Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01359-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01359-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-01359-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
10 de febrero de 2022
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-01359-01 (0605-2021)
Demandante: Carlos Alberto Castro Cruz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01359-01 (0605-2021)
Demandante: CARLOS ALBERTO CASTRO CRUZ
Demandada: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA
NACIONAL1
Temas: Reconocimiento asignación de retiro de oficial de
la Policía Nacional. Régimen de transición
contemplado en el artículo 3.°, numeral 3.1. de la
Ley 923 de 2004. Aplicación Decreto 1212 de
1990.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-021-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la entidad
demandada contra la sentencia proferida el 12 de marzo de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
que accedió a las pretensiones de la parte activa.
ANTECEDENTES
El señor Carlos Alberto Castro Cruz en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folios 49 a 50)
1. Que se declare la nulidad del Oficio 14150 GAG-SDP del 5 de julio de 2016,
por medio del cual la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
(CASUR) negó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro a favor
del demandante.
1 En adelante CASUR.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-01359-01 (0605-2021)
Demandante: Carlos Alberto Castro Cruz
2. Como consecuencia de dicha declaración y a título de restablecimiento del
derecho, se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar a favor
del señor Carlos Alberto Castro Cruz la asignación de retiro en el porcentaje
previsto en la ley, esto desde la fecha de su desvinculación de la Policía
Nacional.
Supuestos fácticos relevantes (Folios 50 a 51)
1. El señor Carlos Alberto Castro Cruz estuvo vinculado a la Policía Nacional
desde el 27 de enero de 1995 cuando prestó su servicio militar.
Posteriormente realizó el curso de oficial de la institución y desarrolló su
actividad en el grado de mayor hasta el 29 de octubre de 2014 cuando fue
retirado del servicio, por lo que en total acumuló 17 años, 11 meses y 11
días de labor oficial.
2. El demandante solicitó el 18 de mayo de 2016 ante CASUR el
reconocimiento y pago de una asignación de retiro.
3. No obstante, la referida entidad negó dicha petición a través del Oficio
14150 GAG-SDP del 5 de julio de 2016, al indicar que el solicitante no
cumplía el requisito de acreditar 20 años de servicio que se exigían
normativamente por haber sido retirado de la institución bajo la causal de
destitución.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»3, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 31 de julio de 2019.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
No hubo pronunciamiento sobre el particular debido a que la entidad
demandada no propuso tales medios de defensa. (Folio 104 y CD obrante a
folio 103 del plenario).
Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.
3 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
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Demandante: Carlos Alberto Castro Cruz
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] la Sala habrá de resolver sobre la legalidad del acto administrativo mediante el
cual la accionada negó al señor CARLOS ALBERTO CASTRO CRUZ el
reconocimiento de asignación de retiro y determinar si efectivamente al actor le asiste
derecho a que se le reconozca tal prestación a la luz de lo dispuesto en el Decreto
1212 de 199 (sic), a partir del 14 de octubre de 2014 cuando fue destituido con 17
años 11 meses y 11 días de servicio. […]». (Mayúscula y cursiva del texto original.
Folio 104 y CD que reposa a folio 103 del expediente).
SENTENCIA APELADA
(Folios 124 a 138)
El a quo profirió sentencia escrita el 12 de marzo de 2020, por medio de la cual
accedió a las pretensiones del demandante con fundamento en las siguientes
consideraciones:
Inicialmente, el Tribunal de primera instancia manifestó que conforme al
desarrollo normativo que ha regido la situación prestacional de los oficiales de
la Policía Nacional, es posible asegurar que al libelista lo gobiernan las
previsiones del Decreto 1212 de 1990, por cuanto es un oficial retirado de la
institución que si bien fue desvinculado de la institución en el año 2014,
también es beneficiario del régimen de transición consagrado en la Ley 923 de
2004 por haberse encontrado en servicio activo a la fecha de entrada en
vigencia de esta norma, lo cual impedía exigir como requisito para el
reconocimiento de la asignación de retiro, tiempos de servicio superiores a los
señalados en la regulación anterior que precisamente era la del decreto en
mención.
Añadió que la controversia planteada en el presente caso estriba en
determinar cuál es el tiempo de labor oficial que debe haber cumplido el
demandante para que le sea reconocida la prestación en litigio prevista en el
artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, esto es, si tiene que acreditar un
máximo de 20 años de servicio, o por el contrario, un lapso de 15 años, esto
en razón a que el señor Castro Cruz terminó su vínculo con la entidad por la
causal de destitución mediante el Decreto 1999 de 2014, luego de ejecutarse
una sanción disciplinaria que se le había impuesto.
