Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01005-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01005-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-01005-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
11 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá, D.C. , once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01005-01 (0588-2020)
Demandante: PEDRO MIGUEL ZAMBRANO BENJUMEA
Demandado: NACIÓN- PROCURADURÍA GENE RAL DE LA
NACIÓN.
Tema: Retiro del cargo d e provisional por n ombramiento
de empleado de carrera. Fuero sindical.
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA
I. ASUNTO
La Sección Segunda , Subsección A decide el recurso de apelación
interpuesto por el señor PEDRO MIGUEL ZAMBRANO BENJUME A
contra la sentencia de 25 de septiembre de 2019 , proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda,
Subsección C que negó las pretensiones de la demanda de la
referencia .
II. ANTECEDENTES.
2.1. Pretensiones .
2.1.1.Pedro Miguel Zambrano Benjumea , por intermedio de
apoderad a judicial, solicitó se declare la nulidad del Decreto 3908
del 8 de agosto de 2016 proferido por la Procuraduría General de
la Nación por el cual se retira del servicio al Procurador Judicial I-
235 Delegado para la Infancia y Adolescencia.
Que como consecuencia de lo anterior :
2.1.2 Se declare que la entidad demandada está obligada a
restablecer el derecho del demandante reintegrándolo en propiedad
al cargo de Pro curador I -235 Código 3PPJ en Infancia y
Adolescencia o a otro de igual o superior je rarquía quedando como
empleado de carrera administrativa.
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Demandante: Pedro Miguel Zambrano Benjumea
2.1.3 Se declare que la Procuraduría General de la Na ción debe
reparar el daño emergente consistente en el daño moral y lucro
cesante de todas las acreencias comerciales y/o administrativ as,
reflejad as en la cesación del pago de los salarios generando
incumplimiento de las obligaciones. De igual forma sus derechos
adquiridos sobre las cesantías, reajustes o indexaciones, sanciones
y demás prestaciones sociales dejad as de percibir desde el 8 de
agosto de 2016 al 8 de marzo de 2017 y desde esta fecha hasta que
sea reintegrado a su cargo.
2.1.4. Se declare que la Procuraduría General de la Nación está
obligada a tener en cuenta y reconocer el fuero sin dical y las
garantías constitucionales q ue le otorga su reconocimiento.
2.1.5 Se declare que no existe solución de continuidad en la
prestación del servicio por parte del actor, desde cuando fue
desvinculado hasta cuando sea efectivamente reintegrado para
efecto de prestaciones sociales en general.
2.1.6 Se ordene el cumplimiento de la sentencia pagando los
valores de las condenas en sumas liquidas de dinero en moneda
legal colombiana ajustadas con el índice de precios al consumidor
aplicando los artículos 176, 177 y 178 del CPACA .
2.17. Se condene a la Procuraduría General de la Nación al pago
de costas y agencias en derecho.
2.2. Hechos.
En la demanda 1 se narraron los hechos relevantes que a
continuación se resumen:
2.2.1 Mediante el Decreto 1400 del 19 de diciembre de 1995 se
nombró en propiedad al señor Pedro Miguel Zambrano Benjumea en
el cargo de Procurador Judicial 1 -2 35, Código OPJ -ES 52 de la
Procuraduría General de la Nación con sede en Bogotá. Con
1 Folios 47 al 69 y 244 al 259 del expediente.
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resolución secretarial sin número se confirmó el nombramiento del
señor Zambrano como Procurador Judicial Penal Mi litar y se
posesionó el 27 de diciembre de 1995.
2.2.2 El 19 de julio de 1996 se posesionó en el cargo de Procurador
Judicial I, Código OPJ Grado ES de la Procuraduría 235 Judicial I
en materia penal, en propiedad. El 9 de agosto de 1999 según acta
de posesión No. 746 se nombra Procurador Judicial I Penal, Código
OPJ EE75 en la planta de personal de la Procuraduría General de
la Nación.
2.2.3 El 31 de marzo de 2000 es nombrado Procurador Judicial I,
Código 3PJ, Grado EG según incorporación efectuada medi ante
Decreto 0101 del 23 de marzo de 2000.
2.2.4 El 14 de junio de 2000 le fue comunicado la asignación a la
Procuraduría 235 Judicial I Penal sed e Bogotá en cumplimiento de
la Resolución 211 del 13 de junio de 2000.
2.2.5. Mediante Resolución 197 del 12 de mayo de 2010 fue
nombrado Procurador Judicial I para la Delegada de Infancia,
Adolescencia y Familia.
2.2.6 El señor ZAMBRANO BENJUMEA fue nombrado como
miembro activo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Procuraduría General de la Nación S INTROPROA N e integró la
Junta Directiva co mo titular y suplente de la junta directiva.
2.2.7. A través de Decreto 3908 del 8 de agosto de 2016 , el
Procurador General de la Nación retiró al señor ZAMBRANO
BENJUMEA a part ir de la fecha en que toma posesión JAZMIN
GÓMEZ MONTOY A, negando los recursos para agotar la vía
gubernativa.
2.2.8. La hoja de vida del demandante en sus casi 21 años de
labores en la Procu raduría General de la Nación demuestra el cabal
y fiel cumplimiento de sus deberes como fu ncionario publico. Fue
condecorado por las Fuerzas Militares de Colombia.
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2.3. Concepto de la violación .
La apoderad a del demandante consideró como normas vulneradas:
• Artículos 2, 6, 13, 25, 29, 38, 39, 125, 150 numeral 23 y 280
de la Constitución Política.
• Artículos 171, 172, 192, 193, 194, 196, 197 y 198 de la Ley
201 de 1995 .
• Ley 57 de 1887.
• Artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo.
• Artículos 84, 85, 134, 136 al 139, 206 del CPACA.
Señaló que al cambiarse la vinculación del demandante en
propiedad a nombramiento en provisionalidad desconoce la
selección que se le hiciera por m érito y que se ajustaba a las
normas legales en el momento de efectuar el nombramiento,
violándose el derecho de acceso a la justicia, e l debido proceso y
el derecho a la defensa.
