Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03541-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03541-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-03541-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03541-02 (5352-2022)
Demandante: Silvio Alberto Arroyave Quintero
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y otro
Tema: Reliquidación de la asignación de retiro por reajuste de la
asignación básica de los años 1997 a 2004.
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 2 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Pretensiones
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo1, Silvio Alberto Arroyave Quintero solicitó la anulación
de los Oficios 20160423330592451 del 29 de diciembre de 2016 y
20170423330135701 del 12 de abril de 2017 expedidos por el jefe de división de
nóminas de la Armada Nacional, así como del Oficio 100535 del 9 de diciembre de
2016.
2. Igualmente que se inaplicara por vía de la excepción de inconstitucionalidad el
1 En adelante CPACA.
42
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03541-02 (5352-2022)
Demandante: Silvio Alberto Arroyave Quintero
artículo 1 de los Decretos 122 de 1997, 62 de 1999, 2737 de 2001, 745 de 2002,
3552 de 2003 y 4158 de 2004.
3. A título de restablecimiento del derecho pidió que se condenara a la entidad
demandada a:
3.1. Reliquidar y pagar la diferencia de los salarios «de los decretos de oscilación y
el Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.), desde el 1 de enero de 1997 hasta diciembre
31 de 2004, y la reliquidación y pago a partir de enero 1 de 2005 hasta la fecha efectiva del
retiro en ABRIL 21 DE 206, INCLUYENDO LOS TRES MESES DE ALTA, para los años
más favorables hasta la fecha, con prescripción cuatrienal desde la fecha de petición en
NOVIEMBRE 18 de 2016 y ABRIL 11 de 2017, teniendo en cuenta el Índice de Precios al
Consumidor (I.P.C.), cuando este Índice sea mayor a la escala gradual porcentual y al
método de oscilación.» [sic]
3.2. Ajustar la hoja de tiempo de servicios de la Armada Nacional, elaborar
nuevamente el expediente prestacional con destino a la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares y, en consecuencia, reliquidar la asignación de retiro.
1.1.2. Fundamentos fácticos
4. En la demanda se narraron los siguientes hechos:
4.1. Laboró al servicio de la Armada Nacional y fue retirado por solicitud propia el 22
de abril de 2016.
4.2. Desde el 1 de enero de 1997 al 31 de diciembre de 2004, los incrementos
legales anuales decretados para el personal de la Fuerza Pública estuvieron por
debajo del IPC.
4.3. La Armada Nacional, a partir del 1 de enero de 1997, no reajustó el salario de
acuerdo con los porcentajes del IPC a pesar de que era miembro activo de la
institución, lo cual afectó la liquidación del salario y demás prestaciones, así como
de la asignación de retiro.
4.4. Como la «mesada» se reajustó en un porcentaje inferior al IPC, se vulneró el
principio de igualdad «frente a los demás pensionados» y lo llevó a un «empobrecimiento
progresivo».
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. Como normas violadas se citaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 48, 53, 56, 93,
209, 218, 2019 y 220 de la Constitución Política; 2 y 13 de la Ley 4 de 1992; 2, 9,
10, 13, 14 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 14 y 279 de la Ley 100 de 1993;
asimismo, las Leyes 238 de 1995 y 278 de 1996. En el concepto de violación se
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Demandante: Silvio Alberto Arroyave Quintero
argumentó:
6. Mediante los convenios 96 y 99 de la Organización Internacional del Trabajo se
dispuso que el derecho a un salario justo suponía a que se mantuviera su poder
adquisitivo; asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que se debía cumplir con
dicho principio y conservar el incremento anual conforme con el IPC a partir del 1
de enero de 1997 al 31 de diciembre de 2004.
7. Con la expedición de los actos administrativos y los decretos acusados se
quebrantaron sistemáticamente las normas invocadas, en razón a que se
desconocieron los fines del Estado y se irrespetó la dignidad humana como primer
principio fundamental, máxime porque desempeñó especiales funciones que le
fueron asignadas y en condiciones distintas a las del resto de servidores.
8. Como no se efectuó la «nivelación salarial» desde el año 1997 al 2004 sobre el
IPC que fue más favorable, se afectó el monto de la asignación de retiro y, por
consiguiente, se desconoció lo expuesto por la Corte Constitucional en las
sentencias SU-995 de 1999 , T-248 de 2008 y SU-539 de 2012 [entre otras].
