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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-00301-01

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-00301-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°. Confírmase la sentencia de 3 de abril de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección F de la sección segunda), que declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho dentro del proceso incoado por el señor Ricardo Ignacio Vélez Benedetti contra la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores, por las razones expuestas en la parte 12 Expediente: 25000-23-42-000-2017-00301-01 (3261-2020) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Ricardo Ignacio Vélez Benedetti contra la Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores motiva. 2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-00301-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

28 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2017-00301-01 (3261-2020)
Demandante : Ricardo Ignacio Vélez Benedetti
Demandado : Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
Tema : Reliquidación de cesantías de funcionario que prestó sus
servicios en el exterior y pago de sanción moratoria

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia de 3 de abril de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección F de la sección segunda),
mediante la cual declaró probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 9 a 35). El señor Ricardo Ignacio Vélez Benedetti,
a través de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de
Relaciones Exteriores, para que se acojan las pretensiones que en el apartado
siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la «[…] nulidad del Oficio S-DITH-16-084712
del 15 de [s]eptiembre de 2016 suscrito por la [d]irectora de [t]alento humano
del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante el cual se dio respuesta al
[d]erecho de [p]etición elevado por el demandante el 25 de [a]gosto de 2016
[…]» (sic).

A título de restablecimiento del derecho, se condene a la demandada a pagar (i)
«[…] las cesantías a que [el actor] tiene derecho, como consecuencia de su
vinculación como funcionario […] durante el tiempo que laboró en el servicio
exterior entre el 8 de [a]gosto de 2003 [y] […] el 30 de [a]gosto de 2006,
[c]uyas cesantías anuales deben ser liquidadas con base en el SALARIO
REALMENTE DEVENGADO […] EN PLANTA EXTERNA, y no con el
equivalente a un cargo en planta interna» (sic); (ii) «[…] un interés moratorio
mensual del 2% [s]obre cada una de las sumas dejadas de pagar por los
conceptos anteriormente relacionados, liquidados a la tasa máxima legal [l]o
que corresponde a la sanción mínima por no haber efectuado al Fondo

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Ricardo Ignacio Vélez Benedetti contra la Nación -
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Nacional del Ahorro, en su oportunidad legal, anualmente y la liquidación
definitiva, con el pago del valor de las cesantías correspondiente con base en
el salario realmente devengado, como está debidamente probado […]» (sic);
y (iii) «[…] las sanciones e indemnización moratoria a que tiene derecho,
toda vez que el Ministerio no le liquidó ni canceló ni anualmente ni las cesantías
definitivas de manera correcta ni oportuna con base en el salario realmente
devengado, […] las sumas adeudadas por concepto de prestaciones sociales y
especialmente sus cesantías, de acuerdo con la Ley 244 de 1.995 y Ley 1071 de
2.006» (sic). Todas las anteriores sumas deberán actualizarse. Por último, que
se le condene en costas.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el demandante que «[…] laboró
continuamente para […] el MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, entre el 8 de [a]gosto de 2003 […] [y] el 30 de [a]gosto de
2006 […]» (sic); empero, este «[…] no cumplió ni en el curso de la relación
laboral ni al momento del retiro definitivo del servicio exterior, con su
obligación de liquidar las cesantías y demás prestaciones sociales que le
correspondían […] con base en el salario realmente devengado, razón por la
cual continua en mora» (sic).

