Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03540-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2017-03540-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03540-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-03540-03
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03540-03 (2224-2022)
Demandante: Departamento de Cundinamarca – Secretaría Jurídica
Demandada: Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Educación
Temas: Decaimiento del artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947 – Falta
de competencia y falsa motivación de actos administrativos que
reconocieron sobresueldo del 20% a docentes y directivos –
Improcedencia de derechos adquiridos derivados de actos
viciados de nulidad.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia que declaró la nulidad
de los actos demandados.
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los terceros con interés,
Osman Hipólito Roa Sarmiento, Gloria Mery Sánchez Ruiz y la Asociación de
Educadores de Cundinamarca contra la sentencia de primera instancia del 4 de abril
de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El departamento de Cundinamarca – Secretaría Jurídica promovió demanda
de nulidad contra las Resoluciones 009422 del 19 de diciembre de 2014, 0011905
del 28 de diciembre de 2015 y 000180 del 19 de enero de 2015, expedidas por la
Secretaría de Educación del mismo ente territorial. Mediante los actos
controvertidos se reconoció y ordenó el pago del aumento salarial del 20 % previsto
en el artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947 a docentes y directivos para las
vigencias 2012 y 2014.
2. Como sustento de la demanda, expuso que el artículo 5 de la Ordenanza 13
de 1947 consagró un sobresueldo en favor de los empleados y obreros del
departamento que hubieran cumplido 20 años o más de servicio, no estuvieran
pensionados y permanecieran en ejercicio del cargo con una antigüedad no inferior
a 5 años sin solución de continuidad. Añadió que, para la época de expedición de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03540-03 (2224-2022)
Demandante: Departamento de Cundinamarca – Secretaría Jurídica
esa ordenanza, las asambleas departamentales contaban con competencia para
establecer ese tipo de emolumentos.
3. Sin embargo, sostuvo que, a partir del Acto Legislativo 01 de 1968, cuyas
reglas fueron reproducidas por la Constitución Política de 1991 y desarrolladas,
entre otras disposiciones, por la Ley 4 de 1992, la competencia para fijar el régimen
salarial de los empleados del sector territorial quedó reservada al Congreso de la
República y el Gobierno nacional, en el entendido de que el primero fija los
parámetros generales conforme a los cuales el segundo determina los elementos
propios del régimen salarial y prestacional.
4. Con fundamento en ello, adujo que la Secretaría de Educación carecía de
competencia para expedir las resoluciones demandadas, toda vez que fueron
proferidas en 2014 y 2015, momento para el cual ya se encontraban vigentes las
disposiciones constitucionales y legales que atribuían la competencia al Gobierno
nacional de establecer y reglamentar las asignaciones salariales o prestaciones de
los servidores públicos del orden territorial.
5. En particular, destacó que los actos acusados desconocieron la Ley 4 de
1992 y los decretos salariales expedidos anualmente por el gobierno nacional, los
cuales establecían límites y reglas de obligatorio cumplimiento para los empleados
públicos territoriales y no autorizaban el reconocimiento de sobresueldos o
incrementos distintos de los allí previstos.
6. Asimismo, afirmó que las resoluciones acusadas incurrieron en falsa
motivación, porque se sustentaron en el artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947,
pese a que dicha disposición había quedado derogada tácitamente a partir del
tránsito normativo introducido con el Acto Legislativo 1 de 1968 y, en consecuencia,
habían desaparecido sus fundamentos de derecho y operado su decaimiento.
7. Agregó que esa falsa motivación también se configuró porque los actos
demandados dieron al artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947 un alcance distinto al
que expresamente tenía, en tanto extendieron el sobresueldo a directivos y
docentes, aunque dicha disposición beneficiaba únicamente a los empleados y
obreros del departamento. Al respecto, precisó que los docentes no ostentan esa
condición, pues en virtud de la Ley 91 de 1989, la Ley 115 de 1994 y la Ley 715 de
2001 son servidores de la Nación con un régimen especial propio, incompatible con
cualquier otro régimen o acto administrativo de carácter territorial que pretenda
regular la misma materia.