De acuerdo con lo anterior, el a quo estimó que le asiste el derecho al libelista
a que se le reconozca y pague por parte de CASUR el derecho prestacional
debatido bajo los parámetros contemplados en el artículo 144 del Decreto
1212 de 1990, esto por cuanto aquel fue retirado del servicio activo después
de 15 años, y no separado como lo señaló la entidad demandada, más aún en
el entendido de que conforme al Decreto Ley 1791 de 2000, la separación de
la institución castrense está prevista para el personal que ha sido condenado
penal o militarmente, lo cual no ocurre en el presente caso donde al señor
Castro Cruz se le aplicó un correctivo disciplinario de destitución e inhabilidad
general por el término de 10 años que implica una causal de mala conducta,
tal como lo ha sostenido el Consejo de Estado en sentencias del 11 de abril y
del 31 de octubre de 2018 dictadas en los procesos con radicados 2018-03528
y 2015-01949 respectivamente.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-01359-01 (0605-2021)
Demandante: Carlos Alberto Castro Cruz
En lo que respecta a la prescripción de las mesadas señaló que el demandante
fue retirado mediante Decreto 1999 del 14 de octubre de 2014 y presentó
solicitud de reconocimiento de la asignación respectiva el 18 de mayo de 2016,
mientras que el libelo fue radicado el 6 de febrero del 2017, por lo que entre la
fecha de terminación del vínculo con la entidad y la reclamación administrativa,
así como la data de presentación de la demanda, no transcurrieron más de 4
años de que trata el artículo 155 del Decreto 1212 de 1990, de suerte que no
se habría configurado dicho fenómeno jurídico.
Acorde con los anteriores razonamientos, el tribunal de primera instancia
profirió sentencia que se resume así: i) declaró la nulidad del acto
administrativo cuestionado; y ii) ordenó a CASUR, reconocer y pagar de
manera actualizada a favor del libelista la asignación de retiro conforme a las
previsiones del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, efectiva desde la 29 de
octubre de 2014 cuando terminó su vínculo con la institución castrense.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 141 a 143)
La parte demandada formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que sea revocada en orden de denegar los
pedimentos del libelista. Para ello argumentó que el análisis del tribunal resultó
errado en la medida que concede el derecho al reconocimiento y pago de una
asignación de retiro a un exoficial que no reúne los requisitos para consolidar
tal prerrogativa, pues, en efecto, al demandante le es aplicable el artículo 144
del Decreto 1212 de 1990, es decir, los tiempos de 15 y 20 años según la
causal, que para el caso del libelista fue la de destitución que implica exigir el
segundo lapso en mención.
Adicionalmente señaló que el artículo 123 del Decreto 1212 de 1990 prevé que
la separación absoluta se produce cuando el uniformado de la Policía Nacional
sea condenado a la pena principal de prisión por la Justicia Penal Militar o por
la ordinaria, salvo el caso de condena por delitos culposos, situación que
ocurre en el mismo sentido cuando así lo determine el Reglamento de
Disciplina para la Policía Nacional tal como lo contempla el artículo 61 del
Decreto 1791 de 2000.
Resaltó además que la Ley 1015 de 2006 definió la destitución como la
terminación del vínculo del servidor público con la institución castrense, pues
en su artículo 38, numeral 1.°, inciso 1.° y en el artículo 39, numeral 1.° de la
referida norma señala que para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con
culpa gravísima, la consecuencia será la destitución e inhabilidad general por
un término entre diez (10) y veinte (20) años.
Acotó que al realizar el estudio del expediente administrativo se advierte que
el mayor retirado Carlos Alberto Castro Cruz fue sujeto de un proceso
disciplinario adelantado por la Policía Nacional, lo que conllevó
necesariamente a que su retiro de la entidad se produjera por la causal de
destitución, la cual es factible asimilarla a la separación absoluta que en
esencia es la terminación de la relación laboral.
Al respecto aseguró que el a quo interpretó la destitución como si la causa de
esta fuese la mala conducta, lo cual desconoce la normativa en cita con base
en la cual se entiende que esta última situación no es la razón de la
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desvinculación del oficial, sino el camino para materializar la separación del
uniformado de la entidad policial.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandante (índice 13 del registro en SAMAI): solicitó que se
confirme el fallo apelado y en tal sentido se acceda a las pretensiones. Para
tal efecto aseguró que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
considera que el hecho que el libelista hubiese sido retirado por destitución,
no se enmarca entre la causal de mala conducta, y que por lo tanto, a pesar
de haber cumplido un tiempo de 17 años, 11 meses y 11 días al servicio de la
referida entidad, no es posible reconocerle la asignación de retiro,
planteamiento que desconoce los derechos fundamentales de la parte activa,
pues así lo estimó el Consejo de Estado en sentencia dictada en el proceso
radicado 19001-23-31-000-2004-00666-01, donde se determinó la semejanza
entre las dos referidas situaciones que permite tener en cuenta el lapso de
labor oficial mínimo de 15 años para obtener el reconocimiento de una
asignación de retiro.
Parte demandada (índice 10 del registro en SAMAI): instó nuevamente que
se revoque la sentencia impugnada y que en consecuencia se denieguen los
pedimentos del libelista, ello con base en la reproducción total de los
argumentos esgrimidos en su recurso de apelación.
El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal según la
constancia secretarial visible a folio 152 del plenario.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada. En el presente caso solo la presentó, la parte demandada.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
la siguiente pregunta:
¿Le asiste derecho al señor Carlos Alberto Castro Cruz a obtener el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro bajo los preceptos y
exigencias del Decreto 1212 de 1990, al haber sido retirado del servicio por la
causal de mala conducta?
