Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01182-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2017-01182-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01182-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-01182-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 25000-23-42-000-2017-01182-01 (1432-2024)
Demandante : Ligia Morales Amaris
Demandada : Nación – Procuraduría General de la Nación
Tema : Desvinculación del servicio por provisión definitiva del cargo
mediante concurso de méritos.
Decisión : Confirma la sentencia de primera instancia. La provisión
definitiva del cargo mediante concurso de méritos se ajustó al
ordenamiento jurídico y no se acreditaron las vulneraciones
alegadas por la demandante.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
proferida el 12 de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Ligia Morales Amaris presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que se inaplique la Resolución 040 del 20 de
enero de 2015, mediante la cual la Procuraduría General de la Nación dio apertura y
reglamentó el concurso de méritos para proveer los cargos de procuradores judiciales I y
II; y la Resolución 340 del 8 de julio de 2016, a través de la cual se publicó la lista de
elegibles para la Convocatoria 011-2015 correspondiente a los empleos de procurador
judicial I asignados a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos
Penales; así como para obtener la nulidad del Decreto 3425 del 8 de agosto de 2016, por
medio del cual se nombró en período de prueba a la señora Alexandra Patricia Sánchez
Murcia en el cargo de procurador 219 judicial I penal de Bogotá D.C., empleo que venía
ocupando la demandante, y como consecuencia se produjo su desvinculación del
servicio.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene su reintegro al cargo
de procuradora 219 judicial I penal o a otro de igual o superior categoría, sin solución de
continuidad, junto con el reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones sociales,
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01182-01 (1432-2024)
Demandante: Ligia Morales Amaris
primas, bonificaciones, aportes al sistema de seguridad social y demás emolumentos
dejados de percibir desde la fecha de su retiro hasta cuando se produzca el reintegro
efectivo, debidamente indexados. Asimismo, pidió que se declare que no existió solución
de continuidad en la prestación del servicio para todos los efectos legales y
prestacionales y que se condene a la entidad demandada al pago de los perjuicios
inmateriales, intereses moratorios y costas procesales.
3. Como fundamento de sus pretensiones, expuso que laboró en la Procuraduría General
de la Nación desde el 3 de enero de 2011 hasta el 1.º de septiembre de 2016,
desempeñándose como procuradora 219 judicial I penal, código 3PJ, grado EG, con sede
en Bogotá D.C. Señaló que su desvinculación se produjo como consecuencia del
concurso abierto de méritos convocado mediante la Resolución 040 del 20 de enero de
2015 para proveer los cargos de procuradores judiciales I y II, en el cual participó dentro
de la Convocatoria 011-2015 correspondiente a la Procuraduría Delegada para el
Ministerio Público en Asuntos Penales.
4. Indicó que obtuvo un puntaje de 67.16 en la prueba de conocimientos, razón por la
cual no aprobó el concurso. No obstante, sostuvo que dicho resultado estuvo afectado
por múltiples irregularidades relacionadas con la construcción, validación, aplicación y
valoración de las pruebas elaboradas por la Universidad de Pamplona, entidad
contratada para adelantar el proceso de selección. Añadió que el concurso desconoció
las garantías propias del sistema de carrera judicial, pues, en su criterio, conforme a la
sentencia C-101 de 2013, los procuradores judiciales debían ser seleccionados mediante
un esquema equivalente al previsto para jueces y magistrados, incluido el curso
concurso.
5. Afirmó que durante el trámite del concurso se vulneraron sus derechos al debido
proceso, igualdad, acceso a cargos públicos, confianza legítima, contradicción y defensa,
toda vez que la Procuraduría General de la Nación negó el acceso integral a la
información relacionada con las pruebas, mantuvo reserva sobre los cuestionarios y limitó
las posibilidades de controvertir adecuadamente los resultados obtenidos. Asimismo,
sostuvo que el artículo 212 del Decreto Ley 262 de 2000 fue aplicado de manera
restrictiva al impedir la interposición de recursos frente a preguntas cerradas, lo que, en
su criterio, desconoció las garantías del debido proceso aplicables a los concursos de
mérito.