1.2. Contestación de la demanda
9. Las entidades demandadas se opusieron a la prosperidad de las pretensiones,
con fundamento en lo siguiente:
1.2.1. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
10. Las asignaciones de retiro debían reajustarse anualmente con las variaciones
de las asignaciones de los uniformados que se encontraran en servicio activo, para
cada grado. Para tal efecto, el gobierno nacional anualmente expidió los decretos
que fijó el incremento para que, en virtud del principio de oscilación, también se
reajustaran dichas prestaciones.
11. Desde el año 2005 los reajustes de las asignaciones de retiro se efectuaron de
acuerdo con lo dispuesto por el gobierno nacional; en consecuencia, el demandante
no tenía derecho a que se reliquidara su prestación.
12. Comoquiera que por medio de la Resolución 1827 del 14 de marzo de 2016 le
fue reconocida la asignación de retiro, se debía declarar la falta de legitimación en
la causa por pasiva respecto de cualquier reajuste anterior al 22 de abril de 2016.
1.2.2. Ministerio de Defensa, Armada Nacional
13. De acuerdo con el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, los derechos
salariales que pudieran reconocerse se encontraban prescritos, además, «la postura
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Demandante: Silvio Alberto Arroyave Quintero
de la parte actora implicaría admitir que todos los derechos surgidos al amparo de la ley
serían imprescriptibles».
14. El IPC, como fórmula para reajustar las pensiones, fue implementado con la
Ley 100 de 1993, norma que no era aplicable al personal del Ministerio de Defensa
porque existía otra que regulaba el aumento de los salarios.
15. En consecuencia, como el actor prestó sus servicios hasta el 21 de abril de
2016, no procedía el reajuste de la asignación básica conforme con el IPC, en razón
a que únicamente procedía respecto de las pensiones reconocidas.
1.3. Audiencia inicial
16. En la audiencia realizada el 30 de enero de 2019, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca resolvió declarar de oficio la excepción de caducidad solo respecto
del Oficio 20160423330592451 del 29 de diciembre de 2016 expedido por el jefe de
la División de Nómina de la Armada Nacional, decisión que fue confirmada por esta
corporación en auto del 11 de mayo de 2020, en el cual se consideró:
«[...] la Sala concluye que el señor Silvio Alberto Arroyave Quintero, fue
retirado del servicio el 22 de enero de 2016, lo que significa que para la fecha
de la presentación de la petición dirigida a la autoridad administrativa, no se
encontraba en activo en tanto ésta fue impetrada el 25 de julio de 2017.
De tal manera, que ante la inconformidad del señor Arroyave Quintero
respecto de su asignación básica, debió acudir a esta jurisdicción, dentro de
los 4 meses siguientes a la notificación de los actos administrativos que
desataron su petitum, como quiera que al encontrarse en goce de buen retiro,
el emolumento reclamado carece de la naturaleza de prestación periódica.
Bajo tal razonamiento, se tiene que el Oficio 20160423330592451 del 29 de
diciembre de 2016 fue notificado el 16 de marzo de 2017 corriendo el término
de caducidad hasta el 17 de julio del mismo año, observando que la demanda
fue instaurada el 25 de julio de 2017, es decir, fuera del término dispuesto en
la norma para el ejercicio de tal medio de control.» [sic]
1.4. La sentencia apelada
17.Mediante sentencia proferida el 2 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante.
18. Para tal efecto, se detuvo en el marco normativo y jurisprudencial de los
siguientes temas: (i) asignación mensual de los miembros activos de la Fuerza
Pública; y (ii) movilidad salarial. A continuación, resolvió el caso concreto con
fundamento en lo siguiente:
19.La asignación básica que percibió en actividad, específicamente en los años
1997 a 2004 no sufrió modificación alguna, lo cual impedía alterar la cuantía de la
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Demandante: Silvio Alberto Arroyave Quintero
asignación de retiro.
20. La Ley 238 de 1995 creó el beneficio del reajuste con base en el IPC solo
respecto de las pensiones y asignaciones de retiro y no sobre los sueldos
devengados en actividad. «Esta norma sería aplicable al demandante si se hubiera
pensionado en el periodo en el cual estuvo vigente este beneficio».
