero: Que como declarante no poseo ninguna clase de impedimento legal o
moral para rendir esta declaración juramentada, la cual presto bajo mi única y entera
responsabilidad.
Cuarto: Que conozco la responsabilidad que implica jurar en falso de conformidad
con el Código Penal.
Quinto: Que las declaraciones aquí rendidas versan sobre hechos que me constan
personalmente, de los cuales doy plena fe y testimonio.
Sexto: Que este testimonio lo rindo para ser presentado a la Unidad Administrativa
Especial de Restitución De Tierras Despojadas, con el fin extraprocesal de aportarlo
como prueba sumaria a esa institución, para los fines legales pertinentes.
Séptimo: Manifiesto que:
1. Que el 1° de abril de 1986 me vinculé laboralmente como dependiente judicial de
la firma de abogados JAIME ARTEAGA CARVAJAL / ClA., Sociedad colectiva civil,
domiciliada en Bogotá, identificada con el NIT 860.026.100 y representada
legalmente por el doctor Jaime Arteaga Carvajal, identificado con la cédula de
ciudadanía número 17.045.289 de Bogotá. A partir de mi grado como abogado
continué laborando con dicha empresa en el cargo de abogado asesor, hasta el 24
de septiembre de 1992, fecha en que me retiré del cargo.
A partir del 7 de septiembre de 1995 y hasta el 31 de octubre de 2000, ejercí como
abogado asociado a la firma de abogados JAIME ARTEAGA CARVAJAL Y CIA.,
sociedad colectiva civil, domiciliada en Bogotá, identificada con el NIT 860.026.100
y representada legalmente por el doctor JAIME ARTEAGA CARVAJAL, […].
Desde el 1º de noviembre de 2000 y hasta el 26 de enero de 2007, trabajé como
empleado del doctor Jaime Arteaga Carvajal, […], Notario Quinto (5°) del Círculo de
Bogotá. En desarrollo de esa relación laboral me desempeñé como Secretario
General y Notario Quinto (Encargado).
La sociedad JAIME ARTEAGA CARVAJAL Y CIA., fue legalmente disuelta y
liquidada en el año 2002.
El doctor Jaime Arteaga Carvajal, falleció en la ciudad de Bogotá el día 4 de junio
de 2007.
Por las razones expuestas hoy no es posible obtener una certificación laboral del
doctor Jaime Arteaga Carvajal, como empleador mío y como representante legal de
la sociedad a la cual también estuve vinculado.
7. Entre el 27 de enero de 2007 y el 3 de agosto de 2008 me desempeñé como
abogado independiente, asesorando a diversas personas, naturales y jurídicas, sin
generar ninguna vinculación de carácter laboral.
8. A partir del 4 de agosto de 2008, y hasta el día de hoy, me he desempeñado como
contratista independiente de la Organización Internacional para las Migraciones,
organismo internacional de derecho público. En virtud de dicha vinculación me he
desempeñado como abogado asesor del Proyecto Protección de Tierras y
Patrimonio de la Población Desplazada.
43
Folio 14
44
Folio 15
45
Folio 16
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00248-01 (6789-2023)
Demandante: Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard
El declarante leyó la totalidad de su exposición, la aprobó y firmó. En consecuencia
el Notario da fe de lo expuesto y firma conjuntamente. Se entregan las diligencias
originales a el (la) interesado (a) a su costa y para fines extraprocesales, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 1557 de 1989. […]» [sic].
• Certificación expedida el 20 de febrero de 2012 por la coordinadora de talento
humano de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual certificó
«[q]ue revisados los documentos que reposan en la hoja de vida del señor Rodrigo
Jesús María Arteaga de Brigard […] registra que prestó sus servicios en esta entidad
desde el 25 de septiembre de 1992 hasta el 07 de septiembre de 1995, siendo su
último cargo el de Profesional Universitario 3020-08 (hoy 2044-05) asignado a la
División de Signos Distintivos»46.
