Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01115-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01115-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-01115-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
16 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2017-01115-01 (2274-2022)
Demandante : Blanca Patricia Villegas de la Puente
Demandada : Nación – Procuraduría General de la Nación
Tema : Terminación de nombramiento en provisionalidad
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante
contra la sentencia de 25 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección E), mediante la
cual negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control (ff. 27 a 34 vuelto). La señora Blanca Patricia Villegas
de la Puente, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Procuraduría
General de la Nación, para que se acojan las pretensiones que en el apartado
siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad (i) del «[…] Decreto 3835 del 8 de
agosto de 2016, expedid[o] por el Ex Procurador General de la Nación […]
por medio del cual se nombra a la Dra MARISOL GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
en periodo de prueba para el cargo de Procurador Judicial II Código 3PJ,
Grado EC, en la Procuraduría 4 Judicial II, Apoyo a Víctimas asignada a la
Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, en
remplazo de la [actora] quien se encontraba nombraba en provisionalidad»
(sic); y (ii) del «[…] Oficio SG No. 4485 del 12 de agosto de 2016, expedid[o]
por el Secretario General (E) […] por medio de la cual se le informa […] de
la terminación de su vinculación en provisionalidad» (sic).
Como consecuencia de lo anterior, se ordene (i) su reintegro «[…] al cargo que
venía ocupando y desempeñando o a otro de igual o superior jerarquía […]»
(sic); y (ii) «[…] el pago de todos los salarios, primas, reajustes o aumentos de
sueldo y demás emolumentos a que tiene derecho la demandante a partir del
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Blanca Patricia Villegas contra la Nación - Procuraduría General de la Nación
momento de su retiro y hasta que se produzca su reintegro, debidamente
indexado, en el entendido de NO haber existido solución de continuidad en su
vinculación» (sic).
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la demandante que «[…] fue nombrada en
provisionalidad para desempeñar el cargo de Procurador Judicial II Código
3PJ, Grado EC, en la Procuraduría 4 Judicial II Apoyo a Víctimas asignada a
la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales de la
ciudad de Bogotá» (sic).
Indica que al momento de «su nombramiento el cargo estaba clasificado como
de libre nombramiento y remoción, pero esta calidad fue objeto de demanda,
habiendo sido declarada inexequible, por lo que el cargo pasó a ser
considerado de carrera, sin que la Corte Constitucional definiera, por no tener
competencia para ello, cuál era el régimen de carrera aplicable a estos cargos
[de este modo] la terminación de su vinculación [debía realizarse] por la
declaratoria de insubsistencia, para poder lograr la vacancia del cargo y
entonces s[í] designar a quien ingresara por concurso […]».
Afirma que la «Procuraduría General de la Nación mediante la Convocatoria
No. 004-2015, publicada el 3 de enero de 2015, abrió el Concurso de Méritos
para proveer los cargos de Procurador Judicial II Código 3PJ, Grado EC,
asignados a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos
Penales [con] la lista de elegibles mediante la Resolución No. 357 del 11 de
julio de 2016, dentro de la cual quedó comprendida la Dra. Marisol Gutiérrez
Hernández en el puesto 189 [nombrada] mediante Decreto No. 3835 del 8 de
agosto de 2016 en periodo de prueba […] en el cargo que ocupaba en
provisionalidad […]» (sic).
Que «[…] fue notificada de su remplazo mediante Oficio SG No. 4485 de la
Procuraduría General de la Nación, con fecha de 12 de agosto de 2016, retiro
que se llevó a cabo sin tener en cuenta su calidad de pre pensionada, ya que al
momento de su retiro contaba con 1.416 semanas cotizadas y la edad de 56
años [por lo que se desconoció el] régimen especial que debió definir respecto
de la carrera aplicable a los Procuradores Judiciales, antes de celebrar la
convocatoria al concurso […]» (sic).
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos demandados los artículos 2, 13, 25, 53,
125 y 279 de la Constitución Política; y 182 del Decreto 262 de 2000.
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Blanca Patricia Villegas contra la Nación - Procuraduría General de la Nación
Arguye que «el Presidente de la Republica expidió el Decreto 262 de 2000 para
atender los asuntos relacionados con los Procuradores Judiciales, en el cual
dispuso en su artículo 182 ya citado, que los Procuradores Judiciales en razón
de su especial naturaleza jurídica se encuentran clasificados y definidos como
empleados de libre nombramiento y remoción y NO les es aplicable el régimen
de carrera creado en la misma norma, por lo que no resulta razonable que
ahora se les convoque para ingresar a esta, sino que debió el legislador,
previamente, implementar la carrera propia de estos servidores. o en su
defecto, definir que les era aplicable la consagrada para los demás miembros
de la Procuraduría […]» (sic).
Que «El decaimiento Jurídico del Acto Administrativo demandado se produce
toda vez que el Procurador General de la Nación, quien lo firmó, en ese preciso
momento estaba investido de presunción de Legalidad dado al cargo que
desempeñaba y la vigencia del mismo, pero los fundamentos jurídicos que se
tuvieron en cuenta para su nombramiento desaparecieron en virtud de haberse
declarado nula su elección, toda vez que los efectos de la nulidad en estos casos
son "ex-tunc", es decir, como si el Acto Administrativo jamás hubiera existido
[…]» (sic).
Agrega que «cuando la Corte le ordenó al Procurador General de la Nación
convocar a concurso para proveer los cargos de Procuradores Judiciales Il, en
ningún momento dispuso que esta se hiciera para vincular a la Carrera de la
Procuraduría a los mencionados servidores, que por cierto estaban por fuera
de dicho régimen por mandato expreso del Decreto ley 262 de 2000, por el
simple hecho de haberlos catalogado como de libre nombramiento y remoción
[los] Procuradores Judiciales fueron excluidos del régimen de carrera por
estar consagrados en la ley como de libre nombramiento y remoción y ahora la
Corte Constitucional los excluyó del régimen de libre nombramiento y
remoción, mediante Sentencia C-101 de 2013, creándose un verdadero limbo
jurídico […]» (sic).
Que «ostenta la calidad de prepensionada, y por ello se le otorga una especial
protección a la cual le aplica una estabilidad laboral reforzada a cargo de la
Entidad demandada, tal como se ha expresado en reiterada jurisprudencia, con
fundamento en la Ley 790 de 2002 y en la Ley 812 de 2003, respecto al retén
social que se creó para salvaguardar los derechos laborales de quienes se
encuentren próximos a adquirir la calidad de pensionados, bajo la
circunstancia de una reestructuración en la Entidad en la cual laboran […]».
1.5 Contestación de la demanda (ff. 57 a 59 vuelto). La Procuraduría General
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Blanca Patricia Villegas contra la Nación - Procuraduría General de la Nación
de la Nación, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones y respecto de los hechos afirma que algunos son ciertos
parcialmente y otros no; y, en general, lo que observa son las apreciaciones
subjetivas de la accionante; asevera que «[…] ataca la legalidad de la
Resolución 040 de 2015, mediante la cual se reguló el concurso de méritos para
proveer los cargos de Procuradores Judicial, el cual, en todo caso, desde su
creación ha estado sujeto y acorde a las disposiciones legales y
constitucionales que lo rigen […]» (sic).