21. Tampoco era procedente el reajuste de la asignación en actividad, en razón a
que, de conformidad con las sentencias C-815 de 1999, C-1433 de 2000, C-1064
de 2001, C-1017 de 2003 y C-931 de 2004 proferidas por la Corte Constitucional, el
respeto de mantener el poder adquisitivo del salario no debía comprenderse de
manera absoluta, sino que dependía de la situación fiscal del país. Asimismo, se
aprobó limitar el aumento del salario mínimo a aquellos empleados que tenían
mayor capacidad para soportarlo, en virtud de los principios de solidaridad e
igualdad; en consecuencia, no tenía que efectuarse necesariamente en la
proporción de la inflación del año anterior.
22. El IPC se estableció de manera especial para calcular el monto de la asignación
de retiro, en razón a que se debían tomar las variaciones que en todo tiempo se
introdujeran en las asignaciones de actividad para cada grado, «en cambio, la
asignación en actividad es la “asignación mensual”, la cual es determinada por el Gobierno
Nacional anualmente a través de decreto y que en todo caso [era] superior al incremento
que se devenga[ba] con base en el I.P.C.»
1.5. El recurso de apelación
23. Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación
y lo sustentó en los siguientes términos:
24. Después de la Constitución Política de 1991 y de la expedición de la Ley 4 del
mismo año, el gobierno nacional ha fijado anualmente las prestaciones de los
miembros de la Fuerza Pública en sus diferentes grados; sin embargo, esto se
realizó por debajo de la variación porcentual del IPC, lo cual afectó su patrimonio
«mes a mes y año a año, incidiendo de manera notoria posteriormente en su asignación de
retiro en un -22.24%» y vulneró el derecho a la igualdad respecto de otros oficiales
de su mismo grado en condición de trabajadores.
25. El salario debía ser móvil, es decir, ajustado año a año siempre que conservara
su valor frente a la inflación de la economía del país, lo cual, a su vez, conllevaba al
reajuste en los términos del IPC para que se mantuviera su poder adquisitivo, tal
como se sostuvo en las sentencias T-276 de 1997, T-102 de 1995, entre otras
proferidas por la Corte Constitucional.
26. Además, en las sentencias C-1433 de 2000 y C-931 de 2004 se estableció que
el Estado debía garantizar que, de manera progresiva, se actualizara el salario de
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Demandante: Silvio Alberto Arroyave Quintero
acuerdo con el IPC, es decir que la variación porcentual se aplicaba «a los empleados
públicos, esto [incluía] a los integrantes de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía
Nacional), no [podía] bajo ninguna circunstancia, ser inferior a la inflación ocurrida o
correspondiente al año inmediatamente anterior, sin importar el grado o cargo que se
ostent[ara] y desempeñ[ara] el servidor, como es el caso que nos ocupa, bajo el agravante
en el evento de ocurrencia, se vulneraria flagrantemente derechos de raigambre
Constitucional ya ampliamente fundamentados en este recurso y a lo largo de la demanda.»
1.6. Trámite de la segunda instancia
27. En auto del 21 de noviembre de 2022 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 2 de julio de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los términos de la Ley
2080 de 2021.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
28. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de conformidad
con los artículos 125 y 150 del CPACA, conforme con los cuales «[l]as salas, secciones
y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Problema jurídico
29. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿Silvio Alberto Arroyave
Quintero tiene derecho a que se reajuste la base de liquidación de la asignación de
retiro que le fue reconocida, a partir del IPC respecto de los salarios percibidos entre
1997 y 2004?
30. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial
aplicable; y segundo, se resolverá el caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre el régimen salarial de la Fuerza
Pública
31. El artículo 150 de la Constitución Política previó que el Congreso de la
República tiene, entre otras, la función de dictar las normas generales y señalar en
ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno nacional para
«[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
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Congreso Nacional y la Fuerza Pública».
32. Con fundamento en la anterior disposición, se expidió la Ley 4 de 1992 2 que
tuvo por objeto fijar el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza
Pública, de los empleados de la Rama Ejecutiva, del Congreso, la Rama Judicial, el
Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la
Contraloría General de la República. Igualmente, en el artículo 2, dispuso que, para
dicha fijación, el gobierno nacional debía tener en cuenta, entre otras cosas, la
sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal y la racionalización
de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es las limitaciones presupuestales
para cada organismo o entidad. Con base en lo anterior, dispuso que el gobierno
nacional modificaría el régimen salarial correspondiente a los empleados
«aumentando sus remuneraciones».
33. Adicionalmente, en el artículo 13, ordenó que el gobierno nacional establecería
una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y
retirado de la Fuerza Pública, la cual debía producirse en las vigencias fiscales de
1993 a 1996.
