Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03842-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2017-03842-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03842-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-03842-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Tema: Nivelación salarial y prestacional
Sentencia de segunda instancia
_________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 11 de junio de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Zaida Marcela Gómez Gómez presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio S-2015-236690/ADEHU-PERNU-29
del 12 de agosto de 2015, a través del cual la entidad demandada le negó el
reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales entre el cargo en el
que fue nombrada y el de profesional universitario, educadora especial, código 4,
grado 13, cuyas funciones ha ejercido.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento de las diferencias salariales, prestacionales y por
concepto de seguridad social entre el cargo que fue nombrada y el de profesional
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
universitario educador especial código 4, grado 132, a partir de octubre de 1998; ii)
la indexación de las sumas que resultaren reconocidas; iii) el nombramiento en el
cargo ibidem en propiedad, o en otro de iguales o superiores condiciones laborales;
y iv) el inició de las acciones disciplinarias y legales correspondientes en contra de
la Policía Nacional y de sus funcionarios por el desconocimiento y desatención de
los términos legales para emitir respuesta a su reclamación administrativa, en los
términos de las leyes 1755 de 2015, 734 de 2000 y 1015 de 2006, según
corresponda.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se indicaron los siguientes:
3.1. Zaida Marcela Gómez Gómez fue nombrada en la planta de personal de la
Policía Nacional el 2 de septiembre de 1994 en el grado de adjunto tercero como
operador de terminal, según la orden administrativa de personal 1-142 del 1 de
agosto de 1994 y el acta de posesión 175 suscrita en la primera fecha dicha.
3.2. Enel año de 1998, una vez obtuvo el título profesional de licenciada en
Educación Especial, el director de Sanidad solicitó al director de Recursos
Humanos de la Policía Nacional su traslado a la Unidad de Rehabilitación para
incrementar el «programa de niños especiales» y así facilitarle el desempeño
profesional.
3.3. A través del Oficio 9657 DIREH-ARCON del 20 de agosto de 1998, el jefe del
Área de Registro y Control de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía
Nacional emitió concepto favorable respecto de la solicitud de traslado, con la
finalidad de haberle concedido «la oportunidad de ejercer su carrera que con gran
esfuerzo está realizando».
3.4. Fue destinada por la Policía Nacional para prestar sus servicios como
profesional en educación especial en la Unidad de Rehabilitación de la Dirección
de Sanidad, el cual ha venido desempeñando desde el año 1998, es decir, durante
aproximadamente 17 años.
3.5. Desde octubre de 1998 ha presentado múltiples peticiones a la Policía Nacional
para obtener su reclasificación al nivel profesional; sin embargo, tanto la Dirección
General como la Dirección de Sanidad las han desconocido y lo único que han
hecho es evadir sus responsabilidades, bajo el argumento de que no eran
2 Luego del proceso de reestructuración de las entidades que integran el Sector Defensa
Profesional de seguridad código 3-1, grado 6.
2
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
competentes para resolver de fondo y la inexistencia de disponibilidad
presupuestal y de vacantes.
3.6. Ha prestado sus servicios como educadora especial en la Unidad de
Rehabilitación de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional a partir del año
1998 y desde entonces ha ejercido las funciones propias de un profesional
universitario educador especial código 4, grado 13, a pesar de que su vinculación
a la entidad fue como orientador de defensa código 4-1, grado 6. Esta situación le
ha acarreado una afectación económica, en consideración a que el salario
percibido es de $685.359, mientras que el que debería devengar en razón de sus
actividades es de $2.320.554.
3.7. El 7 de julio de 2015, solicitó a la Policía Nacional el reconocimiento y pago de
las diferencias salariales causadas desde octubre de 1998, entre la remuneración
percibida en el cargo para el que fue nombrada (adjunto tercero) y aquella que se
derivaba del ejercicio de funciones propias de un profesional universitario educador
especial código 4, grado 13. De manera subsidiaria, pidió que fuera nombrada en
la planta de personal de la Policía Nacional en este último cargo.
3.8. Mediante el S-2015-236690/ADEHU-PERNU-29 del 12 de agosto de 2015, la
Policía Nacional resolvió de manera negativa la anterior solicitud, toda vez que «la
mera prestación de trabajo, así beneficie al Estado, se comprende, aparte de clasificarse
como relación laboral y derivar de ella los derechos contemplados en las normas que la
regulan, no coloca a la persona que la suministra en la misma situación legal y
reglamentaria en la que pueda encontrarse otra persona que desempeña como empleado
público una actividad similar» [sic].
3.9. Para el ejercicio del cargo en el que se encontraba vinculada tan solo se ha
exigido como requisito tener 4 años de educación básica secundaria y las
funciones propias del cargo se desarrollaban en colegios dirigidos a grados de
educación básica primaria de aula regular; mientras que ella era licenciada en
Educación Especial y ha desarrollado sus funciones en la Unidad de
Rehabilitación.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 13, 25 y 53, 121, 125 y 209 de la
Constitución Política; los convenios 100 y 111 de la Organización Internacional del
Trabajo; 1, 9, 10 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo3; y 1, 2 y 3 de la Ley 4 de
1992.
3 En lo sucesivo CST.
3
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente4:
5.1. La entidad demandada ha vulnerado sus derechos constitucionales y laborales,
pues ha desconocido el principio «a trabajo igual, salario igual», toda vez que nunca
se le ha reconocido su condición de profesional universitario, educadora especial,
código 4, grado 13, y tampoco se le ha dado una asignación básica mensual
proporcional a su labor y desempeño en la Unidad de Rehabilitación de la Policía
Nacional, a pesar de que se ha reconocido por parte de la institución que sí cumple
con las funciones correspondientes a ese cargo de profesional.
5.2. Asílas cosas, el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, debía
reconocer y pagar a título de indemnización las diferencias salariales y
prestacionales entre el cargo en el que fue nombrada y las funciones que
actualmente y desde el año 1998 ha desempeñado, que han sido las del cargo de
profesional universitario educador especial código 4, grado 13.
1.2. Contestación de la demanda
6. La nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, no se pronunció en la
instancia procesal, tal y como se indicó en el informe secretarial del 7 de marzo de
2018 y en el auto del 11 de septiembre de 20185.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
en sentencia del 11 de junio de 2020 negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte vencida. Para tal efecto, luego de realizar un recuento
legal y jurisprudencial aplicable al asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente6:
7.1. La demandante desempeñó el cargo de operador de terminal en el grado de
adjunto tercero desde el 2 de septiembre de 1994 y bajo la nueva nomenclatura de
las entidades del Sector Defensa ocupó el cargo de orientador de defensa, código
4 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «01.Demanda.pdf», folios 13 a 17.
5 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta
«03.AdmisorioAudienciasInicialPruebasAlegatos (Fols. 181-303).pdf», folios 39 y 45 a 50,
respectivamente.
6 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta
«06.SentenciaPrimeraInstancia.pdf».
4
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
4-1, grado 6. A su vez, recibió una remuneración correspondiente al cargo para el
cual fue nombrada.
7.2. Era inexistente la prueba que demostrara que aquella durante su trayectoria
laboral en la entidad demandada fuera nombrada y posesionada en un cargo
distinto al de orientador defensa, para que pudiera ejercer funciones asignadas a
otros empleos como el de profesional de seguridad.
7.3. Los documentos que la mencionaron como educadora especial no eran
suficientes para haber acreditado que desempeñó integralmente las funciones de
un empleo distinto para el cual fue nombrada, ni que estas hubieren sido asignadas
expresamente por la entidad.
7.4. El concepto favorable de traslado de la demandante a la Unidad de
Rehabilitación, emitido por el Jefe del Área de Registro y Control de la Dirección
de Recursos Humanos de la Policía Nacional, no implicó per se el cambio de
empleo, grado, nivel, intensidad horaria y asignación básica. Aunado a ello, las
funciones realizadas por aquella, descritas en una certificación, se enmarcaban
dentro de la naturaleza del cargo de orientador en defensa, según se desprendía
del artículo 8 del Decreto 092 de 2007 y del catálogo de funciones contenido en la
Resolución 04683 del 25 de noviembre de 2013.
