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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02364-01

Pensión de jubilación

Fecha
5 de agosto de 2021
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02364-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. – Confirmar la sentencia proferida el 8 de marzo de 2019, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que negó las súplicas de la demanda incoada por la señora Martha Cecilia Guerrero Bastidas contra Fondo de Previsión Social del Congreso de la República – FONPRECON, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. – Condenar en costas a la parte demandante y a favor de la demandada, las cuales serán liquidadas por el a quo. Tercero. – Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-02364-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

5 de agosto de 2021

PENSIÓN DE JUBILACIÓN / RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN / MESADA PENSIONAL / TOPE MÁXIMO DE LA MESADA PENSIONAL

Desde la Ley 4ª de 1976 todas las pensiones de los funcionarios públicos han estado sujetas a límites en su cuantía, toda vez que dicha medida garantiza la distribución equitativa de los recursos limitados en seguridad social y materializa los principios de solidaridad, eficiencia, universalidad y sostenibilidad fiscal. […] [E]l mandato constitucional previsto en el Acto Legislativo 1 de 2005 en tanto dispuso que, a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a los 25 SMLMV. Igualmente, se precisó que dicho límite incorporó un componente de subsidio a las pensiones de las personas de más bajos ingresos, con lo cual se amplió la cobertura del sistema. […] [E]l mencionado mandato buscó «establecer topes para todas las mesadas pensionales con cargo a recursos de naturaleza pública, con el propósito de limitar y reducir los subsidios que el Estado destina a la financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993». […] [L]a Sentencia C-258 de 2013, en su parte motiva, estableció que, a partir del 1 de julio de 2013 y sin necesidad de reliquidación, ninguna mesada pensional, con cargo a recursos de naturaleza pública, podrá superar el tope de los 25 SMLMV, por ende, «todas las mesadas pensionales deberán ser reajustadas automáticamente a este tope por la autoridad administrativa». En cuanto a la materialización de la anterior orden judicial, resulta relevante citar la Sentencia SU-579 de 2019, en la cual se acumularon diversas acciones de tutela en las cuales los accionantes sostenían que para aplicar el mencionado límite los fondos de pensiones debían surtir previamente una actuación garante del derecho de audiencia y defensa de los afectados; sin embargo, la Corte Constitucional se apartó de dicho entendimiento. […] La orden adoptada en la Sentencia C-258 de 2013 también se aplica a las pensiones reconocidas con anterioridad a su expedición. […] Dicho mandato es imperativo y categórico, y cobija a todas las prestaciones reconocidas bajo los regímenes pensionales especiales, como el de Congresistas y Magistrados de las Altas Cortes. […] Los actos administrativos mediante los cuales los fondos de pensiones comunicaron a los pensionados el ajuste de sus prestaciones al monto de 25 SMLMV tienen el carácter de actos de ejecución de una providencia judicial. […]

CONDENA EN COSTAS

[L]a Sala condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, teniendo en consideración que no prosperó el recurso de apelación interpuesto y, que la entidad demandada intervino en esta instancia presentando alegatos de conclusión.

FUENTE FORMAL: LEY 4 DE 1992 – ARTÍCULO 17 / LEY 4 DE 1976

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-42-000-2017-02364-01(3423-19)

Actor: MARTHA CECILIA GUERRERO BASTIDAS

Demandado: FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA - FONPRECON

Referencia: AJUSTE MESADA PENSIONAL - EJECUCIÓN SENTENCIA C-258 DE 2013

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 8 de marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la señora Martha Cecilia Guerrero Bastidas, en calidad de cónyuge supérstite del señor Humberto Sinning Herazo (Q.E.P.D.), formuló demanda, en orden a que se declare la nulidad del Oficio N.º 20162000026141 de fecha 22 de marzo de 2016, emitido por el director general del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, por medio del cual se le informó que, desde el mes de julio de 2013, la entidad ajustó su mesada pensional a la suma de 25 SMLMV, en cumplimiento de la Sentencia C-258 de 2013.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar las sumas que mensualmente se han descontado de la mesada pensional desde el 1.º de julio de 2013, por virtud de la aplicación de la Sentencia C-258 de 2013, la cual fue ejecutada mediante la Resolución N.º 0443 de 12 de julio de 2013, hasta la fecha del pago efectivo; ii) actualizar el valor de las condenas con base en el IPC; iii) condenar a la demandada al pago de intereses moratorios desde el 1.º de julio de 2013 hasta la fecha efectiva del pago, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 192 del CPACA; y iv) dar cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) La Corte Constitucional mediante Sentencia C-258 de 2013 realizó el estudio de constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, declarando la inexequibilidad de las expresiones «durante el último año y por todo concepto», «Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal», contenidas en el primer inciso del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, así como la expresión «por todo concepto», consagrada en su parágrafo.

