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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01265-01

Fecha
22 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01265-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por medio de la cual negó las pretensiones del señor José Edwin Hinestroza Palacios en contra de la Procuraduría General de la Nación e Ignacio Humberto Alfonso Beltrán, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR el numeral cuarto a través de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó en costas a la parte demandante. En su lugar, se dispone: NEGAR la condena en costas, acorde con lo explicado en la motivación precedente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-01265-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

22 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D. C., 22 de septiembre de 2022.

Radicado No. 250002342000201701265 01.
No. interno: 0481-2022.
Actor: José Edwin Hinestroza Palacios.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación –
Ignacio Humberto Alfonso Beltrán
Trámite: Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho / Segunda Instancia.
Asunto: Establecer si el acto de insubsistencia se
encuentra viciado en infracción en las normas en
que debían fundarse, pues, aparentemente,
además de que el Procurador General de la Nación
no podía regular aspectos de la carrera y del
concurso de los Procuradores Judiciales, tampoco
tuvo en cuenta las excepciones constitucionales
relacionadas con los cargos nombrados con
ocasión de la Justicia Transicional.

Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la
Sección de 17 de mayo de 20221, después de surtidas a cabalidad las demás
etapas procesales y de establecer que no obra en el proceso irregularidades o
nulidades procesales que deban ser saneadas, para decidir el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 21 de
mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, por medio de la cual negó las pretensiones
del señor José Edwin Hinestroza Palacios en contra de la Procuraduría General
de la Nación e Ignacio Humberto Alfonso Beltrán.

I. ANTECEDENTES2

1.1 La demanda y sus fundamentos.

José Edwin Hinestroza Palacios, por intermedio de apoderado judicial3, en
ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho –Ley
1437 de 2011- presentó demanda con el fin de que se declare la nulidad del
Decreto 3825 de 8 de agosto de 2016, por medio del cual, el Procurador General
de la Nación nombró en periodo de prueba al señor Ignacio Humberto Alfonso
Beltrán en el cargo de Procurador Judicial II código 3PJ grado EC, en la

1
Informe visible en el índice 12 de SAMAI.
2
Demanda visible a folios 29 a 81 del expediente digital ubicado en el archivo denominado
“7_250002342000201701265013EXPEDIENTEDIGI20220204114352” índice 2 de SAMAI.
3
El abogado Gustavo Quintero Navas.

2

Radicado No. 250002342000201701265 01.
No. interno: 0481-2022.
Actor: José Edwin Hinestroza Palacios.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación – Ignacio Humberto Alfonso Beltrán.

Procuraduría 363 Judicial II Penal y, en consecuencia, se dispuso que su
nombramiento en provisionalidad «en el citado cargo» había terminado.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: (i) el reintegro a un cargo de igual o superior categoría, sin solución de
continuidad; (ii) el pago de salarios y demás emolumentos dejados de percibir
desde el momento en que se produjo su retiro «2 de septiembre de 2016» hasta
cuando se produzca su reintegro; (iii) el reconocimiento de 100 salarios
mínimos mensuales legales vigentes por concepto de daño emergente; (iv) dar
aplicación a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; (v) y,
condenar en costas y agencias en derecho.

Para una mejor compresión del caso, la Sala se permite realizar un resumen
integral de la situación fáctica de la demandante, así:

El señor José Edwin Hinestroza Palacios fue nombrado el 3 de diciembre de
20084 para desempeñar el cargo de Procurador Judicial II código 3PJ grado EC,
en la Procuraduría 363 Judicial II Penal.

Este empleo correspondía a los denominados de libre nombramiento y
remoción, sin embargo, con posterioridad a la expedición de la sentencia C-101
de 20135 de la Corte Constitucional, la cual declaró la inexequibilidad de la
expresión “Procurador Judicial” del artículo 182 del Decreto Ley 262 de 20006,
pasó a ser de carrera, pues a su juicio se había vulnerado el artículo 280 de la
Constitución7 que ordena la equiparación en materia de “derechos” entre
magistrados y jueces y los agentes del ministerio público que ejercen el cargo
ante ellos.

En virtud de lo anterior, el Procurador General de la Nación mediante Resolución
040 de 20 de enero de 2015 aperturó el concurso de méritos para proveer los
empleos de Procurador Judicial I y II.

Una vez que el señor Ignacio Humberto Alfonso Beltrán superó el citado
concurso, el Procurador General de la Nación lo nombró por medio del Decreto
4
Por medio del Decreto 2922 de 3 de diciembre de 2008.
5
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-101 de 28 de febrero de 2013, demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000; actor: Juan Evangelista Soler
Reyes; M. P. Dr. Mauricio González Cuervo.
6
“(…) ARTÍCULO 182. Clasificación de los empleos. Los empleos, de acuerdo con su naturaleza y
forma de provisión, se clasifican así:
1) De carrera
2) De libre nombramiento y remoción
Los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera, con excepción de los de libre
nombramiento y remoción.
Los empleos de libre nombramiento y remoción son:
(…)
• Procurador Judicial
(…)
3. De período fijo: Procurador General de la Nación.
(…)”.
7
“(…) ARTICULO 280. Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría,
remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes
ejerzan el cargo. (…)”.

3

Radicado No. 250002342000201701265 01.
No. interno: 0481-2022.
Actor: José Edwin Hinestroza Palacios.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación – Ignacio Humberto Alfonso Beltrán.

3825 de 8 de agosto de 2016 en periodo de prueba en el cargo de Procurador
Judicial II código 3PJ grado EC, en la Procuraduría 363 Judicial II Penal, lo cual
afectó al señor José Edwin Hinestroza Palacios, porque le produjo el retiro del
servicio.

En efecto, el 12 de agosto de 2016 el Secretario General (e) de la Procuraduría
General de la Nación le informó al señor José Edwin Hinestroza Palacios que el
cargo que venía ocupando lo desempeñaría Ignacio Humberto Alfonso Beltrán
y, por tal motivo, su vinculación terminaría una vez el citado señor se
posesionara.

A juicio del demandante, el acto acusado se encuentra viciado de nulidad
porque, entre otras, no tuvo en cuenta que es una persona diagnosticada con
Discopatía Lumbar.

1.2 Normas violadas y concepto de violación.

Constitución Política, artículos 4, 13, 113, 125, 279 y 280; Decretos 262 de 2000,
artículos 194 y 203; 263 de 2000, artículo 20; 264 de 2000 artículos 4 y 7.

Como concepto de violación de las normas invocadas, manifestó que los actos
demandados están afectados por cargos que se expondrán a continuación:

1.2.1. Extralimitación de la Corte Constitucional. Porque (i) la Corte
Constitucional sólo es competente para revisar la constitucionalidad de las leyes
y de los decretos del Gobierno Nacional que tengan fuerza material de ley, pero
no para proferir disposiciones legales para remplazar estas; (ii) la Corte
Constitucional no puede adoptar determinaciones que se encuentran
reservadas a legislador, como lo es el régimen laboral, prestacional y salarial de
los procuradores judiciales; y (iii) la Corte Constitucional no podía en la
sentencia C-101 de 2013,8 ordenar a la PGN que en un plazo de 6 meses,
convocase a concurso público de méritos para proveer en propiedad los cargos
de «Procurador judicial», sin que el Congreso de la República regulase a través
de ley, lo relacionado con el sistema específico de carrera administrativa de
estos empleos, especificando, entre otras, sus funciones, y régimen
disciplinario, pues, dicha tarea, corresponde al Legislador.

1.2.2. Vulneración del principio de la reserva legal. Puesto que luego de que
en la sentencia C-101 de 2013,9 la Corte Constitucional declarase la
inexequibilidad de la expresión «Procurador Judicial», contenida en el artículo
182 del Decreto Ley 262 del 2000,10 que definía dicho empleo como de libre
nombramiento y remoción, el Procurador General debía esperar a que el
Congreso de la República legislara sobre la naturaleza de los mencionados
empleos, especificando su régimen de carrera, su régimen disciplinario, etc. En

8
Con ponencia del Magistrado Mauricio González Cuervo.
9
Ídem.
10
Por el cual se modifican la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación y del
Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría
General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría
General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las
diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos.

4

Radicado No. 250002342000201701265 01.
No. interno: 0481-2022.
Actor: José Edwin Hinestroza Palacios.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación – Ignacio Humberto Alfonso Beltrán.

ese sentido, dicen los demandantes, que el señor Procurador General no podía,
en la Resolución 040 del 20 de enero de 2015,11 regular tales aspectos del
régimen de carrera de los procuradores judiciales porque dicha tarea es propia
del legislador.