Que el 25 de agosto de 2016 reclamó de esa cartera «[…] la reliquidación de
las cesantías[,] […] intereses moratorios del 2% mensual[,] la indemnización
moratoria de acuerdo con la Ley 244 de 1.995, Ley 1071 de 2.006, […] [y] los
aportes al [s]istema de [s]eguridad [s]ocial en [s]alud y [p]ensiones, todo con
base en el salario realmente devengado y los topes máximos autorizados por
la ley» (sic), lo que le fue negado con el acto acusado.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo demandado los artículos 1, 13, 25, 29, 48,
53, 58, 93 y 94 de la Constitución Política; 17 (letra a) de la Ley 6ª de 1945; 17
y 18 de la Ley 100 de 1993; 2 de la Ley 244 de 1995; 5, 11 y 12 de la Ley 432
de 1998; 60 y 61 del Decreto 1950 de 1953; 22, 25 y 27 a 30 del Decreto 3118
de 1968; 18 del Decreto 3135 de 1968; 45 del Decreto 1045 de 1978; 14 del
Decreto 162 de 1969; 19 del Decreto 1453 de 1998 y 1 del Decreto 4414 de
2004. Asimismo, las Leyes 640 de 2001, 1071 de 2006, 1285 de 2009 y 1395
de 2010; los Decretos 10 de 1992, 1832 de 1994, 274 de 2000 y 1716 de 2009;
y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo 87, 95 y 98.

Asevera que «[…] las prestaciones sociales y demás emolumentos que se
generan en una relación laboral deben cancelarse de acuerdo a lo
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efectivamente devengado, lo que no sucedió aquí, generando con ello absoluta
desigualdad, pues mientras a los demás funcionarios de cualquier planta de
personal ya sea de otros niveles, se les liquidan estos conceptos conforme a lo
que en efecto perciben por su labor, a […] [él] no» (sic).

Que «[…] es abiertamente inconstitucional el comportamiento del Ministerio
de Relaciones Exteriores al indicar que el salario base para liquidar las
prestaciones […] no es el que a su cargo correspondía sino el de otro señalado
ficticio de equivalencia en planta interna».

Aduce que «[p]or medio de la [s]entencia C-535 del 24 de mayo de 2005, […]
la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 57 del D. L. 10 de 1992,
el cual a pesar de que ya había sido derogado por la Ley 100 de 1.993 en sus
art 17 y 18, el Ministerio de Relaciones Exteriores continuaba reviviendo sus
efectos discriminatorios en los [D]ecretos 111 de 1.995, 1181 de 1.999, […]
[y] 274 de 2.000, [y la] Ley 797 de 2.003, todos declarados inexequibles por la
[…] Corte Constitucional, la que había definido que los aportes y la
liquidación de la pensión así mismo las cesantías anuales y definitivas de los
funcionarios del Ministerio […] que presten sus servicios en la planta
externa, deben hacerse conforme al salario realmente devengado […]» (sic).

Que la demandada «[…] no ha dado cumplimiento […] [al artículo 30 del
Decreto 3118 de 1968], ya que […] [el demandante] no ha sido notificad[o]
anualmente de la liquidación del auxilio de cesantías a que tiene derecho de
conformidad con las normas legales vigentes durante todo el tiempo continuo
que existió la relación laboral, hasta el momento de su desvinculación como
funcionario del Ministerio, sobre el período comprendido entre el 8 de [a]gosto
de 2003 [y] el 30 de [a]gosto de 2006» (sic), con lo que «[…] no le dio la
oportunidad de controvertirlas, otorgando los recursos de ley, ni aprovechando
para corregir y pagar las cesantías que había dejado de pagar con base en el
salario realmente devengado en todos los años que labor[ó] al servicio del
Ministerio […], lo que sucede solamente por la vía del [d]erecho de [p]etición
presentado, y cuya contestación dio lugar al oficio que aquí se demanda».

1.5 Contestación de la demanda (ff. 64 a 82). La accionada, por intermedio de
apoderado, contestó el libelo introductorio con oposición a sus súplicas; frente
a los hechos dice que algunos son ciertos, otros no y los demás son
apreciaciones subjetivas del actor; y su defensa se limitó a la formulación de las
excepciones denominadas (i) inepta demanda, (ii) enriquecimiento sin justa
causa del demandante, (iii) caducidad, (iv) prescripción del derecho para
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reclamar la reliquidación de las cesantías, (v) aplicabilidad del artículo 57 del
Decreto ley 10 de 1992, (vi) irretroactividad de la sentencia C-535 de 2005, (vii)
inexistencia de la obligación y especialidad del servicio exterior, (viii)
cumplimiento de un deber legal, buena fe de la Administración y aquiescencia
del accionante y conocimiento de la existencia de la figura del salario del cargo
equivalente en la planta interna como factor de liquidación de las prestaciones
sociales; y (ix) improcedencia de pago de la indexación e intereses.

