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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03088-01

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03088-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 29 de enero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), que accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Manuel José Forero Mirke contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, conforme a la parte motiva. 2º. Reconócese personería a la abogada Karen Eliana Rueda Agredo, con cédula de ciudadanía 1.018.443.763 y tarjeta profesional 260.125 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fomag, en los términos de la sustitución de poder conferido. 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-03088-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

28 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2017-03088-01 (458-2021)
Demandante : Manuel José Forero Mirke
Demandada : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Fomag)
Tema : Reconocimiento de pensión de jubilación conforme a la
Ley 33 de 1985; maestro vinculado con anterioridad a la
Ley 812 de 2003; factores salariales que deben tenerse en
cuenta en el ingreso base de liquidación pensional
conforme a las Leyes 33 y 62 de 1985

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación (parcial) interpuesto por el
demandante contra la sentencia de 29 de enero de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), mediante la
cual accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda dentro del proceso
del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 37 a 47 y 56 a 65). El señor Manuel José Forero
Mirke, a través de apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Fomag), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se
precisan.

1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones 264 de 31 de
mayo y 419 de 19 de agosto, ambas de 2016; y 178 de 22 de marzo y 283 de 25
de mayo, las dos de 2017, por medio de las cuales se negó al demandante el
reconocimiento de la pensión de jubilación.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se

Expediente: 25000-23-42-000-2017-03088-01 (458-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Manuel José Forero Mirke contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fomag

ordene a la parte demandada (i) «[…] RECONOZCA Y PAGUE la pensión
vitalicia de jubilación, liquidada con la inclusión de todos los factores
salariales que deveng[ó] en el año de servicio anterior a la adquisición del
estatus Pensional […] de conformidad con lo establecido en la[s] [L]ey[es] 33
de 1985 y 91 de 1989 […]» (sic); y (ii) dar cumplimiento al fallo en los términos
de los artículos 187 y 192 del CPACA. Por último, se le condene en costas
procesales.

1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que nació el 15 de abril de
1959 y ha trabajado, como docente «del Magisterio Oficial Colombiano,
realizando aportes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
desde el 25 de septiembre de 1998 hasta la fecha y a su vez laboró en el
Ministerio de Defensa Nacional, desde el 07 de Enero de 1980 hasta el 30 de
Abril de 1987» (sic).

Que, mediante escrito de 25 de noviembre de 2015, deprecó del accionado el
reconocimiento de la pensión de jubilación, negada a través de los actos
acusados.

1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por los actos censurados los artículos 2, 13, 16, 25, 29, 48, 53,
58 y 228 de la Constitución Política; y las Leyes 33 y 62 de 1985, 91 de 1989,
4ª de 1992, 100 de 1993 y 812 de 2003.

Arguye que «[…] se dejó de aplicar lo establecido en la Ley 33 de 1985 y Ley
91 de 1989, referente al régimen prestacional de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003. Se aplicó en forma equivocada la Ley
812 de 2003, que contemplan los requisitos y la forma como debe liquidarse la
pensión de jubilación, que goza de un régimen especial y que es más favorable
al pensionado; por el contrario se aplicaron normas procedimentales
diferentes, que dieron lugar a la negación de la pensión, que son desfavorables
en cuanto a la validez probatoria y la forma de liquidación, no obstante, que la
misma ley excluye su aplicación a quienes gozan de un régimen especial de
pensión, quebrantando el principio Constitucional anteriormente trascrito
[…]» (sic).

1.2 Contestación de la demanda. El accionado, pese a haber sido notificado
en legal forma, no contestó la demanda.

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1.3 La providencia apelada (ff. 202 a 210). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (sección segunda, subsección C), mediante sentencia de 29 de
enero de 2020, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda (sin condena
en costas), al considerar que «[…] se encuentra probado que el actor completó
25 años y 4 meses de servicio al Estado, y que cumplió 55 años de edad el 15
de abril de 2014, fecha para la cual tenía más de 20 años de servicio, por lo
que es claro que cumplió con las exigencias para tener derecho a la pensión
de jubilación […] y teniendo en cuenta que según lo visto, le corresponde al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer las
pensiones de los docentes afiliados, la Sala accederá a las pretensiones de la
demanda» (sic).

