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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01059-01

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01059-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2021, proferida el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de las Subsecciones A y F, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda promovida por el señor Manuel Enrique Cañón Romero contra la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en esta providencia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-01059-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

29 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25 000 23 42 000 2017 01059 01 (1964-2022)
Demandante: Manuel Enrique Cañón Romero
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Vinculado: Raúl Eduardo Cendales Herrera
Tema: Procurador judicial en provisionalidad. Retiro del servicio por
provisión del cargo en carrera administrativa. Competencia
del Procurador General de la Nación para realizar el
concurso de méritos.

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia de fecha 11 de
noviembre de 2021,1 proferida por las Subsecciones A y F del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 Pretensiones de la demanda.

A través del medio de control de la referencia, la parte demandante exigió lo
siguiente:

• Inaplicar la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, por medio de la cual el
Procurador General de la Nación convocó el concurso de méritos para proveer
en propiedad los cargos de procuradores judiciales I y II.

• Inaplicar la Resolución 338 de 2016, a través de la cual se conformó la lista de
elegibles para lo provisión de los cargos de Procuradores Judiciales I para
Asuntos Administrativos, así como el de todas las decisiones de carácter general
proferidas en el marco del citado concurso.

• Anular el Decreto 3572 de 8 de agosto de 2016,2 a través del cual el Procurador

1 Folios 257 a 276 cuaderno principal.
2 Folios 116 a 117 cuaderno principal.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25 000 23 42 000 2017 01059 01 (1964-2022)
Demandante: Manuel Enrique Cañón Romero

General de la Nación nombró en periodo de prueba al doctor Raúl Eduardo
Cendales Herrera y consecuentemente ordenó la desvinculación del servicio del
demandante.

• Ordenar a la entidad accionada que reintegre al accionante al cargo que venía
desempeñando, con el respectivo pago de los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir.

• Condenar a la demandada a reconocer y pagar los perjuicios morales causados
al actor.

• Indexar las sumas dimanadas de la sentencia en los términos previstos en el
artículo 187 del CPACA y condenar en costas y agencias en derecho a la entidad
pública enjuiciada.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda.

Como hechos relevantes se destacan en la demanda los siguientes:

• El señor Manuel Enrique Cañón Romero estuvo vinculado a la demandada en
calidad de Procurador 200 Judicial I para Asuntos Administrativos de Zipaquirá.

• Mediante Resolución N° 747 de octubre 27 de 2014, la Secretaria General de
la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de la licitación pública
N° 08 de 2014, la cual tenía por objeto «seleccionar al contratista que preste los
servicios de apoyo técnico, funcional y logístico en la convocatoria, reclutamiento,
diseño, construcción y aplicación de las pruebas escritas de conocimientos y de
competencias y la de análisis de antecedentes, hasta la determinación de las
personas que integran las listas de elegibles en el concurso abierto para el
ingreso de personal idóneo a la Procuraduría General de la Nación, en cargos de
Procurador Judicial I y II».

• Como resultado de tal convocatoria y para efectos de la elaboración de las
pruebas requeridas, la Procuraduría General de la Nación celebró contrato con
la Universidad de Pamplona.

• A través de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, la accionada dio
apertura a la convocatoria del proceso de selección para proveer 744 cargos de
procuradores judiciales I y II.

• El 20 de abril de 2015, se publicó el listado de admitidos y no admitidos al
referido concurso. Posteriormente, el 13 de septiembre de ese año, se realizaron
las pruebas escritas contentivas de dos componentes: i) prueba de conocimiento
de carácter eliminatorio -que se superaba con un puntaje superior a 75 puntos-
y; ii) prueba comportamental.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Manuel Enrique Cañón Romero

• Los resultados de la prueba de conocimiento fueron publicados el 7 de octubre
de esa misma anualidad y el 4 de noviembre siguiente se dieron a conocer los
resultados de la prueba comportamental de quienes superaron la primera
evaluación arriba descrita.

• Entre la fecha de elaboración de las aludidas pruebas y la publicación de sus
resultados se presentaron muchas quejas en las que se alegaron, entre otras,
irregularidades relacionadas con falta de garantías, trampas y filtración de
respuestas de los exámenes.

• Con ocasión a ello, mediante Resolución 1440 de 18 de diciembre de 2015, la
demandada desestimó esas quejas.

• Posteriormente, el 24 de febrero de 2016, se publicaron los resultados de
análisis de antecedentes.

• El 8 de julio de 2016, la accionada publicó las listas de elegibles de cada una
de las convocatorias realizadas para la provisión de los cargos ofertados.

• Mediante Decreto 3572 de 8 de agosto de 2016, la demandada nombró en
periodo de prueba al señor Raúl Eduardo Cendales Herrera y,
consecuentemente, ordenó el retiro del servicio del actor, previa posesión del
designado.

• A la fecha de presentación de la demanda, la Resolución 040 del 20 de enero
de 2015, se encuentra demandada por nulidad ante el Consejo de Estado.

1.3 Fundamentos de derecho.

Se señalan como vulneradas las siguientes disposiciones:

• Artículos 4, 13, 113,125, 279 y 280 de la Constitución política.
• Artículos 194 y 203 del Decreto Ley 262 del 2000.
• Artículo 20 del Decreto Ley 263 del 2000.
• Artículos 4 y 7 del Decreto Ley 264 del 2000.
• Resolución 253 de 9 de agosto de 2012.
• Los lineamientos jurisprudenciales contenidos en la sentencia C-101 de 2013.

En el concepto de violación, el abogado de la parte actora expuso lo siguiente:

• Conforme lo dispuesto en el artículo 280 de la norma superior y las sentencias
C-233 y C-245 de 1995, los Agentes del Ministerio Público deben tener las
mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los
magistrados y jueces ante quienes ejercen funciones. Por tanto, con el propósito
de garantizar que los procuradores judiciales I y II posean las mismas calidades
que sus homólogos, el concurso que se debe emplear a una u otra entidad debe
ser el mismo, toda vez que la aplicación de un concurso con condiciones

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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Manuel Enrique Cañón Romero

generales distintas haría que esas calidades varíen y, además, la carrera
administrativa en condiciones de igualdad de estos funcionarios frente a los
jueces y magistrados se vería negativamente afectada.

Así mismo, adveró que, aunque los procuradores judiciales tienen autonomía e
independencia absoluta en relación con los jueces y magistrados ante quienes
actúan, frente al Procurador General de la Nación sólo poseen autonomía e
independencia relativa, puesto que aquel es la suprema autoridad del Ministerio
Público y, por tanto, aquellos son subordinados suyos. No obstante, a partir de la
sentencia de constitucionalidad que los declaró como funcionarios de carrera
administrativa, los procuradores judiciales, al ser pares de los jueces y
magistrados, deben gozar de soberanía y libertad respecto de esos funcionarios
judiciales ante quienes actúan.

• A través de la Resolución N° 040 del 20 de enero de 2015, el Procurador
General de la Nación no podía regular los aspectos esenciales y definitorios del
concurso de méritos y, por ende, de la carrera administrativa de esos
funcionarios. Ello, en razón a que se requiere de una ley que garantice a los
aspirantes los mismos derechos y obligaciones de acceso a la carrera
administrativa que se demanda para los jueces y fiscales.

En consecuencia, adujo que ese acto administrativo está viciado de nulidad, toda
vez que al definir por la vía reglamentaria las políticas para elaborar y calificar las
pruebas que se aplicaron en el concurso de méritos, el jefe del Ministerio Público
sobrepasó sus funciones y facultades en la materia, invadiendo la órbita del
Congreso de la República.

• En el señalado concurso no se fijaron las equivalencias previstas en el artículo
20 del Decreto Ley 263 del 2000, para los empleos del nivel profesional al que
pertenecen los procuradores judiciales.