ii) El 12 de julio de 2013, a través de la Resolución 0443 el director general de FONPRECON, adoptó las medidas tendientes al cumplimiento de la Sentencia C-258 de 2013, ordenando:

[…] Comunicar a todos y cada uno de los pensionados del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República cuya mesada pensional supere los 25 smmlv, que a partir del 1 de julio de 2013 su mesada pensional será ajustada al tope de 25 smmlv conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013.

ii) La señora Martha Cecilia Guerrero Bastidas, en calidad de cónyuge supérstite del señor Humberto Sinning Herazo, percibe la pensión de jubilación a él reconocida por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, a través de la Resolución N.º 01489 de 11 de diciembre de 1996.

iii) El 1.º de julio de 2016 la señora Guerrero Bastidas solicitó a la entidad demandada emitir certificación en la que constara la diferencia dejada de percibir por el pensionado desde el mes de julio de 2013, en virtud de la Sentencia C-258 de 2013; e igualmente, solicitó se ordenara el pago de aquella diferencia.

iv) El 22 de marzo de 2016 el director general del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República emitió el oficio N.º 20162000026141, mediante el cual se informó que a partir del 1.º de julio de 2013, su mesada pensional sería ajustada al tope de 25 SMLMV conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1.º, 2.º, 6.º, 13, 21, 29, 42, 46, 48, 58, 83, 209 de la Constitución Política; 11 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1° de la Ley 797 de 2003 y 93 y 97 de la Ley 1437 de 2011.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los siguientes argumentos:

i) La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-258 de 2013, estudió exclusivamente la constitucionalidad de la Ley 4ª de 1992, que regula el derecho pensional de los congresistas, magistrados de altas cortes y demás funcionarios homologados a dichos cargos. A su vez, se indicó expresamente que ese pronunciamiento no podía extenderse a otros regímenes especiales; sentencia que fue ejecutada por la entidad demandada a través de la Resolución N.º 0443 de 2013.

ii) FONPRECON aplicó erradamente la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, conforme quedó plasmado en la Resolución 0443 del 12 de julio de 2013, mediante la cual redujo el valor de su mesada pensional, sin agotar el debido proceso administrativo y sin brindarle la oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y contradicción.

En este orden de ideas, el acto acusado fue expedido de manera irregular, con falsa motivación, infracción de las normas en que debía fundarse, falta de competencia, desconocimiento del derecho de audiencia y defensa y desviación de poder por cuanto previo a su expedición no se adelantó ningún trámite para la disminución de su mesada pensional, desconociendo que se trata de una situación jurídica de carácter particular y concreto, legalmente reconocida para la época en que se otorgó, por lo que no podía ser revocada sin su consentimiento previo, expreso y escrito.

iii) FONPRECON tampoco tuvo en cuenta que esta corporación en sede de tutela ha protegido los derechos fundamentales de algunos de sus pensionados y en consecuencia le ha ordenado adelantar la actuación administrativa para al ajuste del monto de sus mesadas pensionales al tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes en aplicación de lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013.

1.2. Contestación de la demanda

El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se
expresan a continuación:

i) El señor Humberto Sinning Herazo nació el 16 de julio de 1942 y acreditó 20 años 3 meses y 5 días de servicios. Se desempeñó como senador suplente de la República entre 1984 y 1990, razón por la cual mediante Resolución N.º 01489 de 11 de diciembre de 1996, expedida por FONPRECON, se reconoció a su favor el pago de una pensión de jubilación, a partir del 4 de julio de 1993, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 en cuantía del 75% de lo devengado por un Congresista en ejercicio en el año 1993.

ii) En cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia C-258 de 2013, FONPRECON profirió la Resolución 443 de 2013 a través de la cual le comunicó a sus afiliados que las pensiones superiores a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes serían ajustadas en forma automática a partir del mes de julio de 2013 a ese monto.

En este orden de ideas, el ajuste automático ordenado en la Sentencia C-258 de 2013 no requería de un procedimiento administrativo previo, conforme lo ha señalado la Corte Constitucional en las Sentencias T-392 y T-615 de 2015. Finalmente, se interpuso acción de lesividad con el fin de atacar la legalidad del acto administrativo mediante el cual se reconoció la pensión de jubilación al señor Humberto Sinning Herazo (Q.E.P.D.), la cual cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca bajo el radicado N.º 2500023420002014244100.

iii) El Consejo de Estado se ha pronunciado en procesos de nulidad y restablecimiento señalando que el ajuste referido es acorde con el ordenamiento jurídico y que por ello, la actuación administrativa con la participación de los pensionados únicamente debe surtirse en aquellos casos en que el derecho pensional se reconoció con abuso del derecho o fraude a la Ley, situación que no se predica respecto del demandante por lo que sus pretensiones no están llamadas a prosperar.

iv) La Corte Constitucional en la Sentencia T-615 de 2016 precisó que el acto contenido en la Resolución 443 de 2013 atendió los lineamientos impartidos en la Sentencia C-258 de 2013 en lo concerniente a que las pensiones reconocidas conforme a lo previsto por el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 no podrán superar los 25 SMLM a partir del 1º de julio de 2013.

v) Los argumentos de la demandante, adicionalmente, carecen de veracidad pues se encuentra acreditada la excepción de cosa juzgada porque interpuso dos acciones de tutela pretendiendo se amparara su derecho fundamental al debido proceso con ocasión del ajuste automático en la mesada pensional según lo ordenado en la Sentencia C-258 de 2013.

