Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01008-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01008-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-01008-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01008-01 (3602-2023)
Demandante: Germán Ignacio Mateus Loaiza
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Vinculado: Gloria Cecilia Niebles Álvarez
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia de fecha 10 de marzo de 2023, proferida por la
Subsección “B” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones1. Con la demanda se solicitó inaplicar la Resolución 040 de 20 de
enero de 2015, por medio de la cual el Procurador General de la Nación dio apertura
al concurso de méritos para proveer en propiedad los cargos de procuradores
judiciales I y II, así como la Resolución 357 de 11 de julio de 2016, a través de la
cual se conformó la lista de elegibles para lo provisión de los cargos de
Procuradores Judiciales II para Asuntos Penales, así como el de todas las
decisiones de carácter general proferidas en el marco del citado concurso.
3. También se exigió la nulidad del Decreto 3782 del 8 de agosto de 2016, proferida
por el Procurador General de la Nación, mediante el cual se ordenó la
desvinculación laboral del demandante, quien se desempeñaba en provisionalidad
en el cargo de procurador judicial II, Código 3PJ, Grado EC, en la Procuraduría 98
Judicial II Penal.
4. Como restablecimiento del derecho se reclamó: i) el reintegro sin solución de
continuidad a un cargo igual o superior al que desempeñaba desde su primera
vinculación; ii) el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación y hasta que se produzca la
reincorporación de manera indexada; iii) el pago de los intereses a que hubiere
lugar y; iv) el pago de perjuicios inmateriales por 100 SMLMV.
1 Folios 543-618 cuaderno 3.
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5. Hechos. El demandante se desempeñó desde 1998 como Procurador Judicial I
Penal en propiedad y, adicionalmente, entre julio de 2015 y agosto de 2016 ocupó
en provisionalidad el cargo de Procurador 98 Judicial II Penal. Mediante el Decreto
3782 del 8 de agosto de 2016 se dio por terminada dicha provisionalidad para
nombrar a un elegible del concurso abierto de méritos 004-2015, sin que se
dispusiera su reincorporación al cargo en propiedad, pese a que este subsistía.
6. El concurso de méritos presentó graves irregularidades, especialmente en la
prueba de conocimientos: preguntas mal diseñadas, anulación inconsistente de
ítems (en particular las preguntas 1 y 28), respuestas contradictorias de la
procuraduría frente a su validez, falta de reglas claras y uniformes de calificación, y
vulneración de los principios de igualdad, transparencia y debido proceso. A ello se
suman denuncias de presunta filtración de preguntas divulgadas públicamente y
objeto de investigaciones administrativas y penales, cuya tramitación careció de la
publicidad suficiente.
7. El actor no aprobó el concurso y se publicó la lista de elegibles en julio de 2016.
No obstante, al momento de su desvinculación existían cargos vacantes de
procurador judicial I sin proveer y plazas disponibles, lo que reforzaba la obligación
de su reintegro.
8. Adicionalmente, se encontraba amparado por estabilidad laboral reforzada por
su condición de padre cabeza de familia, siendo el único proveedor económico de
su núcleo familiar, con hijos en etapa educativa y uno de ellos con afectaciones
emocionales.
9. Finalmente, la procuraduría desconoció su condición de empleado de carrera en
propiedad, afirmando la imposibilidad de reintegro, pese a los actos administrativos
que acreditan su nombramiento y continuidad en dicho estatus, lo que motiva la
controversia sobre la legalidad del decreto de desvinculación y de los actos que
negaron su reincorporación.
10. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículos 2, 3, 4, 6, 13, 25, 20, 29, 31, 53, 74, 86, 113, 118, 121 al
124, 125 inciso tercero, 209, 279, 280 de la Constitución Política; Decretos 262, 263
y 264 del 2000; Resolución 253 del 2012; Leyes 1437 de 2011, 1755 de 2015 y 909
de 2004. Al desarrollar el concepto de violación expuso lo siguiente:
11. Infracción de las normas en que debería fundarse. El demandante sostuvo
que durante el trámite del concurso abierto de méritos adelantado por la
Procuraduría General de la Nación se vulneró de manera grave su derecho
fundamental al debido proceso administrativo, en la medida en que la actuación
estuvo marcada por la ausencia de reglas claras, la modificación posterior de
criterios de evaluación y la adopción de decisiones contradictorias. En particular,
alegó que la administración anuló inicialmente algunas preguntas de la prueba de
conocimientos por carecer de validez técnica, pero posteriormente las valoró sin una
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motivación suficiente ni coherente, lo que impidió una actuación administrativa
transparente, previsible y respetuosa de las garantías procesales.
12. Invocó el desconocimiento del derecho a la igualdad y el principio del mérito que
deben regir el acceso a la carrera administrativa, pues la calificación de la prueba
de conocimientos fue arbitraria y desigual. Señaló que aspirantes que obtuvieron el
mismo número de respuestas correctas recibieron puntajes distintos y que ciertas
preguntas fueron excluidas para unos concursantes y contabilizadas para otros, sin
criterios objetivos ni uniformes, lo que generó tratamientos diferenciados
injustificados y desnaturalizó la finalidad del concurso.
13. Cuestionó de manera especial la validez técnica de la prueba de conocimientos,
la cual, a su juicio, no cumplió con estándares mínimos de confiabilidad y
objetividad. Expuso que varias preguntas estaban mal formuladas, no evaluaban
competencias propias del cargo o admitían más de una respuesta posible y que las
preguntas número 1 y 28 fueron inicialmente anuladas por la propia administración
al reconocer sus falencias, pero luego fueron validadas sin explicación razonable,
lo que evidencia improvisación y falta de rigor técnico en la evaluación.
14. Asimismo, alegó que las decisiones adoptadas por la Procuraduría frente a las
reclamaciones presentadas fueron contradictorias y carentes de motivación
suficiente, limitándose a afirmaciones genéricas sin sustento técnico o jurídico. Esta
situación impidió al demandante ejercer de manera real y efectiva su derecho de
defensa y contradicción, pues no tuvo acceso a los estudios técnicos, psicométricos
o metodológicos que sustentaran la validez de la prueba y su sistema de calificación.
15. Denunció la vulneración de los principios de publicidad y transparencia, al no
haberse divulgado de manera clara y oportuna las decisiones relevantes del
concurso, incluyendo la anulación y posterior validación de preguntas, así como los
criterios aplicados para la calificación. Ello generó opacidad en el proceso y afectó
la confianza de los participantes en la imparcialidad de la actuación administrativa.
16. Adicionalmente, expuso la existencia de una presunta filtración de las preguntas
del examen, hecho que fue objeto de denuncia pública y que comprometió
seriamente la igualdad de condiciones entre los aspirantes. Aunque la
administración adelantó investigaciones internas, estas fueron insuficientes, poco
rigurosas y no lograron desvirtuar de manera clara las irregularidades denunciadas,
manteniéndose incluso investigaciones penales relacionadas con estos hechos.
17. En cuanto a su situación laboral concreta, el actor afirmó que la Procuraduría
desconoció su condición de servidor público de carrera, pues al finalizar su encargo
en provisionalidad no fue reintegrado al cargo en propiedad que ostentaba como
Procurador Judicial I Penal, pese a que dicho cargo subsistía y existían vacantes
disponibles. Esta actuación vulneró su derecho a la estabilidad laboral y quebrantó
el principio de confianza legítima derivado de su vinculación en carrera
administrativa.
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18. Finalmente, sostuvo que la desvinculación del demandante desconoció su
condición de sujeto de especial protección constitucional, en tanto padre cabeza de
familia y único sostén económico de su núcleo familiar. La administración no realizó
ningún análisis de proporcionalidad ni adoptó medidas para proteger sus derechos
fundamentales al trabajo y al mínimo vital, lo que evidencia una actuación
desproporcionada y contraria a los mandatos constitucionales.
