Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01420-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01420-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-01420-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01420-01 (2759-2023)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República1
Demandadas: Claudia Patricia Zárate Martínez, Nidia Zárate González y
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2
Tema: Régimen especial pensión de jubilación de los congresistas.
Conmutación pensional
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 15 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por medio de la cual accedió de
manera parcial a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Fonprecon presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) la Resolución
0347 del 5 de julio de 1998, por medio de la cual se ordenó la afiliación de Claudia
Patricia Zárate Martínez y Nidia Zárate González a ese fondo como sustitutas de
la pensión de jubilación que en vida disfrutaba Arcadio Zárate Pérez, a partir del
19 de junio de 1994, y el reconocimiento y pago del reajuste especial equivalente
1 En lo que sigue Fonprecon.
2 En lo sucesivo Ugpp.
3 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-01420-01 (2759-2023)
Demandante: Fonprecon
al 75 % del ingreso mensual promedio de lo que devengaba un congresista para el
año de 1992; ii) la Resolución 00514 del 24 de julio de 1998, a través de la cual se
reconocieron unos intereses de mora a aquellas; y iii) la Resolución 000562 del 5
de agosto de 1998, que incluyó en nómina a la primera demandante; actos
administrativos expedidos por la directora general de esa entidad.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la declaración de que Claudia Patricia Zárate Martínez y Nidia Zárate
González no tenían derecho a ser afiliadas a Fonprecon, ni al reajuste pensional
del 75 % del ingreso mensual promedio de lo que devengaba un congresista para
el año de 1992; ii) la devolución de las sumas producto de dicho reajuste
debidamente indexadas; y iii) la determinación de que la Ugpp es la encargada del
pago de la prestación en virtud de la sustitución.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. A través de la Resolución 11002 del 20 de septiembre de 1983 la liquidada
Caja Nacional de Previsión Social4, hoy Ugpp, le reconoció a Arcadio Zárate Pérez
una pensión de jubilación, la cual, por su fallecimiento, fue sustituida a favor de
sus hijas Claudia Patricia Zárate Martínez y Nidia Zárate González por medio de la
Resolución 002684 del 22 de diciembre de 1991.
3.2. Por medio de la Resolución 0347 del 5 de junio de 1998, previa solicitud de
aquellas, Fonprecon ordenó su afiliación a la entidad y el reconocimiento y pago
en su favor del reajuste especial de la prestación sobre el 75 % del ingreso
mensual promedio que devengaba un congresista para el año 1992, el cual
percibieron desde el 19 de junio de 1994 hasta el año 2002.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4.Como tales, se señalaron los artículos 1 de la Ley 19 de 1987; 17 de la Ley 4ª
de 1992; 4, 8 y 17 del Decreto 1359 de 1993; 7 del Decreto 1293 de 1994; y 12 del
Decreto 816 de 2002.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente5:
4 En lo que sigue Cajanal.
5 Folios 25 a 31.
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Demandante: Fonprecon
5.1. No era procedente que Fonprecon asumiera la pensión reconocida a Aracadio
Zárate Pérez, la que a su vez fue sustituida a las demandadas, pues esta
prestación fue reconocida por la extinta Cajanal en el año 1983 y aquel con
posterioridad a este año no ejerció cargo alguno de congresista y no realizó
aportes al fondo por un tiempo no inferior a 1 año en forma continua o discontinua.
5.2. Por lo tanto, no habría lugar al reajuste especial de la pensión según el artículo
17 del Decreto 1359 de 1993, modificado por el artículo 7 del Decreto 1293 de
1994, pues para esto debe estar «afiliado a la entidad pensional del congreso y estar
efectuando cumplidamente las cotizaciones o aportes respectivos a la misma». Sin
perjuicio de lo anterior, ese reajuste correspondería al 50 % y no al 75 % como se
hizo.
5.3. Con la expedición de los actos administrativos se ha producido un
enriquecimiento sin causa o sin fundamento jurídico a favor de Claudia Patricia
Zárate Martínez y Nidia Zárate González, lo que ha causado un detrimento del
erario y un empobrecimiento de Fonprecon.
1.2. Contestaciones de la demanda
6. La Ugpp se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en las
siguientes consideraciones6:
6.1. En el asunto lo que se debate es la legalidad de unos actos administrativos a
través de los cuales Fonprecon afilió en la entidad a las demandadas y les
reconoció un reajuste, junto con sus intereses, como sustitutas pensionales del
causante y no alguno expedido por la Ugpp.
6.2. El
fondo demandante es el encargado del pago de la prestación, pues el
causante en su calidad de congresista la adquirió con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 33 de 1985 y terminó sus servicios como representante en el
año 1986, lo que lo habilitaba para ser su afiliado.
6.3. En ese sentido, la entidad no se vería perjudicada ni se beneficiaría con lo
resuelto en este asunto, referente al pago de la pensión que se encuentra
reconocida por Fonprecon.
6.4. Propusolas excepciones de: i) cobro de lo no debido de la obligación; ii)
caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; iii) prescripción;
6 Folios 79 a 88.
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Demandante: Fonprecon
iv) imposibilidad de condena en costas; v) compensación; y vi) genérica o
innominada.
7. Nidia Zarate González se opuso a las súplicas de la demanda con base en los
siguientes argumentos7:
7.1. El
causante cumplió con el tiempo de servicio exigido para acceder a la
pensión de jubilación en calidad de congresista, pues para la fecha del retiro del
Congreso de la República contaba con más de 20 años de servicio y con una edad
superior a 55 años, los que cumplió cuando ejercía como representante a la
Cámara por la Circunscripción Electoral de Córdoba. Por lo tanto, sí resultaba
procedente la conmutación efectuada por la entidad demandante.
7.2. Es procedente el reajuste especial que le fue concedido a las demandadas de
conformidad con lo establecido en el Decreto 1359 de 1993, en armonía con el
artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.