7.5. La actora no acreditó encontrarse en similar situación que un empleado de
superior categoría que le permitiera reclamar una nivelación salarial, pues le
correspondía demostrar fehacientemente que ejecutaba igual labor, categoría,
preparación y responsabilidades de un empleado vinculado al cargo de profesional
de seguridad código 3-1, grado 6. En este sentido, no estaba demostrado que la
función desarrollada por aquella era ajena al cargo al que se encontraba
legalmente vinculada.
7.6. Así entonces, no resultaba viable acceder a la pretensión de nivelación salarial,
toda vez que el cargo desempeñado por la actora era el de orientador de defensa
y no el de profesional de seguridad.
7.7. En cuanto a la pretensión tendiente a que se ordenara el nombramiento de la
demandante en la planta de personal de la Policía Nacional, en el cargo de
profesional universitario educador especial código 4, grado 13, debía precisarse
que siendo el mérito un pilar fundamental de la vinculación de personal al Estado
en empleos de carrera administrativa, no era viable obviar el concurso y la
acreditación de requisitos personales y profesionales y ordenar, por vía judicial, la
reubicación de aquella en el cargo pretendido.
5
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
7.8. Respecto de la pretensión encaminada a que se iniciaran las acciones
disciplinarias y legales correspondientes en contra de los funcionarios de la Policía
Nacional, por no haber atendido los términos dispuestos para contestar las
peticiones, la demandante debía acudir a la autoridad disciplinaria competente
para que esta conforme con sus atribuciones legales iniciara las investigaciones a
que haya lugar, pues tal pretensión escapaba de la incumbencia del Juez
Contencioso.
7.9. La condena en costas era procedente, en consideración a lo previsto en el
CPACA y en el Código General del Proceso7.
1.4. El recurso de apelación
8. La demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en los siguientes
argumentos8:
8.1. El a quo desconoció que fue la propia administración la que dispuso su traslado
a la Unidad de Rehabilitación de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, lo
que llevó a que ejecutara funciones diferentes a las del cargo del cual se posesionó
el 5 de septiembre de 1994, este es, el de orientador de defensa.
8.2. Desde el momento en el que la institución policial dio la orden de su traslado
generó una transformación de las funciones que ella ejercía. Si bien el simple
concepto favorable del traslado no modificó la naturaleza del cargo, la
materialización de este y la designación de las nuevas funciones sí.
8.3. La documentación aportada como prueba, que no fue cuestionada, desvirtuada,
ni tachada de falsa, demostraba su desempeño y desarrollo de las funciones del
cargo del profesional educador especial código 4, grado 13, de la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional, las que le fueron asignadas por voluntad de la
institución.
8.4. El
Tribunal realizó una comparación de un cargo que correspondía a la
Dirección General de la Policía Nacional y no a la Dirección de Sanidad, es decir,
tuvo en cuenta las funciones que se establecieron en el manual de funciones de la
Dirección General de la Policía Nacional y no las propias del cargo de profesional
7 En adelante CGP.
8 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «08.ApelacionSentenciaDTE.pdf»,
folios 4 a 12.
6
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
educador especial código 4, grado 13, de la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional. Por tanto, el análisis comparativo desconoció el principio de la primacía
de la realidad sobre las formas y que las funciones ejercidas en estos cargos no
son comparables.
8.5. Así entonces, tenía derecho al reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales, originadas desde octubre de 1998, entre el cargo en el
que fue nombrada (orientador de defensa) y las funciones que actualmente y desde
ese año ha desempeñado en la Policía Nacional, que han correspondido a las del
cargo de profesional universitario educador especial código 4, grado 13.
8.6. No había lugar a que fuera condenada en costas ni agencias en derecho, toda
vez que su actuación se ha ajustado a las reglas de la moral, las buenas
costumbres y la buena fe, no ha presentado conductas contrarias a la ley procesal
que hayan dilatado o entorpecido el desarrollo del proceso y además, en
consideración a la falta de defensa de la Policía Nacional, esta no incurrió en
gastos de representación ni apoderamiento y, en tal sentido, mal podía condenarse
al pago de lo que no se ha debido.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
9. La parte demandante reafirmó lo expuesto en sus actuaciones a lo largo del
proceso9.
10. La nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, guardó silencio.
1.6. Concepto del Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 10, el
problema jurídico consiste en determinar ¿si Zaida Marcela Gómez Gómez tiene
9 Samai, índice 15, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO»,
documento
«13_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.PDF)
NroActua 15».
10 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
7
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
derecho a que se le reconozcan los salarios y prestaciones del cargo de profesional
universitario educador especial código 4, grado 13, por ejercer sus funciones, pese
a ostentar el cargo de adjunto tercero, el cual bajo la nueva nomenclatura de las
entidades del Sector Defensa fue el de orientador de defensa, código 4-1, grado
6?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Del empleo público y su regulación
13. El artículo 123 de la Carta Política prevé que «[s]on servidores públicos los
miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de
sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios», quienes «[…] ejercerán
sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento».
14. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 4ª del 18 de mayo de 1992, para «[…]
la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores […], el Gobierno Nacional
tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios», entre otros:
«[…]
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las
limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades
y las calidades exigidas para su desempeño;
k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles
profesional, asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama
Ejecutiva y de la Organización Electoral;
[…]».
15. En la citada norma, en su artículo 3, se dispuso que el sistema salarial de los
servidores públicos está integrado por «[…] la estructura de los empleos, de
conformidad con las funciones que se deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración
para cada cargo o categoría de cargos».
16. La Ley 489 de 29 de diciembre de 199811, en su artículo 11512, dejó en cabeza
(i) del Gobierno la aprobación de «[…] las plantas de personal de los organismos y
11 «Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones».
12 «Planta global y grupos internos de trabajo».
8
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
entidades de que trata la presente ley de manera global»13, y (ii) el «[…] director del
[respectivo] organismo distribuirá los cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades
de la organización y sus planes y programas».
17. Por su parte el artículo 19 de la Ley 909 de 23 de septiembre de 2004 regula el
empleo público, frente a la estructura de este preceptúa:
«Artículo 19. El empleo público.
1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto de
esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades
que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con
el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del
Estado.
2. El diseño de cada empleo debe contener:
a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita
identificar con claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular;
b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los
requisitos de estudio y experiencia, así como también las demás condiciones para el
acceso al servicio. En todo caso, los elementos del perfil han de ser coherentes con las
exigencias funcionales del contenido del empleo;
[…]
Artículo 20. Cuadros funcionales de empleos. Los cuadros funcionales son
agrupaciones de empleos semejantes en cuanto a la naturaleza general de sus
funciones, sus responsabilidades y que requieren conocimientos y/o competencias
comunes.
1. Los empleos públicos se podrán agrupar en cuadros funcionales de empleos con el
fin de optimizar la gestión de los recursos humanos de cada entidad.
2. El acceso, el ascenso, el sistema retributivo y la capacitación de los empleados
públicos de carrera se podrán llevar a cabo, en su caso, en el cuadro funcional de
empleos.
3. Los cuadros funcionales de empleos podrán cubrir empleos de uno o de varios
organismos, en función de los requisitos exigidos para su desempeño.
4. Por decreto se regulará el sistema de cuadros funcionales de empleos aplicable a
toda la administración y, en su caso, la dependencia orgánica de los mismos».
13 Según el artículo 2 de la Ley 489 de 1998, esta «[…] aplica a todos los organismos y entidades
de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública y a los servidores públicos
que por mandato constitucional o legal tengan a su cargo la titularidad y el ejercicio de funciones
administrativas, prestación de servicios públicos o provisión de obras y bienes públicos […]».
9
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
18. La anterior norma fue reglamentada con el Decreto 1227 de 21 de abril de 2005,
que fue derogado por el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, que sobre los
requerimientos que debe colmar el ejecutivo para reformar las plantas de empleos
en su artículo 2.2.12.1, el cual fue modificado por el artículo 5 del Decreto 498 de
2020, previó:
«Artículo 2.2.12.1 Reformas de las plantas de empleos […]
Parágrafo. 1º Toda modificación a las plantas de empleos y de las estructuras de los
organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional
deberán contar con el concepto técnico favorable del Departamento Administrativo de
la Función Pública».