19. Contestación de la demanda2. Dentro de la oportunidad de ley, la
Procuraduría General de la Nación se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de la demanda. Con tales fines, argumentó lo siguiente:
20. Sostuvo que el régimen aplicable a los empleos de la Procuraduría General de
la Nación es el previsto en el Decreto Ley 262 de 2000, el cual regula la selección,
ingreso, permanencia y retiro del personal. En cumplimiento de lo ordenado por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-101 de 2013 y el Auto 255 de 2013, mediante
la Resolución 040 de 2015 se abrió el proceso de selección para proveer en carrera
administrativa todos los cargos de Procurador Judicial, incluido el ocupado por el
demandante. Señaló que la totalidad de los cargos existentes en la planta
globalizada —247 de Procurador Judicial II y 317 de Procurador Judicial I— fueron
ofertados en dicho concurso.
21. Afirmó, además, que el subproceso de selección de personal de carrera se
encuentra certificado bajo la norma ISO 9001:2008 y se rige por procedimientos
internos acordes con el Decreto Ley 262 de 2000, el cual no contempla la modalidad
de curso–concurso, mecanismo que nunca ha sido utilizado por la entidad. Indicó
que el concurso comprendió pruebas de conocimiento, comportamentales y de
análisis de antecedentes, junto con el periodo de prueba, lo que garantiza una
evaluación integral y concreta de las competencias e idoneidad de los aspirantes.
22. Finalmente, sostuvo que no es necesaria la expedición de una ley para crear un
nuevo sistema de carrera para los procuradores judiciales, ni resulta aplicable la Ley
270 de 1996, por ser exclusiva de la Rama Judicial. Defendió la legalidad de la
Resolución 040 de 2015 y la validez de las pruebas, las cuales fueron elaboradas y
calificadas por la Universidad de Pamplona, institución que atendió las
reclamaciones presentadas. Precisó que las pruebas evaluaron distintas categorías
cognitivas conforme a la taxonomía de Bloom y que los puntajes se obtuvieron
conforme a los procedimientos establecidos, destacando que un número
significativo de concursantes aprobó la prueba, por lo que no había lugar a declarar
desierto el concurso.
23. Por su parte, la tercera interesada Cecilia Niebles Álvarez sostuvo que la
demanda está estructurada de manera confusa y afirmó que, aun si se declarara la
nulidad de la Resolución 040 de 2015, ello no afectaría su nombramiento, pues
dicho acto no fue demandado y consolidó para ella una situación jurídica particular
y favorable, amparada por la presunción de legalidad y la confianza legítima.
2 827-855 cuaderno 4.
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24. Señaló que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, la nulidad del acto
general que convoca un concurso no implica automáticamente la nulidad de los
actos particulares expedidos en su desarrollo, como los nombramientos, máxime
cuando la eventual ilegalidad no es imputable a la persona nombrada y al momento
del nombramiento la resolución era obligatoria.
25. Afirmó que el concurso de la procuraduría no debe asimilarse al de la Rama
Judicial, pues se rige por un régimen de carrera propio previsto en el Decreto Ley
262 de 2000.
26. Respecto de la calificación de las pruebas, indicó que no existe obligación de
establecer una segunda instancia cuando no se formularon preguntas abiertas, ni
una regla legal que imponga un método específico de evaluación, las cuales deben
regirse por criterios técnicos y psicométricos.
27. Finalmente, negó que el demandante ostente estabilidad laboral reforzada
como padre cabeza de familia, por no haber acreditado los requisitos legales, y
rechazó que hubiera ocupado en propiedad el cargo que invoca, al no demostrarse
un nombramiento previo mediante concurso de méritos.
