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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02611-01

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02611-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 4 de octubre de 2018, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, que accedió a las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Modificar el numeral segundo de la sentencia apelada el cual quedará así: «Segundo: CONDENAR a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR a lo siguiente: a) Reconocer al señor Giovanni Ruiz Garzón identificado con cédula de ciudadanía No. 79.139.615, asignación de retiro cuantía del 74% de las partidas correspondientes a: sueldo básico, prima retorno a la experiencia, subsidio de alimentación, 1/12 de la doceava de la prima de servicios, 1/12 de la prima de vacaciones y 1/12 de la prima de navidad, prestación efectiva a partir del día siguiente en que se cumplan los tres meses de alta, situación que deberá ser verificada por la entidad al momento de dar cumplimiento a la sentencia, tal como se explicó en precedencia. b) La diferencia resultante no cancelada, será objeto de indexación, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 187 del C.P.A.C.A., es decir, que se efectuará con la aplicación de los índices de inflación certificados por el DANE, teniendo en cuenta para el efecto la siguiente formula: R=R.H. ÍNDICE FINAL ÍNDICE INICIAL En la que el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto del correcto reajuste de la asignación básica y las prestaciones, por el guarismo que resuelte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho periodo, como se indicó en la parte motiva de la presente providencia.» TERCERO: MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia apelada en consecuencia ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, que para efectos de fijar las agencias en derecho en […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-02611-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

29 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2017 02611 01 (1656-2019)
Demandante: Giovanni Ruiz Garzón
Demandado: - Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
• Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

Temas: Reconocimiento asignación de retiro - miembro del Nivel
Ejecutivo.

Decisión: Confirmar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1.La Sala de Subsección resuelve los recursos de apelación interpuestos por la
parte demandante y la parte demandada contra la sentencia proferida el 4 de
octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E, que accedió a las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda1
2. El señor Giovanni Ruiz Garzón, por intermedio de apoderado judicial, en

ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad solicitó inaplicar el artículo 2 del
Decreto 1858 de 2012, que regula el régimen salarial y prestacional de la Fuerza
Pública, por violación a la Constitución y la Ley, en consecuencia, declarar la nulidad
del Oficio 17979/ GAG SDP del 24 de septiembre de 2015, por el cual se negó el
reconocimiento y pago de una asignación de retiro al demandante.

3.A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional a liquidar y pagar la asignación de retiro del actor a partir del
momento en que se produjo su retiro del servicio el 21 de julio de 2015 y en adelante
en cuantía del 70% de lo devengado por un Intendente, más los intereses legales y
moratorios a los que haya lugar.

4. Pagar las prestaciones, subsidios, aumentos anuales o cualquier otro derecho
causado, con la indexación que en derecho corresponda. Se dé cumplimiento a la
sentencia en los términos ordenados por el C.P.A.C.A. de no ser así se condene a
al pago de intereses comerciales.

1 Folios 1 a 53 del expediente

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2017 02611 01 (1656-2019)
Demandante: Giovanni Ruiz Garzón

4.1. Hechos que fundamentan la demanda
2. Prestó sus servicios a la Policía Nacional como auxiliar desde el 5 de agosto de

1992 hasta el 20 de julio de 1993; posteriormente se vinculó como alumno de la
Escuela de Policía Gabriel González entre el 17 de octubre de 1995 y el 10 de
octubre de 1996, fecha esta última en la que se graduó como Patrullero, precisando
que posteriormente fue ascendido al grado de Subintendente en el año 2001 y al de
Intendente en el año 2011.

3. El 15 de noviembre de 2014, solicitó su retiro del servicio atendiendo a que
cumplía con los requisitos exigidos en la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de
2004, para acceder a la asignación de retiro. La mencionada petición fue reiterada
el 4 de mayo de 2015.

4. A través de la Resolución 03136 del 15 de julio de 2015, se aceptó el retiro por
solicitud propia del demandante, no obstante, nada se mencionó sobre el
reconocimiento de la asignación de retiro y los tres meses de alta, en consecuencia,
interpuso recurso de reposición, que fue resuelto en forma adversa a sus intereses.

5. Ante esta situación, el 15 de septiembre de 2015 solicitó ante CASUR el
reconocimiento de los tres meses de alta y de la asignación de retiro, petición que
fue resuelta en forma negativa mediante Oficio 17978/ GAG SDP del 24 de
septiembre de 2015.

6. Cuando el demandante ingresó a la Policía Nacional las normas que regulaban
el reconocimiento de salarios y prestaciones correspondían a los Decretos 1212 y
1213 de 1990, disposiciones según las cuales el derecho a la asignación de retiro,
cuando la desvinculación se produce por solicitud propia, opera con 20 años de
servicios.

7. Con posterioridad se expidió la Ley 923 de 2004, que dispuso los límites que
debía tener el legislador para fijar los requisitos para el reconocimiento de la
asignación de retiro; en aplicación de esta norma, el Consejo de Estado declaró la
nulidad del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, en cuanto desconoció los límites
establecidos en la ley para la fijación del tiempo de servicio para el reconocimiento
de la prestación por retiro.

8. De conformidad con la hoja de servicios 79139615 del 27 de agosto de 2015, el
Intendente Giovanni Ruiz Garzón, prestó sus servicios a la Policía Nacional por 21
años y 1 día, lo que le da derecho al reconocimiento y pago de la asignación de
retiro.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
9. Citó como normas vulneradas el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 11, 13, 16, 29,

53 de la Constitución Política; artículos 3, 4, 6, 48 y 144 del Decreto 1212 de 1990;
numeral 3.9 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004; Ley 1437 de 2011; el Pacto
Internacional y la Directriz de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; los
Principios de Limburgo y la Directriz 9 Maastricht de 1997; Comité Internacional de

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2017 02611 01 (1656-2019)
Demandante: Giovanni Ruiz Garzón

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación General 14 de la ONU;
Sistema Interamericano de Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica
en el artículo 26 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y las
sentencias de la Corte Constitucional C- 168 de 1995, C – 189 de 1996, SU- 225 de
1997, C- 567 de 2002, C- 789 de 2002, C- 038 de 2004C- 754 de 2004, C – 663 de
2007, C- 663 de 2007, C- 507 de 2008 y C- 794 de 2009. En ese orden, sustentó la
vulneración de la siguiente forma:

10. Efectuó un recuento normativo y jurisprudencial de las normas que regulan el
régimen salarial y prestacional del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional,
con fundamento en el que concluyó que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley
923 de 2004, las únicas normas vigentes en materia pensional para todo el personal
de la Policía Nacional eran los Decretos 1212 y 1213 de 1990, disposiciones según
las cuales el derecho a la asignación de retiro se causa con 15 y 20 años de servicio.

