Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03059-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2017-03059-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03059-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-03059-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03059-02 (3133-2021)
Demandante: Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra ( Q.E.P.D.)
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP
Llamado
en garantía: Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores
Temas: Reliquidación pensional con base en el salario devengado en
el servicio exterior
Decisión: Confirma la decisión que accede parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Condena en costas
Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
entidad demandada contra la sentencia del 15 de abril de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D1 que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso de la
referencia.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2.
2.1.1. Pretensiones.
2. La señora Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra actuando a través de apoderado,
solicitó la nulidad de la Resolución RDP 057874 de 20 de diciembre de 2013,
mediante la cual se negó la reliquidación de la pensión de jubilación del señor
José Antonio Cuello Sierra (q.e.p.d) que le fue sustituida y de la Resolución RDP
003087 de 30 de enero de 2014 en la que, al resolver el recurso de apelación, se
confirmó la decisión inicial.
1 Con ponencia del magistrado Israel Soler Pedroza.
2 Expediente físico. Folios 31 y siguientes.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03059-02 (3133 -2021)
Demandante: Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra
3. A título de restablecimiento del derecho pidió que se condene a la UGPP a
reliquidar la prestación con lo devengado en el último año de servicios en moneda
extranjera (dólares) comprendido entre el 9 de noviembre de 1973 y el 9 de
noviembre de 1974 en forma indexada, con inclusión de las primas de costo de
vida y de navidad; pagar el reajuste de la pensión sustituida y las diferencias de
las mesadas que resulten a su favor y los intereses moratorios a partir de la
ejecutoria de la sentencia y hasta cuando se pague efectivamente el monto de la
condena.
2.1.2. Hechos.
4. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:
5. Mediante Resolución 657 de 7 de marzo de 1977, CAJANAL reconoció al señor
José Antonio Cuello Sierra (q.e.p.d), una pensión de jubilación equivalente al
75% del sueldo equivalente en la planta interna del Ministerio de Relaciones
Exteriores devengado en el último año de servicios, en cuantía mensual de $
7.312,50 efectiva desde el 9 de noviembre de 1974. Allí se precisó que el último
cargo desempeñado por el causante fue el de cónsul de Colombia en Maracaibo
– Venezuela, desde el 7 de abril de 1972 hasta el 9 de noviembre de 1974.
6. Según lo indicó la liquidación de la prestación tuvo en cuenta el salario y la
prima de navidad equivalentes a un cargo de la planta interna del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
7. A través de la Resolución 8985 de 28 de noviembre de 1979 CAJANAL le
sustituyó la pensión a favor de la demandante en su condición de cónyuge
supérstite del causante José Antonio Cuello Sierra. En esa misma decisión se
reajustó la cuantía de la prestación a $ 12.234,29 con efectividad desde el 1.° de
enero de 1977.
8. Durante el último año de servicios el causante devengó asignación básica,
prima de navidad y prima de costo de vida en dólares.
9. El 16 de diciembre de 2013 la demandante solicitó la reliquidación de la
pensión para que se tuviera en cuenta el salario efectivamente devengado en
dólares, por su fallecido esposo, durante su último año de servicios, la cual fue
resuelta de manera desfavorable a través de los actos acusados con base en que
los efectos de la sentencia de la Corte Constitucional C - 173 de 2004, sólo
operan hacia futuro.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
10. Como normas vulneradas citó los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 13, 25, 29, 48, 53,
209 y 229 de la Constitución Política; 2.° de la Ley 270 de 1996; 1.°, 4.°, 10, 21 y
835
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03059-02 (3133 -2021)
Demandante: Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra
36 de la Ley 100 de 1993; 46 del Decreto 692 de 1994; 127 del C. S. de T; 14 de
la Ley 50 de 1990 y 3.° de la Ley 1437 de 2011.
11. En el concepto de violación la parte demandante sostuvo que los actos
demandados deben ser declarados nulos comoquiera que su fundamento
consistió en que la sentencia C - 173 de 2004 por la cual se declaró la
inexequibilidad del aparte del artículo 7.° de la Ley 797 de 2003 que expresaba
«Para los cargos equivalentes de la planta interna» fue expedida el 2 de marzo
de 2004 y por ello sus efectos rigen hacía futuro.
12. Sin embargo, no puede desconocerse que esa norma generaba una
discriminación en perjuicio de los funcionarios públicos del servicio exterior,
situación que afectaba los derechos a la igualdad y a la dignidad humana
establecidos incluso antes de la Constitución Política de Colombia de 1991 por
lo que debe inaplicarse cualquier norma que genere un trato desigual e
injustificado para los trabajadores.
13. En esa medida no puede atenderse norma alguna que implique liquidar las
pensiones a los servidores públicos, con un salario diferente al realmente
devengado en la planta externa, so pena de que se genere una discriminación;
además, tanto la Corte Constitucional3 como el Consejo de Estado han señalado
que el ingreso base de cotización en pensiones de los funcionarios de la planta
externa del Ministerio de Relaciones Exteriores debe responder al efectivamente
devengado y no a las equivalencias de los cargos de la planta interna.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. La UGPP4 por medio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones
con base en los razonamientos que se resumen a continuación:
14. El Ministerio de Relación Exteriores en cumplimiento de la sentencia C-173
de 2004, a partir del 1.° de mayo de 2004 empezó a aportar al Sistema General
de Seguridad Social tomado como base las cotizaciones del salario devengado
en divisas por los funcionarios de planta externa con los topes de ley. Sin
embargo, dado que la sentencia fue proferida el 2 de marzo de 2004 no pueden
aplicarse sus efectos de forma retroactiva, mucho más porque en este caso el
causante falleció el 15 de mayo de 1978.
15. Según lo indicó ese Ministerio dio aplicación a la norma que cobijaba la
situación del causante como lo era el Decreto 2016 de 1968 que señalaba la
forma en que debían liquidarse las pensiones de los funcionarios de la planta
externa del Ministerio equiparándolos a los de la planta interna. Si bien esta
3 Citó la sentencia C - 535 de 24 de mayo de 2005 con ponencia del magistrado Jaime Córdoba Triviño.
4 Folios 68 y s.s.
835
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03059-02 (3133 -2021)
Demandante: Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra
norma sufrió posteriores modificaciones por el Decreto 1253 de 1975 y la Ley 41
de 1975, finalmente a través del Decreto 10 de 1992, las pensiones deben
liquidarse con base en lo devengado por un cargo equivalente en la planta interna
de la entidad.