• La Resolución 040 del 20 de enero de 2015, vulneró el artículo 14 del Decreto
2772 de 2005 y el artículo 229 del Decreto 19 de 2012, por cuanto en esas
disposiciones se consagró que la experiencia profesional para el ejercicio de
cargos públicos es la que se obtiene con posterioridad a la terminación y
aprobación de las materias que conforman el pensum académico. No obstante,
en la citada resolución se indicó que el cumplimiento de ese requisito se validaría
a partir de la fecha de grado respectiva.

• La Resolución 040 del 20 de enero de 2015, contradice el artículo 6 de la Ley
527 de 1999, y el artículo 165 del Código General del Proceso, dado que tales
preceptos normativos estipulan la validez y eficacia probatoria de los mensajes
de datos y documentos electrónicos. En ese orden, no existe razón jurídica para
que la resolución en comento exija, so pretexto de acreditar la autenticidad de la
publicación que estas se aporten en ejemplares físicos, cuando las copias de los

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mismos, en medio magnético, tienen igual valor jurídico y mérito persuasivo que
las originales.

• El Decreto N° 3572 de agosto 8 de 2016, proferido por el Procurador General
de la Nación, no fue notificado conforme lo disponen los artículos 66, 67, 68, 69
y 72 del CPACA. En consecuencia, fruto de esa irregularidad procesal, era
imposible que el acto produjera los efectos legales a que estaba llamado y, de
contera, que fuera ejecutado por la administración

1.4 Contestación de la demanda.

1.4.1 Vinculado: Raúl Eduardo Cendales Herrera

Dentro de la oportunidad de ley, el vinculado contestó la demanda,3 oponiéndose
a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. En primer lugar, se
resalta, formuló las siguientes excepciones:

• «INEPTA DEMANDA POR ESTRUCTURAR CARGOS DE NULIDAD (1° A 6°)
CON FUNDAMENTO EN VICIOS QUE NO SON PREDICABLES DEL ACTO
ACUSADO, SINO DE UN ACTO GENERAL SUSCEPTIBLE DE SER
DEMANDADO DIRECTAMENTE ANTE UNA AUTORIDAD JUDICIAL
DIFERENTE»: fundado en el hecho según el cual los cargos en que se sustentó
la petición anulatoria de la Resolución 3572 de 8 de agosto de 2016, entre otros,
contienen reproches en contra del acto de convocatoria general a concurso de
méritos -Resolución 040 de 2015-, razón más que suficiente para concluir que la
parte actora debió demandar esa decisión en nulidad simple ante el Consejo de
Estado, actuación que es susceptible de ser acumulada con el actual medio de
control.

• «INEPTA DEMANDA POR FALTA DE UN REQUISITO NECESARIO PARA
SOLICITAR LA INAPLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 040 DE 2015 Y 338
DE 2016»: sustentado en que, a su juicio, el actor, so pretexto de ocultar y restar
fuerza a la figura de la acumulación de pretensiones, solicitó la inaplicación de los
actos generales enjuiciados en este proceso -Resoluciones 040 de 2015 y 338 de
2016-. Empero, adujo que este último instrumento no deviene procedente por
cuanto, antes que ser el resultado de un «[…]extenso ejercicio argumentativo»,
debe provenir del simple cotejo entre la decisión cuestionada con los estamentos
normativos superiores, motivo más para reiterar que esas abstractas
determinaciones debieron ser objeto de la demanda de simple nulidad antes
referenciada.

En segundo lugar, el vinculado contrarió las súplicas de la demanda pregonando
que:

3 Folios 67 a 77 cuaderno principal.

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• La eventual anulación de la Resolución 040 de 2015, no tiene la potencialidad
de invalidar las situaciones particulares consolidadas de la que él es beneficiario
porque, de hacerlo, se desconocerían principios tan básicos y esenciales como la
confianza legítima, la seguridad jurídica y la presunción de legalidad de los actos
administrativos. Además, destacó que, si esta consecuencia se predica de la
nulidad general, con mayor razón tendrá efectos frente a los resultados de la
petición de inaplicación vertida en la demanda.

• En el marco de un concurso de méritos para lo provisión de empleos de carrera,
la nulidad de la convocatoria general al proceso de selección no se extiende a las
demás decisiones proferidas por la administración, pues deben privilegiarse las
situaciones particulares consolidadas al respecto. En este escenario, recordó que,
en el caso de los procuradores judiciales, la Sección Segunda del Consejo de
Estado, al adoptar una medida cautelar de urgencia -auto de 15 de marzo de 2017,
expediente 11001032500020150036600-, indicó que tal determinación no podía
afectar a aquellas personas que ya se encontraban inscritas en el régimen de
carrera de la Procuraduría General de la Nación.

• En su caso personal, el registro en carrera lo obtuvo a partir del 6 de octubre de
2016, por manera que, según afirmó, la eventual decisión de inaplicación de los
actos administrativos generales no puede desconocer sus derechos adquiridos.

• Aunque en casos excepcionales, cuando se evidencia que el destinatario de la
decisión participó activamente en la concreción de los vicios que se endilgan en
contra del respectivo acto administrativo, se permite la afectación de los derechos
consolidados, en el sub examine no están demostradas esas condiciones.

• La Resolución N° 040 del 20 de enero de 2015 no debía reglamentar la provisión
de cargos de los procuradores judiciales I y II, en similares términos a los exigidos
para los jueces de la República, pues el curso de formación judicial está diseñado
para aquellos operadores que deben emitir providencias judiciales más no para
quienes conceptúan frente a ellos, pues la naturaleza de los cargos es distinta.

• La provisión de los cargos de procuradores judiciales I y II no está contenida en
la Resolución N° 040 del 20 de enero de 2015, sino en el Decreto Ley 262 del
2000. Por tanto, no constituye un precedente válido la sentencia C-878 de 2008,
a través de la cual la Corte Constitucional declaró inexequibles algunos artículos
de la Ley 938 de 2004, en los que se concedían facultades reglamentarias a un
órgano administrativo de la Fiscalía General de la Nación, pues el Decreto Ley
262 del 2000 sí reguló los aspectos esenciales de los procesos de selección que
adelanta la Procuraduría General de la Nación.

• El citado decreto, al regular el concurso para proveer los cargos de procuradores
judiciales I y II, constituía norma obligatoria para el Procurador General de la
Nación, máximo porque así se lo ordenó la Corte Constitucional en la sentencia
C-101 de 2013 y en el Auto A-255 de noviembre 6 de 2013. Por tanto, la

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convocatoria general a concurso fue sólo el acto administrativo a través del cual
el Jefe del Ministerio Público reglamentó ese proceso selectivo.

• Carece de sustento la afirmación según la cual la Resolución N° 040 de 2015,
vulneró las reglas de equivalencia para los cargos de nivel profesional, toda vez
que dicho acto no debía atender ese parámetro. Por el contrario, esas
equivalencias fueron establecidas en el manual específico de funciones y de
requisitos por competencias laborales contenido en la Resolución 253 de 2012,
en la que se advierte que tales equiparaciones no son aplicables a los empleos
de procurador judicial.

• Es errónea la argumentación del demandante respecto a la forma en que la
Resolución 040 de 2015 ordenó computar la experiencia profesional como
requisito habilitante para la inscripción al concurso, por cuanto tal exigencia se
asimiló, en virtud de lo previsto 280 superior, a los demandados a los aspirantes
a los cargos de jueces y magistrados en la Ley 270 de 1996.

• La consecuencia de la presunta indebida notificación del Decreto 3572 de agosto
8 de 2016 no genera su nulidad sino su inoponibilidad. De suerte que, al no ser la
indebida notificación causal de nulidad de esa decisión, y estando demostrado
que en el caso presente se configuró el presupuesto de hecho contenido en el
artículo 72 de la Ley 1437 de 2011, por haber realizado la parte interesada
actuaciones que demostraron pleno conocimiento del mismo, ese cargo de
nulidad no está llamado a prosperar.

