Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02313-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02313-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-02313-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 25000-23-42-000-2017-02313-01 (6210-2019)
Demandante : Hernán Armando Astorquiza Ordóñez
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1
Tema : Reliquidación pensional. Régimen de Transición Ley 100 de
1993 (Decreto 546 de 1971- Ley 71 de 1988).
Decisión : Revoca la sentencia de primera instancia. Declara la nulidad
parcial de los actos administrativos demandados y ordena la
reliquidación de la pensión del actor con la inclusión de la prima
especial de servicios.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia
proferida el 9 de agosto de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Hernán Armando Astorquiza Ordóñez presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho con el fin de obtener la nulidad de la Resolución RDP 42156 del 4 de
noviembre de 2016, mediante la cual se negó la reliquidación de su pensión de jubilación,
así como de las resoluciones RDP 1275 del 18 de enero y RDP 7017 del 23 de febrero
de 2017, que resolvieron de manera desfavorable los recursos de reposición y apelación.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó la reliquidación de su pensión en
cuantía equivalente al 75 % de la asignación mensual más alta devengada durante el
último año de servicio, con fundamento en el régimen previsto en el Decreto 546 de 1971.
De manera subsidiaria, pidió reliquidar la prestación con el 75 % del promedio de lo
devengado en el último año de servicio, con inclusión de todos los factores salariales
percibidos (Decreto 2709 de 1994).2 En caso de no prosperar dichas pretensiones,
1 En adelante UGPP.
2 Tales como asignación básica, incremento de antigüedad, prima de navidad, prima de vacaciones, prima especial de
servicios, prima de servicios, así como cualquier otro emolumento constitutivo de salario.
Radicación: 25000-23-42-000-2017-02313-01 (6210-2019)
Demandante: Hernán Armando Astorquiza Ordóñez
deprecó recalcular la pensión con base en el IBL correspondiente al promedio de lo
devengado durante los últimos diez años de servicio, conforme al artículo 21 de la Ley
100 de 1993, lo que a su juicio arroja una mesada inicial de $ 3.076.669,44. Finalmente,
reclamó el pago del retroactivo por las diferencias pensionales debidamente indexadas,
los intereses moratorios y la condena en costas y agencias en derecho.
3. Para el efecto relató que nació el 28 de julio de 1952 y laboró durante 19 años, 10
meses y 8 días al servicio de entidades públicas y 10 meses en el sector privado. De ese
tiempo, 11 años, 9 meses y 1 día correspondieron a la Rama Judicial y al Ministerio
Público.
4. La UGPP, mediante la Resolución RDP 033810 del 5 de noviembre de 2014, le
reconoció pensión de jubilación por aportes (Ley 71 de 1988) a partir del 28 de julio de
2012, fecha en la que cumplió 60 años de edad, decisión confirmada en la Resolución
RDP 3078 del 27 de enero de 2015.3 Posteriormente, el actor solicitó la reliquidación de
la prestación con fundamento en el Decreto 546 de 1971, en aplicación del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993; no obstante, la petición fue negada a través de los actos
administrativos demandados.
5. Sostuvo que, en virtud del principio de condición más beneficiosa, tiene derecho a que
su pensión se liquide conforme al artículo 6.° del Decreto 546 de 1971, el cual exige 20
años de servicio sin requerir que todos correspondan al servicio público, por lo que
considera posible acumular el tiempo laborado en el sector privado, máxime cuando
acredita más de 10 años al servicio del Ministerio Público. En apoyo de su postura citó la
sentencia T-430 de 2011 de la Corte Constitucional.
6. De manera subsidiaria, expuso que igualmente es procedente la reliquidación de la
pensión por aportes con inclusión en el IBL de todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicio, conforme al artículo 6.º del Decreto 2709 de 1994. En
todo caso, afirmó que de no accederse a lo anterior, corresponde reajustar la prestación
aplicando correctamente el IBL con el promedio de lo devengado en los últimos diez años
de servicio, según el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, pues la mesada para 2012
ascendería a $ 3.076.669,44 con una tasa de reemplazo del 75 %, siendo superior a la
que inicialmente le fue reconocida.