Además consideró que la Sentencia C 101 -13 genera un efecto
retroactivo y modifica posiciones adoptadas por la misma Corte
Constitucional en sentencias C 1130 -03 y se lleva a preguntar ¿si
dicho fallo puede apli carse a los fun cionarios que ingresaron con
antelación a la vig encia de la Ley 262 de 2000? o por el contrario,
se aplica el princip io de ultractividad. La respuesta solo puede ser
que en virtud del principio de favorabilidad debe tenerse en cuenta
las normas anteriores que generan derechos adquiridos.
Adujo que con un simple oficio e n el que se le comunica al
demandante que se modificó la naturaleza de su vinculación
soportándose en una interpretación de la Corte Constitucional la
Procuraduría General de la Nación, en adelante PGN, afectó su
estabilidad.
Expuso que viola el derecho de los funcionarios públicos a ser
desvinculados por un acto administrativo y no por u n simple oficio.
De otro lado, agregó que el actor esta amparado por fuero sindical
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en su calidad de q uinto suplente de la Junta Direct iva d el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Procuraduría General de la Nación,
SINTRA PROCURA DURIA vio lando la garantía constituciona l de ser
aforado y el debido proceso, pues se debió adelantar primero un
proceso por fuero sindical.
2.4. Contestación de la demanda .
La Procuraduría General de la Nación , por medio de apoderad a
judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda 2, con
fundamento en los siguientes argumentos:
Señaló que el cargo de Procurador Judicial de conformidad con el
artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000 era de libre nombramiento
y remoción, sin e mbargo la Corte Constitucional por medio de
Sentencia C 101 de 2013 declaró inexequible la expresión
“Procurador Judicial” señalando que en adelante el cargo debía
considerarse como de carrera administrativa y quienes hayan sido
nombrados en esos cargos se entenderían nombra dos en
provisionalidad.
Explicó que la entidad jamás ha reconocido derechos de carrera al
accionante.
Además, expuso que la PGN en cumplimiento de la orden proferida
por la Corte Constitucional de convocar a concurso los cargos de
procurador judicial abr ió el proceso de selección mediante
Resolución 040 de 2015 y a través de las convocatorias de la 001
a la 007 de 2015 se previó la provisión de 427 cargos de Procurador
Judicial II, Código 3PJ, Grado EC.
Agregó que este proceso cuenta con lista de elegibl es entre las que
se encuentra la contenida en la Resolución 344 de 2016.
Por otra parte, en relación con el fuero sindical indicó que la calidad
de aforado no prevalece cuando se trata de la provisión del cargo
2 Folios 163 al 176 del expediente.
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por concurso de conformidad con el artículo 24 del Decreto 760 de
2005 aplicable a la PGN en virtud del artículo 3 de la Ley 909 de
2004.
Ahora bien, f rente a la estabilidad de los funcionarios nombrados
en provisionalidad sostuvo que estos no pueden pretender que sea
igual a los servidores nombra do en propiedad.
Propuso la excepci ón innominada y genérica.
Jazmín Gómez Montoya, tercera interesada, por medio de
apoderada judicial 3, se opuso a las p retensiones de la demanda ,
con base en los argumentos que se resumen a continuación:
Señaló que la señora Jazmín Gómez Montoya surtió todo el trámite
del concurso y cumplió a cabalidad con los requisitos establecidos
por lo que obtuvo el derecho a ser n ombrada en propiedad y a ser
inscrita en el registro único de carrera.
Expresó que el demandante señala que se le ocasionaron unos
perjuicios pero n o allega ning ún medio probatorio tendiente a
demostrarlos. Tampoco acredita que est é amparado por fuero
sindical, por lo que no existe soportes suficientes para sustentar
las pretensiones de la demanda.
2.5. Decisiones relevantes en la audiencia inicial 4.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no encontró
configurada ninguna excepción previa o de aquellas enlistadas en
el numeral 6 del artículo 180 de l CPACA .
La decisión de excepciones no fue obje to de re curso por
ninguna de las pa rtes.
El litig io fue fijado en los siguientes términos:
3 Folios 226 al 233 del expediente.
4 Folios 370 al 374 del expediente.
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«En est e pr oceso se debe det erm inar si el act o
adm inist r at ivo dem a ndado, est o es, el decr et o 390 del 08 de
agost o de 2016, pr o f er ido por el Pr ocur ador G ener al de la
Nación, por m edi o del cua l se r et ir ó del ser vic io a l
dem andant e en el car go de Pr ocur ador Judic ia l I - 235
delegad o par a la I nf ancia y Ado lescenc i a, est á o no viciado
de nulid ad por los car gos expuest os en la dem anda, o por
los que encont r ar e est e Tr ibunal dem ost r ados, si se t r at ar e
de at ender der echos f undam ent ales .
En caso de pr osperar la pr et en sión de nuli dad, se deber á
r esolver sobr e la pr osper idad de las pr et ensiones
consecuenci ales . »
2.6. La sentencia apelada 5
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca por medio de la
sentencia de 25 de septiembre de 2019 , negó las pretensiones de
la demanda, con base en los argumentos que se resumen a
continuación:
Consideró que aunque inicialmente el Decreto Ley 262 de 2000
dispuso que los cargos de procurador judicial eran de libre
nombramiento y remoción, lo cierto es que la Corte Constitucional
declaró inexequible ese mandato , por ser contrario al artículo 280
de la Carta Política, de manera que no c abe duda que son cargos
de carrera administrativa y deben ser provistos mediante concurso.
Ahora bien, en lo que respecta a la protección por fuero sindical
señaló que ésta no resulta ilimitada, el servidor puede ser separado
de su cargo si n mediar autorización judicial , si cumple con alguna
de las condiciones establecidas en el artículo 24 del Decreto 760
de 2005.