28. Sentencia de primera instancia3. El 10 de marzo de 2023, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones formuladas por el
demandante. Con tal finalidad aseguró:
29. El régimen de carrera de los procuradores judiciales está regulado por el
Decreto Ley 262 de 2000 y que la Resolución 040 de 2015 se expidió en
cumplimiento directo de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-101 de 2013 y el Auto 255 de 2013. En ese contexto, concluyó que la
Procuraduría General de la Nación tenía competencia para convocar el concurso
abierto de méritos y proveer los cargos en carrera administrativa, sin que fuera
necesaria la expedición de una ley adicional ni la aplicación del régimen de la Rama
Judicial previsto en la Ley 270 de 1996.
30. Analizó los cargos dirigidos contra la legalidad del concurso y señaló que las
presuntas irregularidades alegadas en la estructuración, aplicación y calificación de
la prueba de conocimientos no se acreditaron de manera suficiente para desvirtuar
la presunción de legalidad de los actos demandados. Destacó que la elaboración,
aplicación y evaluación de las pruebas fue contratada con la Universidad de
Pamplona y que las reclamaciones formuladas por los concursantes fueron
resueltas con fundamento en los informes técnicos correspondientes, sin que se
evidencie arbitrariedad o violación del debido proceso.
31. En relación con la anulación de algunas preguntas del examen, concluyó que la
exclusión de determinados ítems no afectó la validez general del concurso ni generó
una alteración sustancial en los resultados, pues se trató de ajustes técnicos propios
de los procesos de validación pos-test. Así mismo, consideró que no existe norma
3 Folios 963-1000 del cuaderno 4.
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que imponga un método único de calificación ni que obligue a establecer una
segunda instancia automática en la evaluación de pruebas cerradas, por lo que la
actuación administrativa se ajustó a las reglas del concurso.
32. Respecto de la desvinculación del demandante, sostuvo que el nombramiento
en provisionalidad estaba condicionado a la provisión del cargo mediante concurso
de méritos y que, una vez se produjo el nombramiento en periodo de prueba del
aspirante que superó el proceso de selección, la terminación de la provisionalidad
operó de pleno derecho. En consecuencia, el acto de desvinculación no puso fin a
una actuación administrativa, sino que declaró una situación administrativa, razón
por la cual no requería notificación personal ni la concesión de recursos en sede
administrativa.
33. En cuanto a la alegada estabilidad laboral reforzada como padre cabeza de
familia, concluyó que el demandante no acreditó los presupuestos exigidos por la
jurisprudencia constitucional, al no demostrarse una dependencia exclusiva,
permanente y necesaria de su núcleo familiar ni la imposibilidad de su cónyuge para
contribuir al sostenimiento del hogar. Por ello, descartó la configuración de una
protección reforzada que limitara la facultad de la entidad para dar por terminado el
nombramiento provisional.
34. Finalmente, frente al argumento según el cual el demandante ocupaba un cargo
en propiedad, advirtió que no se probó que dicho nombramiento hubiera sido
producto de un concurso de méritos, requisito indispensable para adquirir derechos
de carrera. Concluyó que las modificaciones a la planta de personal no le otorgaron
estabilidad propia de un empleado de carrera y que, por tanto, no existía obligación
de reintegro.
35. Recurso de apelación4. Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de
la parte demandante interpuso el recurso de apelación en los siguientes términos:
36. Solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, al considerar que se
desconoció que el demandante fue nombrado en propiedad como Procurador
Judicial I Penal mediante el Decreto 0908 de 1998, acto administrativo que se
encuentra amparado por la presunción de legalidad y que nunca fue anulado. En
consecuencia, sostuvo que al momento de su desvinculación el actor gozaba de
estabilidad laboral reforzada, circunstancia que impedía su retiro automático con
ocasión del concurso de méritos adelantado por la Procuraduría General de la
Nación.
37. Afirmó que el Decreto 3782 de 2016, mediante el cual se dispuso su
desvinculación, vulneró el debido proceso, el derecho al trabajo y el derecho a
acceder y permanecer en cargos públicos, pues la entidad no analizó su condición
de empleado en propiedad ni la existencia de vacantes disponibles en el mismo
cargo de Procurador Judicial I, que podían ser provistas con base en la lista de
elegibles sin afectar su vinculación.
