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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02006-02

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02006-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que est攃Ān en curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, dentro del proceso promovido por Colpensiones contra el señor David Forero Moyano, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Angélica Margoth Cohen Mendoza para actuar como apoderada de Colpensiones, identificada con cédula de ciudadanía 32.709.957 y tarjeta profesional 102.786 del Consejo Superior de la Judicatura, y como apoderado sustituto al abogado Marcos Tercero Narváez Vergara, identificado con cédula de ciudadanía 92.557.653 y tarjeta profesional 135.629 del Consejo Superior de la Judicatura37. CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia. En firme esta providencia, se dispone devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-02006-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de abril de 2025

Radicación: 25000-23-42-000-2017-02006-02 (7122-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: David Forero Moyano

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-02006-02 (7122-2023)1
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: David Forero Moyano

Tema: pensión de vejez. Subtemas 1. Lesividad. 2. Devolución de mesadas
pensionales pagadas de buena fe. 3. Inaplicación por inconstitucionalidad de la
expresión «[…] y que est攃Ān en curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 23 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones, alega en el
proceso que el demandado no tenía derecho al reconocimiento de la pensión de vejez
reconocida, mediante la Resolución GNR 22940 del 4 de marzo de 2013 dada su
incompatibilidad con la pensión gracia otorgada por la Caja Nacional de Previsión
Social, a través de la Resolución 15626 del 15 de agosto de 2000.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Colpensiones por conducto de apoderado, presentó demanda2 en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra el señor David
Forero Moyano, de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho
que a continuación se señalan3.

1 Expediente híbrido: Conformado simultáneamente por documentos físicos y electrónicos, que a pesar de estar

separados, forman una sola unidad documental por razones del proceso, trámite o actuación. Acuerdo PCSJA20-
11567 de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura.
2 24 de abril de 2017.
3 Folios 6 a 15 del expediente físico.

1

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Radicación: 25000-23-42-000-2017-02006-02 (7122-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: David Forero Moyano

2.1.1. Pretensiones

2. La entidad demandante solicitó la nulidad de la Resolución GNR 22940 del 4 de
marzo de 2013, que le reconoció una pensión de vejez al señor David Forero Moyano.

3. A título de restablecimiento del derecho pidió la devolución de las mesadas
pensionales pagadas al señor David Forero Moyano desde el momento en que se le
incluyó en la nómina de pensionados, debidamente indexadas. También reclamó la
devolución de los aportes a salud del pensionado.

4. Adujo que debía vincularse como litisconsorte a la EPS Salud Total, porque
ostenta una relación jurídica independiente del demandado como parte procesal.

2.1.2. Hechos

5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

6. El señor David Forero Moyano nació el 23 de junio de 1949 y Colpensiones le
reconoció una pensión de vejez mediante la Resolución GNR 22940 del 4 de marzo
de 2013, efectiva desde el 1°. de marzo de 2013; sin embargo, la Caja Nacional de
Previsión Social ya le había reconocido una pensión gracia, a través de la Resolución
15620 del 15 de agosto de 2000, efectiva desde el 23 de junio de 1999.

7. Colpensiones solicitó el consentimiento del demandado para revocar la
Resolución GNR 22940 del 4 de marzo de 2013, pero no fue otorgado.

8. Mediante la Resolución GNR 410800 del 17 de diciembre de 2015,
Colpensiones ordenó el reintegro de $3.953.498 por concepto de mesadas recibidas,
y $539.000 a la EPS Salud Total.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

9. En la demanda se citan como normas vulneradas las siguientes:

La Constitución Política.
De la Ley 100 de 1993, el artículo 36.
La Ley 812 de 2003.
El Decreto 1278 de 2002.