De la primera avocó conocimiento el Juzgado 26 Penal del Circuito de Bogotá, bajo el radicado N.º 2013-0320, y mediante sentencia de 16 de enero de 2014 negó el amparo pretendido, confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, a través de la sentencia de 11 de febrero de 2014. De la segunda acción de tutela, conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, radicado N.º 2015-705, quien profirió sentencia el 25 de mayo de 2015, en el sentido de declarar la cosa juzgada, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, el 24 de junio de 2015.

1.3. La audiencia inicial

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en el marco de la audiencia inicial celebrada el 1.º de junio de 2018, se pronunció en estos términos:

La excepción propuesta por la entidad demanda y denominada cosa juzgada no tiene vocación de prosperidad porque «la interposición de la acción de tutela no puede considerarse como un mecanismo sustitutivo de la acción ordinaria, que en este caso es la de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante la cual se discute la legalidad de actos administrativos proferidos por una entidad pública […] [a]dicionalmente cabe advertir, que la sola existencia de una acción de tutela, no tiene la facultad de configurar el fenómeno de la cosa juzgada, pues en dicho escenario solo se debate de manera estricta la presunta vulneración de derechos fundamentales del accionante, mientras que en este medio judicial se estudia la legalidad de los actos administrativos proferidos por la Administración, en virtud de la competencia establecida en el artículo 104 del CPACA.»

1.4. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante sentencia proferida el 8 de marzo de 2019, negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:

i) Conforme lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 las pensiones reconocidas en virtud del régimen del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 no podrán superar el límite de los 25 SMLMV en armonía con el Acto Legislativo 01 de 2005, según el cual a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a dicho tope con cargo a recursos de naturaleza pública.

Para implementar los límites constitucionales al reconocimiento y pago de las mesadas pensionales de los beneficiarios de la Ley 4ª de 1992, fijadas en el Acto Legislativo 01 de 2005, la Corte Constitucional estableció, entre otras cosas, que como efecto inmediato de la sentencia, a partir del 1 de julio de 2013 y sin necesidad de reliquidación, ninguna mesada pensional, con cargo a recursos de naturaleza pública, podrá superar el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por ello, todas las mesadas pensionales deberán ser reajustadas automáticamente a este tope por la autoridad administrativa.

ii) En igual sentido, el Consejo de Estado ha precisado que FONPRECON no transgredió los derechos al debido proceso, seguridad jurídica y buena fe al dar cumplimiento de la Sentencia C-258 de 2013, y en especial a través de la expedición de la Resolución N.º 0443 de 12 de julio de 2013.

iii) El procedimiento administrativo previo que la parte actora considera se debió surtir por parte de la entidad demandada no es necesario para efectuar el ajuste de la pensión de jubilación, pues, se insiste, se ordenó su realización de forma automática, encaminada a dar cumplimiento a una norma constitucional, y evitar que se perpetuara la vulneración a los principios de sostenibilidad financiera, solidaridad, igualdad y universalidad, que deben regir el sistema general de seguridad social, de acuerdo con la reforma contenida en el Acto Legislativo 01 de 2005.

iv) El procedimiento de lesividad solo resulta necesario en los casos en que la Administración observe un posible abuso del derecho fraude a la ley, los cuales deben ser debidamente probados. Sin embargo, esta no es la situación jurídica de la actora, toda vez que en el caso analizado no se ha efectuado una reducción abrupta de las mesadas pensionales.

1.5. El recurso de apelación

La señora Martha Cecilia Guerrero Bastidas, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación y lo sustentó así:

i) El a quo desconoció que el ajuste de su mesada pensional conllevó la modificación de una situación jurídica de carácter particular y concreto, legalmente reconocida para la época en que se otorgó, por lo que no podía ser revocada sin su consentimiento previo, expreso y escrito., reiterando lo expuesto en la demanda.

ii) FONPRECON aplicó en forma equivocada la sentencia C-258 de 2013 y por ello desconoció lo señalado por esta Corporación en la sentencia que en sede de tutela profirió amparando el derecho al debido proceso administrativo de los accionantes que se encontraban en igual situación que la parte actora, por cuanto no surtió el trámite administrativo de revocatoria directa previo para ello.

iii) La entidad demandada le aplicó erradamente la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, conforme quedó plasmado en la resolución 0443 del 12 de julio de 2013, mediante la cual redujo el valor de su mesada pensional, sin agotar el debido proceso administrativo y sin brindarle la oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y contradicción.