34. Como se observa, las asignaciones básicas están sujetas a los decretos que
expide anualmente el gobierno nacional3, los cuales constituyen única fuente para
realizar el incremento salarial, pues el artículo 10 ibidem, dispuso expresamente
que «[t]odo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional
en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos».
2.4. De lo probado
35. En el expediente se encuentran los siguientes hechos probados:
35.1. Silvio Alberto Arroyave Quintero laboró al servicio de la Armada Nacional
desde el 7 de febrero de 1984 y se retiró el 22 de abril de 2016, para un total de 27
años.
35.2. Mediante la Resolución 1827 del 14 de marzo de 2016 expedida por el
director general de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se reconoció la
2 «[M]ediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en
el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política».
3 Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de
1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de
2005, 407 de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011, 842 de
2012 y 1017 de 2013, 187 de 2014, 1028 de 2015, 214 de 2016, 984 de 2017, 324 de 2018, 1002
de 2019, 318 de 2020, 976 de 2021, 466 de 2022, 910 de 2023.
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Demandante: Silvio Alberto Arroyave Quintero
asignación de retiro a partir del 22 de abril de 2016, «en cuantía del 95% del sueldo de
actividad correspondiente a su grado en todo tiempo, incluyendo dentro de la liquidación
las partidas computables de acuerdo con la Ley».
35.3. El 18 de noviembre de 2016, Silvio Alberto Arroyave Quintero solicitó ante la
Armada Nacional y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares el reajuste de las
asignaciones básica y de retiro.
35.4. A través del Oficio 100535 del 9 de diciembre de 2016, la Caja de Sueldos
de Retiro negó la petición por las razones que se transcriben:
«[...] no se atiende favorablemente su solicitud en sede administrativa, por
cuanto los lapsos entre los cuales se presentaron diferencias entre el
porcentaje del IPC y la aplicación del principio de oscilación del régimen
especial de las Fuerzas Militares, fue entre 1997 a 2004 y para ese tiempo
usted no devengaba asignación de retiro, porque se encontraba en servicio
activo.»
2.5. Caso concreto
36. En la audiencia inicial se declaró probada la excepción de caducidad respecto
del oficio que negó el reajuste de la asignación básica. Para el efecto, el a quo
sostuvo que el único acto demandable en relación con el reajuste de esta era el
Oficio 20160423330592451 del 29 de diciembre de 2016, pues el Oficio
20170423330135701 del 12 de abril de 2017 solo informó sobre la existencia del
anterior, en consecuencia, se trataba de un acto que no era susceptible de control
porque no definió de fondo la situación jurídica del actor; en ese orden, como aquel
se notificó el 16 de marzo de 2017, los 4 meses vencieron el 17 de julio de 2017, de
manera que la demanda se radicó extemporáneamente el 25 de julio de la misma
anualidad. Como se describió, esta decisión fue confirmada por esta corporación.
37. Lo anterior conlleva a que el análisis de la Sala se circunscriba a verificar si el
reconocimiento de la asignación de retiro se ajustó o no al ordenamiento jurídico,
concretamente, en lo que respecta a que se aplicara el IPC respecto de los salarios
devengados en los años 1997 a 2004. Ello, por cuanto en el recurso se indicó que
se desconoció que el gobierno nacional debía aplicarlo al momento de reajustar
anualmente los salarios.