10. Al explicar el concepto de violación la entidad accionante expuso los siguientes
argumentos:

11. El artículo 128 de la Constitución Política prohíbe percibir más de una
asignación del tesoro público, por ello, la pensión de vejez reconocida por
Colpensiones, mediante la Resolución GNR 22940 del 4 de marzo de 2013, es
incompatible con la pensión de jubilación otorgada por la Caja Nacional de Previsión
Social, a través de la Resolución 15626 del 15 de agosto de 2000.

12. El pago de la pensión sin cumplir los requisitos legales afecta la estabilidad
financiera del Sistema General de Pensiones, establecido en el Acto Legislativo 01 de

2

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Demandante: Colpensiones
Demandado: David Forero Moyano

2005, toda vez que los recursos del sistema son limitados. Por tanto, en estos eventos,
la administración puede demandar su propio acto para que se anule la decisión ilegal
que es lesiva a los intereses de la administración.

2.1.4. Contestación de la demanda

2.1.4.1. Demandado

13. El señor David Forero Moyano se opuso a las pretensiones de la demanda, pero
la contestación de la demanda fue extemporánea4.

2.1.4.2. EPS Salud Total

14. La EPS Salud Total, a través de apoderado, vinculada como litisconsorte,
contestó la demanda, así5:

15. La eventual declaratoria de nulidad de la resolución de reconocimiento
pensional, expedida por Colpensiones, no conlleva al restablecimiento del derecho
pedido en la demanda y afectará solamente al pensionado, así «la situación jurídica
particular creada mediante dicha resolución recae únicamente en la consolidación del
derecho prestacional a favor de un usuario y en nada se relaciona o atañe a SALUD
TOTAL EPS».

16. La obligación de reintegro de las contribuciones parafiscales en salud le
corresponde exclusivamente a la Administradora Colombiana de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), quien es la autoridad que los
administra. Al respecto, explicó que los descuentos que se realizan sobre los ingresos
del administrado son dineros públicos con destinación específica, girados por las EPS
al FOSYGA.

17. Propuso las excepciones que denominó inepta demanda, falta de legitimación
en la causa por pasiva, cobro de lo no debido, prescripción y buena fe.

2.2. Sentencia de primera instancia

18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia del 23 de agosto de 2013, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, por tanto, declaró la nulidad de la Resolución GNR 22940 del 4 de
marzo de 2013; ordenó suspender de forma inmediata la mesada pensional
devengada por el demandado; y no condenó en costas, con fundamento en los
siguientes argumentos6:

19. Las pensiones de jubilación y de vejez son incompatibles de acuerdo con los
artículos 31 del Decreto 3135 de 1968 y 88 del Decreto 1848 de 1969; a su vez la
Constitución Política de 1991 y la Ley 100 de 1993 prohíben la posibilidad de percibir
simultáneamente dos pensiones reconocidas con el tiempo de servicios en el sector
público, por ello, el beneficiario debe escoger la pensión más favorable. Sin embargo,

4 Folios 159 a 161 del expediente físico.
5 Folios 55 a 67, expediente físico.
6 Folios 418 a 428, expediente físico.

3

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Demandante: Colpensiones
Demandado: David Forero Moyano

relató que existen ciertas excepciones a la regla general de prohibición, como en el
caso de la pensión gracia, regulada en la Ley 114 de 1913, que es compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, siempre que esta se haya causado por servicios
prestados como docente.

20. En el caso concreto, se solicitó la nulidad de la resolución proferida por
Colpensiones que le reconoció al demandado una pensión de vejez, pese a que ya tenía
reconocida una pensión gracia por parte de CAJANAL. Al respecto, el Tribunal resaltó
que la pensión otorgada por Colpensiones computó los tiempos laborados en empresas
privadas y en el Ministerio de Comunicaciones, desde 1991 hasta el año 2013, y que
previó expresamente la incompatibilidad con cualquier otra asignación del tesoro
público.