7.3. Propuso las excepciones de: i) falta de requisitos de la demanda – inepta
demanda; ii) litisconsorte necesario; y iii) caducidad de la acción.
8. Claudia Patricia Zarate Martínez, a través de curador ad litem, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones y manifestó que se atiene a lo que resulte
probado en el proceso. Propuso las excepciones de: i) existencia de la obligación
de reintegro de mesadas pensionales; ii) inexistencia de vulneración de principios
constitucionales y legales; y iii) prescripción8.
1.3. La sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
en sentencia del 15 de febrero de 2023 accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, para lo cual declaró i) probada la excepción de caducidad
respecto de la Resolución 0514 del 24 de julio de 1998; y ii) la nulidad parcial de
las resoluciones 0347 del 5 de junio de 1998 y 0562 del 5 de agosto de 1998.
10. En consecuencia, ordenó a Fonprecon reajustar la mesada pensional de las
demandadas en consideración al 50 % de lo que devengaba un congresista en el
año 1994.
7 Folios 101 vuelto a 106.
8 Folios 183 a 185.
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Demandante: Fonprecon
11. Como fundamento de su decisión señaló lo siguiente9:
11.1. Los actos administrativos demandados en este asunto se encontraban
sometidos a una condición resolutoria, la cual consistía en que el pago de la
prestación pensional en sustitución solo era factible, en el caso de Nidia Zárate
González, hasta el mes de febrero de 1997 y, en cuanto a Claudia Patricia Zárate
Martínez, hasta el 19 de abril de 2002, siempre y cuando hasta esas fechas
acreditarán estudios ante la Oficina de Planeación y Sistemas de la entidad.
11.2. En ese sentido, las resoluciones 0347 del 5 de junio de 1998 y 0562 del 5 de
agosto de 1998 perdieron su ejecutoriedad y/o obligatoriedad, toda vez que la
condición resolutoria a la cual estaban sometidas ya fue cumplida, es decir el pago
de la prestación pensional feneció el 19 de abril de 2002; no obstante, hay lugar a
efectuar el control de legalidad de esos actos administrativos por el tiempo en el
cual estuvieron vigentes.
11.3. Así las cosas, la Ley 33 de 1985 en el artículo 14 dispuso la creación de
Fonprecon como un establecimiento público del orden nacional, dotado de
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A su vez, en el artículo 24 se
estableció que Cajanal continuaría prestando los servicios y pagando las
prestaciones sociales a los congresistas y a los empleados del Congreso hasta
tanto las autoridades previstas en la ley hayan expedido o aprobado, según el
caso, los estatutos, la planta de personal y el presupuesto de ese fondo y que,
desde ese momento, automáticamente quedarían canceladas las afiliaciones de
aquellos afiliados al segundo ente de previsión social aludido.
11.4. Aunado a lo anterior, el Decreto 2837 de 1986 previó que Fonprecon debía
atender las prestaciones económicas de los miembros del Congreso a partir del 26
de marzo de 1986.
11.5. Así entonces, desde el momento en el cual fueron expedidos los estatutos, la
planta de personal y el presupuesto del fondo, automáticamente quedó cancelada
la afiliación de los congresistas a Cajanal. Adicionalmente, a partir del 26 de marzo
de 1986 la entidad debía reconocer y pagar las prestaciones económicas de estos.
11.6. En este sentido, Fonprecon en el momento de expedición de los actos
administrativos demandados sí tenía competencia para el reconocimiento de la
sustitución pensional, toda vez que el causante fue congresista.
9 Folios 248 a 265.
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Demandante: Fonprecon
11.7. Ahora bien, como la pensión se reconoció con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 4ª de 1992, es susceptible del reajuste especial previsto en el
artículo 7 del Decreto 1293 de 1994, esto es, por 1 sola vez y hasta alcanzar el
50 % la pensión que devengaba un congresista, con efectos fiscales a partir del 1º
de enero de 1994.
11.8. Por lo tanto, el fondo no tenía razón para reajustar la prestación sustituida a
las demandadas con base al 75 % de lo que por todo concepto percibió un
congresista, ya que según la Ley 4ª de 1992 ese porcentaje se encontraba dirigido
a los que se pensionaran a partir de su entrada en vigencia y no a los que lo
hubieran realizado con anterioridad.
11.9. Resulta improcedente el reintegro de los pagos efectuados por concepto de
reajuste pensional, pues no resulta admisible que la entidad demandante, alegue
en su favor la culpa en la que incurrió al reconocer dichos conceptos, máxime
cuando dentro del plenario no obra prueba alguna que permita establecer que las
demandadas actuaron con mala fe para obtener el pago de los valores
mencionados.
11.10. Como la Resolución 0514 del 24 de julio de 1998, mediante la cual la entidad
demandada reconoció a favor de las demandadas unos intereses de mora sobre el
reajuste establecido en el Decreto 1359 de 1993, no es un acto administrativo de
aquellos que reconoce una prestación periódica, y por lo tanto se encuentra
sometido al término de 4 meses para configurarse la caducidad del medio de
control; y como este fue notificado según Fonprecon por conducta concluyente el
24 de julio de 1998 y la demanda se presentó el 24 de marzo de 2017, se tiene
que su presentación fue por fuera de la oportunidad procesal pertinente y frente a
este se configuró dicha figura jurídica.
11.11. No hay lugar a la condena en costas, en la medida en que no se probó su
causación y no se observó conducta temeraria o de mala fe, en consideración a lo
previsto en los artículos 188 del CPACA y 365 del Código General del Proceso
(CGP).