6. Sostuvo que existieron irregularidades relacionadas con la reserva y filtración de las
preguntas de la prueba de conocimientos, pues algunos concursantes habrían tenido
acceso previo a los cuestionarios y cuadernillos utilizados en el concurso. Indicó que,
incluso, la propia Procuraduría General de la Nación inició actuaciones administrativas y
compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar posibles
irregularidades en el proceso de selección. Añadió que, pese a la existencia de dichas
actuaciones e investigaciones, la entidad continuó con el concurso y efectuó los
nombramientos derivados de este.
2
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01182-01 (1432-2024)
Demandante: Ligia Morales Amaris
7. De igual forma, afirmó que durante el trámite del concurso se vulneraron sus derechos
al debido proceso, igualdad, acceso a cargos públicos, confianza legítima, contradicción
y defensa, toda vez que la Procuraduría General de la Nación negó el acceso integral a
la información relacionada con las pruebas, mantuvo reserva sobre los cuestionarios y
limitó las posibilidades de controvertir adecuadamente los resultados obtenidos. En su
criterio, ello desconoció los principios de publicidad, transparencia e imparcialidad que
debían regir el concurso público de méritos.
8. Finalmente, sostuvo que el Decreto 3425 del 8 de agosto de 2016 se expidió con falsa
motivación y desconocimiento de las reglas del concurso y que, además, nunca le fue
notificado en debida forma, pues únicamente tuvo conocimiento informal de su expedición
mediante una comunicación remitida por la Procuraduría General de la Nación el 29 de
agosto de 2016. En su criterio, dicha circunstancia vulneró sus derechos de contradicción
y defensa al impedirle controvertir oportunamente el acto administrativo que dispuso su
retiro del servicio.
Contestación de la demanda
9. La Procuraduría General de la Nación se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
al sostener que el concurso de méritos para proveer los cargos de procuradores judiciales
I y II se adelantó conforme a la Constitución, al Decreto Ley 262 de 2000 y a la sentencia
C-101 de 2013 de la Corte Constitucional, razón por la cual los actos demandados se
encuentran amparados por la presunción de legalidad.
10. Indicó que la Resolución 040 del 20 de enero de 2015 constituyó la norma reguladora
del concurso y obligaba tanto a la administración como a los aspirantes, quienes
aceptaron expresamente las condiciones de la convocatoria al momento de la inscripción.
Señaló que las pruebas fueron elaboradas y validadas técnicamente por la Universidad
de Pamplona conforme a criterios metodológicos y psicométricos, y que el diseño de las
preguntas y el tiempo asignado respondían a las exigencias funcionales propias del cargo
de procurador judicial.
11. Frente a las presuntas irregularidades del concurso, sostuvo que las reclamaciones
y actuaciones relacionadas con la supuesta filtración de preguntas fueron conocidas e
investigadas por la Comisión de Carrera de la Procuraduría General de la Nación
mediante la Resolución 1440 de 2015, sin que se acreditaran circunstancias que
afectaran la validez del proceso de selección. Agregó que toda la información del
concurso fue divulgada oportunamente a través de las páginas oficiales dispuestas para
tal efecto.
12. Manifestó que el régimen aplicable a los procuradores judiciales era el sistema
especial de carrera de la Procuraduría General de la Nación previsto en el Decreto Ley
262 de 2000 y no el régimen de carrera judicial regulado en la Ley 270 de 1996. En
consecuencia, afirmó que no existía obligación de adelantar un curso concurso ni de
aplicar las reglas previstas para jueces y magistrados de la Rama Judicial.
3
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01182-01 (1432-2024)
Demandante: Ligia Morales Amaris
13. Finalmente, señaló que el empleo ocupado por la demandante hacía parte de la
planta global de la Procuraduría General de la Nación y fue ofertado válidamente dentro
de la Convocatoria 011-2015, en cumplimiento de la orden impartida por la Corte
Constitucional en la sentencia C-101 de 2013.