• En relación con la experiencia docente, el jefe de nómina del Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario certificó el 17 de febrero de 2012 47, certificó
la siguiente experiencia docente en la facultad de Jurisprudencia, a saber:
Período Asignatura Horas dictadas por
académico semana
02/03/92-30/12/92 Derecho Civil Bienes 8
01/02/93-30/12/93 Derecho Civil Bienes 4
31/01/94-30/06/94 Derecho Civil Bienes 4
25/07/94-17/12/94 Derecho Civil Bienes 4
30/01/95-15/06/95 Derecho Civil Bienes 4
24/07/95-15/12/95 Derecho Civil Bienes 4
22/01/96-07/06/96 Derecho Civil Bienes 4
22/07/96-06/12/96 Derecho Civil Bienes 4
27/07/98-15/12/98 Derecho Civil Bienes 4
27/07/98-15/12/98 Derecho Civil Sucesiones 4
18/01/99-04/06/99 Derecho Civil Sucesiones 4
18/01/99-04/06/99 Derechos Civiles 4
«Término fijo por Asignatura Horas dictadas por
hora cátedra» semana
19/01/00-19/06/00 Derecho Civil Bienes 10
18/01/01-15/06/01 Derecho Civil Bienes 6
01/08/01-07/12/01 Derecho Civil Bienes 6
Prestación de Asignación Horas dictadas por
servicios semana
11/03-03/04 Apoyo al programa de
25/01/06-15/09/06 titulación y modernización de No señaló el número de
la interrelación Catastro horas dictadas por
19/09/06-19/12/06 Registro semana
«Término fijo por Asignatura Horas dictadas por
hora cátedra» semana
17/09/07-05/12/07 Derecho Civil Bienes 4
29/01/08-05/06/08 Derecho Civil Bienes 8
29/07/08-05/12/08 Derecho Civil Bienes 4
27/01/09-02/06/09 Derecho Civil Bienes 4
28/07/09-27/11/09 Derecho Civil Bienes 4
01/02/10-04/06/10 Derecho Civil Bienes 4
• Certificación proferida el 26 de enero de 2015 por la coordinadora de
46
Reverso del folio 16
47
Folios 17 y 18
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00248-01 (6789-2023)
Demandante: Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard
contrataciones de la Misión OIM-Colombia48, en la que indicó que prestó sus
servicios en condición de contratista independiente, de acuerdo con el
contrato de prestación de servicios PS-PT-321, e inició actividades el 5 de
agosto de 2008 y finalizó el 30 de marzo de 2012. El objeto contractual fue el
siguiente:
«[…] El contratista en desarrollo de la Fase III es responsable, a escala nacional, de
contribuir al desarrollo de las líneas de actividades relacionadas con los aspectos
jurídicos, definid[o]s en el Proyecto y contenidas en el Plan de Acción, de acuerdo
con las directrices y responsabilidades trazadas para el área jurídica y en particular
referidas a: (a) normatividad nacional e internacional de protección de bienes en
favor de personas desplazadas, (b) derechos, relaciones jurídicas sobre inmuebles
y calidades referenciadas en la ley 1152 de 2007 y las que se expidan sobre el tema,
(c) medios de prueba, (d) conceptos acerca de aspectos confusos de la
normatividad, (e) elaboración de propuestas de política pública; (iii) apoyar los
procesos de capacitación que permitan la transferencia a instituciones y
comunidades; (iv) Apoyar la implementación de la ley 975 de 2005, en lo que
respecta a la reparación de las víctimas de despojo de tierras; y (v) Apoyar al
Proyecto, cuando la gerencia así lo considere, en instancias jurídicas del SNAIPD.»
• El 21 de enero de 2015, el coordinador del Grupo de gestión de talento
humano de la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras
Despojadas certificó la vinculación del demandante mediante nombramiento
ordinario desde el 20 de abril de 2012 y hasta el 31 de octubre de 2014, como
director territorial Bogotá, código 42, grado 1949.
47.3. Con la Resolución 1364 del 27 de junio de 2016 expedida por el jefe de oficina
de selección y carrera de la entidad, resolvió una reclamación contra el resultado de
la prueba de análisis de antecedentes de cero puntos. Sobre el particular consideró:
47.4. i) Para el cumplimiento de requisitos mínimos -que no otorgaba puntaje-.
Al respecto tuvo en cuenta el acta de grado como abogado de 29 de julio de 1992 y
no fue objeto de puntuación, el título de especialización en docencia universitaria,
porque no hizo parte de los títulos de posgrado específicos para la convocatoria y
tampoco corresponde a aquellos establecidos para otorgar puntaje para todas las
convocatorias [artículo 17, numeral 1].