1.4. El recurso de apelación
12. Fonprecon apeló la sentencia de primera instancia al considerar lo siguiente10:
10 Folios 272 a 276.
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Demandante: Fonprecon
12.1. Al causante de la pensión de jubilación no le asistía el derecho a la aplicación
del régimen especial de congresistas, dado que su vinculación como
representante a la Cámara terminó el 6 de diciembre de 1981, fecha a partir de la
cual Cajanal le reconoció la prestación con las cotizaciones que efectuó a esta
entidad de previsión social.
12.2. Aunado a ello, para ese momento el fondo aún no había sido creado y no se
había expedido la Ley 4ª de 1992 ni los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994,
por tanto, el causante no fue congresista en vigencia del régimen especial de los
congresistas.
12.3. En este sentido, la entidad no tenía la obligación de asumir, bajo la figura de
la conmutación, el pago y posterior reajuste de la pensión de jubilación de Arcadio
Zárate Pérez, sustituida a las demandadas.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
13. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.
1.6. El Ministerio Público
14. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
15. El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se contrae a
determinar ¿si al causante de la pensión de jubilación, quien tuvo la calidad de
congresista hasta el 19 de julio de 1986, le asiste el derecho al reconocimiento de
su pensión de jubilación conforme al régimen especial previsto en la Ley 4ª de
1992 y el Decreto 1359 de 1993? y ¿si Fonprecon tenía la obligación de asumir,
bajo la figura de la conmutación, el pago y reajuste de la prestación, sustituida a
las demandadas?
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Demandante: Fonprecon
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Régimen pensional de los congresistas
16. Con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992 la pensión de
jubilación a la que tenían derecho los congresistas se regía por las disposiciones
de la Ley 6ª de 1945 y las sucesivas normas que la modificaron o derogaron. Así
lo estableció el artículo 7 de la Ley 48 de 1962, al precisar que dichos servidores
públicos «gozarán de las mismas prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas
para los servidores públicos en la Ley 6ª. de 1945 y demás disposiciones que la adicionen
o reformen».
17. Posteriormente, la Ley 33 de 1985 modificó el requisito de edad para tener
derecho a la pensión de jubilación prevista en la Ley 6ª de 1945 y lo aumentó a 55
años y, además, en el parágrafo del artículo 1 creó un régimen de transición para
aquellos que a la fecha de su expedición tuvieran 15 años de servicios, quienes se
regirían por las normas anteriores.
18. A su vez, el artículo 14 de la Ley 33 de 1985 dispuso la creación de Fonprecon
como un establecimiento público nacional con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y cuyo objeto era asumir, por mandato del artículo 15 ibidem, el
pago de las prestaciones a favor de sus empleados y los del Congreso de la
República y de los congresistas.
19. El Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, con el fin de regular los
objetivos y criterios que el gobierno nacional debía acatar para fijar el régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos. En el artículo 17, le ordenó a
este último reglamentar el régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de los
congresistas; además delimitó los parámetros para la determinación del monto de
la prestación social y su forma de liquidación11. En virtud de lo anterior, se profirió
el Decreto 1359 de 1993 aplicable «a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4 de
1992 tuvieren la calidad de Senador o Representante a la Cámara», es decir, para el 18
11 La norma disponía lo siguiente: «Artículo 17. El Gobierno Nacional establecerá un régimen de
pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los Representantes y Senadores. Aquéllas
y éstas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año, y
por todo concepto, perciba el Congresista. Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se
reajuste el salario mínimo legal. Parágrafo. La liquidación de las pensiones, reajustes y
sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo
concepto devenguen los Representantes y Senadores en la fecha en que se decrete la jubilación,
el reajuste, o la sustitución respectiva». (Lo tachado fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-258 de 2013).
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Demandante: Fonprecon
de mayo de 1992.
20. El decreto en mención en el artículo 4 estableció dos requisitos que debían
cumplir los congresistas para acceder al régimen pensional especial, que son: i)
encontrarse afiliados al fondo pensional del congreso y hacer las cotizaciones a
dicho fondo; y ii) haber tomado posesión del cargo. Las exigencias para obtener el
derecho las fijó en el artículo 7 del Decreto 1359 de 1993 de la siguiente manera:
«Artículo 7.º. Definición. Cuando quienes en su condición de Senadores o
Representantes a la Cámara, lleguen o hayan llegado a la edad que dispone el
artículo 1º, parágrafo 2o de la Ley 33 de 1985 y adicionalmente cumplan o hayan
cumplido 20 años de servicios, continuos o discontinuos en una o en diferentes
entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hayan
cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto Colombiano de
Seguros Sociales, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988,
tendrán derecho a una pensión vitalicia de jubilación que no podrá ser inferior al 75%
del ingreso mensual promedio, que durante el último año y por todo concepto
devenguen los Congresistas en ejercicio, de conformidad con lo establecido en los
artículos 5º y 6º del presente Decreto».
21. De este modo, los congresistas que cumplieran con los requisitos de edad y
tiempo de servicio expuestos tendrían derecho al reconocimiento de una pensión
de jubilación no inferior al 75 % del ingreso mensual promedio que devengaran en
el último año de servicio.
22. No obstante, la Ley 100 de 1993 permitió al gobierno nacional incorporar al
sistema general de pensiones a los servidores públicos y aun a los congresistas
con respeto del régimen de transición fijado en su artículo 36 y sus derechos
adquiridos12. Esta facultad se ejerció con la expedición del Decreto 691 de 1994
que así lo dispuso en el artículo 1 literal b). De igual manera, profirió el Decreto
1293 de 1994 en el que reguló un régimen de transición específico y definió que
sus beneficiarios estarían excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 100 de
1993. El régimen transicional se reglamentó así:
«Artículo 2. Régimen de transición de los senadores, representantes,
empleados del congreso de la república y del fondo de previsión social del
congreso. Los senadores, los representantes, los empleados del Congreso de la
República y los empleados del Fondo de Previsión Social del Congreso, tendrán
derecho a los beneficios del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, siempre que a 1.° de abril de 1994, hayan cumplido alguno de los
siguientes requisitos:
12 Artículo 273.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-01420-01 (2759-2023)
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a) Haber cumplido cuarenta (40) o más años de edad si son hombres o treinta y
cinco (35) o más años de edad, si son mujeres.
b). Haber cotizado o prestado servicios durante quince (15) años o más.