Así las cosas, expuso que la norma citada señala que no resulta
necesaria la autorización judicial cua ndo la persona no supera el
período de prueba, el empleo es convocado a concurso de méritos
y no participa o habiendo participado no ocupa un puesto en la lista
de elegibles.
En ese orden de ideas, concluyó que el retiro del dem andante se
5 Folios 432 al 442 del expediente.
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produjo con ocasión del nombramiento de una persona que superó
el concurso de méritos. La desvinculación no estuvo motivada en
razones personales, laborales o de otro tipo y él no se encontraba
inscrito en la carrera administrativa de la entidad, por cuanto no
accedió al cargo mediante concurso.
Finalmente, manifestó que el demandante participó en el concurso
de méritos para proveer el ca rgo que venía desempeñando, sin
embargo no superó las etapas del mismo, lo que tipifica la casual
contenida en el numeral 24.3 del artículo 24 de la Ley 760 de 2005
que exime de la autorización judicial, por lo que la entidad estaba
autorizada para retirarlo.
2.7. Recurso de apelación .
La apoderad a de la parte demandante apeló 6 la anterior decisión ,
solicitando la revocatoria del fallo de primera instancia con base en
los argumentos que a continuación se resumen:
Reiteró que el demandante fue nombrado en propiedad y fue
inscrito en la carrera administrativa por ser vinculado con
anterioridad al Decreto Ley 262 de 2000 y la sentencia de
inexequibildad no puede ser aplicada de manera retroactiva.
Expresó que el a quo se equivoca al desconocer la garantía del
fuero sindical a pesar de existir pruebas fehacientes de su
condición de aforado y sostuvo que se le vulneraron los derechos
constitucionales y legales al demandante al ser re tirado sin
levantarle dicho fu ero.
Además, manifestó que tampoco se puede aplicar de manera
retroactiva el Decreto Ley 262 de 2000, toda vez que el actor fue
nombrado mediante Decreto 1400 de 1995 ni podía ser obligado a
participar en un concurso de méritos para provisionar un cargo que
ya se había ganado con el nombramiento y con la alta capacidad
de desempeño.
6 Folios 445 al 448 del expediente.
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Concluyó sosteniendo que la PGN mediante el Decreto 3908 de
2016 mutó de manera arbitraria la naturaleza de la vinculación
vulnerando el articulo 136 de la Ley 201 de 1995 y las
consideraciones de la sentencia de la Corte Constitucional que
argumentó que el cargo de procurador judicial ha sido definido como
empleado de carrera.
2.8. Alegatos de conclusión .
La parte demanda nte guardó silencio .
La entidad demandada 7, solicitó se confirme el fallo de primera
instancia, reiterando los argumentos expuestos en la contestación
de la demanda y agregó que le PGN jamás le ha reconocido
derechos de carrera al señor ZAMBRANO BENJUMEA quien
desempeñó un cargo de libr e nombramiento y remoción y el hecho
de que se le nombrara en “propiedad” no significa que per se tuviera
dichos derechos adquiridos.
La tercera interesada. 8 manifestó que no existe una sola prueba
que insinué que existen irregularidades en el trámite del concurso
o en las actuaciones por ella realizad as para acceder al cargo.
Así las cosas, consideró que no es posible extender a los actos
administrativos med iante los cuales se le nombró y posesionó la
declaratoria de nulidad del acto acusado por el demandante, razón
por la cual debe evaluarse de manera independiente las situaciones
del actor y de ella como tercera interesada.
El Ministerio Públ ico guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y d e lo Contencioso Administrativo , 9 el Consejo de
7 Índice 10 SAMAI
8 Índice 11 SAMAI
9 El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
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Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.
3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso 10, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a los a rgumentos expuestos por el apelante.
3.3. Problema jurídico .
De acuerdo con los argumentos presentados por la parte
demandante en el recurso de apelación, esta Sala deberá
determinar s i le asiste razón al solicitar la nulidad del acto
administrativo acusado a través del cual se le retiró del cargo de
Procurador Judicia l 1 -235 Delegado para la Infancia y Adolescencia
y en consecuencia tiene derecho a ser reintegrad o y al pago de los
emolumentos no devengados durante el tiempo que estuvo
desvinculad o. Igualmente, deberá revisar si su retiro estaba
supeditado al levantamiento del fuero sindical.
Con el anterior fin, deberá analizarse (i) el régimen de carrera de
la Procuraduría General de la Nación , y (ii) el análisis del caso
concreto .
3.3. Marco normativo y Jurisprudencial.
3.4.1 Régimen de Carrera de l a Procuraduría General de la
Nación.
El artículo 125 de la Constitución Política establece que por regla
general los cargos en las entidades del Estado son de carrera.
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se co nceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
10 « C o m p e t e n c i a d e l s u p e r i o r . E l j u e z d e s e g u n d a i n s t a n c i a d e b e r á
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]».
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La Procuraduría General de la Nación tiene un régimen especial de
carrera de origen constitucional consagrado en el artículo 2 79 de la
Carta Política que establece:
“ ARTI CULO 279. La ley det er m inar á lo r elat ivo a la
est r uct ur a y al f uncionam ient o de la Pr ocur adur í a G en er al
de la Nación, r egula r á lo at inent e al ingr eso y concur so de
m ér it os y al r et iro del ser vicio, a las inhabil idad es,
incom pat ib il idades, denom inac ión, cal id ades, r em uner ación
y al r égim en disc i plin ar io de t od os los f uncio nar ios y
em pleados de dich o or ga nism o. ”
A su vez, la Ley 2 01 de 1995 en su artículo 1 34 desarrolló la
disposición constit ucional determinando :
“ ARTÍ CULO 134. CO NCEP TO . La Car r era de la Pr ocur adur í a
G ener al de la Nac ión y ( …) es un sist em a t écnico de
adm inist r ación de p er sonal que t iene p or objet o gar ant izar
la ef ici encia de es t as ent idades y of r ecer a t odos los
ciudadan os igua ldad de opor t unidad par a el acceso a e llas,
la capacit aci ón, la est abilida d en sus em pleos y la
posib il idad de ascender en la Car r er a, com o t am bién
est ablecer la f or m a de r et ir o de la m isma. ”
De otra parte, el a rtículo 136 ibídem contempló los cargos de libre
nombramiento y remoción así:
ARTÍ CULO 136. EM PLEO S DE C ARR ER A. Todos los em ple os de
la Pr ocur adur í a G ener al de la Nación y de la Def ensor ía del
Pueblo, son d e Car r er a, con excepción de los de libr e
nom br am ient o y r emoción.