19. En cuanto a la «motivación de las plantas de empleos» y los «estudios que soporten
las modificaciones de las plantas de empleos», en los artículos 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del
Decreto 1083 de 2015 se estableció:
«Artículo 2.2.12.2 Motivación de la modificación de una planta de empleos. Se
entiende que la modificación de una planta de empleos está fundada en necesidades
del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las
conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de
empleos con ocasión, entre otras causas, de:
[…]
5. Mejoramiento o introducción de procesos, producción, de bienes o prestación de
servicios.
6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo.
[…]
10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las
entidades públicas.
Parágrafo 1. Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo
deben realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
prevalencia del interés general.
Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad, no tendrá
la calidad de nuevo nombramiento la incorporación que se efectúe en cargos iguales o
equivalentes a los suprimidos a quienes los venían ejerciendo en calidad de
provisionales.
Artículo 2.2.12.3 Estudios que soporten las modificaciones de las plantas de
empleos. Los estudios que soporten las modificaciones de las plantas de empleos
deberán basarse en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que
contemplen, como mínimo, los siguientes aspectos:
10
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo.
2. Evaluación de la prestación de los servicios.
3. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos».
20. Conforme con lo expuesto en precedencia, el régimen salarial y prestacional de
los empleados públicos está supeditado a factores variables, tales como la
naturaleza de las funciones, las calidades exigidas para su desempeño, la
estructura de los empleos y la escala y el tipo de remuneración para cada cargo,
los cuales se ven reflejados en el sistema de nomenclatura, clasificación y
remuneración, que comprende: i) nivel, que los agrupa por su jerarquía con
fundamento en la naturaleza de las funciones, responsabilidades y complejidad; ii)
denominación, esto es, el nombre o identificación del conjunto de deberes,
atribuciones y responsabilidades que constituyen un empleo; iii) clase, es decir, el
grado de importancia dentro del nivel; iv) código, que hace referencia al número
utilizado para el manejo sistematizado del régimen de clasificación y remuneración
de cada cargo; v) grado, que es el número de orden que indica la asignación
mensual del empleo dentro de una escala progresiva, según la complejidad y
responsabilidad inherentes al ejercicio de las funciones; y vi) la remuneración
asignada a cada grado.
21. Así las cosas, la configuración de la nomenclatura constituye un hito de especial
importancia en la organización de los empleos, pues, además de definir las
funciones y responsabilidad de cada uno de los servidores, determina la escala
salarial de estos, ello en atención a su nivel, denominación, código y grado dentro
de la función pública.
2.2.2. El sistema especial de los empleados públicos civiles no uniformados
al servicio del Ministerio de Defensa Nacional
22. A través del Decreto 1214 del 8 de junio de 1990, se «reform[ó] el estatuto y el
régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional». En sus
artículos 2 y 9, respectivamente, se determinó quiénes integran el personal civil y
su clasificación de la siguiente manera:
«Artículo 2o. Personal Civil. Integran el personal civil del Ministerio de Defensa y de
la Policía Nacional, las personas naturales que presten sus servicios en el Despacho
del Ministro, en la Secretaría General, en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional.
En consecuencia, las personas que presten sus servicios en los establecimientos
públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de
economía mixta y las unidades administrativas especiales, adscritos o vinculadas al
Ministerio de Defensa, no tienen la condición de personal civil del Ministerio de Defensa
11
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
y de la Policía Nacional y se regirán por las normas orgánicas y estatutarias propias de
cada organismo.
[…]
Artículo 9º. Clasificación. Según la naturaleza general de sus funciones, la índole de
sus responsabilidades y los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos en el
Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, se clasifican en los siguientes niveles:
a) Especialistas del Primer Grupo;
b) Especialistas del segundo Grupo;
c) Adjuntos;
d) Auxiliares».
23. En el artículo 12 ibidem, se estableció quiénes serían los empleados civiles
adjuntos de la siguiente forma:
«Artículo 12. Adjuntos. Son adjuntos los empleados públicos que posean título de
escuelas o institutos de enseñanza técnica, o que, sin ostentarlo, acrediten experiencia
e idoneidad en la especialidad, mediante pruebas exigidas por la autoridad nominadora,
de conformidad con reglamentación que expida el Gobierno.
Los Adjuntos tienen las siguientes categorías, en orden descendente:
a) Adjunto Jefe;
b) Adjunto Intendente;
c) Adjunto Mayor;
d) Adjunto Especial;
e) Adjunto Primero;
f) Adjunto Segundo;
g) Adjunto Tercero».
24. Así entonces, se advierte que el personal civil del Ministerio de Defensa y la
Policía Nacional fue claramente definido en este decreto con el fin de cobijar, bajo
un régimen especial, a un determinado grupo de servidores del Estado, quienes
por prestar sus servicios en el «Despacho del Ministro, en la Secretaría General, en las
Fuerzas Militares o en la Policía Nacional», en su condición de civiles, tienen derecho
a unos reconocimientos salariales y prestacionales especiales y propios.
12
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
25. Asimismo, en este decreto se excluyó de su aplicación a las personas que
prestan sus servicios en los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y las unidades
administrativas especiales, adscritos o vinculadas al Ministerio de Defensa
Nacional.
26. Por medio del Decreto 1301 del 22 de junio de 1994, «[p]or el cual se organiza el
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y del personal regido
por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir de la
vigencia de la Ley 100 de 1993», se crearon los institutos de Salud de las Fuerzas
Militares y el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional,
como establecimientos públicos del orden nacional adscritos al Ministerio de
Defensa Nacional y, a su vez, se estableció el régimen salarial de aquellas
personas que ingresaron a trabajar en aquellos organismos, así:
«Artículo 88. Régimen salarial del personal. Los empleados públicos y trabajadores
oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad
Social y Bienestar de la Policía Nacional para efectos de remuneraciones, primas,
bonificaciones, viáticos, horas extras y subsidios se regirán por las normas legales que
para esta clase de servidores establezca el gobierno Nacional.
En consecuencia, los empleados públicos y trabajadores oficiales de dichos
organismos para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos y
subsidios, no se regirán por las normas establecidas para el personal civil del Ministerio
de Defensa Nacional.
Parágrafo. Los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en vigencia
el presente Decreto se encuentren prestando servicios en el Ministerio de Defensa
Nacional y que ingresen al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para
la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, se someterán al régimen salarial
establecido para la entidad respectiva.
Artículo 89. régimen Prestacional del personal. Los empleados públicos y
trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para
la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, quedarán sometidos al régimen
de la Ley 100 de 1993. En lo relativo a las demás prestaciones sociales se les aplicará
el Decreto Ley 2701 de 1988 y normas que lo modifiquen y adicionen.
Parágrafo. En concordancia con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de
1993, los empleados públicos y trabajadores oficiales que ingresen al Instituto de Salud
de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional y se hubieren vinculado al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía
Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 continuarán cobijados por el Título
VI del Decreto Ley 1214 de 1990».
27. En ese sentido, se tiene que los empleados públicos vinculados a los institutos
de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional no se rigen por las normas
13
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
establecidas para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional en lo que
tiene que ver con el régimen salarial, sino por las legales que para el efecto expida
el gobierno nacional.
28. Ahora, en relación con el régimen prestacional dispuso que sus empleados
serían sometidos a la Ley 100 de 1993 y, en relación con las demás prestaciones,
el Decreto Ley 2701 de 1988, salvo que se hubieren vinculado con anterioridad a
la primera ley, caso en el cual, se rigen por el Decreto 1214 de 1990.
29. La Ley 352 del 17 de enero de 1997, «[p]or la cual se reestructura el Sistema de
Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional», derogó el Decreto 1301 de 1994 y, en consecuencia,
se suprimió el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y el Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, para ser reemplazados por las
Direcciones de Sanidad de cada Fuerza, las cuales fueron instituidas como
dependencias del Comando General de las Fuerzas Militares y de la Dirección
General de la Policía Nacional, respectivamente.
30. Estenuevo estatuto legal, en relación con el régimen salarial que rige al
personal vinculado a las nuevas dependencias, precisó:
«Artículo 54. Personal. Los empleados públicos y trabajadores oficiales que
actualmente prestan sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y en
el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, se incorporarán
a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional o de la Policía
Nacional, según sea el caso, conforme a la reglamentación especial que al respecto
expida el Gobierno Nacional, garantizando los derechos adquiridos y sin tener que
presentar o cumplir ningún requisito adicional».