1.2.3. Falta de competencia del Procurador General para convocar a
concurso público de méritos para proveer los cargos de Procurador
Judicial. El señor Procurador General no podía dar apertura a un proceso de
selección para proveer en carrera los cargos de «Procurador Judicial», puesto
que, declarada inexequible la norma que estipulaba que dichos empleos eran
de libre nombramiento y remoción, le correspondía al legislador determinar la
naturaleza de tales empleos, en consecuencia, el Procurador General no se
encontraba habilitado para considerar «motu propio», que eran de carrera
administrativa, y mucho menos para convocar a concurso público de méritos
para proveerlos, sin que antes, el Congreso de la República regulase la materia.

1.2.4. Desconocimiento del derecho de igualdad de las personas que se
venían desempeñando en el cargo de «Procurador Judicial» en calidad de
empleados de libre nombramiento y remoción, antes de la expedición de
la sentencia C-101 de 2013. Puesto que (i) a dichos funcionarios se les obligó
a concursar con personas que no se encontraban en igualdad de circunstancias
que ellos, dada su experiencia en dichos empleos, y (ii) estos funcionarios no
fueron censados para determinar quiénes estaban en «condiciones
especiales», para luego establecer las garantías a que hubiere lugar.

1.2.5. Desconocimiento del derecho de acceso a cargos públicos. Porque
la convocatoria aperturada y regulada en la Resolución 040 del 20 de enero de
2015,12 prohibió que, al momento de inscribirse, los concursantes pudieran
aspirar a varios cargos de Procurador Judicial, es decir, postularse para varias
Procuradurías Delegadas.

1.2.6. Desconocimiento de los derechos a la igualdad, trabajo y debido
proceso y al principio del mérito. Porque sin justificación constitucionalmente
admisible, según aducen los demandantes, en la convocatoria demandada se
establecieron como reglas, (i) otorgar mayor puntaje a la experiencia
relacionada adicional que a la experiencia específica, y (ii) equiparar la
experiencia relacionada a la experiencia docente y a la publicación de libros.

1.2.7. Desconocimiento del principio del mérito. Porque: (i) la etapa de
«análisis de antecedentes» no se valoró de manera objetiva, sino que dependió
de la discrecionalidad y subjetividad de los evaluadores; y (ii) en la etapa de
«análisis de antecedentes» se confirió una puntuación exagerada a los títulos
de postgrado y a las publicaciones.

1.2.8. Vulneración del principio de reserva legal. Ello en la medida que en
los anexos de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, 13 denominados

11
Por medio de la cual se da apertura y se reglamenta la convocatoria del proceso de selección para
proveer cargos de carrera de procuradores judiciales de la entidad.
12
Ibidem.
13
Ídem.

5

Radicado No. 250002342000201701265 01.
No. interno: 0481-2022.
Actor: José Edwin Hinestroza Palacios.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación – Ignacio Humberto Alfonso Beltrán.

«formatos de las convocatorias», se establecieron disposiciones orientadas a
regular la manera como los procuradores judiciales designados en propiedad
como resultado del concurso, devengarían ciertas prestaciones sociales como
la bonificación por compensación, materia que según la parte demandante es
exclusiva de la órbita del legislador de acuerdo con los artículos 150 y 189 de la
Constitución, por su evidente carácter salarial.

1.2.9. Desconocimiento del principio de temporalidad que guía la
jurisdicción de Justicia y Paz. Puesto que, según los demandantes, en la
convocatoria no se especificó, que los procuradores judiciales delegados ante
la jurisdicción especial de Justicia y Paz, nombrados en propiedad luego de la
realización del concurso, tienen carácter temporal, es decir, que su vinculación
termina cuando se acabe la mencionada jurisdicción especial, la cual no fue
creada con carácter permanente, sino que su vigencia en el tiempo es limitada.

1.3 Contestación de la demanda.

La Procuraduría General de la Nación y el señor Ignacio Humberto Alfonso
Beltrán «en calidad de tercero interesado», solicitaron negar las súplicas de la
demanda con fundamento en los siguientes argumentos:

1.3.1. Procuraduría General de la Nación14.

No es posible que se afirme que los actos expedidos en desarrollo del concurso
de méritos adelantado por la Procuraduría General de la Nación para proveer
los cargos de Procurador Judicial I y II, así como el que conformó la lista de
legibles se encuentran viciados de nulidad, por cuanto éstos a la fecha aún no
han sido declarados nulos por el Juez de lo Contencioso Administrativo.

Es cierto que los fallos que declaran la nulidad de un acto administrativo tienen
la fuerza de cosa juzgada y efectos ex–tunc, pero también lo es que éstos tienen
aplicación únicamente con respecto a situaciones jurídicas no consolidadas,
esto es, aquellas que a la fecha de ejecutoria del fallo anulatorio se encuentren
en debate ante las autoridades administrativas o judiciales o que sean
susceptibles de ello, por no encontrarse en firme, puesto que las demás que
adquirieron el carácter de firmeza e intangibilidad no se afectan por la anulación
de las normas en que se hayan fundado.

El hecho de que la Corte Constitucional haya declarado inexequible la expresión
“Procurador Judicial” del numeral 2 del artículo 182 del Decreto 262 de 200015,

14
Visible a folios 3 a 67 del expediente digital ubicado en el archivo denominado
“17_2500023420002017012650113EXPEDIENTEDIGI20220204114353” índice 2 de SAMAI.
15
“(…) ARTÍCULO 182. Clasificación de los empleos. Los empleos, de acuerdo con su naturaleza y
forma de provisión, se clasifican así:
1) De carrera
2) De libre nombramiento y remoción
Los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera, con excepción de los de libre
nombramiento y remoción.
Los empleos de libre nombramiento y remoción son:
(…)
• Procurador Judicial

6

Radicado No. 250002342000201701265 01.
No. interno: 0481-2022.
Actor: José Edwin Hinestroza Palacios.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación – Ignacio Humberto Alfonso Beltrán.

por haber vulnerado el artículo 280 de la Constitución Política 16, no da lugar a
señalar que dicho cuerpo colegiado está legislando, pues dentro de sus
competencias se encuentra el estudio de constitucionalidad de las normas; en
ese contexto, al retirar del mundo jurídico la citada expresión no podía quedar
en un limbo la naturaleza del empleo y, por lo mismo, debía señalar los efectos.

De otro lado, no se puede desconocer que quien participa y supera
satisfactoriamente las etapas de un concurso de méritos adquiere un derecho
subjetivo de ingreso a la función pública, exigible tanto a la administración como
a los funcionarios públicos que están desempeñando los cargos ofertados en
provisionalidad, pues gozan de una estabilidad relativa o inmediata dado que
dicho cargo debe proveerse por medio de un proceso de selección.

1.3.2. Ignacio Humberto Alfonso Beltrán17.

Las circunstancias legales de decaimiento de un acto administrativo no
constituyen causales de nulidad, ni mucho menos las presuntas irregularidades
en el concurso de méritos constituyen defectos predicables de los actos
acusados, pues se tratan de actos de ejecución, como lo son las pruebas de
conocimientos y el acto general de convocatoria, por los mismo no son
enjuiciables.

De acuerdo con la sentencia C-101 de 2013 y el auto 255 del 6 de noviembre
del mismo año de la Corte Constitucional, así como el Decreto 262 de 2000, el
régimen de carrera que resulta aplicable para el cargo de Procuradores
Judiciales I y II no es el mismo que se aplica para los cargos de jueces y
magistrados. De manera entonces que, no era necesario tramitar una nueva ley
para establecer un nuevo sistema de carrera, si fuera así, la Corte Constitucional
lo hubiera expresado en la mencionada sentencia, lo cual no hizo, por el
contrario, fijó a la Procuraduría un año como plazo para agotar todos y cada uno
de los trámites para llevar a cabo el concurso para el cargo de Procuradores
Judiciales I y II.

En caso de que se llegue a aceptar el argumento propuesto por la demandante,
según el cual, la nulidad del acto de elección del Procurador General de la
Nación conllevó al decaimiento del acto administrativo que lo nombró en periodo
de prueba, esto es, el Decreto 3384 de 8 de agosto de 2016, no sería viable el
restablecimiento del derecho, puesto que el acto administrativo que nombró a
la demandante como Procuradora Judicial lo suscribió el mismo funcionario, lo
que traería consigo, incluso, que se decayeran los efectos del mismo, tal es el
caso de los salarios y prestaciones que recibió.