1.4.2. Procuraduría General de la Nación

Dentro de la oportunidad de ley, la Procuraduría General de la Nación contestó la
demanda,4 oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas.

Como argumentos de defensa esgrimió los siguientes:

• El proceso de selección convocado a través de la Resolución N° 040 de 2015,
devino del cumplimiento estricto de una orden judicial que no la sujetó a ninguna
condición o restricción que conllevara a que el Procurador General de la Nación
se abstuviera de ofertar todos los empleos de procuradores judiciales I y II. Por
tanto, proceder en la forma solicitada por el demandante, implica desconocer y
desobedecer una orden expresa de la Corte Constitucional, dictada en el marco
del control de constitucional y, por ende, de obligatorio cumplimiento; y en ese
sentido la Procuraduría General de la Nación no podía sustraerse de convocar a
concurso la totalidad de los cargos en mención.

• El régimen de carrera aplicable a los cargos de procuradores judiciales no es el
establecido para los funcionarios de la Rama Judicial, sino el previsto para los
servidores de la Procuraduría General de la Nación en el Decreto Ley 262 del

4 Folios 83 a 100 cuaderno principal.

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2000, pues así lo definió la Corte Constitucional en la sentencia C-101 de 2013 y
en el Auto 255 de noviembre 6 de ese mismo año.

• No le asiste razón a la parte demandante cuando afirmó que era necesario
tramitar una ley para establecer un sistema de carrera para los procuradores
judiciales conforme al estipulado en la Ley 270 de 1996, por cuanto este estatuto
sólo se aplica para los empleos de la Rama Judicial.

En ese contexto, la Resolución N° 040 de 2015, se rige por lo dispuesto en el
Decreto Ley 262 del 2000, que es la norma que sistematiza los concursos para el
ingreso a los empleos de carrera en la Procuraduría General de la Nación.

• El curso concurso establecido para los procesos de selección de funcionarios en
la Rama Judicial no está previsto en el Decreto Ley 262 del 2000, para la
escogencia por méritos que adelanta la Procuraduría General de la Nación, razón
por la cual carece de fundamento normativo establecer esta fase en el proceso
que ahora se cuestiona.

• El manual especifico de funciones y de competencias laborales contenido en la
Resolución 413 de 2014, expresamente prevé que las equivalencias establecidas
en el artículo 20 del Decreto Ley 263 del 2000, no aplican para el cargo de
procurador judicial. Luego entonces, nada obligaba al Procurador General de la
Nación a incluir dichas equivalencias dentro de las reglas del concurso de méritos
convocado para proveer esos empleos.

• La Resolución N° 040 de 2015, goza de la presunción de legalidad prevista en
el artículo 88 del CPACA, puesto que no ha sido declarada nula por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo ni se encuentra suspendida en virtud de una
medida cautelar.

• La eventual indebida notificación del acto administrativo que avaló el retiro del
servicio del actor no está a llamada a prosperar, por cuanto esa situación no lo
torna nulo sino inoponible. Sin embargo, está demostrado que al actor se le
comunicó oportunamente esa decisión.

1.5 Sentencia de primera instancia.

Mediante sentencia adiada 11 de noviembre de 2021,5 el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, a través de las Subsecciones A y F negó las súplicas de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte actora.

Con tales propósitos, el a quo, luego de referenciar: i) los hechos probados ii) la
naturaleza del cargo que desempeñaba el demandante; iii) la terminación del
nombramiento en provisionalidad en cargos de carrera de la Procuraduría

5 Folios 257 a 276 cuaderno principal.

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General de la Nación y; iv) la legalidad del proceso de selección para la provisión
en carrera de los cargos de procuradores judiciales, concluyó que:

• La equiparación que prescribió el artículo 280 de la Constitución Política no
conlleva la aplicación automática del régimen de carrera de la Ley 270 de 1996
a los procuradores judiciales, como si estos últimos debieran tener un sistema
excepcional de selección distinto al que rige en la entidad demandada.

Que una cosa es categorizar un empleo como de carrera administrativa y otra
muy distinta fijar el régimen legal que permite el acceso a ese sistema, régimen
que puede establecer cierto tipo de reglas especiales en comparación con el resto
de estamentos, atendiendo las calidades y/o funciones de la entidad.

La demandada es un órgano autónomo e independiente de las ramas del poder
público que no ejerce funciones judiciales. Por tanto, aunque tiene un régimen
especial de carrera, no se encuentra en las mismas de los jueces de la república.

En desarrollo del artículo 279 de la Constitución Política, la ley fijó un régimen
especial de carrera en la Procuraduría General de la Nación a través del Decreto
Ley 262 de 2000. Por consiguiente, para la provisión de los cargos de
procuradores judiciales la entidad accionada debía sujetarse a ese sistema de
selección, tal y como lo ordenó la Corte Constitucional en la sentencia C-101 de
2013 y en el auto 255 del mismo año. Así entonces, concluyó que como dicho
estatuto no previó la realización del curso de formación judicial o “curso
concurso”, su inclusión como regla y etapa del concurso de méritos era
improcedente.

• No era necesario expedir una ley para que regulara el proceso de selección
de los procuradores judiciales, porque el régimen de carrera especial de la
Procuraduría General de la Nación estaba plenamente reglamentado en el
Decreto Ley 262 de 2000.

Así mismo, no deviene procedente que esa regulación se contuviera en una ley
estatutaria, pues al no ser indispensable una ley ordinaria, mucho menos era
forzoso acudir a una ley estatutaria. Adicionalmente, señaló que no todo aspecto
relacionado con la administración de justicia ni con el derecho de acceso a la
función pública requiere de una ley de esa naturaleza, como es el caso de la
provisión de los cargos en cita.

• En cuanto a la no aplicación de las equivalencias previstas en el Decreto Ley
263 de 2000, así como la no contabilización de la experiencia profesional a partir
de la terminación de las materias que conformar el respectivo pensum
académico, reiteró que en sentencia del 30 de julio de 2021, dictada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado en el marco del medio de control de
nulidad promovido en contra de la convocatoria general a concurso de méritos en
la Procuraduría General de la Nación, concluyó que tales exigencias no

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resultaban aplicables a los aspirantes al empleo de procurador judicial, pues
tampoco eran exigidas a quienes deseaban ocupar los cargos de jueces y
magistrados.

• Aunque en la sentencia del 30 de julio de 2021, la Sección Segunda del
Consejo de Estado habilitó la acreditación digital de las producciones académicas
con base en lo previsto en la Ley 527 de 1999, tal decisión no conllevó la
ilegalidad de la totalidad del concurso de méritos, sino que simplemente benefició
a los participantes afectados con esa restricción, esto es, a aquellos que
superaron la prueba de conocimientos, que no es el caso del demandante. Sin
embargo, la determinación en referencia no se erigió como estandarte de
estabilidad para las personas que ocupaban en provisionalidad esos empleos.

• De acuerdo con la sentencia en cita se concluye que el retiro del servicio
materia de debate se encuentra fundado en una causa constitucional y
legalmente valida, esto es, en la provisión definitiva del empleo por concurso de
méritos.

• Las decisiones anulatorias contenidas en la citada providencia no pueden
afectar los derechos adquiridos del doctor Raúl Eduardo Cendales Herrera, pues
acreditó encontrarse inscrito en el sistema de carrera de la entidad demandada.

• El Decreto 3572 de agosto 8 de 2016 fue notificado en debida forma, en tanto
dicha actuación se surtió a través de medios electrónicos y no se demostró que,
previo a ello, el demandante desautorizara el uso de esos medios. Además, esa
notificación cumplió con los propósitos para los que fue estatuida, en razón a que
el actor pudo ejercer en tiempo el presente medio de control.