16. Propuso como excepciones: «inepta demanda», «no comprender la demanda
todos los litisconsortes necesarios», «falta de causa e inexistencia de la
obligación», «buena fe», «prescripción», «legalidad de los actos administrativos
demandados», «compensación» y «genérica».
2.2.2. Ministerio de Relaciones Exteriores5.
17. La apoderada de esta entidad se opuso a las pretensiones de la demanda y
para tal efecto señaló que los aportes girados a los funcionarios del Ministerio,
tanto de la planta interna como de la externa, desde la entrada en vigencia de la
Ley 6ª de 1945 hasta el día antes de la entrada en vigencia del sistema general
de pensiones, fueron pagados a CAJANAL con base en lo señalado en las
normas vigentes, esto es las Leyes 6ª de 1945 y 4ª de 1966 y sus posteriores
modificaciones que establecieron los aportes en pensión en un 3%, 5% u 8%,
dependiendo del año de vinculación, de los gastos de funcionamiento de la
entidad y cuotas de afiliación respectivas.
18. Sin embargo, esa normatividad no dispuso el valor de los aportes sobre algún
factor salarial en especial comoquiera que ello surgió con la Ley 100 de 1993.
19. Propuso las excepciones de «falta de legitimación por pasiva», «inexistencia
del fundamento para pedir reliquidación de aportes a pensión», «buena fe-
inexistencia de la obligación de pagar», «imposibilidad de dar aplicación a la Ley
100 de 1993», «imposibilidad de dar aplicación a la Ley 100 de 1993», «pago»,
«suscripción» «retroactividad de la Constitución de 1991» y «genérica».
2.3. La sentencia apelada6.
20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D por medio de la sentencia del 15 de abril de 2021 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la entidad
accionada.
21. Para adoptar la anterior decisión, se refirió al marco normativo contenido en
las Leyes 4ª de 1966, 41 de 1975 y 797 de 2003 y los Decretos 0311 de 1951,
2016 de 1968, 1253 de 1975, 10 de 1992, 1181 de 1999 y 274 de 2000. De ellos
coligió que los funcionarios de la carrera diplomática y consular no están sujetos
5 Folios 147 y s.s.
6 Folios 220 y s.s.
835
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03059-02 (3133 -2021)
Demandante: Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra
a un régimen especial de pensiones que determine requisitos de edad, tiempo y
monto diferentes a los contenidos en las normas de carácter general aplicables
a los empleados públicos, por lo que la única regulación especial obedece a la
forma como deben ser liquidadas las prestaciones sociales, atendiendo las
especiales características de los cargos que son desempeñados en el exterior,
equiparados con los de la planta interna.
22. Hizo referencia a la sentencia C‑173 de 2004 de la Corte Constitucional,
mediante la cual se declararon inexequibles algunos apartes del artículo 20 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 7.º de la Ley 797 de 2003. Igualmente,
destacó que en relación con el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, la Corte
Constitucional señaló en la sentencia C‑535 de 2005 que los aportes y la
liquidación de la pensión de los funcionarios del Ministerio de Relaciones
Exteriores que laboren en la planta externa deben efectuarse con base en el
salario realmente devengado y no en el correspondiente a un cargo equivalente
en la planta interna, so pena de vulnerar los derechos fundamentales a la
igualdad, la seguridad social, el mínimo vital y el principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades. Consideró que las sentencias C‑173 de 2004 y
C‑535 de 2005 deben aplicarse de manera retroactiva para actualizar los salarios
devengados en moneda extranjera por los funcionarios de la planta externa,
conforme al criterio expuesto por el Consejo de Estado en el concepto de la Sala
de Consulta y Servicio Civil del 9 de julio de 2006, con ponencia del consejero
Flavio Augusto Rodríguez Arce.
23. De acuerdo con las pruebas allegadas estableció que el 13 de febrero de
1985 el causante contaba con más de 20 años, 2 meses y 3 días de servicios al
Estado y por tanto su situación pensional se regía por lo previsto en Ley 4ª de
1966 y los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978, que son anteriores a la Ley
33 de 1985. Así mismo cumplió los 55 años de edad el 14 de julio de 1963, dado
que nació el 5 de diciembre de 1908 y cumplió los 20 años de servicio el 6 de
septiembre de 1974 fecha en la cual adquirió el estatus de pensionado. Por ello
las normas aplicables eran las Leyes 4ª de 1966 y los Decretos 1743 de 1966 y
3135 de 1968, según las cuales, se tendrán derecho a la pensión en cuantía del
75% del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de
servicio, cuando se reúnan 20 años de servicios continuos o discontinuos y 55
años de edad si es hombre y 50 años si es mujer. Por su parte, el artículo 45 del
Decreto Ley 1045 de 1978, de manera general determinó los factores salariales
para el reconocimiento de la pensión de jubilación.
24. También se probó que el señor José Antonio Cuello Sierra (q.e.p.d.), se
desempeñó como cónsul general de Colombia en la ciudad de Maracaibo –
Venezuela del 3 de abril de 1972 al 9 de noviembre de 1974 y que las
prestaciones sociales se le pagaron tomando el sueldo básico del cargo
equivalente en la planta interna, como fue certificado por el coordinador de
Asuntos Pensionales del Ministerio de Relaciones Exteriores; así mismo por
835
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03059-02 (3133 -2021)
Demandante: Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra
Resolución 657 de 7 de marzo de 1977, CAJANAL le reconoció una pensión de
jubilación atendiendo al 75% del promedio de lo devengado durante el último año
de servicios, con inclusión de la asignación básica y la prima de navidad, efectiva
a partir del 9 de noviembre de 1974, día del retiro del servicio, con base en lo
dispuesto en la Ley 4ª de 1966 y el Decreto 2921 de 1968.