Al respecto la Subsección sostendrá la siguiente tesis: el demandante tiene
derecho a la asignación de retiro por ser beneficiario del régimen de transición
previsto en la Ley 923 de 2004, en virtud del cual le es aplicable el Decreto
1212 de 1990, por lo que cumple con los requisitos para la consolidación de
tal prerrogativa, bajo el entendido de que fue separado de la institución bajo
la causal de mala conducta, tal como pasa a explicarse.
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Demandante: Carlos Alberto Castro Cruz
El régimen jurídico de la asignación de retiro de los oficiales de la
Policía Nacional
La asignación de retiro es una prestación de naturaleza económica que surge
de la relación laboral administrativa existente entre el Estado y los miembros
de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional), quienes al cese
definitivo de la prestación de sus servicios se hacen acreedores, en tanto
cumplan con los requisitos legalmente determinados, al reconocimiento y pago
en forma mensual y vitalicia de una determinada suma de dinero que tiene
como finalidad garantizar, al menos, la satisfacción de las necesidades básicas
del trabajador retirado y las de su familia.
En esos términos, la asignación de retiro hace parte de un sistema pensional
especial para la Fuerza Pública y, por lo tanto, una de las formas en que se
materializa el derecho a la seguridad social en este sector, lo que determina
que constituya un derecho fundamental irrenunciable de conformidad con los
artículos 48 y 53 de la Constitución Política. Dicha prestación fue regulada
propiamente en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 que reza lo siguiente:
«[…] ARTICULO 144. Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente
Estatuto, los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados
del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar
servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco (5)
días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General
de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al
grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad
profesional, o por conducta deficiente y los que se retiren o sean separados
con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha
en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata
el artículo 140 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio
y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin
que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de
actividad.
PARAGRAFO 1o. La asignación de retiro de los Oficiales y Suboficiales que
durante la vigencia de este Estatuto se retiren con treinta (30) o más años de
servicio, será equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas
fijadas en el artículo 140, liquidadas en la forma prevista en este Decreto.
PARAGRAFO 2o. Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17 de
diciembre de 1968 con treinta (30) o más años de servicio, continuarán
percibiendo la asignación de retiro reajustada al noventa y cinco por ciento
(95%) de las partidas que se incluyeron en cada caso para la respectiva
asignación. […]».
Ahora bien, en el año 1993, se dio el primer intento de modificación de la
estructura funcional de la Policía Nacional cuando el artículo 35 de la Ley 624
de dicho año otorgó facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para
«modificar las normas de carrera del personal de oficiales, suboficiales y agentes» de
esta institución. En desarrollo de dichas atribuciones, se expidió el Decreto Ley
4 «Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de
seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República».
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Demandante: Carlos Alberto Castro Cruz
041 de 19945 en el que se estructuró en parte la carrera de los oficiales y
suboficiales de la entidad en comento bajo sendas condiciones específicas en
materia de asignaciones y prestaciones, sin embargo, se mantuvo vigente,
entre otros, el artículo 144 del referido Decreto 1212 de 1990.
Con posterioridad, se expidió el Decreto 1791 del 14 de septiembre de 20006,
norma que derogó el Decreto 41 de 1994, pero dejó vigente lo regulado en su
artículo 115 de este último, al señalar en el artículo 95 lo siguiente:
«Artículo 95. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga los Decretos 041 de 1994, con excepción de lo
dispuesto en el artículo 115, relacionado con los Títulos IV, VI y IX y los
artículos 204, 205, 206, 210, 211, 213, 214, 215, 220, 221 y 227 del Decreto
1212 de 1990; 262 de 1994 con excepción de lo dispuesto en el artículo 47,
relacionado con los Títulos III, IV y VII y los artículos 162, 163, 164, 168, 169,
171, 172, 173 y 174 del Decreto 1213 de 1990; 132 , 573 y 574 de 1995 y demás
normas que le sean contrarias». (Negrita fuera de texto).
De esta manera, las normas sobre prestaciones sociales consagradas en el
título «IV» del Decreto 1212 de 1990, dentro de las que se encuentran las
relacionadas con la asignación de retiro (artículos 144), no fueron derogadas
por el Decreto 41 de 1994 ni por el 1791 de 2000. En consecuencia, en dicha
época continuaba vigente para definir la asignación de retiro de los oficiales y
suboficiales de la Policía Nacional.
Se advierte que seguidamente se profirió el Decreto Ley 2070 de 20037, a
través del cual el Gobierno Nacional pretendió concretar sus aspiraciones de
unificar un sistema pensional para todos los miembros de las Fuerzas
Militares. No obstante, esta última norma fue declarada inexequible por la
Corte Constitucional, quien en sentencia C-432 de 2003 estimó que en lo
relativo al régimen prestacional especial de dichos servidores existía reserva
de ley marco por mandato del artículo 150, numeral 19, literal e) de la
Constitución Política y que la misma había sido desconocida por el ejecutivo
al dictar un decreto con fuerza de ley que se encargase de regular esta
materia.