4 Folios 10003-1007 cuaderno 4.
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38. Sostuvo que, aun cuando se encontraba encargado en provisionalidad en un
cargo de mayor jerarquía, ello no implicaba la pérdida de su condición de empleado
en propiedad, por lo que, una vez se efectuó el nombramiento en período de prueba
de la concursante que superó el proceso de selección, la administración debió
disponer su retorno al cargo base y no su desvinculación definitiva.
39. Insistió en que la procuraduría desconoció los derechos adquiridos del actor al
aplicar normas y criterios posteriores a su nombramiento, y cuestiona que se haya
sustentado su retiro en certificaciones administrativas que calificaron erróneamente
su vinculación como provisional. Señaló que esta actuación desnaturalizó la figura
del encargo y desconoció el régimen de carrera y la estabilidad propia de los
empleos provistos en propiedad.
40. Finalmente, solicitó que se declare la nulidad del acto de desvinculación y, como
restablecimiento del derecho, se ordene el reintegro del demandante a un cargo
igual o superior al que ocupaba en propiedad, así como el pago de salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir, sin solución de
continuidad.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
41. La admisión del recurso. Mediante auto de 27 de octubre de 20235 se admitió
el recurso de apelación. Dentro de las oportunidades de ley no se registraron
intervenciones de las partes ni del agente del ministerio público delegado ante esta
corporación.
42. Control de legalidad6. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
43. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,7 esta sala de
subsección es competente para resolver el recurso de apelación.
44. Marco de análisis de la segunda instancia. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso,8 el juez de segunda instancia
debe pronunciarse únicamente sobre los argumentos invocados por el recurrente,
salvo que ambas partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual podrá
5 Actuación visible en el índice 6 de la plataforma SAMAI.
6 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 «competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las disposiciones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]»
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resolver sin limitaciones. En el asunto actual, esta corporación solo emitirá juicio
frente a las razones expuestas en la alzada por la parte demandante, en su
condición de apelante único.
45. Problema jurídico. Corresponde a la Sala establecer si ¿La Procuraduría
General de la Nación vulneró los derechos al debido proceso, trabajo y a la
estabilidad laboral del demandante al disponer su desvinculación mediante el
Decreto 3782 de 2016, con ocasión del concurso de méritos convocado por la
Resolución 040 de 2015, pese a que alegaba haber sido nombrado en propiedad
como Procurador Judicial I desde 1998 y ostentar la condición de padre cabeza de
familia, sin evaluar su eventual retorno al cargo base o su reubicación en una
vacante equivalente?
46. Con tales fines, la Subsección abordará los siguientes aspectos: i) del régimen
de carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación y; ii) los requisitos
que permiten adquirir la condición de «padre cabeza de familia».
47. Del régimen de carrera administrativa de la Procuraduría General de la
Nación.
48. La Constitución Política estableció en su artículo 113 que, además de los
órganos que forman parte de las tres ramas del poder público «[…] existen otros
autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del
Estado». Dentro de esos entes se encuentra la demandada, institución que por
voluntad del constituyente dejó de ser parte de la rama ejecutiva9 y se ubicó dentro
de la estructura de los órganos de control.
49. En virtud de lo anterior, la Procuraduría General de la Nación cuenta con un
régimen especial de carrera administrativa que difiere del sistema general contenido
en la Ley 909 de 2004, pero que, ante los vacíos de aquellas disposiciones, puede
nutrirse de sus reglas10.
50. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 4.º del artículo 1.º de
la Ley 573 de 2000, el órgano legislativo revistió al presidente de la República de
precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley con el fin
de modificar, entre otros, la estructura de esa institución y, además, su régimen de
carrera administrativa. En ejercicio de tales atribuciones, el ejecutivo expidió el
Decreto Ley 262 de 2000, compendio normativo que concibió, entre otras cosas, la
Oficina de Selección y Carrera y la Comisión de Carrera, cuyas funciones se
encuentran expresamente detalladas en los artículos 12 y 240 respectivamente.