31. Mediante la Ley 1033 del 18 de julio de 2006, se estableció la carrera
administrativa especial para los empleados públicos no uniformados al servicio del
Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y de sus entidades
descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector Defensa. En sus artículos 2 y 3
se previó lo siguiente:
«Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la
Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias para que, en el término de seis (6) meses contados a partir de la
publicación de la presente ley, expida normas con fuerza de ley que contengan el
sistema especial de carrera del Sector Defensa, para el ingreso, permanencia, ascenso,
capacitación, estímulos, evaluación del desempeño y retiro de los empleados públicos
civiles no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades
descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, así
como establecer todas las características y disposiciones que sean competencia de la
ley referentes a su régimen de personal».
14
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
Artículo 3°. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la
Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias para que, en el término de seis (6) meses contados a partir de la
publicación de la presente ley, expida normas con fuerza de ley para modificar y
determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de las entidades
que integran el sector Defensa».
32. En el ejercicio de las facultades otorgadas el presidente promulgó el Decreto
Ley 91 del 17 de enero de 2007, mediante el cual reguló el sistema especial de
carrera del sector defensa. En su artículo 6 se clasificaron los empleos del personal
civil y no uniformado en: i) de período fijo; ii) de libre nombramiento y remoción; y
iii) de carrera. Sobre la última clasificación, tiene por objeto alcanzar dentro del
marco de seguridad requerido la eficiencia, tecnificación, profesionalización y
excelencia de sus empleados, con el fin de cumplir su misión y estabilidad en los
empleos y la posibilidad de ascender, en consideración para todo lo anterior el
mérito. Así, el artículo 16 ibidem estableció:
«Concursos. La provisión definitiva de los empleos pertenecientes al Sistema Especial
de Carrera del sector Defensa se hará por concurso abierto, el cual tendrá por objeto
establecer y comprobar la aptitud, idoneidad y condiciones de seguridad de los
aspirantes. El concurso abierto se caracteriza por permitir la admisión libre para todas
las personas que demuestren poseer los requisitos exigidos para el desempeño del
empleo».
33. De lo anterior se sintetiza que todo empleo público debe tener unas funciones
determinadas legal o reglamentariamente y, además, debe estar previsto en la
planta de personal correspondiente de la entidad; empleos de los cuales hay un
número disponible de vacantes a través de las cuales se satisfacen las misiones
de la entidad, por lo que su creación responde a las necesidades del servicio y a
la disponibilidad presupuestal requerida para la financiación de los cargos
correspondientes.
34. En atención de lo previsto en el artículo 3 de la Ley 1033 de 2006, el gobierno
nacional expidió el Decreto 092 del 17 de enero de 2007, «[p]or or el cual se modifica
y determina el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de los empleos de las entidades
que integran el Sector Defensa». En sus artículos 4 a 10 se implementaron los
siguientes niveles jerárquicos: i) directivo; ii) asesor; iii) profesional; iv) orientador
en defensa o espiritual, v) técnico; y vi) asistencial.
35. En el artículo 11 ibidem, se determinó la nomenclatura y clasificación de los
empleos de las entidades que conforman el sector defensa, con especificación de
la denominación, el código y el grado salarial. Para los niveles profesional y
orientador en defensa o espiritual dispuso lo siguiente:
15
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
Nivel profesional
Denominación Código Grado
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
Profesional de seguridad o 3-1
14
defensa
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nivel orientador en defensa o espiritual
Denominación Código Grado
22
21
20
19
18
17
16
15
14
Orientador de defensa o 4-1 13
espiritual
12
11
10
9
8
16
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
7
6
5
4
3
2
1
36. Con la expedición del anterior decreto, se adoptó un nuevo sistema de
nomenclatura y clasificación de los empleos que integran el Sector Defensa, de
conformidad con las necesidades y funciones propias de los empleos que integran
el sector, para lo cual se fijaron como niveles jerárquicos los siguientes: i) directivo;
ii) asesor; iii) profesional; iv) orientador en defensa o espiritual; v) técnico; vi) y
asistencial.
2.2.3. Sobre el deber de acreditar el cumplimiento de iguales funciones del
cargo del cual pretende la nivelación salarial
37. En materia de equivalencia de esquemas remunerativos cuando se alega por la
parte demandante el desempeño de un empleo igual al comparado, pero con mejor
condición salarial de la propia entidad, esta Subsección precisó las condiciones
para la procedencia de tal clase de pretensiones en sentencia del 9 de diciembre
de 201914, al indicar que:
«Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que cumple
resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor salario, debe
acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b) contaba con la misma
preparación y c) debe acreditar los requisitos que exige el empleo. El incumplimiento
de esta carga procesal trae consecuencias desfavorables para la parte por cuanto al no
probar los supuestos de hecho que alega se somete a que la decisión se profiera en su
contra, ya sea con fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia de
pruebas que avalen sus alegatos» [se subraya].
38. Respecto de este planteamiento, la Corte Constitucional15 también se pronunció
del siguiente modo:
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 9 de diciembre de 2019. Radicado: 76001-23-31-000-2011-00572-01 (4858-18).
15 Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional. Esta
corporación también señaló al respecto en la sentencia del 19 de julio de 2007 Radicado 454 A-
2007 lo siguiente: «[…] Al respecto, se ha afirmado que ''en materia salarial, si dos o más
trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma categoría, igual preparación, los mismos
horarios e idénticas responsabilidades, deben ser remunerados en la misma forma y cuantía, sin
que la predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda interferir el
ejercicio del derecho al equilibrio en el salario, garantizado por la Carta Política en relación con la
cantidad y calidad de trabajo'' Sentencia SU-519 de 1997 […]» (se subraya).
17
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
«[…] En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los salarios
de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose todos en
igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la igualdad predicada
obedece a criterios objetivos y no meramente formales, aceptando entonces
homogeneidad entre los iguales, pero admitiendo también diferenciación ante
situaciones desiguales...”
[…]
7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte se
pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre dos
trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos fácticos: i)
ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la misma
preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las responsabilidades
son iguales […]».
39. Lo anterior se sustenta en la medida en que el juicio de igualdad en el ámbito
de las controversias derivadas del trabajo, no puede ser formal sino objetivo y
material, tal como lo ha reiterado la Corte16, así:
«De ahí pues que la igualdad de trato en la relación laboral no sólo deriva de una regla
elemental de justicia en los estados democráticos sino de la esencia de la garantía
superior al trabajo, ya sea que éste se preste ante entidades públicas o privadas. (…)
Por lo tanto no toda desigualdad o diferencia de trato en materia salarial constituye una
vulneración de la Constitución, pues se sigue aquí la regla general la cual señala que
un trato diferente sólo se convierte en discriminatorio (y en esa medida en
constitucionalmente prohibido) cuando no obedece a causas objetivas y razonables,
mientras que el trato desigual es conforme a la Carta cuando la razón de la diferencia
se fundamenta en criterios válidos constitucionalmente. En consecuencia no toda
diferencia salarial entre trabajadores que desempeñan el mismo cargo vulnera el
principio “a trabajo igual salario igual”, como quiera que es posible encontrar razones
objetivas que autorizan el trato diferente.”17
6. El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio relacional,
propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración debe estarse ante
dos sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo
régimen jurídico de exigencias de cualificación para el empleo, son comparables y, no
obstante ello, reciben una remuneración diferente. Se insiste entonces en que la
discriminación salarial injustificada debe basarse en la inexistencia de un parámetro
objetivo, discernible y razonable, que justifique la diferenciación.
16 Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012.
Expediente: T-3.561.818 y sentencia C-071 del 25 de febrero de 1993 de la Sala Plena de dicha
corporación en el expediente: D-113. Se aclara en este punto que a pesar de que la primera de las
providencias referidas es de revisión de tutela con efectos inter partes, lo cierto es que dentro de
su parte considerativa se desarrolló una regla jurisprudencial de aplicación homogénea en clave de
precedente relacionada con lo casos en los que se invoca la igualdad para efectos de nivelación
salarial.
17 «Corte Constitucional, sentencia T-545A/07».
18
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones admisibles de
diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios objetivos de evaluación y
desempeño18; (ii) las diferencias de la estructura institucional de las dependencias
públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima facie análogos19; y (iii)
la distinta clasificación de los empleos públicos, a partir de la cual se generan diferentes
escalas salariales, que responden a cualificaciones igualmente disímiles para el acceso
a dichos empleos20» (cursiva del texto original).