Cabe resaltar que en esta oportunidad el máximo juez constitucional aclaró
que «[…] la expulsión del ordenamiento de una norma derogatoria por el juez
constitucional implica, en principio, la automática reincorporación al sistema jurídico
de las disposiciones derogadas, cuando ello sea necesario para garantizar la
integridad y supremacía de la Carta […]».
Con base en ello, sostuvo que las normas que el Decreto 2070 de 2003 hubiere
derogado o modificado, recobrarían automáticamente su vigencia pues en
modo alguno podría entenderse que su declaratoria de inexequibilidad crearía
un limbo respecto de los derechos pensionales de los miembros de la Fuerza
Pública, solución que se impuso a efectos de garantizar derechos
fundamentales como la vida digna, el mínimo vital y el trabajo8.
5 «Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía
Nacional y se dictan otras disposiciones».
6 «Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales
y Agentes de la Policía Nacional».
7 «Por medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares».
8 Esta teoría corresponde a lo que se conoce como “reviviscencia”, que en su acepción tradicional,
que fue la inicialmente asumida por la Corte Constitucional, abogaba por la reincorporación
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Como consecuencia de tal pronunciamiento, el Congreso de la República
expidió la Ley Marco 923 del 30 de diciembre de 2004, por la cual se señalaron
los objetivos y criterios que se deberían observar para la fijación del régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. La
mencionada ley señaló para la fijación del régimen pensional y de asignación
de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, lo siguiente:
«Artículo 2°. Objetivos y criterios. Para la fijación del régimen pensional y de
asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional
tendrá en cuenta además de los principios de eficiencia, universalidad, igualdad,
equidad, responsabilidad financiera, intangibilidad y solidaridad los siguientes
objetivos y criterios:
2.1. El respeto de los derechos adquiridos. Se conservarán y respetarán todos
los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos conforme
a disposiciones anteriores a la fecha de entrada de las normas que se expidan
en desarrollo de la misma.
[…]
2.8. No podrá en ningún caso desconocerse el reconocimiento y pago de la
asignación de retiro al miembro de la Fuerza Pública que hubiere adquirido el
derecho a su disfrute por llamamiento a calificar servicios, por retiro por solicitud
propia, o por haber sido retirado del servicio por cualquier causal.
[…]
Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión
de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de
estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por
el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:
3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública
se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio
y/o el aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho de asignación de
retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá como
requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años.
A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada
en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el
reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las
disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el
retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro
se produzca por cualquier otra causal.
Excepcionalmente, para quienes hayan acumulado un tiempo de servicio en la
Fuerza Pública por 20 años o más y no hayan causado el derecho de asignación
de retiro, podrán acceder a esta con el requisito adicional de edad, es decir, 50
automática al ordenamiento jurídico cuando la norma derogatoria fuese declarada inexequible.
Esta postura sería abandonada por la Corte para fijar una en la que la procedencia de la
reviviscencia no fuera automática sino que estuviese condicionada al cumplimiento de dos
hipótesis: «(i) la necesidad de establecer el peso específico que les asiste a los principios de
justicia y seguridad jurídica en el caso concreto; y (ii) la garantía de la supremacía constitucional
y los derechos fundamentales, lo que remite a la obligatoriedad de la reincorporación cuando el
vacío normativo que se generaría sin ella involucraría la afectación o puesta en riesgo de los
mismos.», así lo señaló la sentencia C-402 de 2010. Sobre el particular pueden verse también la
sentencia C-251 de 2011 y el Concepto proferido el 28 de enero de 2015 por la Sala de Consulta
y Servicio Civil del Consejo de Estado, radicado 11001-03-06-000-2015-00002-00(2243).
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-01359-01 (0605-2021)
Demandante: Carlos Alberto Castro Cruz
años para las mujeres y 55 años para los hombres. […]» (Subrayado
intencional).
A partir de lo anterior, se colige que la norma transcrita fijó los siguientes
aspectos:
Como tiempo de servicio para el reconocimiento de la asignación de
retiro un mínimo de 18 años y un máximo de 25 años de servicios.
Para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los
servidores de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional indicó que a los
miembros en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la Ley
923 de 2004 no se les exigirá un tiempo de servicio superior al regido
por la regulación anterior, sin que pueda ser superior a 20 años de
servicios cuando el retiro se produzca a solicitud propia, ni inferior a los
15 años de servicios cuando el retiro tenga lugar por cualquier otra
causal.
Por tanto, el único condicionamiento que la Ley 923 de 2004 consagró para
ser beneficiario de la transición señalada en su artículo 3.º, es que al momento
de la entrada en vigencia la persona se encuentre en servicio activo en las
Fuerzas Militares y Policía Nacional, toda vez, que respecto a la exigencia del
término señalado a los miembros activos, únicamente se limitó a respetar los
mínimos y máximos previstos en los Decretos 1212 y 1213 de 1990 para el
reconocimiento de la asignación de retiro.