Contestación de la demanda
7. La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones al sostener que los actos
administrativos demandados fueron expedidos conforme al ordenamiento jurídico vigente
y que no resulta procedente la reliquidación pensional con fundamento en el artículo 6.º
del Decreto 546 de 1971. Señaló que, aun en el evento de que el actor sea beneficiario
del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, el IBL no constituye un aspecto
cobijado, para lo cual citó las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de
2017 y SU-631 de 2017.
3 La UGPP resolvió el recurso de reposición interpuesto por el demandante; no obstante, en el expediente no obran
los fundamentos del recurso.
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Demandante: Hernán Armando Astorquiza Ordóñez
8. Asimismo, se opuso al reconocimiento de intereses moratorios al considerar que estos
suponen la existencia de una obligación principal que actualmente es inexistente.
Finalmente, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción,
buena fe, cobro de lo no debido, imposibilidad jurídica para cumplir lo pretendido y la
excepción innominada.
Sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, negó
las pretensiones de la demanda sin imponer condena en costas. Para tal efecto,
consideró que el demandante no tenía derecho a la reliquidación de su pensión con
inclusión de todos los factores salariales en la asignación mensual más alta del último
año de servicio conforme al Decreto 546 de 1971, por cuanto solo acreditó 19 años, 10
meses y 8 días de servicio al sector público, de los cuales 11 años, 9 meses y 1 día
correspondieron a la Rama Judicial (Fiscalía General de la Nación y Procuraduría
General de la Nación), y dicha norma exige un mínimo de 20 años de aportes efectuados
a entidades de previsión por servicios prestados al sector público. En apoyo de esta
decisión, citó la sentencia del 16 de mayo de 2019, Rad. 25000-23-25-000-2010-00479-
01 (2089-12), en la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, concluyó
que los tiempos laborados en el sector privado no pueden acumularse para completar el
requisito previsto en el Decreto 546 de 1971.
10. En consecuencia, estimó que el derecho pensional del actor fue correctamente
reconocido con fundamento en la Ley 71 de 1988, con base en el promedio de lo
devengado durante los diez años anteriores al reconocimiento y con los factores
señalados en el Decreto 1158 de 1994, en aplicación del régimen de transición de la Ley
100 de 1993.
Recurso de apelación
11. El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia al considerar que el Tribunal se apartó del precedente jurisprudencial fijado por
el Consejo de Estado4 y la Corte Constitucional5 en materia pensional conforme al
Decreto 546 de 1971, el cual, según afirmó, ha adoptado una interpretación garantista,
reiterada en sentencia de unificación del Consejo de Estado6 en el sentido de que no se
exige que los 20 años de servicio hayan sido prestados exclusivamente en el sector
público, por lo que resulta procedente la acumulación de tiempos públicos y privados,
4 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 1.° de marzo de 2012, Rad. 25000 23 25 000 2006 01296 01
(0981-2008).
5 Corte Constitucional sentencia T-430 de 2011.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación del 24 de septiembre de 2015, Rad. 25000-23-42-
000-2012-00752-01 (2245-13). Se destaca “[…] la Sala replantea la tesis restrictiva planteada por la Subsección B en
la sentencia cuyo aparte se transcribió previamente, teniendo en consideración que el texto del literal del artículo 6 del
Decreto 546 de 1971 no exige que necesariamente los 20 años de servicio hayan sido prestados exclusivamente en el
sector público, razón por la cual han de tenerse como válidos para acceder a la prestación allí ordenada, los tiempos
de servicio tanto públicos como privados, siempre y cuando se acrediten los 20 años y que 10 de ellos, continuos o
discontinuos, lo hayan sido al servicio de la Rama Judicial y/o el Ministerio Público.”