51. De igual manera, el numeral 40 del artículo 7 ibid., le atribuyó al Procurador
General de la Nación la competencia para «Ejercer la suprema dirección y
administración del sistema de carrera de la entidad» y, con ocasión a ellas:
9
En vigencia de la Constitución Política de 1886, el artículo 44 del Acto Legislativo número 1 de 1945, dispuso
que el ministerio público sería ejercido por el Procurador General de la Nación «bajo la suprema dirección del
gobierno».
10 Numeral 2° del artículo 3° de la Ley 909 de 2004.
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a) Definir las políticas para la elaboración y aplicación de las pruebas que se utilizarán
en los concursos y determinar los parámetros para su calificación.
b) Adoptar los instrumentos necesarios para el cumplimiento de los fines de cada una
de las etapas del proceso de selección.
c) Designar a las personas que integrarán el jurado encargado de elaborar y calificar
las pruebas de pregunta abierta y la entrevista y de resolver las reclamaciones
relacionadas con estas pruebas.
d) Definir las condiciones de las convocatorias para los concursos de méritos y
suscribirlas.
e) Excluir de la lista de elegibles, a solicitud de la Comisión de Carrera de la
Procuraduría General, a las personas que hubieren sido incluidas en ella, cuando se
demuestre la existencia de irregularidades en el proceso de inclusión en la lista.
f) Declarar desiertos los concursos, cuando se presenten las causales establecidas en
este decreto.
g) Revocar, a solicitud de la Comisión de Carrera de la Procuraduría General, los
nombramientos efectuados, cuando se demuestre la existencia de irregularidades en
el proceso de selección.
h) Fijar las políticas sobre estudios e investigaciones en asuntos relacionados con la
administración de la carrera.
52. Se sigue de lo expuesto, que el Procurador General de la Nación tiene la
potestad para fijar las políticas generales que guiarán todo el proceso de selección,
políticas a las que deberá ceñirse no solo el acto de convocatoria a concurso de
méritos, sino también cada una de las etapas que converjan en él -desde los
requisitos para la inscripción hasta las causales de exclusión del proceso-.
53. En suma, el sistema de carrera administrativa de la demandada se encuentra
regulado exclusivamente en el Decreto Ley 262 de 2000 y, de manera supletoria,
por las disposiciones contenidas en la Ley 909 de 2004. Por consiguiente, no se
puede colegir que las normas de otros regímenes especiales -como el de la rama
judicial- le sean aplicables, muy a pesar de que existan nexos entre los servidores
públicos de una y otra entidad.
54. Lo anterior es concordante con las reglas jurisprudenciales concebidas por la
Corte Constitucional en la sentencia C-101 de 2013, en la que declaró inexequible
la expresión «Procurador Judicial» contenida en el numeral 2° del artículo 182 del
Decreto Ley 262 de 2000 y, de paso, mutó los empleos de procurador judicial,
clasificándolos como pertenecientes al régimen de carrera administrativa. En esa
ocasión, la Corte concluyó que la Procuraduría General de la Nación contaba con
su propio régimen de carrera administrativa y, por tanto, no le era aplicable la Ley
270 de 1996 -contentiva del régimen de carrera de la rama judicial-, conclusión que
fue reiterada en el auto 255 de 2013, que resolvió la solicitud de nulidad presentada
en contra de la sentencia de marras.
55. Requisitos que permiten adquirir la condición de «padre cabeza de
familia».
56. El artículo 43 de la Constitución Política dispone:
«La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser
sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto
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gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio
alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.