40. Estas consideraciones implican que en los asuntos donde existe una aparente
igualdad basada exclusivamente en el ejercicio homogéneo de algunas funciones
que le corresponden a un empleo con mejor remuneración, o en la sola
nomenclatura semejante de la plaza ocupada, dichos supuestos no pueden ser
suficientes para fijar un criterio de equiparación viable en lo relativo a la nivelación
salarial, pues deberán valorarse todas las condiciones particulares de cada empleo
en contraste desde diferentes aristas objetivas, de suerte que un examen
adecuado para hallar un trato discriminatorio únicamente puede ser predicado
entre pares y no entre similares con ciertas diferencias.
41. Conforme a lo esbozado, se precisa que quien pretenda el pago de una
diferencia en su remuneración porque considera que las funciones que cumple
resultan asimilables a las de otro servidor cuya asignación es mayor, debe acreditar
que existe un criterio de igualdad entre los dos para poder evidenciar si se presenta
un trato disímil injustificado, aspecto que solo se logra si se comprueba
fehacientemente que quien está en la supuesta situación desfavorable: a) cumplía
las mismas funciones y tenía iguales responsabilidades que las de la plaza
comparada; b) contaba con idéntica preparación o perfil al de un funcionario que
ocupa el cargo contrastado; c) acreditaba la totalidad de requisitos exigidos para
desempeñar el empleo cotejado; y d) detentaba un vínculo laboral con el Estado
homogéneo al del extremo comparado.
42. En conclusión, en los eventos en los cuales se deba aplicar la igualdad salarial
entre dos trabajadores que desempeñen cargos distintos dentro de la planta de
personal de una entidad es necesario que se acredite 3 presupuestos fácticos: i)
que ambos trabajadores ejecuten igual labor o función; ii) que cuenten con idéntica
preparación; y iii) que el trabajador que solicita la igualdad cumpla con los
requisitos exigidos por el empleo del cual pide su nivelación salarial o el
nombramiento en propiedad.
18 «Corte Constitucional, sentencia T-1075/00»
19 «Corte Constitucional, sentencias T-1098/00 y T-545A/07»
20 «Corte Constitucional, sentencia T-105/02».
19
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
2.3. Caso en concreto
43. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
43.1. Mediante la orden administrativa de personal 1-142 del 1 de agosto de 1994,
Zaida Marcela Gómez Gómez fue nombrada el 2 de septiembre de 1994 en el
grado de adjunto tercero en el cargo de operador de terminal dentro de la planta
de personal no uniformado del Ministerio de Defensa Nacional asignada a la Policía
Nacional, según acta de posesión 175 del 2 de septiembre de 199421.
43.2. Mediante el Oficio 4449 DISAN-TAHUM del 11 de agosto de 199822, el director
de Sanidad Militar de la Policía Nacional solicitó al director de Recursos Humanos
de la institución el traslado de la demandante en los siguientes términos:
«Atentamente me permito solicitar al señor Coronel Director de Recursos Humanos de
la Policía Nacional, se considere el traslado de la señora D2. ZAIDA MARCELA
GOMEZ GOMEZ, C.C. No. 52.173.222, a esta Dirección donde existe la posibilidad de
facilitar el desempeño profesional de la citada, en la Unidad de Rehabilitación para
incrementar el programa de niños especiales» [sic].
43.3. Con el Oficio 9657 DIREH-ARCON del 20 de agosto de 199823, el jefe del Área
de Registro y Control de la Policía Nacional emitió concepto favorable respecto de
la solicitud de traslado, «teniendo en cuenta que está finalizando los estudios de
Licenciatura en Educación Especial y es importante que la Policía Nacional le dé la
oportunidad de ejercer su carrera que con gran esfuerzo está realizando» [sic].
43.4. El 29 de octubre de 1998, la actora solicitó al director general de la institución
policial estudiar la posibilidad de cambio de especialidad de operador de terminal
con el grado de adjunto «segundo» a especialista24. En relación con esta petición
no obra respuesta en el expediente.
21 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folio 4.
22 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folio 5.
23 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folio 6.
24 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folio 11.
20
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
43.5. Con escrito del 23 de marzo de 2000, reiteró ante la entidad lo anterior25, lo
que fue negado por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional mediante el
Oficio 1070 del 3 de mayo de 200026, con las siguientes consideraciones:
«Teniendo en cuenta que usted se encuentra nombrada en la Dirección General de la
Policía Nacional como adjunto primero, regida por el Decreto Ley 1214 de 1990, no es
posible el cambio de especialidad a uno de los cargos de la Dirección de Sanidad, como
quiera que el personal no uniformado de la dirección de sanidad se encuentra vinculado
a la Carrera Administrativa, conforme a lo previsto en la Ley 443 de 1998, la cual
establece que para acceder a un cargo de carrera es necesario someterse al proceso
de selección o concurso.
Así mismo, en la actualidad no es posible realizar los concursos, teniendo en cuenta
que la Corte declaró inconstitucional el artículo 14 de la Ley de Carrera Administrativa,
el cual autorizaba a las entidades para realizar concursos generales. En el proyecto de
ley que cursa en el Congreso se deja esta facultad a la Comisión Nacional del Servicio
Civil; Sin embargo y teniendo en cuenta que en este momento no está constituida la
Comisión Nacional, no es posible la realización de concursos en las entidades del
estado» [sic].
43.6. Con el Oficio 0208/CADMI del 21 de septiembre de 2000 27, el director de
Recursos Humanos de la entidad policial le comunicó a la demandante que no era
posible su promoción, pues «ya fueron propuestos los diecisiete (17) primeros
funcionarios del escalafón en el grado de Adjunto Primero que cumplían con los requisitos
establecidos y usted se hallaba ubicada en el puesto No. 310 en razón a que fue promovida
el 15 de diciembre de 1999» [sic].
43.7. El 19 de abril y 4 de junio de 2002, aquella pidió al director de la institución que
se estudiara la posibilidad de ser promovida, pues laboraba como profesional y
laboraba en la Unidad de Rehabilitación desde hace 5 años en el cargo de
educadora especial, siendo que su grado era el de adjunto primero28. La segunda
solicitud fue negada por la Dirección de recursos humanos a través del Oficio
04191/DIPON-DIREH del 19 de junio de 200229, toda vez que en virtud del principio
25 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folio 12.
26 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folios 13 y 14.
27 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folio 15.
28 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folios 16 y 18.
29 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folios 19 y 20.
21
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
de igualdad y de oportunidad y reconocimiento de mérito, no era posible efectuar
promociones, reclasificaciones, nivelaciones, cambios de especialidad y de nivel
sin previo concurso conforme lo prevé la ley de carrera administrativa.
43.8. En atención a una petición del 25 de junio de 2003 en la cual la demandante
solicitaba a la Policía Nacional su asignación en un grado provisional por el
ejercicio de labores profesionales en la Unidad de Rehabilitación30, por medio del
Oficio 3516/DIPON-DIREH del 22 de octubre de ese año31, la Dirección de
Recursos Humanos de la Policía Nacional le informó a la actora que a la fecha no
existía disponibilidad presupuestal para promociones, ascensos, nombramientos
provisionales y cambios de grado y especialidad, por tanto no era posible atender
de manera favorable la solicitud.
43.9. El 13 de abril de 2004, pidió a la entidad policial la reclasificación de su grado
por su desempeño como profesional en el cargo de educadora especial de la
Unidad de rehabilitación32. Esta solicitud fue negada por la Dirección de Recursos
Humanos bajo las consideraciones del acto administrativo anterior, sumado a la
inexistencia de vacantes, mediante el Oficio 256/DIREH-CADMI del 17 de mayo de
200433.
43.10. Con escritos del 13 de septiembre y 19 de diciembre de 2006 y 15 de mayo
de 2007, solicitó a la institución policial la promoción de grado y especialidad, pues
se encontraba calificada como adjunto especial, siendo que se desempeñaba
como profesional universitaria en el cargo de educadora especial de la Unidad de
Rehabilitación34. No obstante, frente a estas peticiones no obra prueba de su
respuesta.
