Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01029-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01029-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-01029-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01029-01 (2725-2020)
Demandante: Mario Camacho Prada
Demandado: Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores
Temas: Reajuste de aportes pensionales con base en el salario
devengado en el servicio exterior
Decisión: Confirma la decisión que accede parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Condena en costas.
Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
entidad demandada contra la sentencia del 11 de octubre de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E 1
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso de la
referencia
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2.
2.1.1. Pretensiones.
2. El señor Mario Camacho Prada actuando a través de apoderado, solicitó se
declare la nulidad del Oficio S-GAPTH-16-060743 del 30 de junio de 2016
expedido por la directora de Talento Humano del Ministerio de Relaciones
Exteriores por el cual se le negó su petición de reajuste de sus aportes
pensionales.
3. A título de restablecimiento del derecho pidió que se condene a la Nación-
Ministerio de Relaciones Exteriores que, para efectos de los aportes pensionales,
tenga en cuenta el salario efectivamente devengado por el demandante en la
planta externa de la entidad y no el equivalente en la interna.
1 Con ponencia de la magistrada Patricia Victoria Manjarrés.
2 Expediente híbrido. Cuaderno único. Folios 24 y s.s.
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4. Adicionalmente que el monto de la cotización para pensión se calcule con base
en lo realmente devengado en la asignación básica mensual entre el 23 de mayo
de 1991 y el 30 de noviembre de 1993, y no la correspondiente al cargo
equivalente en la planta interna; que se indexen las sumas generadas hasta la
fecha en la que se dé cumplimiento a la sentencia y remita las sumas anteriores
a la Administradora de Fondo de Pensiones, Porvenir.
5. Así mismo, que se le paguen los intereses de las sumas anteriores de
conformidad con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993; que se dé cumplimiento a
la sentencia en los términos establecido en los artículos «176 y 177 del C.C.A.»
y que se condene a la entidad demandada en costas y agencias en derecho
según lo previsto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
2.1.2. Hechos.
6. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:
5. El señor Mario Camacho Prada se vinculó laboralmente al servicio exterior en
el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario, grado ocupacional 7EX,
ante el Gobierno de Nicaragua en el periodo comprendido entre el 23 de mayo
de 1991 y el 30 de noviembre de 1993.
8. La entidad demandada efectuaba los aportes para pensión por la labor del
demandante a la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación, pero omitió
cotizar con base en el salario realmente devengado.
9. La entidad demandada negó el reconocimiento del pago de los aportes
conforme al salario que devengaba como embajador con fundamento en que
debía hacerlo con base en la asignación de un cargo equivalente en el servicio
interno.
10. Mediante oficio radicado con E.CGC.16.058937 del 15 de junio de 2016, el
señor Camacho Prada solicitó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores la
liquidación de los aportes para pensión teniendo en cuenta el salario devengado
como embajador.
11. La directora de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores a
través del Oficio S-GAPTH-16-060743 del 30 de junio de 2016 dio respuesta
negativa a su solicitud.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
12. Como normas vulneradas citó los artículos 13, 48, 53 y 58 de la Constitución
Política, 17 y 18 de la Ley 100 de 1993 y las Leyes 4ª de 1992 y 797 de 2003.
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13. En el concepto de violación la parte demandante sostuvo que la entidad
demandada no tuvo en cuenta que el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, norma
en la que se fundamentó para realizar los aportes en pensión, fue derogada por
la Ley 100 de 1993, por lo que los empleados públicos tenían la obligación de
cotizar con base en el salario señalado en la Ley 4ª de 1992, tal como lo dispuso
la Ley 100 en sus artículos 17 y 18.
14. Según lo explicó, la entidad siguió aplicando la norma derogada por lo que se
suscitaron pronunciamientos al respecto como el de la Corte Suprema de Justicia
en sentencia de 4 de julio de 2012, de la Sala de Casación Laboral dentro del
expediente radicado 34671, así como de la Corte Constitucional C 292 de 2001.