Los em pleados de l i br e nom br am ient o y r em oción son:
a) En la Pr ocur adur í a G ener al de la Naci ón: ( …)
• Agent es del Min ist er io Públ ico
(…)”
Así las cosas, de ntro de los agentes del Min isterio Público se
encontraban los cargos de Procuradores Judiciales como lo
establece el artículo 79 de la Ley 201 de 1995:
“ ARTÍ CULO 79. Los agent es del Min ist er io Públ ico , act uar án
com o sujet os pr ocesales ant e las Aut oridades Judic ia les y
t ienen est a calidad el Vicepr ocur ador Gener al de la Nación,
los Pr ocur ador es Deleg ados en lo Cont encioso, los
Pr ocur ador es Dele gados en lo Pen al, el Pr ocur ador
Deleg ado par a el M i nist er io Púb lico e n asunt os penales, el
Pr ocur ador Dele ga do par a las F ue r zas Mi lit ar es, el
Pr ocur ador Delega do par a la Poli cí a Nacional, los
Pr ocur ador es Del eg ados en lo Civ il, e n lo Labor a l, en l o
Am bient al y Agr ar io, el Pr ocur ador Dele gado par a el Men or
y la Fam il ia, los Pr ocur ador es Judic ial es y los Per soner os
Munic ipa les. ” ( Subraya fuera de texto)
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Al respecto sostuvo la Corte Constitu cional en Sentencia C 146 -01:
“ De acuer do con el br eve r epaso de la jur ispr udenc ia, no
cabe duda que la Cor t e se ha pr onunciado no só lo en l a
sent encia 031 de 1997 sobr e e l car áct er de libr e
nom br am ient o y r em oción de los Pr ocur ador es Delegad os ,
de los agent es del Min ist er io Públ ico, an t e las aut or idades
jur isd iccion ales, e nt r e los que se encuent r an los
Pr ocur ador es Judi ciales , com o em pleados de l ibr e
nom br am ient o y r emoción; y ha dicho qu e es const it uciona l
t al car áct er y que no se viola e l pr in cipio ge ner al de l a
car r er a adm inist r at iva . ” ( Subraya fuera de texto)
Con posterioridad, el Presidente de la Republica en uso de las
facultades extraordinarias otorgadas mediante la Ley 573 de 2000
profirió el Decreto Ley 262 de 2000 mediante el cual , entre otras
disposiciones, modifica el régimen de carrera especial de la
Procuraduría General de la Nación.
Ahora bien, el artículo 182 del Decreto Ley 262 de 200 0 establece
la clasificación de los empleos, así:
“ Los em pleos, de acuer do con su nat ur aleza y f or m a de
pr ovisión, se clas if ic an así :
1) De car r er a
2) De l i bre nombrami ent o y remoci ón
Los em pleos de la Pr ocur adur í a G ener al de l a Nac ión son de
car r er a, con excepción de los de l ibr e nom br am ient o y
r em oción.
Los em pleos de libr e nom br am ient o y r em oción son:
• Vicepr ocur ador gener al
• Secr et ar io gener al
• Tesor er o
• Pr ocur ador auxiliar
• Dir ect or
• Jef e de la división adm inist r at iva y f ina ncier a del i nst it ut o de
est udios del M in ist er io Públ ico
• Pr ocur ador delegado
• Procurador j udi cial
• Asesor del despacho del pr ocur ador
• Asesor del despacho del vicepr ocur ad or
• Veedor
• Secr et ar io pr ivado
• Pr ocur ador r egional
• Pr ocur ador dist r it al
• Pr ocur ador pr ovincial
• Jef e de of icina
• Jef e de la división de segur idad
• Agent es adscr it os a la div isió n de segur idad y dem ás
ser vidor es cuyas f unciones c onsist an en la pr ot ecc ión y
segur idad per sona l es de los ser vidor e s públicos, cua lqui er a
sea la denom inac ión del em pleo.
3. De per í odo f ij o: Pr ocur ador G ener al de la Nac ión. ” ( Negrilla
fuera de texto)
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Demandante: Pedro Miguel Zambrano Benjumea
La clasificación de los Procuradores Judiciales en carg os de libre
nombramiento y remoción no ha sido un tema pacífico, por cuanto
ha sido objeto de varios pronunciamientos constitucionales en las
sentencias: C-334 de 1996, C -031 de 1997, C -443 de 1997 y C-146
de 2001, declarando en esta última exequible la expresión
“Procurador Judicial” , sosteniendo :
“ ( …) igual que oc ur r e con los Pr ocur ador es Delegad os, los
Pr ocur ador es Judici ales son agent es dir ect os del Pr ocur ador
f r ent e a los despachos judic ial es ant e los que act úan com o
Min ist er io Púb lico. Y la Cor t e exam inó la dependencia d ir ect a de
est a clase de em pleados del M inist er io Públ ico, al decid ir sobr e
la const it uci onal ida d de nor m as que in cluid as en la Ley 2 7 de
1992 y en la Ley 2 01 de 1995 , en lo sust a ncial, es e l m ism o, c omo
ya se r ecor dó en esta sent encia.