21. Ahora bien, el Tribunal precisó que la pensión gracia es compatible con la
pensión ordinaria de jubilación solo cuando la pensión ordinaria se haya causado por
los servicios docentes, en tanto, «la compatibilidad que consagra la normativa para los
docentes oficiales es para percibir salario por un cargo de tiempo completo con otras
retribuciones que no sean de tiempo completo […] y de mesadas por pensión gracia
con pensión ordinaria por causa docente»7. Entonces, concluyó que la resolución
demandada, en la que Colpensiones le reconoció al demandado una pensión de vejez,
es incompatible con la pensión gracia porque aquella no es de carácter docente,
puesto que tuvo en cuenta los tiempos de servicios en el sector privado y en el
Ministerio de Comunicaciones.

22. En este orden de ideas, declaró la nulidad de la resolución demandada, pero
negó el restablecimiento del derecho relativo a que se ordenara al pensionado devolver
los dineros, en atención a que fueron percibidos de buena fe.

23. No impuso condena en costas contra la parte vencida, en tanto, no se demostró
su causación ni que la parte haya actuado de forma temeraria o de mala fe.

2.3. Recurso de apelación

24. Colpensiones, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación, al indicar
que comparte la declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado; sin
embargo, ha debido accederse al restablecimiento del derecho porque el accionado
actuó de mala fe, ya que el desconocimiento de la ley no es excusa para sustraerse
de los deberes ciudadanos. En el caso concreto, el jubilado conocía que estaba
percibiendo una pensión a la que no tenía derecho y de no accederse a la devolución
se afecta gravemente la estabilidad financiera del sistema pensional8.

2.4. Trámite procesal

25. Mediante auto del 14 de marzo de 2024 se admitió el recurso de apelación
presentado por el apoderado de la parte demandante, y al no existir pruebas se
prescindió del periodo para correr traslado a las partes, en aplicación del numeral 5
del artículo 67 de la Ley 2080 de 20219.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de febrero de 2005, proceso con radicado

25000-23-25-000-1998-00951-01 (2840-00), M.P. Tarcisio Cáceres Toro.
8 Folios 436 a 438 del expediente físico.
9 Índice 4 Samai.

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Demandante: Colpensiones
Demandado: David Forero Moyano

2.5. Concepto de Ministerio Público

26. La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado solicitó que se
confirme la sentencia al indicar que no se demostró que el señor David Forero Moyano
actuara con fraude o mala fe, ni que empleara maniobras engañosas para obtener
dicha pensión. Además, aunque se argumenta que el pago afecta la sostenibilidad
financiera del sistema, la ley no contempla esta situación como motivo para exigir la
devolución de las mesadas pagadas y recibidas de buena fe10.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

27. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Cuestión previa

28. Con ocasión de la expedición de la Ley 2080 de 2021 el legislador adoptó un
nuevo esquema en materia de resolución de las excepciones genuinamente previas y
las de naturaleza perentoria. En punto de la caducidad, como excepción perentoria,
existen dos momentos en los cuales se prevé su estudio y resolución, a saber: i) en
cualquier estado del proceso, a través de sentencia anticipada, siempre que el
juzgador la encuentre probada (artículos 175, inciso 4, parágrafo 2, y 182A, numeral
3 del CPACA11); y ii) en la sentencia de fondo (artículo 187 del CPACA12), oportunidad
esta última en la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que encuentre probada13.

10 Índice 10 Samai.
11 «ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.

El nuevo texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada: […].
3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la
transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. […].»
12 «ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. […].