En este orden de ideas, el acto acusado fue expedido de manera irregular, con falsa motivación, infracción de las normas en que debía fundarse, falta de competencia, desconocimiento del derecho de audiencia y defensa y desviación de poder por cuanto previo a su expedición no se adelantó ningún trámite para la disminución de su mesada pensional, desconociendo que se trata de una situación jurídica de carácter particular y concreto, legalmente reconocida para la época en que se otorgó, por lo que no podía ser revocada sin su consentimiento previo, expreso y escrito.

1.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.6.1. La demandante

Vencido el término para presentar alegatos de conclusión, concedido de conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 632 de la Ley 1564 de 2012, la parte demandante guardó silencio.

1.6.2. La entidad demandada

El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, por intermedio de apoderado, solicitó confirmar lo decidido en primera instancia, reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

1.7. El ministerio público

El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, por las razones que se indican a continuación:

i) La Corte Constitucional en Sentencia C-258 de 2013 expresamente señaló que «como efecto inmediato de la sentencia, a partir del 1.º de julio de 2013 y sin necesidad de reliquidación, ninguna mesada pensional, con cargo a recursos de naturaleza pública, podrá superar el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por ello, todas las mesadas pensionales deberán ser reajustadas automáticamente a este tope por la autoridad administrativa». Esta postura ha sido reiterada en las Sentencias T-392 de 2015, T-615 de 2015, SU-210 de 2017 y SU-575 de 2019.

ii) FONPRECON con la Resolución 1489 del 11 de diciembre de 1996, le reconoció la pensión de jubilación al señor Humberto Sinning Erazo (Q.E.P.D.), como Congresista, bajo el régimen especial del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, su situación concreta se enmarcaba plenamente en los presupuestos fácticos y jurídicos de la Sentencia C-258 de 2013, lo cual no está en debate en el proceso judicial, por lo que resultaba destinatario de la orden contenida en el ordinal tercero, numeral IV de la parte resolutiva.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si, conforme el recurso de apelación, es dable ajustar de manera automática la mesada pensional percibida por la demandante, en calidad de cónyuge supérstite del señor Humberto Sinning Herazo (Q.E.P.D.) y en representación de su hijo Humberto Miguel Sinning Guerrero, al monto de 25 SMLMV, a partir del 1.º de julio de 2013, en cumplimiento de la Sentencia C-258 de 2013.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

El artículo 241 de la Constitución Política de 1991 encomendó a la Corte Constitucional la función de guardar su integridad y supremacía.

Por su parte, la mencionada corporación en las Sentencias C-131 de 1996 y C-037 de 1996 analizó el alcance de las sentencias de constitucionalidad y concluyó lo siguiente:

i) Tienen efectos erga omnes, es decir, para todos y no solo para quienes comparecen como partes.

ii) Por regla general, son vinculantes para la universalidad de casos futuros.

iii) Hacen tránsito a cosa juzgada explícita e implícita. La primera se predica de la parte resolutiva de las sentencias y la segunda de aquellos «conceptos de la parte motiva que guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal forma que no se pueda entender éste sin la alusión a aquéllos».

iv) Los operadores jurídicos están obligados por el efecto de la cosa juzgada material de las sentencias de la Corte Constitucional, por ende, «todas las autoridades públicas en Colombia, incluidas las autoridades administrativas y judiciales, deben acatar lo decidido por la Corte en sus fallos de control de constitucionalidad».

Ahora bien, la Sentencia C-258 de 2013 analizó la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, que estableció el régimen especial de pensiones para los congresistas y demás cargos homologados a estos.

En lo que respecta al objeto de controversia en el sub lite, la aludida providencia precisó que desde la Ley 4ª de 1976 todas las pensiones de los funcionarios públicos han estado sujetas a límites en su cuantía, toda vez que dicha medida garantiza la distribución equitativa de los recursos limitados en seguridad social y materializa los principios de solidaridad, eficiencia, universalidad y sostenibilidad fiscal.

De manera especial, la alta corporación reivindicó el mandato constitucional previsto en el Acto Legislativo 1 de 2005 en tanto dispuso que, a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a los 25 SMLMV. Igualmente, se precisó que dicho límite incorporó un componente de subsidio a las pensiones de las personas de más bajos ingresos, con lo cual se amplió la cobertura del sistema.

A su vez, la Corte Constitucional refirió que el mencionado mandato buscó «establecer topes para todas las mesadas pensionales con cargo a recursos de naturaleza pública, con el propósito de limitar y reducir los subsidios que el Estado destina a la financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993».

Bajo este hilo argumentativo, la Sentencia C-258 de 2013, en su parte motiva, estableció que, a partir del 1 de julio de 2013 y sin necesidad de reliquidación, ninguna mesada pensional, con cargo a recursos de naturaleza pública, podrá superar el tope de los 25 SMLMV, por ende, «todas las mesadas pensionales deberán ser reajustadas automáticamente a este tope por la autoridad administrativa».