Asimismo, destaca que «[…] en la medida en que a los docentes del Magisterio
les resultan aplicables las previsiones que establece la Ley 33 de 1985, no por
virtud del régimen de transición que contempla el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, pero sí por la remisión que señala la Ley 91 de 1989, la Sala acoge el
criterio jurisprudencial expuesto, concluyendo que la pensión de jubilación
debe corresponder al 75% del salario promedio que sirvió de base para los
aportes o cotizaciones durante el último año».

En lo atañedero a la prescripción de las mesadas pensionales, sostiene que «[…]
teniendo en cuenta que el causante adquirió el estatus de pensionado el 15 de
abril de 2014 y solicitó el reconocimiento de la pensión […] el 25 de noviembre
de 2015, esto es antes de que transcurrieran 3 años, no se configuró el
fenómeno de la prescripción […]».

1.4 El recurso de apelación (ff. 214 a 218). El accionante, por medio de su
apoderada, interpuso recurso de apelación (parcial), al estimar que se debe
aplicar lo precisado en la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019, «que
determinó que las pensiones reconocidas por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, se deben liquidar de conformidad con la
Ley 33 de 1985, por lo que [se debe] tener en cuenta que en la sentencia antes
referida se fijó un parámetro de interpretación para la aplicación de la [aludida
Ley], sin embargo sigue siendo de orden constitucional que las personas se les
incluya en el ingreso base de liquidación los factores sobre los cuales realiz[ó]
aportes el pensionado más en el caso del FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO que tiene unos factores
que son exclusivos de creación docente y que no se van a encontrar en la Ley
62 de 1985, norma aplicable a los trabajadores del sector público del orden

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nacional no de régimen exceptuado como los Docentes» (sic). Por tanto, resulta
«[…] factible que adicional a la ASIGNACI[Ó]N B[Á]SICA Y HORAS
EXTRAS que se encuentran enlistadas en la Ley 62 de 1985, se incluyan en la
liquidación los demás emolumentos que fueron objeto de aportes para pensión
pues como se dijo una Ley no puede ir por encima de la [C]onstitución [P]olítica
de Colombia que señala que se deben incluir todos los factores que fueron
objeto de descuento a seguridad social» (sic).

En consecuencia, solicita se «modifique la sentencia de primera instancia y […]
se ordene incluir todos los emolumentos que fueron objeto de aporte o que
debiendo serlo no se efectuaron por incuria del empleador […]».

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido con auto de 3 de diciembre de 2020 (f.
225) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 28 de enero de
2022 (f. 240), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de auto de 28 de abril de 2022 (f. 242), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por las
primeras1.

2.1.1 Parte accionante. Su abogada reitera los argumentos del recurso de
apelación.

2.1.2 Entidad demandada. El Fomag, por intermedio de apoderada, hace
referencia a la manera como se deben liquidar las pensiones de jubilación de los
docentes y pide se denieguen las pretensiones de la demanda.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

1
Memoriales presentados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación (parcial)2,
corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste
derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación como docente oficial de
conformidad con las Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989, con inclusión de todos los
emolumentos devengados en el año anterior a la adquisición del estatus
pensional.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993 fue expedida con la
finalidad, entre otras, de acabar la diversidad de regímenes pensionales
existentes; no obstante, con el objetivo de evitar menoscabar derechos de
personas que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto
tiempo de servicios, se previó el régimen de transición y se establecieron
excepciones al sistema integral de seguridad social como en su artículo 279, que
establece:

Excepciones: El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en
la presente ley no se aplica a los miembros de (…). Así mismo se
exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier
clase de remuneración. Este fondo será responsable de la expedición
y pago de bonos pensionales a favor de educadores que se retiren del
servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida [...] (resalta y subraya la Sala).