11. Ahora bien, en desarrollo de las disposiciones contenidas en la Ley 923 de
2004, el legislador expidió el Decreto 4433 de 2004, norma vigente en materia
prestacional a la fecha en que el demandante se incorporó a la Policía Nacional, no
obstante, teniendo en cuenta que esta disposición incrementó el tiempo de servicio
para acceder a la asignación de retiro de 20 a 25 años, fue declarada nula por el
Consejo de Estado.

12. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que el demandante prestó sus
servicios a la Policía Nacional por espacio de 21 años y 1 día, le asiste el derecho
al reconocimiento y pago de una asignación de retiro con fundamento en el artículo
144 del Decreto 1212 de 1990.

13. En el contenido del acto demandado CASUR niega el derecho a la asignación
de retiro con fundamento en las disposiciones contenidas en los Decretos 1091 de
1995 y 4433 de 2004, normas que fueron declaradas nulas por el Consejo de Estado
teniendo en cuenta que excedieron los límites impuestos en la Ley Marco que regula
el régimen prestacional del personal de la Policía Nacional.

14. Aclaró que si bien es cierto el demandante se incorporó de manera directa a la
carrera del nivel ejecutivo, no puede pasarse por alto que la disposición del Decreto
1858 de 2012, que establece como tiempo mínimo de servicio para reconocer la
prestación 25 años, fue declarada nula por el Consejo de Estado, razón por la cual
carece de fundamento la negativa de la entidad demandada en torno al derecho
pretendido.

1.4. Contestación de la demanda2
15. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, por intermedio de

apoderada se opuso a las pretensiones formuladas alegando que el acto
demandado fue proferido con sujeción a la normatividad vigente aplicable al caso.

2 Folios 97 a 104 del expediente

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 02611 01 (1656-2019)
Demandante: Giovanni Ruiz Garzón

16. Expuso que el actor fue retirado del servicio el 21 de julio de 2015, en vigencia
del Decreto 1858 de 2012, disposición que debe ser aplicada para efectos del
reconocimiento de la asignación de retiro, por tanto, al no acreditar 25 años de
servicio, no le asiste derecho a lo reclamado.

17. Explicó que la vinculación al servicio se dio en vigencia del Decreto 1091 de
1995, disposición según la cual para el personal del nivel ejecutivo el reconocimiento
de la asignación de retiro en caso de retiro por solicitud propia se concede cuando
el uniformado acredita 25 años de servicio, aclaró que para el demandante no
resultan aplicables los Decretos 1212 y 1213 de 1990, toda vez que su incorporación
al nivel ejecutivo se produjo en forma directa.

18. Finalizó alegando que no procede aplicar la excepción de inconstitucionalidad
respecto del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, en atención a que la norma no
resulta contraria a los parámetros constitucionales y legales. No obstante, y en caso
de ser procedente, se debe tener en cuenta el Decreto 1091 de 1995, que contempla
el requisito de 25 años de servicio para el reconocimiento de la asignación por retiro.

1.5. Sentencia de primera instancia3
19. En sentencia proferida el 4 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, declaró la nulidad del acto demandado y a título de restablecimiento
del derecho ordenó a CASUR reconocer al señor Giovanni Ruiz Garzón una
asignación de retiro en los términos señalados en el artículo 144 del Decreto 1212
de 1990, en cuantía del 50% de las partidas devengadas en actividad, prestación
efectiva a partir del 22 de julio de 2015. Además, condenó en costas a la parte
vencida.

20. En síntesis señala que si bien la norma aplicable al actor en principio era el
artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, como quiera que el retiro del servicio se produjo
por solicitud propia a partir del 22 de julio de 2015, fecha en la cual se encontraba
vigente esta disposición; el Consejo de Estado en sentencia del 3 de septiembre de
2018, declaró su nulidad, razón por la cual corresponde analizar el asunto con
fundamento en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, teniendo en cuenta que el
parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 y el artículo 51 del Decreto
1091 de 1995, corrieron la misma suerte, al ser declarados nulos por esta
Corporación.

21. En ese orden de ideas y en atención a que su retiro se produjo por solicitud
propia, para tener derecho a la prestación debía acreditar como mínimo 20 años de
servicios al tenor del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, y dado que prestó sus
servicios a la Policía Nacional por espacio de 21 años y 6 días, le asiste derecho al
reconocimiento de la prestación reclamada. Para finalizar condenó en costas y
agencias en derecho a la entidad como parte vencida.

3 Folios 165 a 176 del expediente

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1.6. Recursos de apelación
1.6.1. Entidad demandada4
22. A través de apoderada, solicitó modificar la sentencia alegando que el a quo

ordenó el reconocimiento de una asignación de retiro bajo parámetros que no le son
aplicables al demandante, desconociendo que, si bien en sentencia del 3 de
septiembre de 2018 se declaró la nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012
con efectos ex tunc, lo cierto es que esa providencia solo hace referencia al tiempo
total de servicio que debe acreditar el uniformado incorporado en forma directa al
nivel ejecutivo.

23. Aduce que el yerro se presenta al ordenar la liquidación de la asignación de
retiro teniendo en cuenta los factores salariales propios del personal del nivel
ejecutivo, así se desconoce que, si el reconocimiento se ordena con fundamento en
el Decreto 1212 de 1990, los factores salariales a incluir son aquellos que se
reconocen al personal de Oficiales y Suboficiales, que para el caso del demandante
solo corresponde al sueldo básico.

24. Se refirió al fallo de tutela proferido por la Sección Quinta del Consejo Estado el
10 de septiembre de 2018 dentro del proceso 1100103150002018052101, en el que
se orientó que la fecha que determina la normatividad aplicable para efectos del
reconocimiento de la asignación de retiro es la de la desvinculación, en ese
escenario el personal vinculado en forma directa es beneficiario de las disposiciones
contenidas en el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, para efectos de la prestación
pensional.

25. Si bien es cierto los efectos de las sentencias de tutela producen efectos inter
partes, destaca que el objeto de estudio en el presente asunto como en el aludido
fallo de tutela, es el reconocimiento de la asignación de retiro para los miembros del
Nivel Ejecutivo incorporados en forma directa en aplicación de la Ley 923 de 2004.
Culmina solicitando que se revoque la condena en costa, alegando que cuanto se
expidió el acto acusado estaba vigente el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, y que
la entidad no actuó de manera arbitraria, ni con mala fe o temeridad.