8. Finalmente, mencionó que las resoluciones acusadas carecían de certificado
de disponibilidad presupuestal, requisito exigido por el artículo 71 del Estatuto
Orgánico del Presupuesto para todo acto administrativo que afecte apropiaciones
presupuestales, pues el pago del sobresueldo reconocido quedó supeditado a
transferencias futuras del Ministerio de Educación y a la celebración de acuerdos
de pago con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que, a su juicio,
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03540-03 (2224-2022)
Demandante: Departamento de Cundinamarca – Secretaría Jurídica
comprometía el erario al contraer obligaciones sin contar con apropiación suficiente
para respaldarlas.
Contestación de la demanda
9. El departamento de Cundinamarca – Secretaría de Educación propuso
la excepción de inconstitucionalidad, con fundamento en el artículo 4 de la
Constitución Política y solicitó la inaplicación de la Ordenanza 13 de 1947 por
estimarla contraria al régimen constitucional y legal que reserva al Congreso y al
Gobierno nacional la fijación del régimen salarial y prestacional.
10. Para fundamentar su postura, aseguró que, aunque la Asamblea
Departamental de Cundinamarca, al momento de expedir la Ordenanza 13 de 1947,
tenía competencia para fijar los sueldos de los empleados departamentales, sus
fundamentos jurídicos desaparecieron con la entrada «en vigencia de la
Constitución de 1991 y la Ley 4ª de 1992», por lo que operó la derogatoria tácita de
dicha disposición.
11. En esa línea, señaló que las resoluciones demandadas desconocieron el
régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos territoriales, el
cual de conformidad con la Ley 4 de 1992 y los decretos salariales expedidos
anualmente por el gobierno nacional, no autorizaba el reconocimiento de
sobresueldos o incrementos distintos de los en ellos previstos.
Sentencia apelada
12. Mediante sentencia del 4 de abril de 2019, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B declaró probada la excepción de
inconstitucionalidad propuesta por la parte demandada y, en consecuencia, declaró
la nulidad de las Resoluciones 009422 del 19 de diciembre de 2014, 0011905 del
28 de diciembre de 2015 y 000180 del 19 de enero de 2015.
13. Como fundamentos de la decisión, señaló que, si bien la Asamblea
Departamental de Cundinamarca, al momento de expedir la Ordenanza 13 de 1947,
contaba con facultades para fijar sueldos en el ámbito departamental, ese marco
competencial cambió con la expedición del Acto Legislativo 01 de 1968, reiterado
por la Constitución Política de 1991 y desarrollado por la Ley 4 de 1992, en cuanto
atribuyeron al Congreso de la República la fijación de los parámetros generales y
al Gobierno nacional la determinación del régimen salarial y prestacional de los
servidores públicos.
14. En ese contexto, determinó que para los años 2014 y 2015, fechas de
expedición de los actos acusados, ya se encontraban vigentes las disposiciones
que impedían a las asambleas departamentales continuar fijando el régimen salarial
y prestacional de los empleados públicos. Con base en ello, consideró acreditada
la falta de competencia del secretario de Educación del departamento, pues expidió
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03540-03 (2224-2022)
Demandante: Departamento de Cundinamarca – Secretaría Jurídica
las resoluciones demandadas cuando esa materia ya se encontraba sometida al
marco constitucional y legal definido por el Congreso de la República y el Gobierno
nacional.
15. Asimismo, estimó configurada la falsa motivación, por cuanto las
resoluciones demandadas se sustentaron en el artículo 5 de la Ordenanza 13 de
1947, pese a que esa disposición había quedado tácitamente derogada como
consecuencia del tránsito constitucional y legal posterior. Así, al haber
desaparecido sus fundamentos de derecho, concluyó que se produjo su
decaimiento y que, por tanto, la ordenanza no podía servir de sustento al
reconocimiento del sobresueldo del 20 %.
16. Finalmente, precisó que, aunque los actos demandados tenían contenido
particular, el medio de control de nulidad simple era procedente, pues de
conformidad con el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia del
Consejo de Estado, dicha acción también procede contra actos de contenido
particular cuando sus efectos nocivos afectan gravemente el orden económico,
social o ecológico. En ese marco, anuló los actos acusados y se abstuvo de
condenar en costas.
Recursos de apelación
17. Inconformes con la sentencia de primera instancia, los terceros con interés
Osman Hipólito Roa Sarmiento, Gloria Mery Sánchez Ruiz y la Asociación de
Educadores de Cundinamarca1 interpusieron recurso de apelación con el fin de que
se revoque la decisión y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.