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. […]».
13 Sobre este particular puede verse auto de sala unitaria de 16 de septiembre de 2021. Rad. 05001-23-33-000-

2019-02462-01 (2648-2021). MP William Hernández Gómez, en el cual se precisó que: « Al respecto, se tiene que
el inciso 4.º del parágrafo 2.º del artículo 175 del CPACA (modificado por el artículo 38 de la Ley 2080) consagró
que las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la
causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos
en el numeral tercero del artículo 182A, y este determinó que podrá dictarse esta providencia, en cualquier estado
del proceso, cuando el juzgador advierta demostrada una de las perentorias citadas. A su vez, el artículo 187 ibidem
señaló que en la sentencia se pronunciará sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada.
En ese orden de ideas, la resolución de defensa materializada en las excepciones perentorias nominadas, no
pueden decidirse mediante auto antes de la audiencia inicial, ni en la citada diligencia judicial, sino que solo se
declararán fundadas por medio de sentencia anticipada, acorde con los lineamientos precisados en el numeral
tercero del artículo 182A del CPACA o, de lo contrario, esto es, cuando todavía no se encuentren probadas o
demostradas, el juzgador tendrá la opción de dirimirlas en la sentencia ordinaria que defina de fondo las
pretensiones de la demanda, conforme al artículo 187 del CPACA.» [destacado fuera del texto].
5

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29. Esta aclaración resulta importante si se tiene en cuenta que a través de la Ley
2381 de 2024 se introdujo una modificación, por la cual se establece un término de
caducidad, frente a las demandas que la administración formula contra sus propios
actos de reconocimiento pensional.

30. Bajo estos supuestos, y teniendo en cuenta que en este asunto no hay lugar a
emitir una sentencia anticipada para declarar probada la caducidad, toda vez que dicho
término no resulta aplicable al caso concreto, como se explicará más adelante, le
corresponde a la Sala en este momento procesal pronunciarse frente a este tópico. Lo
anterior, si se tiene en cuenta que al encontrase el proceso al despacho para dictar
sentencia es procedente, en los términos de los artículos 187 y 207 del CPACA,
resolver cualquier excepción propuesta y de las que el juez eventualmente encuentre
probadas, entre ellas, la caducidad del medio de control y, adicionalmente, ejercer el
control de legalidad y saneamiento del proceso.

31. Precisado lo anterior, y como se anunció en líneas anteriores, el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024 en su primera parte estableció un término de caducidad de 5 años
«para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las
pensiones reconocidas», contado a partir del reconocimiento de la referida prestación.
Así se observa en el texto del citado artículo 86 ibidem:

«ART䤃ĀCULO 86. T䔃ĀRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES
RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no
podr愃Ān ser ejercidas despu攃Ās de cinco (5) a渃̀os a partir del reconocimiento de las
pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando
se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito a las pensiones reconocidas sobre
las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas
después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les
aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley. Los procesos con respecto a los
cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las
cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del recurso extraordinario de
revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de
esta ley.» [destacado fuera del texto]

32. Visto lo anterior, se tiene que, en el caso concreto, Colpensiones solicita la
nulidad de la Resolución GNR 22940 del 4 de marzo de 2013, por medio de la cual se
reconoció una pensión de vejez hace más de 11 años, por lo que es necesario
establecer si hay lugar a la aplicación del nuevo término de caducidad, sin perder de
vista las reglas previstas en el ordenamiento jurídico, en materia de tránsito legislativo,
tratándose de leyes que regulan la sustanciación y las ritualidades propias de los
juicios.

33. En efecto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en tanto establece un término
de caducidad de 5 años para el ejercicio de las «acciones administrativas y
contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas» se considera de
aquellas normas mediante las cuales se establecen las reglas de sustanciación y
ritualidades propias de los juicios, por lo que para efectos de su aplicación en el tránsito

6

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legislativo anunciado es menester acudir a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153
de 188714.

34. Lo anterior, porque si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 señala que el
referido término de caducidad aplicará incluso para las «acciones administrativas y/o
contencioso administrativas» en curso, lo cierto es que la regulación legal de la
caducidad como instituto procesal, mediante el cual se limita el derecho de acción,
guarda una íntima relación con las formas propias de los juicios, esto es, con la
sustanciación y ritualidades previstas para regular el derecho de acceso a la
administración de justicia.