Parágrafo. El régimen de transición de que trata el presente artículo se aplicará
también para aquellas personas que hubieran sido senadores o representantes con
anterioridad al 1º de abril de 1994, sean o no elegidos para legislaturas posteriores,
siempre y cuando cumplan a esa fecha con los requisitos de que tratan los literales
a) o b) de este artículo, salvo que a la fecha señalada tuvieran un régimen aplicable
diferente, en cuyo caso este último será el que conservarán».13
23. De igual manera, el párrafo del artículo 3 del Decreto 1293 de 1994 incluyó a
otros beneficiarios del régimen de transición al disponer que «se aplicará también
para aquellos senadores y representantes que durante la legislatura que termina el 20 de
junio de 1994 tuvieren una situación jurídica consolidada al cumplir antes de dicha fecha,
veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos en una o diferentes entidades de
derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hubieran cumplido y
cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto de Seguros Sociales en cualquier
modalidad».
24. Ahora bien, el gobierno nacional extendió el anterior régimen especial a los
magistrados de las altas cortes. Lo hizo a través del Decreto 104 de 199414 en el
que determinó que a estos servidores públicos «se les reconocerán las pensiones
teniendo en cuenta los mismos factores salariales y cuantías de los Senadores de la
República y Representantes a la Cámara en los términos establecidos en las normas
legales vigentes»15. De igual forma, el Decreto 047 de 199516 dispuso que «[l]os
Magistrados señalados en el inciso anterior que al 20 de junio de 1994 desempeñaban
sus cargos en propiedad en las citadas corporaciones, podrán optar por pensionarse
cuando reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicios señalados para los
13 El Consejo de Estado declaró nulo el parágrafo subrayado al considerar lo siguiente: «a) La
norma que determinó el régimen de transición para los congresistas no podía pretender la
protección de expectativas frente a este régimen para quienes no hubieran ostentado tal calidad
entre el 19 de diciembre de 1992 y el 1.º de abril de 1994, o no fueran reincorporados como
congresistas en períodos posteriores.
b) Quien había sido congresista antes del 19 de diciembre de 1992 y no fuera elegido
posteriormente, no tenía ninguna expectativa por consolidar, es decir, no podía adquirir derecho
pensional conforme al régimen especial por cuanto no reunía uno de sus requisitos: estar en
servicio activo. Resultaba pues que, aún estando en el régimen de transición, nunca alcanzaría la
condición necesaria para adquirir el derecho a la pensión especial prevista para los congresistas».
Consejo de Estado, Sección Segunda, consejera ponente Ana Margarita Olaya Forero, sentencia
de 27 de octubre de 2005, Radicado: 11001-03-25-000-2003-00423-01(5677-03).
14 «Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional de la Rama Judicial,
del Ministerio Público, de la Justicia Penal Militar (…)».
15 Artículo 28.
16 «Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional de la Rama Judicial,
del Ministerio Público, de la Justicia Penal Militar».
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Demandante: Fonprecon
Congresistas en el parágrafo del artículo 3o. del Decreto 1293 de 1994». Ese contenido
normativo se reprodujo en los decretos 34 de 1996, 47 de 1997 y 65 de 199817.
25. En 1999, se profirió el Decreto 043 que estableció para los magistrados « que a 1
de abril de 1994 desempeñaban sus cargos en propiedad y cumplían las condiciones
previstas por el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993» podían pensionarse con
«los mismos factores y cuantías de los Senadores de la República y Representantes a la
Cámara en los términos establecidos en las normas vigentes». A continuación, dispuso
que también tendrían este derecho «cuando reúnan los requisitos de edad y tiempo de
servicio señalados para los Congresistas en el parágrafo del artículo 3 del Decreto 1293
de 1994».
26. La parte subrayada fue declarada nula por la Sala Plena de Consejo de Estado
en la sentencia IJ-008 del 18 de noviembre de 2002. En esta providencia se
consideró que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1359 de 1993 no
incluyeron como requisito para la aplicación del régimen pensional especial el
desempeñar el empleo al 1° de abril de 1994. Por tal razón, consideró que la
norma debía retirarse del ordenamiento «al incluir requisitos nuevos no previstos en la
Ley para acceder al beneficio especial acerca de la forma de liquidar las pensiones de
jubilación, incurre en contradicción con el ordenamiento superior, pues ninguna norma lo
dispone y dicho régimen por comprender aspectos de seguridad social, su regulación es
de competencia del legislador».
27. Pese a lo anterior, la jurisprudencia constitucional sostuvo que, aunque la
postura anterior era válida por coincidir con las normas constitucionales vigentes al
momento de plantearse, con la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 se
produjo un cambio de parámetro en el control de constitucionalidad y una
inconstitucionalidad sobreviniente que ameritaba una nueva interpretación de la
norma.
28. En ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, en la
que examinó la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, manifestó que
«los argumentos por los cuales la Corte descartó el desconocimiento del derecho a la
igualdad en la Sentencia C-608 de 1999, deben ser revisados a partir de la expedición del
Acto Legislativo 1 de 2005. [lo que imponía] estudiar si bajo la óptica de este nuevo
esquema pensional introducido en 2005, el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 desconoce o
no la garantía a la igualdad consagrada en el artículo 13 Superior».