15. Añadió que con la expedición de la Ley 797 de 2003, en su artículo 7.°
parágrafo 1.° se pretendió revivir lo señalado en el Decreto Ley 010 de 1992 dado
que reguló el ingreso base de liquidación de los funcionarios del servicio exterior
donde señaló que debía aplicarse para el cálculo de los aportes la asignación
básica mensual y los factores salariales establecidos para los cargos
equivalentes de la planta interna de la entidad. Por ello la Corte Constitucional a
través de sentencia C-173 de 2004 declaró inexequible la mencionada
disposición al advertir la violación del principio a la igualdad y por ser
discriminatorio frente al resto de los funcionarios públicos dado que asumir que
recibe un salario inferior es una ficción.
2.2. Contestación de la demanda3
16. La Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores por medio de apoderada
judicial, se opuso a las pretensiones con base en los razonamientos que se
resumen a continuación:
17. Explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores liquidó y pagó los aportes
para todos los funcionarios de la entidad bajo las condiciones de la norma
vigente, como lo es la Ley 6ª de 1945, cancelando a la Caja Nacional de Previsión
Social el 3%, 5% o el 8% dependiendo del año de vinculación, de los gastos de
funcionamiento de la entidad y las cuotas de afiliación, sin discriminar el valor de
los aportes mensuales para cada uno de ellos.
18. Citó la normatividad vigente para la fecha de los hechos, el artículo 20 de la
Ley 6 de 1945, los artículos 6 y 7 del Decreto 1600 de 1945, los artículos 2 y 3
de la Ley 4 de 1996 y por último el Decreto 1089 de 1983. Sostuvo que, con base
en lo anterior, no se debía tener en cuenta el salario del trabajador, sino atender
a los porcentajes establecidos para efectos de los aportes, es decir, que no se
aplicaban las equivalencias en los salarios propias de ciertas prestaciones
sociales.
3 Ibidem. (folios 57 y s.s.)
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19. Argumentó que la sentencia C-173 de 2004 que declaró la inexequibilidad del
artículo 9.° de la Ley 797 de 2003 no se puede invocar dado que no Se
encontraba vigente para la fecha de los hechos.
20. Finalmente señaló que el señor Camacho Prada estuvo vinculado hasta
noviembre de 1993 y la Ley 100 fue expedida el 23 de diciembre del mismo año,
es decir, con posterioridad del retiro del demandante.
21. Propuso las siguientes excepciones:
i). «Falta de agotamiento de requisitos procedibilidad-falta de interposición de
recursos en sede administrativa», con base en que frente al acto que negó la
reliquidación de aportes a pensión del demandante no se agotó la actuación
administrativa, por cuanto en su momento el actor no manifestó reparo alguno y,
por lo tanto, la administración no tuvo la oportunidad de adoptar alguna medida
correctiva, si a ello había lugar. Así, omitió dar cumplimiento al requisito de
procedibilidad.
22. Manifestó que a pesar de que el ministerio dio respuesta el 30 de junio de
2016, el demandante no hizo uso de los recursos en sede administrativa
incumpliendo con el requisito de procedibilidad.
ii) «Pago». Sostuvo que esa cartera ministerial no tiene deudas con el actor,
dado que no se pagaban los aportes de conformidad con la tabla de equivalencias
de salarios sino de acuerdo con las normas especiales vigentes.
iii) «Prescripción». Manifestó que, dado que se persigue la reliquidación de la
mesada ya reconocida al demandante por haberse aplicado un ingreso base de
liquidación incorrecto, resulta aplicable la prescripción.
iv) «Buena fe-inexistencia de la obligación». Reiteró que el Ministerio dio
aplicación a las normas aplicables a la materia con la convicción de que su actuar
no estaba ocasionando ningún perjuicio, es decir, de buena fe y que los aportes
para pensión no se hacían con el criterio de la tabla de equivalencias.
v) «Buena fe por el cumplimiento de un deber legal». Manifestó que la actuación
del Ministerio de Relaciones Exteriores se limitó al cumplimiento de las normas
de orden público aplicables y no se podía predecir un pronunciamiento judicial
realizado con posterioridad a los pagos.