35. En tal sentido, aunque, por regla general las normas procesales se consideran
de orden público y de inmediata aplicación, lo cierto es que, el legislador de 1887 no
pasó por alto la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y
seguridad jurídica estableciendo una serie de excepciones que hacen posible, aun
frente a cambios normativos sobrevinientes, aplicar las reglas que gobiernan la
sustanciación y ritualidades en los asuntos judiciales vigentes al momento en que son
interpuestos los recursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a
contabilizarse t攃Ārminos como el establecido para la caducidad de los medios de
control.

36. Esos mismos principios, de confianza legítima y seguridad jurídica, que
inspiraron la adopción de este tipo de reglas en materia de tránsito legislativo en el
siglo XIX, siguen presentes en el texto constitucional de 1991, según puede verse en
los artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 8315. Así las cosas, el carácter preconstitucional de la Ley
153 de 1887 en nada contradice el espíritu de la Constitución de 1991, por el contrario,
las reglas previstas en esta ley siguen siendo una importante herramienta que
contribuye a la interpretación y aplicación de las distintas disposiciones que integran
el ordenamiento jurídico vigente.

37. En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al caso concreto resulta aplicable la regulación en
materia de caducidad prevista en el texto original del literal c, del artículo 164 del
CPACA, dado que, al momento de su formulación era la disposición que en materia de
oportunidad para presentar la demanda se encontraba vigente y en la cual, vale la
pena precisar, no se tenía previsto término de caducidad alguno.

38. Esta consideración, no solo encuentra sustento en la aplicación de las reglas de
sustanciación y ritualidades propias de los juicios, previstas en la Ley 153 de 1887,
sino también en la necesidad de garantizar plenamente el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia de quien motivado por un interés general
14 «Art椃Āculo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y

ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los t攃Ārminos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regir愃Ān por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la
demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.» [destacado fuera del texto].
15 «La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado

que este principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos
1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta». Corte Constitucional, sentencia T-502 de 2002.
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persigue la nulidad de un acto administrativo que estima ilegal y que compromete
recursos públicos.

39. En este punto, no puede perderse de vista que, ante la imposibilidad de revocar
sus propios actos, sin el consentimiento del interesado, la administración debe estar
provista de mecanismos judiciales que le permitan discutir su legalidad como ocurre
con el presente medio de control, en el que la titular del derecho prestacional
cuestionado, en todo caso, ha visto garantizados sus derechos de defensa y
contradicción durante el trámite procesal impartido.

40. Adicionalmente, es importante recordar que la Corte Constitucional en
sentencia C-1049 de 200416, ya había señalado que «exceptuar una determinada
acción del régimen general de la caducidad no vulnera por si sola los deberes estatales
de protección ni otras normas de la Constitución, a condición de que se trate de una
medida justificada y razonable».

41. Por último, la Sala advierte que el término de caducidad establecido en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 persigue dotar de firmeza las decisiones
administrativas, a través de las cuales se reconocen derechos pensionales, sin
embargo, dicho propósito no cobija los actos de reconocimiento pensional que a la
fecha de entrada en vigencia de la mencionada Ley 2381 ya han sido cuestionados
mediante acciones judiciales formuladas bajo reglas procesales desprovistas de
caducidad. En tal sentido, corresponde al juez de lo contencioso - administrativo
determinar la aplicación de este término en atención a las particularidades de cada
caso.

42. En estos términos, la expresión, «[…] y que est攃Ān en curso […]», prevista en
el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 se considera incompatible con los artículos 29 y
229 de la CP y los principios constitucionales de confianza legítima y seguridad
jurídica17, motivo por el cual, la Sala con fundamento en el artículo 4 de la Constitución
Política18 dispondrá su inaplicación por inconstitucionalidad. En consecuencia, para el
caso concreto, no resulta aplicable el término de caducidad establecido en el artículo
86 ibidem, por lo que se procederá con el estudio del recurso de apelación formulado
por la parte demandante contra la sentencia proferida el 23 de agosto de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