1.6.2. El demandante5
26. Expresa que, a pesar de que se ordenó el reconocimiento y pago de la

asignación de retiro, el a quo se equivocó al aplicar la norma y concedió un
porcentaje inferior al que por derecho le corresponde, ello en tanto el artículo 144
del Decreto 1212 de 1990, señala que el reconocimiento de la prestación
corresponde al 50% de las partidas de que trata el artículo 140 ibidem, por los 15
primeros años de servicio y un 4% adicional por cada año que exceda los primeros
15, sin que el total sobrepase el 85% de los haberes en actividad.

27. El demandante acumuló un total de tiempo de servicio de 21 años y 6 días, en
ese escenario le asiste el derecho a que la asignación de retiro sea equivalente al
74% de los haberes devengados en actividad. Así mismo solicitó reconocer los tres

4 folios 176 a 181 del expediente
5 Folios 182 a 185 del expediente

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meses de alta de conformidad con el artículo 145 del Decreto 1212 de 1990 y las
demás prestaciones a que tiene derecho bajo los parámetros del artículo 140
ibidem.

28. Finalmente señaló que no estaba de acuerdo con las agencias en derecho
fijadas por el Tribunal en la suma de $500.000, pues desconoce lo estipulado en el
artículo 366 del C.G.P., según el cual se debe considerar la naturaleza, calidad y
duración de la gestión, así como la cuantía del proceso y otras circunstancias. Se
debe fijar una suma adecuada a la gestión y actuación desplegada extrajudicial y
judicialmente por el profesional del derecho.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
29. Por auto calendado el 17 de junio de 2019, se admitió el recurso de apelación6.
Por auto del 31 de julio de 20197, se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión.

30. En el término otorgado la apoderada de la Caja de sueldos de Retiro de la
Policía Nacional reiteró los argumentos del recurso de apelación y adicional a ello
señaló que, si bien el demandante acredita el tiempo de servicio exigido en el
Decreto 1212 de 1990 para el reconocimiento de la asignación de retiro, lo cierto es
que la liquidación de la prestación debe ordenarse con las partidas señaladas en el
artículo 3 del Decreto 1858 de 2012, disposición propia del régimen del nivel
ejecutivo.

31. El demandante por intermedio de apoderado presentó escrito de alegatos en
el que solicitó en aplicación al principio de favorabilidad ordenar el reconocimiento
de la asignación de retiro con fundamento en el artículo 1 del Decreto 1858 de 2012,
que permite reconocer la prestación en un monto equivalente al 77% de lo
devengado.

32. Reiteró la solicitud de fijar en un mayor valor las agencias en derecho
atendiendo a la naturaleza, calidad y duración del proceso, así mismo señaló que
su antecesor Dr. Henry Oswaldo González Rodríguez, está reclamando el pago de
sus honorarios profesionales y por esta razón ejecutó al demandante, circunstancia
debido a la cual es necesario fijar en un justo valor la cuantía que por agencias en
derecho corresponde.

33. Finalmente desistió de la pretensión relacionada con el pago en dinero de los
tres meses de alta, toda vez que mediante Resolución 02177 del 24 de mayo de
2019, la entidad le reconoció dicho concepto.

34. El Agente del Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado en el término otorgado guardaron silencio.

35. Pues bien, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que se

6 Folio 208 del expediente
7 Folio 214 del expediente

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observe por la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia
36. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de

lo Contencioso Administrativo8, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso9, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y,
comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente una de las partes presentó
recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Del problema jurídico
37. El presente asunto se contrae a determinar si al IT ® Giovanni Ruiz Garzón le

asiste o no el derecho al reconocimiento y pago de una asignación de retiro de
conformidad con el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, así mismo cuáles son
los factores que se deben incluir en la liquidación de la prestación por retiro.

38. De otra parte, se debe establecer si hay o no lugar a modificar el valor
reconocido por concepto de agencias en derecho en primera instancia.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
39. En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la
República en el artículo 35 de la Ley 62 de 1993, profirió el Decreto 041 de 199410,
a través del cual entre otros creó y reguló la carrera profesional del Nivel Ejecutivo
en la Policía Nacional, no obstante, la Corte Constitucional en sentencia C- 417 del
22 de septiembre de 1994 con ponencia del Dr. Carlos Gaviria Díaz, declaró
inexequibles los apartes que se referían al Nivel Ejecutivo, en cuanto consideró que
el Gobierno nacional excedió el límite material fijado en la Ley 62 de 1993, en
consecuencia toda la reglamentación del nivel ejecutivo desapareció del sistema
jurídico.

40. En atención a la declaratoria de inexequibilidad parcial del Decreto 041 de
1994, el legislador expidió la Ley 180 de 199511 (Diario Oficial 41.676 del 13 de enero
de 1995), en la cual determinó que la Policía Nacional estaba integrada entre otros por
el personal del Nivel Ejecutivo, así mismo estableció que de conformidad con el

8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
10 “Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional

y se dictan otras disposiciones.” Diario Oficial No. 41.168 del 11 de enero de 1994.
11 “por la cual se modifican y expiden algunas disposiciones sobre la Policía Nacional y del Estatuto para la

Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la
República para desarrollar la Carrera Policial denominada "Nivel Ejecutivo", modificar normas sobre estructura
orgánica, funciones específicas, disciplina y ética y evaluación y clasificación y normas de la Carrera Profesional
de Oficinas, Suboficiales y Agentes”

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Demandante: Giovanni Ruiz Garzón

numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, el Presidente de la República
estaba revestido de facultades extraordinarias para entre otras cosas, desarrollar la
Carrera Profesional del Nivel Ejecutivo en la Policía Nacional.

41. En desarrollo de esas facultades fue expedido el Decreto 132 de 1995, por
medio de la cual se desarrolló la carrera profesional del Nivel Ejecutivo en la Policía
Nacional, disposición en la que se dejó establecido que el ingreso a esta nueva
carrera se haría por incorporación directa superando el proceso de selección o por
homologación del grado de Suboficial o Agente al Nivel Ejecutivo de acuerdo a los
requisitos y condiciones establecidos.