1.6 Recurso de apelación.

Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante la recurrió en
apelación.6 En su intervención, censuró que el tribunal de primera instancia
hubiere negado las pretensiones de la demanda, pues a su juicio:

• El tribunal de primera instancia se equivocó cuando declaró la improcedencia
de la inaplicación de las Resoluciones 040 de 2015 y 338 de 2016. Alegó que lo
pretendido no es la nulidad de esas decisiones, si no su inaplicación con efectos
inter partes, sin que por ello se mute o altere la naturaleza del medio de control
incoado o el objeto de las pretensiones contenidas en la demanda.

• De conformidad con los artículos 125 y 279 de la Constitución Política, la
potestad para definir el régimen de carrera en la Procuraduría General de la
Nación está reservada al legislador. Es el Congreso de la República quien tiene
la competencia para dictar las leyes que regulan todos los aspectos esenciales y
básicos de la organización y la conformación de los poderes públicos.

6 Folios 283 a 291 cuaderno principal.

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Radicado: 25 000 23 42 000 2017 01059 01 (1964-2022)
Demandante: Manuel Enrique Cañón Romero

Por consiguiente, a través de la Resolución 040 de 2015, el Procurador General
de la Nación no podía regular aspectos esenciales y definitorios del concurso de
méritos y de la administrativa de los procuradores judiciales, debido a que se
requerían las mismas exigencias previstas para los jueces de la república.

• La entidad demandada, obedeciendo la orden judicial dada por la Corte
Constitucional, desconoció los parámetros y reglas establecidas en la Ley 270 de
1996, Estatutaria de Administración de Justicia, que regula el acceso a los cargos
de carrera propios de la Rama Judicial. Es decir, en el caso de los Procuradores
Judiciales se requería igualmente la emisión de una ley estatutaria que definiera
los requisitos de acceso a esos empleos.

• La decisión apelada no expuso los argumentos con relación al cómputo de la
experiencia profesional. Para ello, alegó que el tribunal de primer nivel no se
pronunció frente al cargo de nulidad a través del cual se censuró el cómputo de
la experiencia profesional a partir de la obtención del respectivo título, requisito
que afectó gravemente a todos los participantes del concurso de méritos, pues
limitó irrazonablemente el núcleo esencial del derecho fundamental de acceder a
los cargos públicos.

• El acto administrativo demandado no podía hacerse efectivo ni producir efectos
jurídicos, por cuanto no fue notificado personalmente. No obstante, a la fecha de
presentación del escrito de apelación el demandante se encuentra por fuera de
la entidad demandada. En ese sentido, el acto acusado es inoponible puesto que
contraviene los artículos 66, 67, 68, 69 y 72 del CPACA.

1.7 Trámite correspondiente a la segunda instancia.

1.7.1 Del impedimento manifestado

Mediante oficio fechado 25 de agosto de 2022,7 el Consejero Rafael Francisco
Suarez Vargas expresó su impedimento para conocer del presente asunto, por
encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 9 del artículo 141 del
CGP.

Por lo que sigue, por auto adiado 27 de octubre de 2022,8 se declaró fundada
esa manifestación y, en consecuencia, se separó del conocimiento del presente
asunto al peticionario.

1.7.2 La admisión del recurso.

Mediante auto de fecha 29 de junio de 2023,9 se admitió el recurso de apelación.

7 Folio 298 cuaderno principal.
8 Folios 300 a 301 cuaderno principal.
9 Folio 303 cuaderno principal.

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1.7.3 Concepto del Ministerio Público

El Procurador Delegado ante esta Corporación rindió concepto10 solicitando que
se confirme la sentencia de primer grado, en atención a que los actos
administrativos enjuiciados están ajustados a derecho, pues resultó indebida e
improcedente la interpretación que el abogado de la parte actora hizo frente a las
normas constitucionales, al régimen especial de la Procuraduría General de la
Nación y a la sentencia de del 30 de julio de 2021 proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

Pues bien, tramitado en forma legal el proceso y al no observarse ninguna causal
de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a resolver la alzada,
previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,11 esta Sala de Subsección del
Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
presentado.

2.2 Marco de análisis de la segunda instancia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso,12 la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el recurrente. No obstante, en caso de que ambas
partes hayan apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

En el caso concreto es necesario pronunciarse respecto de los argumentos
expuestos por el apoderado de la parte demandante, en su condición de apelante
único.

2.3 Problemas jurídicos.

De conformidad con los argumentos planteados por el apelante, le corresponde
a la Sala establecer lo siguiente:

10 Índice 25 SAMAI.
11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
12 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]».

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i) ¿Es procedente inaplicar las Resoluciones 040 del 20 de enero de 2015 y 338
de 8 de julio de 2016, por medio de las cuales el Procurador General de la Nación
convocó a concurso de méritos para proveer en propiedad los cargos de
procuradores judiciales y expidió la lista de elegibles para la provisión del empleo
en el que se encontraba vinculado el actor?

ii) ¿El Procurador General de la Nación era competente para regular los aspectos
esenciales y definitorios del concurso de méritos para la provisión definitiva de
los cargos de procuradores judiciales?

iii) ¿Las reglas de la carrera administrativa y del proceso de selección para la
provisión definitiva de los empleos de procurador judicial deben ser similares a
las exigidas para los jueces y magistrados ante quienes ellos intervienen?

iv) ¿El tribunal de primer grado guardó silencio frente al cargo de nulidad
planteado en torno a la orden de cómputo de la experiencia profesional a partir
de la obtención del título profesional en el marco del citado proceso de selección?

iv) ¿La falta de notificación personal a la parte actora del Decreto 3572 de agosto
8 de 2016, torna ineficaz el retiro del servicio allí ordenado?

En el camino de resolución de estos interrogantes, la Subsección abordará los
siguientes aspectos:

• La sentencia C-101 de 2013, y sus efectos frente al sistema de carrera de los
procuradores judiciales y las potestades del Procurador General de la Nación
para convocar y reglamentar los concursos de méritos de esa institución.

• La sentencia de 30 de julio de 2021, proferida por la Sección Segunda de esta
Corporación dentro del medio de control de nulidad de la Resolución 040 de 20
de enero de 2015 -convocatoria general al concurso de méritos para proveer los
empleos de procuradores judiciales-.

• El deber de notificación de los actos administrativos de contenido particular y
concreto.

2.3.1 La sentencia C-101 de 2013, y sus efectos frente al sistema de carrera
de los procuradores judiciales y a las potestades del Procurador General
de la Nación para convocar y reglamentar los concursos de méritos de esa
institución.

Es sabido que mediante la sentencia C-101 de 28 de febrero de 2013, la Corte
Constitucional, al estudiar la demanda de inexequibilidad presentada en contra
de la expresión «Procurador Judicial» contenida en el numeral 2° del artículo 182
del Decreto Ley 262 de 2000, dispuso:

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«RESUELVE:

Primero.- Declarar la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “Procurador Judicial” del
numeral 2), del artículo 182, del Decreto Ley 262 de 2000, por la vulneración del
artículo 280 de la Constitución Política.

Segundo.- ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que en un término
máximo de seis meses, contados a partir de la notificación de este fallo, convoque
a un concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de Procurador
Judicial, que deberá culminar a más tardar en un año desde la notificación de esta
sentencia».