En consecuenc ia, por exist ir cosa ju zgada const it ucio na l, se
declar ar á exequib l e la expr esión " Pr ocur ador Judicial" del
num er al 2) del ar t í culo 182 del D ecr et o 262 de 2000. ( …) ”
A pesar de lo dicho, y por considerar que en relación con el examen
frente al artículo 280 de la Constitución no existía cosa juzgada, la
Corte Constitucio nal en sentencia C -101 de 2013 abordó
nuevamente el estudio y declaró inexequible la expresión
“procurador judicia l” del numeral 2 de l artículo 182 del Decreto Ley
260 de 2000 por vulnerar el a rtículo 280 citado que consagra la
equiparación en materia de derechos entre los magistrados, jueces
y agentes del Ministerio Público que ejercen el cargo ante ellos,
estimando que entre los de rechos a homologar est á el de ser
considerado de carrera administrativa , por tal razón ordenó la
incorporación de los Procuradores Jud iciales en el régimen de
carrera de la Procuraduría General de la Nación.
Así las cosas, el cargo de Procurador Judicial pas ó de ser un cargo
de libre nombramiento y remoción a un empleo de carrera
administrativa.
Además, la Corte Constitucional ordenó a la PGN que en un término
máximo de 6 meses contados a partir de la ejecutoria del fallo se
convoque a concurso público para la provisión en propiedad de los
cargos de Procurador Judicial.
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3.4.1.1 Convocatoria del Concurso de Méritos en cumplimiento
de la Sentencia C -101 de 2013 .
En cumplimiento de la orden impartida por la Corte Con stitucional
en sentencia C -101 de 2013, el Procurador General de la Nación
mediante la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, dio apertura
al proceso de selección para prov eer los 744 cargos de
Procuradores Judiciales de los cuales 317 son Procuradores
Judiciales I y 472 Procuradores Judiciales II , a través de 14
convocatorias.
En dicho acto administrativo regla mentó las condiciones de la
convocatoria estableciendo, entre o tras, (i) 6 etapas del proceso de
selección: convocatoria, reclutamiento, aplicación de pruebas,
conformación de la lista de elegibles, per íodo de prueba y
calificación de este per íodo, (ii) el término de inscripción era desde
el 16 al 20 de febrero de 2015, (iii) se determinaron 3 pruebas, la
de conocimientos con un valor porcentual de 55%, competencias
comportamentales con 25% y el análisis de antecedentes con 20%
y (iv) se estipul ó que la lista de elegibles se confo rmaría con
aquellos concursantes que obtengan un puntaje igual o superior a l
70%.
La Sección Segunda de e sta Corporación se pronunció sobre la
legalidad 11 de la mencionada Resolución 040 de 2015 en los
siguientes términ os:
“ SEG UNDO : DECLA RAR la lega lidad con dicio nada de l inciso
3º del num er al 1º del ar t . 17 de la Resolución 040 DE 2015,
en el ent endi do d e que en la pr ue ba de anál isis de
ant ecedent es puede ot or gar se punt aje t ant o a los posgr ados
( m aest r í as, doct or ados o posdoct or ados en der echo) que
sean especí f icos r espect o de la con vocat or ia y em pleo
cor r espondient e, así com o t am bién, aquellos cuyo t í t ulo no
especif iqu e det er m inada ár ea de p r of undización de l
der echo, per o de lo s cuales se pueda d er ivar , bie n sea por
las calif icac iones ob t enidas, por el contenido del pr ogr am a
académ ico cur sado o por la t esis o t r abajo de invest igaci ón
adelant ado, que el concur sant e cuent a con la idone idad
pr of esional y los conocim ient os p r evist os en cada
convocat or ia par a el desem peño del em pleo
cor r espondient e.
TERC ERO : DECLA R AR la lega li dad co ndici onada de los
ar t s. 5º ( inciso 3º ) , 9º ( num er al 2. 9) y 17 ( par ágr af o 1º ) de
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Sentencia 30 de julio de 2021. Rad.110010325000201500366 00
(0740-2015) y acumulados
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la Resol ución 040 de 2015, en el ent endido que las
publ icacio nes de l ibr os que dan lug ar a punt aje en la pr ue ba
de anális is de ant ecedent es se pueden pr esent ar en or iginal
y f í sico o en f or m a digit a l por quien es super en la pr ueba de
conocim ient os, en l a f echa y lugar es que se est ablezc an
m ediant e aviso en l a página we b inst it uciona l, los cuales
deber án calif i c ar se bajo los m ism os cr it er ios y par ám etr os
en t ér m inos de igualdad, siem pr e y cuando los der echos de
aut or de unos y ot r os se encuent r en debidam ent e
r egist r ados y la pu blicac iones cuent en con el r esp ect ivo
I SBN ( I nt er nat ional St andar d Book Nu m ber ) , t al c om o se
exige en el num er al 2º del ar t . 17 del acto dem andando.
CUAR TO : Las decisi ones cont enid as en los dos num er al es
pr ecedent es, t endrán el ef ect o que se m enciona a
cont inuaci ón:
1. La legal idad con d icion ada de los Ar t í culos 5º inc iso 3º ; 9º
num er al 2. 9 y 17 par ágr af o 1º y del Ar tículo 17, num er al 1ª.
I nciso 3ª de la Resol ución 040 de 2015, tal com o se expr esó
en los num er al es 3. 9 y 3. 11 de est a pr ovidenc ia, solam ent e
pr oducir á ef ect os ex nunc, est o es, hacia f ut ur o, con el
pr opósit o de salva g uar dar las sit uaci o nes jur í dicas y los
der echos indiv idua le s ya consolidad os.
2. En el caso de que exist an list as de elegi bles pend ient es
de elabor ar , debe r á dar se est r ict a aplicac ión a las
dispos icion es cuya legalid ad condic io nada se declar a en
est a pr ovidencia, e n el sent ido de asi gnar punt aje en las
dif er ent es pr uebas y anális is de a nt ecedent es, a los
posgr ados de m aest r í a, doct or ado y posdoct or ado cuyos
t í t ulos no r ef lejen u n ár ea especí f ica d el der echo, per o de
los cuales se pueda der ivar que se cuent a con los
conocim ient os esp e cí f icos de la convo cat or ia a la cua l se
aspir a. En cuant o a l os libr os, se t endr án com o válidos t ant o
los apor t ados en f í sico com o aquel los q ue se pr esent en en
f or m a digit al, siem pr e y cuando los derechos de aut or de
unos y ot r os se encue nt r en debidam ent e r egist r ados y las
publ icacio nes cuent en con el r espect ivo I SBN ( I nt er nat ional
St andar d Book Num ber ) , t al com o se exige en el num er al 2º
del ar t . 17 del act o dem andando.