42. Con posterioridad, a través del Decreto 1091 de 1995, se estableció el
régimen de asignaciones y prestaciones para el personal del nivel ejecutivo creado
mediante Decreto 132 de 1995, disposición que en su artículo 5112 estableció los
requisitos para el reconocimiento de la asignación de retiro, a saber, 20 o 25 años
de servicio según la causal de retiro. Sin embargo, este artículo fue declarado nulo
en sentencia del 14 de febrero de 200713, al considerar que los presupuestos para
el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, como la asignación de retiro,
debían ser determinados por Ley Marco ante la existencia de cláusula de reserva
legal. Aunado a ello, tratándose de la modificación de un régimen prestacional, se
hacía necesario establecer un régimen de transición en el cual se determine las

12 “Artículo 51. El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, tendrá derecho a partir de la fecha en que

terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de retiro de la Policía Nacional, se le pague
una asignación mensual de retiro equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del monto de las partidas
de que trata el artículo 49 de este Decreto, por los primeros veinte (20) años de servicio y un dos por ciento
(2%) más, por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento
(100%) de tales partidas, en las siguientes condiciones:

a) Al cumplir veinte (20) años de servicio y ser retirado por cualquiera de las siguientes causas:

1. Llamamiento a calificar servicio.
2. Voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional.

3. Por disminución de la capacidad sicofísica para la actividad policial.
4. Por haber cumplido sesenta y cinco (65) años de edad los hombres y sesenta (60) años de edad las mujeres.

b) Al cumplir veinticinco (25) años de servicio y ser retirado o separado por cualquiera de las siguientes causas:

1. Por solicitud propia.
3. Por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada.
4. Por conducta deficiente.
5. Por destitución.
6. Por detención preventiva que exceda de ciento ochenta (180) días.
7. Por separación absoluta en las condiciones establecidas en el artículo 68 del Decreto 132 de 1995.

PARÁGRAFO. También tendrá derecho al pago de asignación mensual de retiro el personal del nivel ejecutivo
de que trata el literal b) de este artículo, cuando cumpla los siguientes requisitos:

1. Veinte (20) años de servicio a la Policía Nacional, y
2. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad los hombres y cincuenta (50) años de edad las mujeres.
“(…)” (Negrilla 2. Por incapacidad profesional.
y subrayas de la Sala).
13 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION SEGUNDA,
Consejero ponente: ALBERTO ARANGO MANTILLA. Sentencia del catorce (14) de febrero de dos mil siete
(2007). Radicación número: 11001-03-25-000-2004-00109-01(1240-04). Actor: FERNEY ENRIQUE CAMACHO
GONZALEZ.

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Demandante: Giovanni Ruiz Garzón

diferencias entre quienes se incorporaron de manera directa y los homologados, lo
anterior en garantía de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales.

43. Mediante Decreto 1791 de 2000, se modificaron las normas de carrera de
personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional,
disposición que en sus artículos 9 y 10 reguló nuevamente lo relacionado con la
homologación de Suboficiales y Agentes al Nivel Ejecutivo, normas que en lo
sustancial mantuvieron las disposiciones del Decreto 132 de 1995.

44. Mas adelante fue expedido el Decreto 2070 de 2003, que reguló el régimen
pensional de los miembros de la Fuerza Pública, entre ellos los integrantes del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional, pero la Corte Constitucional declaró su
inexequibilidad a través de la sentencia C- 432 de 2004, al desconocer lo previsto
en el artículo 150 numerales 10 y 19 literal e) de la Constitución Política.

45. En consecuencia de lo anterior, fue proferida la Ley Marco 923 de 2004 (Diario
Oficial 45.777 del 30 de diciembre de 2004), que en sus artículos 214 y 315 dispuso que

14 Artículo 2o. objetivos y criterios. Para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los

miembros de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta además de los principios de eficiencia,
universalidad, igualdad, equidad, responsabilidad financiera, intangibilidad y solidaridad los siguientes objetivos
y criterios:
2.1. El respeto de los derechos adquiridos. Se conservarán y respetarán todos los derechos, garantías,
prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos conforme a disposiciones anteriores a la fecha de entrada de las
normas que se expidan en desarrollo de la misma.
2.2. La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal.
2.3. Los riesgos inherentes a la actividad especial de los miembros de la Fuerza Pública aplicando el principio
de redistribución de acuerdo con la antigüedad, grados, cuerpo, arma y/o especialidad, la naturaleza de las
funciones, y sus responsabilidades.
2.4. El mantenimiento del poder adquisitivo de las asignaciones de retiro y de las pensiones legalmente
reconocidas.
2.5. Los recursos que se recauden por aportes que se hagan para la asignación de retiro en la Fuerza Pública
y sus rendimientos se destinarán en forma exclusiva al pago de asignaciones de retiro y sustituciones
pensionales.
2.6. El manejo, inversión y control de los aportes estarán sometidos a las disposiciones que rigen para las
entidades administradoras del régimen de prima media con prestación definida y a la inspección y vigilancia del
Estado.
2.7. No podrá discriminarse por razón de categoría, jerarquía o cualquier otra condición a los miembros de la
Fuerza Pública para efectos de adelantar el trámite administrativo del reconocimiento de una asignación de
retiro o pensión o sustitución.
El tiempo de servicio exigido para tener derecho a la asignación de retiro será establecido en igualdad de
condiciones para el personal de Oficiales, Suboficiales, Agentes y Miembros del Nivel Ejecutivo que ingresen a
partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
2.8. No podrá en ningún caso desconocerse el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al miembro de
la Fuerza Pública que hubiere adquirido el derecho a su disfrute por llamamiento a calificar servicios, por retiro
por solicitud propia, o por haber sido retirado del servicio por cualquier causal.
15 Artículo 3o. elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus
sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la
Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes
elementos:
3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se fijará exclusivamente
teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para acceder al
derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá como requisito
para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años.
A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no
se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las
disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud
propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal.
Excepcionalmente, para quienes hayan acumulado un tiempo de servicio en la Fuerza Pública por 20 años o
más y no hayan causado el derecho de asignación de retiro, podrán acceder a esta con el requisito adicional de
edad, es decir, 50 años para las mujeres y 55 años para los hombres.

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el Gobierno Nacional al momento de fijar el régimen de asignación de retiro de los
miembros de la fuerza pública, tendría en cuenta un tiempo de servicio mínimo de
18 años y máximo de 25, con la precisión de que a los miembros de la Fuerza
Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la ley (30 de
diciembre de 2004), no se les podía exigir un tiempo de servicio superior al regido
por las disposiciones que se encontraban vigentes cuando el retiro del servicio se
produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando se produzca por otra
causal.