25. Esta prestación fue sustituida a la demandante a través de la Resolución 8985
de 28 de noviembre de 1979, en calidad de cónyuge supérstite y el 16 de
diciembre de 2013, la accionante solicitó la reliquidación de la prestación con
base en el salario realmente devengado en la planta externa del Ministerio de
Relaciones Exteriores, petición que fue resuelta de manera desfavorable a través
de los actos demandados.
26. Estableció que la accionante tenía derecho a la reliquidación solicitada
empero frente a la inclusión de las primas de costo de vida y de navidad, la única
enlistada en el Decreto 1045 de 1978 aplicable al causante era la prima de
navidad, pero fue incluida en la liquidación de la pensión cuando fue reconocida
como se extrae de la lectura de la Resolución 657 de 1977 y en cuanto a la prima
de costo de vida, no se probó que el causante la hubiera devengado en el último
año de servicios y además, no se encuentra enlistada en el Decreto 1045 de
1978.
27. En consecuencia ordenó la reliquidación de la prestación con el 75% del
salario promedio devengado durante el último año de servicios en el Ministerio
de Relaciones Exteriores, incluyendo en la base de liquidación la asignación
básica, conforme a la conversión que efectúe la UGPP de la moneda extranjera
(dólares estadounidenses) a pesos colombianos, efectiva a partir del 16 de mayo
de 1978, día siguiente al fallecimiento del causante, pero con efectos fiscales
desde el 22 de marzo de 2014, por prescripción trienal de las mesadas causadas
con anterioridad. Sin embargo, la mesada pensional resultante de la reliquidación
de la pensión, no puede superar el tope máximo de 25 SMLMV fijados en el
artículo 5.º de la Ley 797 de 2003.
28. En cuanto a los aportes ordenó: «La Entidad demandada deberá descontar
los valores legales correspondientes a los aportes no efectuados para pensión,
sobre el salario real devengado, atendiendo a lo percibido por dicho concepto
durante el tiempo que laboró en el Ministerio de Relaciones Exteriores, si no lo
hubiere hecho, aclarando que dichos aportes deben ser en el porcentaje que
corresponda al trabajador y que las sumas que resulten de la deducción legal
señalada, deben ser actualizadas con el fin de que no pierdan su valor
adquisitivo».
29. Finalmente ordenó pagar los valores generados debidamente actualizados
conforme al IPC certificado por el DANE y dar cumplimiento a la sentencia en los
términos de los artículos 192 y siguientes del CPACA y pagar los intereses
835
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03059-02 (3133 -2021)
Demandante: Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra
moratorios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 195-4 ibidem.
2.4. Recurso de apelación7
30. La parte demandada UGPP apeló la anterior decisión para que se revoque el
fallo de primera instancia y se nieguen las pretensiones de la demanda con base
en los argumentos que a continuación se resumen:
31. Según la entidad, los actos administrativos demandados mediante los cuales
se negó la reliquidación de la sustitución pensional fueron expedidos acorde con
del ordenamiento jurídico vigente aplicable al momento del fallecimiento del
causante y por ello resulta jurídicamente improcedente pretender su reliquidación
con fundamento en criterios normativos y jurisprudenciales posteriores, en
especial los derivados de la sentencia C-173 de 2 de marzo de 2004 de la Corte
Constitucional, además, sus efectos, al no haber sido modulados de manera
retroactiva, rigen únicamente hacia el futuro, circunstancia que impide su
aplicación a una que la accionante tenía derecho a la reliquidación solicitada
empero frente a la inclusión de las primas de costo de vida y de navidad, la única
enlistada en el Decreto 1045 de 1978 aplicable al causante era la prima de
navidad, pero fue incluida en la liquidación de la pensión cuando fue reconocida
como se extrae de la lectura de la Resolución 657 de 1977 y en cuanto a la prima
de costo de vida, no se probó que el causante la hubiera devengado en el último
año de servicios y además, no se encuentra enlistada en el Decreto 1045 de 1978
situación consolidada desde 1978.
32. Para sustentar su posición, realizó un recuento de las disposiciones que han
regulado la liquidación de pensiones de los funcionarios del servicio diplomático
y consular, del que extrajo que durante el período relevante para el caso el
régimen aplicable era el contenido en el Decreto 2016 de 1968, norma vigente al
momento del fallecimiento del señor Cuello Sierra. En particular, sus artículos 66,
75 y 76, establecieron la forma de liquidar las pensiones con base en cargos
equivalentes dentro del servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores,
salvo el caso de los funcionarios que hubieran alcanzado la categoría de
embajador.
33. Asimismo, las normas posteriores, tales como el Decreto 1253 de 1975, la
Ley 41 de 1975, el Decreto Extraordinario 10 de 1992, así como los decretos
expedidos en desarrollo de la Ley 100 de 1993 para regular el ingreso base de
cotización de los funcionarios del servicio exterior, no son aplicables al caso
concreto, bien sea por ser derogadas, declaradas inexequibles o,
fundamentalmente, por ser posteriores a la consolidación del derecho pensional
discutido.
7 Folios 245 y s.s.
835
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03059-02 (3133 -2021)
Demandante: Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra
34. Hizo mención a las reglas introducidas en materia de cotización y liquidación
pensional para funcionarios del servicio exterior, desarrolladas a partir de la Ley
100 de 1993, los Decretos 691 y 1158 de 1994, el Decreto 1181 de 1999 y el
Decreto 274 de 2000, así como las disposiciones de la Ley 797 de 2003, que en
su criterio no pueden aplicarse retrospectivamente; además, que algunas fueron
objeto de control constitucional y declaradas inexequibles, como ocurrió con el
artículo 65 del Decreto 274 de 2000 mediante la Sentencia C-292 de 2001.
35. Insistió en que la sentencia C - 173 de 2004 de la Corte Constitucional no
puede aplicarse retrospectivamente y como sustento de ello citó el artículo 45 de
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), conforme
al cual las sentencias de constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro, salvo
que la propia Corte disponga lo contrario.
36. Con base en ello, concluyó que el Tribunal incurrió en un error de
interpretación al acceder a las pretensiones de la demanda comoquiera que el
deceso del causante ocurrió en el año 1978, cuando el régimen jurídico aplicable
era exclusivamente el previsto en el Decreto 2016 de 1968.