Que «[…] no es cierto que antes de ofertar los cargos de Procuradores, se
debía promover por parte de la Procuraduría una iniciativa legislativa para
regular el sistema especial de carrera de los empleos ofertados tal y como está
previsto en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia […] la Corte
Constitucional ratificó que la igualdad de derechos entre los Procuradores
Judiciales y los funcionarios judiciales, dispuesta en la sentencia C-101 de
2013, se limitó únicamente a su ingreso a través de concurso público de
méritos, sin que implicara la creación de un régimen de carrera especial y
distinto al existente en la Procuraduría General de la Nación […]» (sic).
Afirma que «[…] los derechos de quien gana un concurso de méritos para
proveer en carrera administrativa un empleo frente a quien lo detenta en
provisionalidad, pero que se encuentre en una situación de especial protección,
como los prepensionados, prevalecen los derechos de quienes ganan el
concurso público de mérito [y] la condición de prepesionada de la demandante
no está acreditada, y en todo caso la entidad no tenía un margen de maniobra
para mantenerla en el cargo, como quiera que todos y cada uno de los cargos
de Procuradores Judiciales fueron ofertados».
1.6 La providencia apelada (ff. 137 a 150 vuelto). El Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (sección segunda, subsección E), en sentencia de 25 de
febrero de 2022, negó las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al
considerar que «[…] no se demostró vicio alguno que desvirtúe la legalidad del
Decreto 3835 de 8 de agosto de 2016 ya que este fue expedido como resultado
de la Convocatoria No. 004 de 2015 realizada por la Procuraduría General de
la Nación para proveer los empleos de Procuradores Judiciales […]» (sic).
Que «[…] el empleo de Procurador Judicial pertenece a la carrera especial
de la Procuraduría General de la Nación y que, en consecuencia, podrá
nombrarse personas que no pertenezcan a la carrera en forma provisional,
hasta cuando se provea el cargo en período de prueba o en propiedad [por lo
que] mediante Resolución No. 040 de 20 de enero de 2015 dio apertura y
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-01115-01 (2274-2022)
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reglamentó la convocatoria [y contra este acto administrativo] fue interpuesta
una demanda de nulidad simple que fue resuelta por el H. Consejo de Estado
mediante sentencia de 20 de julio de 2021 en la que se declaró la legalidad
condicionada de algunas partes […]».
Agrega que «[…] la argumentación expuesta por la parte actora no tiene
vocación de prosperidad pues como lo han sostenido de manera uniforme la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el régimen aplicable a los
procuradores judiciales es el previsto en el Decreto 262 de 2000 […]».
Que el «[…] decaimiento del acto administrativo en atención a que el
nombramiento del Procurador General de la Nación fue declarado nulo […]
por regla general [es] hacia el futuro y no tienen efectos retroactivos […]».
Precisa que «[…] no es posible extraer que la demandante estuviera próxima
a adquirir su derecho pensional pues, en primer lugar, se encontraba en el
régimen de ahorro individual [y] la edad o las semanas cotizadas no acreditan
en su caso, la calidad de prepensionda habida cuenta que estos son los
requisitos aplicables a quienes se encuentran afiliados al régimen de prima
media con prestación definida […]».
Que «[…] no es cierto que el derecho de las personas que gozan de estabilidad
reforzada prevalezca frente a los derechos de quienes superaron el concurso
de méritos [aunque] el nominador está en la obligación de brindar un trato
preferencial a quienes demuestren estar en condiciones especiales de
protección tales como disponer que sean los últimos desvinculados o, de ser
posible, procurar su reubicación en empleos que aún se encuentren vacantes,
iguales o equivalentes a aquellos que venían ocupando en provisionalidad,
mientras estos son cubiertos en propiedad mediante el sistema de carrera […]».
1.7 El recurso de apelación (ff. 158 a 159 vuelto). Inconforme con la anterior
sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación, en el que insiste en que
la Corte Constitucional no tiene «[…] la facultad de legislar, es decir, que no
se puede entender [su] mandato [sobre] la incorporación de los Procuradores
Judiciales al régimen general de carrera de los Procuradores, como un
mandato de obligatorio cumplimiento, dada la falta de competencia que le
subsiste para impartir dicho mandato» (sic).
Que «[…] debió declarase la conversión del cargo de libre nombramiento y
remisión en de provisionalidad y luego sí motivar el acto de retiro, pero ello no
se hizo así […]». De este modo, «[…] al carecer de competencia la Corte
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Constitucional para legislar sobre el Decreto ley 262 de 2000 [los] actos
acusados se encuentran inmersos en causal de Nulidad por desviación de poder
y falsa motivación […]».
Concluye que la jurisdicción contencioso-administrativa puede «[…] apartarse
de dicho precedente, en ejercicio de su autonomía funcional […]».
Adiciona el escrito de alzada con solicitud de exoneración de costas procesales,
pues «[…] se ha operado bajo el principio de buena fe y mediante el amparo
de la confianza legítima […]» (sic).
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 23 de marzo de
2022 y admitido por esta Corporación a través de auto de 26 de julio siguiente
(f. 167), en cumplimiento del artículo 2471 del CPACA, y durante la
oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem, la demandada descorrió el
traslado y concluyó «que no hay lugar a despachar favorablemente el recurso
de alzada al no configurarse ninguna de las causales de nulidad previstas en el
inciso 2° del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 aplicables por remisión
expresa del artículo 138 ibídem, máxime cuando la demandante no aporta
medios de convicción idóneos ni estructura eficientemente ningún cargo que
pueda desvirtuar la presunción de legalidad que en los términos del artículo 88
Ib., cobija al acto administrativo demandad[o]. Adicionalmente, según los
razonamientos efectuados en el análisis del caso, el acto administrativo
atacado no es susceptible de la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad, habida cuenta de que es producto del cumplimiento
estricto de órdenes dadas por la Corte Constitucional en [s]entencia C-101 de
2013»; por su parte, los demás sujetos procesales guardaron silencio2.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si a la accionante le asiste razón jurídica
o no al deprecar la ilegalidad del acto administrativo a través del cual se declaró
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Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
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Anotación del Samai 9.
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terminado su nombramiento como procuradora 4 judicial II apoyo a víctimas,
asignada a la procuraduría delegada para el ministerio público en asuntos
penales, con sede en Bogotá; y, en consecuencia, si tiene derecho a ser
reintegrada y se le paguen las prestaciones no devengadas durante el tiempo en
que estuvo desvinculada del servicio oficial.
3.4 Marco normativo. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
El artículo 125 de la Constitución Política prevé que «[l]os empleos en los
órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección
popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y
los demás que determine la ley».