Por otro lado, a pesar de lo preceptuado por el Estatuto Docente (Decreto ley
2277 de 1979), en el sentido de que los educadores oficiales tienen el carácter
de empleados oficiales de régimen especial, esto únicamente es aplicable en lo
relacionado con las materias que regula el mencionado Estatuto, es decir, que
en lo que remite a la pensión ordinaria de jubilación no ostentan ningún
tratamiento especial, pues aunque son servidores públicos con régimen especial,
en lo atañedero a pensiones no gozan de dicha particularidad.
2
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-03088-01 (458-2021)
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Nacional – Fomag

Por su parte, la Ley 91 de 1989, «Por la cual se crea el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio», distinguió entre el personal docente
nacional, nacionalizado y territorial en los siguientes términos:

Artículo 1º. Para los efectos de la presente ley, los siguientes
términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de
ellos:

1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento
del Gobierno Nacional.

2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976 y
los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto
por la ley 43 de 1975.

3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976,
sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la
ley 43 de 1975.

Parágrafo. Se entiende que una prestación se ha causado cuando se
han cumplido los requisitos para su exigibilidad.
[…]

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal
docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con
posterioridad al 1° de enero de 1990, será regido por las siguientes
disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31
de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y
sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido
gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas
vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero
de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales, se
regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos
del orden nacional, decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de
1978 o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas
en esta ley.

2. Pensiones:

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A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y
demás normas que las hubieran desarrollado o modificado,
tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja
Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y
será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1. de enero de 1981,
nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir
del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del
salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán
del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional
y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una
mesada pensional.
[…]

De la norma trascrita se infiere que a los docentes vinculados a partir de 1º. de
enero de 1990, nacionales y nacionalizados, se les reconocerá solamente una
pensión de jubilación bajo el régimen general y ordinario de pensiones del
sector público nacional; reconocimiento pensional que estuvo regulado por los
artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985; y para aquellos que estuvieron
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 prevé que se mantendrá el régimen
prestacional que gozaban en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes, es decir, que el reconocimiento de la pensión de jubilación
ordinaria a favor de los docentes se rige por la Ley 33 de 1985, norma legal
vigente hasta antes de la expedición de la Ley 91 de 1989.

Luego, la Ley 60 de 1993 dispuso que el régimen prestacional aplicable a los
docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales y las nuevas vinculaciones será el reconocido por
la misma Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ella fijadas serán compatibles
con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones, asimismo, en cuanto a
los docentes territoriales previó su incorporación al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio respetándoles el régimen prestacional
vigente de la respectiva entidad territorial.

A este respecto, el Consejo de Estado, en sentencia de 23 de febrero de 2006,
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expediente 2002 – 0594, con ponencia del consejero Tarsicio Cáceres Toro,
sobre el tema objeto de análisis, precisó:

De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados
que se incorporen a las plantas departamentales y distritales de
educación en las condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan
sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria o derecho
prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’, como
ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión
tenían que estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente
(salvo situaciones especiales que se deben demostrar) debido a que
las autoridades locales no tenían facultad constitucional para regular
esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia
pensional para los empleados territoriales por autoridades locales
resultan contrarias al régimen constitucional; claro está que las
situaciones definidas y consolidadas en aplicación de un régimen
local gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115
claramente dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores
estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993
y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en materia de
pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni
la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual
ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga
lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula
‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido
de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen
especial en materia de pensión de jubilación – derecho de los
docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que ratificar el régimen de
jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33 de
1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales.
Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en
su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras
de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de
pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de
‘especiales’.

Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de
los servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen
exceptuados por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de
los docentes nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se consagra un
régimen legal especial; por ende, es del caso dar aplicación a lo establecido por

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la citada Ley 33 al encontrarse regulados en forma expresa los docentes
nacionales y nacionalizados.

En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o
discontinuos y lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con
el equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio.