2.5. Alegatos de segunda instancia
2.5.1. Tanto las partes como el agente del Ministerio Público guardaron silencio
en esta oportunidad.
37. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
38. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1508 de la Ley 1437 de 2011.
39. De conformidad con el artículo 3289 del Código General del Proceso, la
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
9 «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
835
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03059-02 (3133 -2021)
Demandante: Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
3.2. Problema jurídico
40. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
le corresponde a la Sala establecer en el caso de la señora Rosalba Gutiérrez de
Cuello Sierra, si como lo determinó el a quo ¿es posible dar aplicación retroactiva
a las sentencias de la Corte Constitucional C- 173 de 2004 y C- 535 de 2005 a
efectos de que la pensión de jubilación que le fue sustituida sea reliquidada
teniendo en cuenta como ingreso base de cotización los salarios realmente
devengados por el causante en la planta externa de la entidad?
3.3. Fondo del asunto.
3.3.1. Régimen de liquidación de prestaciones sociales y aportes
pensionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
41. El Decreto 2016 de 17 de julio de 1968 en el artículo 76 estableció que las
prestaciones sociales de los empleados del servicio exterior se liquidarán y
pagarán con base en las asignaciones del cargo similar en el servicio interno del
Ministerio de Relaciones Exteriores de acuerdo con las equivalencias
determinadas en la misma disposición y salvo los funcionarios de la Carrera
Diplomática y Consular que hayan alcanzado la categoría de embajador y que al
retirarse soliciten su pensión de jubilación o invalidez a quienes se les liquidará
con las asignaciones de ministro de despacho.
42. La anterior disposición fue modificada por el artículo 1.° del Decreto 1253 de
27 de junio de 1975 en el sentido de indicar que las liquidaciones sobre
prestaciones sociales que en adelante se efectúen se harán tomando como base
la moneda en que se perciban las respectivas remuneraciones.
43. Con posterioridad entró en vigencia la Ley 41 de 11 de diciembre de 1975
que derogó los artículos 1.° y 2.° del Decreto precitado y en su lugar dispuso que
las prestaciones sociales de los empleados del Servicio Exterior se liquidarán y
pagarán como se había señalado en el artículo 12 del Decreto 2016 de 1968,
norma que estableció las categorías de los funcionarios en el servicio interno del
Ministerio de Relaciones Exteriores y sus equivalencias con las del servicio
exterior.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar
en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.».
835
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03059-02 (3133 -2021)
Demandante: Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra
44. Luego, con el Decreto 10 de 1992 se fijó el estatuto orgánico del servicio
exterior y de la carrera diplomática y consular y en el artículo 57 se previó que
las prestaciones sociales de los funcionarios del exterior se liquidarán y pagarán
con base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
45. Posteriormente el Decreto 274 de 2000 en su artículo 96 derogó todas las
disposiciones contrarias, en especial el Decreto 10 de 1992, pero en su artículo
66 reprodujo el contenido del artículo 57 de la norma en mención. Empero, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-292 de 2001, declaró su
inexequibilidad, al concluir que el ejecutivo había desbordado las facultades
otorgadas por el Congreso de la República, al regular el régimen salarial y
prestacional de las personas que prestan sus servicios al Estado en el exterior.
46. Luego a través de la sentencia C-535 de 2005 la Corte Constitucional declaró
inexequible el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, pese a que ya había sido
derogado, por cuanto podía seguir produciendo efectos jurídicos, por considerar
que al disponer que la cotización y liquidación de las pensiones y prestaciones
sociales de los funcionarios de la planta externa del Ministerio se realizaba con
base en un salario que no correspondía al realmente devengado, establecía un
trato distinto entre categorías de funcionarios iguales, lo que en consecuencia,
era discriminatorio y desconocía los principios de dignidad humana e igualdad,
sin que en dicha providencia se modularan los efectos de la declaratoria de
inexequibilidad.
47. El escenario descrito permite advertir que inicialmente la liquidación de las
prestaciones sociales de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de
Relaciones Exteriores se realizaba con base en el salario equivalente al percibido
en la planta interna de la entidad, pero con la expedición de la sentencia C-535
de 2005 al ser retirado del ordenamiento jurídico el artículo 57 del Decreto 10 de
1992, deben liquidarse con el salario realmente devengado.
48. Ahora bien, en cuanto a los aportes a pensiones de los servidores públicos
es relevante mencionar que con la Ley 4 de 1966 los afiliados forzosos a la Caja
Nacional de Previsión Social, Cajanal, debían cotizar el 5% del salario de cada
mes y las entidades públicas del orden nacional contribuirían con 5% del valor
del presupuesto de funcionamiento por concepto de cuota patronal ajustada al
8% con el Decreto 1089 de 1983.
49. Luego, la Ley 100 de 1993 estableció en el artículo 18 que la base de
cotización de los servidores públicos sería señalada por el Gobierno Nacional con
base en la Ley 4 de 1992.
835
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03059-02 (3133 -2021)
Demandante: Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra
50. Finalmente, con la Ley 797 de 2003 se determinó en el artículo 7.°, parágrafo
1.° que para efectos del ingreso base de cotización de los funcionarios de la
planta exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores se tomará como base la
asignación mensual y los factores salariales para los cargos equivalentes en la
planta interna, pero a través de sentencia C-173 de 2004, la Corte Constitucional
declaró inexequible la expresión «para los cargos equivalentes en la planta
interna» por cuanto consideró que se vulneraba el derecho a la igualdad de los
funcionarios que ostentan cualquiera de las categorías que prevé la carrera
diplomática y consular, reiterando que el monto de la cotización y de la pensión
debe ser calculado con base en lo realmente devengado por los empleados.