El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia». (Negrillas de
la Sala)
57. La norma en cita concibió la figura de «mujer cabeza de familia, extendida
también a los padres» como sujeto de especial apoyo y protección estatal. Por esa
razón, el Congreso de la República expidió la Ley 82 de 199311, disposición a través
de la cual no solo precisó el concepto en referencia, sino que además estableció las
condiciones para su protección. En lo que aquí interesa, el artículo 2° consagró:
«Artículo 2. Para los efectos de la presente ley, la Jefatura Femenina de Hogar, es una
categoría social de los hogares, derivada de los cambios sociodemográficos,
económicos, culturales y de las relaciones de género que se han producido en la
estructura familiar, en las subjetividades, representaciones e identidades de las
mujeres que redefinen su posición y condición en los procesos de reproducción y
producción social, que es objeto de políticas públicas en las que participan instituciones
estatales, privadas y sectores de la sociedad civil.
En concordancia con lo anterior, es Mujer Cabeza de Familia, quien siendo soltera o
casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica
o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas
incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o
incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o
deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.
PARÁGRAFO. La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma,
desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada ante
notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo
caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo».
58. Posteriormente, con la Ley 790 de 2002 se les reconoció una especial
protección a las «madres cabeza de familia», al prever:
«ARTÍCULO 12. PROTECCIÓN ESPECIAL. De conformidad con la reglamentación
que establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el
desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres
cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental,
visual o auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad
y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término
de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la presente ley».
59. La norma en referencia tiene aplicación frente a las instituciones pertenecientes
a la rama ejecutiva del poder público que lleven a cabo programas de renovación y,
por tanto, en el curso de esos procesos les está prohibido retirar del servicio a las
personas que acrediten las condiciones legales y jurisprudenciales para ser
catalogadas como «madres cabeza de familia». El dispositivo transcrito fue
reglamentado por el Decreto 190 de 2003, por el cual se definió la expresión «madre
cabeza de familia sin alternativa económica», en los siguientes términos:
11 Modificada por la Ley 1232 de 2008.
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«Artículo 1°. Definiciones. Para los efectos de la Ley 790 de 2002 y del presente
decreto, se entiende por:
(…)
Madre cabeza de familia sin alternativa económica: Mujer con hijos menores de 18
años de edad, biológicos o adoptivos, o hijos inválidos que dependan económicamente
y de manera exclusiva de ellas, y cuyo ingreso familiar corresponde únicamente al
salario que devenga del organismo o entidad pública a la cual se encuentra vinculada.
(…)».
60. La expresión «las madres» fue declarada exequible por la Corte Constitucional
mediante sentencia C-044 de 2004, de manera condicionada «(...) en el entendido
de que la protección debe extenderse a los padres que se encuentren en la misma
situación, en aras de proteger la prevalencia de los derechos de los niños y el grupo
familiar al que pertenecen'». A nivel jurisprudencial, resultan de suma importancia
los aportes efectuados por la Corte Constitucional en la sentencia SU 388 de 2005.
En ella se establecieron los presupuestos jurisprudenciales para que una mujer y/o
un hombre sea considerado cabeza de familia, así:
«La Corte advierte que no toda mujer puede ser considerada como madre cabeza de
familia por el sólo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar. En efecto, para
tener dicha condición es presupuesto indispensable (i) que se tenga a cargo la
responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii)
que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no sólo la ausencia
permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga
del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma
la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente
poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la
muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás
miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para
sostener el hogar».
61. Bajo el anterior contexto normativo y jurisprudencial, la Sala resolverá los
reparos expuestos en el recurso de apelación.
62. Caso concreto
63. Como se recordará, el recurrente arguyó que para el momento de su
desvinculación ocupaba en provisionalidad el cargo de Procurador 98 Judicial II
Penal, desde julio de 2015 hasta el 8º de septiembre de 2016, según nombramientos
en provisionalidad hasta por seis (6) meses cada uno; alegó, además, que ocupaba
en propiedad de Procurador 335 Judicial I Penal con sede en Bogotá, por ser
nombrado mediante Decreto número 0908 del 24 de septiembre de 1998. De modo
que al terminarse la provisionalidad en el cargo de Procurador 98 Judicial Penal II,
debió ser reincorporado al cargo que ocupaba en carrera, como Procurador 335
Judicial I Penal.