18. De manera coincidente, sostuvieron que el Tribunal desvió el análisis del
objeto del litigio, pues sustentó la nulidad de las resoluciones demandadas en
consideraciones relativas a la derogatoria tácita y a la inconstitucionalidad
sobreviniente de la Ordenanza 13 de 1947, pese a que esta disposición no fue
demandada y conserva su presunción de legalidad, en tanto no ha sido anulada por
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
19. Indicaron que el Consejo de Estado ya se había pronunciado sobre la
Ordenanza 13 de 1947 y había descartado la procedencia de la excepción de
inconstitucionalidad respecto de esa disposición, de manera que la sentencia
apelada desconoció pronunciamientos previos sobre la materia.
20. Asimismo, afirmaron que las resoluciones acusadas crearon situaciones
jurídicas particulares y concretas en favor de los docentes y directivos docentes
incluidos en sus listados, por lo que la sentencia no podía privarlas de efectos sin
considerar las consecuencias sobre sus destinatarios. En su criterio, proceder de
1 Estos sujetos procesales fueron reconocidos como terceros interesados, en los términos del artículo
223 del CPACA, en la audiencia inicial celebrada el 27 de marzo de 2019, porque acreditaron un
interés directo en el resultado del proceso.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03540-03 (2224-2022)
Demandante: Departamento de Cundinamarca – Secretaría Jurídica
ese modo desconoció los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, pues
generó un cambio intempestivo respecto de derechos laborales ya reconocidos y
consolidados en sede administrativa, en contravía de lo que razonablemente
podían esperar quienes fueron beneficiados por esos actos y sin que estos hubieran
tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción.
21. De manera adicional, la Asociación de Educadores de Cundinamarca
argumentó que la decisión desconoció el principio de progresividad y la prohibición
de regresividad en materia de derechos sociales, consagrados en el artículo 2 del
PIDESC2 y en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en tanto el Estado colombiano tiene vedado retroceder en los avances
alcanzados en materia de derechos laborales.
22. Por su parte, Osman Hipólito Roa Sarmiento destacó que el Tribunal omitió
considerar el trámite administrativo surtido ante el Ministerio de Educación
Nacional, que incluyó la certificación de la deuda por más de $124 mil millones y la
disposición de recursos del Sistema General de Participaciones para su pago,
actuaciones institucionales que, a su juicio, reforzaban la confianza legítima de los
beneficiarios. Agregó que el Consejo de Estado, mediante concepto del 28 de
febrero de 2017, reafirmó la validez de las asignaciones salariales creadas por
ordenanzas anteriores al Acto Legislativo 01 de 1968 y sobre su financiación con
recursos del SGP.
23. Finalmente, Gloria Mery Sánchez Ruiz señaló que la sentencia guardó
silencio sobre la situación jurídica particular y concreta de su representada, quien
aparecía identificada con nombre propio en las resoluciones declaradas nulas, sin
que el fallo ofreciera ninguna consideración sobre los efectos individuales de esa
decisión. Agregó que las personas incluidas en los listados anexos a los actos
demandados no fueron vinculadas efectivamente al proceso ni pudieron ejercer su
derecho de defensa y contradicción, por lo que la providencia también vulneró el
debido proceso.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
24. Mediante auto del 13 de octubre de 2022 se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por los terceros con interés. Posteriormente, en proveído del
4 de mayo de 2023, se corrió traslado a los sujetos procesales para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.
25. La parte actora solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, al
estimar que las resoluciones demandadas se expidieron con falta de competencia
y falsa motivación, en tanto el secretario de Educación carecía de atribuciones para
reconocer aumentos salariales, facultad que, a partir de la Ley 4 de 1992, radica
exclusivamente en el Congreso de la República y en el Gobierno nacional.
2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03540-03 (2224-2022)
Demandante: Departamento de Cundinamarca – Secretaría Jurídica
26. Añadió que el artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947, fundamento de los
actos acusados, fue tácitamente derogado por el Acto Legislativo 01 de 1968,
fenómeno que el Consejo de Estado reconoció expresamente en el proceso
radicado 25000-23-42-000-2010-00909-02, al concluir que respecto de esa
disposición había operado el decaimiento del acto administrativo.