51. Allí la Corte resaltó como imperativo, tener en cuenta que la Ley 100 de 1993
ordena tener en cuenta el salario real del trabajador para los efectos de la
liquidación de las prestaciones sociales (arts. 17 y 18). Tal criterio recoge
principios constitucionales tales como la proporcionalidad entre el trabajo
desempeñado y la remuneración al mismo. Además, precisó:
«16- Visto todo lo anterior es claro que en cuanto a la cotización y liquidación de
aportes para pensión de quienes hicieron parte del cuerpo diplomático en el
exterior, existe una línea jurisprudencial consolidada, en el sentido de sostener
que tal liquidación debe hacerse tomando como base el salario realmente
devengado por el ex trabajador y nunca un salario inferior, que además es ficticio,
pues no corresponde realmente al cargo desempeñado y a las responsabilidades
derivadas del mismo. Y la razón es que la pensión es un salario diferido10. De
ello se sigue la inconstitucionalidad de cualquier norma o disposición que
ampare una liquidación de aportes con base en un salario equívocamente
denominado equivalente, que en realidad resulta ser menor al recibido por
el titular del derecho.
Teniendo en cuenta que se trata de un tratamiento claramente discriminatorio es
evidente que la forma de cálculo de la pensión de quienes prestaron parte de sus
servicios diplomáticos en el extranjero desconoce el derecho a la igualdad en
materia pensional tal como está consagrado en la norma parcialmente
demandada.»
52. Igualmente, es importante recordar que la Corte Constitucional a través de la
sentencia T-098 de 2006, al estudiar un caso donde fue negada la reliquidación
pensional con fundamento en que la decisión contenida en las sentencias C- 292
de 2001 y C - 173 de 2004 tenían efectos hacia el futuro, dispuso lo siguiente:
«Tercero: Teniendo en cuenta la existencia de una línea jurisprudencial
consolidada, en el sentido de sostener que la liquidación de aportes para pensión
de quienes hicieron parte del cuerpo diplomático en el exterior debe hacerse
tomando como base el salario realmente devengado y nunca un salario inferior,
se PREVIENE al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre sus efectos
vinculantes para que la precitada doctrina sea observada y aplicada en casos
semejantes».
10 Ver sentencias T-1016 de 2000, T-181 de 1993 y T-453 de 1993.
835
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03059-02 (3133 -2021)
Demandante: Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra
53. Como se aprecia, la Corte le dio efectos inter comunis, extendiéndose estos
a las situaciones concretas de personas que, aun sin haber promovido la acción
de tutela para obtener la protección de sus derechos, se encuentran igualmente
afectadas por la situación de hecho o de derecho que lo motivó.
54. Así lo reconoció la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, en
concepto de 19 de julio de 2006, radicación: 11001-03-06-000-2006-00053-
00(1749) donde señaló:
«[…]
En concepto de la Sala, la advertencia contenida en el último fallo T-098 de 2006,
en la que de manera explícita la Corte extiende los efectos de sus decisiones a
casos similares, despeja cualquier duda que pudo haberse generado con las
sentencias de constitucionalidad, obligando al Ministerio y al Instituto de Seguros
Sociales a reconocer, administrativamente y sin que el afectado tenga que
interponer una acción de tutela para que se proteja su derecho particular, el
derecho que les asiste a los pensionados y ex funcionarios de la planta externa
del Ministerio de Relaciones Exteriores, al reajuste de su pensión, so pena de
comprometer su responsabilidad.
En consecuencia, si bien es cierto, la Corte no determinó explícitamente el
alcance de los fallos C-173 de 2004 y C-535 de 2005, el operador jurídico no
puede perder de vista, el efecto inter-comunis que esa Corporación le dio al fallo
de tutela T-098 de 2006, cuya finalidad es evitar que existan criterios de
discriminación entre quienes se encuentran en la misma situación de hecho y de
derecho.»
55. Como se aprecia de lo anterior tal como lo señaló la Sala de Consulta y
Servicio Civil, así como esta Subsección11 si bien es cierto, la Corte no determinó
explícitamente el alcance de los fallos C-173 de 2004 y C-535 de 2005, a través
del fallo de tutela T-098 de 2006, se otorgaron efectos intercomunis cuando
señaló:
«Tercero: Teniendo en cuenta la existencia de una línea jurisprudencial
consolidada, en el sentido de sostener que la liquidación de aportes para pensión
de quienes hicieron parte del cuerpo diplomático en el exterior debe hacerse
tomando como base el salario realmente devengado y nunca un salario inferior,
se PREVIENE al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre sus efectos
vinculantes, para que la precitada doctrina sea observada y aplicada en casos
semejantes.»
56. Lo anterior a efectos de evitar que existan criterios de discriminación entre
quienes se encuentran en la misma situación de hecho y de derecho y en virtud
de ello «la cotización y liquidación de la pensión de jubilación de los funcionarios
de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, con base en el
salario de cargos equivalentes en la planta interna, vulnera los principios
constitucionales de dignidad humana e igualdad y, además, lesiona, en casos
11 Sección Segunda, Subsección A, internos 3493-2021, 0539-09, 2613-08, 2060-2013.
835
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03059-02 (3133 -2021)
Demandante: Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra
concretos, los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del pensionado o
aspirante a pensionado»12.
3.3.2. Régimen general pensional anterior a la Ley 33 de 1985.
57. La Ley 6 de 194513, en el artículo 17, previó una pensión de jubilación para
los empleados oficiales al alcanzar los 50 años de edad y 20 de servicios
continuos o discontinuos, equivalente a las 2/3 partes del promedio de los sueldos
devengados en el último año de labor, en los siguientes términos:
«ARTICULO 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente
gozarán de las siguientes prestaciones:
[…]
b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o
llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio
continuo o discontinuo, equivalente a las dos terceras partes del promedio de
sueldos o jornales devengados, sin bajar de treinta pesos ($ 30) ni exceder de
doscientos pesos ($ 200) en cada mes.
La pensión de jubilación excluye el auxilio de cesantía, menos en cuanto a los
anticipos, liquidaciones parciales o préstamos que se le hayan hecho lícitamente
al trabajador, cuya cuantía se irá deduciendo de la pensión de jubilación en cuotas
que no excedan del 20% de cada pensión.
[…]».
58. Dicha norma fue modificada por el artículo 3.° de la Ley 65 del 20 de diciembre
de 194614, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 3o. La pensión mensual vitalicia de jubilación de que trata el inciso
b) del artículo 17 de la Ley 6a. de 1945 será equivalente a las dos terceras partes
del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.»