2.3. La sentencia apelada4.
23. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
4 Folio 144. Iidem
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E por medio de la sentencia del 11 de octubre de 2019 accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, para lo cual declaró la nulidad del acto acusado
y condenó a la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores a pagar las diferencias
indexadas sobre lo aportado a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales- UGPP. Las demás pretensiones fueron
negadas.
24. Para adoptar la anterior decisión, efectuó el siguiente razonamiento:
25. La liquidación de los aportes pensionales de quienes hicieron parte del cuerpo
diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores debe obedecer a lo realmente
devengado y no a lo percibido por el cargo equivalente en la planta interna de
conformidad con el marco normativo expuesto en el que citó los Decretos 2016
de 1968, 10 de 1992, 1181 de 1999, 274 de 2000 y por último la Ley 797 de 2003.
26. De conformidad con el certificado proferido por la coordinadora de Asuntos
Pensionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de 16 de octubre de 1994
sobre salarios mes a mes para la liquidación de pensiones del régimen de prima
media con prestación definida se tuvo como ingreso del demandante entre el mes
de enero de 1991 a noviembre de 1993, la asignación básica mensual del cargo
equivalente en la planta interna.
27. Conforme a lo sostenido por el Consejo de Estado, la liquidación atendiendo
las equivalencias salariales de los funcionarios de la planta interna es contrario a
los principios constitucionales en especial al de favorabilidad de manera que
debe tenerse en cuenta lo realmente devengado.
28. En ese orden de ideas, consideró que los aportes pensionales durante el
período comprendido entre el 23 de mayo de 1991 al 30 de noviembre de 1993
deben realizarse teniendo en cuenta lo percibido por el demandante en su
condición de embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Grado 7EX ante el
Gobierno de Nicaragua.
29. Según lo sostuvo, que las normas citadas por la entidad demandada en efecto
establecen un porcentaje con destino a la extinta Caja Nacional de Previsión
Social por concepto de cuota patronal, pero no la eximía de realizar los aportes
para pensión teniendo en cuenta lo devengado por el señor Camacho Prada en
el servicio exterior, pues conforme a los Decretos 386 de 1981 y 1089 de 1983
se debía cotizar el 5% o el 8% del valor de la nómina del respectivo mes.
30. Finalmente coligió que el valor resultante de las diferencias indexadas debía
ser consignado a la UGPP ya que se encuentra acreditado que durante su
vinculación con el Ministerio de Relaciones Exteriores los aportes se realizaron
con destino a CAJANAL y no existía prueba de que el bono pensional haya sido
girado a Porvenir.
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2.4. Recurso de apelación5
31. La parte demandada apeló la anterior decisión para que se revoque el fallo
de primera instancia y se nieguen las pretensiones de la demanda con base en
los argumentos que a continuación se resumen:
32. Sostuvo que el principio de legalidad supone que la administración debe
someterse a la ley de manera que sólo puede hacer lo que en ella se consagra
sin extralimitarse en su aplicación o interpretación.
33. Reiteró que, todas las entidades públicas incluyendo al Ministerio de
Relaciones Exteriores realizaban los aportes a pensión conforme a las Leyes 6ª
de 1945, 4ª de 1996 y a los Decretos 1600 de 1945 y 1089 de 1983, es decir, sin
consideración al salario devengado realmente o el equivalente en la planta
interna sino girando un porcentaje determinado del rubro presupuestal de la
entidad.
34. En consecuencia, manifestó que la pretensión del pago de la diferencia entre
lo aportado por el salario devengado y el equivalente del cargo de la planta
interna solo sería viable sí el periodo laborado por el actor hubiera sido posterior
a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
35. Después de citar la normatividad vigente para la época de los hechos
concluyó que los aportes fueron girados con el 3%, 5% o el 8% dependiendo del
año de vinculación, de los gastos de funcionamiento de la entidad pública y las
cuotas de afiliación respectivas, sin discriminar el valor de los aportes mensuales
del funcionario particular, razón por la cual no es posible realizar el ajuste
pretendido.