29. La Corte, en el nuevo estudio adelantado en esta sentencia, señaló que para
ser beneficiario del régimen previsto en los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994
17 Artículos 28, 25, respectivamente.
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Demandante: Fonprecon
sí es requisito necesario que ocupara el empleo para el 1° de abril de 1994. Como
fundamento de lo anterior, se expuso que la protección que otorga el régimen de
transición se refleja sobre las expectativas legítimas de quien aspira a pensionarse
con tales normas y que no podían afectarse por la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993, situación que no puede predicarse de quien se vinculó con posterioridad
a esa fecha.
30. En efecto, en la providencia se denunció que el contenido del artículo 17 de la
Ley 4ª de 1992 permitía interpretar que personas que no estaban afiliadas al
régimen especial allí previsto para el 1° de abril de 1994 pudieran acceder a su
régimen de transición si posteriormente fueron elegidas o nombradas congresistas
o magistrados de altas cortes. A juicio de la Corte, esta deducción vulneraba el
principio de igualdad al equiparar 2 grupos de personas que no están en igual
situación: de un lado, a quienes sí estaban en el régimen especial antes del 1° de
abril de 1994, y de otro, a todos los que estaban fuera del régimen especial en esa
fecha. Tal equiparación desconocía que el régimen de transición protege las
expectativas legítimas «(p)or tanto, permitir que personas que no tenían ese tipo de
expectativa puedan beneficiarse de las ventajas que otorga el régimen especial al que da
lugar el precepto acusado, es avalar un tratamiento diferenciado –respecto de todos los
demás afiliados al sistema de pensiones- sin justificación. Recuérdese que a la luz del
artículo 13 Superior»18.
31. Precisamente, en la sentencia SU-210 de 2017 la Corte explicó que la postura
asumida en la sentencia C-258 de 2013 fue clara al señalar que «la finalidad del
régimen de transición es la de proteger las expectativas ciertas y existentes de quienes se
encontraban cotizando a un régimen de pensión especial al momento de entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, el 1.º de abril de 1994. Por esta razón, para ser
beneficiario de la Ley 4.ª de 1992, era necesario que el Congresista o Magistrado hubiese
tenido tal calidad, con anterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada Ley 100 de
1993 (1.º de abril de 1994)». De esta manera, recalcó que esta nueva postura es la
que debe ser acogida por los jueces y no la anterior de la Sala Plena del Consejo
de Estado, pues «constituye el precedente en vigor y con fuerza de cosa juzgada
constitucional».
32. Por su parte, el Consejo de Estado también ha exigido el cumplimiento de este
requisito, en armonía con lo expuesto. Así, en una sentencia reciente concluyó
que «tanto los congresistas como los magistrados de altas cortes que no tuvieran dicha
calidad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, ha de entenderse que
carecían de una expectativa legítima respecto del régimen especial que los gobernaba
con anterioridad al sistema general de seguridad social en pensiones, aspecto que buscó
18 C-258 de 2013.
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Demandante: Fonprecon
proteger el régimen de transición previsto en el precitado Decreto 1293 de 1994»19.
33. La posición antedicha ha sido plasmada también en otros pronunciamientos20 y
concuerda con la asumida en la sentencia de unificación CE-SUJ2-018-2021 en la
que se estudió el alcance de los artículos 1, 4 y 7 del Decreto 1359 de 1993.
Ciertamente, en la providencia se precisó el alcance del régimen especial de
pensiones que regulan y sus destinatarios y se definió la siguiente regla de
unificación22:
«1. Son beneficiarios del régimen especial de congresistas consagrado en el
Decreto 1359 de 1993:
1.1 Los congresistas que ejercieron su labor entre el 18 de mayo de 1992 y
adquirieron el estatus, fecha en que entró en vigencia la Ley 4 de 1992 y hasta el
1 de abril de 1994, data en que entró en vigor la Ley 100 de 1993, siempre que
cumplan los requisitos consagrados en el art. 4 y 7 del Decreto 1359 de 1993, que son:
a) Estar afiliado a Fonprecon, realizar aportes a dicha entidad y haber tomado posesión
del cargo.
b) Cumplir los requisitos de edad, esto es, la mujer 50 años y el hombre 55. Inciso 2
del parágrafo 2 del art. 1 de la Ley 33 de 1985.
c) Cumplir 20 años continuos o discontinuos en una o diferentes entidades de derecho
público o haber cumplido o cotizado los 20 años parte en el sector privado y ante el
ISS. Art. 7º del Decreto 1359 de 1993».
34. De igual manera, en la providencia de unificación se estudió el correcto
entendimiento del artículo 2 y el párrafo del artículo 3 del Decreto 1293 de 1994
que estableció el régimen de transición para los congresistas y magistrados de las
altas cortes y que se citaron con antelación en esta providencia. En ella, se
delimitó su aplicación en la siguiente regla de unificación:
«1.3 Los ex congresistas beneficiarios del régimen de transición consagrado en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que les permite obtener el derecho a la aplicación
del régimen especial consagrado en el Decreto 1359 de 1993 son los siguientes:
1.3.1 Los excongresistas que cumplan los siguientes requisitos:
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020,
radicado 25000-23-42-000-2014-00999-01(3840-16).
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021,
radicado 25000-23-25-000-2007-00242-01(0927-11).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de diciembre de 2019,
radicado 25000-23-25-000-2012-00638-01(0403-17).
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 8 de octubre de 2020, radicación: 25000-
23-42-000-2013-05893-01(0815-2015) CE-SUJ2-018-20.
22 La providencia también estableció otra regla para la aplicación del artículo 8.º del Decreto 1359
de 1993 que regula la situación de los congresistas pensionados vueltos a elegir; no obstante, no
se profundizará sobre esta por no ser este el supuesto de hecho que se analiza en esta sentencia.