En lo referente al régimen de carrera en la Procuraduría General de la Nación,
este fue originalmente dispuesto en la Ley 201 de 19953 y luego derogado por
el Decreto 262 de 2000, «por el cual se modifican la estructura y la
organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de
Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la
Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica
el régimen de carrera […] el de inhabilidades e incompatibilidades de sus
servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se
encuentren sujetos».
El artículo 182 del Decreto 262 de 2000 clasifica los empleos al interior de dicho
organismo, así:
Los empleos, de acuerdo con su naturaleza y forma de provisión, se
clasifican así:
1) De carrera
2) De libre nombramiento y remoción
Los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera,
con excepción de los de libre nombramiento y remoción.
Los empleos de libre nombramiento y remoción son:
• Viceprocurador general
• Secretario general
• Tesorero
• Procurador auxiliar
• Director
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«Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación, y se dictan
otras disposiciones».
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• Jefe de la división administrativa y financiera del instituto de
estudios del Ministerio Público
• Procurador delegado
• Procurador judicial [Expresión declarada inexequible por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-101 de 2013]
• Asesor del despacho del procurador
• Asesor del despacho del viceprocurador
• Veedor
• Secretario privado
• Procurador regional
• Procurador distrital
• Procurador provincial
• Jefe de oficina
• Jefe de la división de seguridad
• Agentes adscritos a la división de seguridad y demás servidores
cuyas funciones consistan en la protección y seguridad personales de
los servidores públicos, cualquiera sea la denominación del empleo.
3. De período fijo: Procurador General de la Nación.
La Corte Constitucional, por medio de sentencia C-101 de 20134, declaró
inexequible la expresión «procurador judicial» contenida en el numeral 2 del
artículo 182 del Decreto 262 de 2000, en el entendido de que vulneraba el 280
de la Constitución Política que consagra la equiparación de derechos entre los
magistrados, jueces y agentes del Ministerio Público que actúan ante ellos, por
cuanto no era que estos últimos tuvieran una vinculación de libre nombramiento
y remoción, mientras que aquellos fueran de carrera judicial; para tal propósito,
ordenó que los procuradores judiciales debían pertenecer al régimen de carrera
de la Procuraduría General de la Nación, motivo por el que, a partir de la
expedición de tal decisión judicial, ese cargo pasó de ser de libre nombramiento
y remoción a un empleo de carrera.
Por su parte, el título XIV, capítulo I, del referido Decreto 262 de 2000, frente
a dicho régimen de carrera, preceptúa:
Artículo 183. Concepto. La carrera de la Procuraduría es un sistema
técnico de administración de personal, que tiene por objeto garantizar
la eficiencia de la entidad y ofrecer igualdad de oportunidades para el
acceso a ella, la estabilidad en los empleos y la posibilidad de
ascender, como también establecer la forma de retiro de la misma.
Para alcanzar estos objetivos, el ingreso, la permanencia y el ascenso
en los empleos de carrera de la Procuraduría se hará exclusivamente
con base en el mérito, sin que las consideraciones de raza, religión,
sexo, filiación política u otro carácter puedan influir sobre el proceso
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M. P. Mauricio González Cuervo.
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-01115-01 (2274-2022)
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de selección.
[…]
Artículo 185. Procedencia del encargo y de los nombramientos
provisionales. En caso de vacancia definitiva de un empleo de carrera,
el Procurador General podrá nombrar en encargo a empleados de
carrera, o en provisionalidad a cualquier persona que reúna los
requisitos exigidos para su desempeño.
Se hará nombramiento en encargo cuando un empleado inscrito en
carrera cumpla los requisitos exigidos para el empleo y haya obtenido
calificación de servicios sobresaliente en el último año y una
calificación mínima del 70% sobre el total del puntaje en los cursos
de reinducción a que se refiere el numeral segundo del artículo 253
de este decreto. Sin embargo, por razones del servicio, el Procurador
General de la Nación podrá nombrar a cualquier persona en
provisionalidad siempre que ésta reúna los requisitos legales exigidos
para el desempeño del empleo por proveer.
[…]
Artículo 186. Nombramiento provisional. El nombramiento tendrá
carácter provisional cuando se trate de proveer transitoriamente un
empleo de carrera con personal no seleccionado mediante el sistema
de mérito, aunque en el respectivo acto administrativo no se
determine la clase de nombramiento de que se trata.
También tendrá carácter provisional la vinculación del servidor que
ejerza un empleo de libre nombramiento y remoción que, en virtud de
la ley o de decisión judicial, se convierta en cargo de carrera. En este
caso, el concurso para proveer definitivamente la vacante respectiva
será abierto.
[…]
Artículo 188. Duración del encargo y del nombramiento provisional.
El encargo y la provisionalidad, cuando se trate de vacancia definitiva
en cargos de carrera, podrán hacerse hasta por seis (6) meses. El
término respectivo podrá prorrogarse por un período igual.
Si vencida la prórroga no ha culminado el proceso de selección, el
término de duración del encargo y de la provisionalidad podrá
extenderse hasta que culmine el proceso de selección.
Cuando la vacancia sea el resultado de ascenso que implique período
de prueba, el encargo o el nombramiento provisional podrán
extenderse por el tiempo necesario para determinar la superación del
mismo.
Parágrafo. Por razones del servicio el Procurador General de la
Nación podrá desvincular a un servidor nombrado en provisionalidad
o dar por terminado el encargo, aún antes del vencimiento del término
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establecido en el presente artículo.
Del anterior recuento normativo y jurisprudencial, se tiene que con ocasión de
la expedición de la sentencia C-101 de 28 de febrero de 2013, el empleo de
procurador judicial pasó de ser de libre nombramiento y remoción a ser de
carrera, por lo que, para el caso de la accionante, su designación mutó a
provisional y, en esa medida, por razones del servicio, podía ser desvinculada
del órgano de control.
En ese entendimiento, el artículo 158 del Decreto 262 de 2000 establece, frente
al retiro del servicio al interior del organismo demandado, que:
Retiro del servicio. El retiro definitivo de un servidor de la
Procuraduría General de la Nación, se produce por:
1. Insubsistencia por una calificación de servicios insatisfactoria,
según lo establecido en el régimen de carrera aplicable a la entidad.
2. Insubsistencia por inhabilidad anterior a la posesión o
sobreviniente.
3. Insubsistencia discrecional.
4. Renuncia.
5. Destitución del empleo.
6. Vencimiento del período.
7. Vacancia por abandono del empleo.
8. Revocatoria del nombramiento.
9. Declaratoria de nulidad del nombramiento.
10. Supresión del empleo.
11. Edad de retiro forzoso.
12. Retiro con derecho a pensión de jubilación o vejez.
13. Invalidez absoluta.
14. Muerte.
En lo atañedero al régimen de carrera, esta Corporación, en sentencia de 12 de
octubre de 20115, lo definió como:
[…] un sistema de administración de personal que tiene por finalidad
escoger, en beneficio del servicio público, el aporte humano más
capacitado y calificado para desempeñar la función pública. En ese
sentido, el proceso de selección es la herramienta de la escogencia, y
el mérito, es el pilar fundamental en la superación de las etapas que
lo conforman, y solamente el sometimiento y aprobación satisfactoria
de ello, es la condición necesaria para ser nombrado y para predicar
los derechos que le otorga la carrera administrativa, entre otros, una
mayor estabilidad en el empleo. En cuanto al retiro, está rodeado de
5
Sección segunda, subsección A, expediente 05001-23-31-000-2004-06836-01 (1680-10), C. P. Alfonso
Vargas Rincón.