46. Ahora bien, a la fecha de entrada en vigor de la Ley 923 de 2004, el personal
de la Policía Nacional estaba regulado por los Decretos 1212 de 1990 para el caso
de Oficiales y Suboficiales, 1213 de 1990 para el personal de Agentes y 1091 de
1995 para los miembros del nivel ejecutivo, en este punto conviene recordar que la
declaratoria de nulidad de la norma que regía la asignación de retiro del personal
del Nivel Ejecutivo fue declarada nula el 14 de febrero de 2007, esto es con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004.

47. En punto al reconocimiento de la asignación de retiro, el Decreto 1212 de
1990, dispuso que los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional tendrían
derecho a la asignación de retiro cuando fueren “retirados del servicio activo
después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios, o por mala
conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada,
o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por
sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la
capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los
que se retiren o sean separados con más de veinte (20) años de servicio”.

48. A su vez el Decreto 1213 de 1990, señaló que los “Agentes de la Policía
Nacional que sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por
disposición de la Dirección General, o por sobrepasar la edad máxima
correspondiente a su categoría, o por mala conducta comprobada, o por
disminución de la capacidad sicofísica, o por inasistencia al servicio y los que se
retiren a solicitud propia después de los veinte (20) años de servicio”, tendrían
derecho al reconocimiento y pago de la asignación de retiro.

49. Y finalmente el artículo 51 del decreto 1091 de 1995, vigente en la fecha en
que entró a regir la ley 923 de 2004, orientó que, para tener derecho al
reconocimiento y pago de la asignación de retiro, el personal del Nivel Ejecutivo de

En todo caso, los miembros de la Fuerza Pública que se retiren o sean retirados del servicio activo sin derecho
a asignación de retiro o pensión, tendrán derecho al reconocimiento del bono pensional por el total del tiempo
servido, de conformidad con las normas del Sistema General de Pensiones.
3.2. El monto de la asignación de retiro será fijado teniendo en cuenta el tiempo de servicio del miembro de la
Fuerza, el cual no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) por los primeros quince (15) años de servicio,
ni superior al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas computables.
3.3. Las partidas para liquidar la asignación de retiro serán las mismas sobre las cuales se fije el aporte a cargo
de los miembros de la Fuerza Pública.
3.4. El aporte para la asignación de retiro a cargo de los miembros de la Fuerza Pública será fijado sobre las
partidas computables para dicha asignación, el cual estará a cargo de los miembros de la Fuerza Pública en un
porcentaje que no será inferior al cuatro punto cinco por ciento (4.5%), ni superior al cinco por ciento (5%).
(…)”

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la Policía Nacional (homologado o por incorporación directa) debía acreditar 20 o
25 años de servicios, según la causal de retiro. No obstante, esta norma fue
declarada nula por el Consejo de Estado en sentencia del 14 de febrero de 2007,
como se analizó en precedencia.

50. En ese orden de ideas, se concluye que respecto a los miembros del Nivel
Ejecutivo se presentan dos situaciones a saber: i) el personal que ingresó por
homologación de los grados de Suboficiales y Agentes, para quienes antes de la
creación del Nivel Ejecutivo estaban regulados por los Decretos 1212 y 1213 de
1990, normas que reconocían la asignación de retiro con 15 y 20 años, según el
caso y ii) el personal que ingresó al nivel ejecutivo por incorporación directa, quienes
nunca estuvieron sometidos a las normas propias de la carrera de Suboficiales y
Agentes.

51. Ahora bien, en desarrollo de las disposiciones contenidas en la Ley 923 de
2004, se expidió el Decreto 4433 de 2004, que fijó el régimen pensional y de
asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública; particularmente respecto
a la asignación de retiro de los miembros del nivel ejecutivo, en su artículo 25,
dispuso que el personal homologado y por incorporación directa, tendrían derecho
a la asignación de retiro a los 20 o 25 años según la causal de retiro, es decir, se
contempló el mismo requisito inicialmente previsto en el artículo 51 del Decreto 1091
de 1995, que fue declarado nulo.

52. Ante esta circunstancia en sentencia del 12 de abril de 201216, esta
Corporación declaró la nulidad del parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 4433 de
2004, por exceder los límites dispuestos en la Ley Marco 923 de 2004 e invadir las
competencias del legislativo, al modificar el tiempo mínimo de servicio para el
reconocimiento de la asignación de retiro a favor del personal de Suboficiales y
Agentes homologados al nivel ejecutivo y no establecer un régimen de transición
que ampare las expectativas legitimas de tales servidores. En lo demás, la
disposición en cita continuo vigente, esto es, lo relacionado con el régimen de
asignación de retiro aplicable al personal que se incorporó al escalafón a partir del
30 de diciembre de 2004.

53. Si bien en esa oportunidad se declaró la nulidad del parágrafo 2 del artículo
25 del Decreto 4433 de 2004, nada se dijo sobre el tiempo de servicio que se exige
al personal que se incorporó de manera directa a la carrera del nivel ejecutivo, razón
por la cual, el Gobierno nacional en uso de las facultades constitucionales y legales,
profirió el Decreto 1858 de 2012 (Diario Oficial 48.545 del 6 de septiembre de 2012), por
medio del cual fijó el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional.

54. El artículo 1 de la disposición en cita, estableció un régimen de transición a
favor del personal de Suboficiales y Agentes homologados a la carrera del nivel
ejecutivo antes del 1 de enero de 2005, a quienes se les reconoce el derecho a la
asignación de retiro cuando cumplan 15 años de servicios y el retiro sea por

16 M.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón. Expediente No. 2006-00016. (1074-07).

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llamamiento a calificar servicios, por voluntad de la Dirección General o por
disminución de la capacidad psicofísica, o 20 años de servicios cuando se retiren a
solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos.

55. De otra parte, el artículo 2 ordenó que el personal del Nivel Ejecutivo que
ingresó al escalafón por incorporación directa antes del 31 de diciembre de 2004,
tendría derecho a la asignación de retiro con 20 años de servicios si el retiro se
produce por llamamiento a calificar servicios o por voluntad del Director General de
la Policía por delegación o por disminución de la capacidad psicofísica, o 25 años
cuando se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta
o destituidos. Se concluye entonces que esta norma impuso nuevamente el requisito
de los 20 o 25 años de servicios para el personal que se incorporó en forma directa
al Nivel Ejecutivo, exigido inicialmente en los Decretos 1091 de 1995 y 4433 de
2004.