(…)
3. De período fijo: Procurador General de la Nación.
(…)”.
16
“(…) ARTICULO 280. Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría,
remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes
ejerzan el cargo. (…)”.
17
Visible a folios 3 a 22 del expediente digital ubicado en el archivo denominado
“20_2500023420002017012650116EXPEDIENTEDIGI20220204114353” índice 2 de SAMAI.

7

Radicado No. 250002342000201701265 01.
No. interno: 0481-2022.
Actor: José Edwin Hinestroza Palacios.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación – Ignacio Humberto Alfonso Beltrán.

No era indispensable que el legislador definiera un sistema especial de carrera
administrativa para los cargos de Procurador Judicial, dado que en virtud del
pronunciamiento que efectuó la Corte Constitucional a través de la sentencia C-
101 de 201318 se dio automáticamente la incorporación de éstos a la carrera
administrativa de la Procuraduría General de la Nación.

1.4. La sentencia apelada19.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
Quindío, mediante sentencia de 21 de mayo de 2021, negó las pretensiones de
la demanda y condenó en costas a la parte demandante, con fundamento en
los siguientes argumentos:

De la revisión del Decreto Ley 262 de 2000, concluyó, que no se estableció la
obligación de curso - concurso, de manera que la Procuraduría General de la
Nación no estaba obligada a establecer esa etapa. Ahora, si bien esa fase se
encuentra establecida en la Ley 270 de 1996, que regula los concursos de la
Rama Judicial, ello no significa que se tenga que desarrollar dentro del proceso
de selección que adelantó la entidad demandada, y que el omitirse se incurre
en causal de nulidad, por cuanto ésta tiene un régimen de carrera especial
diferente y se encuentran reguladas por leyes específicas.

La Resolución 040 de 2015 fue expedida por Procurador General de la Nación
en ejercicio de la suprema dirección y administración del sistema especial de
carrera de la procuraduría, a través de la cual inició el proceso de selección para
proveer los cargos de Procuradores Judiciales I y II, en cumplimiento de la orden
dada por la Corte Constitucional, de manera que no puede afirmarse que el
Procurador General de la Nación se arrogó una competencia que no le estaba
atribuida por la ley; de hecho, de acuerdo con el manual de funciones y
requisitos, está establecido que el nominador se encuentra facultado para
determinar en cuál empleo se pueden aplicar equivalencias para suplir o
acreditar el requisito de experiencia.

No es posible derivar un derecho adquirido del demandante sobre el cargo de
Procurador Judicial Penal II para el sistema de Justicia y Paz, en cuanto él
considera que a la fecha de ejecutoria de la sentencia C-333 de 2012 la Corte
Constitucional tenía su situación jurídica consolidada y, por ello, no era posible
su desvinculación en atención a la lista de elegibles producto del concurso que
adelantó la Procuraduría General de la Nación.

Por su parte, como en el plenario no se aportó prueba alguna que acredite la
vulneración de una regla o principio aplicable al proceso público de provisión de
cargos de procuradores judiciales y que torne ilegal el acto administrativo
acusado; de hecho, los cargos de falsa motivación o quebrantamiento a
normativa superior aludidos en la demanda, no están llamados a prosperar,

18
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-101 de 28 de febrero de 2013, demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000; actor: Juan Evangelista Soler
Reyes; M. P. Dr. Mauricio González Cuervo.
19
Visible a folios 1 a 26 del expediente digital ubicado en el archivo denominado
“39_2500023420002017012650135EXPEDIENTEDIGI20220204114356” índice 2 de SAMAI.

8

Radicado No. 250002342000201701265 01.
No. interno: 0481-2022.
Actor: José Edwin Hinestroza Palacios.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación – Ignacio Humberto Alfonso Beltrán.

concretamente, porque no existe una motivación engañosa plasmada en un
acto de nombramiento o en el de retiro demandados en el presente asunto.

Tampoco se observa que el acto acusado hubiese sido proferido con abuso o
deviación de poder, ya que el mismo se redujo a seguir los lineamientos de la
convocatoria a concurso de méritos y al cumplimiento de una orden judicial
perentoria de naturaleza constitucional, la cual dejó plena claridad que no era
necesario que el legislador produjera un régimen especial de carrera, ya que
dentro de la Procuraduría General de la Nación existe uno propio que regula el
concurso de méritos, esto es, el Decreto Ley 262 de 200020.

1.5 El recurso de apelación.

La parte demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en los
argumentos que se exponen a continuación21:

A su juicio, como el régimen de carrera de la Rama Judicial y de la Procuraduría
General de la Nación no son equiparables, el Procurador General de la Nación
«a través de la Resolución 040 de 20 de enero de 2015» no podía regular
aspectos esenciales de la carrera y del concurso de los Procuradores Judiciales
I y II, ni mucho menos, estaba en la capacidad de determinar homologaciones
o equivalencias, por cuanto se requiería de una ley que garantizara a los
aspirantes los mismos derechos de acceso a la carrera que a los funcionarios
judiciales de mayor jerarquía que venían ejerciendo el cargo.

De otro lado, no se tuvo en cuenta en cuenta las excepciones constitucionales
relacionadas con los cargos de Procuradores Judiciales nombrados con ocasión
de la Justicia Transicional, concretamente, porque la labor de los procesos
relacionados a la restitución de tierras, intervienen varios de los funcionarios
que ocupan los cargos creados, tal es el caso del señor José Edwin Hinestroza
Palacios como Procurador Judicial Penal II para el sistema de Justicia y Paz.

La demanda instaurada pretende, adicionalmente, la inaplicación con efectos
interpartes de los actos administrativos que se expidieron en el marco del
concurso público de méritos convocado por la Procuraduría General de la
Nación, esto es, la Resolución 040 del 20 de enero de 2015 y la Resolución 357
del 2016 «por medio de la cual se conformó la lista de elegibles», los cuales dieron
origen a la expedición del acto acusado; lo anterior, en razón a que el artículo
148 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo estableció que el “(…) el juez podrá, de oficio o a petición de parte,
inaplicar con efectos inter partes los actos administrativos cuando vulneren la
Constitución Política o la ley (…)”.

20
“(…) Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación
y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría
General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría
General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las
diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos. (…)”.
21
Visible a folios 2 a 19 del expediente digital ubicado en el archivo denominado
“41_2500023420002017012650137EXPEDIENTEDIGI20220204114356” índice 2 de SAMAI..

9

Radicado No. 250002342000201701265 01.
No. interno: 0481-2022.
Actor: José Edwin Hinestroza Palacios.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación – Ignacio Humberto Alfonso Beltrán.

En su sentir, era necesario que el ente demandado notificara de manera
personal el Decreto 3825 del 8 de agosto de 2016 «acto acusado», pues además
de que es de contenido particular y concreto, fue el que le definió su situación
juridica.

No es posible que se condene en costas y agencias en derecho, en tanto el a-
quo omitió realizar un análisis acerca de la conducta procesal de la parte
vencida en juicio para lograr determinar su procedencia, por lo cual, desconoció
la jurisprudencia del Consejo de Estado mediante la que se ha reiterado que el
juez debe realizar una evaluación si ha incurrido en alguna acción desleal dentro
del proceso.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con el argumento que obra en el recurso de apelación, establece la
Sala como problema jurídico el siguiente:

Establecer si el acto acusado, por medio de los cuales se nombró al señor
Ignacio Humberto Alfonso Beltrán en periodo de prueba y se dio por
terminada el vínculo laboral del señor José Edwin Hinestroza Palacio, se
encuentran inmerso en infracción en las normas en que debían fundarse,
como quiera que el Procurador General de la Nación no podía regular
aspectos de la carrera y del concurso de los Procuradores Judiciales y,
además, en tanto no se tuvo en cuenta las excepciones constitucionales
relacionadas con los cargos de Procuradores Judiciales nombrados con
ocasión de la Justicia Transicional.

Para desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: (i) de la
naturaleza del cargo de Procurador Judicial; y, (ii) del caso en concreto.

2.2. Naturaleza del cargo de Procurador Judicial.

La Procuraduría General de la Nación es un órgano de control independiente
de las otras ramas del poder público a partir de la Constitución Política de 1991,
que ejerce a través del Procurador General de la Nación, la función de
Ministerio Público. Le corresponde a la ley regular lo relativo a la estructura y
funcionamiento, el ingreso y concurso de méritos, así como el retiro del servicio,
además de las inhabilidades, incompatibilidades, denominación, calidades,
remuneración y régimen disciplinario propio -art. 279 Superior-, y al Procurador
le compete la reubicación y distribución de los empleos en la planta globalizada,
así como la fijación del número de integrantes de la Sala Disciplinaria de la
Procuraduría.