En cuanto a la materialización de la anterior orden judicial, resulta relevante citar la Sentencia SU-579 de 2019, en la cual se acumularon diversas acciones de tutela en las cuales los accionantes sostenían que para aplicar el mencionado límite los fondos de pensiones debían surtir previamente una actuación garante del derecho de audiencia y defensa de los afectados; sin embargo, la Corte Constitucional se apartó de dicho entendimiento por las siguientes razones:

i) La Sentencia C-258 de 2013 es fundadora de línea en cuanto a la orden impartida a todas las entidades que administran el régimen pensional financiado con recursos públicos de reajustar de manera automática las mesadas que superaran los 25 SMLMV. Esta tesis se ha seguido consolidando, entre otras, a través de las Sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015 y SU-210 de 2017.

ii) El ajuste debe operar de manera automática y sin que sea necesario iniciar un proceso de reliquidación, pues se trata de un mandato constitucional de obligatorio cumplimiento. En torno a esta conclusión, se destacan los siguientes argumentos esgrimidos en la Sentencia T-615 de 2015:

En consecuencia, la exigencia de un procedimiento administrativo iniciado por la entidad para dar cumplimiento a las órdenes contenidas en el artículo 48 superior y en la Sentencia C-258 de 2013 resulta desproporcionada y contraria a los fines de la mencionada providencia, por cuanto ello permitiría que se siguieran reconociendo pensiones por fuera de los límites constitucionales y legales hasta que finalizaran los respectivos procedimientos, con lo que se afectarían significativamente los principios de sostenibilidad financiera, universalidad, solidaridad e igualdad.

No puede perderse de vista que la orden de reajustar automáticamente las pensiones a partir del 1º de julio de 2013, tuvo la finalidad de imponer un límite a las excesivas subvenciones que el sistema pensional estaba realizando a favor de poblaciones privilegiadas. De esta manera, la iniciación de procedimientos por fuera de este límite temporal deviene en la permanente vulneración de los principios de sostenibilidad fiscal e igualdad que fueron protegidos por la Corte Constitucional en la mencionada providencia, después de verificar su recurrente vulneración por parte de las autoridades administrativas encargadas de realizar el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales.

Por lo tanto, la exigencia de adelantar procedimientos administrativos pondría en entredicho el principio de supremacía de la Constitución, consagrado en el artículo 4º de la Carta Política, y por ende, el contenido de la misma. […].

iii) La orden adoptada en la Sentencia C-258 de 2013 también se aplica a las pensiones reconocidas con anterioridad a su expedición. En ese orden, la Corte Constitucional fue enfática en señalar que dicho mandato es imperativo y categórico, y cobija a todas las prestaciones reconocidas bajo los regímenes pensionales especiales, como el de Congresistas y Magistrados de las Altas Cortes, pues, como lo explicó, el Acto Legislativo 01 de 2005 tuvo como propósito limitar y reducir los subsidios que el Estado destina a la financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993.

iv) Los actos administrativos mediante los cuales los fondos de pensiones comunicaron a los pensionados el ajuste de sus prestaciones al monto de 25 SMLMV tienen el carácter de actos de ejecución de una providencia judicial, «en los cuales las autoridades administrativas se limitaron a dar cumplimiento a la Sentencia C-258 de 2013». En tal sentido, se reiteró el siguiente criterio:

Así las cosas, deviene importante aclarar que de conformidad con la línea jurisprudencial sostenida por el Consejo de Estado, todos aquellos actos administrativos encaminados a materializar el cumplimiento de una orden judicial no están sometidos a control de legalidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ni a ningún tipo de acción judicial ordinaria, pues de permitirse, se desconocería el principio de cosa juzgada.

Por tanto, si los jueces contenciosos aceptaran una acción de nulidad en contra de un acto de ejecución, la determinación a adoptar por parte del operador judicial no podría ser otra que la repetición de lo que se ordenó en la sentencia judicial que se acoge. […]

Otro argumento, para inadmitir dicha posibilidad se contrae a la necesidad de evitar que con tal discurrir se genere la iniciación interminable de acciones judiciales encaminadas a controvertir los actos de ejecución, lo que contribuiría a la congestión judicial y socavaría, además del principio de cosa juzgada, el de seguridad jurídica.

Por su parte, esta Corporación mediante sentencia de 10 de septiembre de 2020, señaló:
En ese orden, la Corte Constitucional fue enfática en señalar que dicho mandato es imperativo y categórico, y cobija a todas las prestaciones reconocidas bajo los regímenes pensionales especiales, como el de Congresistas y Magistrados de las Altas Cortes, pues, como lo explicó, el Acto Legislativo 01 de 2005 tuvo como propósito limitar y reducir los subsidios que el Estado destina a la financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993.