1.6 Providencia apelada (ff. 281 a 295 vuelto). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección F de la sección segunda), mediante sentencia de 3
de abril de 2020, declaró probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho (sin condena en costas), al considerar que «[…] el Ministerio de
Relaciones Exteriores, durante el tiempo en que el demandante prestó sus
servicios en el exterior, con anterioridad al año 2004, liquidó y consignó el
auxilio de cesantías al Fondo Nacional del Ahorro con base en las asignaciones
del cargo equivalente en el servicio en la planta interna, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto [l]ey 10 de 1992 que así lo establecía,
esto es, sobre un salario inferior al realmente devengado» (sic).

Que «[t]eniendo en cuenta la sentencia de la […] Corte Constitucional C-535
de 2005 debe entenderse que la liquidación de las cesantías de los servidores
públicos del servicio exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, […] se
debe realizar con base en el salario realmente devengado, atendiendo al
principio de primacía de la realidad laboral sobre las formalidades, y no sobre
un salario inferior que realmente no tiene ninguna equivalencia»; por
consiguiente, dicha providencia «[…] habilitó para que aquellos servidores que
desempeñaron sus servicios en el exterior, a quienes se les liquidó las cesantías
conforme al salario equivalente en la planta interna del Ministerio de
Relaciones Exteriores, solicitaran la reliquidación de las mismas en defensa de
sus derechos».

Precisa que, a pesar de que al demandante le asiste el derecho reclamado, operó
el fenómeno jurídico-procesal de la prescripción extintiva, en la medida en que
«[…] se retiró del servicio exterior el 30 de agosto de 2006, por lo tanto, tenía
tres años contados a partir de entonces para realizar su reclamación, pero así
no lo hizo, puesto que la petición fue realizada solo hasta el 25 de agosto de
2016, cuando ya había prescrito su derecho».

1.7 Recurso de apelación (ff. 298 a 303 vuelto). El demandante, mediante
apoderado, interpuso recurso de apelación, al estimar que «[…] nunca recibió
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notificación de alguna decisión en la que se le indicara la forma y pago de sus
cesantías correspondientes a cada período laborado en la entidad, lo que se
debe a que dichos actos no fueron expedidos, o porque de existir […] nunca le
fueron puestos en [su] conocimiento […]», pues «[l]o que realizó la entidad
[…] fue consignar las sumas que consideraba deber […] mas nunca profirió
los actos administrativos en los que estuvieran plasmados los ejercicios
realizados, por lo que tampoco los notificó indicando los recursos de ley que
procedían […]».

Que «[…] el acto acusado […] no está reviviendo términos que hubiesen sido
omitidos por el accionante, por el contrario, sólo hasta dicho oficio existió una
manifestación formal del [Ministerio] […] que se refirió al ejercicio de
liquidación realizado en los períodos laborados […] lo que evidencia que sólo
desde esta manifestación podría empezar a contar el afamado término
prescriptivo […]».

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación interpuesto fue concedido mediante proveído de 16 de
septiembre de 2020 (f. 306) y admitido por esta Corporación a través de auto de
30 de noviembre de 2021 (f. 316), en el que se dispuso la notificación personal
al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de
los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de providencia de 10 de febrero de 2022 (f. 318), para que
aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, de conformidad con lo
establecido en el artículo 247 del CPACA, oportunidad aprovechada por las
primeras para insistir en sus planteamientos de demanda, apelación y defensa1.