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64. Con la contestación de la demanda se aportó el Decreto 0908 de 199812, en el
cual se indicó expresamente: «Nómbrase en propiedad al doctor GERMÁN
IGNACIO MATEUS LOAIZA en el cargo de Procurador 335 Judicial I Penal». Sin
embargo, tal designación no tiene la fuerza para convertir esa vinculación en
propiedad ni mucho menos para otorgar derechos de carrera administrativa, pues
la norma que para aquel entonces fijaba la estructura y organización de la
Procuraduría General de la Nación establecía -Ley 201 de 1995-, establecía en su
artículo 136 que los cargos de agentes del ministerio público eran de libre
nombramiento y remoción13.
65. Sin perjuicio de lo señalado, la parte actora no acreditó que el referido
nombramiento hubiera estado precedido de un proceso de selección objetivo,
circunstancia que, además, se explica porque para la época de expedición del
decreto el cargo de Procurador Judicial I Penal no se proveía mediante concurso.
66. En ese sentido, la simple utilización de la expresión “en propiedad” en el acto
administrativo carece de eficacia jurídica para generar derechos de carrera, pues
no puede prevalecer sobre los presupuestos constitucionales y legales que rigen el
acceso y permanencia en el servicio público.
67. Esta conclusión se ve reforzada por las órdenes impartidas por la Corte
Constitucional en la sentencia C-101 de 2013, que evidencia que los cargos de
Procurador Judicial no se encontraban regularizados bajo un sistema de carrera,
razón por la cual debían ser provistos mediante concurso, lo que confirma que el
demandante no ostentaba la condición de servidor en propiedad al momento de su
desvinculación.
68. Por otro lado, la Sala advierte que en el recurso de apelación no se
controvirtieron de manera concreta las razones expuestas por el a quo para
descartar la condición de padre cabeza de familia del demandante, pues el
recurrente se limitó a reiterar dicha calidad sin exponer ninguna argumentación ni
aportar las pruebas que demostraran esa calidad.
69. En ese sentido, tal como lo concluyó el a quo, la Sala considera que el
demandante no satisfizo los requisitos para ser considerado «padre cabeza de
familia», por cuanto:
70. - De los requisitos señalados en la sentencia SU-338 de 2005 -citada en líneas
anteriores-, el actor sólo acreditó dos, los cuales se relacionan con que: i) se tenga
a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para
trabajar y; ii) esa responsabilidad sea de carácter permanente.
71. - De cara al resto de exigencias allí plasmadas: i) la ausencia permanente o
abandono del hogar por parte de la pareja y, además, que esta se sustraiga del
cumplimiento de sus obligaciones como madre; ii) que la pareja no asuma la
12 Folio 859 cuaderno 4.
13 Esa categorización se mantuvo en el artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000.
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responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente
poderoso como la incapacidad física o sensorial, síquica o mental o, como es obvio,
la muerte y; iii) que haya deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de
la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria del padre para sostener el
hogar; la parte actora no desplegó ninguna actividad probatoria efectiva que
permitiera adoptar una decisión distinta a la emitida en primera instancia.
72. - En consecuencia, se tiene que, para la fecha en que fue emitido el acto
administrativo de retiro, la parte actora no tenía, a la luz de la jurisprudencia y la
normatividad en cita, la condición que alega.
73. Por lo que sigue, se confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda.
74. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
75. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
76. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
77. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandante, por cuanto resultó vencida en el presente proceso. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
78. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 10 de marzo de 2023, proferida por la
Subsección “B” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda que
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió
el señor Germán Ignacio Mateus Loaiza en contra la Procuraduría General de la
Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión
devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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