3. Respect o de aquellos asunt os que se est én vent ilando en
pr ocesos de nulidad y r est ablecim ient o del der echo que se
encuent r en en t r ám it e y que t engan que ver con los
pr oblem as jur í dicos m encionados en los num er ales 3. 9 y
3. 11 de est a pr ovidencia, el ef ect o ser á r et r ospect ivo,
siem pr e y cuando las decisiones que se adopt en no af ect en
las sit uaciones jur í dicas y los der echos individ uales ya
consol idados.
Q UI NTO : NEG AR la nulidad de l act o dem ando r espect o de
las dem ás pr et ensio nes de las dem anda s acum uladas. “
3.5. Análisis del caso concreto .
En el caso sub lite está demostrado lo siguiente:
3.5.1 Documentales:
• Mediante Decreto 1400 del 19 de diciembre de 1995 12, el
Procurador General de la Nación, n ombró en propiedad al
señor PEDRO MIG UEL ZAMBRA NO BENJUMEA en e l cargo
12 F o l i o s 2 y 3 del expediente.
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de Procurador Ju dicial I, Código O PJ -ES 52 con sede en
Santafé de Bogotá.
• El 27 de diciembre de 1995 , el señor ZAMB RANO
BENJUMEA se po sesionó co mo Procurador Judicial Penal
Militar como consta en Acta de Posesión 13 de la misma fecha.
• El 19 de julio de 1996 14, el se ñor PEDRO MIG UEL
ZAMBRANO BENJUMEA tomó posesión del cargo de
Procurador Judicial I, Código OPJ, Grado ES de la
Procuraduría 235 Jud icial I en materia Penal.
• El 9 de agosto de 1999, como consta en el Acta de Posesión
No. 746 15 el señor ZAMBRANO BENJUMEA se posesionó del
cargo de Procurador Judicial I Penal, Código OPJ EE 75 de
la Procuraduría Judicial I Penal, Santafé de Bogotá.
• Mediante Acta de Posesión 311 del 31 de marzo de 2000 16,
el señor ZAMBRANO BENJUMEA tomó posesión del cargo de
Procurador Judicia l I, Código 3PJ, Grado EG de la planta
globalizada de la Procuraduría General de la Nación.
• Con Resolución 104 del 19 de abril de 2001 17, el Procura dor
General de la Nación otorgó comisión al señor ZAMBRANO
BENJUMEA para asistir a un foro sindical, el III Congreso
Latinoamericano de Trabajadores Estatales en México.
• A través de la Re solución 197 del 12 de mayo de 2012 18, el
Procurador General de la Nación ubicó el cargo Procurador
235 Judicial I Penal de Bogotá que desempeñaba el
demandante en la Procuraduría Delegada para los Derechos
de la Infancia, la Adolescencia y la Familia.
• Con Resolución 040 del 20 de enero de 20 15 19, el Procura dor
General de la Nación dio apertura al concurso abierto de
méritos para proveer los cargos de Procuradores Judicia les I
( 3PJ-EG9) y II ( 3 PJ -EC).
• El 8 de julio de 2016 con Resolución 337 20, el Procurador
General de la Nación conformó la lista de elegibles dentro de
13 F o l i o 5 del expediente.
14 F o l i o 6 del expediente.
15 F o l i o 7 d e l e x p e d i e n t e .
16 F o l i o 9 d e l e x p e d i e n t e .
17 F o l i o s 1 8 a l 1 9 d e l e x p e d i e n t e .
18 F o l i o s 1 2 a l 1 5 d e l e x p e d i e n t e .
19 F o l i o s 1 7 7 a l 1 9 3 d e l e x p e d i e n t e .
20 F o l i o s 2 2 0 a l 2 2 2 d e l e x p e d i e n t e .
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la convocatoria 014 -2015 del Cargo procurador Judicial I
Código 3PJ grado EG en la Procurad uría Delegada para la
Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la
Familia ubicándose en el puesto 7 la señora JAZMIN G OMEZ
MONTOYA con un puntaje de 71,95.
• Mediante Decre to 3643 del 8 de agosto de 2016 21, el
Procurador General de la Nación nombró a la señora JA ZMIN
GOMEZ MO NTOY A en el cargo d e Procurador Jud icial,
Código 3P J Grado EG en la Procuraduría 235 Judicial I para
la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y
la Familia con sede en Bogotá.
• Mediante Decre to 3908 del 8 de agosto de 2016 22, el
Procurador General de la Nación retiró del servicio al seño r
PEDRO MIGUEL ZAMBRANO BENJUMEA en el carg o de
Procurador Judicia l, Código 3PJ Grado EG de la Procuraduría
Delegada para la I nfancia, Adolescencia y Familia debido a
que en dicho cargo se nombró a la señora JAZMIN G ÓMEZ
MONTOYA en aplicación a la lista d e elegibles. En la parte
motiva se hace referencia a que en virtud del artículo 24 del
Decreto 760 de 2005 no es necesaria la autorización judicial
para retirar a un servidor amparado por fuero sindical
vinculado en provisionalidad cuando el empleo se convoque
a concurso .
• El Jefe de División de Gestión Humana de la Procuraduría
General de la Nación certificó 23 el 21 de mayo de 2019 a
solicitud del Tribun al Administrativo de Cundinamarca, que no
se encontró que el señor PEDRO MIGUEL ZAMB RANO
BENJUME A tuvie ra la calidad de aforado como miembro
activo del sindicat o SINTRAPROCURADURIA.
