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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02506-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02506-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 2 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Segunda, Subsección A, y en consecuencia NEGAR las pretensiones. SEGUNDO. CONDENAR en costas de ambas instancias al señor Elver José Rojas Bravo, a favor de Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 7 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 2500-23-42-000-2017-02506-01 (4776-2024) Demandante: Elver José Rojas Bravo de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-02506-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 2500-23-42-000-2017-02506-01 (4776-2024)
Demandante: Elver José Rojas Bravo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
declaratoria de oficio de caducidad de la acción.

Decisión: Revocar la sentencia de primera instancia porque el acto
demandado no es susceptible de control judicial

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia de primera instancia del 2 de mayo de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El señor Elver José Rojas Bravo interpuso demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se
declare la nulidad del Oficio 20161100004491 del 23 de diciembre de 20161,
mediante el cual se negó el reconocimiento de la desnaturalización del contrato
de prestación de servicios entre el 28 de febrero de 2008 y el 31 de octubre de
2013, periodo durante el cual el actor se desempeñó como médico pediatra en la
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) declarar que durante el
periodo mencionado se configuró una verdadera relación de trabajo entre él y la
entidad demandada; (ii) pagar los emolumentos dejados de percibir, incluidos
salarios, prestaciones sociales, cesantías, intereses a las cesantías, prima de
servicios, vacaciones, horas extras y recargos nocturnos, la indemnización por el
no pago oportuno de las cesantías; (iii) compensar a su favor los aportes a
seguridad social que efectuó y que debía asumir la entidad accionada; y (iv)
condenar a la entidad demandada a pagar los derechos que se demuestren y
declaren en el proceso.

1
En la demanda se señaló que el acto demandado es del 2017, pero verificado el acto
administrativo aparece la fecha 23 de noviembre de 2016, la cual es imprecisa ya que el derecho
de petición fue radicado el 7 de diciembre de 2016 y la demanda fue radicada el 23 de mayo de
2017.

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Demandante: Elver José Rojas Bravo

3. Como hechos relevantes manifestó que prestó sus servicios como médico
pediatra en la Subred Norte mediante las siguientes modalidades y lapsos: i)
contrato de prestación de servicio del 28 de febrero al 31 de julio de 2008; ii)
cooperativa de trabajo asociado (PROMOVIENDO) del 1 de agosto de 2008 al
28 enero de 2009; iii) cooperativa de trabajo asociado (SERVISALUD) 29 de
enero al 31 de marzo de 2009; y iv) contrato de prestación de servicios desde el
1 de abril de 2009 hasta el 31 de octubre de 2013.

4. Como concepto de la violación argumentó que durante el lapso de
ejecución de los contratos de prestación de servicios y los convenios
cooperativos, se materializaron los elementos propios de una relación laboral,
que son la prestación personal del servicio, la remuneración económica, y la
subordinación.

Contestación de la demanda

5. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda al
considerar que la relación que surgió entre las partes fue de naturaleza
contractual, por lo que no existió vínculo laboral que diera lugar al reconocimiento
de prestaciones sociales.

6. Señaló que varios contratos de prestación de servicios se suscribieron con
las cooperativas de trabajo PROMOVIENDO y SERVISALUD, por lo que dichas
entidades son las que fungieron como empleadores.

7. Propuso las excepciones de prescripción, legalidad del acto acusado, falta
de causa e inexistencia de la obligación, inexistencia de la calidad de empleado
público y la genérica.

Sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda mediante sentencia del 2 de mayo de 2024, en la
cual declaró la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio núm.
20161100004491 del 23 de diciembre de 20162 y reconoció las prestaciones
sociales —incluidas cesantías, intereses a las cesantías y el recargo por labor
nocturna— correspondientes al período comprendido entre el 28 de febrero de
2008 y el 31 de octubre de 2013.

9. El Tribunal tuvo por acreditado que la relación contractual entre el actor y
la demandada inició el 28 de febrero de 2008 y finalizó el 31 de octubre de 2013,
que este ejecutó labores propias de médico pediatra y que percibió una
remuneración como contraprestación.

10. Como fundamento de la decisión expuso que en el proceso se decretaron
y practicaron los testimonios de Claudia Baquero Parada y Rafael Árcangel Ortíz

2
Se corrige el año ya que en la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca quedo
con el año 2017.

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Demandante: Elver José Rojas Bravo

Pachecho, quienes coincidieron en que el demandante prestó sus servicios en
hospitalización y urgencias, en turnos programados por la entidad, realizando
valoración y seguimiento de pacientes, interconsultas y elaboración de historias
clínicas, y utilizando dotación y equipos suministrados por la demandada.