56. En razón a lo anterior, en sentencia del 3º de septiembre de 201817, esta
Corporación declaró la nulidad del artículo 2º del decreto 1858 de 2012, al
considerar que el Presidente de la República excedió los límites impuestos por el
legislador en la Ley Marco 923 de 2004, teniendo en cuenta que el inciso 2 del
numeral 3.1 del artículo 3 de esta última ley estableció una garantía en favor de los
miembros de la Fuerza Pública que se encontraban en servicio activo a la fecha de
entrada en vigencia de la misma (30 de diciembre de 2004), incluidos los del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional sin hacer distinciones en razón al tipo de
vinculación, la cual consiste en que no se les puede exigir como requisito para el
reconocimiento del derecho a la asignación de retiro, un tiempo de servicio superior
al regido por las disposiciones vigentes al momento de su expedición cuando el
retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se
produzca por cualquier otra causal, veamos:

«En conclusión de esta primera disquisición, la Sala encuentra que por remisión expresa de la
Ley 923 de 2004, a los miembros de la Policía Nacional, entre los cuales se hallan los que
integran el nivel ejecutivo, que se encontraran activos al momento de la expedición de la Ley,
esto es, al 31 de diciembre de 2004, no se les puede exigir un tiempo de servicio, para efectos
de acceder a la asignación de retiro, superior al establecido en los Decretos 1212 y 1213 de
1990, por ser esta la normativa que se encontraba vigente para dicho momento, cuando quiera
que la causal de retiro invocada sea la de solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando la
desvinculación se produzca por cualquier otra causal.
(...)
En efecto, con la expedición del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 el Gobierno Nacional
desconoció las previsiones normativas contenidas en la Ley marco 923 de 2004 al exigirle al
personal vinculado con el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional incorporado directamente y en
servicio activo al 31 de diciembre de 2004, requisitos más gravosos para acceder al derecho de
la asignación de retiro, toda vez que al establecer como tiempos mínimos y máximos de retiro
entre 20 y 25 años, según la causal, contravino los términos establecidos en la normativa superior
que se restringen a los mínimos y máximos de 15 a 20 años de servicio.

Al desbordar a través de la emanación de la disposición acusada los términos temporales
previstos en la Ley 923 de 2004 para acceder al derecho de asignación de retiro de los

17 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B. Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS. Fallo del tres (3) de septiembre de dos
mil dieciocho (2018). Radicado: 11001-03-25-000-2013-00543-00. No. Interno: 1060-2013 – Acumulados Actor:
Julio César Morales Salazar y otros. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional. Asunto: Nulidad del
artículo 2 del Decreto 1858 de 2012

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integrantes del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional incorporados directamente y en servicio
activo al 31 de diciembre de 2004, el Gobierno Nacional desconoció y violentó los limites
materiales previstos para la fijación del régimen de asignación de retiro de la Fuerza Pública,
excediéndose de contera en el ejercicio de la potestad reglamentaria ampliada que le fuera
conferida por virtud del artículo 189 numeral 11 de la Carta Fundamental.
(…)

Es así como, esta Subsección declarará la nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, no
sin antes advertir que los efectos otorgados a esta sentencia serán de carácter ex tunc, es decir,
desde entonces, y se retrotraen al momento en que nació el acto, y como consecuencia de ello,
las cosas se vuelven al estado en que se encontraban antes de la expedición del mismo, por lo
que las situaciones no consolidadas entre el momento de la expedición del acto y la sentencia
anulatoria del mismo, son afectadas por la decisión que en esta última se tome18. En tal sentido,
respecto de las situaciones jurídicas no consolidadas, las sentencias de nulidad de actos de
carácter general tienen efecto inmediato, es decir, sobre aquellas que al momento de producirse
el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante
esta jurisdicción; por lo tanto, las “afecta”, de manera inmediata 19.»

57. En ese orden de ideas, quienes ingresaron el Nivel Ejecutivo bien sea por
homologación o por incorporación directa antes del 31 de diciembre de 2004, no se
les puede exigir como requisito para el reconocimiento de la asignación de retiro, un
tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de
la expedición de la Ley 923 de 2004 cuando el retiro se produzca por solicitud propia,
ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal. Así las
cosas, las normas vigentes eran los Decretos 1212 y 1213 de 1990, teniendo en
cuenta la declaratoria de nulidad de los Decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004.

58. Finalmente sea del caso señalar que la nulidad del artículo 2º del Decreto
1858 de 2012 no afectó la norma que regula las partidas computables de la
asignación de retiro de los miembros del Nivel Ejecutivo, artículo 320 ibidem, dado
que la Ley 923 de 2004 artículo 3 numeral 3.1. inciso 2, solo se refirió al límite de
edad para tener en cuenta para expedir la reglamentación y porque ese aspecto no
fue objeto de análisis en la sentencia del 3 de septiembre de 2018.

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Auto del 14 de julio de 2014. M.P. Dr. Gerardo Arenas

Monsalve.
19 Sentencia del 13 de junio de 2013, radicado No. 25000232700020080012501 (18828). M.P. Carmen Teresa

Ortiz de Rodríguez (E).
20 Artículo 3º. Fíjense como partidas computables de liquidación dentro del régimen pensional y de asignación

de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresó a la institución antes del 1º de enero
de 2005, previsto en el presente decreto, las siguientes:
1. Sueldo básico.
2. Prima de retorno a la experiencia.
3. Subsidio de alimentación.
4. Duodécima parte de la prima de servicio.
5. Duodécima parte de la prima de vacaciones.
6. Duodécima parte de la prima de navidad devengada, liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha
fiscal de retiro.
Parágrafo 1. Ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y compensaciones, que
devengue el personal a que se refiere este decreto, serán computables para efectos de la asignación de retiro,
las pensiones o las sustituciones pensionales.
Parágrafo 2. Parágrafo adicionado por el Art. 17 del Decreto 669 de 2022. De conformidad con lo establecido
en el Artículo 116 de la Ley 2179 de 2021, por la cual se establecen las distinciones para el personal en el grado
de Patrulleros del Nivel Ejecutivo, en concordancia con la remuneración establecida en el Artículo 14C del
presente Decreto, al personal de Patrulleros del Nivel Ejecutivo y sus beneficiarios, se le liquidará la asignación
de retiro, la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivencia o las sustitución pensional según corresponda en
cada caso, con las partidas contempladas en el presente Artículo, incluyendo la mitad (1/2) de la distinción que
ostente al momento de causar el derecho.