36. Corolario de lo anterior, expresó que no se pueden desconocer las normas
que establecieron la liquidación y cancelación de aportes a pensión para la fecha
de los hechos y de confirmar la providencia de primera instancia se ordenaría un
pago de lo no debido, es decir un enriquecimiento sin justa causa a favor del
Fondo de Pensiones y/o el actor.
2.5. Alegatos de segunda instancia
2.5.1. La entidad demandada alegó de conclusión6 en el que insistió que debe
revocarse la sentencia de primera instancia y además, que tenerse en cuenta
que con la vigencia del Decreto 2106 de 2019 es innecesario iniciar cualquier
cobro contra el Ministerio de Relaciones Exteriores como empleador, toda vez
que las entidades administradoras de pensiones del Régimen de Prima Media ya
no deben realizar el cobro coactivo respecto de los aportes de pensión, por
5 Fls. 157 y s.s. ibidem
6 Índice 14 SAMAI.
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cuanto fueron suprimidos frente a entidades públicas del orden nacional que
formen parte del Presupuesto General de la Nación.
2.5.2. El apoderado de la demandante guardó silencio.
2.6. Concepto del Ministerio Público 7.
37. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado solicitó confirmar
la sentencia de primera instancia, para lo cual señaló que la entidad básicamente
centró su disenso en que los pagos de aportes a seguridad social se realizaron
conforme a la reglamentación del Decreto-ley 1089 de 1983, el cual aumentó la
cuota patronal. Sin embargo, la entidad no tuvo en cuenta que dicha norma remite
expresamente a la reglamentación de factores salariales correspondiente a la
situación laboral y el modo de vinculación de cada empleado público.
38. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
39. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 8 de la Ley 1437 de 2011.
40. De conformidad con el artículo 3289 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
3.2. Problema jurídico
41. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
7 Índice 15.
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
9 «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar
en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.».
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le corresponde a la Sala establecer si el señor Mario Camacho Prada tiene
derecho a que el Ministerio de Relaciones Exteriores liquide los aportes
correspondientes a pensión teniendo como ingreso base de cotización los
salarios realmente devengados como Embajador Plenipotenciario 7EX?.
42. Con ese propósito, la Sala se referirá (i) la naturaleza de la planta externa del
Ministerio de Relaciones Exteriores, (ii) régimen de liquidación de pensiones del
Ministerio de Relaciones Exteriores, y, (iii) el caso concreto.
3.4 Marco normativo y Jurisprudencial.
3.4.1 Régimen de liquidación de prestaciones sociales y aportes
pensionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
43. El Decreto 2016 de 1968 en el artículo 76 estableció que las prestaciones
sociales de los empleados del servicio exterior se liquidarán y pagarán con base
en las asignaciones del cargo similar en el servicio interno del Ministerio de
Relaciones Exteriores de acuerdo con las equivalencias determinadas en la
misma disposición, y salvo los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular
que hayan alcanzado la categoría de Embajador y que al retirarse soliciten su
pensión de jubilación o invalidez a quienes se les liquidará con las asignaciones
de Ministro de Despacho.
44. La anterior disposición fue modificada por el artículo 1 del Decreto 1253 de
1975 en el sentido de indicar que las liquidaciones sobre prestaciones sociales
que en adelante se efectúen se harán tomando como base la moneda en que se
perciban las respectivas remuneraciones.
45. Con posterioridad entró en vigencia la Ley 41 de 1975 que derogó los
artículos 1 y 2 del Decreto precitado y en su lugar dispuso que las prestaciones
sociales de los empleados del Servicio Exterior se liquidarán y pagarán como se
había señalado en el artículo 12 del Decreto 2016 de 1968.