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si se configuró el fenómeno jurídico-

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Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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procesal de la prescripción extintiva del derecho reclamado, como lo concluyó
el a quo; o si, por el contrario, al actor le asiste el derecho a la reliquidación de
sus cesantías como funcionario que prestó servicios en el exterior, con su
consecuente sanción moratoria, pues su actuación fue oportuna, como él lo
alega.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta
respecto del caso concreto.

El Decreto ley 2016 de 1968, en lo atañedero al régimen prestacional de los
empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, preceptuaba:

Artículo 76. Las prestaciones sociales de los empleados del servicio
exterior se liquidarán y pagarán con base en las asignaciones del
cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones
Exteriores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del
presente estatuto y salvo lo previsto en el artículo 66.

Sin embargo, esa norma fue derogada por el Decreto ley 10 de 1992, pero, por
medio de su artículo 57, permaneció la regla concerniente a que la liquidación
de las prestaciones de dichos empleados debía efectuarse con base en las
asignaciones pagadas al cargo equivalente en la planta interna de esa cartera,
disposición que, igualmente, fue reemplazada por el artículo 66 del Decreto ley
274 de 2000, así:

Liquidación de prestaciones sociales. Las prestaciones sociales de los
funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y consular se
liquidarán y se pagarán con base en la asignación básica mensual y
en los conceptos laborales legalmente reconocidos como factores de
salario, que le correspondieren en planta interna.

La anterior norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, en
sentencia C-292 de 20012, bajo el siguiente argumento:

Desde este punto de vista queda claro que el Gobierno Nacional,
como legislador extraordinario, se excedió en las facultades precisas
otorgadas por el Congreso de la República al amparo de lo previsto
en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución y por ello deviene
inconstitucional la expresión “salvo las particularidades

2
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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contempladas en este Decreto” contenida en el artículo 63. Esto es
así porque al establecer que los funcionarios pertenecientes a la
carrera diplomática y consular deben ser afiliados al Sistema Integral
de Seguridad Social creado por la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios y normas modificatorias y que ello procede "con las
salvedades introducidas en ese Decreto", se crea una excepción y se
abre la posibilidad de un régimen especial en materia del sistema de
seguridad social aplicable a los funcionarios pertenecientes a la
carrera diplomática y consular.

Igual consideración debe hacerse en relación con los parágrafos 2, 3
y 4 del mismo artículo y con los artículos 64, 65, 66 y 67 por cuanto
todos ellos regulan materias propias del régimen prestacional y
salarial que, por definición, están excluidas de los ámbitos que son
susceptibles de regulación extraordinaria por parte del Gobierno
Nacional con base en leyes de facultades. En efecto, cuando se hacen
regulaciones específicas relacionadas con el régimen de seguridad
social de esos funcionarios, cuando se establecen las condiciones en
que debe operar la prestación asistencial en el exterior, cuando se
determinan bases de cotización y de liquidación de prestaciones
sociales y cuando se determinan promedios para la realización de
pagos a funcionarios, el Gobierno Nacional está ejerciendo una
facultad que no le fue concedida y que el Congreso no podía delegarle
en cuanto se trata de un espacio que está supeditado al despliegue de
su propia capacidad legislativa.

De igual modo, ese alto Tribunal Constitucional, mediante fallo C-535 de 20053,
declaró inexequible el artículo 57 del Decreto ley 10 de 1992, con fundamento
en:

17- Para la Corte, la norma establece un trato distinto entre categorías
de funcionarios iguales, los servidores públicos, pues permite que la
pensión de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de
Relaciones Exteriores sea calculada de manera distinta a la del resto
de servidores públicos. En efecto, mientras que la regla general es que
la pensión se calcula con base en el salario efectivamente devengado
por el funcionario, en este caso se establece que, para los períodos en
que la persona prestó sus servicios en la planta externa, tanto la
cotización como el monto de la pensión se calcularán con base en el
salario previsto para los cargos equivalentes en la planta interna.