43.11. El 18 de abril de 2008, pidió al director general de la Policía Nacional ser
tenida en cuenta en las nivelaciones salariales como profesional de seguridad
30 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folio 22.
31 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folio 23.
32 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folios 24 y 25.
33 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folio 29.
34 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folios 30 a 35.
22
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
código 3-1, grado 6, en la anterior nomenclatura «Profesional Universitario 2044-03»,
por sus labores como educadora especial de la Unidad de Rehabilitación35, lo que
fue negado por el director de Sanidad de la Policía Nacional a través del Oficio
2261/DISAN-GUTAH del 6 de mayo de 200836, puesto que i) «usted esta nombrada
en la planta de la dirección de Bienestar Social Dirección General de la Policía Nacional y
presta su servicio en la Dirección de Sanidad»; ii) «[e]sta dirección conforme a la
Resolución Ministerial de Delegación, tiene competencia para realizar nombramientos,
encargos y nivelaciones solo de personal de la planta de la Disan»; y iii) «debe tenerse
en cuenta que no existe el cargo de licenciada en educación especial, sino profesionales
universitarios que se vayan a nombrar provisionalmente en la planta de sanidad» [sic].
43.12. Por medio de la Resolución 0353 del 16 de abril de 2009 37, suscrita por el
director de Sanidad de la Policía Nacional, se designó a la actora como integrante
del comité técnico para el proceso de «Selección Abreviada – Contratación Directa PN
DISAN CD 031 2009 que tiene por objeto la PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA REHABILITACIÓN TERAPÉUTICA INTEGRAL DE LOS
BENEFICIARIOS CON RETARDO MENTAL LEVE DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA
POLICÍA NACIONAL, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ» [sic].
43.13. A través del Oficio 8131/ADEHU-CADMI-15.2 del 25 de noviembre de 201038,
el director de Talento Humano de la Policía Nacional, al contestar una solicitud de
la demandante en el sentido de «ser tenida en cuenta en los próximos ascensos al
grado de PROFESIONAL DE SEGURIDAD código 3-1, grado 6» [sic], señaló lo
siguiente:
«[…] de manera atenta me permito informar que las leyes, reglamentos y normas que
rigen el empleo público y el sistema especial de carrera del sector defensa, no
contemplan promociones, ascensos, nivelaciones, nombramientos o clasificaciones de
acuerdo a la antigüedad, estudios, experiencia entre otros.
Según la normatividad existente, la única manera de obtener un nombramiento
definitivo en un cargo de carrera especial o general es mediante concurso abierto, el
cual es organizado y convocado por la Comisión Nacional del
Servicio Civil.
Sin embargo, su solicitud será objeto de estudio por parte de la administración, para un
35 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folios 37 a 39.
36 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folios 41 y 42.
37 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folios 74 a 77.
38 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folio 66.
23
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
nombramiento provisional de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, necesidades
del servicio, número de vacantes y a la nueva normatividad vigente del Sistema
Especial de Carrera» [sic].
43.14. Con los Oficios S-2011-031681/AGESA-GRIEG-53-3. del 11 de septiembre
de 2011 y S-2011-026967/AGESA-GRUGE-53.3. del 28 de ese mes y año39, el
director de Sanidad de la Policía Nacional solicitó al director general de la
institución «autorización cargo en planta» bajo las siguientes consideraciones:
«Respetuosamente me permito solicitar a mi General, estudie la viabilidad de asignar
un plaza para esta Dirección en la Carrera Especial del Sector Defensa, como
Orientador de Defensa código 4-1 Grado 16, toda vez que en el proceso prestador de
rehabilitación se requiere un profesional que aporte sus conocimientos en la evaluación,
orientación y acompañamiento de los pacientes que presentan discapacidad cognitiva,
especialmente a niños, niñas y adolescentes usuarios del Subsistema de Salud de la
Policía Nacional.
Considerando que en esta Dirección contamos ZAIDA MARCELA GOMEZ GOMEZ,
Licencia en Educación Especial, adscrita a la Planta de la Policía Nacional, que lleva
laborando en la Unidad Médica de Rehabilitación por más de quince (15) años como
Coordinadora del Programa de Atención Terapéutica Especial para niños con
discapacidad, en donde además de realizar impresiones diagnósticas para identificar o
confirmar una discapacidad y efectuar procesos terapéuticos, hace parte del Comité
Técnico del Proyecto liderado por la Asociación de Obras Sociales para la construcción
y puesta en marcha del Centro de Rehabilitación Integral para Niños con Discapacidad,
sugerirla a mi General, tener en cuenta a esta profesional para el cargo solicitado» [sic].
43.15. En atención a lo anterior, mediante el Oficio S-2011-284913 del 14 de
diciembre de 201140, el director de Talento Humano de la Policía Nacional informó
que se encontraba técnicamente viable el requerimiento; sin embargo, no existía
la vacante en el grado solicitado para ese cargo y la solicitud sería tenida en cuenta
siempre y cuando existiera la disponibilidad y se cumpliera con las necesidades
del servicio y las formalidades previstas en la ley.
43.16. Por medio del Oficio S-2013-009348/ARAFI-GUTAH-29.25 del 9 de marzo de
201341, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional certificó las funciones que
para esa época desempeñaba la actora en la Unidad de Rehabilitación de la
Seccional Bogotá. Dentro de estas se encontraban las siguientes:
39 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folios 68 y 44, respectivamente.
40 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folio 49.
41 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folio 69.
24
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
«- Realizar la impresión diagnóstica para identificar o confirmar una discapacidad.
• Efectuar el plan de tratamiento terapéutico de acuerdo con el diagnóstico del usuario,
hacer seguimiento y retroalimentación de la evolución.
• Realizar registros clínicos de la atención del usuario, en el sistema de información de
sanidad de la Policía Nacional.
• Participar en el comité interdisciplinario para estudio de caso y definir la conducta a
seguir con el usuario.
• Remitir a instituciones de rehabilitación terapéutica integral o colegio regular para
seguimiento.
• Ejecutar talleres de sensibilización en pautas de hábitos de estudio a las familias.
• Participar en los comités de verificación técnica para la contratación de los institutos
de rehabilitación terapéutica integral para los beneficios con discapacidad.
• Apoyar la integración al aula regular de los niños con necesidades pedagógicas
especiales, realizando visitas a colegios, seguimiento al usuario y talleres de
sensibilización a los maestros y compañeros.
• Mantener una comunicación directa con el menor y docentes del colegio, con el
propósito de realizar un seguimiento al nivel de integración social y académico,
garantizando su permanencia y promoción dentro del sistema, paralelo al apoyo
terapéutico necesario.
• Realizar intercambio de información por medio de juntas con el personal docente y
grupo interdisciplinario, con el fin de observar la evolución del menor, dar estrategias
que sirvan como refuerzo para el trabajo que realiza el profesor» [sic].
43.17. El 20 de marzo de 2013, la demandante solicitó al director de la Policía
Nacional que fuera nombrada en el empleo de orientador de defensa código 4-1,
grado 1642, lo que fue negado por el director de Talento Humano con el Oficio
086027/ADEHU-CADMI15.1 del 1 de abril de 201343, pues si bien existió viabilidad
técnica, lo cierto era que verificada la planta de personal no uniformado de la
institución, frente a la asignación presupuestal y las necesidades del servicio, no
existía disponibilidad de ese empleo.
43.18. De conformidad con el extracto de hoja de vida, expedido el 9 de mayo de
2013 por el Grupo Apoyo Administrativo y Financiero de la Dirección de Sanidad
de la Policía Nacional, Seccional Bogotá, la actora reporta la siguiente
información44:
Grado ORD06 Nombres: Gómez Gómez Zaida Marcela Identificación CC 52172222
42 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folio 55.
43 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folios 56.
44 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folios 87 y 88.
25
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
Fecha y lugar de nacimiento 01-Aug-73 Estado Civil Casado(a)
Título Licenciatura en Educación Especial Escolaridad Pregrado/Universitaria
Especialidad No Uniformado Cuerpo No Uniformado Estado Laboral Laborando
Cargo Actual Orientador de Defensa-06
Último Ascenso ORD06 Fecha Fiscal 21-AUG-08 Disposición R 03127 21-JUL-08
Escuela o Unidad de Ingreso Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo Fecha Alta: 05-
SEP-94
Unidad Actual Dirección de Sanidad Fecha Alta 05-SEP-94
SERVICIO PRESTADOS Y DEDUCCIONES
Novedad Disposición Fecha Inicio Fecha Termino Total
Tiempo Civil Ponal A 1171 12-Sep-94 05-Sep-94 09-May-13 18-08-05
Total 18-08-05
[…]».