59. Asimismo, el artículo 4.° de la Ley 4ª de 196615, modificó el literal b) del
artículo 17 de la Ley 6 de 1945, de la siguiente manera:
«Artículo 4º.- A partir de la vigencia de esta ley, las pensiones de jubilación o de
invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de
Derecho Público se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco
por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios.»
60. Posteriormente, el Decreto Ley 3135 de 196816 definió que los servidores
públicos tendrían derecho a una pensión de jubilación cuando acumularan 20
12 Ibidem.
13 Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo.
14 Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras disposiciones.
15Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las
pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones.
16 Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el
régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
835
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03059-02 (3133 -2021)
Demandante: Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra
años de servicio y cumplieran 50 años de edad para las mujeres, o 55 para los
varones; prestación que sería liquidada en cuantía equivalente al 75% del
promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.
61. La aludida disposición reconoció un régimen de transición para aquellas
personas que al momento de la entrada en vigencia del decreto tuvieran 18 años
de servicio, para aplicarles las normas anteriores sobre edad de jubilación. Esto
en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 27. PENSIÓN DE JUBILACIÓN O VEJEZ. El empleado público o
trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la
edad de 55 años si es varón o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la
respectiva entidad de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia o de
jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el
último año de servicio.
No quedan sujetas a esta regla general las personas que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción y que la ley determine
expresamente.
PARÁGRAFO 1o. Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a pensión
de jubilación o vejez sólo se computarán como jornadas completas de trabajo las
de cuatro o más horas. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo
o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo
real y dividiéndolas por cuatro; el resultado que así se obtenga se tomará como el
de días laborados y se adicionará con los de descanso remunerado y de
vacaciones, conforme a la ley.
PARÁGRAFO 2o. Para los empleados y trabajadores que a la fecha del presente
Decreto hayan cumplido diez y ocho años continuos o discontinuos de servicios
continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad al presente Decreto.
[…]17». (subrayas fuera de texto original)
62. El Decreto 1848 de 1969, «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135 de
1968» en los artículos 68 y 73 reiteró los requisitos señalados en la norma
anterior y en relación con la liquidación de la mesada precisó lo siguiente:
«ARTICULO 73. CUANTÍA DE LA PENSIÓN. El valor de la pensión mensual
vitalicia de jubilación será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
promedio de los salarios y primas de toda especie percibidos en el último año de
servicios por el empleado oficial que haya adquirido el status jurídico de jubilado,
por reunir los requisitos señalados por la ley para tal fin.»
63. Posteriormente en cuanto al ingreso base de liquidación, el artículo 45 del
Decreto 1045 del 15 de julio de 197818 señaló:
«ARTÍCULO 45. DE LOS FACTORES DE SALARIO POR LA LIQUIDACIÓN DE
CESANTÍA Y PENSIONES. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de
cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y
17 Derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
18 Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de
los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.
835
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03059-02 (3133 -2021)
Demandante: Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra
trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrán en cuenta los siguientes
factores de salario:
a. La asignación básica mensual;
b. Los gastos de representación y la prima técnica;
c. Los dominicales y feriados;
d. Las horas extras;
e. Los auxilios de alimentación y transporte;
f. La prima de Navidad;
g. La bonificación por servicios prestados;
h. La prima de servicios;
i. Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se
hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año
de servicio;
j. Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales
anteriores al decreto-ley 710 de 1978;
k. La prima de vacaciones;
l. El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días
de descanso obligatorio;
ll. Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con
anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del decreto 3130
de 1968.»
3.3.3. Caso concreto
64. Como ya se indicó, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda para lo cual ordenó a la entidad
demandada reliquidar la pensión de jubilación del demandante, con el 75% del
salario promedio devengado en el último año de servicios en el Ministerio de
Relaciones Exteriores, incluyendo en la base de liquidación la asignación básica,
conforme a la conversión que efectúe la UGPP de la moneda extranjera (dólares
estadounidenses) a pesos colombianos, efectiva a partir del 16 de mayo de 1978,
día siguiente al fallecimiento del causante, esto sin superar los 25 salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
65. Lo anterior, al determinar que la pensión del causante se debió reconocer y
liquidar de acuerdo con lo señalado en las Leyes Ley 4ª de 1966 y los Decretos
3135 de 1968 y 1045 de 1978.
66. Advierte esta Sala que de acuerdo con lo establecido en la Resolución 657
de 7 de marzo de 1977 expedida por la Caja Nacional de Previsión Social al señor
José Antonio Cuello Sierra se le reconoció la pensión de jubilación «por reunir los
requisitos establecidos en el artículo 68 del Decreto No. 18488 de 1969».
Igualmente se señaló que entre las normas aplicables estaban el Decreto 1600
de 1945, las Leyes 64 de 1946, 722 de 1947, 171 de 1961, 722 de 1947, 4ª de
1966 y 5ª de 1969 y los Decretos 2921 de 1948 y 2733 de 1959 (f. 4).
67. Según esto, adquirió el derecho por reunir los siguientes requisitos:
835
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03059-02 (3133 -2021)
Demandante: Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra
• Nació el 5 de septiembre de 1908, por los que los 55 años de edad los
adquirió el 5 de septiembre de 1963.
• Allí se precisó que los tiempos de servicios fueron los siguientes:
ENTIDAD PERIODO TIEMPO DE SERVICIOS
Caja de Previsión Social 16-03-1936 a 30-03-1936 14 días
del departamento del
Magdalena
Municipio de Valledupar 10-03-1942 a 15-10-42 7 meses y 5 días
Caja de Previsión Social 17-09-1943 a 30-03-1944 6 meses y 14 días
del departamento del
Magdalena
Caja Nacional de 01-04-1944 a 28-02-1947 2 años, 10 meses y 27
Previsión Social días
Congreso Nacional 20-07-1949 a 30-10-1951 2 años, 3 meses y 10 días
Universidad Nacional de 01-03-1951 a 28-02-1953 1 año, 11 meses y 27 días
Colombia
Caja de Previsión Social 01-07-1957 a 05-06-1958 11 meses y 5 días
del departamento del
Cesar
Caja Nacional de 02-05-1959 a 30-11-1967 8 años, 6 meses y 28 días
Previsión Social
Ministerio de Relaciones 03-04-1972 a 09-11-1974 2 años, 7 meses y 6 días
Exteriores
TOTAL 20 años, 1 meses y 16
días
68. De acuerdo con esto pese a que su retiro del servicio ocurrió el 9 de
noviembre de 1974 como se indica a folio 4, el estatus pensional se adquirió al
cumplir los 20 años de servicios, lo cual ocurrió el 24 de septiembre de 1974.