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Demandante: Hernán Armando Astorquiza Ordóñez
siempre que al menos 10 años correspondan a servicios prestados en la Rama Judicial
o en el Ministerio Público.
12. De igual forma, señaló que el Tribunal omitió pronunciarse sobre la pretensión
subsidiaria relativa a la correcta aplicación del IBL previsto en el artículo 21 de la Ley 100
de 1993. Para sustentar este aspecto, presentó una liquidación según la cual la mesada
pensional para el año 2012 ascendería a $ 3.076.669,44. En consecuencia, solicitó que,
de no prosperar las pretensiones principales, se ordene la reliquidación del IBL conforme
a la citada disposición.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
13. Mediante autos proferidos el 12 de noviembre de 2020 y el 22 de abril de 2021, se
admitió el recurso de apelación interpuesto por el demandante y se corrió el
correspondiente traslado para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir
concepto.
Alegatos de conclusión
14. El demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación e insistió
en la necesidad de revocar la sentencia de primera instancia.
15. Por su parte, la entidad demandada expuso el alcance del régimen de transición
previsto en la Ley 100 de 1993 y precisó que el régimen anterior aplicable a los
empleados públicos era el previsto en la Ley 33 de 1985, cuyos factores salariales fueron
definidos en la Ley 62 del mismo año. Añadió que para efectos del IBL debían
considerarse los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994. Asimismo, resaltó que
la Corte Constitucional en las sentencias T-078 de 2014, A-326 de 2014, SU-230 de 2015,
T-060 de 2016, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-210 de 2017 ha sostenido que el
IBL no se rige por la norma anterior, en la medida en que el régimen de transición solo
comprende edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la prestación.
Indicó que esta postura fue acogida por el Consejo de Estado en la sentencia del 28 de
agosto de 2018, Rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01.
16. El agente del Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
17. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo
615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo de Estado es competente para
resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se abordará el análisis
de esta controversia.
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Demandante: Hernán Armando Astorquiza Ordóñez
Problema jurídico
18. Corresponde a la Sala determinar si, para efectos de aplicar el régimen especial
previsto en el Decreto 546 de 1971, en virtud de la transición consagrada en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, es posible computar tiempos laborados en los sectores público
y privado para acreditar el requisito de los 20 años de servicio. De ser procedente la
aplicación del referido régimen, la Sala deberá establecer si el actor tiene derecho a que
su pensión sea reliquidada en los términos del artículo 6.° del citado decreto. En caso de
no prosperar lo anterior, corresponderá analizar si el a quo omitió pronunciarse sobre la
pretensión subsidiaria relativa a la correcta aplicación del IBL conforme al artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, así como verificar si su determinación se ajustó a derecho.
Análisis del problema jurídico
19. En el presente asunto, la Sala revocará la sentencia apelada, por cuanto, si bien el
demandante no cumple los requisitos para ser beneficiario del régimen especial previsto
en el Decreto 546 de 1971 ni tiene derecho al reajuste con inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio, se advierte que la entidad demandada
al reconocer la pensión y calcular el IBL conforme al régimen general de pensiones omitió
incluir la prima especial de servicios, pese a que dicho factor, por disposición legal, debe
computarse para efectos de determinar la mesada pensional. En consecuencia, se
declarará la nulidad parcial de los actos administrativos demandados y se ordenará la
reliquidación de la pensión con inclusión de ese factor, en los términos que se precisan a
continuación.
20. El actor prestó sus servicios en el sector público por 19 años, 10 meses y 8 días, y
en el sector privado por 10 meses, según consta en la Resolución RDP 033810 del 5 de
noviembre de 2014. Mediante la citada resolución, la UGPP le reconoció pensión de
jubilación, con fecha de adquisición del estatus pensional el 28 de julio de 2012. Para
efectos del reconocimiento, se aplicó la Ley 71 de 1988 en virtud del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El IBL se determinó con el promedio de
lo cotizado durante los últimos diez años de servicio, correspondientes al período
comprendido entre 1983 y 1993,7 con inclusión de la asignación básica y la prima de
antigüedad. Asimismo, se tuvo en cuenta que el actor acreditaba 1062 semanas
cotizadas, contaba con más de 60 años de edad y que su último cargo fue el de fiscal de
jueces municipales.