33. Criterio que acoge esta sala por cuanto está en consonancia con lo previsto por el Acto Legislativo 01 de 2005, con base en el cual, la sentencia C-258 de 2013, en su parte resolutiva, previó textualmente que a partir del 1° de julio de 2013 ninguna pensión reconocida en aplicación del régimen demandado podrá superar los 25 SMMLV.

34. Ahora bien y respecto de la necesidad de adelantar una actuación administrativa previa al ajuste de la mesada pensional al tope de los 25 SMLMV de los pensionados en virtud de lo previsto por el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 esta subsección ha señalado lo siguiente:
«(…) Por otro lado, el argumento planteado por el demandante y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, referido a la presunta necesidad de adelantar un procedimiento administrativo para realizar el reajuste de las pensiones, no resulta ajustado a la Constitución ni a la decisión adoptada en Sentencia C-258 del 2013.

En efecto, si la Corte Constitucional no estableció la necesidad de efectuar un procedimiento administrativo es porque, precisamente, el reajuste automático de las mesadas pensionales estaba encaminado a dar cumplimiento a una norma constitucional, y a evitar que se perpetuara una vulneración de los principios de sostenibilidad financiera, solidaridad, igualdad y universalidad que deben regir el sistema de seguridad social, de acuerdo con la reforma contenida en el Acto Legislativo 01 de 2005.

[…] Ahora bien, la Sala debe aclarar que la iniciación de procedimientos administrativos de lesividad sí resulta necesaria en aquellos casos en que la autoridad administrativa observe un posible abuso del derecho, o un fraude a la ley, los cuales deben ser debidamente probados. En estos casos, la Corte Constitucional expresamente indicó que era necesario garantizar el debido proceso de los pensionados en el marco de los procedimientos administrativos adelantados por la entidad para revocar los actos administrativos proferidos por ésta (…)».

Finalmente, es menester señalar que la entidad demandada expidió la Resolución N.º 443 de 12 de julio de 2013, mediante la cual acató la Sentencia C-258 de 2013. Sobre el asunto, la Corte Constitucional en Sentencia T-615 de 2015 dijo que el mencionado acto administrativo tiene naturaleza de acto administrativo general de cumplimiento de una sentencia judicial, no susceptible de control de legalidad, a saber:
En consecuencia, se advierte que la Resolución No. 0443 de 12 de julio de 2013, no constituyó un acto general que arbitrariamente y de manera irrazonable hubiese modificado la situación jurídica de los accionantes y que hubiera debido expedirse como un acto administrativo de carácter particular. Por el contrario, éste reúne las características de un acto de cumplimiento de una sentencia judicial proferida por la Corte Constitucional, la cual debe ser acatada por todas las autoridades públicas.

Sobre el particular, es menester resaltar que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que los actos dirigidos a dar cumplimiento a una orden de carácter judicial, no son susceptibles del control de legalidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ni pueden ser objeto de acciones judiciales, porque ello implicaría desconocer una decisión judicial con carácter de cosa juzgada. En efecto, ha indicado el Consejo de Estado que, aún si en gracia de discusión se aceptase la procedencia de la nulidad sobre un acto administrativo de ejecución, la consecuencia jurídica de ello sería la repetición de lo ordenado en la sentencia. En este sentido, la iniciación interminable de acciones judiciales o de recursos en la vía gubernativa dirigidos a controvertir actos de ejecución, devendría en la inobservancia del principio de cosa juzgada, e impediría la resolución efectiva de los conflictos suscitados en el marco de las distintas jurisdicciones.

Esta Corporación mediante sentencia de 8 de junio de 2017 negó las pretensiones de una demanda encaminada a obtener la nulidad de la Resolución N.º 443 de 2013, al considerar que «la Resolución 0443 de 12 de julio del 2013, no constituyó un acto general que arbitrariamente y de manera irrazonable hubiese modificado la situación jurídica del actor y que hubiera debido expedirse como un acto administrativo de carácter particular. Por el contrario, éste reúne las características de un acto de cumplimiento de una sentencia judicial proferida por la Corte Constitucional, la cual debía ser acatada por todas las autoridades públicas.»

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:

2.3.1. Sobre la actuación administrativa adelantada frente al reconocimiento de la pensión de jubilación

El 11 de diciembre de 1996, por Resolución 1489, FONPRECON le reconoció al señor Humberto Sinning Herazo (Q.E.P.D.) la pensión de jubilación en cuantía de $2.716.179,99, efectiva a partir del 4 de julio de 1993; igualmente, se precisó que la prestación se regía por la Ley 4ª de 1992 y los Decretos 1359 de 1993 y 692 de 1994. Así mismo, se señaló que aquella prestación iba a ser asumida por las siguientes entidades: i) municipio de Pedraza, Magdalena; ii) CAJANAL; iii) Fondo Territorial de Pensiones y Cesantías del Magdalena; y iv) FONPRECON, quien repetiría mensualmente el reembolso correspondiente contra dichas entidades.