Sobre el particular esta Corporación considera que el docente, al ser pensionado
bajo los preceptos de la Ley 33 de 1985, se le debe tener en cuenta el promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, los cuales
se encuentran contemplados en el artículo 3º de la citada ley, modificado por el
artículo 1º de la Ley 62 de 1985, que en lo pertinente consagra:

Artículo 1: Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a
cualquier caja de previsión, deben pagar los aportes que prevean las
normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute
presupuestalmente como funcionamiento o como inversión.

Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación
de los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial,
estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de
empleados del orden nacional: Asignación Básica, Gastos de
Representación, Primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación, Dominicales y feriados, Horas extras, Bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio.

En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier
orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan
servido de base para calcular los aportes.

De acuerdo con el precepto trascrito, ciertamente en su inciso segundo se
enuncian factores salariales que se deben tener en cuenta para calcular el monto
de la pensión de jubilación, pero dicha enumeración no se ha de considerar
taxativa, por cuanto el inciso tercero prevé la posibilidad de que dicha
prestación sea liquidada sobre los factores que hayan servido de base para
calcular aportes.

Por otro lado, se tiene que el Acto legislativo 1 de 2005, «Por el cual se adiciona
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el artículo 48 de la Constitución Política», en lo referente al régimen pensional
aplicable a los docentes oficiales, prescribió «El régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio
público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que
se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán
los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo
transitorio 1º).

El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 20033, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen
prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público
educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción
de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y
mujeres.
[…]

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones
establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la
misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La
distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo
correspondiente a las cuentas de salud y pensiones.
[…] (destaca la Sala).

3
«Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el artículo 8o
de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que le sean contrarias».
Ley publicada en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-03088-01 (458-2021)
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Respecto de las anteriores normas, la sección segunda, en sentencia de
unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 2019, expediente 68001-23-33-
000-2015-00569-01 (0935-2017), consejero ponente César Palomino Cortés,
precisó:

37. De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01
de 2005, son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a
la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está
condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio
educativo oficial de cada docente, así:

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de
1985 para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales
vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que
se vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional
de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la
edad que será de 57 años para hombres y mujeres.

En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003, en la mencionada providencia se dijo:

62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando
los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica,
acoge el criterio de interpretación sobre los factores salariales que se
deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada pensional en
el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los
factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público
oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
fijando la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de
los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de
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2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de
jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener
en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo
1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo.

63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que
sostenía la Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto
de 2010, según la cual, en la base de liquidación de la pensión de
jubilación ordinaria de los docentes se incluían todos los factores
salariales devengados durante el último año de servicios.

64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la
liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores
sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”.
Los docentes no están exceptuados de esta disposición para el goce
de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base
de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los
factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo
1º de la Ley 62 de 1985.
[…]

67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y
nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990,
de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:

ü Edad: 55 años

ü Tiempo de servicios: 20 años

ü Tasa de remplazo: 75%

ü Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el
período del último año de servicio docente y ii) los factores que
hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la
Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y
de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
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obligatorio.

En lo atañedero al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el
mismo fallo se sostuvo:

68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del
régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en
la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con
la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se
unificó para hombres y mujeres en 57 años4. Esto quiere decir, que
para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe
tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158
de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del
sistema de pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de
1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

Así las cosas, se concluye que, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del
acto legislativo 1 de 2005, respecto del régimen pensional de los docentes al
servicio educativo oficial procede distinguir entre la aplicación de dos sistemas
normativos, según las fechas de vinculación del maestro y la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003 (27 de junio), esto es, los conformados por (i) las Leyes
91 de 1985 (letra B del numeral 2 del artículo 15) y 33 de 1985 y (ii) las Leyes
812 de 2003 (artículo 81) y 100 de 1993, las primeras concernientes al régimen
de pensión ordinaria de jubilación de los servidores estatales y las segundas
atinentes al de prima media con prestación definida del sistema integral de
seguridad social.