Para arribar a esa decisión, y en aras de responder el problema jurídico de «¿La
inclusión del cargo de “Procurador Judicial “entre los empleos de libre
nombramiento y remoción de la Procuraduría General de la Nación -y de contera,
su exclusión del régimen de carrera-, vulnera el artículo 280 de la Constitución
que ordena la equiparación de sus derechos con los de las autoridades judiciales
ante quienes actúan, entre ellos, el de no ser de libre nombramiento y remoción
y pertenecer a una carrera?» consideró que:

«5.4.3. El artículo 280 constitucional regula situaciones jurídicas de dos tipos de
servidores públicos: los agentes del ministerio público que ejercen su cargo ante
la rama judicial; y los magistrados y jueces ante quienes ellos actúan. Entre los
factores equiparables de unos y otros, se encuentran los “derechos”, al lado de
“categoría y calidades” como de “remuneración y prestaciones”. Ello indica que la
acepción “derechos” adquiere un contenido específico que la diferencia de otros
derechos asociados régimen salarial y prestacional de los procuradores judiciales.
Entre “derechos” objeto de homologación, que no tienen por objeto ni la
remuneración ni las prestaciones, se encuentra el de pertenencia a un régimen de
carrera, que entraña para sus titulares garantías de estabilidad laboral, de acceso
a los cargos y promoción a los mismos a través de la selección y evaluación
objetivos, con base en criterios del mérito y las calidades personales, propios de
la carrera administrativa o judicial; de tal pertenencia a la carrera se deriva,
puntualmente, la garantía de que su nombramiento y remoción no puede ser el
resultado de la discrecionalidad del nominador y de gozar de la estabilidad que
tienen los magistrados y jueces ante quienes ejercen sus funciones.

5.4.4. El artículo 280 de la Constitución Política refuerza lo anteriormente señalado,
cuando establece que los agentes del Ministerio Público tendrán la misma
“categoría” de los magistrados y jueces ante los que actúan, vocablo que significa
la equivalencia en los cargos que desempeñan unos y otros, la cual se quebranta
con la distinción que realiza la disposición acusada, al clasificar el cargo de
procurador judicial como de libre nombramiento y remoción, cuando los de los
jueces y magistrados ante los que actúan, son de carrera administrativa,
conduciendo a su inexequibilidad.

5.4.5. Así, los procuradores judiciales, en su condición de agentes del Ministerio
Público que actúan ante jueces y tribunales cuyos cargos han sido definidos por el
legislador -Ley 270 de 1996- como de carrera, tienen el derecho a ser clasificados
igualmente como carrera administrativa, en aplicación del artículo 280
constitucional. Tal decisión, además, se aviene con el principio general de la
carrera, prevista en el artículo 125 superior.

…

5.5. Consideraciones finales.
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5.5.1. La Corte declarará la inexequibilidad de la norma demandada, por
vulneración del artículo 280 de la Constitución que ordena la equiparación en
materia de “derechos” entre magistrados y jueces y los agentes del ministerio
público que ejercen el cargo ante ellos, entendiendo esta Corte que entre los
derechos a homologar se encuentra el ser considerado de carrera administrativa.
5.5.2. Cabe distinguir que una es la carrera judicial administrada por el Consejo
Superior de la Judicatura y otra la carrera administrativa de la Procuraduría
General de la Nación. Por ello, la incorporación que procede respecto de los
“procuradores judiciales” es a la carrera propia de la Procuraduría General de la
Nación.

5.5.3. En consecuencia, al declarar inexequible la expresión “procurador judicial”,
contenida en el numeral 2) del artículo 182 del decreto ley 262 de 2000 -que los
define como de libre nombramiento y remoción-, ordenará a la Procuraduría
General de la Nación la convocación de un concurso público de méritos para la
provisión de tales cargos, en un término no mayor de seis (6) meses, de acuerdo
con las reglas y procedimientos que lo regulan».

Toda la reseña anterior resulta pertinente para destacar que la Corte
Constitucional, luego de distinguir y separar los sistemas de carrera de la rama
judicial y de la Procuraduría General de la Nación, ordenó que la incorporación
de los procuradores judiciales, fruto del concurso de méritos ordenado en la
citada providencia, se hiciera al régimen de carrera administrativa de esta última
entidad y de conformidad con las normas que informan ese sistema.

Pues bien, en lo que toca a la reseñada carrera administrativa, el artículo 83 del
Decreto Ley 262 de 2000, la define como «[…]un sistema técnico de
administración de personal, que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la
entidad y ofrecer igualdad de oportunidades para el acceso a ella, la estabilidad
en los empleos y la posibilidad de ascender, como también establecer la forma
de retiro de la misma[…]».

En el citado compendio normativo, el legislador extraordinario, además de las
disposiciones generales13 aplicables a ese régimen -la forma de proveer las
vacantes definitivas presentadas en torno a los empleos de carrera, la protección
a la maternidad, entre otros- se ocupó de regular todo lo relacionado con las
etapas del proceso de selección,14 la inscripción y actualización dentro del
sistema de carrera,15 la calificación de servicios,16 las causales de retiro y la
perdida de los derechos respectivos,17 así como la comisión de carrera
encargada de la vigilancia y control del sistema.18

Como se aprecia, el legislador extraordinario se encargó de contener en un solo
cuerpo normativo todo lo relacionado con la carrera administrativa de la
Procuraduría General de la Nación. No obstante, es oportuno resaltar que de
acuerdo con lo establecido en el numeral 2.° del artículo 3.° de la Ley 909 de

13 Capítulo I, artículos 183 a 190.
14 Capítulo II, artículos 191 a 220.
15 Capítulo III, artículos 221 a 222.
16 Capítulo IV, artículos 223 a 235.
17 Capítulo V, artículos 236 a 238.
18 Capítulo VI, artículos 239 a 250.

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2004, los vacíos que se presenten en las reglas especiales serán llenados con
las disposiciones previstas en la ley general de carrera administrativa.
En línea con lo expresado, se dirá también que al Procurador General de la
Nación, como suprema autoridad de esa entidad, le fue atribuida la potestad para
administrar el referenciado sistema de carrera, regencia que le permite desplegar
las acciones enlistadas en el numeral 7.° del artículo 40 del Decreto Ley 262 de
2000 que, por su importancia aquí, se transcriben a continuación:

a) Definir las políticas para la elaboración y aplicación de las pruebas que se
utilizarán en los concursos y determinar los parámetros para su calificación.

b) Adoptar los instrumentos necesarios para el cumplimiento de los fines de cada
una de las etapas del proceso de selección.

c) Designar a las personas que integrarán el jurado encargado de elaborar y
calificar las pruebas de pregunta abierta y la entrevista y de resolver las
reclamaciones relacionadas con estas pruebas.

d) Definir las condiciones de las convocatorias para los concursos de méritos y
suscribirlas.

e) Excluir de la lista de elegibles, a solicitud de la Comisión de Carrera de la
Procuraduría General, a las personas que hubieren sido incluidas en ella,
cuando se demuestre la existencia de irregularidades en el proceso de
inclusión en la lista.

f) Declarar desiertos los concursos, cuando se presenten las causales
establecidas en este decreto.

g) Revocar, a solicitud de la Comisión de Carrera de la Procuraduría General, los
nombramientos efectuados, cuando se demuestre la existencia de
irregularidades en el proceso de selección.

h) Fijar las políticas sobre estudios e investigaciones en asuntos relacionados con
la administración de la carrera.

Por tanto, de las reglas citadas es claro advertir que el Procurador General de la
Nación tiene la potestad para fijar las políticas generales que guiarán todo el
proceso de selección, parámetros a los que deberá ceñirse no solo el acto de
convocatoria a concurso de méritos, sino también cada una de las etapas que
converjan en él -desde los requisitos para la inscripción hasta las causales de
exclusión del proceso-.

En suma, el sistema de carrera administrativa de la demandada está contenido
exclusivamente en el Decreto Ley 262 de 2000, y, de manera supletoria, por las
disposiciones contenidas en la Ley 909 de 2004. Por consiguiente, no se puede
colegir que las normas de otros regímenes especiales -como el de la rama
judicial- le sean aplicables, muy a pesar de que existan nexos entre los servidores
públicos de una y otra entidad.

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2.3.2 La sentencia de 30 de julio de 2021, proferida por la Sección Segunda
de esta Corporación dentro del medio de control de nulidad con la
Resolución 040 de 20 de enero de 2015.