Es indiscutible entonces que la disposición que establece como forma
de cotizar y liquidar los aportes para pensión a partir del salario de un
cargo equivalente pero sustancialmente menor al devengado, es
3
Ibidem.
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contraria a la jurisprudencia sobre la materia y violatoria de los
principios y derechos de dignidad, igualdad, mínimo vital y seguridad
social. Obviamente la norma crea un factor ficticio que intenta excluir
el salario real devengado, o una buena parte de éste, del cálculo del
monto de la pensión.

[…]

El Ministerio de Relaciones Exteriores se opone a la declaratoria de
inexequibilidad argumentando que el régimen legal diferenciado que
se consagra respecto de la cotización y liquidación de la pensión de
jubilación y de las prestaciones sociales de los funcionarios del
servicio exterior se justifica por la necesidad de adecuar los ingresos
de tales servidores al costo de vida de los países en los que cumplen
sus funciones.

Para la Corte, como se ha visto, ese tratamiento no está justificado
pues implica un desconocimiento del mandato de igualdad en la
formulación del derecho y del principio de primacía de la realidad en
las relaciones laborales, principios de acuerdo con los cuales la
pensión de jubilación y las prestaciones sociales deben cotizarse y
liquidarse con base en lo realmente devengado por el funcionario del
servicio exterior y no con base en un salario inferior que no le
corresponde. Esta concepción, desde luego, no se opone a que, frente
a prestaciones como la pensión de jubilación, la cotización y
liquidación se realice respetando los límites máximos impuestos por
la ley pues el respeto de tales límites asegura el equilibrio financiero
del sistema de seguridad social en pensiones.

En tal sentido, de acuerdo con los referidos pronunciamientos, a pesar de que
en otrora se admitió que el Ministerio de Relaciones Exteriores liquidara las
prestaciones de sus empleados que laboraban en el exterior con lo sufragado en
un cargo equivalente en su planta interna, ello atentaba contra el derecho a la
igualdad, motivo por el que esos emolumentos debían calcularse con base en
los ingresos reales.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta necesario precisar que frente a que las
mencionadas sentencias de constitucionalidad, al no haber sido modulado su
contenido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 4,
sus efectos deben entenderse hacía el futuro, motivo por el que las actuaciones

4
«Artículo 45. Reglas sobre los efectos de las sentencias proferidas en desarrollo del control judicial de
constitucionalidad. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en
los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte
resuelva lo contrario».
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anteriores a su expedición adquirieron firmeza.

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

a) Decreto 1531 de 6 de junio de 2003 (f. 213), expedido por la Ministra de
Relaciones Exteriores, por medio del cual nombró al actor como ministro
consejero, grado ocupacional 5 EX, en la misión permanente de Colombia ante
la Oficina de las Naciones Unidas y de los Organismos Internacionales (ONU)
con sede en Ginebra (Suiza), cargo del que tomó posesión el 8 de agosto
siguiente (f. 214).

b) Decreto 1690 de 30 de mayo de 2006 (f. 215), proferido por la funcionaria
anterior, con el cual se designó a la señora Martha Irma Alarcón López como
reemplazo del demandante en el mencionado empleo.

c) Escrito de 25 de agosto de 2016 (ff. 44 a 51), con el que el accionante reclama
de la demandada la reliquidación de sus cesantías con base en lo recibido como
empleado de la planta externa y no con su equivalente en la interna, negada por
medio del acto acusado (ff. 41 a 43 vuelto).

d) Certificación de 4 de mayo de 2018 (f. 156), firmada por el coordinador de
nómina y prestaciones del ente demandado, según el cual el actor estuvo
vinculado desde el 8 de agosto de 2003 hasta el 30 de agosto de 2006 e indica
su asignación básica mensual en dólares en ese período laboral.