En desarrollo de la Ley 923 de 2004 se profirió el Decreto 4433 de 2004 cuyo
artículo 24 se encargó de regular lo atinente a la asignación de retiro de los
oficiales y suboficiales la Policía Nacional de la siguiente forma:
«ARTÍCULO 24. Asignación de retiro para el personal de Oficiales, Suboficiales
y Agentes de la Policía Nacional en actividad. Los Oficiales, Suboficiales y
Agentes de la Policía Nacional en servicio activo que a la fecha de entrada en
vigencia del presente decreto, sean retirados después de dieciocho (18) años
de servicio, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la
capacidad psicofísica, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General
de la Policía Nacional según corresponda, y los que se retiren o sean retirados
o sean separados en forma absoluta con más de veinte (20) años de servicio,
tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta,
a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una
asignación mensual de retiro, así:
24.1 El sesenta y dos por ciento (62%) del monto de las partidas computables
a que se refiere el artículo 23 del presente Decreto, por los primeros dieciocho
(18) años de servicio.
24.2 El porcentaje indicado en el numeral anterior se adicionará en un cuatro
por ciento (4%) por cada año que exceda de los dieciocho (18) hasta los
veinticuatro (24) años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%).
24.3 A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral
anterior se adicionará en un dos por ciento (2%) por cada año, sin que el total
sobrepase el noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas computables.
PARÁGRAFO 1°. Los Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional
que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, tuvieren quince (15)
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o más años de servicio, que sean retirados por llamamiento a calificar servicios,
por disminución de la capacidad psicofísica, o por voluntad del Gobierno o de
la Dirección General de la Policía Nacional, según corresponda, tendrán
derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que
por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una
asignación mensual de retiro, así:
El cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas computables a que se
refiere el artículo 23 del presente decreto, por los quince (15) primeros años de
servicio, y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda de los
quince (15) hasta los veinticuatro (24) años, sin sobrepasar el ochenta y cinco
por ciento (85%).
A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el inciso anterior se
incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año adicional a los primeros
veinticuatro (24) años, sin que el total sobrepase el noventa y cinco por ciento
(95%) de las partidas computables.
PARÁGRAFO 2°. Los Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional
retirados antes del 17 de diciembre de 1968, con treinta (30) años o más de
servicio, continuarán percibiendo la asignación de retiro reajustada al noventa
y cinco por ciento (95%) de las partidas que se incluyeron en cada caso para
la respectiva asignación.».
Empero, en sentencia proferida el 28 de febrero de 20139, la Sección Segunda
del Consejo de Estado declaró la nulidad de la expresión contenida en el inciso
primero de la norma ejusdem al estimar que representaba una violación a la
Ley Marco 923 de 2004, de suerte que quedó vigente en materia prestacional
para el personal de la entidad demandada el Decreto 1212 de 1990 respecto
de los oficiales y suboficiales de la institución.
En primer lugar, se concluyó que el precepto citado anteriormente no respetó
los derechos de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional debido a que
les aumentó el tiempo de servicio exigido para acceder a la asignación de
retiro. Al respecto, sostuvo que la ley marco previó en el numeral 3.1 del
artículo 3 que: «[…] A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la
fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito
para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las
disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se
produzca por solicitud propia […]».
Por tanto, tal como lo ha señalado la jurisprudencia10, al ser declarado nulo el
artículo 24 del Decreto 4433 de 2004 que reglamentó el tiempo de servicios
para acceder a la asignación de retiro, se debe acudir para su reconocimiento
a la Ley reglamentada, es decir, la Ley 923 de 2004.
Debe afirmarse también, que ese marco general no impidió que se hicieran
más rígidos los requisitos para optar por la asignación de retiro, en cuanto a
tiempo de servicio se refiere, pero lo que sí hizo fue prohibir que para quienes
se encontraran en servicio activo al momento de su entrada en vigencia, se
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 28 de febrero
de 2013. Radicación 11001-03-25-000-2007-00061-00(1238-07).
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 9 de marzo de 2017. Radicación 27001-23-33-000-2013-00068-01 (4295-2013).
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les exigieran mayor tiempo del contemplado en el régimen anterior11.
Tránsito de la normativa que regula la asignación de retiro de los
oficiales y suboficiales de la Policía Nacional.
En materia pensional, la regla general es que la normativa aplicable sea la
vigente para la fecha en que se reúnan los requisitos que permiten acceder a
la prestación. En otras palabras, el momento de consolidación plena del
derecho es lo que, en principio, determina la regulación que ha de gobernar
una determinada situación fáctica.
Empero, esa regla general puede verse exceptuada al menos en tres casos:
I) El primero, en los eventos en que se deroga una ley pero la nueva normativa
dispone expresamente la existencia de un régimen de transición a través del
cual se protegen las expectativas legítimas de quienes ya tenían un camino
recorrido en aras de acceder al derecho en los términos de la legislación
anterior.
II) El segundo de ellos sucede cuando, al momento de causarse el derecho,
se está en presencia de dos o más disposiciones jurídicas vigentes que
proveen una solución al mismo caso. En estos eventos, en virtud del principio
de favorabilidad, se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le
represente mayor provecho al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de
Seguridad Social, estando proscrita la posibilidad de aplicar parcialmente uno
y otro texto para elegir de cada uno lo que resulta más beneficioso. Lo anterior
en virtud de lo que se conoce como el principio de inescindibilidad o
conglobamiento.