21. No está en discusión que el señor Hernán Armando Astorquiza Ordóñez cumple los
requisitos para ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, en tanto acreditaba más de 15 años de servicio y más de 40 años de
edad a la entrada en vigencia de dicha norma.
7 El demandante se retiró de manera definitiva del servicio el 17 de marzo de 1993.
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Demandante: Hernán Armando Astorquiza Ordóñez
22. El demandante solicita la reliquidación de su pensión en cuantía equivalente al 75 %
de la asignación mensual más alta devengada durante el último año de servicio, conforme
al artículo 6.º del Decreto 546 de 1971; subsidiariamente, pretende que se le reconozca
el 75 % del promedio de todos los factores salariales percibidos en el último año de
servicio, con fundamento en el artículo 7.º de la Ley 71 de 1988, reglamentado por el
artículo 6.º del Decreto 2709 de 1994; y, en su defecto, que la liquidación se efectúe
correctamente con el promedio de los salarios devengados durante los últimos diez años
de servicio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
De la aplicación del Decreto 546 de 1971
23. El demandante invoca la aplicación del régimen especial previsto en el Decreto 546
de 1971 en el marco del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, al considerar que
ello le otorga el derecho a la reliquidación de su pensión en cuantía equivalente al 75 %
de la asignación mensual más alta devengada durante el último año de servicio.
24. El artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 dispone que los funcionarios y empleados a
los que se refiere dicha norma tendrán derecho, al cumplir 55 años de edad si son
hombres o 50 si son mujeres, y acreditar 20 años de servicio continuos o discontinuos
(anteriores o posteriores a la vigencia del decreto), de los cuales al menos 10 deben
haberse prestado exclusivamente en la Rama Jurisdiccional o en el Ministerio
Público, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75 % de la
asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio en dichas
actividades.
25. En relación con los requisitos de edad y del tiempo mínimo de 10 años de servicios
prestados exclusivamente en la Rama Jurisdiccional y/o en el Ministerio Público, no existe
controversia. En efecto, el actor cumplió 55 años el 28 de julio de 2007 y acredita más de
10 años de servicio en dichas entidades, como se desprende incluso del acto
administrativo de reconocimiento pensional (Resolución RDP 033810 del 5 de noviembre
de 2014), en el que la entidad demandada relacionó los siguientes tiempos de servicio:
Entidad Desde Hasta
Min Educación 1970-09-20 1972-02-10
Dpto Nariño 1972-05-19 1973-02-14
Privado ISS 1973-02-01 1973-11-30
Bogotá D.C. 1975-02-24 1979-07-30
Fondo Policía 1979-10-22 1981-05-04
Procuraduría General de la Nación 1981-06-16 1989-07-10
Rama Judicial 1989-07-12 1992-05-30
Fiscalía General de la Nación 1992-06-01 1992-08-30
Fiscalía General de la Nación 1992-09-01 1993-03-17
26. Ahora bien, la negativa de la entidad demandada para aplicar este régimen obedeció
a que el actor no acredita 20 años de servicios en el sector público. Frente a ello, el
demandante sostiene que es procedente la acumulación de tiempos públicos y privados
para satisfacer dicho requisito.
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27. Sobre el particular, esta Subsección, en sentencia reciente del 30 de octubre de
2025,8 concluyó que para ser beneficiario del régimen especial previsto en el Decreto 546
de 1971 es necesario acreditar 20 años de servicio exclusivamente en el sector oficial,
sin que resulte procedente el cómputo de tiempos públicos y privados.