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una serie de formalidades, es decir, solamente puede hacerse
mediante acto de insubsistencia motivado en una calificación
insatisfactoria.
A su turno, no es lo mismo el nombramiento del servidor que ingresa
al servicio sin preceder al concurso de méritos al de aquél que se
somete a las etapas del proceso selectivo. En este sentido el
nombramiento en provisionalidad no es equiparable al del
escalafonado en la carrera administrativa, y por lo mismo el retiro no
puede estar revestido de las mismas formalidades.
Conforme a lo anterior, no es dable predicar que el empleado
nombrado provisionalmente para desempeñar transitoriamente un
cargo de carrera administrativa y mientras se realiza el concurso,
pueda ostentar la misma condición del que se vincula a la
administración previa superación rigurosa de un conjunto de etapas
que ponen a prueba su idoneidad personal e intelectual para
desempeñar la función.
La situación del nombrado provisionalmente se asemeja a la de los
designados para ocupar cargos de libre nombramiento y remoción,
porque en ambos casos, el nombramiento se efectúa en ejercicio de la
facultad discrecional del nominador de escoger a quien tenga las
condiciones de idoneidad para desempeñar la función y el retiro, a su
vez, debe ir encaminado al mejoramiento del servicio.
En este orden de ideas, el nombramiento en provisionalidad es
procedente para proveer cargos de carrera, en eventos en que no sea
posible hacerlo por el sistema de concurso, o por encargo con otro
empleado de carrera. La situación en provisionalidad, no otorga fuero
de estabilidad relativa alguno. Aun cuando la normatividad
reguladora de esta materia prevé la designación en provisionalidad
por un determinado tiempo e igualmente ésta es prorrogable en los
términos que señala la ley, ello no significa que la persona designada
bajo esa situación adquiera estabilidad por dicho lapso.
Por estas razones, la Sala estima que si bien es cierto el
nombramiento provisional se ha instituido para los cargos
clasificados de carrera administrativa que no hayan sido provistos por
concurso y que dicho nombramiento no es forma de provisión de los
cargos de libre nombramiento y remoción, sí es pertinente predicar
respecto de tal modalidad de vinculación las reglas de la facultad
discrecional, dada la similitud en el ingreso y el retiro que se presenta
tanto para los nombramientos provisionales como para los de libre
nombramiento y remoción.
En consecuencia, el retiro del servicio para los empleados
provisionales puede disponerse mediante acto que dé por terminada
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-01115-01 (2274-2022)
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Blanca Patricia Villegas contra la Nación - Procuraduría General de la Nación
la provisionalidad o de insubsistencia […].
Por otro lado, la jurisprudencia de este alto Tribunal6, respecto de la denominada
«insubsistencia tácita», ha precisado:
El nombramiento de un empleado para el cargo que ocupa otro
funcionario, implica para éste último un acto tácito de insubsistencia.
Tratándose de un empleado con carácter provisional como es el caso,
significa el ejercicio de la facultad discrecional. El nombramiento
provisional es una forma de proveer los cargos de la Administración,
de forma transitoria, y como tal nombramiento no otorga al
funcionario ningún fuero especial de estabilidad, porque su
nombramiento no está precedido por un concurso, ni ha acreditado
las condiciones requeridas, razón por la cual puede ser retirado en
cualquier momento por razones del servicio.
[…]
En ese evento, la permanencia en el cargo del empleado provisional
por encima del término previsto en la ley no le genera ningún derecho
de inamovilidad, ni el nominador pierde la facultad de removerla
pues, estas circunstancias no pueden modificar la condición legal de
provisionalidad. Si aún no puede proveerse el cargo por concurso se
puede designar al reemplazante nuevamente en provisionalidad, hasta
cuando sea reemplazada mediante el mismo. Además, conforme al
artículo 125 de la Constitución Política, inciso 1, “el ingreso a los
cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para
determinar los méritos y calidades de los aspirantes.”
[…]
La declaratoria de insubsistencia tácita del cargo que desempeñaba la
demandante era de carácter provisional, por lo que ostentaba una
posición diferente al empleado vinculado y escalafonado en la
carrera, debido a que, se repite, no accedió al cargo mediante
concurso, en consecuencia quien ocupa un cargo en provisionalidad
no queda bajo el gobierno de las normas que reglamentan el retiro del
personal de carrera. Admitir lo contrario equivaldría a conferirle
garantías que la Ley no le reconoce.
La estabilidad sólo existe para el personal de carrera. Como el
nombrado en provisionalidad en un empleo de carrera accede a él en
forma discrecional, sin procedimientos ni motivación, su
desvinculación puede hacerse de la misma manera, y el nominador no
pierde la facultad para removerlo.
Concretamente de la causal de retiro del servicio por insubsistencia en los
6
Sección segunda, subsección B, expediente 25000-23-24-000-2002-05139-01 (7545-05), C. P. Bertha Lucía
Ramírez de Páez.
12
Expediente: 25000-23-42-000-2017-01115-01 (2274-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Blanca Patricia Villegas contra la Nación - Procuraduría General de la Nación
cargos en provisionalidad, esta Corporación, en providencia de 23 de
septiembre de 20107, indicó:
El nombramiento provisional se produce cuando se trata de proveer
transitoriamente empleos de carrera con personal no seleccionado de
acuerdo con la reglamentación de la respectiva carrera, sin que
otorgue fuero alguno de estabilidad, pues “el empleado no ha
accedido a la carrera por los medios legales”. Los derechos de carrera
administrativa se derivan del sometimiento a la superación
satisfactoria de las etapas del concurso.
[…]
Ha sido criterio reiterado de la Sala el precisar que, la situación del
nombrado provisionalmente, aunque no es idéntica, tiene importantes
semejanzas con la de los designados para ocupar cargos de libre
nombramiento y remoción, porque en ambos casos, el nombramiento
se efectúa en ejercicio de la facultad discrecional del nominador de
escoger, en beneficio del servicio, a quien tenga las condiciones de
idoneidad para desempeñar la función, y el retiro a su vez debe estar
precedido de razones objetivas plenamente justificadas en el interés
general.