Por consiguiente, quienes con anterioridad al 27 de junio de 2003 estuviesen
vinculados como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán
derecho a adquirir la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al
cumplir 55 años de edad5 y 20 de servicios, en cuantía del 75% de lo cotizado

4
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó
el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
5
A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de 1985, pues en
tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años, para los educadores
territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres y 55 si son hombres, para los
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durante el último año de servicios, con inclusión de los factores previstos en el
artículo 1º. de la Ley 62 del mismo año. Por su parte, los educadores que
ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder a la pensión de vejez
contemplada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el 9 de la
Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de cotización establecido en
esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad (sin importar el género,
pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para hombres y mujeres),
por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios o rentas sobre los
cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de labores (artículo
21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el Decreto 1158 de
19946.

3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

a) Registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía del actor, que dan cuenta
de que nació el 15 de abril de 1959 (ff. 29 y 36).

b) «FORMATO [Ú]NICO PARA LA EXPEDICI[Ó]N DE CERTIFICADO DE
HISTORIA LABORAL», emitido por la secretaría de educación de Mosquera el
2 de noviembre de 2016, según el cual el accionante labora en condición de
directivo docente en propiedad, desde el 22 de octubre de 1998 y para el
momento de expedición del documento se encuentra activo. Asimismo, que
desde esa fecha el fondo de previsión al cual se encuentra afiliado es el del
magisterio (ff. 25 a 28).

c) «FORMATO [Ú]NICO PARA LA EXPEDICI[Ó]N DE CERTIFICADO DE
SALARIOS» (ff. 30 y 31), elaborado por la entidad referida en la letra anterior,
en el que se indica que el demandante devengó del 1º de octubre de 2015 al 31
de octubre de 2016 asignación básica, asignación adicional coordinador 20%,
horas extras, primas de navidad, servicios y vacaciones y bonificación mensual
docentes.

d) «CERTIFICADO DE INFORMACIÓN LABORAL» emanado del Ministerio

del orden nacional).
6
Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica mensual, b)
gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de antigüedad, ascensional y
de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo dominical o festivo; f) remuneración
por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y g) bonificación por servicios
prestados.
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de Defensa Nacional, de acuerdo con el cual el accionante prestó sus servicios
en la Fuerza Aérea Colombiana del 7 de enero de 1980 al 1º de abril de 1987 (f.
21 y vuelto); y «CERTIFICADO DE SALARIO BASE» y de «SALARIOS MES
A MES», que señalan los emolumentos que recibió durante dicho interregno (ff.
22 y 23 vuelto).

e) Resolución 264 de 31 de mayo de 2016 del secretario de educación de
Mosquera, por la cual niega el reconocimiento de la pensión de jubilación al
actor, toda vez que «[…] presenta vinculación a partir del 16/01/2006, en
vigencia de la [L]ey 812 de 2003 […] por lo tanto no procede la prestación ya
que la fecha de nacimiento del docente fue 20/07/1956, no cumple con el
requisito de edad para aplicar para la pensión de vejez» (sic) [f. 3 y vuelto].

f) Contra la anterior determinación el demandante interpuso recurso de
reposición, desatado de manera desfavorable mediante Resolución 419 de 19 de
agosto de 2016 (ff. 4 a 7), con los mismos argumentos que el acto administrativo
recurrido.

g) Resolución 178 de 22 de marzo de 2017, por conducto de la cual la referida
secretaría niega la pensión «por aportes» al accionante, al considerar que «[…]
de acuerdo con la hoja de revisión en fecha de estudio 05/02/2017 la
FIDUPREVISORA, manifiesta que no procede el reconocimiento de la
pensión de jubilación por aportes [al] señor FORERO MIRKE MANUEL
JOS[É] […] “No cumple el tiempo laborado, No cumple con edad para
pensionarse, debe laborar en diferentes entidades por que obliga cuota parte,
fecha Status mayor a la actual, periodo laborado inferior al mínimo
establecido» (sic para toda la cita) [ff. 8 y 9]; inconforme con esa decisión, el
actor formuló recurso de reposición, negado a través de Resolución 283 de 25
de mayo de 2017 (ff. 13 y 14).

h) Mediante oficio 1106.23-1707 de 23 de noviembre de 2016 (ff. 17 y 18), la
secretaría de educación de Mosquera respondió al Ministerio de Defensa
Nacional la «Cuota Parte» del accionante, así:

Que de acuerdo con lo establecido en [los] [D]ecretos 2341 de 2003,
1158 de 1994 y 3752 de 2003 los factores salariales a tener en cuenta
en esta liquidación son los mismos sobre los cuales realizó aportes el
docente, debidamente certificados por la entidad pagadora [...]