46. Con el Decreto 10 de 1992 se fijó el Estatuto Orgánico del Servicio Exterior y
de la Carrera Diplomática Consular y en el artículo 57 se previó que las
prestaciones sociales de los funcionarios del exterior se liquidarán y pagarán con
base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
47. Posteriormente el Decreto 274 de 2000 en su artículo 96 derogó todas las
disposiciones contrarias, en especial el Decreto 10 de 1992, pero en su artículo
66 reprodujo el contenido del artículo 57 de la norma en mención. Empero, la
Corte Constitucional a través de la Sentencia C-292 de 2001, declaró su
inexequibilidad, al concluir que el ejecutivo había desbordado las facultades
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otorgadas por el Congreso de la República, al regular el régimen salarial y
prestacional de las personas que prestan sus servicios al Estado en el exterior.
48. Luego a través de la sentencia C-535 de 2005 la Corte Constitucional declaró
inexequible el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, pese a que ya había sido
derogado, por cuanto podía seguir produciendo efectos jurídicos, por considerar
que al disponer que la cotización y liquidación de las pensiones y prestaciones
sociales de los funcionarios de la planta externa del ministerio se realizaba con
base en un salario que no correspondía al realmente devengado, establecía un
trato distinto entre categorías de funcionarios iguales, lo que en consecuencia,
era discriminatorio y desconocía los principios de dignidad humana e igualdad,
sin que en dicha providencia se modularan los efectos de la declaratoria de
inexequibilidad.
49. El escenario descrito permite advertir que inicialmente la liquidación de las
prestaciones sociales de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de
Relaciones Exteriores se realizaba con base en el salario equivalente al percibido
en la planta interna de la entidad, pero con la expedición de la sentencia C-535
de 2005 al ser retirado del ordenamiento jurídico el artículo 57 del Decreto 10 de
1992, deben liquidarse con el salario realmente devengado.
50. Ahora bien, en cuanto a los aportes a pensiones de los servidores públicos
es relevante mencionar que con la Ley 4 de 1966 los afiliados forzosos a la Caja
Nacional de Previsión Social, Cajanal, debían cotizar el 5% del salario de cada
mes y las entidades públicas del orden nacional contribuirían con 5% del valor
del presupuesto de funcionamiento por concepto de cuota patronal ajustada al
8% con el Decreto 1089 de 1983.
51. Luego, la Ley 100 de 1993 estableció en el artículo 18 que la base de
cotización de los servidores públicos sería señalada por el Gobierno Nacional con
base en la Ley 4 de 1992.
52. Finalmente, con la Ley 797 de 2003 se determinó en el artículo 7.°, parágrafo
1.° que para efectos del ingreso base de cotización de los funcionarios de la
planta exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores se tomará como base la
asignación mensual y los factores salariales para los cargos equivalentes en la
planta interna, pero a través de sentencia C-173 de 2004, la Corte Constitucional
declaró inexequible la expresión «para los cargos equivalentes en la planta
interna» por cuanto consideró que se vulneraba el derecho a la igualdad de los
funcionarios que ostentan cualquiera de las categorías que prevé la Carrera
Diplomática y Consular, reiterando que el monto de la cotización y de la pensión
debe ser calculado con base en lo realmente devengado por los empleados.
53. Allí la Corte resaltó como imperativo, tener en cuenta que la Ley 100 de 1993
ordena tener en cuenta el salario real del trabajador para los efectos de la
liquidación de las prestaciones sociales (arts. 17 y 18). Tal criterio recoge
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principios constitucionales tales como la proporcionalidad entre el trabajo
desempeñado y la remuneración al mismo. Además, precisó:
«16- Visto todo lo anterior es claro que en cuanto a la cotización y liquidación de
aportes para pensión de quienes hicieron parte del cuerpo diplomático en el
exterior, existe una línea jurisprudencial consolidada, en el sentido de sostener
que tal liquidación debe hacerse tomando como base el salario realmente
devengado por el ex trabajador y nunca un salario inferior, que además es ficticio,
pues no corresponde realmente al cargo desempeñado y a las responsabilidades
derivadas del mismo. Y la razón es que la pensión es un salario diferido10. De
ello se sigue la inconstitucionalidad de cualquier norma o disposición que
ampare una liquidación de aportes con base en un salario equívocamente
denominado equivalente, que en realidad resulta ser menor al recibido por
el titular del derecho.