27. Los terceros con interés Osman Hipólito Roa Sarmiento, Gloria Mery
Sánchez Ruiz y la Asociación de Educadores de Cundinamarca reiteraron los
argumentos expuestos en sus recursos de apelación e insistieron en que las
resoluciones acusadas crearon situaciones jurídicas particulares a favor de los
docentes beneficiados, amparadas por los principios de seguridad jurídica,
confianza legítima, intangibilidad de los actos administrativos favorables y
protección especial del salario.
28. Precisaron, además, que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo
general no conlleva la invalidez de los actos particulares expedidos durante su
vigencia, y que toda interpretación en materia de derechos laborales consolidados
debe orientarse en favor del trabajador.
29. El Ministerio Público guardó silencio en esta fase procesal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
30. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de las apelaciones interpuestas contra las sentencias dictadas
en primer grado por los tribunales administrativos. A su vez, el artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019, reglamento interno del Consejo de Estado, consigna que la
Sección Segunda está facultada para decidir los procesos de simple nulidad de
actos administrativos que versen sobre asuntos laborales.
Cuestión previa
31. Antes de abordar los problemas jurídicos, la Sala advierte que no se
pronunciará sobre algunos de los reparos formulados en la apelación, en la medida
en que no constituyen reparos autónomos contra la sentencia de primera instancia,
sino la reiteración de solicitudes de nulidad procesal ya propuestas y resueltas en
la audiencia inicial, dentro de la etapa de saneamiento.
32. En particular, ello ocurre con los planteamientos relativos a la presunta
vulneración del debido proceso y de los derechos de defensa y contradicción de las
personas incluidas en los listados anexos a los actos demandados que no
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03540-03 (2224-2022)
Demandante: Departamento de Cundinamarca – Secretaría Jurídica
comparecieron al proceso y, la improcedencia del medio de control de nulidad
simple por recaer sobre actos administrativos de contenido particular y concreto.
33. En el desarrollo de la audiencia inicial celebrada el 27 de marzo de 2019 el
Tribunal dejó constancia de que Osman Hipólito Roa Sarmiento, la Asociación de
Educadores de Cundinamarca y Gloria Mery Sánchez Ruiz solicitaron la nulidad de
todo lo actuado desde el auto admisorio de la demanda.
34. Al sustentar esas solicitudes, los terceros interesados alegaron, entre otros
aspectos, que los actos acusados tenían contenido particular y concreto y que
debían vincularse al proceso las personas relacionadas en las resoluciones
demandadas para garantizar sus derechos de defensa y contradicción.
35. Al resolver esas nulidades, el a quo concluyó que, aunque los actos
acusados tenían contenido particular, el medio de control de nulidad simple era
procedente porque la controversia perseguía la restauración del orden jurídico
presuntamente vulnerado y el examen recaería sobre la legalidad en abstracto de
las resoluciones demandadas. Asimismo, consideró que se había dado a la
comunidad y a los terceros con interés la oportunidad de intervenir en el proceso
mediante las publicaciones ordenadas y que, en todo caso, cualquier eventual
irregularidad había quedado saneada con la comparecencia de quienes
promovieron las nulidades.
36. Además, en cuanto al planteamiento reiterado por Gloria Mery Sánchez
Ruiz, relativo a la presunta vulneración del debido proceso y de los derechos de
defensa y contradicción de los beneficiarios de los actos acusados, el acta de la
audiencia inicial da cuenta de que su apoderado interpuso recurso de apelación
contra el auto que negó la nulidad. Sin embargo, dicho recurso fue rechazado por
improcedente, aunque se dio trámite a la reposición, que confirmó la providencia
recurrida.
37. Igualmente, es relevante poner de presente que inicialmente los recursos
de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia fueron
rechazados por el Tribunal. Sin embargo, dicha decisión fue revocada por esta
Corporación mediante auto del 23 de septiembre de 2021.
38. En consecuencia, por tratarse de cuestiones ya decididas, la Sala no las
examinará nuevamente en esta instancia.
Problemas jurídicos
39. La Sala deberá determinar si el Tribunal se apartó del objeto del litigio al
examinar, como presupuesto para estudiar la legalidad de las resoluciones
acusadas, la vigencia y aptitud jurídica del artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947
para servirles de fundamento, pese a que esa disposición no fue demandada, y si,
al proceder de ese modo, desconoció pronunciamientos previos del Consejo de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03540-03 (2224-2022)
Demandante: Departamento de Cundinamarca – Secretaría Jurídica
Estado que descartaron la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad
respecto de esa norma.