38. Con el fin de resolver los argumentos expuestos en el recurso, debe
puntualizarse que, ciertamente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
explicado que el trabajador tiene derecho a que se aumente el salario con el fin de
garantizar el poder adquisitivo; así lo sostuvo en las sentencias C-931 de 2004, C-
815 de 1999, C-1017 de 2003, C-1433 de 2000 y C-1064 de 2001. Concretamente,
en la primera explicó lo que se transcribe a continuación:
«En otras palabras, en la Sentencia C-1064 de 2001 la Corte mantuvo la ratio
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decidendi de la C-1433 de 2000, es decir, la consideración según la cual la
Constitución protege el derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo
del salario y que ello comprende que cada año éste sea reajustado para todos
los servidores cobijados por la ley anual de presupuesto. Pero se apartó de
las consecuencias deducidas de esta premisa en la Sentencia anterior. En
consecuencia, en 2001 no impartió una orden específica contentiva de una
fórmula única para aumentar los salarios de todos los servidores públicos,
sino que, tomando como pauta artículo 187 de la Constitución Política, que
señala el criterio para determinar el aumento salarial de los congresistas
acudiendo al promedio ponderado de los salarios de los servidores de la
administración central, diferenció el conjunto de servidores públicos que por
su nivel de salario merecían una protección reforzada, de aquellos que
devengan más y no la requerían. Aquellos cuyo salario fuera menor a dicho
promedio ponderado tenían un derecho “de carácter intangible” a mantener el
poder adquisitivo real, en virtud de la protección constitucional reforzada que
la Constitución dispone a su favor (C.P Art. 334.), de la obligación del Estado
de velar la igualdad sea real y efectiva (C.P Art. 13) y asegurar a todas las
personas condiciones de vida digna. (C.P Art.1). Este primer grupo de
trabajadores, dijo la Sentencia C-1064 de 2001, tenía derecho a que se les
aumentara su salario, no sólo nominalmente sino de forma tal que se
mantuviera el poder adquisitivo real del mismo. Para tal efecto debía tenerse
como criterio preponderante la inflación. En el caso de los servidores públicos
que devengaran salarios más altos a este tope, la situación era diferente, pues
no se trataba de sujetos que merecieran una protección reforzada. Por lo tanto
su derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario podía ser limitado,
siempre y cuando la limitación fuera razonable. Sobre la razonabilidad de la
limitación estimó que el juicio del juez constitucional debía ser estricto, por
cuanto la limitación podía llegar a afectar derechos constitucionales como el
salario móvil, el mínimo vital o la dignidad.»
39. Ciertamente, este deber de mantener el poder adquisitivo de los salarios
corresponde exclusivamente al gobierno nacional, en virtud de lo previsto en la Ley
4 de 1992.
40. Ahora bien, el artículo 14 de la Ley 100 de 19934 ordenó que las pensiones «se
reajustarán anualmente de oficio, el 1 de enero de cada año, según la variación porcentual
del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente
anterior». El objetivo principal de esta norma se contrajo a que dichas prestaciones
mantuvieran su poder adquisitivo.
41. Asimismo, el artículo 279 ibidem previó que lo dispuesto en la ley no se aplicaría
a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, pero mediante la
Ley 238 de 19955 se adicionó en el sentido de que dichas excepciones no
implicaban «la negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y
142 [...] para los pensionados de los sectores aquí contemplados».
4 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
5 «Por la cual se adiciona el artículo 279 de la Ley 100 de 1993».
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42. A partir de lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación6 ha señalado
pacíficamente que el reajuste conforme con el IPC procedía únicamente cuando se
trataba de asignaciones de retiro, siempre y cuando resultara más favorable y hasta
antes de que fuera expedida la Ley 923 de 20047, reglamentada por el Decreto 4433
de 20048, pues a partir de este momento se estableció que las asignaciones de
retiro y pensiones, se incrementarían «en el mismo porcentaje en que se aument[aran]
las asignaciones en actividad para cada grado» [artículo 42].
43. Ciertamente, desde el año 20079, esta Corporación sostuvo lo que a
continuación se transcribe:
«[...] no existe la menor duda en el sentido que bajo los mandatos del artículo
original 279 de la ley 100 de 1993 los pensionados de las Fuerzas Militares y
de la Policía Nacional no eran acreedores del reajuste de sus pensiones como
lo dispone el artículo 14 de aquella, vale decir, teniendo en cuenta la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE para
el año inmediatamente anterior, sino como lo disponía el decreto 1212 de
1990, o sea mediante la oscilación de las asignaciones de los miembros de la
Policía Nacional en actividad.
[...] a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, el grupo de pensionados de
los sectores excluidos de la aplicación de la ley 100 de 1993, sí tienen derecho
a que se les reajuste sus pensiones teniendo en cuenta la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE como
lo dispuso el artículo 14 de la última y a la mesada 14 en los términos del
artículo 142 ibidem».
44.Más recientemente, en la sentencia proferida el 14 de julio de 2022 10, se
puntualizó lo siguiente:
«1.- Con la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 (26 de diciembre de
1995 fecha de su publicación), las excepciones consagradas en el artículo
279 de la Ley 100 de 1993 presentaron una modificación consistente en que
a los pensionados de los sectores allí contemplados entre ellos los de las
Fuerzas Militares y Policía Nacional, en virtud del principio de favorabilidad y
conforme a los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993 se les podía reajustar
la asignación de retiro conforme al índice de precios al consumidor del año
inmediatamente anterior certificado por el DANE y la mesada 14,
respectivamente, siempre que el incremento realizado por el Gobierno
Nacional en los decretos anuales de las asignaciones en actividad de los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional sea inferior.