[…]
Se ha dicho que, si bien es cierto la clasificación de los cargos de
carrera administrativa obedece a un criterio técnico que difiere de la
naturaleza directiva y en ocasiones política de los cargos de libre
nombramiento y remoción, la facultad discrecional se impone al
efectuar los nombramientos provisionales, en cuanto que la
transitoriedad de la designación, mientras se realiza el proceso
selectivo, faculta a la administración para efectuar el nombramiento
provisional, actuación administrativa en la que la discrecionalidad es
el marco rector.
En este orden de ideas, a juicio de la Sala, mientras el cargo
clasificado como de carrera administrativa no haya sido provisto por
el sistema selectivo, el empleado se encuentra en una situación
precaria, y admitir el fuero de estabilidad propio de los empleados de
carrera administrativa para los nombramientos provisionales, dada la
naturaleza del empleo, desatiende el sentido del concurso de méritos
y desconoce que la permanencia en los cargos de carrera no se
condiciona a la realización del concurso de méritos, sino que opera
exclusivamente cuando se ingrese al sistema previa superación de las
etapas que comprende el proceso selectivo, y siempre que no se
obtenga calificación insatisfactoria en la prestación de los servicios
[…].
Por estas razones, la jurisprudencia de la Sala ha señalado, que si bien
es cierto el nombramiento provisional es válido para los cargos
7
Sección segunda, subsección B, expediente 25000-23-25-000-2005-01341-02 (883-08), C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
13
Expediente: 25000-23-42-000-2017-01115-01 (2274-2022)
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Blanca Patricia Villegas contra la Nación - Procuraduría General de la Nación
clasificados como de carrera administrativa que no hayan sido
provistos por concurso, y que dicho nombramiento no procede como
forma de provisión de cargos de libre nombramiento y remoción, sí
es posible predicar respecto de tal modalidad de vinculación las
reglas de la facultad discrecional, dada la similitud en el ingreso y el
retiro que se presenta tanto para los nombramientos provisionales
como para los de libre nombramiento y remoción […].
En lo referente a la motivación del acto administrativo que retira del servicio a
un empleado con nombramiento en provisionalidad, esta Corporación, por
medio de sentencia de 13 de abril de 20038, unificó el criterio en el siguiente
sentido:
Es claro que el empleado nombrado en provisionalidad ostenta una
“posición diferente” al vinculado y escalafonado en la carrera
judicial, como también a la del designado por la vía del libre
nombramiento y remoción. En efecto, el primero no puede asimilarse
en sus derechos al de carrera (estabilidad), por cuanto no ha accedido
al cargo mediante el respectivo concurso de méritos; tampoco puede
equipararse al de libre nombramiento, por cuanto el cargo que ejerce
provisionalmente es de carrera.
El servidor público judicial nombrado en provisionalidad, antes que
cobijarle algún tipo de estabilidad, le rodea una situación de doble
inestabilidad, pues, por una parte, al no pertenecer al sistema de
carrera, puede ser desvinculado del servicio de manera discrecional
por el nominador, y por otra, puede ser desplazado por quien
habiendo concursado tenga derecho a ocupar el cargo.
[…]
En estas condiciones, se considera que para los empleos judiciales no
es posible reconocer una estabilidad al empleado nombrado en
provisionalidad.
Además, el nombrado en provisionalidad en un empleo de carrera
[…], lo es en forma “discrecional” por el nominador por cuanto no
requiere de procedimiento, ni motivación dicho acto; de igual manera,
su desvinculación puede seguir igual procedimiento. Así, tienen
similitud el nombramiento y la insubsistencia del empleado de libre
nombramiento y remoción con el nombrado provisionalmente.
[…]
De conformidad con lo anterior, esta Sala de Sección, en cuanto al
punto del nombramiento en provisionalidad judicial, unifica su
criterio acogiendo la tesis que de que al empleado nombrado en
provisionalidad no le asiste fuero alguno de estabilidad, pudiéndose,
en consecuencia, proceder a su retiro sin que sea menester motivación
8
Sección segunda, expediente 76001-23-31-000-1998-1834-01 (4972-01), C. P. Tarcisio Cáceres Toro.
14
Expediente: 25000-23-42-000-2017-01115-01 (2274-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Blanca Patricia Villegas contra la Nación - Procuraduría General de la Nación
alguna.
No obstante, por medio del mencionado fallo de 23 de septiembre de 20109, esta
sección determinó que la declaratoria de insubsistencia de empleados
provisionales que surjan en vigor de la Ley 909 de 200410 deben motivarse, con
fundamento en lo siguiente:
La motivación del acto de retiro del servicio de empleados nombrados
en provisionalidad, aún respecto de aquellos cuyo nombramiento se
haya producido en vigencia de la Ley 443 de 1998, y su
desvinculación ocurra luego de entrada en vigencia de la Ley 909 de
2004, se justifica en atención a que, de acuerdo con el parágrafo 2º
del artículo 41 de la citada Ley 909 de 2004 (que prevé las causales
de retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre
nombramiento y remoción y de carrera administrativa), la
competencia para el retiro de los empleos de carrera (que pueden
haber sido provistos a través de nombramientos en provisionalidad),
es reglada, esto es, dicho retiro es procedente sólo y de conformidad
con las causales consagradas en la Constitución Política y la ley, y el
acto administrativo que así lo disponga debe ser MOTIVADO 11, de
tal manera que, la discrecionalidad del nominador sólo se predica
respecto del retiro en empleos de libre nombramiento y remoción, la
cual se efectuará mediante acto no motivado (inciso segundo
parágrafo 2º, art. 41 Ley 909 de 2004).
Así las cosas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 13, 123 y
125 de la Constitución Política, 3º y 41 de la Ley 909 de 2005 y 10
del decreto 1227 del mismo año, el retiro del servicio de los
empleados que ocupen en la actualidad cargos de carrera en
provisionalidad, debe ser justificado mediante la expedición de un
acto administrativo motivado, y para ello, la administración no debe
considerar la fecha en la que se produjo la vinculación a través del
nombramiento en provisionalidad, esto es, si fue o no con
anterioridad a la vigencia de la nueva normatividad de carrera
administrativa, pues ello implicaría un tratamiento desigual en
detrimento incluso del derecho al debido proceso (en el aspecto del
derecho a la defensa) respecto de aquellos cuyos nombramientos de
produjeron en vigencia de la Ley 443 de 1998.
La motivación del acto de retiro del servicio frente a servidores que
9
Sección segunda, subsección B, expediente 25000-23-25-000-2005-01341-02 (883-08), C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
10
Es del caso precisar que el artículo 3 (numeral 2) de la Ley 909 de 2004 preceptúa que las disposiciones
contenidas en esa Ley pueden aplicarse, con carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normativa
que rige la carrera en la Procuraduría General de la Nación.
11
«De conformidad con el artículo 10 del Decreto 1227 de 2005 la provisionalidad puede darse por terminada
antes de cumplirse el término de duración que se contempla en la misma disposición, mediante resolución
motivada».