e) Certificación de 9 de mayo de 2018 (f. 157), emitida por el funcionario antes
indicado, que da cuenta, entre otros aspectos, de que «[…] las prestaciones
sociales de los empleados del [s]ervicio [e]xterior se liquidaban y pagaban con
base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del
Ministerio […]». Además, esa cartera «[…] en cumplimiento de la [s]entencia
C-173 de 2004 y el Decreto 4414 de 2004, a partir del año 2004, empezó a
liquidar y pagar el auxilio de cesantías tomando como base el salario
devengado en divisas extranjeras».

f) Certificación de 29 de agosto de 2018 (f. 183), firmada por la jefe de la
división de cesantías del Fondo Nacional del Ahorro, conforme a la cual el
demandante estuvo afiliado del 8 de agosto de 2003 al 1º. de septiembre de
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2006. Este documento está acompañado del extracto individual de dicha
prestación (ff. 184 y 185) y las órdenes de pago 616084 y 617988 (ff. 186 y
187), de los que se evidencian los retiros de 15 y 21 de noviembre de 2006, para
quedar con saldo en cero.

De las pruebas anteriormente enunciadas, se desprende que (i) el accionante
laboró como ministro consejero, grado ocupacional 5 EX, en la misión
permanente de Colombia ante la Oficina de las Naciones Unidas y de los
Organismos Internacionales (ONU) con sede en Ginebra (Suiza), desde el 8 de
agosto de 2003 hasta el 30 de agosto de 2006; (ii) sus cesantías definitivas
fueron liquidadas conforme a lo devengado en un cargo equivalente en la planta
interna del Ministerio accionado, y no con lo realmente devengado en el
exterior, según consignación realizada a su cuenta individual en el Fondo
Nacional del Ahorro, la que fue desocupada el 22 de noviembre de 2006; y (iii)
el 25 de agosto de 2016 reclamó de la demandada la reliquidación de su
prestación, negada con el acto acusado.

Con ocasión de la anterior decisión, el accionante acudió a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo con el propósito de obtener su nulidad, lo que no
logró ante el Tribunal de instancia, pues este encontró configurado el fenómeno
jurídico-procesal de la prescripción extintiva, por lo que interpuso recurso de
apelación, sustentado en que no era dable adoptar esa decisión en la medida en
que no existió un acto administrativo de liquidación de sus cesantías y, de
haberlo, este no le fue notificado, por lo que el término prescriptivo debe
contabilizarse desde la expedición del acto acusado, pues fue a través de él con
el que se logró un pronunciamiento de la Administración sobre tal liquidación.

Lo primero que esta Sala debe advertir es que la génesis de la reclamación del
demandante para una eventual reliquidación de sus cesantías son las sentencias
C-292 de 2001 y C-535 de 2005, con las cuales la Corte Constitucional declaró
inexequibles, en su orden, los artículos 66 del Decreto 274 de 2000 y 57 del
Decreto 10 de 1992 y, en tal sentido, a los empleados de la planta externa del
Ministerio accionado les surgió el derecho a que sus cesantías fueran calculadas
con fundamento en lo realmente devengado y no como lo había realizado esa
cartera, esto es, frente a un cargo equivalente en la planta interna; por tanto, en
principio, a aquel le asiste el derecho a la reliquidación reclamada habida cuenta
de que está acreditado que se calculó la prestación con base en las normas que
con posterioridad salieron del ordenamiento jurídico.

Ahora bien, en lo atañedero a la contabilización del término prescriptivo, de
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-00301-01 (3261-2020)
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acuerdo con la sentencia de unificación de 25 de agosto de 20165, frente a las
cesantías anualizadas no opera ese fenómeno, siempre que permanezca el
vínculo laboral, pero no ocurre lo mismo con las definitivas, para las que sí
existe la carga de reclamarlas dentro del plazo previsto en los artículos 41 y 102
de los Decretos 3135 de 1968 y 1869 de 1969, respectivamente, es decir, dentro
de los tres años siguientes a la fecha en que la obligación se hizo exigible.