El 26 de octubre de 2016, mediante la Resolución 0529, FONPRECON ordenó, con ocasión a la muerte del señor Humberto Sinning Herazo el 3 de agosto de 2016, la sustitución pensional definitiva a favor de la señora Martha Cecilia Guerrero Bastidas, en calidad de cónyuge supérstite y, del señor Humberto Miguel Sinning Guerrero, en su condición de hijo menor del señor Sinning Herazo.

El 11 de agosto de 2017, a través de la Resolución 0354, FONPRECON dio cumplimiento a un fallo judicial proferido por el Juzgado Quince de Familia de Oralidad, en el sentido de descontar en el monto del 20% de la suma bruta de la pensión reconocida al señor Sinning Herazo (Q.E.P.D.), en favor de la señora Aurea Estela Villa.

Mediante la Resolución 0443 del 12 de julio de 2013, el director general de la entidad demandada adoptó las medidas tendientes al cumplimiento de la sentencia C-258 de 2013 y ajustó entre otras, la pensión percibida por la demadante, limitándola a 25 SMLMV.

Como consecuencia de la petición interpuesta por la parte actora, mediante Oficio N.º 20162000026141 de fecha 22 de marzo de 2016, emitido por el director general del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, se le informó que a partir del mes de julio de 2013 ajustó la mesada pensional al monto de 25 SMLMV, en cumplimiento de la Sentencia C-258 de 2013.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Conforme a lo expuesto en acápites precedentes, en consonancia con los documentos aportados al plenario, la Sala concluye que FONPRECON no desconoció el ordenamiento superior al ajustar la mesada pensional percibida por la actora al monto de 25 SMLMV; por el contrario, se limitó a ejecutar una orden judicial que se tornaba de obligatorio cumplimiento para las autoridades del territorio nacional. Esta tesis se funda en los siguientes razonamientos:

En consideración a las precisas órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013, FONPRECON estaba conminada a ajustar dicha prestación al tope de 25 SMLMV, sin necesidad de adelantar un procedimiento administrativo previo.
El relación con el ajuste en comento la Corte Constitucional en la Sentencia SU-575 de 2019, precisó:

[…] la Corte encuentra que la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho dictada por el Consejo de Estado perdió su ejecutoriedad frente a las órdenes dadas por la Corte Constitucional en una sentencia de control abstracto de constitucionalidad que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional en los términos del artículo 243 de la Carta Política y que determinó que ninguna pensión con cargo a recursos públicos puede superar el tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En términos extremadamente simples, los efectos de la sentencia C-258 de 2013 automáticamente acarrearon la modificación de la sentencia emitida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 25000232500020040774601, sustrayendo sus efectos a tal punto que para darle cumplimiento FONPRECON redujo al límite constitucional la mesada del señor Luis Javier Velásquez Restrepo.

Con base en el anterior criterio, en lo que respecta al ajuste en razón al tope pensional de 25 SMLMV, el monto de las pensiones debe acompasarse a lo dispuesto por la Sentencia C-258 de 2013, pues fijó una regla inequívoca, cuyo cumplimiento era imperativo para los fondos de pensiones so pena de incurrir en un abierto desacato a una orden judicial impartida en sede de control de constitucionalidad.
En razón a la obligatoriedad de las órdenes dictadas en la Sentencia C-258 de 2013, FONPRECON no tenía una alternativa diferente a disponer el ajuste automático de la pensión que venía devengando la demandante en aras de que se aviniera a los mandatos constitucionales allí reivindicados. En consecuencia, dicha determinación no constituyó una actuación arbitraria o irrazonable modificatoria de la situación jurídica de la actora; por el contrario, la entidad demandada dio estricto cumplimiento a las órdenes impartidas en las partes resolutiva y motiva de dicho fallo de constitucionalidad, al efectuar el reajuste automático del monto de las mesadas pensionales del accionante en 25 SMLMV, por cuanto superaba dicho tope constitucional, además de que su situación concreta quedó materializada a través del acto acusado, esto es, el Oficio N.º 20162000026141 de fecha 22 de marzo de 2016, proferido por su director general.
Por consiguiente, el argumento planteado por la demandante concerniente a la presunta necesidad de adelantar un procedimiento administrativo para realizar el reajuste de las pensiones, no resulta ajustado a la Constitución ni a la decisión adoptada en Sentencia C-258 del 2013, toda vez que si la Corte Constitucional no estableció dicha exigencia es porque, precisamente, el reajuste automático de las mesadas pensionales estaba encaminado a dar cumplimiento a una norma constitucional, y a evitar que se perpetuara una vulneración de los principios de sostenibilidad financiera, solidaridad, igualdad y universalidad que deben regir el sistema de seguridad social, de acuerdo con la reforma contenida en el Acto Legislativo 01 de 2005.
La Sala concluye en primer lugar, que era procedente reducir la mesada pensional de la actora al tope de 25 SMLMV de manera automática, pues su caso, no exigía la carga de la administración de desvirtuar la presunción de legalidad del acto que reconoce la pensión, sino simplemente, disminuir el monto pensional sin el procedimiento que se extraña en esta demanda y en segundo término, que FONPRECON actuó debidamente conforme lo señaló el a quo en la sentencia apelada.