3.3. Problema jurídico

43. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandante contra el fallo de primera instancia, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, si:

¿Es procedente ordenarle al demandado que reintegre los dineros recibidos con
ocasión del reconocimiento de la pensión de vejez?
16
En esa oportunidad la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» prevista en el numeral
2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
17
En sentencia C-054 de 2016, la Corte Constitucional precisó que: «el artículo 4º C.P. implica que en todo caso debe preferirse
la vigencia sustantiva de la Constitución cuando entre en contradicción con el contenido de una norma jurídica de inferior jerarquía.
Según lo han sostenido diferentes vertientes de la teoría del derecho, dicha compatibilidad no solo se predica de las previsiones
constitucionales comprendidas como reglas, sino también de los principios, valores y postulados de moralidad política que dan
sentido a la Carta Política». (Destacado fuera del texto).
18
«ARTÍCULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra
norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales».
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3.2. Improcedencia de la devolución de las sumas pagadas de buena fe

44. La jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que la declaratoria de
nulidad conlleva una consecuencia restitutoria, por la cual, las partes tienen derecho
«[…] para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el
acto o contrato nulo», como lo señala el artículo 1746 del Código Civil, por ello, el acto
ilegal es retirado del ordenamiento jurídico y las situaciones particulares deberían
retrotraerse19.

45. Sin embargo, debe hacerse una interpretación armónica con el artículo 164
numeral 1º literal c) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo el cual prevé que cuando la demanda «[s]e dirija contra actos que
reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas […] no habrá lugar
a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».

46. Al respecto, la Corte Constitucional consideró que la facultad de la
administración de demandar en cualquier tiempo los actos administrativos que
reconocen prestaciones periódicas, no vulnera los principios de confianza legítima y
seguridad jurídica, por cuanto el legislador no está partiendo de la mala fe de los
administrados20. En efecto, la Corte explicó que «la administración no recuperará las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe»21,así:

Cabe precisar, que la misma disposición ampara el principio de la buena fe cuando
señala que “no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de
buena fe”, con lo cual, el cargo de inconstitucionalidad no está llamado a prosperar ya
que sería un contrasentido alegar vulneración del artículo 83 Superior cuando el mismo
legislador expresamente acuerda plenos efectos jurídicos al mencionado principio
constitucional.

Tampoco se trata de que la administración revoque de manera intempestiva e inconsulta
su propio acto, sino que, según la disposición acusada, debe acudir a la jurisdicción
correspondiente a demandarlo, con lo cual, el legislador garantiza además el debido
proceso y por lo tanto el derecho de defensa de la personas en cuyo favor se ha
expedido el respectivo acto administrativo de reconocimiento de una prestación
periódica.

47. Así pues, el artículo 83 de la Carta Política prevé la presunción de buena fe,
relacionada con una conducta leal y honesta, caracterizada por la «confianza, rectitud,
decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las
diversas actuaciones de las autoridades, la cual se presume»22 , así23:

Respecto del principio de buena fe, éste ha sido definido por la jurisprudencia
constitucional como aquel que “exige a los particulares y a las autoridades públicas
ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Segunda Especial de Decisión, sentencia

del 5 de mayo de 2020, proceso con radicado 08001-33-31-006-2007-00010-01(AP)REV. En el mismo sentido, ver
fallo del 13 de agosto de 2021, Sala Novena Especial de Decisión, proceso con radicado 66001-33-33-001-2012-
00141-01 (AG) REV.
20 Corte Constitucional, sentencia C-1049 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
21 Ídem

22 Corte Constitucional, sentencia C-131 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
23 Corte Constitucional, sentencia C-504 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

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actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”24. En este
contexto, la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con
trascendencia jurídica, y se refiere a la ‘confianza, seguridad y credibilidad que otorga
la palabra dada.’25”26