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2.4. Análisis crítico de los medios de prueba y caso concreto
59. Se encuentra acreditado en el plenario conforme a la hoja de servicios 791396
del 27 de agosto de 201521, que el intendente Giovanni Ruiz Garzón prestó sus
servicios a la Policía Nacional así: i) auxiliar de policía del 5 de agosto de 1992 al
20 de julio de 1993; ii) alumno nivel ejecutivo del 17 de octubre de 1995 al 10 de
octubre de 1996; iii) nivel ejecutivo del 11 de octubre de 1996 al 21 de julio de 2015;
para un total de tiempo de servicio de 21 años y 6 días, el cual fue considerado por
el a quo para el reconocimiento de la asignación de retiro y no es motivo de
discusión en el sub examine.

60. Así mismo, se extrae del contenido de la hoja de servicios que devengó como
factores salariales sueldo básico, prima de retorno a la experiencia, subsidio de
alimentación y prima del nivel ejecutivo y como factores prestacionales sueldo
básico, prima de servicio, prima de navidad, prima vacaciones, prima de retorno a
la experiencia y subsidio de alimentación. Lo anterior quiere decir que en servicio
activo devengó los salarios y prestaciones propias del personal del nivel ejecutivo.

61. El 15 de septiembre de 2015, mediante radicado 106524, solicitó ante la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, el reconocimiento y pago de una
asignación de retiro, la activación de los servicios médicos y los tres meses de alta.22

62. El director general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –
CASUR, profirió el Oficio 17978/GAGSDP del 24 de septiembre de 2015, por
medio del cual negó el reconocimiento pretendido, argumentando que de
conformidad con los Decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004 en concordancia con
el Decreto 1858 de 2012, los miembros del nivel ejecutivo deben acreditar 25 años
de servicio cuando la desvinculación se produce por solicitud propia, lo cual no
acreditaba el actor.

63. En ese orden, sea lo primero señalar que el IT ® Giovanni Ruiz Garzón ingresó
al régimen del nivel ejecutivo el 11 de octubre de 1996 por incorporación directa
esto es antes de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 (30 de diciembre de
2004), por lo cual, atendiendo a la orientación jurisprudencial citada, para efectos
del reconocimiento de la asignación de retiro se debe acudir a lo previsto en el
artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, esto es, 20 años de servicio cuando el retiro
se produzca por solicitud propia. Así las cosas y teniendo en cuenta que prestó sus
servicios a la Policía Nacional por espacio de 21 años y 6 días, le asiste el derecho
al reconocimiento de la asignación de retiro.

64. En torno a la liquidación de la asignación de retiro, debe darse aplicación a lo
dispuesto en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, pero con las partidas de
liquidación previstas en el artículo 3 del Decreto 1858 de 2012, lo anterior teniendo
en cuenta que la declaratoria de nulidad ordenada mediante sentencia del 3 de
septiembre de 201823, únicamente afectó el tiempo de servicio requerido para

21 Folio 58 del expediente
22 Folio 55 del expediente
23 Artículo 2 del Decreto 1858 de 2012

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efectos del reconocimiento de la prestación, más no a las partidas computables
estipuladas para la liquidación de la asignación de retiro.

65. Aunado a ello, vale la pena recordar que el actor ingresó a la carrera del Nivel
Ejecutivo por incorporación directa el 11 de octubre de 1996, lo anterior significa
que durante su vinculación con la entidad devengó los emolumentos propios del
personal del Nivel Ejecutivo, más no los reconocidos a favor del personal de
Suboficiales y Agentes, así da cuenta su hoja de servicios.

66. En ese orden y en punto a la liquidación de la prestación el artículo 144 del
Decreto 1212 de 1990 estableció que por los primeros quince años de servicios la
asignación sería igual al 50% y por cada año adicional se incrementaría en un 4%
sin sobre pasar el 85% de los haberes en actividad, de otra parte, el artículo 3 del
Decreto 1858 de 2012 establece como partidas de liquidación de la asignación de
retiro el sueldo básico, la prima de retorno a la experiencia, subsidio de
alimentación, 1/12 de la prima de servicio, 1/12 de la prima de vacaciones y 1/12 de
la prima de navidad.

67. Teniendo en cuenta que prestó sus servicios a la Policía Nacional por espacio
de 21 años y 6 días, la tasa de liquidación de su asignación de retiro corresponde
al 74% conforme al artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 con la inclusión de los
emolumentos devengados correspondientes a: sueldo básico, prima retorno a la
experiencia, subsidio de alimentación, 1/12 de la prima de servicios, 1/12 de la prima
de vacaciones y 1/12 de la prima de navidad.

68. No le asiste razón al apoderado del demandante al solicitar que el monto de la
asignación de retiro se fije con fundamento en el artículo 1 del Decreto 1858 de
2012, toda vez que dicha disposición aplica al personal que fue homologado de los
grados de Suboficial y Agente, lo cual no ocurre en el subjudice, pues aquel ingreso
a la carrera por incorporación directa.

69. En punto a la fecha a partir de efectividad de la asignación de retiro, el artículo
144 del Decreto 1212 de 1990, dispone que lo será una vez cumplido los tres meses
de alta; sobre el particular en las pretensiones de la demanda y el recurso de
apelación, el demandante solicitó el reconocimiento y pago de este tiempo de
servicio, no obstante en el contenido de los alegatos de conclusión en segunda
instancia desistió de esa pretensión teniendo en cuenta que través de la Resolución
02177 del 24 de mayo de 2019, la entidad le reconoció los tres meses de alta, no
obstante, no se aportó el acto administrativo que contiene el reconocimiento, por lo
que se desconoce los términos en que se efectuó.

70. Así las cosas, la asignación de retiro reconocida a favor del actor será efectiva
al día siguiente de cumplidos los tres meses de alta, situación que deberá ser
verificada por la entidad demandada al momento de dar cumplimiento a la
sentencia.

71. En consecuencia, se confirmará parcialmente la sentencia enjuiciada en cuanto
declaró la nulidad del acto demandado, no obstante se modificará la decisión para
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2017 02611 01 (1656-2019)
Demandante: Giovanni Ruiz Garzón

precisar que la asignación de retiro será equivalente al 74% del sueldo básico con
la inclusión de las partidas correspondientes a: sueldo básico, prima retorno a la
experiencia, subsidio de alimentación, la 1/12 de la prima de servicios, 1/12 de la
prima de vacaciones y la 1/12 de la prima de navidad, efectiva a partir del día
siguiente en que se cumplan los tres meses de alta, situación que deberá ser
verificada por la entidad al momento de dar cumplimiento a la sentencia.