Sentencia apelada
14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte demandante. Consideró que no se acreditó que el Decreto
3425 del 8 de agosto de 2016 hubiera sido expedido con infracción de las normas
superiores en que debía fundarse ni con falsa motivación, pues la desvinculación de la
actora obedeció al nombramiento en período de prueba de una concursante que superó
válidamente el concurso de méritos convocado para proveer los cargos de procuradores
judiciales I y II.
15. Explicó que, conforme a la sentencia C-101 de 2013 de la Corte Constitucional, los
cargos de procurador judicial pertenecen al régimen especial de carrera de la
Procuraduría General de la Nación y debían proveerse mediante concurso público de
méritos, razón por la cual era procedente el nombramiento provisional mientras los cargos
eran provistos en período de prueba o en propiedad. Asimismo, precisó que el régimen
aplicable a dichos empleos era el previsto en el Decreto Ley 262 de 2000 y no el sistema
de carrera judicial regulado en la Ley 270 de 1996.
16. Indicó que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 30 de julio de 2021, declaró
la legalidad de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015 frente a cargos similares a los
formulados por la demandante, particularmente en lo relacionado con la inexistencia de
un curso-concurso y la aplicación del régimen especial de carrera de la Procuraduría
General de la Nación. En consecuencia, concluyó que no había lugar a inaplicar dicho
acto administrativo ni los actos derivados de este, incluida la Resolución 340 del 8 de julio
de 2016 mediante la cual se conformó la lista de elegibles.
17. Sostuvo que no era procedente el recurso de apelación respecto de los resultados
de las pruebas con preguntas cerradas, pues el artículo 212 del Decreto Ley 262 de 2000
únicamente prevé dicho recurso para las pruebas con preguntas abiertas. Añadió que no
había lugar a declarar desierto el concurso, toda vez que sí existieron concursantes que
superaron la prueba eliminatoria y, por tanto, fue posible conformar la lista de elegibles
correspondiente a la Convocatoria 011-2015.
18. Consideró que la demandante no acreditó las presuntas irregularidades relacionadas
con la aplicación de fórmulas estadísticas para alterar los resultados del concurso ni
demostró inconsistencias en la asignación de puntajes. Al respecto, resaltó que la carga
de la prueba correspondía a la parte actora y que las afirmaciones formuladas carecían
de respaldo probatorio suficiente.
4
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01182-01 (1432-2024)
Demandante: Ligia Morales Amaris
19. En relación con la supuesta filtración de preguntas y vulneración de la reserva de las
pruebas, señaló que la Comisión de Carrera de la Procuraduría General de la Nación
adelantó la respectiva actuación administrativa, la cual culminó con la expedición de la
Resolución 1440 del 18 de diciembre de 2015, mediante la cual se concluyó que las
irregularidades denunciadas eran infundadas y que no existían pruebas que acreditaran
fallas en la cadena de custodia o circulación previa de los cuestionarios.
20. Finalmente, concluyó que la falta de notificación personal del Decreto 3425 del 8 de
agosto de 2016 no generaba la nulidad del acto administrativo, pues la administración
únicamente estaba obligada a comunicar la decisión de desvinculación derivada del
nombramiento en período de prueba de la concursante que superó el concurso de
méritos.
Recurso de apelación
21. La demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, al considerar que no había lugar a condenarla en costas, pues no se acreditó
su causación ni una conducta temeraria o dilatoria de su parte. Agregó que tenía una
expectativa razonable frente a la prosperidad de las pretensiones, dada la incidencia de
la demanda de nulidad promovida contra la Resolución 040 de 2015 ante el Consejo de
Estado.
22. Sostuvo que el Decreto 3425 del 8 de agosto de 2016 vulneró su derecho al debido
proceso, por cuanto fue expedido como consecuencia de un concurso de méritos
irregular, en el que se desconocieron las reglas de la convocatoria y se afectaron sus
derechos de igualdad, defensa y contradicción. Indicó que algunos concursantes tuvieron
acceso a los cuadernillos de las pruebas de conocimientos y comportamentales, lo que
les permitió formular nuevas reclamaciones y evidenciar presuntas falencias en la
construcción y calificación de las pruebas, mientras que a ella le fue negado dicho acceso.