Teniendo en cuenta que se trata de un tratamiento claramente discriminatorio es
evidente que la forma de cálculo de la pensión de quienes prestaron parte de sus
servicios diplomáticos en el extranjero desconoce el derecho a la igualdad en
materia pensional tal como está consagrado en la norma parcialmente
demandada.»
54. Igualmente, es importante recordar que la Corte Constitucional a través de la
sentencia T-098 de 2006, al estudiar un caso donde fue negada la reliquidación
pensional con fundamento en que la decisión contenida en las sentencias C- 292
de 2001 y C - 173 de 2004 tenían efectos hacia el futuro, dispuso lo siguiente:
«Tercero: Teniendo en cuenta la existencia de una línea jurisprudencial
consolidada, en el sentido de sostener que la liquidación de aportes para pensión
de quienes hicieron parte del cuerpo diplomático en el exterior debe hacerse
tomando como base el salario realmente devengado y nunca un salario inferior,
se PREVIENE al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre sus efectos
vinculantes para que la precitada doctrina sea observada y aplicada en casos
semejantes».
55. Como se aprecia, la Corte le dio efectos inter comunis, extendiéndose estos
a las situaciones concretas de personas que, aun sin haber promovido la acción
de tutela para obtener la protección de sus derechos, se encuentran igualmente
afectadas por la situación de hecho o de derecho que lo motivó.
56. Así lo reconoció la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, en
concepto de 19 de julio de 2006, radicación: 11001-03-06-000-2006-00053-
00(1749) donde señaló:
«[…]
En concepto de la Sala, la advertencia contenida en el último fallo -T-098 de
2006, en la que de manera explícita la Corte extiende los efectos de sus
decisiones a casos similares, despeja cualquier duda que pudo haberse
generado con las sentencias de constitucionalidad, obligando al Ministerio y al
Instituto de Seguros Sociales a reconocer, administrativamente y sin que el
afectado tenga que interponer una acción de tutela para que se proteja su
10
Ver sentencias T-1016 de 2000, T-181 de 1993 y T-453 de 1993.
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derecho particular, el derecho que les asiste a los pensionados y ex funcionarios
de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, al reajuste de su
pensión, so pena de comprometer su responsabilidad.
En consecuencia, si bien es cierto, la Corte no determinó explícitamente el
alcance de los fallos C-173 de 2004 y C-535 de 2005, el operador jurídico no
puede perder de vista, el efecto inter-comunis que esa Corporación le dio al fallo
de tutela T-098 de 2006, cuya finalidad es evitar que existan criterios de
discriminación entre quienes se encuentran en la misma situación de hecho y de
derecho.»
57. Finalmente es de indicar que esta Corporación en numerosas ocasiones11 ha
sostenido que «la cotización y liquidación de la pensión de jubilación de los
funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, con
base en el salario de cargos equivalentes en la planta interna, vulnera los
principios constitucionales de dignidad humana e igualdad y, además, lesiona, en
casos concretos, los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del
pensionado o aspirante a pensionado».
3.5. Análisis del caso concreto.
58. En el caso sub lite está demostrado lo siguiente:
59. De la vinculación del demandante.
• Mediante constancia GNPS.0094 de 6 de octubre de 201412 expedida por
la coordinadora de Nómina y Prestaciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores, se indicó que el señor Mario Camacho Prada prestó sus
servicios a dicha entidad desde el 23 de mayo de 1991 hasta el 30 de
noviembre de 1993 y que el último cargo desempeñado fue el de
embajador extraordinario plenipotenciario, grado ocupacional 7EX ante el
Gobierno de Nicaragua.
• A través de certificación GAPTH.0364-F expedida por la coordinadora de
Asuntos Pensionales13 se reportó la conversión en pesos de la asignación
mensual de la planta externa en dólares, mensualmente por los años
1991, 1992 y 1993. Igualmente, se informó que por dicho período se
efectuaron los aportes a Cajanal.