69. Así mismo se aprecia que para el cómputo de la prestación se tuvo en cuenta
la pima de navidad como se indica en la Resolución 657 de 7 de marzo de 1977
(fls. 2 y s.s.). Allí se indicó que el último cargo desempeñado por el peticionario
fue el de cónsul general de Colombia en Venezuela y que la cuantía de la pensión
correspondía al 75% del promedio mensual de los sueldos devengados en el
último año de servicios.
69. Adicionalmente la entidad profirió la Resolución 8985 de 28 de noviembre de
1979 (ff. 10 y s.s.) por la cual se reajustó la pensión de jubilación reconocida a
favor del señor Cuello Sierra de conformidad con lo señalado en la Ley 4ª de
1976, a partir del año 1977. Así mismo se sustituyó la pensión a favor de la
demandante, Rosalba Gutiérrez y de su hija Patricia Helena Cuello Gutiérrez,
esta última hasta el cumplimiento de los 18 años de edad o «hasta cuando
demuestre certificados de estudio».
835
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03059-02 (3133 -2021)
Demandante: Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra
70. Finalmente, a folios 12 y s.s. obra copia de certificación expedida por la
coordinadora de Nómina y Prestaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores,
en el que se indica que el causante José Antonio Cuello Sierra laboró en ese
Ministerio desde el 3 de abril de 1972 y hasta el 9 de noviembre de 1974 como
cónsul general de Colombia en Maracaibo -Venezuela-. Según se indica (f. 13)
específicamente en el año 1974 devengó el siguiente salario:
Mes Salario USD Tasa de Equivalente en Asignación
cambio pesos básica
equivalente en
la planta
inyterna
Enero 1.300,00 25,1 32.630,00 9.000,00
Febrero 1.300,00 25,33 32.929,00 9.000,00
Marzo 1.300,00 25,47 33.111,00 9.000,00
Abril 1.300,00 25,52 33.176,00 9.000,00
Mayo 1.300,00 25,56 33.228,00 9.000,00
Junio 1.300,00 25,61 33.293,00 9.000,00
Julio 1.300,00 25,69 33.397,00 9.000,00
Agosto 1.300,00 26,01 33.813,00 9.000,00
Septiembre 1.300,00 26,57 34.541,00 9.000,00
Octubre 1.300,00 27,30 35.490,00 9.000,00
Noviembre 390,00 27,88 10.873,20 2.700,00
Diciembre 0,00 0,00 0,00 0,00
Prima de 1.191,66 0,00 0,00 0,00
Navidad
Totales 14.581,66 286,04 346.481,20 92.700,00
71. De lo anterior se extrae que, en efecto, el demandante se encontraba
amparado por las normas vigentes anteriores a la Ley 33 de 1985 que regularon
la pensión de jubilación, según las cuales su estatus pensional se consolidó al
acreditar 55 años de edad y 20 años de servicios, como lo señalaron el Decreto
Ley 3135 de 1968 y el Decreto 1848 de 1969, esto es, el 24 de septiembre de
1974.
72. En ese sentido es evidente que su pensión debió liquidarse con un «setenta
y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios y primas de toda especie
percibidos en el último año de servicios por el empleado oficial que haya adquirido
el status jurídico de jubilado» como lo señala el Decreto 1848 de 1969. Por ello
835
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03059-02 (3133 -2021)
Demandante: Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra
la entidad atendió al sueldo y a la prima de navidad, como en efecto lo hizo en la
Resolución de reconocimiento pensional 657 de 7 de marzo de 1977.
73. Advierte la Sala que, contrario a lo señalado por el Tribunal, durante los años
1972 a 1974 el accionante sí devengó la prima de costo de vida empero la Sala
no se pronunciará sobre ella dado en virtud del principio de la non reformatio in
pejus según el cual no se puede afectar al apelante único, que en este caso es
la entidad.
74. Es de precisar, que cuando el causante efectuó la solicitud de reconocimiento
de su pensión de jubilación, en noviembre de 1975, como se indica a folio 2, se
encontraba vigente el Decreto 1253 de 27 de junio de 1975 norma en la que se
estableció que «[…] las liquidaciones sobre prestaciones sociales que en
adelante se efectúen se harán tomando como base la moneda en que se perciban
las respectivas remuneraciones»., por lo que según la misma debió atenderse al
salario que devengó cuando se desempeñó como cónsul general de Colombia
en Venezuela.
75. Esta norma vino a ser modificada unos meses después por la Ley 41 de 11
de diciembre de 1975 que derogó los artículos 1.° y 2.° del Decreto precitado y
en su lugar dispuso que las prestaciones sociales de los empleados del servicio
exterior debían liquidarse y pagarse como lo disponía el Decreto 2016 de 1968,
es decir con base en las categorías de los funcionarios en el servicio interno del
Ministerio de Relaciones Exteriores, disposición reiterada en el Decreto 10 de
1992.
76. Ahora bien, la entidad señala que dado que el causante se pensionó con base
en normas anteriores a la Ley 100 de 1993 no es posible aplicarle las sentencias
de la Corte Constitucional, empero se debe recordar que a través de la sentencia
C - 535 de 2005 la Corte declaró inexequible el artículo 57 del Decreto
Extraordinario 10 de 1992, al considerar que la finalidad perseguida por la norma
era inconstitucional al pretender desconocer el salario real como base para
liquidar la pensión, dado que la pensión debe reflejar la dignidad del cargo
desempeñado, además, la Corte resaltó que así se corrige la reiterada violación
a la igualdad que se ha venido presentando, evidenciada en las acciones de
tutela presentadas por antiguos funcionarios del Ministerio de Relaciones
Exteriores que demostraba la magnitud del problema constitucional que se
generaba con estas medidas discriminatorias.