47.5. En cuanto a la experiencia profesional relacionada [requisito mínimo], consideró
lo siguiente:
«[…] Los documentos aportados por el reclamante al momento de la inscripción,
para demostrar experiencia profesional y que fueron validados son los siguientes:
EXPERIENCIA RELACIONADA
Folio Entidad Cargo F. inicial F. final Tiempo
Colegio Mayor 0 años 5
163313 Nuestra Señora Servicios 01/11/2003 31/03/2004 meses
del Rosario profesionales 0 días
0 años 7
25/01/2006 15/09/2006 meses
22 días
0 años 3
19/09/2006 19/12/2006 meses
1 día
3 años 7
48
Reverso del folio 18
49
Folios 19 y 20
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00248-01 (6789-2023)
Demandante: Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard
162307 OIM Contratista 05/08/2008 30/03/2012 meses
26 días
Unidad
162928 Administrativa Director 20/04/2012 31/10/2014 2 años 6
Especial de territorial meses
Restitución de 12 días
Tierras
Despojadas
7 años, 5
TOTAL meses
27 días
[…]»
47.6. En atención a que con los documentos aportados para la acreditación del
requisito de experiencia mínima [8 años] solo acumuló 7 años, 5 meses y 27 días,
de tal manera que convirtió las horas cátedra de experiencia docente certificada por
la Universidad del Rosario a días laborales, para efectos de completar los 6 meses
y 3 días faltantes, así:
«[…]
Período No. semanas Horas semana Total horas
30/07/92-30/12/92 23 8 184
01/02/93-30/12/93 48 4 192
31/01/94-30/06/94 22 4 88
24/07/94-17/12/94 21 4 84
30/01/95-15/06/95 20 4 80
24/07/95-15/12/95 21 4 84
22/01/96-07/06/96 20 4 80
22/07/96-06/12/96 20 4 80
27/07/98-15/12/98 21 8 168
18/01/99-04/06/99 20 8 160
19/01/00-19/06/00 22 10 220
18/01/01-15/06/01 21 6 126
Total horas 1546
[…]»
47.7. Asimismo expuso que aun cuando la experiencia se certificó desde el 2 de
marzo de 1992, solo se valoró la posterior a la fecha de grado [29 de julio de 1992],
en atención a lo dispuesto en el numeral 2, artículo 9 de la Resolución 040 de 2015.
47.8. Es así como concluyó que «[d]el tiempo total de experiencia, esto es 8 años, 0 meses
y 10 días, se deben descontar los 8 años exigidos, quedando para puntuar cero (0) años
completos, es decir 0 puntos en este ítem; los meses sobrantes no se tienen en cuenta para
puntuación por cuanto la unidad de medida y valoración señalada es un año, […] de
conformidad con la Resolución 040 de 2015 que en su artículo décimo séptimo – numeral
2º establece que se concederá 5 puntos por cada año completo de experiencia profesional
adicional relacionada».
47.9. ii)
Sobre el análisis de la experiencia profesional. En cuanto a los
documentos que no fueron objeto de valoración con relación a la experiencia
profesional, con fundamento en que «no cumpl[ió] con la normativa del concurso:
Folio Entidad Observaciones
162233 Notaría Dieciocho del El documento corresponde a una Auto
Círculo de Bogotá Declaración del reclamante en la cual declara
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00248-01 (6789-2023)
Demandante: Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard
experiencia en la firma de Abogados Jaime
Arteaga Carvajal y Cia. que fue disuelta y liquidada
en el año 2002, declara experiencia en los
períodos:
Del 01/04/1986 hasta el 24/09/1992
Del 07/09//1995 hasta el 31/10/2000
Del 01/11/2000 hasta el 26/01/2007
162247 Superintendencia de El documento certifica el periodo laborado y
Industria y Comercio señala el último cargo desempeñado
[…]»
47.10. El primero de ellos, esto es la declaración extrajuicio no cumplió con los
requisitos establecidos en los numerales 2.1, 2.6 y 2.7 del artículo 9 de la Resolución
040 de 2015, bajo los siguientes argumentos:
«[…] la autodeclaración aportada a folio 162233 rendida ante la Notaría 18 del
Circuito de Bogotá, no cumple con estos requisitos, pues no corresponde a
certificación expedida por la empresa en la cual declaró laborar ni corresponde a las
dos declaraciones de terceros que la norma exige para acreditar experiencia como
independiente. Debe señalarse que las reglas del concurso establecen la obligación
de soportar la experiencia dependiente con certificación emitida por la respectiva
empresa u organización y, en tanto son normas obligatorias tanto para la
administración como para los participantes, de conformidad con lo previsto en los
artículos 195 del Decreto 263 de 2000 y 3º de la Resolución 040 de 2015, deben ser
aplicadas en igualdad de condiciones a todos los participantes.