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a) Que el congresista para el 1 de abril de 1994 cuando cobró vigencia dicha ley,
tenga: a) (sic) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o 15 años o
más de servicios efectivamente cotizados.
b) Que el congresista reúna los requerimientos propios del régimen especial que son:
i) El ejercicio de la actividad legislativa a partir el 18 de mayo de 1992 y que dicha
situación no varió hasta la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1.º de
abril de 1994.
ii) Cumplir los requisitos de edad, esto es, la mujer 50 años y el hombre 55. Inciso 2º
del parágrafo 2º del art. 1º de la Ley 33 de 1985.
iii) Cumplir 20 años continuos o discontinuos en una o diferentes entidades de derecho
público o haber cumplido o cotizado los 20 años parte en el sector privado y ante el
ISS. Art. 7º del Decreto 1359 de 1993.
iv) Haber tomado posesión del cargo de congresista;
v) Haberse afiliado a la entidad pensional del Congreso –Fonprecon-.
vi) Haber efectuado cumplidamente las cotizaciones o aportes ante dicha entidad
pensional.
1.3.2 Los excongresistas que durante la legislatura que termina el 20 de junio de
1994:
Hubiesen cumplido 20 años de servicios continuos o discontinuos en una o diferentes
entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hubieran
cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto de Seguros
Sociales en cualquier modalidad, con derecho a obtener el reconocimiento, en este
caso en particular, a la edad de 50 años».
35. Así las cosas, tanto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional como en la
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado ha primado el criterio
según el cual, para que un congresista o magistrado de alta corte pueda ser
beneficiario del régimen previsto en los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, sí
es requisito necesario que ocuparan sus empleos como congresista o magistrado
para el 1° de abril de 1994. Quienes no acrediten tal supuesto fáctico se rigen por
la Ley 100 de 1993, en materia pensional.
36. Por último, es importante precisar que, la pensión reconocida en virtud del
Decreto 1359 de 1993 debe liquidarse con el ingreso base de liquidación (IBL)
previsto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con la
interpretación de la Corte Constitucional del Acto Legislativo 01 de 2005 en la
sentencia C-258 de 201323 y la sentencia de unificación de la Sección Segunda del
23 Así lo hizo la Corte Constitucional al declarar la inexequibilidad de las expresiones «durante el
último año», «y por todo concepto», «Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se
reajuste el salario mínimo legal» del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 por considerar que
establecían un privilegio con respecto a los demás regímenes lo que vulneraba el principio de
igualdad y no contribuía al financiamiento del sistema pensional. Ahora, en consideración que los
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Consejo de Estado antes citada. En efecto, en esta última se fijó la siguiente regla
de unificación:
«1.4 El reconocimiento de la pensión de jubilación de congresistas y su
reliquidación, para los beneficiarios del régimen de transición, está a cargo de
Fonprecon y se concede de acuerdo con las modificaciones que se imprimieron a
los artículos 5 y 6 del Decreto 1359 de 1993, por cuenta del Acto Legislativo 01 de
2005, siguiendo los siguientes parámetros:
a) El ingreso básico de liquidación (IBL) debe obedecer a las reglas contenidas
en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993, según el caso;
b) Como factores de liquidación solo aplicarán: a) aquellos ingresos que hayan
sido recibidos efectivamente por el beneficiario; b) tengan carácter remunerativo del
servicio; y, c) sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas;
c) El porcentaje de liquidación pensional debe corresponder a un 75% del
ingreso base de liquidación
d) La mesada pensional no puede superar el tope o límite de 25 de SMLMV; y,
se debe reajustar cada año según el IPC».
37. Lo anterior porque el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solo incluyó dentro del
régimen de transición los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y
tasa de reemplazo, pero no el ingreso base de liquidación.
2.3. Lo probado dentro del proceso
38. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
38.1. Por medio de la Resolución 11002 del 20 de septiembre de 198324, Cajanal le
reconoció la pensión de jubilación a Arcadio Zárate Pérez por haber acreditado un
tiempo de servicios como empleado público de 21 años, 3 meses y 20 días y 55
años de edad, cumplidos el 6 de diciembre de 1981, comoquiera que nació el 6 de
diciembre de 1926. La cuantía de la prestación se fijó en $ 63.957.19, a partir del 6
de diciembre de 1981; sin embargo, su disfrute quedó condicionado al retiro
definitivo del servicio.
38.2. Ocurrida la anterior condición, a través de la Resolución 01689 del 6 de marzo
de 198725 Cajanal reliquidó la pensión de jubilación. El montó de la prestación
resultó en $ 104.312.24, efectiva desde el 2 de julio de 1986.
artículos 5.º y 6.º del Decreto 1359 de 1993 también contienen la expresión «por todo concepto»,
por comunicabilidad normativa debe aplicarse el criterio de la Corte sobre este punto. En esa
medida, para efectos de liquidar la pensión la norma que rige es el artículo 21 y 36 de la Ley 100
de 1993.
24 Folios 31 a 34 del cuaderno que contiene los antecedentes administrativos.
25 Folios 46 a 48 ibidem.
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38.3. Según la constancia laboral del 8 de julio de 198626, suscrita por el secretario
auxiliar de la Cámara de Representantes, Acadio Zárate fue elegido como
representante principal por la circunscripción electoral del departamento de
Córdoba para el periodo constitucional 1978-1982 y «tomó posesión de su cargo el
día 20 de julio de 1978, según consta en los Anales No. de 1.978, página 87 y actuó hasta
el 19 de julio de 1982».
38.4. De conformidad con la constancia laboral del 20 de julio de 198627, expedida
por el secretario auxiliar de la Cámara de Representantes, aquel fue elegido como
representante principal por la circunscripción electoral del departamento de
Córdoba para el periodo constitucional 1982-1986 y prestó sus servicios de la
siguiente manera:
«Que tomó posesión de su cargo el día 20 de Julio de 1.982, según consta en los
Anales No. 16 de 1.982, página 226.