48. En consecuencia, en los casos donde se reconozcan prestaciones periódicas, no
se podrán recuperar los pagos realizados a aquellos que hayan actuado de buena fe, en
consonancia con el principio de seguridad jurídica y confianza legítima, tal como lo
establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3.4. Hechos probados

49. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:

• Reconocimiento pensional de CAJANAL

50. La Caja Nacional de Previsión Social, a través de la Resolución 15626 del 5 de
agosto de 2000, le reconoció una pensión gracia al señor David Forero Moyano, por
prestar sus servicios como docente, desde el 23 de mayo de 1974 hasta el 30 de
agosto de 1999, en el Distrito Capital de Bogotá, efectiva desde el 23 de junio de
199927.

• Reconocimiento pensional de Colpensiones

51. Colpensiones, mediante la Resolución GNR 022940 del 4 de marzo de 2013, le
reconoció una pensión de vejez al señor David Forero Moyano, por haber laborado en
«SER TEMPOR DE COL LTDA», el Banco del Estado, «CORP GRANC AHORRO» y el
Ministerio de Comunicaciones, con fundamento en el Decreto 758 de 1990, efectiva
desde el 1°. de marzo de 201328.

3.5. Caso concreto

52. En el asunto bajo estudio, Colpensiones solicitó la nulidad de la resolución que
le reconoció al señor David Forero Moyano una pensión de vejez, regulada por el
Decreto 758 de 1990, que computó tiempos laborados en el sector privado y el sector
público. Así mismo, pidió que se condenara al pensionado a devolver todas las sumas
de dinero pagadas.

53. El Tribunal declaró la nulidad de la resolución demandada y negó la pretensión
relativa a ordenarle al accionado que reintegrara a la entidad las sumas pagadas por
concepto del reconocimiento pensional, porque percibió las mesadas pensionales de
buena fe.

54. Inconforme con esta decisión, la entidad demandante interpuso recurso de
apelación para pedir que se acceda a la pretensión de restablecimiento del derecho.

24 Ver Sentencia T-475 de 1992
25 Ibídem.
26 Ver sentencia C-1194 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
27 Folios 26 vuelto y 27 del expediente físico.
28 Folios 164 a 166 del expediente físico.

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55. Descendiendo al asunto bajo análisis, el pronunciamiento en segunda instancia
se limitará a resolver los planteamientos del recurso de apelación, de conformidad con
el principio de congruencia de la sentencia regulado en el artículo 281 del Código General
del Proceso29 y el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo relativo al contenido de la sentencia 30. En efecto, una
manifestación del referido principio de congruencia consiste en que la competencia del
juez está condicionada por las pretensiones del recurrente y la voluntad de interponer el
recurso, así lo expuso la Corte Constitucional en la sentencia SU -327 de 199531:

[…] las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso,
condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado
estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe
resolver el ad quem: “Tantum devolutum quantum appellatum”. Es decir, que para
que el juez de segundo grado pueda pronunciarse, no sólo debe mediar un recurso
válido, sino que él debe ser presentado por parte legítima, esto es, aquélla que
padezca un perjuicio o invoque un agravio y persevere en el recurso.
En otros términos, la apelación siempre se entiende interpuesta en lo
desfavorable, tanto que una alzada propuesta contra una decisión que de ninguna
manera agravia, tendría que ser declarada desierta por falta de interés para
recurrir, pues tal falta afecta la legitimación en la causa. Por tanto, tratándose de
apelante único, esto es, de un único interés (o de múltiples intereses no
confrontados), no se puede empeorar la situación del apelante, pues al hacerlo se
afectaría la parte favorable de la decisión impugnada, que no fue transferida para
el conocimiento del superior funcional.

56. Ahora bien, con el objeto de resolver el recurso de apelación se destaca que el
artículo 164 numeral 1º literal c) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo prevé que no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe. A su turno, tal como se explicó en el marco
jurisprudencial, la Corte Constitucional explicó que «la administración no recuperará las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe»32. Ciertamente, el artículo 83 de la
Carta Política prevé la presunción de buena fe, relacionada con una conducta leal y
honesta, distinguida por la «confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la
palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades, la
cual se presume»33.