III) Finalmente, se encuentra el fenómeno de la retrospectividad de la ley, que
al igual que el primer supuesto aplica en el caso de un tránsito normativo,
suponiendo la posibilidad de que la nueva norma gobierne situaciones fácticas
y jurídicas que han estado reguladas por la disposición precedente pero que
siguen en curso puesto que no se han consolidado para el momento en que
aquella entra en rigor. La finalidad que pretende satisfacer esta figura es que
las personas puedan beneficiarse con la aplicación de una nueva norma que
propende por la garantía de derechos ligados al concepto de dignidad humana
y a la superación de situaciones de desigualdad y marginación.
Consolidación del estatus pensional del demandante
A efectos de determinar cuál fue la fecha de consolidación del estatus
pensional, es necesario determinar, en primer lugar, la fecha de retiro del
servicio activo en el caso sub examine.
• En el expediente obra la Hoja de Servicios 79959747 del 5 de diciembre
de 2014, expedida por la Dirección de Talento Humano de la Policía
Nacional. De su contenido se encuentra probado que el señor Carlos
Alberto Castro Cruz ingresó a la Policía Nacional como auxiliar el 27 de
enero de 1995 y posteriormente fue oficial en el grado de mayor hasta
el 29 de octubre de 2014. Igualmente se destaca que del total del tiempo
11Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Sentencia del 5 de octubre de 2017. Radicación número: 18001-23-33-000-2014-00085-01(3034-16).
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de labor oficial le fue descontado el tiempo por suspensión disciplinaria
para un acumulado definitivo de 17 años, 11 meses y 11 días. De igual
forma, se consignó que su retiro obedeció a la causal de destitución.
(Folio 21).
• En virtud de lo anterior, el demandante elevó petición ante CASUR el
18 de mayo de 2016 con el fin de que se le otorgara asignación de retiro
por haber laborado más de 15 años en la Policía Nacional, encontrarse
en servicio activo al momento de entrar en vigencia la Ley 923 de 2004
y haber sido retirado por causal diferente a la solicitud propia. (Folios6
a 17).
• El director general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional resolvió de forma negativa la anterior solicitud a través del
Oficio 14150 GAG-SDP del 5 de julio de 2016, al considerar lo que a
continuación se consigna:
«[…] En atención al escrito del asunto, le informo que según fotocopia de la
hoja de servicios No. 79959747, expedida por la Policía Nacional el 05-12-
2014, perteneciente al señor Mayor (r) CARLOS ALBERTO CASTRO CRUZ,
certifican que prestó servicios en la Policía Nacional por espacio de 17 años,
11 meses, 11 días, incluidos los tiempos de Servicio de Auxiliar de Policía,
Cadete y alférez, Oficial diferencia por año laboral siendo retirado de la
Institución por y "Destitución " a partir del 29-10-2014.
De conformidad con los Decretos 1212, 1213 de 1990, 1791 de 2000, 4433 de
2004, en concordancia con el Decreto 1157 del 2014, normas de carácter
especial que regula la carrera del personal de Oficiales, Suboficiales y Agentes
de la Policía Nacional, entre otros pronunciamientos establece, que el
personal que sea retirado de la Institución por Destitución, después de los
veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a que por la Caja de sueldos de
Retiro de la Policía Nacional se les pague asignación mensual de retiro,
condición que no cumple para efecto del reconocimiento de asignación
mensual de retiro. […]». (Folio 18).
En ese orden de ideas, se tiene por acreditado que al momento del retiro del
servicio activo del señor Carlos Alberto Castro Cruz (29 de octubre de 2014),
ya no se encontraba vigente el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, dado que
como se advirtió en líneas precedentes, este fue declarado nulo por el Consejo
de Estado en sentencia del 28 de febrero de 2013. Por tal motivo, es plausible
concluir que la situación pensional del demandante no se encuentra regulada
por lo previsto en dicha norma, de manera que se hace necesario definir el
régimen a seguir.
Con tal propósito lo primero que se debe hacer es descartar las normas que,
según se explicó, o son inaplicables, o bien fueron expulsadas del
ordenamiento jurídico mediante decisión judicial, como sucedió con los
Decretos 041 de 1994, 1791 de 2000 y 2070 de 2003.
Lo anterior significa que al momento de la desvinculación del libelista no existía
una norma que regulara la asignación de retiro que le fuera aplicable y que
cumpliera con lo previsto en el artículo 3.° de la Ley 923 de 2004,
específicamente con lo señalado en el numeral 3.1 según el cual, los requisitos
para acceder a la prestación social no podían ser mayores a los consagrados
en las normas que regían la situación de estos servidores públicos a su entrada
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en vigencia (31 de diciembre de 2004).
Así, la consecuencia lógica es aplicar las normas que sí mantuvieron su
vigencia con ocasión de esta situación, esto es, el artículo 144 del Decreto
1212 de 1990 que regula la asignación de retiro para los oficiales y suboficiales
de la institución castrense, y que además no fue derogada por el Decreto 1791
de 2000, tal como lo determinó en el artículo 95 que dejó vigente las
disposiciones sobre prestaciones sociales previstas en el título «iv» del
mentado decreto, dentro de las que se encuentran las relacionadas con la
prestación debatida.