28. Cabe precisar que, en sentencia de unificación del 24 de septiembre de 2015, 9 esta
corporación había admitido la sumatoria de cotizaciones de naturaleza privada para
acreditar los 20 años de servicio exigidos en el citado decreto, siempre que al menos 10
años correspondieran a servicios prestados en la Rama Judicial o en el Ministerio Público.
Esta interpretación se sustentó en una lectura literal de la norma, al considerar que el
legislador extraordinario no exigió expresamente que la totalidad del tiempo de servicio
fuera de carácter público, a diferencia de lo previsto en el artículo 8 del mismo decreto,
que exigía expresamente que los 20 años para acceder a la pensión de retiro por vejez
fueran de “servicio oficial”.
29. No obstante, con posterioridad, las dos subsecciones que integran la Sección
Segunda se apartaron de dicho criterio y concluyeron que el requisito de tiempo de
servicio debe entenderse que corresponde exclusivamente al prestado en el sector
público u oficial, sin que sea posible computar tiempos de naturaleza privada.10
30. Esta conclusión se fundamenta en una lectura integral y armónica del decreto que
permite concluir, en primer lugar, que el régimen pensional especial allí previsto está
destinado específicamente a aquellos funcionarios que han prestado al menos 20 años
de servicio público; y, en segundo lugar, que para quienes cuenten con tiempos tanto
públicos como privados fue concebida la pensión por aportes de que trata el artículo 7.°
de la Ley 71 de 1988.
31. Luego, mediante sentencia de unificación del 11 de junio de 2020,11 la Sección
Segunda unificó su postura en cuanto a las reglas para el reconocimiento y la liquidación
de la pensión de jubilación prevista en el Decreto 546 de 1971; sin embargo, no abordó
de manera alguna lo relativo a la naturaleza del tiempo de servicio exigido para acceder
a dicha prestación.
32. En consecuencia, la postura vigente, que la Sala comparte a plenitud, es aquella que
se aparta del criterio fijado en la sentencia de unificación de 2015 y entiende que los 20
años de servicio exigidos en el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971 deben haberse
prestado exclusivamente en el sector público, de los cuales al menos 10 deben
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de octubre de 2025, Rad. 08001-23-33-000-
2016-00119-00 (1732-2024).
9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación del 24 de septiembre de 2015, Rad. 25000 23 42 000
2012 00752 01 (2245-2013).
10 Ver, entre otras, las sentencias de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado: Subsección B, 16 de mayo de 2019, Rad. 25000-23-25-000-2010-00479-01(2089-12); Subsección A, 13 de
agosto de 2020, Rad. 05001-23-33-000-2014-01760-01 (4429-16); Subsección B, 14 de octubre de 2021, Rad. 25000-
23-42-000-2016-01604-01 (0483-18); Subsección A, 16 de octubre de 2025, Rad. 76001-2333-000-2018-01048-02
(7613-2023).
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de junio de 2020, Rad. 15001-23-
33-000-2016-00630-01 (4083-2017) CE-SUJ-S2-021-20.
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-02313-01 (6210-2019)
Demandante: Hernán Armando Astorquiza Ordóñez
corresponder a la Rama Judicial y/o al Ministerio Público, sin que sea admisible la
acumulación de tiempos públicos y privados.
33. Este entendimiento encuentra sustento, de una parte, en que la exigencia expresa
de “servicio público” establecida para la pensión de retiro por vejez de que trata el artículo
8 del mismo Decreto 546 de 1971, permite colegir que el legislador extraordinario destinó
la totalidad de este régimen especial de pensiones a los funcionarios que prestaron sus
servicios al Estado y, en el especial, a la Rama Judicial y/o el Ministerio Público por al
menos 20 años. Y, de otra parte, no se puede perder de vista que la Ley 71 de 1988 fue
expedida, precisamente, para armonizar los múltiples regímenes especiales destinados
de manera excluyente a trabajadores de los ámbitos público y privado que no cobijaban
a aquellos que habían laborado en ambos sectores. A partir de la creación de la
denominada “pensión por aportes” las personas que habían ejercido la función pública,
pero también habían sido trabajadores privados, fueron cobijados por este régimen
especial que les permitiría acceder al derecho pensional con 20 años de servicio.