3.5.2 Testimoniales:
• Testimonio del Señor Luis Armando Mena de Diego 24 quien
fue compañero del demandante y labora en la Procuraduría
General de la Nación. A la pregunta de si sabe las razones
por la cuales fue retirado el señor ZAMBRANO BENJUMEA,
21 F o l i o 240 del expediente.
22 F o l i o s29 al 30 del expediente.
23 F o l i o 4 0 5 d e l e x p e d i e n t e .
24 F o l i o 3 9 6 C D e x p e d i e n t e .
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“CONTESTO: No, no ganó el concurso, presento el concurso
y no quedo en lista de elegibles” Cuando se le indag ó si
conocía un hecho distinto que haya motivado el retiro:
“CONTESTO: Podría decir que por su labor sind ical”
PREGUNTA: Pero que conoce usted? “ Hechos como tales
no pero se de la animadversión con los lideres sindicales de
la entidad.” Cuando se le preguntó si en concreto conocía de
un hecho especifico del retiro del señor ZAMBRANO
BENJUMEA. CONTESTO “No”. En relación con la preg unta
de si sabe si el actor fue nombrado como miembro activo del
sindicato SINTRAP ROAN . CONTESTO: “Si claro que si, el lo
fundo, elaboro los estatutos y ha sido un líder muy destacado
en los sindicatos de la entidad. ” Se le indagó si era de la
Junta Directiva y CONTESTO: “ desde siempre…”
Adicionalmente, manifestó que el de mandante fue
reconocido por su labor y que su desempeño era destacado.
3.5.3 Análisis de la Sala.
Sostuvo la parte demandante que al modificarse la vinculación del
señor ZAMBRANO BENJUMEA en propiedad a nombramiento en
provisionalidad se desconoció la selección que se le hiciera por
mérito y que se ajustaba a las normas legales en el momento de
efectuar el nombramiento, violándose el derecho al debido proceso
y aplicándose la sentencia C 1 01 de 2013 de manera retroactiva.
Es preciso advertir que, el cambio de naturaleza de la vinculación
del cargo de procurador judicial de libre nombramiento y remoción
a carrera administrativa no fue como consecuencia de una decisión
del Procurador General de la Nación sino que, como se expuso en
el marco normativo y jurisprudencial, obedeció a una decisión
judicial de la Co rte Constitucional que declaró inexequible la
expresión “ Procurador judicial” al encontrarse que iba en contravía
del artículo 280 de la Constitución Política que dispone:
“ ARTI CULO 280. Los agent es del Min ist er io Públ ico t endr án
las m ism as calidade s, cat egor í a, r em uner ación, der echos y
pr est aciones de los m agist r ados y juece s de m ayor jer ar quí a
ant e quienes ej er zan el car go. ”
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De la norma en cit a, la Corte Constit ucional en sentencia C 101 -
2013 sostuvo que los agentes del Ministerio Público al tener los
mismos derechos que los magistrados y jueces ante quienes
ejercen el cargo, t ienen el derecho a pertenecer a un régimen de
carrera que en palabras de dicha Corporación “entraña para sus
titulares garantías de estabilidad laboral, de acceso a los cargos y
promoción a los mismos a través de la selección y evaluación
objetivos, con base en criterios del mérito y las calidades
personales, propios de la carrera administ rativa o judicial; de tal
pertenencia a la carrera se deriva, puntualmente, la garantía de que
su nombramiento y remoción no puede ser el result ado de la
discrecionalidad del nominador y de gozar de la estabilidad que
tienen los magistrados y jueces ante quienes ejercen sus
funciones. ”
Ahora bien, el demandante fue nombrado en vigencia de la Ley 2 01
de 1995 que clasificaba el cargo de procurador judicial entre los
empleos de libre n ombramiento y re moción, por ello se vinculó en
propiedad, sin que quiera decir qu e era un cargo de carrera
administrativa , pues no accedió a él a través de ningún proceso de
selección de conformidad con el artículo 125 de la Carta Política,
sino fue producto de la facultad discrecional del Procurador General
de la Nación de la época.
En ese orden de ideas, el actor se encontraba nombrado en un
cargo de Procurador Judicial cuya na turaleza mutó a un empleo de
carrera administrat iva y por lo tanto, su vinculación se modificó a
provisional y, en virtud de la orden emitida por la Corte
Constitucional en la pluricitada sentencia C 101 de 2013 debía ser
convocado a concurso de mérito, como en efecto lo fue.
Luego, la PGN no aplicó la sentencia de manera retroactiva o
modificó la naturaleza del cargo por decisión propia sino que como
consecuencia de la orden emitida por la Corte Constitucional
convocó a concurso de méritos para todos los cargos de procurador
judicial, razón por la cual no se violó el derecho al debido proceso.
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De otra parte, en relación con el argumento expuesto por la parte
actora en el sentido que la PGN debía previamente al retiro solicitar
autorización judicial por encontrarse el señor ZAMBRANO
BENJUMEA protegido por el fuero sindical , es relevante mencionar
que de las pruebas aportadas en el proceso no está demostrado
que el demandante al momento de su retiro pertenecía a una
organización sindical y tenía la calidad de aforado.
En efecto , obra constancia del Jefe de División de Gestión Humana
de la Procurad uría General de la Nación en la que c ertifica que el
demandante no ten ía la condición de aforado y de otro lado, en la
prueba testimonial se asevera lo contrario.
No obstante, es importante señalar que de conformidad con el
artículo 3 de la Ley 909 de 2004 , las disposiciones contenidas en
esa ley se aplican de manera supletoria a los servidores públicos
de carreras especiales , como el de la PGN cuando existen vacíos
en la normatividad que los rige.