23. Manifestó que el Decreto 3425 del 8 de agosto de 2016 no fue notificado
personalmente conforme al artículo 66 del CPACA, circunstancia que, en su criterio, le
impidió ejercer adecuadamente su derecho de defensa y agotar la vía gubernativa.
Finalmente, afirmó que en el concurso se aplicaron criterios de evaluación y fórmulas
estadísticas que generaron inconsistencias y desigualdades en la asignación de puntajes
entre los concursantes, incluso dentro de una misma convocatoria, lo que, a su juicio,
viciaba de nulidad el concurso y el acto administrativo mediante el cual se produjo su
desvinculación del cargo de procuradora judicial I penal.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
24. Mediante auto proferido el 18 de febrero de 2026 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la demandante. Durante la oportunidad procesal, la demandada guardó
silencio frente al recurso.
5
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01182-01 (1432-2024)
Demandante: Ligia Morales Amaris
25. El agente del Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia. Indicó que la desvinculación de la demandante obedeció
al cumplimiento de la sentencia C-101 de 2013 de la Corte Constitucional y al concurso
de méritos convocado mediante la Resolución 040 de 2015 para proveer los cargos de
procuradores judiciales conforme al sistema de carrera administrativa.
26. Sostuvo que no se acreditaron irregularidades sustanciales en el concurso ni
afectaciones reales al debido proceso capaces de desvirtuar la presunción de legalidad
de los actos demandados. Añadió que la Comisión de Carrera de la Procuraduría General
de la Nación investigó las denuncias relacionadas con la presunta filtración de las pruebas
y concluyó, mediante la Resolución 1440 de 2015, que no existían elementos probatorios
que demostraran tales irregularidades. Finalmente, señaló que la falta de notificación
personal del Decreto 3425 del 8 de agosto de 2016 no afectaba la validez del acto
administrativo, pues dicha formalidad constituye un requisito de eficacia y no un
presupuesto de validez.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
27. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.
Problema jurídico
28. Corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos demandados, mediante
los cuales la Procuraduría General de la Nación convocó el concurso de méritos para
proveer cargos de procuradores judiciales y nombró en período de prueba a la señora
Alexandra Patricia Sánchez Murcia en el empleo que ocupaba la demandante, vulneraron
los derechos invocados por esta y se expidieron con desconocimiento del ordenamiento
jurídico.
29. Para tal efecto, deberá establecerse: i) si durante el concurso de méritos se
presentaron irregularidades relacionadas con la construcción, validación, reserva y
calificación de las pruebas capaces de afectar los principios de igualdad, transparencia y
debido proceso; ii) si la aplicación de fórmulas estadísticas y métodos de evaluación
desconoció las reglas de la convocatoria y alteró irregularmente los resultados del
proceso de selección; y iii) si el Decreto 3425 del 8 de agosto de 2016 debía ser notificado
personalmente a la demandante. Adicionalmente, se analizará si resultaba procedente la
condena en costas impuesta en primera instancia.
6
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01182-01 (1432-2024)
Demandante: Ligia Morales Amaris
Análisis
30. En el presente asunto, la Sala confirmará la sentencia apelada, por cuanto no se
acreditó que la Procuraduría General de la Nación hubiera desconocido el ordenamiento
jurídico al adelantar el concurso de méritos convocado mediante la Resolución 040 del
20 de enero de 2015 ni al proveer el cargo ocupado por la demandante con la persona
que superó válidamente el proceso de selección. Asimismo, no se demostraron
irregularidades sustanciales en la estructuración, validación o calificación de las pruebas
que permitieran desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos
demandados, ni se evidenció vulneración concreta de los derechos al debido proceso,
igualdad o defensa alegados por la actora. Finalmente, la falta de notificación personal
del Decreto 3425 del 8 de agosto de 2016 a la actora no afecta la validez del acto
administrativo, conforme pasa a explicarse.