A su vez, el trabajo independiente solo podía soportarse con dos certificaciones de
terceros de conformidad con lo previsto en los artículos 7º del Decreto 263 de 2000
y 9º de la Resolución 040 de 2015. […]»
47.11. En cuanto al segundo, esto es la certificación de la Superintendencia de
Industria y Comercio expedida el 20 de febrero de 2012 en la cual se indicó que
«prestó sus servicios en esta entidad desde el 25 de septiembre de 1992 hasta el 7 de
septiembre de 2015, siendo su último cargo el de Profesional Universitario», tampoco fue
tenida en cuenta en razón no reunió las exigencias del artículo 9 de la Resolución 040 de
2015, toda vez que «al indicar “último cargo” hace referencia al empleo ejercido al momento
del retiro, sin señalar la relación de los cargos ejercidos durante su vinculación laboral o
indicar que el último cargo fuese el único que desempeñó con la entidad; por tanto no es
posible establecer cuando inició labores en dicho empleo». En consecuencia, su
valoración conllevaría la vulneración del debido proceso e igualdad de los demás
aspirantes.
47.12. iii) En cuanto a la experiencia docente adicional relacionada se valoraron
los periodos certificados adicionales a los validados para el cumplimiento de los
requisitos, así:
Período Horas semana Tiempo
2001-II 6 Semestre académico
2007-II 4 Semestre académico
2008-I 4 Semestre académico
2008-II 4 Semestre académico
2009-I 4 Semestre académico
2009-II 4 Semestre académico
2010-I 4 Semestre académico
47.13. De acuerdo con el numeral 2 del artículo 17 de la Resolución 040 de 2015, por
docencia hora cátedra en el rango de 3-11 horas, se acreditó «7 semestres, es decir
3 años lectivos completos, a cada año se le otorga[ron] 2 puntos para un total de 6 puntos
[…]; el semestre restante no es puntuado por cuanto la unidad de medida de valoración es
el año lectivo completo, es decir 2 semestres académicos».
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00248-01 (6789-2023)
Demandante: Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard
47.14. iv) Sobre las publicaciones. La investigación «El Registro como Forma de
Protección de la Propiedad» en la que se desempeñó como director de equipo de
investigación no fue objeto de puntuación, en consideración del incumplimiento del
requisito del código ISBN establecido en el numeral 2.2 del artículo 17 de la
Resolución 040 de 2015.
47.15. Con base en todo lo anterior, concluyó que el puntaje obtenido por Rodrigo
Jesús María Arteaga de Brigard en la prueba de análisis de antecedentes era 6,
según lo expuesto a continuación:
«[…]
Aspectos evaluables Puntaje
Por estudios 0
Por experiencia (0 años completos adicionales) 0
Por experiencia docente en el rango de 3-11 horas 6
Acreditación de requisitos mínimos No otorga puntaje
TOTAL 6
[…]»
47.16. En consecuencia, en el ordinal primero de la parte resolutiva de esta resolución
[1364 del 27 de junio de 2016] dispuso «[m]odificar el puntaje obtenido en la prueba de
análisis de antecedentes por Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard […] número de
inscripción 804354 inscrito en la convocatoria 001-2015, de cero (0) a seis (6) puntos». En
segundo lugar, ordenó la notificación de conformidad con el artículo 212 del Decreto
Ley 262 de 2000, esto es mediante publicación fijada durante dos días hábiles «en
el mismo lugar en donde se publicaron los respectivos resultados de las pruebas, a
partir del día hábil siguiente a su expedición», sin que procediera ningún recurso,
según lo señalado en el inciso final de esa norma, tal como quedó expuesto en el
ordinal tercero de la resolución.