40. Igualmente, deberá establecerse si la declaratoria de nulidad de las
resoluciones acusadas desconoció las situaciones jurídicas particulares y concretas
consolidadas en favor de los docentes y directivos docentes beneficiados, con
vulneración de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, progresividad
y prohibición de regresividad en materia de derechos laborales.
Análisis de los problemas jurídicos
41. La Sala confirmará el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B porque las
resoluciones acusadas fueron expedidas sin competencia y con falsa motivación,
al haberse sustentado en el artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947, disposición que
para los años 2014 y 2015 no constituía fundamento jurídico para reconocer el
sobresueldo del 20%. En consecuencia, no prosperan los reparos relacionados con
el presunto desvío del objeto del litigio ni la alegada vulneración de situaciones
jurídicas particulares y de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima,
progresividad y prohibición de regresividad.
Examen de la Ordenanza 13 de 1947 como presupuesto para estudiar la
legalidad de las resoluciones acusadas
42. Los apelantes afirman que el Tribunal se apartó del objeto del litigio al
examinar la vigencia y aptitud jurídica del artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947,
pese a que esa disposición no fue demandada, y añaden que con ello desconoció
la presunción de legalidad que la ampara, así como pronunciamientos previos del
Consejo de Estado sobre la materia.
43. Para resolver ese planteamiento, la Sala considera necesario precisar que
el examen efectuado por el a quo sobre la Ordenanza 13 de 1947 no recayó sobre
su validez ni obedeció a un pronunciamiento oficioso respecto de un acto no
demandado. Ese análisis se impuso como presupuesto para estudiar la legalidad
de las resoluciones acusadas, pues los cargos de nulidad formulados contra ellas,
falta de competencia y falsa motivación, exigían establecer si, para los años 2014
y 2015, el artículo 5 de dicha ordenanza conservaba aptitud jurídica para servirles
de sustento.
44. En otras palabras, la controversia no exigía definir si la Ordenanza 13 de
1947 era nula en sí misma, sino establecer si podía servir de fundamento jurídico a
los actos acusados al momento de su expedición.
45. En este punto, conviene recordar que la Constitución Política de 1886
otorgó al Congreso de la República, en el numeral 7 del artículo 76, la facultad de
«[…] conferir atribuciones especiales a las asambleas departamentales […]»,
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03540-03 (2224-2022)
Demandante: Departamento de Cundinamarca – Secretaría Jurídica
potestad que fue reiterada en el artículo 187 ibidem, al disponer que aquellas
podían, además, «[…] ejercer otras funciones por autorización del Congreso […]».
Luego, el artículo 54 del Acto Legislativo 3 de 1910 dispuso que las asambleas
departamentales debían fijar el número de empleados, sus atribuciones y sus
sueldos.
46. Esa atribución fue reiterada por el Acto Legislativo 01 de 1945, que
mantuvo tanto la autorización para que el congreso confiriera competencias
especiales a las asambleas como la facultad de estas para fijar el número de
empleados departamentales, sus atribuciones y sus sueldos. De manera que, para
la fecha de expedición de la Ordenanza 13 de 1947, la Asamblea Departamental
de Cundinamarca contaba con competencia para expedir actos de contenido
salarial.
47. Sin embargo, esa competencia cambió con la expedición del Acto
Legislativo 01 de 1968, que modificó, entre otros, los artículos 76, 120 y 187 de la
Constitución de 1886, e introdujo dos nociones distintas: la de escalas de
remuneración y la de emolumentos. A partir de esa reforma, las escalas de
remuneración correspondían al Congreso en el nivel nacional, a las asambleas en
el departamental y a los concejos en el orden local, mientras que la fijación de los
emolumentos se atribuyó al presidente de la República y a los gobernadores, según
el respectivo nivel administrativo.
48. Más adelante, la Constitución Política de 1991 mantuvo la competencia
concurrente en materia salarial, al disponer que corresponde al congreso dictar las
normas generales y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el
gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. De
esta manera, el legislador define los parámetros generales y el ejecutivo desarrolla
la materia dentro de ese marco, sin perjuicio de la competencia que conservan las
asambleas y los concejos para determinar las escalas de remuneración de los
cargos de sus dependencias.