2.5. Conclusión
72. En atención a lo anterior, se impone confirmar parcialmente la sentencia de

primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección E, por medio de la cual se ordenó el reconocimiento
y pago de una asignación de retiro a favor del señor Giovanni Ruiz Garzón, no
obstante se modificará la decisión para precisar que la asignación de retiro será
equivalente al 74% del sueldo básico con la inclusión de las partidas
correspondientes a: sueldo básico, prima retorno a la experiencia, subsidio de
alimentación, la 1/12 de la prima de servicios, 1/12 de la prima de vacaciones y la
1/12 de la prima de navidad, efectiva a partir del día siguiente en que se cumplan
los tres meses de alta, situación que deberá ser verificada por la entidad al momento
de dar cumplimiento a la sentencia.

2.6. De la condena en costas
73. En la sentencia proferida en primera instancia el a quo condenó en costas a la

entidad demandada, en consecuencia, fijó como agencias en derecho la suma de
$500.000. Inconforme con esa decisión la parte demandante solicita que la fijación
de las agencias en derecho se realice conforme lo ordena el artículo 366 del C.G.P.
atendiendo a la naturaleza y duración del proceso, así como a la cuantía de las
pretensiones. De otra parte, la entidad demandada solicita revocar la decisión
teniendo en cuenta que la conducta desplegada atendió a los principios de lealtad
y buena fe.

74. Sobre el particular, sea del caso señalar que la modificación del artículo 188 del
CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se
colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o
alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

75. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 02611 01 (1656-2019)
Demandante: Giovanni Ruiz Garzón

76. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA. Así entonces,
en vista que la entidad resultó vencida en primera instancia, no hay lugar a revocar
la condena en costas impuesta por el tribunal; siendo pertinente señalar que no hay
lugar a verificar si la actuación fue de buena o mala fe, por lo que no prospera en
este sentido el recurso de la demandada.

77. En torno a la inconformidad de la parte actora respecto a la liquidación de las
agencias en derecho, se tiene que en el numeral 4 del artículo 366 del Código
General del Proceso, se establece que para la fijación de agencias en derecho
deberán aplicarse las tarifas que disponga el Consejo Superior de la
Judicatura. Según lo referido, actualmente para los procesos iniciados a partir del
5 de agosto de 2016 el Acuerdo PSAA16-10554 dispone las tarifas de agencias
en derecho para los procesos declarativos así:

«ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:

1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.
(...)
En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones
de contenido pecuniario:
(i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.
(ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.

b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones
pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.

En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.»

78. Como quiera que la demanda del proceso de la referencia fue radicada el 26
de enero de 2017 (Acta de Reparto – Secuencia 654), es el Acuerdo PSAA16-
10554 del 5 de agosto de 2016, el que regula las tarifas para efectos de la fijación
de agencias en derecho en el presente asunto, tal como se señaló en precedencia.

79. Descendiendo al caso concreto se tiene que en la demanda el apoderado de la
parte actora estimó la cuantía en la suma de $55.000.00024, lo anterior significa que
si las agencias en derecho se fijan en un 4% (porcentaje mínimo) el valor a
reconocer corresponde a $2.200.000. No obstante, se verifica en la sentencia que
el a quo fijó como agencias en derecho la suma de $500.000, valor que conforme
a lo analizado no corresponden al 4% de lo pedido, en consecuencia se modificará
el numeral quinto de la sentencia apelada con el fin de que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, para efectos
de fijar las agencias en derecho considere lo ordenado por el Acuerdo PSAA16-
10554 del 5 de agosto de 2016, en los términos previamente explicados.

80. De otra parte, en cuanto a la condena en costas en esta instancia, se impondrán
a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, por cuanto no prospera el
recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del

24 folios 73 a 74 del expediente

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Demandante: Giovanni Ruiz Garzón

CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, conforme se ha explicado en precedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA
PRIMERO. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 4 de octubre de
2018, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección E, que accedió a las pretensiones de la demanda, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Modificar el numeral segundo de la sentencia apelada el cual quedará
así:
«Segundo: CONDENAR a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –
CASUR a lo siguiente:

a) Reconocer al señor Giovanni Ruiz Garzón identificado con cédula de ciudadanía
No. 79.139.615, asignación de retiro cuantía del 74% de las partidas correspondientes
a: sueldo básico, prima retorno a la experiencia, subsidio de alimentación, 1/12 de la
doceava de la prima de servicios, 1/12 de la prima de vacaciones y 1/12 de la prima de
navidad, prestación efectiva a partir del día siguiente en que se cumplan los tres meses
de alta, situación que deberá ser verificada por la entidad al momento de dar
cumplimiento a la sentencia, tal como se explicó en precedencia.

b) La diferencia resultante no cancelada, será objeto de indexación, en cumplimiento a
lo señalado en el artículo 187 del C.P.A.C.A., es decir, que se efectuará con la
aplicación de los índices de inflación certificados por el DANE, teniendo en cuenta para
el efecto la siguiente formula:

R=R.H. ÍNDICE FINAL
ÍNDICE INICIAL

En la que el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que
es lo dejado de percibir por el demandante por concepto del correcto reajuste de la
asignación básica y las prestaciones, por el guarismo que resuelte de dividir el índice
final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria
de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas
adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados
durante dicho periodo, como se indicó en la parte motiva de la presente providencia.»

TERCERO: MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia apelada en
consecuencia ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E, que para efectos de fijar las agencias en derecho en
primera instancia considere lo ordenado por el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de
agosto de 2016, en los términos previamente explicados.

CUARTO: CONDENAR en costas en esta instancia a la entidad
demandada, conforme lo indicado en la parte motiva.

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Demandante: Giovanni Ruiz Garzón

QUINTO. En los términos ordenados por el artículo 166 del C.G.P., por Secretaría
desglósese y entréguese el contrato de servicios profesionales suscrito entre el
señor Giovanni Ruiz Garzón y el abogado Henry Oswaldo González Rodríguez,
visto a folios 5 a 6 del cuaderno de incidente de regulación de honorarios, a efectos
de que el apoderado pueda iniciar proceso ante la jurisdicción ordinaria laboral con
el fin de que se fijen sus honorarios.25

SEXTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

25 Petición vista en los índices 40 y 45 del Sistema para la Gestión Judicial - Samai

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