47.17. Según lo expuesto en el acápite de hechos de la demanda, el anterior acto
administrativo se publicó en la plataforma web de la Procuraduría General de la
Nación el 28 de junio de 201650
47.18. El 8 de julio de 2016, se expidió la Resolución 34951, por la cual el procurador
general de la Nación estableció la lista de elegibles dentro de la convocatoria 001-
2015 para proveer 23 vacantes del empleo de procurador judicial II en la
Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras, dentro de la cual no se enlistó
al demandante.
2.4.2. Análisis sustancial
47.19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
en sentencia proferida el 3 de agosto de 2023 negó las pretensiones de la demanda,
al considerar que los tiempos de experiencia profesional que el demandante
pretendió acreditar con la declaración juramentada, la certificación expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio, y la investigación titulada «[e]l registro
como forma de protección de la propiedad», no cumplieron con los requisitos
establecidos en los artículos 9 y 17 de la Resolución 040 de 2015.
50 Según se observa en el folio 45 del expediente
51 Folios 32 y 33
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00248-01 (6789-2023)
Demandante: Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard
47.20. La parte recurrente manifestó que el a quo omitió pronunciarse frente a todos
los argumentos expuestos en la demanda, de manera específica en lo concerniente
al puntaje asignado a las horas cátedra, la unidad de medida respecto del año
electivo y la negativa frente a la puntuación de la publicación aportada con
fundamento en que no contaba con el código ISBN.
47.21. Sobre el particular, la Sala observa que, como se expuso en el acápite
precedente, la norma que da apertura y reglamenta la convocatoria es la que de
manera fija, precisa y concreta reglamenta las condiciones y los procedimientos que
deben cumplir y respetar tanto los participantes como la administración. Sus reglas
son inmodificables y tienen un carácter obligatorio, que imponen a la administración
y a los aspirantes el cumplimiento de principios como la igualdad y la buena fe.
47.22. En el presente caso, para el empleo de procurador judicial II ofertado en la
Convocatoria 001-2015 regulada por la Resolución 040 de 2015 eran requisitos, los
siguientes:
«[…]
Requisitos 1. Ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y estar en pleno
generales goce de sus derechos civiles.
2. No estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad (artículos
85 y 86 del Decreto Ley 262 de 2000).
3. No haber llegado a la edad de retiro forzoso.
Requisitos de Título de abogado, expedido o revalidado conforme a la ley.
estudio
Requisitos de Experiencia profesional por un lapso no inferior a ocho (8) años contados
experiencia con posterioridad a la obtención del título de abogado
Equivalencias NO APLICAN
[…]»
47.23. El cumplimiento de los requisitos generales y de estudio no fue objeto de
debate en la presente litis, sino que está delimitada a los requisitos de experiencia,
dentro de los que tampoco se discutió los 7 años, 5 meses y 27 días con ocasión
del tiempo de servicios prestado en el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario
[por contratos de prestación de servicios]52, como contratista en la OIM53 y director
territorial en Bogotá de la UAE de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas54.
47.24. Así las cosas, debido a que le faltaban 6 meses y 3 días para completar el
requisito mínimo de experiencia de 8 años para el empleo al que aspiró, la entidad
sumó 1546 horas cátedra de aquellas certificadas por la Universidad del Rosario, a
partir del 30 de julio de 1992, en atención a que el día anterior [29 de julio de 1992]
obtuvo el título de abogado. Asimismo solo tuvo en cuenta las horas cátedra
certificadas hasta el 15 de junio de 2001, pues los meses sobrantes no podían
computarse, por cuanto la unidad de medida mínima es un año.
47.25. Al respecto, el recurrente manifestó que «para acreditar esos 6 meses y 3 días
que echaron de menos en el cálculo inicial, habría bastado acreditar, como tiempo de
ejercicio profesional, los periodos comprendidos entre el 30 de julio y el 30 de diciembre de
1992, y las 3 primeras semanas del mes de febrero de 1993. De esta manera el tiempo
52
Del 01/11/03-31/03/04 [5 meses], 25/01/06-15/09/06 [7 meses y 22 días] y 19/09/06-19/12/06 [3 meses y 1
día]
53
Del 05/08/2008-30/03/2012, para un total de 3 años, 7 meses y 26 días
54
Del 20/04/12-31/10/14, para un total de 2 años, 6 meses y 12 días
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00248-01 (6789-2023)
Demandante: Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard
restante (11 semestres) debió contabilizarse como experiencia docente, sumándola a los
otros 7 semestres que también se acreditaron y que la Procuraduría valoró como
experiencia docente […]». De esta manera según lo dispuesto en la Resolución 040
de 2015 por concepto de experiencia docente le correspondían 18 puntos, 2 por
cada año lectivo.