En ese sentido, las exigencias que debía cumplir el demandante para ser
beneficiario de la asignación de retiro son las contemplados en el artículo 144
del Decreto 1212 de 1990 que respecto a los requisitos para el reconocimiento
de la prerrogativa preceptuó:
«ARTÍCULO 144. ASIGNACION DE RETIRO. Durante la vigencia del presente
Estatuto, los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados
del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar
servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco (5)
días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General
de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al
grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad
profesional, o por conducta deficiente y los que se retiren o sean separados con
más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 140
de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por
ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total
sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad.
PARAGRAFO 1o. La asignación de retiro de los Oficiales y Suboficiales que
durante la vigencia de este Estatuto se retiren con treinta (30) o más años de
servicio, será equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas
fijadas en el artículo 140, liquidadas en la forma prevista en este Decreto.
PARAGRAFO 2o. Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17 de
diciembre de 1968 con treinta (30) o más años de servicio, continuarán
percibiendo la asignación de retiro reajustada al noventa y cinco por ciento (95%)
de las partidas que se incluyeron en cada caso para la respectiva asignación.»
(Subrayas fuera de texto).
Al respecto, se tiene que el demandante al momento de ingresar al servicio
de la Policía Nacional (27 de enero de 1995), se encontraba vigente el Decreto
1212 de 1990, el cual, preveía un tiempo de servicio de 15 años para el
reconocimiento de la asignación cuando el retiro se produjera por causa
distinta a la voluntad propia.
En el sub lite la hoja de servicios aportada da cuenta de que el señor Castro
Cruz fue desvinculado por destitución, causal que, si bien no es de aquellas
descritas expresamente en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, no es
óbice para negar el derecho, puesto que el Consejo de Estado12 ha precisado
12 Ver, entre otros, sentencia del 14 de septiembre de 2017, radicado: 76001-23-31-000-2006-
02942-01 (2201-2007); del 11 de abril de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2015-01949-01
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que la destitución o la separación absoluta pueden ser enmarcadas dentro de
la causal de mala conducta.
Al respecto la Sección Segunda, en sentencia de 14 de septiembre de 201713,
concluyó:
«[…] Para la Subsección es claro que la causal de retiro «separación
absoluta» que se configuró en este caso, e incluso la de «destitución»
consagrada en la anterior hoja de servicios del 16 de septiembre de 2003,
se ajustan a la causal de «mala conducta comprobada» que prevé el
artículo 104 del Decreto 1213 de 1990 para el reconocimiento de la
asignación de retiro. En efecto, tal como lo advierte el recurrente, lo que
determina que el motivo de retiro del demandante no se ajuste en apariencia a
ninguna de las causales que prevé el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990 ha
sido la constante evolución del régimen disciplinario de la Policía Nacional que
ha aparejado modificaciones en la terminología y las figuras contempladas en el
mismo.
[…]
Por su parte, la evolución de la figura de la separación absoluta en el régimen de
la Policía Nacional estaría dada por lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 41
de 199414, posteriormente derogado por el Decreto 1791 de 2000 que en su
artículo 66 dispuso: «El personal que sea condenado por sentencia ejecutoriada
a la pena principal de prisión o arresto, por la Justicia Penal Militar o por la
Ordinaria, por delitos dolosos, será separado en forma absoluta de la Policía
Nacional y no podrá volver a pertenecer a la misma».
Tales motivos hacen preciso entender que cuando el artículo 104 del Decreto
1213 de 1990 prevé la «mala conducta comprobada» como una de las causales
de la asignación de retiro, el verdadero supuesto que contempla la norma para
hacerse a dicha prestación económica es la verificación de una falta disciplinaria
sancionable con el retiro del servicio, como lo es la sanción de destitución
prevista en el actual régimen disciplinario de la Policía Nacional o la de
separación absoluta en los casos en que dicha falta disciplinaria constituye
también un delito judicialmente sancionado con la imposición de una pena
principal de prisión o arresto.
En conclusión, los conceptos de retiro por «separación absoluta» y
«destitución» previstos en las disposiciones disciplinarias de la Policía
Nacional son equiparables a la causal de «mala conducta comprobada»
contenida en el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990, ello en virtud de la
evolución normativa que ha tenido tal régimen.». (Destaca la Sala).
En la misma dirección, en fallo de 19 de julio de 201915, esta Colegiatura
sostuvo:
(5126-2016); del 7 de marzo de 2019, radicado: 25000-23-42-000-2014-04425-01 (4314-
2017); y del 19 de julio de 2019, radicado: 25000-23-25-000-2017-00227-01(5445-18).
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, radicado: 76001-23-31-000-2006-02942-01 (2201-2007).
14 «Articulo 87. Separación absoluta. El oficial, suboficial o miembro del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional, que sea condenado por sentencia ejecutoriada a la pena principal de prisión
o arresto, por la Justicia Penal Militar o por la Ordinaria, salvo el caso de condena por delitos
culposos, será separado en forma absoluta de la Policía Nacional.
El oficial, suboficial o miembro del nivel ejecutivo que sea separado en forma absoluta, no podrá volver
a pertenecer a la Policía Nacional.»