15
Expediente: 25000-23-42-000-2017-01115-01 (2274-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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estén desempeñando en provisionalidad empleos12[27] de carrera
administrativa, y que de manera expresa exige el legislador, luego de
entrada en vigencia la Ley 909 de 2004, obedece a razones de índole
constitucional que ya la Corte había precisado, y se traduce en la
obligación para la administración de prodigar un trato igual a quienes
desempeñan un empleo de carrera, el que funcionalmente
considerado determina su propio régimen, que para los efectos de los
empleados provisionales hace parte de sus garantías laborales, entre
ellas la estabilidad relativa, en la medida en que su retiro del servicio
se produce bajo una competencia reglada del nominador, por causales
expresamente previstas (art. 41 Ley 909 de 2004, art. 10 Dec. 1227
de 2005), y que justifican la decisión que debe producirse mediante
acto motivado [sic para toda la cita].
El anterior derrotero coincide con el criterio fijado por la Corte Constitucional13,
según el cual «[…] la necesidad de motivación del acto administrativo no se
reduce a un simple requisito formal de introducir cualquier argumentación en
el texto de la providencia. Por el contrario, esta Corporación ha acudido al
concepto de “razón suficiente” para señalar que la motivación del acto deberá
exponer los argumentos puntuales que describan de manera clara, detallada y
precisa las razones a las que acude el ente público para retirar del servicio al
funcionario. Un proceder distinto violaría el sustento constitucional que da
origen a la necesidad de motivar las actuaciones de la administración y
convertiría este requerimiento en un simple requisito inane y formal»14.
En conclusión, el empleo de procurador judicial, en virtud de la sentencia C-
101 de 2013, mutó para ser de carrera, por lo que el nombramiento de la
demandante es provisional, el que, de acuerdo con las disposiciones del Decreto
262 de 2000, puede terminarse por razones del servicio, decisión que, en
armonía con el derrotero jurisprudencial de esta Corporación y de la Corte
Constitucional, debe ser motivada, además de que se trata de una potestad que
se presume ejercida con el fin de lograr el mejoramiento del servicio oficial.
Por otro lado, en lo que se refiere a la Resolución 40 de 2015, cabe anotar que
esta Corporación tramitó medio de control de nulidad 11001-03-25-000-2015-
00366-00, en el que se controvirtió su legalidad.
Ahora bien, consultada la herramienta electrónica para la gestión judicial
12
«La función pública está integrada con criterio objetivo por funciones y no subjetivamente por personas».
13
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-11 de 2009, M. P. Nilson Pinilla Pinilla; y T-
204 y T-726 de 2012, ambas del M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
14
Sentencia T-204 de 2012, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
16
Expediente: 25000-23-42-000-2017-01115-01 (2274-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Blanca Patricia Villegas contra la Nación - Procuraduría General de la Nación
denominada Samai15, pudo constatarse que aquel proceso fue decidido con
sentencia de 30 de julio de 2021, ejecutoriada el 10 de agosto siguiente, en la
que se adoptaron las siguientes decisiones:
PRIMERO: DECLARAR de oficio la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda 1016-2016 por indebida escogencia del
medio de control, presentada por los demandantes Luis Rafael
Calderón Daza y Luis Francisco Calvete Ribero, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la legalidad condicionada del inciso 3º del
numeral 1º del art. 17 de la Resolución 040 de 2015, en el entendido
de que en la prueba de análisis de antecedentes puede otorgarse
puntaje tanto a los posgrados (maestrías, doctorados o posdoctorados
en derecho) que sean específicos respecto de la convocatoria y
empleo correspondiente, así como también, aquellos cuyo título no
especifique determinada área de profundizacion del derecho, pero de
los cuales se pueda derivar, bien sea por las calificaciones obtenidas,
por el contenido del programa académico cursado o por la tesis o
trabajo de investigación adelantado, que el concursante cuenta con la
idoneidad profesional y los conocimientos previstos en cada
convocatoria para el desempeño del empleo correspondiente.
TERCERO: DECLARAR la legalidad condicionada de los arts. 5º
(inciso 3º), 9º (numeral 2.9) y 17 (parágrafo 1º) de la Resolución 040
de 2015, en el entendido que las publicaciones de libros que dan lugar
a puntaje en la prueba de análisis de antecedentes se pueden presentar
en original y físico o en forma digital por quienes superen la prueba
de conocimientos, en la fecha y lugares que se establezcan mediante
aviso en la página web institucional, los cuales deberán calificarse
bajo los mismos criterios y parámetros en términos de igualdad,
siempre y cuando los derechos de autor de unos y otros se encuentren
debidamente registrados y la publicaciones cuenten con el respectivo
ISBN (International Standard Book Number), tal como se exige en el
numeral 2º del art. 17 del acto demandando.
CUARTO: Las decisiones contenidas en los dos numerales
precedentes, tendrán el efecto que se menciona a continuación:
1. La legalidad condicionada de los artículos 5º inciso 3º; 9º numeral
2.9 y 17 parágrafo 1º y del artículo 17, numeral 1ª. Inciso 3ª de la
Resolución 040 de 2015, tal como se expresó en los numerales 3.9 y
3.11 de esta providencia, solamente producirá efectos ex nunc, esto
es, hacia futuro, con el propósito de salvaguardar las situaciones
jurídicas y los derechos individuales ya consolidados.
15
En este sistema se verificó que se trata de un proceso de nulidad en el se discute la legalidad de la Resolución
40 de 2015, dictada por la Procuraduría General de la Nación, su radicado es 11001-03-25-000-2015-00366-00
y el consejero de Estado que lo tenía a su cargo es el magistrado Gabriel Valbuena Hernández.
17
Expediente: 25000-23-42-000-2017-01115-01 (2274-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Blanca Patricia Villegas contra la Nación - Procuraduría General de la Nación
2. En el caso de que existan listas de elegibles pendientes de elaborar,
deberá darse estricta aplicación a las disposiciones cuya legalidad
condicionada se declara en esta providencia, en el sentido de asignar
puntaje en las diferentes pruebas y análisis de antecedentes, a los
posgrados de maestría, doctorado y posdoctorado cuyos títulos no
|reflejen un área específica del derecho, pero de los cuales se pueda
derivar que se cuenta con los conocimientos específicos de la
convocatoria a la cual se aspira. En cuanto a los libros, se tendrán
como válidos tanto los aportados en físico como aquellos que se
presenten en forma digital, siempre y cuando los derechos de autor de
unos y otros se encuentren debidamente registrados y las
publicaciones cuenten con el respectivo ISBN (International Standard
Book Number), tal como se exige en el numeral 2º del art. 17 del acto
demandando.
3. Respecto de aquellos asuntos que se estén ventilando en procesos
de nulidad y restablecimiento del derecho que se encuentren en
trámite y que tengan que ver con los problemas jurídicos
mencionados en los numerales 3.9 y 3.11 de esta providencia, el
efecto será retrospectivo, siempre y cuando las decisiones que se
adopten no afecten las situaciones jurídicas y los derechos
individuales ya consolidados.