43.19. A través de certificación del 20 de noviembre de 2015, suscrita por la tesorera
de la Policía Nacional, se informó lo devengado por la demandante «nominado en
Seccional de Tránsito y Transporte DISAN» en los meses de noviembre de 1998, 1999
y 2001 a 2005 y octubre de 200045.
43.20. Por el Oficio S-2014.013750/UDREH-UDREH-53.3. del 28 de julio de 201446,
la demandante y los otros integrantes del comité verificador, enviaron a la líder del
«PROCESO CONTRATOS SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ LA VERIFICACIÓN
TÉCNICA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA - CONTRATACIÓN DE MENOR
CUANTÍA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PN SECSA BOGOTÁ SA. MC.
PSS-14-2014 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA
REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE LOS USUARIOS CON PARÁLISIS CEREBRAL,
ENFERMEDAD CEREBRAL MOTRIZ Y/O DISFUNCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL DE 0 A 6 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL,
RESIDENTES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ» [sic].
43.21. Con el Oficio S-2015-127292/ADEHU-PERNU-29 del 5 de mayo de 201547,
45 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folios 104 a 112.
46 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folios 78 a 82.
47 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folios 7 a 9.
26
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
expedido por el jefe del Área de Desarrollo Humano de la Policía Nacional, al
resolver una solicitud de la actora para que se «certifique las funciones que deben
desempeñar funcionarios que corresponden al cargo en el cual estoy nombrada y se
indique la actual denominación de mi cargo según la regulación normativa de la Planta de
Personal de la Policía Nacional» [sic], se informó lo siguiente:
«Una vez se verifica en el Sistema de Información para la Administración del Talento
Humano (SIATH), se puede establecer que la peticionaria ocupa el empleo de
denominación Orientador de Defensa Grado Salarial 06 como lo establece el Decreto
Ley 092 de 2007, de igual forma se establecen las funciones para la anterior
denominación en la resolución 04683 del 25 de noviembre de 2013 de la página 183 a
las 186 anexas a la presente respuesta.
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Entidad-Dependencia: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA
NACIONAL
Nivel: ORIENTADOR
Denominación: ORIENTADOR EN DEFENSA
Código: 4-1
Grado: 06
Ubicación Geográfica: Donde se ubique el empleo
Número de Empleos: 9
II. REQUISITOS
Estudio Experiencia
Aprobación de cuatro (4) años de Educación Dieciocho (18) meses de experiencia laboral
Básica Secundaria relacionada
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA
Proceso Gerencial – Direccionamiento del Talento Humano – Direcciones, Oficinas Asesoras,
Regiones. Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas de Formación
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO
Realizar acompañamiento en las formaciones académicas, sicológicas y trabajo social
V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO
1. Planear y ejecutar los planes y procesos de refuerzo y profundación para los estudiantes y
asignaturas a su cargo.
2. Diseñar proyectos pedagógicos correspondientes
3. Diseñar el plan de trabajo para las direcciones del grupo y acompañamiento de los grados
de básica primaria.
4. Participar activamente en el desarrollo de Sistema de Gestión de Calidad.
5. Participar en las consultas, emitir conceptos y aportar elementos de juicio para la toma de
decisiones en materia de competencias, de acuerdo con las políticas institucionales.
6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la
naturaleza del cargo.
[…]» [sic].
43.22. El 7 de julio de 2015, la demandante solicitó al director general de la Policía
Nacional, se reconocieran y pagaran las diferencias salariales causadas desde
octubre de 1998, entre la remuneración percibida en el cargo para el que fue
nombrada (adjunto tercero) y aquella que se deriva del ejercicio de funciones
propias de un profesional universitario, código 4, grado 13. Subsidiariamente, pidió
que fuera nombrada en la planta de personal de la institución policial en ese cargo.
27
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
43.23. A través del Oficio S-2015-236690 del 12 de agosto de 201548, expedido por
el rector de la institución universitaria, se negó la anterior petición, toda vez que el
solo ejercicio de unas funciones y el mismo nivel de estudios frente a otros
funcionarios públicos no modifica la situación legal y reglamentaria del servidor.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
44. En el presente asunto la demandante pretendió que se declarara la nulidad del
Oficio S-2015-236690/ADEHU-PERNU-29 del 12 de agosto de 2015, a través del
cual la entidad demandada le negó el reconocimiento de las diferencias salariales
y prestacionales entre el cargo en el que fue nombrada y el de profesional
universitario educador especial código 4, grado 13, cuyas funciones ha ejercido.
45. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
en sentencia de primera instancia proferida el 11 de junio de 2020 negó la
pretensión del reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales por
cuanto consideró que la parte actora no acreditó encontrarse en la misma situación
de hecho de un empleado de superior categoría que le permitiera reclamar ello,
pues le correspondía demostrar fehacientemente que ejecutaba la misma labor,
tenía la misma categoría, contaba con la misma preparación y tenía las mismas
responsabilidades de un empleado vinculado al cargo de profesional de seguridad
código 3-1, grado 6, lo que no sucedió.
46. La parte demandante presentó recurso de apelación con fundamento en que la
documentación aportada como prueba, que no fue cuestionada, desvirtuada, ni
tachada de falsa, demostraba su desempeño y desarrollo de las funciones del
cargo de profesional universitario educador especial código 4, grado 13, de la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, las que le fueron asignadas por
voluntad de la institución.
46.1. El
Tribunal realizó una comparación de un cargo que correspondía a la
Dirección General de la Policía Nacional y no a la Dirección de Sanidad, es decir,
tuvo en cuenta las funciones que se establecieron en el manual de funciones de la
Dirección General de la Policía Nacional y no las propias del cargo de profesional
educador especial código 4, grado 13, de la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional.
48 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2ED_25000234200020170384200(.ZIP) NroActua 2», carpeta «25000234200020170384200»,
archivo «02.Anexos dda (70-177).pdf», folios 1 a 3.
28
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
47. Al respecto, según lo probado en el caso concreto, se precisa que el 2 de
septiembre de 1994 la demandante tomó posesión en el grado de adjunto tercero
para el cargo de operador de terminal en la planta de personal civil de la Policía
Nacional. Que luego del proceso de reestructuración de las entidades que integran
el Sector Defensa, que se explicó con anterioridad, y una vez efectuada la
equivalencia, pasó a ocupar el cargo de orientador de defensa código 4-1, grado
6, tal y como lo informó la entidad demandada en sus actuaciones administrativas
y lo dejó ver el extracto de hoja de vida de aquella.
48. Asimismo, que desde el 28 de octubre de 1998 ha solicitado su promoción,
cambio o reclasificación de nivel adjunto a especialista, último al cual pertenecen
los profesionales con título de formación universitaria. No obstante, en las
respuestas otorgadas por la Policía Nacional no se accedió a ello, toda vez que no
existía vacante o no había disponibilidad presupuestal dentro de la planta de
personal.
49. Valga señalar, que con posterioridad al proceso de reestructuración ya
mencionado, la demandante ha venido solicitando su nivelación salarial al grado
profesional de seguridad código 3-1, grado 6, de la Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional, antes de la reestructuración de las entidades que integran el
Sector Defensa profesional universitario.
50. La Resolución 315 del 29 de julio de 201949 actualizó el manual de funciones y
competencias específicas para los empleos de la planta de empleados públicos de
la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, con fundamento en las siguientes
consideraciones:
«Que los artículos 22 y 23 del Decreto Ley 092 de 2007 "Por el cual se modifica y
determina el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de los empleos de las entidades
que integran el Sector Defensa" indican que se adoptara mediante resolución interna
del jefe del organismo la adición, modificación o actualización del manual específico de
funciones.
Que la Resolución Nº 1003 del 28 de febrero de 2012 adopta el formato de Manual
Específico de Funciones y Competencias para los empleos públicos de los funcionarios
públicos civiles y no uniformados del Sector Defensa, y se dictan otras disposiciones.
Que mediante Decreto N° 1838 del 15 de noviembre de 2016 "Por el cual se modifica
la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional - Dirección
de Sanidad", se modificó la planta de personal de la Dirección de Sanidad.