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, radicado:
25000-23-25-000-2017-00227-01(5445-18).
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«[…] 51. En tal sentido, debe precisar la Sala que, como el demandante estuvo
vinculado durante toda su vida laboral al Ejército Nacional, hasta que se produjo
su retiro por separación absoluta, que como se indicó no se encuentra prevista
dentro del artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, lo cierto es que dicha situación
puede enmarcarse dentro de la causal de «mala conducta», razón por la cual,
al hacer una interpretación amplia de la norma, debe entenderse tal causal
como un tipo en blanco en donde se encuentran incluidos acontecimientos
que al verse cuestionados pueden culminar en una sanción bien sea de
carácter penal, fiscal o disciplinario, y que al ser llevadas al caso concreto,
evidencian que la separación de la actividad militar se fundamentó en la
existencia de mala conducta sin que ello implique la negativa al
reconocimiento de la asignación de retiro una vez se verifique el
complimiento de los requisitos legales del interesado.
Así las cosas, y como quiera que la figura de la separación absoluta es
equiparable a la causal de retiro del servicio por mala conducta comprobada, lo
cual resulta procedente en el caso bajo análisis, en la medida en que de acuerdo
con la hoja de servicios del demandante, su separación de la actividad militar se
produjo en cumplimiento de lo previsto por el Decreto 1790 de 2000, dicha
circunstancia constituye un hecho indicador de que su dimisión se dio por mala
conducta, por lo que será ésta la causal bajo la cual se verificará el cumplimiento
del tiempo de servicios para acceder a la asignación de retiro16.». (Resaltado
intencional).
Sobre el particular, la Sala aclara que si bien tal criterio fue expuesto respecto
de los artículos 163 y 104 de los Decretos 1211 y 1213 de 1990, dicho análisis
también resulta atendible en el caso del personal regido por el artículo 144 del
Decreto 1212 de ese año, habida cuenta de que este comparte el mismo vacío
normativo que aquellos (en cuanto no previeron la mentada causal de retiro),
y que el concepto de destitución consagrado en el artículo 61 del Decreto 1791
de 2000 resulta aplicable a todo el personal uniformado de la Policía Nacional,
sin excepción.
Al respecto se advierte que, a la fecha de terminación de la relación legal y
reglamentaria por destitución del demandante, este contaba con 17 años, 11
meses y 11 días de servicio en la Policía Nacional, tal como consta en la Hoja
de Servicios 79959747 del 5 de diciembre de 2014 (folio 21).
Por consiguiente, como al 31 de diciembre de 2004 (fecha de entrada en
vigencia de la Ley 923 de 2004) el demandante se encontraba en servicio
activo en la Policía Nacional, institución en la que laboró por más de 15 años
hasta cuando fue desvinculado, se colige que cumple los requisitos
consagrados tanto en la Ley 923 de 2004 como en el Decreto 1212 de 1990
para ser beneficiario de la asignación de retiro.
En conclusión: El señor Carlos Alberto Castro Cruz por ser miembro activo
de la Policía Nacional al momento de la entrada en vigencia de la Ley 923 de
2004, es beneficiario del régimen de transición del artículo 3.º ordinal 3.1.º de
dicha normativa y, en esa medida, para el reconocimiento de la asignación de
16 Al respecto debe señalarse que la Subsección A de esta sección mediante sentencia del 14
de septiembre de 2017 dentro del proceso 760012331000200602942-01consideró que «los
conceptos de retiro por «separación absoluta» y «destitución» previstos en las disposiciones
disciplinarias de la Policía Nacional son equiparables a la causal de «mala conducta
comprobada» contenida en el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990, ello en virtud de la
evolución normativa que ha tenido tal régimen».
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retiro no se le puede exigir un tiempo de servicio superior al señalado en el
artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 (15 años por ser retirado por separación
absoluta fundada en la causal de mala conducta). Bajo este entendido, aquel
cumple las exigencias para que se reconozca a su favor el pago de la
asignación de retiro con base en los preceptos de esta última regulación.
Decisión de segunda instancia
Según lo expuesto, se impone confirmar la sentencia proferida el 12 de marzo
de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, la cual accedió a las pretensiones de la parte activa, habida
cuenta de que no prosperan los argumentos del recurso de apelación
formulado por la entidad demandada.
De la condena en costas de segunda instancia
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201617, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP18, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
17 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
18 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
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17
Radicado: 25000-23-42-000-2017-01359-01 (0605-2021)
Demandante: Carlos Alberto Castro Cruz
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público19.
Por tanto, bajo este hilo argumentativo, en el presente caso se condenará en
costas a la entidad demandada y a favor del demandante, en la medida que
conforme el numeral 3.º del artículo 365 del CGP, la primera resultó vencida
en segunda instancia al confirmarse en su totalidad la sentencia recurrida, y
además la parte activa intervino en esta instancia al presentar escrito de
alegatos conforme con la constancia secretarial visible a folio 152 del plenario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 12 de marzo de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
que accedió a las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el
señor Carlos Alberto Castro Cruz contra la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional (CASUR).
Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la entidad demandada
y a favor del demandante, las cuales serán liquidadas por el a quo.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
19 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
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