Con ocasión a la demanda de nulidad19 presentada en contra de la Resolución
040 de 20 de enero de 2015 «Por medio de la cual se da apertura y se reglamenta
la convocatoria del proceso de selección para proveer los cargos de carrera de
procuradores judiciales de la Entidad», esta Sección emitió sentencia el 30 de
julio de 2021 a través de la cual dispuso:

«FALLA

PRIMERO: DECLARAR de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda
1016-2016 por indebida escogencia del medio de control, presentada por los
demandantes Luis Rafael Calderón Daza y Luis Francisco Calvete Ribero, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la legalidad condicionada del inciso 3º del numeral 1º del
art. 17 de la Resolución 040 DE 2015, en el entendido de que en la prueba de
análisis de antecedentes puede otorgarse puntaje tanto a los posgrados
(maestrías, doctorados o posdoctorados en derecho) que sean específicos
respecto de la convocatoria y empleo correspondiente, así como también, aquellos
cuyo título no especifique determinada área de profundizacion del derecho, pero
de los cuales se pueda derivar, bien sea por las calificaciones obtenidas, por el
contenido del programa académico cursado o por la tesis o trabajo de
investigación adelantado, que el concursante cuenta con la idoneidad profesional
y los conocimientos previstos en cada convocatoria para el desempeño del empleo
correspondiente.

TERCERO: DECLARAR la legalidad condicionada de los arts. 5º (inciso 3º), 9º
(numeral 2.9) y 17 (parágrafo 1º) de la Resolución 040 de 2015, en el entendido
que las publicaciones de libros que dan lugar a puntaje en la prueba de análisis de
antecedentes se pueden presentar en original y físico o en forma digital por quienes
superen la prueba de conocimientos, en la fecha y lugares que se establezcan
mediante aviso en la página web institucional, los cuales deberán calificarse bajo
los mismos criterios y parámetros en términos de igualdad, siempre y cuando los
derechos de autor de unos y otros se encuentren debidamente registrados y la
publicaciones cuenten con el respectivo ISBN (International Standard Book
Number), tal como se exige en el numeral 2º del art. 17 del acto demandando.

CUARTO: Las decisiones contenidas en los dos numerales precedentes, tendrán el
efecto que se menciona a continuación:

1. La legalidad condicionada de los artículos 5º inciso 3º; 9º numeral 2.9 y 17
parágrafo 1º y del artículo 17, numeral 1ª. Inciso 3ª de la Resolución 040 de 2015,
tal como se expresó en los numerales 3.9 y 3.11 de esta providencia, solamente
producirá efectos ex nunc, esto es, hacia futuro, con el propósito de salvaguardar
las situaciones jurídicas y los derechos individuales ya consolidados.

2. En el caso de que existan listas de elegibles pendientes de elaborar, deberá
darse estricta aplicación a las disposiciones cuya legalidad condicionada se
declara en esta providencia, en el sentido de asignar puntaje en las diferentes
pruebas y análisis de antecedentes, a los posgrados de maestría, doctorado y

19 Expediente N° 110010325000201500366 00 (0740-2015).

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posdoctorado cuyos títulos no reflejen un área específica del derecho, pero de los
cuales se pueda derivar que se cuenta con los conocimientos específicos de la
convocatoria a la cual se aspira. En cuanto a los libros, se tendrán como válidos
tanto los aportados en físico como aquellos que se presenten en forma digital,
siempre y cuando los derechos de autor de unos y otros se encuentren
debidamente registrados y las publicaciones cuenten con el respectivo ISBN
(International Standard Book Number), tal como se exige en el numeral 2º del art.
17 del acto demandando.

3. Respecto de aquellos asuntos que se estén ventilando en procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho que se encuentren en trámite y que tengan que ver
con los problemas jurídicos mencionados en los numerales 3.9 y 3.11 de esta
providencia, el efecto será retrospectivo, siempre y cuando las decisiones que se
adopten no afecten las situaciones jurídicas y los derechos individuales ya
consolidados.

QUINTO: NEGAR la nulidad del acto demando respecto de las demás pretensiones
de las demandas acumuladas…».

Con tales fines, y como respuesta a los problemas jurídicos formulados que
guardan relación con lo que aquí se debate, concluyó:

• Que el Decreto Ley 262 de 2000, es la norma especial que regula todo lo
relacionado con el sistema de carrera administrativa de la Procuraduría
General de la Nación y, además, faculta al Procurador General de la
Nación para fijar las directrices del respectivo proceso de selección; por lo
que no se requería la emisión de una nueva ley para adelantar el concurso
de méritos demandado.20

• La resolución demandada fue emitida en cumplimiento de la orden de la
Corte Constitucional y, para ello, resultó indispensable aplicar las normas
de carrera administrativa contenidas en el citado Decreto Ley 262 de
2000.21

• La equiparación entre los procuradores judiciales y los jueces y
magistrados dispensada en la sentencia de constitucionalidad tantas
veces citada, no supone la igualdad de sus regímenes de carrera. Por
tanto, a pesar de que en el sistema aplicable a los jueces de la república
el curso de formación judicial es parte integral del proceso de selección,
no por ello ese mismo curso debe formar parte del concurso de méritos de
los agentes del ministerio público pues: i) la Procuraduría General de la
Nación es un órgano autónomo e independiente a las ramas del poder
público; ii) tiene un régimen especial y propio de carrera administrativa que
no contempla la realización del curso de formación judicial y; iii) la Corte

20 Respuesta al primer interrogante ¿Se encontraba facultado, si o no, el Procurador General de la Nación

para convocar a un concurso público de méritos tendiente a la provisión definitiva de los cargos de
Procurador Judicial, sin que el Congreso de la República hubiese expedido previamente una ley que regulara
el régimen de carrera especial que debía ser aplicado; definir los criterios y condiciones de evaluación,
calificación, homologación y equivalencias para el ingreso a la carrera y adoptar disposiciones relativas a la
“divulgación del concurso” y al acuerdo de inscripción?
21 Respuesta a la segunda pregunta ¿El acto demandado… vulneró la reserva de ley estatutaria consagrada

en los literales a y b del artículo 152 de la Constitución Política?

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Constitucional ordenó que la vinculación de los procuradores judiciales se
hiciera al sistema de carrera de la procuraduría.22

• El Procurador General de la Nación no infringió la ley cuando estableció
que el cómputo de la experiencia profesional requerida para ejercer el
empleo de procurador judicial se contaría a partir de la obtención del título
profesional, en razón a que, fruto de la equiparación contenida en el
artículo 280 superior, se exigen las mismas calidades para jueces,
magistrados y agentes del ministerio público y, en las normas de carrera
de la rama judicial está prevista la misma condición.23

• La limitante impuesta en el acto de convocatoria general, en torno a la
valoración de las publicaciones y producciones académicas aportadas en
medios físicos -excluyendo las aportadas en medios digitales-, lesiona el
derecho ciudadano a participar en el concurso de mérito, pues no existe
una razón suficiente y adecuada para considerar, por ejemplo, que la
idoneidad del concursante se justiprecia únicamente con la obra física,
siendo que, para tales fines, la digital también permite esa apreciación.
Adicionalmente, esa restricción infringió las regulaciones legales vigentes
-Ley 527 de 1999 y el CGP- que atribuyen igual valor probatorio a los
mensajes de datos y documentos digitales.24

2.3.3 El deber de notificación de los actos administrativos de contenido
particular y concreto.

En los artículos 66 y siguientes del CPACA se regula el deber de notificación de
las decisiones administrativas de carácter general y concreto. Así, en el artículo
67 ejusdem se fijan las formalidades que deben cumplirse con la notificación
personal «entregar copia del acto respectivo, señalar la fecha y hora del
procedimiento de notificación, indicar los recursos procedentes, las autoridades
y los plazos en que deben ser presentados» y las consecuencias que se derivan
de su incumplimiento.