47.26. De conformidad con el artículo 9, numeral 2.4. de la norma regulatoria, en lo
concerniente a las certificaciones de experiencia profesional por horas o con
jornadas inferiores al día laboral, la «validez en tiempo se establecerá sumando las
horas certificadas y dividiendo el resultado entre ocho (8) horas para determinar el
tiempo laborado […]». Por ende, se procederá a efectuar el cálculo a continuación:
Período académico Horas Semanas Total
dictadas por comprendidas semanas
semana en el periodo
1 30/07/92-30/12/92 8 23 184
2 01/02/93-30/12/93 4 48 192
3 31/01/94-30/06/94 4 22 88
4 25/07/94-17/12/94 4 21 84
5 30/01/95-15/06/95 4 20 80
6 24/07/95-15/12/95 4 21 84
7 22/01/96-07/06/96 4 20 80
8 22/07/96-06/12/96 4 20 80
9 27/07/98-15/12/98 8 21 168
10 18/01/99-04/06/99 8 20 160
11 19/01/00-19/06/00 10 22 220
12 18/01/01-15/06/01 6 21 126
Total 1546
47.27. De acuerdo con la norma en cita, no es procedente el cómputo de 6 meses
comprendidos entre el 30 de julio y el 30 de diciembre de 1992, pues lo cierto es
que se certificó por horas cátedra y de acuerdo con la Resolución 040 de 2015, esas
1546 horas debían dividirse entre 8, lo que arrojó un resultado de 193,25 días de
experiencia relacionada equivalente a 6,34 meses que le hacían falta para la
acreditación de la experiencia profesional mínima de 8 años con posterioridad al
título de abogado.
47.28. Así las cosas, no era acertado el argumento concerniente a que «los periodos
comprendidos entre el 30 de julio y el 30 de diciembre de 1992, y las 3 primeras semanas
del mes de febrero de 1993» eran suficientes para acreditar los 6 meses y 3 días
restantes, pues de acuerdo con la forma en que estableció la norma regulatoria del
concurso la forma de computar las horas cátedra, el requisito mínimo de experiencia
se completó con lo certificado entre el 30 de julio de 1992 y el 15 de junio de 2001,
y por ende no podía ser susceptible de puntaje alguno.
47.29. En ese orden, frente a las horas restantes se observó lo siguiente:
Período Horas dictadas Semanas Total semanas
académico por semana comprendidas
en el periodo
01/08/01-07/12/01 6 19 114
17/09/07-05/12/07 4 12 48
29/01/08-05/06/08 8 19 152
29/07/08-05/12/08 4 19 76
27/01/09-02/06/09 4 19 76
28/07/09-27/11/09 4 16 64
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00248-01 (6789-2023)
Demandante: Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard
01/02/10-04/06/10 4 18 72
Total 602
47.30. El número de horas cátedra restante es 602, el cual dividido en 8 arroja un
resultado de 75,25 días equivalente a 2,46 meses, el cual no da lugar a ningún
puntaje adicional, pues como lo expuso la entidad en la Resolución 1364 del 27 de
junio de 2016, la norma reguladora del concurso previó 2 puntos por cada año
lectivo completo de experiencia profesional docente certificada.
47.31. Lo anterior es concordante con el antecedente de la Sección Segunda,
contenido en la sentencia del 30 de julio de 2021, radicación: 11001-03-25-000-
2015-00366-00(0740-15), en el que al examinar la nulidad de la Resolución 040 de
2015, definió la experiencia profesional como aquella que se tendría en cuenta como
requisito mínimo para poder acceder al empleo y a la cual no se le asignaría puntaje,
en tanto que la experiencia profesional adicional relacionada superaba el requisito
mínimo, a la que se le otorgó un máximo de 60 puntos, a partir de los siguientes
parámetros: 5 puntos, por cada año adicional al requisito mínimo y que está
relacionada con el cumplimiento de actividades jurídicas afines al cargo; 5 puntos
por cada año completo de experiencia docente de tiempo completo, 4 puntos por
medio tiempo, 3 y 2 puntos por cada año lectivo completo de experiencia
profesional docente certificada por hora cátedra y por último, 10 puntos si el
candidato es autor de libros o 5 puntos si es coautor. Todo lo anterior, de
conformidad con el numeral 2.4. del artículo 9 y numeral 2, artículo 17 de la norma
regulatoria del concurso.