Que de acuerdo con los certificados de tiempo de servicio
allegado[s], se establece que el educador prestó y ha venido
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prestando sus servicios así:

Entidad Desde Hasta Total
nominadora
Ministerio de 07/01/1980 30/04/1987 2.520
Defensa
Fiduprevisora 22/10/1998 25/11/2015 6.154
Total días 8.674

Que el docente adquirió el [e]status de jubilado el 15/04/2015, Fecha
en la que se encontraba afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
[…]

Que la mesada pensional es de $2.233.400 que corresponde al 75%
del promedio de factores salariales sobre los cuales realizó aportes el
docente durante el último año de servicio anterior al [e]status.

[…] esta entidad solicita la aprobación correspondiente del
respectivo porcentaje que le concierne al Ministerio de Defensa
Nacional, que para el docente en mención corresponde a $649.919,
para lo cual adjuntamos proyecto de resolución y demás documentos
que sustenta la solicitud del docente.

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el demandante
nació el 15 de abril de 1959; (ii) prestó sus servicios en la Fuerza Aérea
Colombiana del 7 de enero de 1980 al 1º de abril de 1987; y desde el 22 de
octubre de 1998 trabaja como directivo docente en propiedad en la secretaría de
educación de Mosquera, cargo en el que seguía activo para la fecha de
expedición del correspondiente certificado laboral (2 de noviembre de 2016);
(iii) mediante Resolución 264 de 31 de mayo de 2016, el secretario de educación
de Mosquera niega el reconocimiento de la pensión de jubilación al actor, toda
vez que «[…] presenta vinculación a partir del 16/01/2006, en vigencia de la
[L]ey 812 de 2003 […] por lo tanto no procede la prestación ya que la fecha de
nacimiento del docente fue 20/07/1956, no cumple con el requisito de edad para
aplicar para la pensión de vejez» (sic), contra la cual interpuso recurso de
reposición, desatado de manera desfavorable por Resolución 419 de 19 de
agosto de 2016; y (iv) a través de Resolución 178 de 22 de marzo de 2017, la
referida secretaría niega la pensión «por aportes» al accionante, al considerar
que «[…] de acuerdo con la hoja de revisión en fecha de estudio 05/02/2017 la
FIDUPREVISORA, manifiesta que no procede el reconocimiento de la
pensión de jubilación por aportes [al] señor FORERO MIRKE MANUEL
JOS[É] […] “No cumple el tiempo laborado, No cumple con edad para
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pensionarse, debe laborar en diferentes entidades por que obliga cuota parte,
fecha Status mayor a la actual, periodo laborado inferior al mínimo
establecido» (sic para toda la cita), frente a la que formuló recurso de reposición,
negado con Resolución 283 de 25 de mayo de 2017.

De acuerdo con lo anotado en el acápite precedente, aquellos docentes cuya
vinculación sea posterior a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, esto es,
al 27 de junio del mismo año, pese a que su afiliación la asume el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en materia pensional le son
aplicables las normas contenidas en la Ley 100 de 1993, junto con las
modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, salvo respecto de la edad
para adquirir el estatus pensional, la cual, según el artículo 81 de la mencionada
Ley 812 de 2003, es de 57 años para hombres y mujeres.

En el sub lite se tiene que el demandante tuvo una vinculación laboral como
docente antes de que empezara a regir la última norma citada y para el 15 de
abril de 2014 había alcanzado más de 20 años de servicios públicos, pues en el
expediente se evidencia que trabajó para el Ministerio de Defensa Nacional
durante 7 años, 2 meses y 25 días y para la secretaría de educación de Mosquera
18 años y 11 días, con los cuales completó el mencionado requisito7.