34. En consecuencia, en el caso concreto, el demandante no cumple los requisitos
previstos en el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971, en particular, no acredita los 20 años
de servicio en el sector público, tal como lo concluyó el Tribunal. Por ello, no resulta
aplicable el régimen especial invocado.
De la aplicación de la Ley 71 de 1988, en el marco de la transición de la Ley 100 de
1993
35. Mediante la Resolución RDP 033810 del 5 de noviembre de 2014, la UGPP le
reconoció al demandante una pensión de jubilación, con efectos a partir del 28 de julio
de 2012, aplicando la Ley 71 de 1988 en virtud del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
36. El artículo 7.º de la Ley 71 de 1988, reglamentado por el Decreto 2709 de 1994,
dispone que los empleados oficiales y trabajadores que acrediten 20 años de aportes,
sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias entidades de previsión
social (del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital) o
en el Instituto de Seguros Sociales, tienen derecho a una pensión de jubilación, siempre
que cumplan 60 años de edad si son hombres o 55 años si son mujeres.
37. En aplicación de dicha normativa, la entidad demandada reconoció la pensión del
actor con base en la acumulación de tiempos de servicio en los sectores público y privado,
en la medida en que este requería la sumatoria de tales tiempos para acreditar los 20
años exigidos.
38. En lo que concierne a la liquidación de la prestación, la entidad determinó la mesada
pensional en un 75 % del promedio de lo cotizado por el demandante durante los últimos
diez años de servicio, esto es, entre el 17 de marzo de 1983 y el 17 de marzo de 1993,
con inclusión de la asignación básica y la prima de antigüedad, en aplicación de lo
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-02313-01 (6210-2019)
Demandante: Hernán Armando Astorquiza Ordóñez
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto 1158
de 1994.
39. No obstante, el actor sostiene que la liquidación debe efectuarse con base en el 75
% del promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de
servicio, con fundamento en el artículo 7.º de la Ley 71 de 1988, reglamentado por el
artículo 6.º del Decreto 2709 de 1994, con inclusión de la asignación básica, el incremento
por antigüedad y las primas de navidad, vacaciones, servicios y especial de servicios, así
como de cualquier otro emolumento constitutivo de salario.
40. Al respecto, el Tribunal examinó la forma en que la entidad determinó el ingreso base
de liquidación y concluyó que fue correctamente establecido. Indicó que, conforme a la
jurisprudencia del Consejo de Estado12 y de la Corte Constitucional,13 dicho aspecto para
los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, debe definirse de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 y en el inciso tercero del artículo 36 de dicha
ley, en concordancia con el Decreto 1158 de 1994.
41. En ese orden, le asiste razón al a quo al señalar que conforme al régimen de
transición el ingreso base de liquidación se rige por la Ley 100 de 1993 y sus normas
concordantes. En particular, mediante sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018,14 esta corporación precisó que el ingreso base de liquidación de los beneficiarios
del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 debe determinarse
conforme a los artículos 21 y 36 de dicha ley, según corresponda.
42. En el caso concreto, como al actor le faltaban más de diez años para consolidar el
derecho pensional al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el ingreso
base de liquidación debía establecerse con base en el promedio de los salarios cotizados
durante los diez años anteriores al reconocimiento de la pensión, esto es, entre el 17 de
marzo de 1983 y el 17 de marzo de 1993,15 periodo que fue correctamente tenido en
cuenta por la entidad demandada.
43. Por consiguiente, no le asiste razón al actor al pretender la reliquidación de su
pensión con el 75 % de todos los factores salariales devengados en el último año de
servicio.
De la liquidación de la pensión conforme a la Ley 100 de 1993 y sus normas
concordantes
44. El actor, en su escrito de apelación, sostuvo que el Tribunal omitió pronunciarse sobre
la pretensión subsidiaria relativa a la correcta aplicación del ingreso base de liquidación
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, Rad. 52001-
23-33-000-2012-00143-01.