11. Además, estos señalaron que las actividades realizadas por el actor eran
idénticas a las de los médicos pediatras de planta, y que para ausentarse debía
tramitar permiso escrito ante el coordinador de hospitalización, quien fungía como
jefe inmediato.

12. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que el actor desarrolló
sus labores bajo subordinación y, por ende, existió una verdadera relación
laboral.

13. En la sentencia reconoció los lapsos en los que la vinculación se dio a
través de las cooperativas PROMOVIENDO (1 de agosto de 2008–28 de enero
de 2009) y SERVISALUD (29 de enero–31 de marzo de 2009), porque consideró
que se acreditó que el servicio se prestó bajo subordinación y en desarrollo del
objeto misional de la entidad.

14. Por otra parte, argumentó que quedó demostrado que los contratos de
prestación de servicios no fueron ocasionales y afirmó que la labor de médico
pediatra en hospitalización y urgencias corresponde a una función misional que
no se puede llevar a cabo a través de la modalidad contractual.

15. Negó la devolución de los aportes a salud y riesgos laborales por
corresponder su pago al contratista, y reconoció únicamente la diferencia en los
aportes a pensión a cargo de la entidad, en el porcentaje que corresponde al
empleador.

16. Aclaró que el reconocimiento de la relación laboral no comporta la
adquisición de la calidad de empleado público, ni el acceso a beneficios propios
de la relación legal y reglamentaria, por lo que no había lugar a condenar al pago
de lo devengado por los servidores de la planta.

17. Reconoció el recargo nocturno al verificarse que el actor laboraba
habitualmente en jornada nocturna, conforme al artículo 34 del Decreto 1042 de
1978, lo que se demostró a partir de las planillas de turnos y de la prueba
testimonial.

18. Negó la sanción moratoria por el no pago de cesantías, al tratarse de un
reconocimiento declarativo de la relación laboral y por improcedencia de la
sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo en la contratación
estatal.

19. En cuanto a la prescripción, concluyó que no operó, ya que el último
contrato de prestación de servicios terminó el 31 de octubre de 2013, por lo que
el actor tenía hasta el 31 de octubre de 2016 para formular la petición ante la

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Radicación: 2500-23-42-000-2017-02506-01 (4776-2024)
Demandante: Elver José Rojas Bravo

entidad demandada. En efecto, la presentó en dos oportunidades: la primera el
23 de julio de 2015 y la segunda el 7 de diciembre de 2016. Posteriormente,
interpuso la demanda el 23 de mayo de 2017, sin que se hubiera configurado
dicho fenómeno.

20. Por último, se abstuvo de condenar en costas.

Recurso de apelación

21. La entidad demandada interpuso recurso de apelación en el que afirmó
que en el proceso no quedó acreditada la subordinación, pues, en su criterio, la
relación correspondió a la autonomía propia del contrato de prestación de
servicios.

22. Sostuvo que el Tribunal omitió valorar que en cada contrato se designó un
supervisor, cuya función corresponde a una actividad administrativa derivada de
los deberes de vigilancia y control previstos en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993,
sin que ello configure ejercicio de subordinación.

23. Aseguró que el actor ejecutaba sus actividades con autonomía, sin seguir
directrices jerárquicas de la E.S.E., y que no fue objeto de llamados de atención,
memorandos o medidas disciplinarias.

24. Sostuvo que los testimonios rendidos tampoco expusieron situaciones que
demostraran la dependencia o poder disciplinario por parte de la entidad,
elementos que, a su juicio, resultan esenciales para la configuración de la
subordinación laboral.

25. Finalmente, argumentó que los contratos celebrados entre el demandante
y las cooperativas de trabajo asociado PROMOVIENDO y SERVISALUD gozan
de la presunción de legalidad prevista en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011,
por lo que, en su criterio, no era procedente desvirtuar la naturaleza contractual
de la relación.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

26. Mediante auto del 27 de noviembre de 2024 se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada.

27. La parte demandante, la entidad demandada y el ministerio público
guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

28. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),

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Demandante: Elver José Rojas Bravo

modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación.

Cuestión previa

29. En la demanda, el actor afirmó que el 23 de julio de 20153 presentó un
derecho de petición solicitando a la entidad demandada el reconocimiento de la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios. Dicha solicitud fue
resuelta mediante la comunicación GHE-DP-120-15 del 13 de agosto de 20154.

30. Igualmente, refirió haber radicado una segunda petición en el mismo
sentido el 7 de diciembre de 20165. Esta fue contestada a través del Oficio
20161100004491 del 23 de diciembre de 20166.