Así las cosas, dado que el actor fue nombrado como docente con anterioridad a
la Ley 812 de 2003, resultan aplicables a su situación pensional las Leyes 33 de
1985 y 91 de 1989 y, en tal sentido, al tener más de 55 años de edad (cumplidos
el 15 de abril de 2014), tiene derecho al reconocimiento de la pensión de
jubilación, con inclusión de los factores sobre los cuales efectuó aportes durante
el último año de servicios, en aplicación de lo estipulado en el artículo 3º ibidem,
modificado por el artículo 1º de la Ley 62 del mismo año, tal como se precisó
en el acápite anterior.

Los anteriores prolegómenos nos conducen a la conclusión de que al accionante
le debe ser reconocida su pensión de jubilación a partir del 15 de abril de 2014
(fecha de adquisición del estatus pensional), con el 75% del promedio de los
factores salariales sobre los cuales cotizó durante el último año de servicios, en
atención a las Leyes 33 y 62 de 1985, de acuerdo con la interpretación fijada
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019,

7
En este mismo sentido se pronunció esta Corporación en un caso similar, en sentencia de 29 de abril de 2021,
de la sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección A, expediente 66001-23-33-000-2017-
00514-01(0939-19) actor: Luz Helena Correa González, demandada: Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
17

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citada en el acápite precedente, en el sentido de que el ingreso base de
liquidación de los docentes que adquirieron su estatus pensional bajo el amparo
de tales Leyes, se liquida sobre los factores que hayan servido para calcular
aportes; lo que, además, guarda relación con el artículo 48 superior, en cuanto
dispone que «[p]ara la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta
los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones
[…]», por lo que se confirmará el fallo de primera instancia, máxime cuando no
es dable discriminar los emolumentos a tener en cuenta porque no obra
certificación de lo recibido por el accionante entre abril de 2013 y abril de 2014.

De igual modo, cabe anotar que esta Corporación, al resolver una demanda de
simple nulidad contra una ordenanza departamental, sostuvo que «las primas
de antigüedad y de bonificación, no podrían ser incluidas en el ingreso base de
liquidación pensional, pues son emolumentos creados por autoridades
territoriales […], quienes no tienen la competencia para hacerlo8»9.

Asimismo, se aclara que la sala plena de la sección segunda de esta Corporación
advirtió que «[…] se acudirá al método de aplicación en forma retrospectiva
del precedente, disponiendo para ello, que las reglas jurisprudenciales que se
han fijado en este pronunciamiento se acojan de manera obligatoria en todos
los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía
judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado
la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables».

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará la sentencia de primera instancia, que accedió de manera parcial a
las pretensiones de la demanda.

Por último, comoquiera que quien se halla habilitado legalmente para ello
confirió poder en nombre de la Nación - Ministerio de Educación Nacional -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, cuyo destinatario lo

8
En este sentido se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de abril de
2018, radicación: Acumulados 050012331000200500974 01 (1231-2014) 050012331000200507606 02 (0091-
2012), actores: Auditoría General de la República y Nación, Ministerio de Educación Nacional.
9
Ver sentencia de la sección segunda, subsección A, de 22 de agosto de 2019, expediente 44001-23-33-000-
2016-00035-01(2394-17).
18

Expediente: 25000-23-42-000-2017-03088-01 (458-2021)
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sustituyó en otra profesional del derecho, se reconocerá personería a esta
última10.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 29 de enero de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), que accedió
de manera parcial a las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el
señor Manuel José Forero Mirke contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, conforme
a la parte motiva.

2º. Reconócese personería a la abogada Karen Eliana Rueda Agredo, con cédula
de ciudadanía 1.018.443.763 y tarjeta profesional 260.125 del Consejo Superior
de la Judicatura, para representar a la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fomag, en los términos de la sustitución de poder conferido.

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

10
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
19

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