77. Así mismo estimó la Corte que esa declaratoria de inconstitucionalidad
garantizar el equilibrio del sistema pensional, pues las cotizaciones y las
liquidaciones ya no se realizarán con base en ingresos inferiores a los que estos
funcionarios perciben, ya sea que estén en la planta interna o en la externa, pues
en cada caso se hará la cotización y la liquidación con base en el salario real.
835
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03059-02 (3133 -2021)
Demandante: Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra
78. Como se aprecia, tanto antes como después de la Ley 100 de 1993, no era
posible mantener la constitucionalidad de las normas que permitían que el monto
de cotización y el de liquidación de la pensión fuesen calculados con base en lo
devengado en la planta interna de la entidad, dado que esto constituía una clara
violación al derecho a la igualdad en clara conjunción con el derecho de acceso
a la seguridad social.
79. La entidad también insiste en que no podía aplicar al caso los efectos de las
sentencias C 173 de 2004, como se lee en la Resolución demandada RDP
003087 de 30 de enero de 2014 (f. 25 vto), empero como ya se indicó, a través
de la sentencia T- 098 de 2006, se otorgaron efectos intercomunis a lo señalado
por la Corte, tanto en la sentencia C - 173 de 2004 como C- 535 de 2005.
80. Por tanto, es evidente que no puede pretender la entidad mantener la
legalidad de los actos demandados dada la clara discriminación que contienen
pues la cotización y liquidación de la pensión de jubilación de los funcionarios de
la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, no puede realizarse con
base en el salario de cargos equivalentes en la planta interna, en vista de que
esto vulnera los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad y,
además, lesiona, los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del
pensionado.
81. Finalmente es de indicar que de acuerdo con la Ley 4ª de 1966 los afiliados
forzosos a la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, debían cotizar el 5% del
salario de cada mes lo que se ajustó con el Decreto 1089 de 1983; en este caso
el Tribunal ordenó solamente el reajuste pensional con base en el salario
devengado por el causante en el servicio exterior, sin referirse a ningún factor
salarial adicional, por lo que no se aprecia que haya desconocido el marco
jurídico aplicable, contrario a lo señalado por el apelante.
82. De acuerdo con esto, si bien se advierten unas pequeñas diferencias en los
cómputos de tiempos de servicios, se entiende que la orden de reliquidación
impartida por el Tribunal no se aparta del régimen pensional aplicable al
demandante y con ello a las sentencias de la Corte Constitucional C 173 de 2004
y C 535 de 2005, por lo que le asistió razón al acceder a las suplicas de la
demanda en los términos concedidos.
3.4. Sucesión procesal.
83. De acuerdo con lo señalado por el artículo 68 del CGP, fallecido un litigante,
el proceso debe continuar con su cónyuge, albacea con tenencia de bienes
herederos o curador, quienes tendrán la calidad de sucesores procesales, pero
es obligatoria la comparecencia para que se les reconozca tal carácter, pues la
figura de la sucesión procesal permite que el proceso continúe con la parte que
835
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03059-02 (3133 -2021)
Demandante: Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra
sucede a la persona fallecida, y ocupe la posición procesal correspondiente en el
litigio. Sobre la figura procesal referida esta Corporación ha decantado19:
«La sucesión procesal se exige en la regla general para el caso de la muerte quien
es partes dentro de un proceso; ella opera ipso jure, aunque el reconocimiento de
los herederos o causahabientes en el proceso dependa de la prueba que aporten
acerca de tal condición. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de
ellos aunque no concurran, es decir, de todas formas se surte una sucesión
procesal y el proceso continúa, como si subsistiera el demandante original, puesto
que, tal como arriba se indicó, las cuestiones de fondo que son objeto del litigio no
se modifican ni afectan por su deceso; sobre el punto.»
84. Según lo consagra el artículo 70 del Código General del Proceso, «[…] los
intervinientes y sucesores de que trata este código tomarán el proceso en el
estado en que se halle en el momento de su intervención […]».
85. En este caso, el apoderado de la demandante allegó20 el registro civil donde
consta la defunción de la señora Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra ocurrida el
14 de septiembre de 2021, sin indicar herederos que quieran comparecer al
proceso, situación que no implica la suspensión o interrupción del proceso, ya
que los intereses de la señora, los sigue defendiendo el apoderado reconocido
en el proceso, pues de conformidad con el inciso 5º del artículo 76 del CGP la
muerte del mandante o la extinción de las personas jurídicas no pone fin al
mandato judicial. Empero las sumas que se generen como consecuencia de la
condena impuesta a través de las sentencias de primera y segunda instancia
emitidas dentro de este proceso pasarán a integrar la masa sucesoral de la
señora Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra desde el día siguiente a la declaratoria
de la prescripción -22 de marzo de 2014- y hasta la fecha de su fallecimiento -14
de septiembre de 2021-. En ese sentido se adicionará un numeral a la sentencia
proferida pro el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3.5. Condena en costas de segunda instancia.
86. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
87. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero ponente:
Mauricio Fajardo Gómez. Providencial del tres (3) de abril de dos mil trece (2013). Radicación número:
23001-23-31-000-2006-00188-03(41858).
20
Índice 11 aplicativo SAMAI.
835
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03059-02 (3133 -2021)
Demandante: Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
88. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
89. En consecuencia, se impondrán costas a la UGPP, por cuanto se niegan
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
90. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 15 de abril de 2021 , proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso promovido
por Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-
UGPP y la Nación- Ministerio de Relaciones Exteriores.
SEGUNDO. ADICIONAR un numeral a la sentencia del 15 de abril de 2021 ,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el
proceso promovido por Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra, en los siguientes
términos:
«OCTAVO. Las sumas que se generen como consecuencia de la condena
impuesta a través de esta sentencia pasarán a integrar la masa sucesoral
de la señora Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra, esto es, las generadas
desde el día siguiente a la declaratoria de la prescripción -22 de marzo de
2014- y hasta la fecha de su fallecimiento -14 de septiembre de 2021-».
TERCERO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la UGPP. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
835
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03059-02 (3133 -2021)
Demandante: Rosalba Gutiérrez de Cuello Sierra
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
CUARTO. Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
835
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.