49. En desarrollo de ese mandato, el artículo 12 de la Ley 4 de 1992 dispuso
que el régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales
sería fijado por el Gobierno nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos
establecidos por el Congreso de la República, y precisó que las corporaciones
públicas territoriales no podían atribuirse esa facultad.
50. En ese contexto, aunque la Ordenanza 13 de 1947 fue expedida en un
momento en que la Asamblea Departamental de Cundinamarca contaba con
competencia para ello, la cuestión jurídica relevante ya no consistía en examinar el
marco constitucional y legal vigente al momento de su expedición, sino en
establecer si, para los años 2014 y 2015, dicha disposición conservaba vigencia o
si, por el contrario, había operado su decaimiento como consecuencia de las
modificaciones constitucionales y legales posteriores que redefinieron la
distribución de competencias en materia salarial y prestacional.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03540-03 (2224-2022)
Demandante: Departamento de Cundinamarca – Secretaría Jurídica
51. Por tal razón, el tribunal no incurrió en error al examinar ese fenómeno
como presupuesto de legalidad de los actos acusados. Como quiera que los actos
demandados invocaron como fundamento esta ordenanza, es necesario establecer
si esa disposición todavía podía servir de sustento de nuevos reconocimientos
salariales, examen que resultaba indispensable para resolver los cargos de nulidad
formulados.
52. En efecto, dado que los actos demandados invocaron esa ordenanza como
fundamento jurídico, correspondía establecer si al momento de su expedición aún
podía desplegar efectos en materia salarial, pues de ello dependía, de una parte,
la competencia material de la autoridad territorial para proferirlos y, de otra, la
correspondencia entre los motivos expresados en tales actos y el ordenamiento
jurídico vigente.
53. Esta comprensión, además, se encuentra en armonía con la jurisprudencia
de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, en sentencia del 5 de mayo de
2022, radicado 25000-23-42-000-2010-00909-02, al estudiar la legalidad del
artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947, concluyó que la Asamblea Departamental
de Cundinamarca contaba con la «facultad constitucional» para expedir esa clase
de actos administrativos. No obstante, también precisó que ello «no es óbice» para
que el departamento examine su aplicación posterior, dado que los empleados
públicos vinculados con posterioridad al Acto Legislativo 01 de 1968 no tienen
derecho a que se les aplique dicha ordenanza.
54. En ese mismo sentido, agregó que respecto de la citada disposición había
operado el fenómeno del decaimiento, en la medida en que «fue tácitamente
derogada» por el artículo 11 del Acto Legislativo 01 de 1968, al desaparecer del
ordenamiento las normas constitucionales que sirvieron de sustento para su
expedición.
55. Igualmente, se observa que esta Corporación en sentencia del 18 de mayo
de 2023, radicado 25000-23-42-000 2017-03500-01, reiteró que, si bien la
Ordenanza 13 de 1947 fue expedida por autoridad competente conforme al
ordenamiento constitucional vigente para la época, una vez el legislador ejerció la
facultad de regulación salarial a través de la Ley 4ª de 1992, las normas territoriales
que regulaban ese aspecto quedaron por fuera del ordenamiento jurídico. Por ello,
concluyó que el sobresueldo previsto en dicha disposición tuvo una derogatoria
tácita con la expedición de las normas que fijaron la asignación salarial de cada
empleo, proferidas por el Gobierno nacional en desarrollo de las facultades
previstas en la citada ley.
56. Por consiguiente, no les asiste razón a los apelantes cuando afirman que
el Tribunal desconoció el precedente judicial, pues, por el contrario, la Sala advierte
que la decisión apelada se ajustó a la jurisprudencia del Consejo de Estado en
cuanto distinguió entre la competencia con la que contaba la Asamblea
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03540-03 (2224-2022)
Demandante: Departamento de Cundinamarca – Secretaría Jurídica
Departamental de Cundinamarca al momento de expedir la Ordenanza 13 de 1947
y el posterior decaimiento de los efectos de esa disposición como consecuencia de
los cambios constitucionales y legales que redefinieron la materia. Precisamente
esa distinción permitía examinar, sin apartarse del objeto del litigio, si para los años
2014 y 2015 la citada ordenanza aún podía servir de fundamento a nuevos
reconocimientos salariales.