13 Corte Constitucional, sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, reiterada en las SU-427 de 2016, SU-395 de
2017, SU-631 de 2017 y SU-068 de 2018.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, Rad. 52001-
23-33-000-2012-00143-01.
15 El demandante se retiró de manera definitiva del servicio el 17 de marzo de 1993.
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Demandante: Hernán Armando Astorquiza Ordóñez
previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. Para sustentar este planteamiento,
aportó una liquidación según la cual la mesada pensional para el año 2012 ascendería a
$ 3.076.669,44. En consecuencia, solicitó que, de no prosperar las pretensiones
principales, se ordene la correcta determinación del IBL conforme a la citada disposición.
45. No obstante, se advierte que el Tribunal sí se pronunció sobre este aspecto, al
analizar la liquidación pensional con fundamento en el artículo 21 y en el inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto 1158 de 1994,
concluyendo que la entidad actuó en debida forma.
46. Ahora bien, la liquidación aportada por el demandante con el recurso de apelación,
orientada a evidenciar presuntos errores en el cálculo del IBL, parte de un periodo distinto
al que corresponde, pues comprende valores percibidos entre los años 1982 y 1993. Esto
evidencia la utilización de un lapso superior a los últimos diez años cotizados. Con todo,
atendiendo los reparos del apelante, la Sala procederá a verificar si el ingreso base de
liquidación fue correctamente determinado en el reconocimiento pensional.
47. En primer lugar, debe precisarse que el ingreso base de liquidación comprende dos
elementos: (i) el periodo de referencia para la liquidación y (ii) los factores salariales a
incluir. En cuanto al primero, en el acápite anterior se estableció que en el caso concreto
corresponde al promedio de lo cotizado durante los diez años anteriores al
reconocimiento de la pensión, esto es, entre el 17 de marzo de 1983 y el 17 de marzo de
1993. Ello, por cuanto el actor consolidó su estatus pensional el 28 de julio de 2012 (al
cumplir la edad), faltándole más de diez años para adquirir dicho derecho al momento de
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
48. En lo que respecta a los factores salariales a incluir dentro de dicho periodo, se tiene
lo siguiente:
FACTORES SALARIALES A INCLUIR EN LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
Factores reclamados por Factores computados en el Factores que deben computarse por tener
el demandante:16 reconocimiento pensional sustento legal y encontrarse debidamente
(Resolución RDP 033810 del 5 certificados como devengados en los últimos
de noviembre de 2014): 17 10 años de servicios: 18
Asignación básica Asignación básica (Decreto 1158 de 1994)
Incremento de antigüedad Asignación básica Prima de antigüedad (Decreto 1158 de 1994)
Prima de navidad Prima de antigüedad Prima especial de servicios (artículo 14 de la
Prima de vacaciones Ley 4.ª de 1992, modificado por la Ley 332 de
Prima especial de servicios 1996)19
16 Folio 42 del expediente físico.
17 Folios 2 a 7 del expediente físico.
18 Certificaciones que obran a folios 36, 107 y 108 del expediente físico.
19
“Artículo 1º.- Aclarado por el art. 1, Ley 476 de 1998 La prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14
de la Ley 4 de 1992, para los funcionarios allí mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con
la excepción allí consagrada, que se jubilen en el futuro, o que teniendo reconocida la pensión de jubilación aún
se encuentren vinculados al servicio harán parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la
pensión de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecida por la Ley.
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-02313-01 (6210-2019)
Demandante: Hernán Armando Astorquiza Ordóñez
Prima de servicios
49. De lo anterior, se concluye que la liquidación pensional debe efectuarse con inclusión
de la asignación básica, la prima de antigüedad y la prima especial de servicios, por
encontrarse previstas en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, modificado por la Ley 332
de 1996, así como en el Decreto 1158 de 1994, además de estar debidamente
acreditadas con las certificaciones obrantes a folios 36, 107 y 108 del expediente.