El Decreto 262 de 2000 “por el cual se modifican la estructura y la organización de
la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público;
el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas
para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General
de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan
las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos” , en su

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No. interno: 0481-2022.
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artículo 182 clasificó los empleos de la Procuraduría General de la Nación
conforme a su naturaleza y forma de provisión de la siguiente manera:

“(…) ARTICULO 182. CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS. Los empleos, de
acuerdo con su naturaleza y forma de provisión, se clasifican así:
1) De carrera
2) De libre nombramiento y remoción
Los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera, con excepción
de los de libre nombramiento y remoción.
Los empleos de libre nombramiento y remoción son:
• Viceprocurador General
• Secretario General
• Tesorero
• Procurador Auxiliar
• Director
• Jefe de la División Administrativa y Financiera del Instituto de Estudios del Ministerio
Público
• Procurador Delegado
• Procurador Judicial
• Asesor del Despacho del Procurador
• Asesor del Despacho del Viceprocurador
• Veedor
• Secretario Privado
• Procurador Regional
• Procurador Distrital
• Procurador Provincial
• Jefe de Oficina
• Jefe de la División de Seguridad
• Agentes adscritos a la División de Seguridad y demás servidores cuyas funciones
consistan en la protección y seguridad personales de los servidores públicos,
cualquiera sea la denominación del empleo.
3. De período fijo: Procurador General de la Nación.
(...)”

La clasificación de los Procuradores Judiciales en cargos de libre nombramiento
y remoción no ha sido un tema pacífico, por cuanto ha sido objeto de varios
pronunciamientos constitucionales en las sentencias: C-334 de 1996, C-031 de
1997, C-443 de 1997, C-146 de 2001, las cuales, pese a que solamente
validaron la naturaleza conferida por el Decreto 262 de 2000, solo en la última
decisión citada concluyó la exequibilidad de la norma respecto del artículo 125
Superior, al señalar lo “que no se viola el principio general de la carrera
administrativa” concretamente porque:

“(…) igual que ocurre con los Procuradores Delegados, los Procuradores Judiciales
son agentes directos del Procurador frente a los despachos judiciales ante los que
actúan como Ministerio Público. Y la Corte examinó la dependencia directa de esta
clase de empleados del Ministerio Público, al decidir sobre la constitucionalidad de
normas que incluidas en la Ley 27 de 1992 y en la Ley 201 de 1995, en lo sustancial,
es el mismo, como ya se recordó en esta sentencia.
En consecuencia, por existir cosa juzgada constitucional, se declarará exequible la
expresión "Procurador Judicial" del numeral 2) del artículo 182 del Decreto 262 de
2000. (…)”

A pesar de lo dicho, la Corte Constitucional en un nuevo estudio plasmado en
la sentencia C-131 de febrero 28 de 2013, declaró la inexequibilidad de la

11

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expresión “Procurador Judicial” del numeral 2), del artículo 182, del Decreto Ley
262 de 2000, por la vulneración del artículo 280 de la Constitución Política.

De lo expuesto se colige que el cargo de Procurador Judicial por reciente
Sentencia Constitucional pasó de ser un empleo de libre nombramiento y
remoción a uno de carrera especial de la Procuraduría General de la Nación, lo
que implica que los funcionarios que se encuentran en este tránsito deben
superar las etapas de un concurso a partir de la convocatoria que haga la
entidad para que así puedan considerarse inscritos y adquirir los privilegios que
la carrera otorga, ya que es inconstitucional el ingreso automático a la misma.

2.3. Del caso en concreto.

En el sub-lite el apoderado del señor José Edwin Hinestroza Palacio solicitó en
el recurso de apelación que se declare la nulidad de los actos acusados por
considerar que el Procurador General de la Nación no podía regular aspectos
de la carrera y del concurso de los Procuradores Judiciales y, además, en tanto
no se tuvo en cuenta las excepciones constitucionales relacionadas con los
cargos nombrados con ocasión de la Justicia Transicional.

Con miras a resolver el punto objeto de controversia, conforme al material
probatorio obrante en el expediente, se realizarán las siguientes precisiones
generales:

a) En virtud del Decreto 2922 de 3 de diciembre de 2008 el Procurador General
de la Nación nombró en provisionalidad en el cargo de Procurador Judicial II
código 3PJ, grado EC de Pereira22, el cual fue traslado a la ciudad de Bogotá
por disposición del Decreto 1749 de 11 de agosto de 200923.

b) Mediante Decreto 3825 de 8 de agosto de 2016 el Procurador General de la
Nación nombró en periodo de prueba al señor Ignacio Humberto Alfonso Beltrán
en el cargo de Procurador Judicial II código 3PJ, grado EC, en la Procuraduría
363 Judicial II Penal con sede la ciudad de Bogotá24.

c) El 12 de agosto de 2016 el Secretario General (e) de la Procuraría General
de la Nación le informó al señor José Edwin Hinestroza Palacios que por medio
del Decreto 825 de 8 de agosto de 2016 el Procurador General de la Nación, en
aplicación de la lista de elegibles contenida en la Resolución 357 de 11 de julio
de 2016, nombró al señor Ignacio Humberto Alfonso Beltrán en el cargo de
Procurador Judicial II código 3PJ, grado EC, el cual venía desempeñando de
manera provisional25.

22
Visible a folio 11 del expediente digital ubicado en el archivo denominado
“7_250002342000201701265013EXPEDIENTEDIGI20220204114352” índice 2 de SAMAI.
23
Visible a folio 13 del expediente digital ubicado en el archivo denominado
“7_250002342000201701265013EXPEDIENTEDIGI20220204114352” índice 2 de SAMAI.
24
Visible a folio 2 del expediente digital ubicado en el archivo denominado
“7_250002342000201701265013EXPEDIENTEDIGI20220204114352” índice 2 de SAMAI.
25
Visible a folio 3 del expediente digital ubicado en el archivo denominado
“7_250002342000201701265013EXPEDIENTEDIGI20220204114352” índice 2 de SAMAI.

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En tal virtud, para fines metodológicos la Sala analizará el argumento propuesto
por la recurrente conforme a las normas regulatorias y al material probatorio que
obra en el proceso, así:

2.3.1. Expedición irregular.

Este vicio o causal de nulidad de los actos administrativos se predica de los
defectos en el elemento formal del acto, el cual comprende dos aspectos a
saber: el procedimiento y la forma de la declaración. Sobre lo primero, la
expedición irregular se configura cuando se incumplen las condiciones y fases
previstas en el ordenamiento jurídico para la formación del acto. Y frente a lo
segundo, el vicio se presenta en los casos en los que la manifestación unilateral
de voluntad de la administración adolece de formalidades esenciales para su
validez, tales como la motivación.

En ese sentido, el elemento formal del acto que protege esta causal de nulidad,
obedece tanto a razones de orden interno de la administración, como al respeto
de las garantías y derechos de las personas , lo cual puede referirse a requisitos
tendientes a garantizar cuestiones como la igualdad y la participación de los
interesados en la formación del acto, otorgar las oportunidades que
correspondan para el ejercicio de los derechos a la defensa o contradicción y
también para asegurar la autenticidad o veracidad del acto administrativo.

No obstante, es necesario precisar que, tanto esta Corporación como la
doctrina, han señalado de manera reiterada que, en virtud de los principios
constitucionales de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y de eficacia de
la función administrativa, las irregularidades formales que no tengan
trascendencia en los derechos y garantías fundamentales como el debido
proceso, pueden ser subsanadas y no implican necesariamente la anulación del
acto. Así, la irregularidad que tiene vocación de llevar al juez a declarar la
nulidad es la que compromete un presupuesto básico de la decisión o la que
tuvo incidencia en su sentido final.

Al respecto, el Consejo de Estado ha dicho que26:

“(…) La expedición irregular como vicio anulante de los actos administrativos se
configura cuando la decisión de la administración viola las normas de orden
adjetivo que establecen el procedimiento para su formación o la forma como
éste debe presentarse. Cuando el acto es expedido con vicios en el trámite debe
verificarse si éstos son de una suficiencia tal que afecten el sentido de la decisión. Si
la irregularidad en el proceso logra afectar la decisión por cuanto es sustancial o
trascendente, el acto será anulable por expedición irregular, caso contrario, es decir,
cuando el defecto es formal e intrascendente, no hay lugar a decretar su anulación
(…)”. (Lo resaltado en negrilla es de la Sala).

Y desde la doctrina, Luis Enrique Berrocal Guerrero indicó lo siguiente27:

26
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 12 de julio de 2012, radicación 25000-23-27-000-2008-00188 (17892), C.
P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
27
BERROCAL GUERRERO, Luis Enrique, Manual del Acto Administrativo según la ley, la jurisprudencia y la
doctrina, 7ª Ed. 2016, pág. 551 y 552.