57. En el caso concreto, y a la luz del mandato constitucional, se presume la buena
fe del señor David Forero Moyano en la actuación de solicitar el reconocimiento
pensional; no obstante, dicha presunción admite prueba en contrario, lo cual obliga a
remitirse al artículo 167 del Código General del Proceso según el cual incumbe a las

29 Código General del Proceso, artículo 281. Congruencias: «La sentencia deberá estar en consonancia con los

hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con
las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. […]»
Aplicable por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
30 Ley 1437 de 2011, artículo 187: «La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la

demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y
doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión
y citando los textos legales que se apliquen […]»
31 Corte Constitucional, sentencia SU 327 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
32 Ídem
33 Corte Constitucional, sentencia C-131 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández

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partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen.

58. Entonces se colige que la entidad tiene la carga de la prueba de demostrar los
hechos con ocasión de los cuales presuntamente se acreditaría que la conducta del
señor David Forero Moyano fue contraria a los postulados de la buena fe, en su
actuación ante la administración pública. Sin embargo, a partir del análisis de la prueba
documental recaudada en el proceso, relacionada en el acápite de hechos probados,
no se infiere que el pensionado haya inducido en error a la administración, mediante
la utilización de documentos falsos o incurriendo en conductas fraudulentes.

59. A pesar de la referida carga procesal, la entidad solamente reprocha que se
causa un perjuicio al sistema pensional, frente a lo que debe decirse que el Acto
Legislativo 01 de 200534 ordena al Estado garantizar la sostenibilidad financiera del
sistema pensional, y que el Acto Legislativo 01 de 2011 indica que las autoridades
administrativas, legislativas o judiciales bajo ninguna circunstancia podrán invocar la
sostenibilidad fiscal «para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su
alcance o negar su protección efectiva»35. Por tanto, se desestima lo reprochado en el
recurso de apelación.

60. En consecuencia, se confirmará el fallo del Tribunal que anuló el acto
demandado y negó la devolución de las sumas pagadas al accionado.

3.6. Conclusión de la decisión

61. Así las cosas, en virtud del mandato constitucional contenido en el artículo 83
de la Carta Política, Colpensiones tenía la carga de desvirtuar la presunción de buena
fe en la actuación del señor David Forero Moyano; sin embargo, no obran elementos
de juicio que demuestren la existencia de una conducta contraria a la honestidad, para
defraudar a la administración, como la utilización de un documento fraudulento, falso
o apócrifo dentro de la actuación administrativa.

4. Costas

presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 36 de la
62. La
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
34 «Artículo 1, que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política: […] El Estado garantizará los derechos, la

sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el
pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se
expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad
financiera de lo establecido en ellas. […]».
35
«Artículo 1, parágrafo, que modificó el artículo 334 de la Constitución Política: […] Al interpretar el presente artículo, bajo
ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal
para menoscabar Los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva […]».
36
La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia
de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo,
el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP,
con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en
los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una
interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269
del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen

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presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte haya
incurrido en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que est攃Ān en
curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de agosto de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, dentro del proceso promovido
por Colpensiones contra el señor David Forero Moyano, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Angélica Margoth Cohen
Mendoza para actuar como apoderada de Colpensiones, identificada con cédula de
ciudadanía 32.709.957 y tarjeta profesional 102.786 del Consejo Superior de la
Judicatura, y como apoderado sustituto al abogado Marcos Tercero Narváez Vergara,
identificado con cédula de ciudadanía 92.557.653 y tarjeta profesional 135.629 del
Consejo Superior de la Judicatura37.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.

En firme esta providencia, se dispone devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la
conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su
causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
37 Índice 9 Samai.

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Demandado: David Forero Moyano

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

NJCC/HDGM

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