Que se retiró el día 2 de Marzo de 1.983, según consta en los Anales 16 de 1.983,
página 250.
Que entró el día 3 de Marzo de 1.983, según consta en los Anales No. 16 de 1.983,
página 250.
Que se retiró el día 1º de Agosto de 1.984, según consta en los Anales No. 33 de
1.984, página 461.
Que entró el día 1º de Septiembre de 1.984, según consta en los Anales No. 54 de
1.984, página 716 y hasta el 19 de Julio de 1986.
Que el doctor Zárate Pérez no fue reelegido para la siguiente legislatura» (sic).
38.5. Mediante la Resolución 02684 del 22 de agosto de 199128, expedida por
Cajanal, se sustituyó la pensión que aquel devengaba en vida, a sus hijas Claudia
Nidia Zárate González y Patricia Zárate Martínez, prestación a la que tendrían
derecho hasta el 19 de abril de 1995 y el 28 de junio de 1989, respectivamente,
fechas en las que cumplían la mayoría de edad o hasta cuando cesara «su
incapacidad por estudios», efectiva a partir del 19 de mayo de 1987, día siguiente
del fallecimiento del causante, en un 50 % para cada una, quienes estaban
representadas por sus madres.
26 Folios 38 ibidem.
27 Folios 39 ibidem.
28 Folios 116 a 119 ibidem.
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38.6. A través de la Resolución 0347 del 5 de junio de 199829, la directora general
de Fonprecon ordenó la afiliación de aquellas a la entidad pensional en su calidad
de sustitutas pensionales de su padre, a partir del 19 de junio de 1994. Además,
se les reconoció y ordenó el pago en su favor del reajuste especial equivalente al
75 % del ingreso mensual promedio que devengaba un congresista para el año
1992, con efectos fiscales a partir del 19 de junio de 1994. Asimismo, se dispuso
lo siguiente:
«Del presente reajuste se le descontarán los valores recibidos por la señorita Nidia
Zárate González y Claudia Patricia Zárate Martínez, por concepto de mesadas
pensional es pagadas por parte de la caja nacional de previsión social desde el 19 de
julio de 1994 hasta el mes de febrero de 1997 y agosto de 1997 respectivamente y
teniendo en cuenta que se han retirado de la nómina en santidad como sustitutas
pensionales y presenten dicha certificación ante esta entidad.
Que es de aclarar que la señorita Nidia Zárate González fue suspendida de la nómina
de pensionados del Canal por vencimiento de la sustitución y a Claudia Patricia Zárate
Martínez por cuanto a crédito certificados de estudio en jornada nocturna».
38.7. Mediante la Resolución 000514 del 24 de julio de 199830, Fonprecon
reconoció el pago de unos intereses de mora a las demandadas en calidad de
sustitutas del causante, sobre el reajuste especial que se le concedió en su
momento en cumplimiento de la Resolución 0347 del 5 de junio de este año.
38.8. Por medio de la Resolución 000562 del 5 de agosto de 199831, suscrita por la
directora general de Fonprecon, se ordenó la inclusión en nómina de pensionados
de Claudia Patricia Zárate Martínez desde del mes de septiembre de 1997 y hasta
el 19 de abril de 2002, siempre y cuando acreditara estudios y dependencia
económica en un 100 %.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
39. En atención al material probatorio y de conformidad con los hechos
constatados, se tiene que Arcadio Zárate nació el 6 de diciembre de 1926 y prestó
servicios públicos por más de 20 años, dentro de los cuales fue representante
principal por la circunscripción electoral del departamento de Córdoba para los
periodos constitucionales 1978-1982 y 1982-1986, cargo que ejerció hasta el 19
de junio de este último año.
40. Por medio de la Resolución 11002 del 20 de septiembre de 1983, Cajanal le
29 Folios 5 a 14.
30 Folios 15 a 17.
31 Folios 18 a 20.
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Demandante: Fonprecon
reconoció a aquel la pensión de jubilación, la cual fue reliquidada por el retiro
definitivo del servicio ocurrido el 19 de junio de 1986. Esta prestación, por el
fallecimiento del causante, fue sustituida a favor de sus hijas Claudia Nidia Zárate
González y Patricia Zárate Martínez, prestación a la que tendrían derecho hasta el
19 de abril de 1995 y el 28 de junio de 1989, respectivamente, fechas en las que
cumplían la mayoría de edad o hasta cuando cesara «su incapacidad por estudios»,
efectiva a partir del 19 de mayo de 1987, en un 50 % para cada una.
41. A través de la Resolución 0347 del 5 de junio de 1998, la directora general de
Fonprecon ordenó la afiliación de aquellas a la entidad pensional en su calidad de
sustitutas pensionales de su padre, a partir del 19 de junio de 1994. Además, se
reconoció y ordenó el pago en su favor del reajuste especial equivalente al 75 %
del ingreso mensual promedio que venga un congresista para el año de 1992, con
efectos fiscales a partir del 19 de junio de 1994.
42. En estas condiciones, y conforme al marco normativo expuesto, es posible
establecer que a aquel no le resultaba aplicable el régimen especial de pensiones
de los congresistas previsto en el Decreto 1359 de 1993, puesto que a la fecha de
entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992, esto es el 18 de mayo de 1992, no era
congresista, condición que de acuerdo con las reglas fijadas en la sentencia de
unificación CESUJ2-018-20 del 8 de octubre de 2020 resultaba indispensable para
ser beneficiario de este.
43. Ahora, valga precisar que no se encuentra en discusión que el causante de la
pensión era destinatario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, toda vez que al 1º de abril de 1994, fecha de su entrada en
vigencia, tenía más de 40 años de edad pues nació el 6 de diciembre de 1926; no
obstante, no se benefició de la transición dispuesta en el artículo 2 del Decreto
1293 de 1994, pues esta fue establecida para quienes ocuparon el empleo de
congresista entre el 18 de mayo de 1992 y el 1º de abril de 1994, lo que no se
acreditó en el asunto.