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“(…) Esta causal de nulidad se configura cuando se da cumplimiento a las
formalidades previstas a la ley o el reglamento ara a formación del acto de que se
trate, entendiendo como formalidades los requisitos tendientes a garantizar la
veracidad del acto, la igualdad de los interesados, sus derechos privados como el de
defensa, controversia etc. Así como la publicidad que en determinados casos se debe
hacer trámite de la actuación respectiva. Entre ellos se encuentran desde requisitos
obvios y comunes como la fecha, nombre de órgano, firma de funcionario, pasando
por la motivación cuando deba hacerse de manera expresa, hasta el cumplimiento de
trámites, diligencias o pasos necesarios, tales como solicitud de conceptos,
dictámenes, estudios previos, publicación de la solicitud o del inicio de la actuación
administrativa, citaciones a terceros, etc. Según se ha comentado atrás la
irregularidad que puede originar la anulación del acto es la que es relevante
para su contenido o para la efectividad del debido proceso, cuando es
sustancial, según la jurisprudencia, es decir, cuando incide en el sentido de la
decisión o es básica para la misma (…). (Lo resaltado en negrilla es de la Sala).

Ahora bien, para definir la trascendencia de la irregularidad que puede llevar a
la anulación del acto administrativo es posible acudir, inicialmente, a un criterio
eminentemente normativo, según el cual, si un precepto jurídico positivo le da
el carácter de esencial a una formalidad, su incumplimiento puede generar la
nulidad del acto, lo cual ocurre, por ejemplo, con la consulta previa. Luego, de
no existir disposiciones en el anterior sentido, la determinación de la importancia
de los requisitos formales en un caso concreto puede ser objeto de ponderación,
esto es, de un ejercicio comparativo en el que se busca un equilibrio práctico
entre, por un lado, los principios o derechos que subyacen a las reglas sobre
las formalidades a las que debía sujetarse la manifestación unilateral de
voluntad de la administración y, por el otro, de los que, en sentido contrario,
propugnan por la eficacia de la actuación administrativa en un caso concreto.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procede a analizar los argumentos del
recurrente, según los cuales: (i) el Procurador General de la Nación no podía
regular aspectos de la carrera y del concurso de los Procuradores Judiciales; y
(ii) no se tuvo en cuenta las excepciones constitucionales relacionadas con los
cargos nombrados con ocasión de la Justicia Transicional.

2.3.1.1. Falta de competencia del Procurador General de la Nación. El
recurrente sustentó su inconformidad en contra de la sentencia proferida por el
a quo en la ilegalidad del concurso de méritos adelantado por la Procuraduría
General de la Nación para proveer los cargos de Procuradores Judiciales por
cuanto, a su juicio, era necesaria la existencia previa de una ley que regulará y
determinada el régimen laboral y/o la naturaleza de este tipo de cargos, pues la
Corte Constitucional no tenía competencia para ello; por lo mismo, el Procurador
General de la Nación no podía abrir la convocatoria, ni mucho menos nombrar
al señor Ignacio Humberto Alfonso Beltrán en remplazo del señor José Edwin
Hinestroza Palacios luego de que aquél hubiera superado el concurso de
méritos.

En aras a solucionar este aspecto en particular, se debe indicar que hasta el
año de 1991 era función de la Corte Suprema de Justicia la guarda e integridad
de la Constitución Política y mediante el ejercicio de la acción pública de
inexequibilidad, cualquier ciudadano podía demandar las leyes que
contravinieran esa preceptiva de orden superior; sin embargo, con la expedición

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de la nueva Constitución Política de 1991, dicha función pasó de la Corporación
mencionada a la Corte Constitucional, quien teniendo a su cargo el control
judicial de constitucionalidad, debe decidir sobre las demandas de
inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos, contra las normas
señaladas en el artículo 241 de la Constitución Política28, determinando si ellas
se encuentran, o no, conformes con la Carta Fundamental.

Ahora bien, como la Constitución Política se ha configurado en la piedra angular
de todo el ordenamiento jurídico y en el fundamento de los valores, motivo por
el cual si bien existe una apertura hacia el pluralismo 29, a partir de principios y
derechos allí establecidos, también se derivan criterios estructurales y
materiales interpretativos de forzoso acatamiento, tanto en lo que se refiere a la

28
“(…) ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía
de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las
siguientes funciones:
1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos
reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su
formación.
2. Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a
un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, sólo por vicios de
procedimiento en su formación.
3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y
plebiscitos del orden nacional. Estos últimos sólo por vicios de procedimiento en su convocatoria y
realización.
4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes,
tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.
5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos
con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la
Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación.
6. Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución.
7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno
con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución.
8. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados
por el Gobierno como inconstitucionales, y de los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido
material como por vicios de procedimiento en su formación.
9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de
tutela de los derechos constitucionales.
10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los
aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción
de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la
Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no
serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles
por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento
formulando la correspondiente reserva.
11. <Numeral adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es el
siguiente:> Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
12. Darse su propio reglamento.
PARAGRAFO. Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del
acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible,
enmiende el defecto observado. Subsanado el vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad del acto.
(…)”.
29
Constitución Política
“(…) ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas
que la integran y en la prevalencia del interés general.
(…)
ARTICULO 7o. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
(…)”.

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configuración y aplicación del derecho instrumental o procedimental, como del
derecho sustantivo.

Para el desarrollo y garantía de aquellos valores, principios y derechos, la
Constitución ha proporcionado ciertos mecanismos que permiten obtener
“armonía y coherencia en la aplicación” de los preceptos jurídicos y hacen factible
asegurar la integridad, unidad y supremacía del orden constitucional, tal es el
caso de la acción y excepción de inconstitucionalidad, las cuales se constituyen
en mecanismos tendientes a defender la Constitución Política.

En efecto, la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de participación
ciudadana, con el cual se desarrolla el principio previsto en los artículos 1º, 2º y
3º de la Constitución Política30. Dicha acción está destinada a provocar que la
Corte constitucional, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, tras
el adelanto de un proceso judicial, produzca una sentencia con efectos de cosa
juzgada sobre un cierto problema jurídico planteado por el actor, relacionado
con disposiciones creadas en general, aunque no exclusivamente por el
Congreso de la República, obrando como constituyente derivado o como órgano
representativo legislativo.

De otro lado, la excepción de inconstitucionalidad, consagrada en el artículo 4
de la Constitución Política31, se ha constituido en la facultad con la que cuentan
no sólo los jueces, sino cualquier autoridad encargada de aplicar las normas
jurídicas está habilitada para dejar de hacerlo en un caso concreto, como quiera
que las encuentra incompatibles con la Constitución Política, debiendo entonces
aplicar de manera preferentemente el citado marco superior. En tal sentido, ha
precisado la jurisprudencia constitucional:

“La posición de supremacía de la Constitución… sobre las restantes normas que
integran el orden jurídico, estriba en que aquélla determina la estructura básica del
Estado, instituye los órganos a través de los cuales se ejerce la autoridad, atribuye
competencias para dictar normas, ejecutarlas y decidir conforme a ellas las

30
“(…) ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas
que la integran y en la prevalencia del interés general.
ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa
y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
ARTICULO 3o. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El
pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución
establece.
(…)”.
31
“(…) ARTICULO 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar
y obedecer a las autoridades.
(…)”.

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controversias y litigios que se susciten en la sociedad, y al efectuar todo esto, funda
el orden jurídico mismo del Estado”32.

En el presente caso se tiene que, de conformidad con lo previsto en el artículo
279 de la Constitución Política33, fue modificada la estructura y la organización
de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio
Público, así como el régimen de competencias interno el régimen de carrera y
el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores a través del Decreto
Ley 262 de 2000, el cual, en su artículo 182 clasificó los empleos de la
Procuraduría de acuerdo con la naturaleza de su vinculación en: carrera, libre
nombramiento y remoción y de periodo fijo.

Sin embargo, la Corte Constitucional en virtud de la facultad que le confirió el
numeral 5º del artículo 241 de la Constitución Política 34, en sentencia C-101 de
201335 declaró inexequible la expresión “Procurador Judicial” del numeral 2),
artículo 182 del Decreto Ley 262 de 200036, por haber vulnerado el artículo 280
de la Constitución Política37, específicamente, porque consideró que no existía
cosa juzgada y:

“(…) por cuanto ni en la citada sentencia ni en las allí mencionadas, se cotejó la
disposición demandada frente al deber constitucional de equiparación de los agentes
del ministerio público que ejercen ante jueces y magistrados con las autoridades
judiciales ante quienes actúan, en materia de “calidades, categoría, remuneración,
derechos y prestaciones”.