QUINTO: NEGAR la nulidad del acto deman[da]do respecto de las
demás pretensiones de las demandas acumuladas.
[…] (sic para toda la cita).
En suma, la sección segunda declaró la validez condicionada de alguno de los
aspectos definidos por la Resolución 40 de 2015, es decir, que el Procurador
General de la Nación tenía competencia para regular el trámite concursal dentro
del organismo que regentaba y que, en general, los términos y condiciones del
concurso de méritos abierto los mantuvo el Consejo de Estado, al no evidenciar
algún vicio de anulabilidad.
3.5 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Resolución 40 de 20 de enero de 201516, expedida por el Procurador General
de la Nación, a través de la cual se «[…] da apertura y se reglamenta la
16
Cfr.: ANEXO NO. 3 RES.040 DE.pdf
18
Expediente: 25000-23-42-000-2017-01115-01 (2274-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Blanca Patricia Villegas contra la Nación - Procuraduría General de la Nación
convocatoria del proceso de selección para proveer los cargos de carrera de
procuradores de la Entidad».
b) Decreto 3835 de 8 de agosto de 2016 (ff. 15 y 16), por el cual el Procurador
General de la Nación nombró a la señora Marisol Gutiérrez Hernández «[…] en
el cargo de Procurador Judicial II Código 3PJ, Grado EC, en la Procuraduría
4 Judicial II Apoyo a Víctimas, asignada a la Procuraduría Delegada para el
Ministerio Público en asuntos penales, con sede en la ciudad de Bogotá» (sic).
En ese acto administrativo también se dispuso que «[…] a partir de la posesión
del (la) doctor (a) MARISOL GUTIERREZ HERNANDEZ en el cargo señalado,
culminará la vinculación laboral, en provisionalidad, del (la) doctor (a)
BLANCA PATRICIA VILLEGAS DE LA PUENTE, quien se desempeña en este
empleo» (sic).
c) Oficio 4485 de 12 de agosto de 2016, con el que el secretario general (e) de
la demandada informó a la señora Villegas de la Puente que su vinculación en
provisionalidad había terminado, debido al nombramiento de la señora Marisol
Gutiérrez Hernández en el empleo que ella ocupaba; comunicación firmada
como recibida el 30 de agosto siguiente (f. 17).
d) Certificación de 9 de marzo de 2016 (f. 14, e.d.), suscrita por el jefe de la
división de gestión humana de la Procuraduría, según la cual la señora Villegas
de la Puente ingresó el 4 de marzo de 2013 e informa los sueldos y prestaciones
devengados a la fecha de su emisión.
De las pruebas relacionadas se infiere que la actora se desempeñó como
procuradora judicial II, código 3PJ, grado EC, en la procuraduría 4 judicial II
apoyo a víctimas, asignada a la procuraduría delegada para el ministerio público
en asuntos penales, con sede en Bogotá, de la Procuraduría General de la
Nación, y el 30 de agosto de 2016 se le comunicó la terminación de su
vinculación en provisionalidad, con ocasión del nombramiento de la señora
Marisol Gutiérrez Hernández en ese empleo, dado el concurso de méritos para
proveer cargos de procuradores judiciales I y II de ese ente de control.
De acuerdo con el marco jurídico de este fallo, se precisa que «[l]a regla
general en el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso
mediante el sistema de carrera administrativa, tal como lo ha previsto el
artículo 125 de la Constitución Política […]»17; sin embargo, existen
17
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 19 de febrero de 2018, expediente 25000-
23-42-000-2013-01223-02 (4578-16).
19
Expediente: 25000-23-42-000-2017-01115-01 (2274-2022)
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diferentes situaciones que conllevan que no pueda darse aplicación a ese
sistema, una de ellas es «[…] la figura de la provisionalidad, es la forma de
vinculación de quien accede al cargo de carrera sin el cumplimiento del
procedimiento previsto para ello, razón por la que no cuenta con el fuero de
estabilidad propio de quienes acceden por mérito a los cargos de carrera
administrativa, luego de agotar las diferentes etapas de un concurso; es por
ello que el empleado así vinculado adquiere el carácter de análogo con el que
ingresa al servicio por nombramiento ordinario, pudiendo ejercerse
válidamente la facultad discrecional al momento de su retiro por parte del
nominador […]»18.
En ese entendimiento, como la demandante se desempeñó como procuradora
judicial II de la accionada, su tipo de vinculación no le otorgaba fuero de
estabilidad, toda vez que ocupaba un empleo en provisionalidad, pues debe
recordarse que ese cargo (junto con el de procurador judicial I), según la
sentencia C-101 de 2013 de la Corte Constitucional, debía proveerse previo
concurso de méritos y, al no ser cubierto con el registro de elegibles, quien lo
ocupara se encontraba en provisionalidad; sumado a ello, el artículo 186
(inciso 2º) del Decreto 262 de 2000 consagró esta situación al disponer que
«[t]ambién tendrá carácter provisional la vinculación del servidor que ejerza
un empleo de libre nombramiento y remoción que, en virtud de la ley o de
decisión judicial, se convierta en cargo de carrera […]».
Por tanto, resulta claro para esta Sala que la vinculación que tuvo la actora fue
en provisionalidad, en la medida en que ocupaba un cargo de carrera que estaba
vacante en forma definitiva.
Ahora bien, la Resolución 40 de 2015, expedida por el Procurador General de
la Nación, dispuso la apertura del procedimiento de selección del que se
derivaron un total de 14 convocatorias, acto administrativo que fue acusado de
ilegal ante esta jurisdicción, la que, con sentencia de 30 de junio de 2021 19, en
lo concerniente al asunto sub examine, como se indicó arriba, negó las
pretensiones de nulidad, tras determinar, entre otros aspectos estudiados, lo
siguiente:
[…] 90 La Sala le concede la razón al apoderado de la parte
demandada y al Ministerio Público, cuando señalan que la ley que
regula esa materia no es otra distinta al Decreto Ley 262 de 2000,
expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las precisas
18
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 12 de octubre de 2011, expediente 05001-
23-31-000-2005-01435-01 (451-11), C. P. Luis Rafael Vergara Quintero.
19
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, expediente 11001-03-25-000-
2015-00366-00, C. P. Gabriel Valbuena Hernández.
20
Expediente: 25000-23-42-000-2017-01115-01 (2274-2022)
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Blanca Patricia Villegas contra la Nación - Procuraduría General de la Nación
facultades extraordinarias conferidas por el Congreso mediante la
Ley 573 de 2000, para modificar tanto la estructura de la Procuraduría
General de la Nación como su régimen de carrera administrativa. En
tal sentido, esa y no otra es la ley previa aplicable en cuyo articulado
se regulan todos los asuntos mencionados en el problema jurídico.