44. Así las cosas, el causante de la pensión no era beneficiario del régimen
especial de los congresistas previsto en el Decreto 1359 de 1993, toda vez que no
ejerció en esa calidad entre el 18 de mayo de 1992 (fecha de entrada en vigencia
de la Ley 4ª de 1992) y el 1° de abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993). Por tanto, no ha debido conmutarse la pensión por parte de
Fonprecon ni afiliarse a la entidad a las demandadas, lo que lleva a que, contrario
a lo establecido por el a quo, el reconocimiento de ese derecho debía ser
reasumido por Cajanal.
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45. Ahora bien, en relación con el reajuste especial de la pensión de jubilación
reconocida a Arcadio Zárate Pérez, sustituida a las demandadas, la Sala observa
que Fonprecon no se encuentra en desacuerdo con la procedencia del beneficio
sino el porcentaje en el que fue reconocido, toda vez que no debió ser en un 75 %
del salario devengado por un congresista en el año 1994, sino en un 50 %.
46. Al respecto, en la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-017 la Sección Segunda
del Consejo de Estado indicó que el referido beneficio corresponde al 50 % del
promedio de las pensiones devengadas por los congresistas para el año 1994 y
surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1994, así como lo dispuso el a
quo.
47. En efecto, el reajuste pensional reconocido a las demandadas, como sustitutas
de la pensión que en vida disfrutaba su padre, es contrario a lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico, toda vez que se otorgó en un porcentaje superior al
ordenado por los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, por lo que lo procedente
sería la anulación los actos administrativos sometidos a control judicial por
desconocer los postulados legales en que debieron fundarse.
48. Ahora bien, resulta necesario aludir al artículo 91 del CPACA, en relación con la
pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos, que dispuso:
«Artículo 91. Pérdida de Ejecutoriedad del Acto Administrativo. Salvo norma
expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no
hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán
obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los
actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia» (se resalta).
49. Así entonces, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no
hayan sido anulados por la jurisdicción contencioso-administrativa y perderán su
obligatoriedad cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentren
sometidos, entre otros casos.
50. En este asunto, los actos administrativos acusados se encontraban sometidos
a una condición resolutoria, la cual consistía en que el pago de la pensión
sustituida únicamente procedería hasta el mes de febrero de 1997 en el caso de
Nidia Zárate González y en el de Claudia Patricia Zárate Martínez hasta el 19 de
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abril de 2002, siempre y cuando hasta estas fechas se acreditaran estudios.
51. En virtud de lo anterior, la Sala encuentra que las resoluciones 0347 del 5 de
junio y 0562 del 5 de agosto de 1998 perdieron su ejecutoriedad y/o
obligatoriedad, puesto que la condición resolutoria a la que estaban sometidas ya
fue cumplida, es decir, el pago de la prestación terminó a más tardar el 19 de abril
de 2002.
52. En este sentido, y en consideración a que no hay lugar a la devolución de los
dineros solicitados por la entidad demandada, como bien se consideró en la
primera instancia, lo que no fue objeto de reproche en el recurso interpuesto,
luego de declarar la nulidad de unos actos administrativos que, valga señalar,
perdieron su ejecutoriedad y/o obligatoriedad, no correspondía ordenar un reajuste
sobre una prestación a la cual ya no tienen derecho las demandadas.
53. Así entonces, la Sala confirmará de forma parcial la sentencia proferida el 15 de
febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la
demanda, toda vez que se revocará el ordinal 3 en tanto ordenó a Fonprecon que
estableciera la mesada pensional que era devengada por las demandadas, en la
forma que corresponde, esto es, con el 50 % de la pensión a que tendrían derecho
los congresistas activos en el año 1994, toda vez que, como se expuso la
condición resolutoria a la que estaba sometido el acto se cumplió en los años 1997
y 2002, de manera que la entidad no debe elaborar acto administrativo alguno
tendiente a modificar las condiciones de la prestación que ya no está obligada a
pagar.
2.5. Costas
54. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
55. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-01420-01 (2759-2023)
Demandante: Fonprecon
56. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma32.
57. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
58. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
59. Confundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que el causante de la
pensión no era beneficiario del régimen especial de los congresistas previsto en el
Decreto 1359 de 1993. Por tanto, no ha debido conmutarse la pensión por parte
de Fonprecon ni afiliarse a la entidad a las demandadas, lo que lleva a que el
reconocimiento de ese derecho debía ser reasumido por Cajanal.
60. El
reajuste pensional reconocido a las demandadas, como sustitutas de la
pensión que en vida disfrutaba su padre, es contrario a lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico, toda vez que se otorgó en un porcentaje superior al
ordenado por los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, por lo que lo procedente
es la anulación los actos administrativos sometidos a control judicial por
desconocer los postulados legales en que debieron fundarse.
61. No obstante, las resoluciones 0347 del 5 de junio y 0562 del 5 de agosto de
1998 perdieron su ejecutoriedad y/o obligatoriedad, puesto que la condición
resolutoria a la que estaban sometidos ya fue cumplida, es decir, el pago de la
prestación terminó a más tardar el 19 de abril de 2002, por tanto, no era necesario
ordenar al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, que
estableciera nuevamente la mesada pensional con el 50% de la prestación.
32 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-01420-01 (2759-2023)
Demandante: Fonprecon
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el ordinal 3 de la sentencia del 15 de febrero de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección C
y, en su lugar, abstenerse de emitir orden alguna a Fonprecon.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del 15 de febrero de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección C,
que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda presentada por
Fonprecon en contra de la Claudia Patricia Zárate Martínez, Nidia Zárate González
y la Ugpp, por las razones expuestas en esta providencia.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
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