6.1.3. Examinada la disposición acusada, la Corte determina que entre los “derechos”
a ser homologados a favor de los procuradores judiciales, en virtud del artículo 280
constitucional, se halla el que su empleo sea considerado de carrera administrativa.
En consecuencia, declarará la inexequibilidad de la expresión “Procurador Judicial”

32
Por todas cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-1290 de 2001.
33
“(…) ARTICULO 279. La ley determinará lo relativo a la estructura y al funcionamiento de la
Procuraduría General de la Nación, regulará lo atinente al ingreso y concurso de méritos y al retiro del
servicio, a las inhabilidades, incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración y al régimen
disciplinario de todos los funcionarios y empleados de dicho organismo.
(…)”.
34
“(…) 5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los
decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10
y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación.
(…)”.
35
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-101 de 28 de febrero de 2013, demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000; actor: Juan Evangelista Soler
Reyes; M. P. Dr. Mauricio González Cuervo.
36
“(…) ARTÍCULO 182. Clasificación de los empleos. Los empleos, de acuerdo con su naturaleza y
forma de provisión, se clasifican así:
1) De carrera
2) De libre nombramiento y remoción
Los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera, con excepción de los de libre
nombramiento y remoción.
Los empleos de libre nombramiento y remoción son:
(…)
• Procurador Judicial
(…)
3. De período fijo: Procurador General de la Nación.
(…)”.
37
“(…) ARTICULO 280. Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría,
remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes
ejerzan el cargo.
(…)”.

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del numeral 2 del artículo 182 del decreto Ley 262 de 2000, por la vulneración del
artículo 280 de la Constitución Política. Y ordenará la convocación de un concurso
público de méritos para la provisión, en propiedad, de los cargos de Procuradores
Judiciales que se desempeñan ante magistrados y jueces de carrera.
(…)
Resuelve:
Primero. - Declarar la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “Procurador Judicial” del
numeral 2), del artículo 182, del Decreto Ley 262 de 2000, por la vulneración del
artículo 280 de la Constitución Política.
Segundo. - ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que, en un término
máximo de seis meses, contados a partir de la notificación de este fallo, convoque a
un concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de Procurador
Judicial, que deberá culminar a más tardar en un año desde la notificación de esta
sentencia. (…)”.

Nótese que la Corte Constitucional ordenó convocar a concurso público para la
provisión en propiedad de todos los cargos de Procurador Judicial; en ese
sentido, el proceso de selección que se abrió a través de la Resolución 040 de
20 de enero de 201538, suscrita por el Procurador General de la Nación, fue
expedida en estricto cumplimiento de una orden judicial, la cual no quedó sujeta
a ninguna condición o restricción que le permitiera a dicho organismo
abstenerse de proveer los cargos con los concursantes que, en su orden, hayan
integrado las listas de elegibles.

Lo anterior por cuanto, de conformidad con los artículos 21 del Decreto 2067 de
1991 y 48 de la Ley 270 de 1997 «Estatutaria de Administración de Justicia», las
sentencias que profiere la Corte Constitucional tienen el valor de cosa juzgada
constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los
particulares; por tal motivo, no era necesario expedir una ley estatutaria para
regular los aspectos esenciales y trascendentales del régimen de carrera de los
Procuradores Judiciales. Al respecto ha dicho la Corte Constitucional 39:

“(…) Por lo tanto, las sentencias en sede de control de constitucionalidad proferidas
por esta Corporación hacen tránsito a cosa juzgada y son inmutables, vinculantes y
definitivas. En el mismo sentido, los artículos 46 y 48 de la Ley 270 de 1996 y el
artículo 22 del Decreto 2067 de 1991 establecen que las decisiones que dicte la Corte
Constitucional en ejercicio del control abstracto son definitivas, de obligatorio
cumplimiento y tienen efectos erga omnes.
5. De conformidad con lo anterior, este Tribunal ha determinado que la cosa juzgada
implica que sus providencias tienen un carácter definitivo e incontrovertible y
proscriben los litigios o controversias sobre el mismo tema. Esa prohibición se
extiende a la reproducción de normas que hayan sido declaradas inexequibles por
razones de fondo, mientras que subsistan los parámetros constitucionales que
sirvieron como fundamento de esa determinación. Luego, la obligatoriedad de las
decisiones responde a la protección del principio de seguridad jurídica y a la guarda
de la primacía de la Constitución (…)”.

38
“(…) Por medio de la cual se da apertura y se reglamenta la convocatoria del proceso de selección
para proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales de la Entidad (…)”.
Sentencia C-1290 de 2001.
39
Cfr., entre otras, Corte Constitucional, Sentencias C-1290 de 2001; C-0

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No. interno: 0481-2022.
Actor: José Edwin Hinestroza Palacios.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación – Ignacio Humberto Alfonso Beltrán.

Además, la Corte Constitucional ya se había ocupado del tema en la sentencia
C-101 de 201340 al determinar que los cargos de Procuradores Judiciales debían
ser catalogados en el régimen de carrera de la Procuraduría General de la
Nación, pues si el artículo 280 de la Constitución Política ordena la extensión
de los derechos de los magistrados y jueces a los agentes de la Procuraduría,
ello implica que puedan ser considerados en empleados de carrera
administrativa; además, la citada entidad cuenta con su propio régimen de
carrera administrativa, el cual, como ya se había mencionado anteriormente,
tiene por objeto garantizar la eficiencia de la entidad y ofrecer igualdad de
oportunidades para el acceso a ella, la estabilidad en los empleos y la
posibilidad de ascender, como también establecer la forma de retiro de la
misma.

El anterior postulado fue reiterado por la propia Corte Constitucional en auto A-
255 de 6 de noviembre de 2013, en el cual resolvió una solicitud de nulidad
propuesta por la Procuraduría General de la Nación en la que se pidió claridad
acerca de la necesidad de adecuar el sistema de carrera de los Procuradores
Judiciales al de los Jueces y Magistrados, pues, a su juicio, la orden de la
convocatoria a concurso, contraría el principio a la igualdad, pues el régimen de
carrera de la entidad es completamente distinto al de la carrera judicial.

En aquella oportunidad, la citada Corporación ratificó que la igualdad de
derechos que había sido dispuesta a través de la sentencia C-101 de 2013 se
limitaba a su ingreso a través del concurso público de méritos pero que ello no
implicaba un régimen especial distinto al que ya regía en la Procuraduría
General de la Nación; veamos:

“(…) 3.2.4. Ahora bien, frente a la afirmación de la Procuraduría de la imposibilidad
de cumplir el mandato de igualdad del artículo 280 constitucional debido a la
divergencia entre los regímenes de la carrera de la procuraduría y la carrera judicial,
encuentra la Corte que ella surge como consecuencia de la interpretación errada que
hace la solicitante, considerar que el mandato de igualdad contenido en el artículo
280 constitucional, se refiere a la equiparación de los regímenes de la carrera
administrativa de la Procuraduría General de la Nación y el de la carrera judicial propia
de los Jueces y Magistrados (LEY 270/96), y no al “derecho” a que los cargos de los
Procuradores Judiciales sean considerados de carrera, como lo indicó esta
Corporación en la providencia impugnada.

2.3.5. Es por ello que la Corte fue clara en el pronunciamiento acusado, al establecer
• en su numeral 5.5.2. - la necesidad de distinguir entre la carrera judicial administrada
por el Consejo Superior de la Judicatura y la carrera administrativa de la Procuraduría
General de la Nación y que por ello, la incorporación que procedía respecto de los
Procuradores Judiciales era a la carrera propia de la Procuraduría General de la
Nación, en tanto “entre los “derechos” de los jueces y magistrados, que en virtud
del artículo 280 constitucional deben ser extendidos a los agentes del ministerio
público que ejercen su cargo ante ellos, se encuentra de no ser catalogado su
empleo por el Legislador como de libre nombramiento y remoción, es decir, ser
reconocido como cargo de carrera.” sin que se refiera en ningún momento, a
que deba aplicarse en mismo régimen de carrera. (…)”. (Lo resaltado en negrilla y
subrayado es de la Sala).

40
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-101 de 28 de febrero de 2013, demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000; actor: Juan Evangelista Soler
Reyes; M. P. Dr. Mauricio González Cuervo.

19

Radicado No. 250002342000201701265 01.
No. interno: 0481-2022.
Actor: José Edwin Hinestroza Palacios.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación – Ignacio Humberto Alfonso Beltrán.