91 La Corte Constitucional ordenó convocar un concurso público
para la provisión en propiedad de todos los cargos de Procurador
Judicial y precisó que el sistema de carrera aplicable al concurso sería
el sistema especial de carrera de la Procuraduría, argumento que
reiteró en el Auto 255 del 2013, en el cual explicó que la Sentencia
C-101 de 2013 no homologó los sistemas de carrera de la rama
judicial y el del ministerio público -tal como lo entiende la parte
actora-, sino el “derecho de acceso a la carrera” mediante concurso
público.
92 En ese orden de ideas, el proceso de selección convocado a través
de la Resolución 040 de 20 de enero de 2015, fue realizado dentro de
los parámetros de la legalidad preexistente y en cumplimiento de una
orden judicial que ya hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y
que, por lo mismo, obliga a todas las autoridades y a los particulares,
tal como lo disponen los arts. 21 del Decreto 2067 de 1991 y 48 de la
Ley 270 de 1997.
93 Ha de tenerse en cuenta que las decisiones contenidas en La
Resolución 040 de 2015, no tuvieron la pretensión de regular de
manera general “todos” los concursos que ulteriormente deba
convocar la Procuraduría General de la Nación para la provisión de
los empleos de procuradores judiciales I y II, pues lo que se dispone
en esa Resolución tan solo aplica al trámite de las 14 convocatorias
mencionadas en su texto, al definir los requisitos y condiciones de
cada una ellas e instrumentalizar los respectivos procesos de
selección, con el objeto de dar cumplimiento a la orden emitida por
la Corte Constitucional en la Sentencia C-101 del 28 de febrero de
2013.
94 Todo ello conduce a desvirtuar el cargo formulado, más aún
cuando el artículo 7º, numeral 45 del Decreto Ley 262 de 2000, que
es una ley en sentido material, le asignó esas funciones al Procurador
General de la Nación como supremo director y administrador del
sistema de carrera de la entidad.
95 El aludido numeral 45 le atribuyó al Procurador la competencia
para definir las políticas para la elaboración y aplicación de las
pruebas que se utilizarán en los concursos y determinar los
parámetros para su calificación; adoptar los instrumentos necesarios
para el cumplimiento de los fines de cada una de las etapas del
proceso de selección; designar a las personas que integrarán el jurado
encargado de elaborar y calificar las pruebas de pregunta abierta y la
21
Expediente: 25000-23-42-000-2017-01115-01 (2274-2022)
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entrevista y de resolver las reclamaciones relacionadas con estas
pruebas y definir las condiciones de las convocatorias para los
concursos de méritos y suscribirlas.
96 Lo expuesto hasta aquí, permite inferir que era totalmente
innecesaria la expedición de una nueva ley de carrera para ser
aplicada a los concursos públicos de mérito dirigidos a la provisión
de los cargos de procurador judicial, pues estando en vigencia el
Decreto Ley 262 de 2000, ello llevaría al absurdo de permitir la
coexistencia de dos sistemas de carrera administrativa distintos en el
seno de la Procuraduría General de la Nación, uno de los cuales sería
aplicable a los concursos para la selección por mérito de los
procuradores judiciales y otro para los demás concursos que deba
adelantar ese organismo de control. […]
(sic para toda la cita).
De los anteriores argumentos se extrae que, en lo referente a la competencia y
los términos y condiciones del concurso de méritos abierto por medio de la
Resolución 40 de 2015, esta Corporación no evidenció vicio de nulidad, aunque
declaró la legalidad condicionada de algunos apartes de ese acto administrativo,
pero en cuanto a la prueba del análisis de antecedentes frente a estudios
adicionales y publicaciones, lo que no guarda relación con la controversia sub
judice.
De igual modo, se destaca que en las convocatorias al concurso de méritos
objeto de estudio no se discriminaron los empleos que eventualmente ocuparían
quienes conformaran el registro de elegibles, sino que se ofreció, de manera
general, los cargos de procuradores judiciales I y II en cada especialidad (con
la advertencia que cada aspirante solo podía inscribirse a una de tales
convocatorias), esto es, no se individualizó una plaza específica y, por
consiguiente, se entiende que la provisión de los cargos quedaría sujeta a la
disponibilidad existente, una vez se expida el registro de elegibles y durante su
vigencia.
Asimismo, esta Sala concluye, como lo hizo el a quo, que no le asiste razón
jurídica a la actora cuando predica la ilegalidad del Decreto 3835 de 8 de agosto
de 2016, a través del cual se desvinculó a la actora del cargo de procurador 4
judicial II apoyo a víctimas, asignada a la procuraduría delegada para el
ministerio público en asuntos penales, con sede en Bogotá, pues se nombró en
su reemplazo a la señora Marisol Gutiérrez Hernández, quien integró el registro
de elegibles derivado de la convocatoria 4 de 2015, originada en el concurso de
méritos dispuesto por medio de Resolución 40 de 2015, habida cuenta de que
los términos y condiciones del concurso dentro de la Procuraduría mantuvieron
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-01115-01 (2274-2022)
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Blanca Patricia Villegas contra la Nación - Procuraduría General de la Nación
su legalidad, en consecuencia, no hay lugar a declarar nulidad alguna ni ordenar
el consecuente reintegro o pago de prestaciones dejadas de recibir durante la
desvinculación.
Por otro lado, dado que la accionante en el recurso de apelación solicita se
revoque en su integridad el fallo de primera instancia, incluida la condena en
costas, la Sala estima al respecto que el a quo aplicó de manera restrictiva lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA, a la parte vencida, pues no estudió
aspectos como la temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino que
adoptó esa decisión con el único fundamento de que la norma en mención
preceptuaba de manera inexorable la imposición de tal condena. En este sentido,
se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de 201620, así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».
Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de
lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
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Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-01115-01 (2274-2022)
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incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas;
se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.
Por consiguiente, se considera que la referida normativa deja a disposición del
juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y
no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus
intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, actuación que,
se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal proceder de la
parte demandante, se revocará la condena en costas.
Sin más consideraciones y a partir de una sana hermenéutica jurídica, la Sala
arriba a la convicción de que los actos administrativos demandados conservan
su validez y eficacia al no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad que
los ampara, por tanto, se confirmará parcialmente la sentencia apelada, que negó
las súplicas de la demanda; y se revocará la condena en costas, que incluye las
agencias en derecho, impuesta a la actora.
Por último, en atención a que la Nación – Procuraduría General de la Nación
confirió poder, se reconocerá personería al profesional del derecho destinatario
de aquel (f. 133).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 25 de febrero de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección E),
que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la señora
Blanca Patricia Villegas de la Puente contra la Nación – Procuraduría General
de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva.
2º. Revócase la condena en costas, que incluye las agencias en derecho,
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-01115-01 (2274-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Blanca Patricia Villegas contra la Nación - Procuraduría General de la Nación
impuesta a la accionante.
3º. Reconócese personería al abogado Carlos Felipe Manuel Remolina Botía,
con cédula de ciudadanía 7.166.818 y tarjeta profesional 113.852 del Consejo
Superior de la Judicatura, para representar a la Nación – Procuraduría General
de la Nación, en los términos del poder otorgado.
4º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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