En cuanto al citado resultado se refiere, el artículo 72 ibid. dice, a la letra, lo
siguiente «Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la
notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte
interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los
recursos legales». (El énfasis es de la Sala)

22 Respuesta al sexto interrogante ¿Podía la Procuraduría General de la Nación realizar un concurso público

de méritos diferente del previsto en los artículos 160 y 168 de la Ley 270 de 1996 para la selección de jueces
y magistrados, en los que se contempla la realización de un curso-concurso y se determinan los puntajes y
criterios de selección que se aplican en la rama judicial, soslayando, como lo afirman los demandantes, el
mandato constitucional consagrado en el artículo 280 de la Constitución Política?
23 Respuesta a la pregunta décima ¿Incurrió́ la Procuraduría en un exceso en el ejercicio de la potestad

reglamentaria al establecer que la experiencia profesional se cuenta desde el grado y no desde la
terminación y aprobación de las materias que forman el plan de estudios?
24 Respuesta a la pregunta decima primera ¿Incurrió́ la Procuraduría en un exceso en el ejercicio de la

potestad reglamentaria, al asignar puntaje a las publicaciones elaboradas en físico, excluyendo las
elaboradas a través de medios digitales?

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Todo lo expresado para referenciar que, ante el incumplimiento de las
formalidades legales respectivas, se tendrá por no realizada la notificación y,
además, se considerará que el acto administrativo no produce ningún efecto
jurídico. Sin embargo, la norma es clara al prescribir que tales consecuencias no
devendrán en la medida en que el interesado informe que conoce la decisión, la
consienta o presente los recursos legales pertinentes.

En línea con todo lo estudiado hasta aquí, esta Sala de Subsección resolverá los
interrogantes formulados en acápite anterior.

2.4 Caso concreto

Primer interrogante: ¿Es procedente inaplicar las Resoluciones 040 del 20 de
enero de 2015 y 338 de 8 de julio de 2016, por medio de las cuales el Procurador
General de la Nación convocó a concurso de méritos para proveer en propiedad
los cargos de procuradores judiciales y expidió la lista de elegibles para la
provisión del empleo en el que se encontraba vinculado el actor?

Como se indicó anteriormente, en sentencia C-101 de 2013, la Corte
Constitucional declaró la inexequibilidad de la expresión “Procurador Judicial”
contenida en el numeral 2.º del artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000, en
tanto clasificó los cargos de procuradores judiciales como de libre nombramiento
y remoción. En consecuencia, declaró que esos cargos pertenecían al régimen
de carrera administrativa de la entidad y, adicionalmente, le ordenó a la
Procuraduría General de la Nación que convocara el respectivo concurso público
de méritos.

En cumplimiento de esa orden judicial,25 el Procurador General de la Nación
emitió la Resolución 040 de 20 de enero de 2015, a través de la cual ordenó la
apertura del procedimiento de selección del que se derivaron un total de 14
convocatorias. El señalado acto administrativo fue demandado ante esta
Corporación a través del medio de control de nulidad. Luego de surtidos los
trámites de rigor, mediante sentencia de 30 de julio de 2021,26 la Sección
Segunda negó las pretensiones de la demanda, al considerar:

«90…La Sala le concede la razón al apoderado de la parte demandada y al
Ministerio Público, cuando señalan que la ley que regula esa materia no es otra
distinta al Decreto Ley 262 de 2000, expedido por el Presidente de la República en
ejercicio de las precisas facultades extraordinarias conferidas por el Congreso
mediante la Ley 573 de 2000, para modificar tanto la estructura de la Procuraduría
General de la Nación como su régimen de carrera administrativa. En tal sentido,

25 Conforme al artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, las sentencias proferidas por «la Corte Constitucional

tienen el valor de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades
y los particulares. Y de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 270 de 1996, “las sentencias proferidas en
cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto:
1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas legales, ya sea por vía
de acción, de revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, sólo
serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva…”
26 Expediente 11001-03-25-000-2015-00366-00, Consejero Ponente Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

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esa y no otra es la ley previa aplicable en cuyo articulado se regulan todos los
asuntos mencionados en el problema jurídico.
91
La Corte Constitucional ordenó convocar un concurso público para la provisión
en propiedad de todos los cargos de Procurador Judicial y precisó que el sistema
de carrera aplicable al concurso sería el sistema especial de carrera de la
Procuraduría, argumento que reiteró en el Auto 255 del 2013, en el cual explicó
que la Sentencia C-101 de 2013 no homologó los sistemas de carrera de la rama
judicial y el del ministerio público -tal como lo entiende la parte actora-, sino el
“derecho de acceso a la carrera” mediante concurso público.
92
En ese orden de ideas, el proceso de selección convocado a través de la
Resolución 040 de 20 de enero de 2015, fue realizado dentro de los parámetros
de la legalidad preexistente y en cumplimiento de una orden judicial que ya hizo
tránsito a cosa juzgada constitucional y que, por lo mismo, obliga a todas las
autoridades y a los particulares, tal como lo disponen los arts. 21 del Decreto 2067
de 1991 y 48 de la Ley 270 de 1997.
93
Ha de tenerse en cuenta que las decisiones contenidas en La Resolución 040
de 2015, no tuvieron la pretensión de regular de manera general “todos” los
concursos que ulteriormente deba convocar la Procuraduría General de la Nación
para la provisión de los empleos de procuradores judiciales I y II, pues lo que se
dispone en esa Resolución tan solo aplica al trámite de las 14 convocatorias
mencionadas en su texto, al definir los requisitos y condiciones de cada una ellas
e instrumentalizar los respectivos procesos de selección, con el objeto de dar
cumplimiento a la orden emitida por la Corte Constitucional en la Sentencia C-101
del 28 de febrero de 2013.
94
Todo ello conduce a desvirtuar el cargo formulado, más aún cuando el artículo
7º, numeral 45 del Decreto Ley 262 de 2000, que es una ley en sentido material,
le asignó esas funciones al Procurador General de la Nación como supremo
director y administrador del sistema de carrera de la entidad.
95
El aludido numeral 45 le atribuyó al Procurador la competencia para definir las
políticas para la elaboración y aplicación de las pruebas que se utilizarán en los
concursos y determinar los parámetros para su calificación; adoptar los
instrumentos necesarios para el cumplimiento de los fines de cada una de las
etapas del proceso de selección; designar a las personas que integrarán el jurado
encargado de elaborar y calificar las pruebas de pregunta abierta y la entrevista y
de resolver las reclamaciones relacionadas con estas pruebas y definir las
condiciones de las convocatorias para los concursos de méritos y suscribirlas.
96
Lo expuesto hasta aquí, permite inferir que era totalmente innecesaria la
expedición de una nueva ley de carrera para ser aplicada a los concursos públicos
de mérito dirigidos a la provisión de los cargos de procurador judicial, pues estando
en vigencia el Decreto Ley 262 de 2000, ello llevaría al absurdo de permitir la
coexistencia de dos sistemas de carrera administrativa distintos en el seno de la
Procuraduría General de la Nación, uno de los cuales sería aplicable a los
concursos para la selección por mérito de los procuradores judiciales y otro para
los demás concursos que deba adelantar ese organismo de control».

De lo transcrito se extrae que, en lo referente a la Resolución 040 de 2015, la
Sección Segunda de esta Corporación no evidenció vicio alguno que ameritara
declarar su nulidad. Ahora bien, aunque que en esa decisión se declaró la
legalidad condicionada de algunos apartes de ese acto administrativo que tienen
relación con uno de los cargos planteados en la alzada -específicamente el

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atinente al valor de las publicaciones y/o producciones académicas aportadas en
medios digitales-, tal decisión no tiene incidencia frente al demandante, pues está
demostrado que no superó la prueba de conocimiento.