31. La demandante se desempeñó como procuradora 219 judicial I penal, código 3PJ,
grado EG, en la Procuraduría General de la Nación desde el 3 de enero de 2011 hasta el
1.º de septiembre de 2016, fecha en la cual fue desvinculada con ocasión del
nombramiento en período de prueba de la señora Alexandra Patricia Sánchez Murcia,
quien superó el concurso de méritos convocado mediante la Resolución 040 de 2015. La
actora insiste en cuestionar la legalidad del proceso de selección y de los actos
posteriores al considerar que durante el concurso se presentaron irregularidades
relacionadas con la construcción y calificación de las pruebas, la aplicación de fórmulas
estadísticas, la reserva de los cuestionarios y la asignación de puntajes. Asimismo, reiteró
que el acto de desvinculación vulneró sus derechos de defensa y debido proceso al no
haber sido notificado personalmente.
De las presuntas irregularidades alegadas en el desarrollo del concurso de méritos
32. La demandante sostuvo que durante el desarrollo de la Convocatoria 011-2015 se
presentaron irregularidades relacionadas con la construcción, validación, calificación y
reserva de las pruebas de conocimientos, pues, en su criterio, algunas preguntas
presentaban errores técnicos y gramaticales, admitían más de una respuesta válida y
existieron inconsistencias en la asignación de puntajes y en la aplicación de fórmulas
estadísticas. Asimismo, afirmó que algunos concursantes tuvieron acceso a los
cuadernillos de las pruebas y que no se garantizó adecuadamente el ejercicio de
contradicción frente a los resultados obtenidos.
33. No obstante, la Sala considera que tales reparos no tienen vocación de prosperidad,
toda vez que la demandante no aportó elementos probatorios idóneos que demostraran
alteraciones específicas en sus resultados o afectaciones reales y determinantes sobre
su participación dentro de la Convocatoria 011-2015. En efecto, las afirmaciones
formuladas corresponden a cuestionamientos generales sobre la legalidad y
transparencia del concurso que no permiten desvirtuar, por sí solos, la presunción de
legalidad de los actos administrativos demandados.
7
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01182-01 (1432-2024)
Demandante: Ligia Morales Amaris
34. Asimismo, aunque obra en el expediente el concepto psicométrico y técnico jurídico
allegado por la demandante y se acreditó que la Comisión de Carrera de la Procuraduría
General de la Nación adelantó actuaciones administrativas frente a denuncias
relacionadas con una eventual filtración de los cuestionarios, lo cierto es que dichas
actuaciones culminaron con la expedición de la Resolución 1440 del 18 de diciembre de
2015, mediante la cual se concluyó que no existían elementos probatorios que
acreditaran irregularidades en la cadena de custodia o circulación previa de las pruebas.
En consecuencia, no se encuentra demostrada una irregularidad sustancial capaz de
afectar la validez del concurso o alterar el orden de mérito derivado del proceso de
selección.
35. De igual forma, tampoco prospera el reparo relacionado con la supuesta aplicación
irregular de fórmulas estadísticas y métodos de estandarización. La demandante afirmó
que dichos mecanismos alteraron artificialmente los puntajes y evitaron que el concurso
fuera declarado desierto; sin embargo, no acreditó técnicamente cómo tales fórmulas
afectaron de manera concreta su resultado ni demostró inconsistencias objetivas capaces
de desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.
36. Además, la legalidad de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015 y del concurso
adelantado por la Procuraduría General de la Nación ya fue objeto de control judicial por
parte del Consejo de Estado mediante sentencia del 30 de julio de 2021,1 oportunidad en
la cual se concluyó que el proceso de selección se ajustó al marco constitucional y legal
aplicable y garantizó los principios que rigen el acceso al empleo público mediante el
mérito. En dicha providencia se reiteró, además, que la convocatoria constituye la ley del
concurso y resulta obligatoria tanto para la administración como para los participantes.
De la inexistencia del deber de notificación personal del Decreto 3425 de 2016 a la
servidora vinculada en provisionalidad
37. La demandante alegó que el Decreto 3425 del 8 de agosto de 2016 no le fue
notificado personalmente conforme a las exigencias previstas en el artículo 66 del
CPACA, circunstancia que, en su criterio, vulneró sus derechos de defensa y
contradicción al impedirle agotar la vía gubernativa frente a la decisión que produjo su
desvinculación del cargo.