60. Del reconocimiento y pago de los aportes pensionales.
• Mediante petición de 15 de junio de 2016 14 presentada al Ministerio de
Relaciones Exteriores, el señor Mario Camacho Prada solicitó se remitan
11
Sección Segunda, Subsección A, internos 3493-2021, 0539-09, 2613-08, 2060-2013.
12 F o l i o 3 del expediente.
13 F o l i o s 72 y 73 del expediente.
14 F o l i o s 7 6 y 7 7 d e l e x p e d i e n t e .
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los aportes para pensión con destino a la Administradora del Fondo de
Pensiones Porvenir teniendo como ingreso base de cotización los salarios
realmente devengados en la planta exterior debidamente indexados.
• El 30 de junio de 2016, la directora de Talento Humano del Ministerio de
Relaciones Exteriores dio respuesta a la petición15 para lo cual precisó que
los aportes del 23 de mayo de 1991 al 30 de noviembre de 1993 se
calcularon tomando el equivalente en la planta interna de conformidad con
la normatividad vigente y, por tanto, no era posible liquidar o pagar las
sumas reclamadas.
• Formatos CLEBP No. 1 de información laboral, 2 de salario base y 3 de
salarios mes a mes en los que se certifica la asignación básica en dólares
y la asignación en el cargo equivalente de planta interna, reportando como
ingreso base de cotización este último16.
• Planillas17 en las que se relacionan las asignaciones devengadas y los
descuentos del 5% correspondientes a la vigencia de 1991 (junio a
diciembre) y 1992 (enero a marzo).
• Simulación pensional realizada en abril de 2016 por la Administradora de
Fondo de Pensiones Porvenir en la que consta un bono pensional
redimible el 22 de abril de 2019.
61. Finalmente, en el índice 30 del aplicativo Samai, obra Certificación expedida
por la Dirección de Atención Integral a Clientes de la Administradora de
Pensiones PORVENIR de 26 de febrero de 2024, emitida en cumplimiento de lo
ordenado en auto de mejor proveer de 30 de noviembre de 2023. Allí se indicó
que el demandante se encontraba afiliado a la misma:
«En atención a su solicitud relacionada con la vinculación del Fonde pensiones
del señor Mario Camacho Prada identificado con cédula de ciudadanía
13.834.977, le informamos que realizada la validación en nuestra base de datos
presenta vinculación desde el 01 de enero de 2014 y presenta estado de
PRESTACION DEFINIDA PENSIONADO POR VEJEZ CON RETIRO
PROGRAMADO por lo cual remitimos copia de constancia de perdida de
documento del formulario de afiliación y certificado de movimientos para su
respectiva validación y manejo.
15 F o l i o s 4 y 5 del expediente.
16
Folios 6 y s.s.
17 F o l i o s 78 y 79 del expediente.
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[…]».
3.5.3 Análisis de la Sala.
62. En el caso sub examine se encuentra demostrado que el Ministerio de
Relaciones Exteriores certificó en el Formato 3 CLEBP como ingreso base de
cotización la asignación mensual básica correspondiente al cargo equivalente en
la planta interna y aportó a la Caja Nacional de Previsión Social sobre el salario
devengado en el servicio interno como lo informa el propio Ministerio de
Relaciones Exteriores.
63. En el siguiente cuadro se observa la comparación entre la asignación básica
percibida en dólares convertidos a pesos y el ingreso básico de cotización que
corresponde a lo establecido para el cargo equivalente en el servicio interno.