6 Ver, por ejemplo, las sentencias proferidas el 17 de mayo de 2007 (8464-2005), 15 de noviembre
de 2012 (25000-23-25-000-2010-00511-01).
7 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política».
8 «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública».
9 Sentencia proferida el 17 de mayo de 2017, número interno 8464-2005.
10 Número interno 25000-23-42-000-2019-00883-01 (0501-2022).
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03541-02 (5352-2022)
Demandante: Silvio Alberto Arroyave Quintero
2.- En vigencia de la Ley 238 de 1995 el reajuste por favorabilidad de las
asignaciones de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional conforme al índice de precios al consumidor señalado en el artículo
14 de la ley 100 de 1993, en cada caso concreto, aplica desde el año 1993
hasta 2004, toda vez que a partir del 1.° de enero de 2005 se implementó
nuevamente el principio de oscilación a través de la expedición del Decreto
4433 de 2004.
3.- El reajuste conforme al IPC incide directamente en la base de la respectiva
prestación pensional y debe servir para la liquidación de los incrementos que
a partir del año 2005 se efectuaran sobre dicha prestación».
45. Entonces, el reajuste conforme con el IPC procede únicamente respecto de las
asignaciones de retiro y pensiones, pero no de los salarios, en razón a que las leyes
y decretos reglamentarios no especificaron modificación alguna o disposición
diferente a que el gobierno nacional, a través de decretos, es el que establece el
incremento de las asignaciones básicas de los miembros de la Fuerza Pública. Así
se sostuvo en la sentencia proferida el 12 de septiembre de 202211:
«Así, debido a que para esos periodos la señora Claudia Jesús Guio Rivera
era miembro activo de la Policía Nacional, el incremento de su sueldo básico
mensual debía atender a las citadas disposiciones gubernamentales y no
podía efectuarse con fundamento en una norma dirigida al personal retirado
de la Fuerza Pública.
Como consecuencia de lo anterior, debe decirse que no hay lugar a conceder
ningún tipo de reliquidación de la asignación de retiro de la demandante, toda
vez que no está demostrado en el proceso que haya existido alguna
irregularidad en la fijación de su base de liquidación, por cuanto la asignación
se calculó a partir de lo devengado por la accionante, lo que quiere decir que
no hay prueba de que exista alguna suma adeudada en favor de la señora
Guio Rivera por ese concepto.»
46. En ese hilo argumentativo, como el gobierno nacional estableció el reajuste de
los salarios en los años 1997 a 2004 a través de los Decretos 122 de 1997, 58 de
1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158
de 2004, debe concluirse que si estaba vinculado para esas anualidades, su salario
debía ajustarse a este contenido normativo y no en los términos de disposiciones
que están previstas expresamente para la prestación social. En consecuencia, no
hay lugar a ajustar la asignación de retiro porque no se demostró irregularidad
alguna en su liquidación.
2.6. Costas
47. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil,
11 Sección Segunda, Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2017-05918-02 (3545-2021).
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03541-02 (5352-2022)
Demandante: Silvio Alberto Arroyave Quintero
hoy Código General del Proceso.
48. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de diciembre
de 201612, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:
«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar,
mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre
la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas
siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de
las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición
o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se
aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).»
49. No evidencia la Sala que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni
se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal,
razón por la cual, se abstendrá de condenar en costas por esta instancia y se
revocará el ordinal segundo de la sentencia apelada que las impuso por la primera
instancia.
2.7. Conclusión
50. Por las razones anotadas en precedencia, se confirmará la sentencia que negó
las pretensiones de la demanda, en razón a que Silvio Alberto Arroyave Quintero no
tenía derecho a que se reajustara la asignación de retiro porque el incremento de la
asignación básica mensual se realizó en los términos expedidos por el gobierno
nacional, el cual, según la Ley 4 de 1992, es el único competente para determinarlo;
por consiguiente, no se demostró irregularidad alguna que modificara la base de
liquidación.
12 Subsección B, expediente 1908-2014.
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03541-02 (5352-2022)
Demandante: Silvio Alberto Arroyave Quintero
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 2 de julio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda
presentada por Silvio Alberto Arroyave Quintero, salvo el ordinal segundo que se
revoca. En su lugar, se dispone: no condenar en costas de primera instancia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH
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