Además, la providencia en cita, al devenir de una demanda de nulidad en
abstracto, que abarcó las censuras aquí planteadas, tiene efectos erga omnes y,
por ende, torna improcedente el uso de la figura excepcional de inaplicación por
ilegalidad. Es decir, al existir un pronunciamiento sobre la legalidad general de
ese acto administrativo, el juez se encuentra impedido para desplegar el control
difuso de legalidad.

Igual suerte corre la pretendida inaplicación de la Resolución 338 de 2016
-contentiva de la respectiva lista de elegibles-, pues las expresiones contenidas
en ese acto administrativo, amén de estar revestidas de la presunción de
legalidad, no evidencian motivos o razones que conlleven su anulación, máximo
porque los cargos endilgados en su contra reprochan su legalidad a partir de las
irregularidades denunciadas en contra de la convocatoria general a concurso. En
otras palabras, la inexistencia de censuras concretas en contra de aquella
resolución, impiden el análisis de ilegalidad propuesto en la demanda.

Así las cosas, se repite, es improcedente acceder a la inaplicación por ilegalidad
de las Resoluciones 040 de 20 de enero de 2015 y 338 de 8 de julio de 2016.

Segundo interrogante: ¿El Procurador General de la Nación era competente
para regular los aspectos esenciales y definitorios del concurso de méritos para
la provisión definitiva de los cargos de procuradores judiciales?

Tal y como se estudió anteriormente, en la sentencia C-101 de 2013, la Corte
Constitucional, luego de declarar la inexequibilidad de la expresión «Procurador
Judicial» contenida en el numeral 2.º del artículo 182 del Decreto Ley 262 de
2000, le ordenó a la Procuraduría General de la Nación adelantar el concurso de
méritos para proveer las vacantes definitivas de los cargos en mención,
disponiendo, además, que las incorporaciones -fruto del concurso de méritos
ordenado en esa providencia- se hicieran al régimen de carrera administrativa de
esta última entidad y de conformidad con las normas que informan ese sistema.

Por tanto, y como quiera que en el Decreto Ley 262 de 2000, se condensaron
todos los elementos esenciales del aludido sistema de carrera administrativa y
del proceso de selección, es más que procedente concluir que el Procurador
General de la Nación si tenía competencia para reglamentar el concurso de
méritos a que se ha venido haciendo referencia.

Adicionalmente, recuérdese en sentencia del 30 de julio de 2021, esta Sección,
al resolver la demanda de nulidad incoada en contra de la Resolución 040 del 20
de enero de 2015, llegó a la misma conclusión que en esta oportunidad es dictada
por la Sala.

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Tercer interrogante: ¿Las reglas de la carrera administrativa y del proceso de
selección para la provisión definitiva de los empleos de procurador judicial deben
ser similares a las exigidas para los jueces y magistrados ante quienes ellos
intervienen?

Siguiendo el anterior derrotero, y fundada en las sentencias arriba señaladas,
esta Sala de Subsección concluye que la Procuraduría General de la Nación, al
tener un régimen de carrera administrativa propio -que regula todas las etapas
del proceso de selección, así como las fases subsiguientes a la inscripción al
sistema de carrera-, no estaba obligada a fijar las bases y reglas del concurso de
méritos para proveer las vacantes de los empleos de procuradores judiciales, en
igualdad de condiciones a las previstas para los jueces y magistrados en razón a
que:

i) La demandada es un órgano autónomo e independiente a las ramas del poder
público.

ii) Tiene un régimen especial y propio de carrera administrativa que no contempla
la realización del curso de formación judicial y;

iii) La Corte Constitucional ordenó que la vinculación de los procuradores
judiciales se hiciera al sistema de carrera de la procuraduría.

Cuarto interrogante: ¿El tribunal de primer grado guardó silencio frente al cargo
de nulidad planteado en torno a la orden de cómputo de la experiencia profesional
a partir de la obtención del título profesional en el marco del citado proceso de
selección?

En la sentencia de primera instancia se puede leer lo siguiente:

«Ahora bien, como razones para reforzar el argumento de que se está ante un
concurso ilegal que derivó en la terminación de la vinculación en provisionalidad
del demandante, adujo el actor que para el concurso de méritos de Procuradores
Judiciales no se habilitó la aplicación de las equivalencias previstas en el Decreto
Ley 263 de 2000, no se contó la experiencia profesional desde la fecha de
terminación de materias, tal como prevé el Decreto 2772 de 2005, ni se permitió
acreditar publicaciones en medio electrónico con base en lo dispuesto en la Ley
527 de 1999.

Sobre estos puntos el H. Consejo de Estado se pronunció de fondo en la
sentencia del 31 de julio de 2021 (sic) (Rad. 2016-00366-00). Como se anotó en
procedencia, con relación a las equivalencias y el conteo de la experiencia
profesional desde la terminación de materias, era procedente no aplicarlas para
el concurso de Procuradores Judiciales. Lo anterior, porque la Ley 270 de 1996
no prevé la aplicación de estas prerrogativas para los funcionarios judiciales, en
relación con los cuales la Constitución dispone que los Procuradores Judiciales
deben tener las mismas calidades.»

Por lo que sigue, es claro que el a quo si se pronunció sobre ese cargo de nulidad,
razón más que suficiente para declarar impróspera la censura planteada en la
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alzada.

Quinto interrogante: ¿La falta de notificación personal a la parte actora del
Decreto 3572 de agosto 8 de 2016, torna ineficaz el retiro del servicio allí
ordenado?

Esta Sección reitera que las decisiones de desvinculación del servicio que se
sustentan en razones legales no tienen que ser notificadas sino comunicadas,
como efectivamente ocurrió. En efecto, en sentencia de 20 de junio de 2024,27
frente a un argumento similar se reiteró que «…por lo general, el acto de
insubsistencia de nombramiento se “comunica”, aunque simplemente se
“ejecuta” en el caso de la insubsistencia tácita. Pero, cabe aclarar que cuando
afecta realmente al personal de carrera o de periodo, debe notificarse y señalarse
los recursos procedentes para la defensa de sus derechos».

En consecuencia, no se advierte que con la comunicación de la decisión de retiro
del servicio se le hubieren vulnerado a la accionante sus derechos de defensa,
contradicción y/o acceso a la administración de justicia, pues es evidente que
pudo conocer el contenido de la decisión y, además, acudir ante esta jurisdicción
para controvertirla. Adicional a lo expresado, se considera que la situación en
referencia se enmarca dentro del régimen exceptivo contenido en el artículo 72
de la Ley 1437 de 2011, según el cual «Sin el lleno de los anteriores requisitos
no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a
menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la
decisión o interponga los recursos legales» (Énfasis de la Sala)

Por ende, y como quiera que la parte demandante conoció el contenido del acto
que dispuso la terminación de su vínculo laboral, ha de concluirse que la decisión
atacada si produjo los efectos legales contenidos en ella. En otras palabras, la
falta de notificación personal de ese proveído no generó la falta de eficacia
denunciada en la demanda.

En conclusión, de cara a lo expuesto, y teniendo presente que los argumentos
formulados en el recurso de apelación no prosperaron, se confirmará la sentencia
de primera instancia

2.5 Condena en costas en segunda instancia.

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar
a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia
de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica.

27 Expediente 19-001-23-33-000-2017-00464-01 (0449-2021), Consejero Ponente Dr. Jorge Iván Duque

Gutiérrez.

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En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego
de revisar los argumentos de la parte demandante, no se advierte esa situación.
Por el contrario, se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de
sus intereses, por lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2021,
proferida el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de las
Subsecciones A y F, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda
promovida por el señor Manuel Enrique Cañón Romero contra la Procuraduría
General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en
esta providencia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de
fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
(Con impedimento aceptado)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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