Finalmente, tampoco está llamado a prosperar el argumento de la recurrente en cuanto a que el a quo desconoció lo señalado por esta Corporación en su jurisprudencia, específicamente en sentencias proferidas en sede de tutela, en las que ordenó a dicha entidad previsional garantizar el debido proceso de sus accionantes en desarrollo de las actuaciones tendientes a obtener el cumplimiento de las decisiones adoptadas en la sentencia C-258 de 2013, lo cual le permite concluir a la Sala que lo allí decido le resulta inaplicable por cuanto la Ley 270 de 1996 en su artículo 48 establece que las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes y su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces.

3. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, teniendo en consideración que no prosperó el recurso de apelación interpuesto y, que la entidad demandada intervino en esta instancia presentando alegatos de conclusión.

4. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en la jurisprudencia y en el acervo probatorio, se concluye que la demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto reprochado, como quiera que conforme lo señaló el a quo, la entidad demandada no estaba obligada a adelantar un procedimiento para la reducción del monto de su mesada pensional, en la medida que no se demostró que esta hubiera sido obtenida con fraude a la ley o abuso del derecho que fueron las condiciones que se plantearon para su viabilidad en la Sentencia C-258 de 2013.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. – Confirmar la sentencia proferida el 8 de marzo de 2019, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que negó las súplicas de la demanda incoada por la señora Martha Cecilia Guerrero Bastidas contra Fondo de Previsión Social del Congreso de la República – FONPRECON, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. – Condenar en costas a la parte demandante y a favor de la demandada, las cuales serán liquidadas por el a quo.

Tercero. – Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Salarios mínimos legales mensuales vigentes
Índice de Precios al Consumidor
Folios 65 al 80 del cuaderno principal
Folios 95 al 98 del cuaderno principal
Folio 96 del cuaderno principal
Folios 105 al 312 del cuaderno principal
El a quo citó las siguientes providencias: Consejo de Estado, sentencias de fechas 18 de septiembre de 2014, radicado: 25000-23-41-000-2013-02708-01 (2708-01); 19 de septiembre de 2016, radicado: 25000-23-42-000-2013-04281-01; y 8 de junio de 2017, radicado: 25000-23-42-000-2014-00188-01 (1924-15)
Folios 115 al 141 del cuaderno principal
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 23 de octubre de 2014
Constancia secretarial Folio 156 del cuaderno principal
Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI
Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI
El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado cita la Sentencia C-258 de 2013
Las sentencias C-543 de 1992 y C-532 de 2013 han precisado que la cosa juzgada es formal cuando existe una decisión previa de constitucionalidad sobre idéntica norma demandada, mientras que la material opera cuando el juico de constitucionalidad recae respecto de una disposición que tiene igual contenido normativo de otra que fue examinada en anterior oportunidad.
Sentencia C-539 de 2011, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 10 de septiembre de 2020, radicado 25000-23-42-000-2017-02362-01(6307-18). Véase, igualmente en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Segunda, Subsección B, sentencias de fechas 23 de octubre de 2020, radicado 25000-23-42-000-2016-01822-01(0188-19), y 23 de octubre de 2020, radicado 25000-23-42-000-2016-03684-01(4164-17)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Segunda, Subsección B sentencia de fecha 25 de mayo de 2017 proferida en el proceso 25000234200020140018901 (1183-2016)
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B, sentencia de 8 de junio de 2017, radicado 250002342000201400188 01 (1924-2015)
Folios 39 al 45 del expediente de antecedentes administrativos
Folios 442 y 443 del expediente de antecedentes administrativos
Folios 591 al 593 ibidem
Folios 3 al 9 del cuaderno principal
Esta tesis también ha sido sostenida, entre otras, en las siguientes providencias:

De la Corte Constitucional. Sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015, T-360 de 2018, T-073 de 2019, SU-575 de 2019 y Auto 478 de 3 de diciembre de 2020, expediente: T-7.780.673

Del Consejo de Estado.

• Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 13 de noviembre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2016-01911-01 (5824-2018).
• Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 30 de octubre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2014-02515-02 (4114-2018)
• Sección Segunda, Subsección B, auto de 21 de febrero de 2019, radicado: 63001-23-33-000-2018-00103-01 (4771-18)
• Sección Primera, auto de 16 de agosto de 2018, radicado: 11001-03-15-000-2014-04194-01(AC) A.

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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