Para el caso sub examine, se impone analizar cuál es el punto de partida para el
conteo de dicho término o desde cuándo se hizo exigible esa obligación, lo que
comporta el motivo de alzada, pues, se recuerda, el Tribunal de instancia declaró
configurado el fenómeno jurídico-procesal de la prescripción extintiva del
derecho.

En lo referente al conocimiento que tuvo el actor sobre la liquidación de sus
cesantías (lo que resultará determinante para acceder a sus argumentos de
alzada), del expediente se extrae que el 17 de febrero de 2004, 14 de febrero de
2005 y 15 de febrero de 2006 le fueron consignadas en su cuenta del Fondo
Nacional del Ahorro sus cesantías anualizadas causadas, en su orden, durante
2003, 2004 y 2005; de igual modo, el 20 de noviembre de 2006 se le depositaron
las definitivas. Asimismo, se evidencia que el 21 de noviembre de dicha
anualidad se retiró en su totalidad tal prestación6, con lo que se presume, sin
lugar a dudas, que sabía su valor. Empero, esta Sala reconoce que es cierto que
no existe un acto administrativo de liquidación, sino solo el extracto y las
órdenes de pago, a pesar de que ello no le resta importancia a que supo sobre su
valor y dispuso de él.

En un caso de similar base fáctica, esta subsección7 discurrió así:

[…] si […] está alegando que el acto debe ser comunicado, se le debe
recordar que […] está afiliado al FNA y hay una regulación expresa
para que el empleador consigne las cesantías, lo cual, una vez
efectuado, el ente previsional le informa cuánto se le consignó.

En consecuencia, no se requería la notificación del acto de
liquidación, esto es, el documento donde se liquidó, porque ya con la
consignación del valor tuvo conocimiento, y si pretendía un valor
mayor y si conocía que debía liquidarse en divisas y no en pesos
colombianos, debió haberlo reclamado oportunamente y teniendo en

5
Expediente 08001-23-31-000-2011-00628-01 (528-14) CE-SUJ2 6 de 2016.
6
La información sobre las consignaciones y retiro de las cesantías anualizadas y definitivas está contenida en
el extracto visible en los folios 184 y 185.
7
Sentencia de 1º. de marzo de 2018, expediente 25000-23-25-000-2012-00956-01 (1658-16).
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-00301-01 (3261-2020)
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cuenta que cada cesantía es anualizada y en especial que […] fue
objeto de liquidación definitiva por retiro del servicio

En tal entendimiento, no le asiste razón sobre el argumento concerniente a una
eventual irregularidad que podría generar que la contabilización del término
prescriptivo debía hacerse desde la expedición del acto acusado, como pasará a
explicarse.

La expedición de la sentencia C-535 de 2005 comportó un hecho nuevo que
creó una expectativa al demandante frente a su derecho, porque la liquidación
de sus cesantías debía realizarse con base en el salario realmente devengado y
no con el equivalente en la planta interna de la accionada. Esa decisión quedó
ejecutoriada el 18 de julio siguiente, por lo que es ese, y no otro, el inicio de la
contabilización del plazo con que contaba para acudir a la Administración con
la finalidad de hacerlo efectivo.

No obstante, tal como está probado, la reclamación se presentó el 25 de agosto
de 2016, es decir, luego de haber trascurrido más de 10 años y, por ende, resulta
acertada la actuación del a quo al haber declarado configurado el fenómeno
prescriptivo, pues no se cuenta con ninguna explicación que justifique por qué,
si la sentencia C-535 de 2005 quedó ejecutoriada el 18 de julio de esa anualidad,
se haya esperado tantos años para deprecar el derecho que surgió de dicho
pronunciamiento.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, la
Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que declaró probada la
excepción de prescripción extintiva del derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°. Confírmase la sentencia de 3 de abril de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección F de la sección segunda), que
declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho dentro del
proceso incoado por el señor Ricardo Ignacio Vélez Benedetti contra la Nación
– Ministerio de Relaciones Exteriores, por las razones expuestas en la parte
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motiva.

2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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