47.32. Por otra parte, el apelante manifestó su desacuerdo frente a «la unidad de
medida de valoración» pues «en ninguna parte de la norma, concretamente en el artículo
décimo séptimo de la Resolución 040 de 2015, se señala que no habrá lugar a establecer
funciones de puntaje equivalentes, cuando el tiempo certificado sea inferior a la unidad de
medida, contrariando el principio general del derecho según el cual las normas deben
interpretarse en forma extensiva y favorable al administrado, salvo aquellas que implican
restricciones, prohibiciones o excepciones».
47.33. Como se expuso, el numeral 2 del artículo 17 sí señaló que la experiencia
profesional relacionada adicional se otorga por cada año completo y
específicamente en cuanto a la docencia corresponde a dos semestres académicos,
de tal manera que en la Resolución 1364 del 27 de junio de 2016, de acuerdo con
el numeral 2 del artículo 17 de la Resolución 040 de 2015, por docencia hora cátedra
en el rango de 3-11 horas, se acreditó «7 semestres, es decir 3 años lectivos completos,
a cada año se le otorga[ron] 2 puntos para un total de 6 puntos […]; el semestre restante
no es puntuado por cuanto la unidad de medida de valoración es el año lectivo completo,
es decir 2 semestres académicos».
47.34. Es así como los años lectivos [dos semestres] certificados en los años 2001,
2007, 2008 y 2009, adicionales a aquellos validados para el cumplimiento de los
requisitos mínimos, le otorgaron 2 puntos por cada año lectivo completo de
experiencia profesional docente certificada en el rango de 3 – 11 horas cátedra, por
lo que tampoco prospera este cargo de la apelación.
47.35. Sobre el particular, el Consejo de Estado en la citada sentencia del 30 de julio
de 2021, también sostuvo que ese esquema de calificación y la asignación de tales
puntajes obedeció a las atribuciones correspondientes al Procurador General de la
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00248-01 (6789-2023)
Demandante: Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard
Nación y en la medida en que a la experiencia profesional se le otorgó el mismo
puntaje asignado al ejercicio docente de tiempo completo, concluyó que el precepto
acusado previó un criterio flexible e incluyente respecto de todas las habilidades y
saberes que puede tener un aspirante.
47.36. Por último frente al desacuerdo de la negativa de la puntuación de la obra de
investigación aportada por cuanto no contaba con el código ISBN. El demandante
sostuvo que no analizó los precedentes jurisprudenciales de las altas cortes, entre
los que se encuentran la sentencia SU-913 de 2009, en la que la Corte
Constitucional amparó el derecho fundamental de autor y sentencias del Consejo
de Estado proferidas en el año 2011 relacionadas con los concursos de méritos para
el ingreso a las carreras notarial y judicial, entre ellas: i) del 26 de septiembre, rad.
08001-23-31-000-2011-00687-01(AC); ii) del 10 de noviembre de 2011, rad. 08001-
23-31-000-2011-00993(AC); y iii) del 30 de junio, rad. 11001-03-24-000-2008-
00391-00(0282-09).
Sobre el particular, es preciso señalar que si bien de acuerdo con la Decisión 351
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en la Ley 23 de 1982,
modificada por la Ley 44 de 1995, que en su artículo 9 previó la protección que se
otorga al autor, tiene como título originario la creación intelectual, sin que se requiera
registro alguno, lo cierto es que las formalidades que en ella se establecen, tales
como el código ISBN son para mayor seguridad jurídica de los titulares de los
derechos que se protegen, tal como lo ha señalado el Consejo de Estado55.