De manera que, la Corte Constitucional definió el régimen de carrera de los
Procuradores Judiciales, pues en ambas providencias judiciales «sentencia C-
101 -2013 y auto A-255 de 6 de noviembre de 2013» lo que propendió fue abrir una
convocatoria pública de méritos para proveer mediante concurso público los
cargos de “Procurador Judicial”.

Por lo anterior, no es posible afirmar que era necesario que el legislador se
ocupara del tema para establecer un nuevo régimen de carrera administrativa
para los Procuradores Judiciales, dado que la Corte Constitucional fue muy
específica al señalar que debían regirse por el mismo sistema de carrera
previsto para los demás servidores públicos de la Procuraduría General de la
Nación, dispuesto en el Decreto Ley 262 de 2000. Sobre el particular, la Sección
Segunda de esta Corporación se pronunció de la siguiente manera41:

“(…) 95 El aludido numeral 45 le atribuyó al Procurador la competencia para definir las
políticas para la elaboración y aplicación de las pruebas que se utilizarán en los
concursos y determinar los parámetros para su calificación; adoptar los instrumentos
necesarios para el cumplimiento de los fines de cada una de las etapas del proceso
de selección; designar a las personas que integrarán el jurado encargado de elaborar
y calificar las pruebas de pregunta abierta y la entrevista y de resolver las
reclamaciones relacionadas con estas pruebas y definir las condiciones de las
convocatorias para los concursos de méritos y suscribirlas.
96
Lo expuesto hasta aquí, permite inferir que era totalmente innecesaria la expedición
de una nueva ley de carrera para ser aplicada a los concursos públicos de mérito
dirigidos a la provisión de los cargos de procurador judicial, pues estando en vigencia
el Decreto Ley 262 de 2000, ello llevaría al absurdo de permitir la coexistencia de dos
sistemas de carrera administrativa distintos en el seno de la Procuraduría General de
la Nación, uno de los cuales sería aplicable a los concursos para la selección por
mérito de los procuradores judiciales y otro para los demás concursos que deba
adelantar ese organismo de control.
97
Si bien la Sentencia C-878 de 2008 declaró la inexequibilidad de los artículos 54,
56, 60, 65, 66 y 71 de la Ley 938 de 2004, en virtud de los cuales el legislador le
otorgó facultades a la Comisión Nacional de Administración de Carrera de la Fiscalía
General de la Nación, para regular aspectos trascendentales del concurso como los
relativos a la inscripción y la convocatoria, también lo es, que esa decisión de la Corte
Constitucional tuvo como fundamento la vulneración del principio de reserva de ley
“por omisión relativa”, pues en lugar de ocuparse el Congreso de regular la materia,
dejó en manos de dicha Comisión “la adopción de decisiones trascendentales que
competen exclusivamente al legislador”.
98
En el caso bajo examen dicha situación no se presenta, pues es absolutamente
claro que el legislador extraordinario sí reguló ampliamente en los artículos 197 y 198
del Decreto Legislativo 262 de 2000 los aspectos básicos y esenciales de los
concursos de la carrera que deba adelantar la Procuraduría, incluyendo los asuntos
referidos a la convocatoria y la inscripción. En últimas, el Procurador General de la
Nación no hizo nada distinto a instrumentalizar el desarrollo de las 14 convocatorias
mencionadas en el concurso, sin que sea válido entender que con ello haya usurpado
las funciones propias del legislador, como equivocadamente lo interpretan los
demandantes.
(…)”.

Aunado a lo anterior, no es dable perder de vista que La Ley 909 de 2004,
aplicable cuando existen vacíos en la normativa que rige a aquellas entidades

41
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 30 de julio de 2021, radicado 110010325000201500366 00
(0740-2015), demandante: Héctor Alfonso Carvajal Londoño y otros; demandado: Procuraduría General
de la Nación, C. P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

20

Radicado No. 250002342000201701265 01.
No. interno: 0481-2022.
Actor: José Edwin Hinestroza Palacios.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación – Ignacio Humberto Alfonso Beltrán.

que tienen un régimen especial, establece que cuando un empleo sea
clasificado como de carrera administrativa, como en este caso, se debe
proceder a su provisión inmediata mediante concurso, de manera que no
estableció la necesidad de crear una nueva normativa que regule esa condición.

Finalmente, no es de recibo el argumento propuesto por el recurrente, según el
cual, se requiería de una ley que garantizara a los aspirantes los mismos
derechos de acceso a la carrera que a los funcionarios judiciales de mayor
jerarquía que venían ejerciendo el cargo, pues si bien es cierto los Procuradores
Judiciales intervienen ante los jueces en sus diferentes jurisdicciones, también
lo es que, no por ello integran la estructura de la rama judicial, ni obliga a la
aplicación de las normas profesionales establecidas para éste, concretamente,
la Constitución Política reconoció el carácter de la Procuraduría General de la
Nación como una institución autónoma e independiente respecto del resto de la
rama judicial.

De acuerdo con los anteriores razonamientos, el cargo alegado no puede
prosperar.

2.3.1.2. Desconocimiento de la asimilación de los agentes del Ministerio
Público que cumplían funciones ante los juzgados de justicia y paz, pues,
según el recurrente, el hecho de haber ejercido el cargo de Procurador Judicial
Penal II para el sistema de Justicia y Paz, de conformidad con lo dispuesto en
sentencia C-333 de 2012, le permitía ostentar una situación jurídica consolidada
y un derecho adquirido, por lo que no era posible su desvinculación en atención
a la lista de elegibles dispuesta dentro del concurso de méritos adelantado por
la Resolución No. 040 de 2015.

Sobre el particular, se evidencia que Corte Constitucional en sentencia C-333
de 2012, al estudiar una demanda de inconstitucionalidad en contra los incisos
1° y 3° del artículo 67 de la Ley 975 de 200542, destacó, entre otras cosas, que:

“(…) 6.3. La Sala no comparte plenamente el razonamiento de la demanda, por
considerar que las condiciones de la norma estudiada en la sentencia citada (C-713
de 2008), no son las mismas de la norma que se analiza en el presente proceso. Sin
embargo, si bien existen diferencias entre los cargos judiciales que se están
proveyendo, en ambos casos, tienen razón los demandantes, el mérito y las mejores
condiciones profesionales deberían ser el criterio principal de elección de las
personas que serán designadas en los cargos respectivos.
6.3.1. En efecto, mientras que en esa ocasión se trataba de una norma estatutaria
que regulaba la administración de justicia, el presente caso se refiere a una norma
que no tiene tal condición, como lo decidió la Corte Constitucional. [17] Mientras que en
aquella oportunidad se trataba de una norma que debía ser controlada oficiosamente
por la justicia constitucional, precisamente por ser estatutaria y en materia significativa
(la administración de justicia), de forma integral, en el presente asunto se trata de una

42
“(…) Artículo 67. Los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito judicial, que se creen en
virtud de la presente ley, serán elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia, de listas
enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
(…)
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, podrá conformar los grupos de apoyo
administrativo y social para estos Tribunales. La nominación de los empleados, estará a cargo de los
Magistrados de los Tribunales creados por la presente ley.
(…)”.

21

Radicado No. 250002342000201701265 01.
No. interno: 0481-2022.
Actor: José Edwin Hinestroza Palacios.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación – Ignacio Humberto Alfonso Beltrán.