Como ejemplo se tomarán 3 meses de cada año:
Mes- Año 1991 Asignación en Conversión en Salario en pesos
dólares pesos ( tasa cargo
aproximada de equivalente en
cambio para ese la planta interna
año y mes)
Mayo 1046,22 $647.202.15 $160.853.33
Junio 3.923,32 $2.467.062,08 $603.200,00
Julio 3.923,32 $2.508.453,11 $603.200,00
Mes- Año 1992
Enero 3.923,32 $2.527.677,38 $764.858,00
Febrero 3.923,32 $2.497.350,11 $764.858,00
Marzo 3.923,32 $2.517.162,88 $764.858,00
Mes- Año 1993
Enero 3.923,32 $2.926.992,89 $1.310.000,00
Febrero 3.923,32 $2.973.994,26 $1.310.000,00
Marzo 3.923,32 $3.006.871,68 $1.310.000,00
64. Como se puede apreciar dado que como la misma directora de Talento
Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que los aportes del 23
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de mayo de 1991 al 30 de noviembre de 1993 se calcularon tomando el
equivalente en la planta interna de conformidad con la normatividad vigente , es
evidente que los aportes no se efectuaron con lo realmente devengado por el
demandante, por lo que resulta evidente una significativa diferencia que va en
detrimento de sus intereses, pues no existe correspondencia entre al valor de la
mesada pensional y lo realmente percibido como asignación del cargo
desempeñado en la planta externa de la entidad.
65. Además, si bien los periodos laborados (1991- 1993) son anteriores a las
declaratorias de inexequibilidad de las diferentes normas según las cuales las
cotizaciones a pensión del personal de planta externa del Ministerio se hacían
con base en un cargo equivalente de la planta interna, como ya se indicó en el
acápite precedente, la Corte Constitucional, en sentencia T-098 de 2006, le dio
efectos inter comunis a las decisiones contenidas en las sentencias C-292 de
2001 y C-173 de 2004, como quedo analizado en el acápite anterior.
66. En consecuencia, el ingreso base de cotización para pensión debe liquidarse
con lo efectivamente percibido por el actor en moneda extranjera.
67. Ahora si bien el demandante se encuentra afiliado y pensionado por cuenta
de la Administradora del Fondo de Pensiones Porvenir, es evidente que quien
debe realizar el reajuste de los aportes es el Ministerio de Relaciones Exteriores,
esto es, de acuerdo con el cálculo actuarial que realice la UGPP, donde se
determine al monto a pagar por aportes patronales para la financiación de la
pensión del señor Camacho Prada, de acuerdo con el artículo 48 de la
Constitución Nacional, modificado por el artículo 1.° del Acto Legislativo 01 de
2005.
68. Por ende, le asistió razón al A quo cuando ordenó que tales aportes sean
remitidos a la UGPP, dado que para esa fecha se encontraba afiliado el
demandante a esa entidad de previsión, aspecto que, además, no fue objeto de
apelación por parte del actor, quien pretendía que los aportes se depositaran en
PORVENIR.
69. Tampoco es factible dar aplicación al parágrafo del artículo 17 de la Ley 100
de 1993, como lo solicita la entidad demandada, debido a que éste se refiere a
que se “suprimirán los trámites y procedimientos de cobro de las deudas a cargo
de las entidades públicas del orden nacional que formen parte del Presupuesto
General de la Nación, obligadas a pagar aportes patronales al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones, originadas en reliquidaciones y ajustes
pensionales derivados de fallos ejecutoriados, que hayan ordenado la inclusión
de factores salariales no contemplados en el ingreso base de cotización previsto
en la normatividad vigente al momento del reconocimiento de la pensión.”
(Subraya fuera de texto)
70. En ese orden de ideas, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe pagar la
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diferencia de los aportes pensionales surgida entre la cotización efectuada con
el salario equivalente en la planta interna con la que correspondía al salario
realmente devengado por el periodo laborado en el servicio exterior en dicha
entidad, a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales- UGPP, por ser está la
entidad que asumió las competencias de la Caja Nacional de Previsión Social,
Cajanal.
71. En consideración a lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia proferida en
primera instancia en la que se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
4. Costas.
72. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
73. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile
un interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual
no procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de
los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume;
en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
74. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del articulo 188 del CPACA.
En consecuencia, se impondrán costas al Ministerio de Relaciones Exteriores,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
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RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 11 de octubre de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso
promovido por Mario Camacho Prada contra la Nación- Ministerio de Relaciones
Exteriores.
SEGUNDO. Se condena en costas en esta instancia a la Nación- Ministerio de
Relaciones Exteriores. De conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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