38. Al respecto, la Sala advierte que dicho reparo no está llamado a prosperar, por cuanto
el Decreto 3425 del 8 de agosto de 2016 constituyó, esencialmente, un acto
administrativo de nombramiento expedido en favor de la persona que superó el concurso
público de méritos y adquirió el derecho preferente a ocupar el empleo de carrera, razón
por la cual su destinataria directa era la concursante nombrada en período de prueba y
no la demandante, quien ejercía el cargo en provisionalidad.
39. En efecto, el régimen especial de carrera de la Procuraduría General de la Nación,
previsto en el Decreto Ley 262 de 2000, atribuye al procurador general la dirección y
1
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 30 de julio de 2021. Rad. 11001-03-25-000-2015-00366-00
(0740-2015) [acumulado]; consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández.
8
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01182-01 (1432-2024)
Demandante: Ligia Morales Amaris
administración del sistema de carrera de la entidad, así como la facultad de efectuar los
nombramientos derivados de los procesos de selección. En desarrollo de dichas
competencias, y en cumplimiento de la sentencia C-101 de 2013, la entidad adelantó el
concurso público para la provisión definitiva de los cargos de procuradores judiciales,
actuación que culminó con la conformación de la lista de elegibles y el consecuente
nombramiento en período de prueba del aspirante que obtuvo el mejor derecho.
40. Así las cosas, la terminación de la provisionalidad de la demandante constituyó una
consecuencia jurídica derivada de la provisión definitiva del empleo mediante el sistema
de mérito, circunstancia que resultaba inherente a la naturaleza temporal y precaria del
nombramiento provisional. En ese contexto, no puede afirmarse que la Procuraduría
estuviera obligada a notificar personalmente a la actora el acto administrativo de
nombramiento de la concursante, dado que dicho acto no tenía como finalidad definir una
situación jurídica particular de aquella, sino materializar el derecho de acceso al cargo de
carrera de quien superó el concurso público.
41. En el presente asunto, además, se encuentra acreditado que la demandante tuvo
conocimiento efectivo del nombramiento efectuado y de la terminación de su vinculación
provisional (mediante oficio SG 4026 del 12 de agosto de 2016), razón por la cual ejerció
oportunamente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los
actos demandados. Por consiguiente, no se evidencia una afectación material y concreta
de sus derechos de contradicción y defensa que permita concluir la configuración del vicio
alegado.
42. La Sala concluye que los argumentos expuestos por la apelante no desvirtúan la
presunción de legalidad de los actos administrativos demandados ni evidencian la
configuración de irregularidades sustanciales capaces de afectar la validez del concurso
de méritos o del acto mediante el cual se produjo su desvinculación del cargo de
procuradora 219 judicial I penal. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.
De la condena en costas impuesta en primera instancia
43. La demandante sostuvo en el recurso de apelación que no había lugar a condenarla
en costas, pues no se acreditó su causación ni la existencia de una conducta temeraria
o dilatoria de su parte.
44. Sin embargo, la Sala advierte que la modificación introducida al artículo 188 del
CPACA por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 no alteró el criterio objetivo que gobierna
la condena en costas en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, en los
cuales procede su imposición a la parte vencida en el proceso. En consecuencia, como
en primera instancia fueron negadas íntegramente las pretensiones de la demanda, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca actuó conforme a los dispuesto en el artículo
188 del CPACA al imponer condena en costas a la parte demandante, razón por la cual
dicho aspecto de la decisión será confirmado.
9
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01182-01 (1432-2024)
Demandante: Ligia Morales Amaris
Condena en costas
45. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
46. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
47. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366
del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.
48. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la demandante, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en esta
providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la demandante, de acuerdo
con lo señalado en la parte motiva.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
10
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01182-01 (1432-2024)
Demandante: Ligia Morales Amaris
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Ausente con permiso
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.