50. En consecuencia, al ingreso base de liquidación de la pensión del demandante debe
adicionarse la prima especial de servicios, toda vez que en el reconocimiento inicial
únicamente se tuvieron en cuenta la asignación básica y la prima de antigüedad. Los
demás factores reclamados no pueden ser incluidos, por no estar contemplados en las
disposiciones aplicables.
51. En ese orden de ideas, se declarará la nulidad parcial de los actos administrativos
demandados y se ordenará a la UGPP reliquidar la pensión del actor en cuantía
equivalente al 75 % del ingreso base de liquidación, con inclusión, además de la
asignación básica y la prima de antigüedad, de la prima especial de servicios, factores
percibidos durante los diez años anteriores al reconocimiento de la prestación, en
aplicación de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993. Los valores deberán
actualizarse, en atención a que el retiro del servicio tuvo lugar el 17 de marzo de 1993 y
el estatus pensional se consolidó el 28 de julio de 2012.
52. Ahora, como el demandante adquirió el estatus de pensionado el 28 de julio de 2012
y la reclamación administrativa que dio origen a los actos demandados se presentó el 1.°
de julio de 201620, se declarará la prescripción trienal de las mesadas causadas con
anterioridad al 1.° de julio de 2013, conforme al artículo 41 del Decreto Ley 3135 de
1968,21 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.22
53. La fórmula para actualizar los valores adeudados al demandante por concepto de
pensión es la siguiente:
R= Rh X Índice final
_____________
Índice inicial
La anterior prima con las mismas limitaciones, también se aplicará a los Magistrados Auxiliares y abogados
asistentes de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal
Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores Delegados de la Procuraduría General de
la Nación.”
20 Folio 8 del expediente físico. La demanda se radicó el 10 de mayo de 2017.
21 «Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años contados desde
que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la
autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo
por un lapso igual.»
22 «1°. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto,
prescriben en tres [3] años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.»
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Demandante: Hernán Armando Astorquiza Ordóñez
54. Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta de dividir el
índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de
ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que debería
efectuarse el pago).
55. Los intereses serán reconocidos en la forma señalada en el último inciso del artículo
192 del CPACA. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará
separadamente, mes por mes, para cada mesada prestacional.
Condena en costas
56. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma
se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración
del criterio objetivo que gobierna esta materia.
57. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así una excepción
a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad
y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se regirán conforme al artículo
366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188
del CPACA.
58. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda vez que
las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera parcial, por
manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en el
proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en ambas instancias.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 9 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por las razones
expuestas en esta providencia. En su lugar:
SEGUNDO. DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución RDP 42156 del 4 de
noviembre de 2016, mediante la cual se negó la reliquidación pensional del demandante,
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Demandante: Hernán Armando Astorquiza Ordóñez
así como de las resoluciones RDP 1275 del 18 de enero de 2017 y RDP 7017 del 23 de
febrero de 2017, que resolvieron los recursos interpuestos contra el acto inicial.
TERCERO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) reliquidar la pensión del
señor Hernán Armando Astorquiza Ordóñez en cuantía equivalente al 75 % del ingreso
base de liquidación, con inclusión, además de la asignación básica y la prima de
antigüedad, de la prima especial de servicios, factores percibidos durante los diez años
anteriores al reconocimiento de la prestación, en aplicación de los artículos 21 y 36 de la
Ley 100 de 1993. Los valores deberán actualizarse, en atención a que el retiro del servicio
tuvo lugar el 17 de marzo de 1993 y el estatus pensional se consolidó el 28 de julio de
2012, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: DECLARAR la prescripción trienal del reajuste de las mesadas pensionales
causadas antes del 1.° de julio de 2013, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.
QUINTO: Sin condena en costas en ambas instancias, de acuerdo con lo señalado en la
parte motiva.
SEXTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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