57. Igual consideración merece el reproche relacionado con el presunto
desconocimiento del concepto del 28 de febrero de 2017 emitido por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dentro del radicado
11001030600020160011000. Dicho concepto refuerza la conclusión adoptada en
la sentencia apelada, pues precisó que las asignaciones salariales creadas por
ordenanzas departamentales antes del Acto Legislativo 01 de 1968 son ajustadas
a derecho y deben pagarse a los servidores a cuyo favor hayan sido legalmente
decretadas hasta su retiro, pero que las normas departamentales que crearon
primas extralegales con posterioridad a dicho acto legislativo contrariaban la
Constitución de manera evidente, con la consecuente obligación de la
administración de aplicar la excepción de inconstitucionalidad.
58. En ese orden, el concepto en cuestión es armónico con la distinción que
esta Sala ha venido trazando entre la validez originaria de la Ordenanza 13 de 1947
y la imposibilidad de extender sus efectos a servidores vinculados con posterioridad
a 1968.
59. En consecuencia, la Sala concluye que el a quo no se apartó del objeto del
litigio al examinar la posibilidad de que la Ordenanza 13 de 1947 sirviera de
fundamento a las resoluciones acusadas. Ese análisis resultaba necesario para
establecer si, para los años 2014 y 2015, dicha disposición podía sustentar el
reconocimiento del sobresueldo del 20 %. Por tanto, no prosperan los reparos de
los apelantes en cuanto sostienen que la sentencia desconoció la presunción de
legalidad de la ordenanza o se apartó del precedente judicial sobre la materia.
Situaciones jurídicas particulares derivadas de las resoluciones acusadas
60. Los apelantes sostienen que la declaratoria de nulidad de las resoluciones
acusadas desconoció las situaciones jurídicas particulares y concretas
consolidadas a favor de los docentes y directivos docentes incluidos en sus listados,
y que, con ello, vulneró los principios de seguridad jurídica, confianza legítima,
progresividad y prohibición de regresividad en materia de derechos laborales.
61. La Sala precisa que, para que las resoluciones acusadas produjeran
situaciones jurídicas particulares susceptibles de la protección que invocan los
apelantes, era necesario que hubieran sido expedidas por autoridad competente y
con fundamento en una norma vigente al momento de su expedición, condiciones
que, como quedó establecido en el acápite anterior, no se cumplieron en el presente
caso.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03540-03 (2224-2022)
Demandante: Departamento de Cundinamarca – Secretaría Jurídica
62. En efecto, las resoluciones demandadas carecían de fundamento
normativo válido, por cuanto se sustentaron en una disposición que había perdido
fuerza ejecutoria antes de su expedición. Un acto administrativo expedido con falta
de competencia y falsa motivación no tiene la virtualidad de generar derechos
adquiridos en cabeza de sus destinatarios ni, por esa vía, situaciones jurídicas
particulares o concretas oponibles al control judicial, pues la garantía prevista en el
artículo 58 de la Constitución Política protege únicamente aquellas situaciones
reconocidas de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
63. En esa medida, los principios de seguridad jurídica, confianza legítima,
progresividad y prohibición de regresividad invocados por los apelantes tampoco
tienen la virtualidad de subsanar los vicios que afectaban las resoluciones
acusadas. Si bien tales principios protegen a los administrados frente a cambios
intempestivos en situaciones jurídicas legítimamente consolidadas y proscriben
retrocesos injustificados en los niveles de protección alcanzados en materia de
derechos sociales, su aplicación presupone que las situaciones cuya protección se
reclama hayan surgido conforme a derecho, condición que, como se estableció, no
concurre en el presente caso. Por consiguiente, ese reproche tampoco prospera.
64. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia.
Condena en costas
65. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.
66. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla
general, no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de
interés público; y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este
escenario cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal.
La norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo
particular al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser
promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos
subjetivos en favor de un sujeto determinado.
67. En el caso concreto, se tiene que la demanda fue incoada en ejercicio del
medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03540-03 (2224-2022)
Demandante: Departamento de Cundinamarca – Secretaría Jurídica
al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por cualquier
persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente de
fundamento legal, habida cuenta de que en primera instancia se accedió a las
pretensiones y en segunda instancia se confirmará esa decisión. En consecuencia,
no se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 4 de abril de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B que
declaró la nulidad de los actos demandados.
SEGUNDO. SIN CONDENA en costas en ninguna de las instancias.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.