31. Del análisis de las peticiones, la Sala advierte que persiguen el mismo
propósito, consistente en obtener la declaratoria de desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios. En efecto, el Tribunal de primera instancia
consideró ambos requerimientos para efectos del cómputo del término de
prescripción.

32. Pese a ello, la sentencia de primera instancia omitió precisar cuál era el
acto administrativo efectivamente sometido a control judicial, circunstancia que
exige su correspondiente delimitación en esta instancia.

Problema jurídico

33. De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto se deberá analizar en
primer lugar cuál es el acto susceptible de control judicial, para posteriormente
decidir si se desnaturalizaron los contratos de prestación de servicios.

Análisis del problema jurídico

34. Entre los presupuestos procesales para el ejercicio de la pretensión de
nulidad y restablecimiento del derecho se encuentra que se debe determinar con
toda claridad cuál es el acto demandado, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 2, del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011.

35. Del examen de las peticiones formuladas se advierte que, mediante el
escrito presentado el 23 de julio de 2015, el actor solicitó a la entidad el
reconocimiento de la desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios y el consecuente pago de prestaciones sociales, indicando como
periodo de labor el comprendido entre el 1 de marzo de 2007 y el 31 de octubre
de 2013.

3
Folios 110 a 114.
4
Folios 115 a 116.
5
Folios 119 a 121.
6
Folio 122.

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Demandante: Elver José Rojas Bravo

36. Esta solicitud fue resuelta de manera negativa mediante el Oficio
GHE-DP-120-15 del 13 de agosto de 2015.

37. Posteriormente, el 7 de diciembre de 2016, el actor presentó una nueva
petición con idéntico contenido material, variando únicamente la fecha inicial del
periodo reclamado (del 28 de marzo de 2008 al 31 de octubre de 2013). Dicha
petición fue nuevamente negada mediante el Oficio núm. 20161100004491 del
23 de diciembre de 2016.

38. Sin embargo, esta decisión no introdujo hechos nuevos, ni resolvió
pretensiones distintas de las analizadas en 2015; se trató, por tanto, de una mera
reiteración de la decisión administrativa inicialmente adoptada.

39. La jurisprudencia de esta Corporación7, ha sostenido de manera reiterada
que, para el adecuado ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, corresponde a la parte actora identificar y demandar el acto
administrativo que verdaderamente generó la lesión al derecho subjetivo
invocado.

40. En efecto, la acción no está diseñada para impugnar cualquier
manifestación de la Administración, sino únicamente aquellas decisiones
definitivas, entendidas como declaraciones de voluntad que producen efectos
jurídicos inmediatos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas
individuales y concretas. De allí que la mera reiteración de actos anteriores —sin
contenido decisorio autónomo— no reinicia el término de caducidad ni constituye
un nuevo acto demandable.

41. Así las cosas, al confrontar las decisiones de los años 2015 y 2016, la Sala
estima que el Oficio núm. 20161100004491 del 23 de diciembre de 2016 no tiene
naturaleza de acto administrativo definitivo, por cuanto no comportó un examen
nuevo, integral o autónomo de la pretensión elevada por el demandante, sino que
simplemente reiteró la negativa ya proferida en Oficio GHE-DP-120-15 del 13 de
agosto de 2015.

42. En consecuencia, el derecho de petición del 7 de diciembre de 2016
constituye una reiteración de la solicitud elevada el 23 de julio de 2015 y, por lo
mismo, el acto que la resolvió el 23 de diciembre de 2016 no puede considerarse
apto para revivir términos, ni para efectos de la caducidad, ni como acto
demandable en sede de nulidad y restablecimiento del derecho.

43. En tal sentido, y por sustracción de materia respecto de los demás
planteamientos del recurso, no procede efectuar un estudio adicional, al
verificarse que la demanda no se dirigió contra el acto verdaderamente definitivo.

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Consejero Ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves, radicado 25000-23-42-000-2019-00825-01
(2265-2025); Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de abril de
2019, radicado: 25000-23-42-000-2016-03390-01(4082-17).

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Demandante: Elver José Rojas Bravo

44. En consecuencia, se negarán las pretensiones porque el acto demandado
no es susceptible de control judicial.

La condena en costas en segunda instancia

45. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

46. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

47. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

48. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto
se revocará la sentencia y se negarán las pretensiones. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

III. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 2 de mayo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Segunda, Subsección A, y en
consecuencia NEGAR las pretensiones.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de ambas instancias al señor Elver José
Rojas Bravo, a favor de Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente

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Radicación: 2500-23-42-000-2017-02506-01 (4776-2024)
Demandante: Elver José Rojas Bravo

de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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