47.37. En esa medida y contrario a lo aducido por la parte apelante, se establece que
en el presente caso la administración no desconoció el derecho moral o personal de
autor, pues si bien es cierto, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la
sentencia SU-913 de 2009 y el Consejo de Estado en la jurisprudencia citada en la
apelación 56 , el registro de la Dirección Nacional de Derechos de Autor no es
constitutivo del derecho de autor sino de publicidad y, es de carácter opcional, lo
cierto es que ello no conlleva a desconocer la autonomía del juez para efectuar el
análisis en cada caso concreto, del cumplimiento de los postulados del debido
proceso, conforme con la norma regulatoria del proceso de selección, de tal mera
que en el trámite concursal clasifiquen las personas que demuestren efectivamente
mayores condiciones de mérito, capacidad e idoneidad para el desempeño del
cargo público.
47.38. Lo anterior aunado a que en el fallo del 30 de julio de 2021 aludido en el marco
normativo de esta providencia, se declaró la legalidad condicionada de los artículos
5 (inciso 3), 9 (numeral 2.9) y 17 (parágrafo 1) de la Resolución 040 de 2015, bajo
el entendido que los libros que dan lugar a puntaje en la prueba de análisis de
antecedentes pueden presentarse en original y físico o en forma digital por quienes
superen la prueba de conocimientos, siempre y cuando los derechos de autor de
las publicaciones elaboradas y/o presentadas en físico o en medios digitales se
encuentren debidamente registrados y cuenten con el respectivo ISBN (International
Standard Book Number), tal como se exigió en el numeral 2 del artículo 17 de la
Resolución 040 de 2015, cuyo efecto es vinculante al presente caso, tal como se
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 16 de
septiembre de 2001, dentro del proceso con rad. 11001-03-15-000-2021-05637-00(AC)
56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencias del 19 de noviembre de
2009, rad. 11001-03-24-000-2008-00391-00; del 26 de septiembre de 2011, rad. 08001-23-31-000-
2011-00687-01(AC); y del 10 de noviembre de 2011, rad. 108001-23-31-000-2011-00993-01(AC)
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00248-01 (6789-2023)
Demandante: Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard
señaló en el numeral cuarto, ordinal 3 de la parte resolutiva de la providencia. Sus
efectos son erga omnes según lo establecido en el artículo 189 del CPACA.
47.39. En ese orden, se reitera, la norma previó un criterio flexible e incluyente
respecto de todas las habilidades y saberes que puede tener un aspirante, incluida
la publicación de libros, a la cual le asignó 10 puntos, por tratarse de una labor de
suyo dispendiosa que requiere un mayor grado de esfuerzo y dedicación que no
puede contabilizarse en términos de años, tal como ocurre con los demás ítems
valorados, siempre que cumpliera con el respetivo ISBN. Por lo expuesto, no están
dadas las condiciones para declarar la prosperidad de este cuestionamiento.
2.5. Costas
48. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
49. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
50. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma57.
51. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
52. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
2.5. Conclusión
53. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la Procuraduría General
de la Nación no vulneró el principio del mérito y los derechos de acceso a cargos
públicos y debido proceso, porque el cómputo de las horas cátedra para la
asignación del puntaje de la experiencia profesional se efectuó de acuerdo con lo
57 En el igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00248-01 (6789-2023)
Demandante: Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard
señalado en la Resolución 040 de 2015, pues la experiencia profesional certificada
como hora cátedra entre el 30 de julio de 1992 y el 15 de junio de 2001 fue útil para
el cumplimiento del requisito de experiencia mínima, sin que la restante le otorgara
puntaje adicional, en la medida en que no alcanzó el año lectivo por el que la norma
otorgaba 2 puntos «por hora cátedra de 3 a 11 horas semanales».
54. Asimismo el numeral 2 del artículo 17 sí señaló que la experiencia profesional
relacionada adicional se otorgaba por cada año completo y específicamente en
cuanto a la docencia corresponde a dos semestres académicos.
55. Por último, no se desconoció el derecho fundamental de autor, debido a la
exigencia relativa a que los libros debían contar con el ISBN [International Standard
Book Number, tal y como se expuso por la Sección Segunda del Consejo de Estado
en la sentencia del 30 de julio de 2021, radicación: 11001-03-25-000-2015-00366-
00(0740-15).
56. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 3 de agosto de 2023
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
que denegó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 3 de agosto de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las
pretensiones de la demanda presentada por Rodrigo Jesús María Arteaga de
Brigard, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto Cfr. Rad. Av. 05001-23-
33-000-2020-00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00248-01 (6789-2023)
Demandante: Rodrigo Jesús María Arteaga de Brigard
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JNFG
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