demanda de constitucionalidad limitada a los cargos presentados. En la decisión C-
713 de 2008 citada por la demanda, se estaba ante una norma que tenía carácter
permanente, pues si bien se refería a una cuestión temporal (los jueces que se
nombran por un lapso de tiempo fijo y no hacen parte de la carrera, para resolver un
problema de congestión judicial), el objeto de aquella disposición legal era establecer,
de forma permanente, que cuando se crearan aquellos cargos de descongestión, los
mismos ‘constituyen rama judicial del poder público’ (Ley Estatutaria 270 de 1996). Las reglas que creen cargos judiciales de descongestión tienen una vocación de
temporalidad, no de permanencia. Sin embargo, la regla según la cual dichos cargos
de descongestión, constituyen rama judicial, es independiente y tienen carácter
permanente, no temporal. En el caso de los funcionarios judiciales de descongestión, se trata de
funcionarios que son temporales en su relación con el Estado, pero no en
cuanto a su función de administrar justicia. Un cargo de descongestión no
vincula a la persona a la carrera judicial y, en tal medida, su vinculación es
temporal. Pero para los ciudadanos ello no es así. Si una persona acude a la justicia,
le es irrelevante la condición de temporalidad del funcionario, puesto que la sentencia
va a tener el mismo valor de cosa juzgada que tendría si se tratara de un funcionario
judicial en propiedad, en la carrera administrativa. El principio de igualdad, como lo
indica la sentencia T-730 de 2008 en sus consideraciones, demanda un acceso a la
justicia y a la protección del derecho en tales condiciones, es decir, en igualdad.
(…)
Es cierto que la función que se encomienda a los jueces de justicia y paz, es especial
y particular y puede resultar diferente a la que corresponde a los jueces de
descongestión. Pero en uno y otro caso se mantiene la función central y esencial de
decir el derecho (iuris dicto) en un caso concreto. Esto es, resolver la tensión de
intereses jurídicos tutelados en torno a una serie de pretensiones, decisión que le es
confiada mediante las reglas de competencia. Como cualquier juez de la República,
las personas que desempeñen este cargo en el contexto de la ley de justicia y paz
tienen que contar con la experiencia profesional que se requiere para ejercerlo. La Sala Plena entiende existen diferencias entre los funcionarios judiciales
ordinarios frente a aquellas personas que sean funcionarios de justicia y paz,
en virtud de las cuales se pueden justificar sistemas de selección por concurso
de mérito que contemplen las especiales y específicas condiciones técnicas y
profesionales que requieren dichos cargos de justicia y paz. [18] Pero tal
diferencia, no puede justificar que en el primer caso se requiera cumplir las
condiciones de elección pública con base en el mérito y en el segundo no. No
existen razones constitucionales para que la escogencia de las personas que
serán jueces de justicia y paz no se funde también en un proceso de selección
público, transparente y basado en el mérito. Precisamente por la complejidad
de su labor, de la cual depende en buena parte lograr salir de una situación de
conflicto endémica, sus conocimientos y sus calidades profesionales deben ser
relevantes. 6.3.3. Como lo indica el inciso segundo de la norma acusada parcialmente, ‘los
requisitos exigidos para ser Magistrado de estos Tribunales, serán los mismos
exigidos para desempeñarse como Magistrado de los actuales Tribunales Superiores
de Distrito Judicial.’ Es decir, expresamente el legislador consideró que las
condiciones que deben cumplir los jueces de justicia y paz, son las mismas que deben
cumplir los jueces que imparten justicia ordinaria. 6.3.4.

La Sala advierte que los apartes de las normas acusadas no excluyen la
transparencia y el mérito como parámetros para la selección de los funcionarios en
cuestión máxime si se tiene en cuenta la importancia de los valores que están en
juego en las decisiones judiciales que se dan en el contexto de la ley de justicia y
paz.
(…)”

Nótese que si bien la elección realizada de los magistrados de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial por parte de la Sala Plena de la Corte Suprema
de justicia de listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de

22

Radicado No. 250002342000201701265 01.
No. interno: 0481-2022.
Actor: José Edwin Hinestroza Palacios.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación – Ignacio Humberto Alfonso Beltrán.

la Judicatura, y definió que posterior a ello, esos empleos podían ser provistos
de la lista de elegibles vigentes; esa decisión se tomó frente a los magistrados
de los tribunales superiores de Distrito Judicial de Justicia y Paz no respecto de
los Procuradores Judiciales Delegados ante esos despachos judiciales, máxime
cuando el señor José Edwin Hinestroza Palacio en ningun momento consursó y
superó todas las etapas necesarias para hacer parte de la citada lista.

En tal virtud, no hay lugar a inaplicar los actos administrativos que convocaron
a concurso público de méritos en la Procuraduría General de la Nación, esto es,
la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, pues, a juicio de la Sala, los cargos
de nulidad propuestos por el demandante, de alguna manera lo permiten. Sea
la oportunidad para destacar, que esta Corporación al estudiar la legalidad de
este acto concluyó:

“(…) 200 Resueltos los 12 problemas jurídicos planteados en la fijación del litigio, la
Sala de Decisión de la Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado concluye que no se vulneraron los artículos 4, 13, 29, 40-7, 58,
67, 69, 79, 125, 150-19 (literales e y f), 189-11, 189, 209, 277-4, 278-6, 279 y 280 de
la Constitución Política; 127, 128, 160 y 168 de la Ley 270 de 1996; 7, 44, 191, 194,
195, 196 y 203 del Decreto Ley 262 de 2000; 1, 3, 6 y 20 del Decreto Ley 263 de
2000; 4 y 7 del Decreto Ley 264 de 2000; 229 del Decreto Ley 19 de 2012; 24 y 25
del Decreto Reglamentario 1295 de 2010, 14 del Decreto 2772 de 2005 y la
Resolución 253 de 2012 de la Procuraduría General de la Nación. Por lo anterior, no
prosperan los cargos referidos a la extralimitación de funciones por parte de la Corte
Constitucional, la falta de competencia del Procurador General de la Nación para
expedir el acto acusado, el de violación de los principios de reserva de ley ordinaria y
estatutaria, y la ilegalidad de los requisitos consagrados en el acto enjuiciado.
201
De otra parte, se encuentra demostrada la vulneración de las disposiciones
constitucionales contempladas en el numeral 7º del art. 40, y 125, y las legales
consagradas en los arts13 y 28 de la Ley 30 de 1993, arts. 2º y 6º de la Ley 527 de
1999, 12, y 165 y 247 del Código General del Proceso, por lo cual prosperan los
cargos de violación del derecho de acceso a los cargos públicos al excluir de puntaje
los posgrados de maestría, doctorado y posdoctorado que no expresan un área
específica de formación del derecho y al no haber otorgado puntuación a las
publicaciones presentadas en medio digital. Por lo anterior la Sala declarará la
legalidad condicionada en los precisos términos señalados en los numerales 2º, 3º y
4º de la parte resolutiva de la presente sentencia.
202
Finalmente, se declarará de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda por indebida escogencia del medio de control respecto de la demanda 1016-
2016, de conformidad con lo expresado en el acápite 3.7.
(…)”.

Finalmente, con relación al argumento que propuso el recurrente, según el cual,
era necesario que el ente demandado notificara de manera personal el Decreto
825 del 8 de agosto de 2016 «acto acusado», se debe afirmar que, en principio
ello era necesario, dado que se trataba de un acto de insubsistencia tácito; sin
embargo, tal particularidad se corrigió una vez fue comunicado al señor José
Edwin Hinestroza Palacios, a través del Oficio del 12 de agosto de 2016 suscrito
por el Secretario General (e) de la Procuraría General de la Nación, que por
medio del primero de los actos había sido nombrado el señor Ignacio Humberto
Alfonso Beltrán en el cargo de Procurador Judicial II código 3PJ, grado EC, el
cual venía desempeñando de manera provisional43.

43
Visible a folio 3 del expediente digital ubicado en el archivo denominado
“7_250002342000201701265013EXPEDIENTEDIGI20220204114352” índice 2 de SAMAI.

23

Radicado No. 250002342000201701265 01.
No. interno: 0481-2022.
Actor: José Edwin Hinestroza Palacios.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación – Ignacio Humberto Alfonso Beltrán.

2.3.2. Condena en Costas.

En el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo controvertido, se condenó
en costas a la parte demandante. Al respecto, la Sala reitera lo expuesto por
ambas subsecciones de la Sección Segunda44 de esta Corporación sobre el
particular, en la medida que el artículo 188 del CPACA45, impone al juez la
facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos
aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes,
y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes
con el contenido del artículo 365 del CGP; descartándose así una apreciación
que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas.

En el caso, la Sala observa que el a-quo no hizo un análisis sobre la necesidad
de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios
ya definidos por la jurisprudencia, echándose de menos, además, alguna
evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a la
demandante, quien formuló sus pretensiones de manera seria desde el punto
de vista jurídico. Por consiguiente, se revocará el numeral segundo que
condena en costas a la parte vencida dentro del proceso, por las
consideraciones expuestas en precedencia y se confirmará en lo demás.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia, en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de mayo de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por
medio de la cual negó las pretensiones del señor José Edwin Hinestroza
Palacios en contra de la Procuraduría General de la Nación e Ignacio Humberto
Alfonso Beltrán, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral cuarto a través de la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca condenó en costas a la parte demandante.

En su lugar, se dispone:

NEGAR la condena en costas, acorde con lo explicado en la motivación
precedente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE
ORIGEN. CÚMPLASE.

44
Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
45
“ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil.”

24

Radicado No. 250002342000201701265 01.
No. interno: 0481-2022.
Actor: José Edwin Hinestroza Palacios.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación – Ignacio Humberto Alfonso Beltrán.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión46.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

46
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en
el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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