Bajo este entendido, el artículo 24 del Decreto Ley 760 de 2005
expedido en ejercicio de las facu ltades extraordinarias ot orgadas al
Presidente de la Republica en el artículo 53 de la Ley 909 de 2004,
es aplicable a los servidores de la PGN ; esta norma dispone:
“ ART. 24. —No ser á necesar ia l a aut or i zación j udic ia l par a
r et ir ar del ser vicio a los em pleados a m par ados con f uer o
sindic al en los s igui ent es casos:
24. 1. Cuando no super en el per í odo de pr ueba.
24. 2. Cuando l os em pleos pr ov ist os en p r ovisiona li dad sean
convocados a concur so y el em pleado que lo ocupa no
par t icipe en él.
24. 3. Cuando l os em pleos pr ov ist os en p r ovisiona li dad sean
convocados a conc ur so y el em plead o no ocupar e los
puest os que per m it an su nom br am ient o en est r ict o or den d e
m ér it o. ”
De la lectura de la norma es claro que en el evento en que el cargo
se convoque a concurso como en el caso sub examine y el
funcionario nombrado en provisionalidad no participe o no se
encuentre en la lista de elegibles, como es el caso del dem andante,
no se requiere de autorización judicial para proceder a l retiro aun
cuando esté amparado por fuero sindical.
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En Sentencia C 1119 de 2005 la Corte Constitucional sostuvo al
declarar la exequibilidad de la norma:
“ Apar ent em ent e de los car gos plant eado s en la dem anda se
podr í a deducir la pr esencia de un conf lict o ent r e dos norm as
de r ango const it uci onal: por un l ado, el r econocim ient o
const it uciona l de l a gar ant í a f or al a los r epr esent ant es
sindic ales; y, por el ot r o, el cum pli m ient o del m andat o
const it uciona l de q ue t odos los em ple os en los ór ganos y
ent idades de l Est ad o son de car r er a, com o r egla gener al. N o
obst ant e, no exist e t al conf lict o, pues se t r at a de der echos
const it uciona les ple nam ent e dif er enciad os y dif er enciables.
(…)
El nom br am i ent o de car gos en pr ovisiona lida d se car act er iza
por su t em por alidad o t r ansit or iedad, hast a t ant o puedan ser
pr ovist os en pr opiedad con quienes hayan super ado el
pr oceso de selecc i ón. Es decir , se t r at a de un ví nculo
dest inado a desapar ecer una vez se cum plan las sit uacio nes
objet ivas que per m it en al nom inador llenar las vacant es
t r ansit or ias con qu i enes hayan sup er ado el concur so e n
est r ict o or den de m ér it os. Con ello, se da cum plim ient o a las
f inal idades de la car r er a adm inist r at iva, est o es, gar ant izar
el ingr eso y perm anencia al ser vic io púb lico de las per sonas
m ás calif icadas par a desem peñar la función que se les
asigna, at end iendo par a ell o los pr incip ios que la or ient an,
com o el m ér it o y la igualdad de opor t un i dades ( …)
…en el ar t í culo 24 cuest ionad o se dis pu so por el legis lador
habi lit ado que qui en se encuent r e desempeñando un em pleo
de car r er a en car áct er pr ovisional, pueda ser r et ir ado del
ser vicio a pesar de est ar am par ado con la gar ant í a del f uer o
sindic al, sin que t e nga que m ediar par a ell o aut or izac ión
judic ia l en los event os cont em plados en la nor m a
acusada, ( …) En ef ect o, se t r at a de situaciones ob jet ivas
pr eviam ent e est able cidas por la ley co m o causal de r et ir o
del em ple o las q ue dan lugar a e l lo. De ahí que no se a
necesar ia l a aut or iz ación j udic ial q ue se echa de m enos por
los dem andant es, p ues no se t r at a de v er if icar la ex ist enci a
o no de just as causas del desp id o de t r abajador es
am par ados con f uero com o una m edida t uit iva del der echo
de asociac ión si ndi cal, sino de dar c um plim ient o a l os
pr ocesos de sel ecci ón par a el ingr eso a la f unció n púb lica,
f undados en el m érit o y la igualdad de opor t unidades de
t odos los aspir ant es ( CP. ar t. 125) . ”
Así las cosas, en el caso sub iudice el retiro del señor ZAMBRANO
BENJUMEA es con secuencia del cumplimiento por parte de la PGN
de la orden de la Corte Constitucion al de convocar a concurso el
cargo de procurador judicial y de la vinculación de una funcionaria
que hacía parte de la lista de elegibles en el cargo que él
desempeñaba en provisionalidad, razón por la cual no era necesaria
autorización judicial.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01005-01(0588-2020)
Demandante: Pedro Miguel Zambrano Benjumea
En consideración a lo expuesto, la Sala señala que tal como lo
consideró el Tribunal, no se puede colegir que el acto administrativo
acusado adolezca de algún vicio de nulidad , por lo que se
confirmará la sentencia de primera instancia.
4. Costas.
El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho 25, los
llamados en la Ley 1437 de 2011 gastos ordinarios del proceso 26 y
otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la
práctica de la pru eba pericial, los honorarios de auxiliares de la
justicia como peritos y secuestres, transporte de expediente al
superior en caso de apelación.
En cuanto al recurso de apelación surtido ante esta Corporación,
se condenará en costas en segunda instancia a la parte
demandante, toda vez que , se cumple n los presupuesto s de los
numerales 1, 3 y 8 del artículo 365 del Código General del
Proceso, 27 puesto que se ha resuelto desfavorablemente el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia,
y se acreditó que se causaron , ya que la en tidad demandada alegó
de conclusión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO. CO NFI RMAR la sentencia de 25 de septiembre de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , que negó
las súplicas de la demanda en el proceso promovido por Pedro
25 A r t í c u l o 361 del Código General del Proceso.
26 A r t í c u l o 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib.
27“8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación.”
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-01005-01(0588-2020)
Demandante: Pedro Miguel Zambrano Benjumea
Miguel Zambrano Benjumea contra la Procuraduría General de la
Nación.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante en esta
instancia. Las mismas se liquidarán de conformidad con lo
establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el
programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022 ).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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