Que a través de la Resolución N° 329 del 01 de Septiembre de 2017 de la Dirección de
Sanidad se adoptó "El Manual Específico de Funciones y Competencias para los
49 https://www.policia.gov.co/sites/default/files/manual_2019_0.pdf
29
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
empleos de los Servidores públicos no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional
• Policía Nacional - Dirección de Sanidad", acto administrativo que deroga la Resolución
N° 507 del 20 de agosto de 2014.
Que mediante oficio N° S-2019-020190-DISAN del 03 de mayo de 2019, la Dirección
de Sanidad de la Policía Nacional, solicitó a la Secretaria General del Ministerio de
Defensa Nacional, concepto previo para la modificación de unos empleos y la adición
de unos propósitos contenidos en la Resolución N° 329 del 01 de Septiembre de 2017.
Que con oficio No. OF119-53553 MDN-DSGDA-GTH, el Secretario General del
Ministerio de Defensa Nacional emite concepto previo favorable a la solicitud
relacionada en el inciso anterior.
Que de conformidad con el artículo 1 del Decreto 051 del 16 de enero de 2018 "Por el
cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector
de Función Pública, y se derogan el Decreto 1737 de 2009", el proyecto del presente
acto administrativo fue publicado en la página web de la Dirección de Sanidad por el
término de cinco (05) días hábiles, habiendo recibido cincuenta y seis (56)
observaciones, las cuales se revisaron y fueron acogidas según lo pertinente.
Que analizadas las funciones asignadas a los diferentes cargos en la entidad, se
encontró que se hace necesaria la modificación de unos propósitos y perfiles en el nivel
Profesional de Seguridad: Treinta y nueve (39) propósitos; Técnico para Apoyo de
Seguridad y Defensa: Diecinueve (19) propósitos y en el nivel Auxiliar para Apoyo de
Seguridad y Defensa: Treinta y uno (31) propósitos, teniendo en cuenta las necesidades
funcionales del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, conforme se señala a
continuación:
NIVEL: PROFESIONAL DE SEGURIDAD
Se adiciona treinta y nueve (39) perfiles y propósitos para los siguientes empleos:
Denominación Grado Código Horas Propósitos
Profesional de seguridad 27 3-1 8 1
Profesional de seguridad 24 3-1 4 3
Profesional de seguridad 24 3-1 8 4
Profesional de seguridad 22 3-1 8 1
Profesional de seguridad 20 3-1 8 1
Profesional de seguridad 19 3-1 8 1
Profesional de seguridad 18 3-1 8 1
Profesional de seguridad 17 3-1 8 2
Profesional de seguridad 16 3-1 8 3
Profesional de seguridad 15 3-1 8 3
Profesional de seguridad 14 3-1 8 1
Profesional de seguridad 13 3-1 8 2
Profesional de seguridad 11 3-1 8 2
Profesional de seguridad 9 3-1 8 7
Profesional de seguridad 8 3-1 8 1
Profesional de seguridad 7 3-1 8 2
Profesional de seguridad 6 3-1 8 4
[…]» [sic].
30
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
51. En esta resolución en relación con la descripción del cargo en cuestión, este es,
profesional de seguridad código 3-1, grado 6, de la Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional, se tiene lo siguiente:
«
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Entidad-Dependencia: Policía Nacional – Dirección de Sanidad
Nivel: Profesional
Denominación: Profesional de Seguridad
Código: 3-1
Grado: 6
Ubicación Donde se ubique el cargo Horas 8
Geográfica:
Número de Empleos: 9
II. REQUISITOS
Estudio Experiencia
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en
administración, contaduría pública, economía
y afines; ingeniería, arquitectura, urbanismo y Diez (10) meses de experiencia profesional
afines; comunicación social, periodismo y relacionada
afines; sociología, trabajo social y afines;
química farmacéutica, derecho, matemática
estadística y afines, salud ocupacional,
terapia física y afines, enfermería,
fonoaudiología, trabajo social, psiciología,
ingeniería ambiental.
[…]» [sic].
52. Corolario de lo anterior, encuentra la Sala que el cargo de profesional de
seguridad código 3-1, grado 6, pertenece a la planta de personal de la Dirección
de Sanidad de la Policía Nacional, por tanto, se encuentra acreditada su existencia,
según las resoluciones a través de las cuales se adoptó el «Manual Específico de
Funciones y Competencias para los empleos de los Servidores públicos no uniformados
del Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional – Dirección de Sanidad».
53. Por su parte, Resolución 315 del 29 de julio de 2019 estableció que este cargo
participaría en diferentes procesos, en los cuales las funciones del empleo varían
y que comparadas con las que la actora ejerció se tiene lo siguiente:
53.1. Proceso en que participa: «Soporte - Actuación Jurídica – Asuntos jurídicos - Seccionales
de Sanidad». Propósito principal del empleo: «Desarrollar labores de acompañamiento
y revisión de documentos desde la aplicación de la norma».
Funciones esenciales del empleo Funciones de la actora
31
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
«1. Adelantar los procesos administrativos por «- Realizar la impresión diagnóstica para
pérdida o daños de bienes, que sean reportados identificar o confirmar una discapacidad.
y conocidos en la unidad. - Efectuar el plan de tratamiento terapéutico
de acuerdo con el diagnóstico del usuario,
2. Ejercer el control de legalidad a los hacer seguimiento y retroalimentación de la
documentos enviados por las diferentes evolución.
dependencias involucradas en la gestión
• Realizar registros clínicos de la atención
contractual, en las etapas pre y post contractual
del usuario, en el sistema de información de
3. Dar respuesta a requerimientos como los
sanidad de la Policía Nacional.
derechos de petición, tutelas y otras solicitudes
• Participar en el comité interdisciplinario
de índole legal. para estudio de caso y definir la conducta a
4. Participar en los comités jurídicos de seguir con el usuario.
evaluación de propuestas de procesos
• Remitir a instituciones de rehabilitación
contractuales. 5. Identificar los riesgos del
terapéutica integral o colegio regular para
proceso para determinar las acciones de control
seguimiento.
y mejoramiento pertinentes.
• Ejecutar talleres de sensibilización en
6. Aplicar el proceso de archivo teniendo en pautas de hábitos de estudio a las familias.
cuenta la Ley general de archivo, de toda la
• Participar en los comités de verificación
documentación que tenga o sea puesta a su
técnica para la contratación de los institutos
cargo.
de rehabilitación terapéutica integral para
7. Las demás que le sean asignadas por el jefe
los beneficios con discapacidad.
inmediato y que tengan relación directa con las - Apoyar la integración al aula regular de los
demás funciones, que estén acordes con la niños con necesidades pedagógicas
naturaleza del cargo y el área de desempeño»
especiales, realizando visitas a colegios,
[sic].
seguimiento al usuario y talleres de
sensibilización a los maestros y
compañeros.
• Mantener una comunicación directa con el
menor y docentes del colegio, con el
propósito de realizar un seguimiento al nivel
de integración social y académico,
garantizando su permanencia y promoción
dentro del sistema, paralelo al apoyo
terapéutico necesario.
• Realizar intercambio de información por
medio de juntas con el personal docente y
grupo interdisciplinario, con el fin de
observar la evolución del menor, dar
estrategias que sirvan como refuerzo para el
trabajo que realiza el profesor» [sic].
53.2. Proceso en que participa»: «Direccionamiento del Sistema SGI – Planeación -
Seccionales y Áreas de Sanidad». Propósito principal del empleo: «Administrar el plan
de compras y presupuesto anual de la Dirección de Sanidad».
Funciones esenciales del empleo Funciones de la actora
32
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
«1. directa con las demás funciones, que estén
acordes con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño. Consolidar, analizar y presentar las
necesidades para la conformación del
anteproyecto del plan de compras anual.
2. Establecer las necesidades de vigencias
futuras y realizar el trámite respectivo para la
asignación del cupo requerido.
3. solicitar las modificaciones presupuestales
para adición, reducción, traslado o
modificaciones dentro de los calendarios
establecidos. Ibidem
4. Participar en los comités de evaluación de
propuestas de procesos contractuales.
5. Estudiar, analizar y absolver consultas sobre
las materias de competencia en el área de
desempeño de acuerdo a las políticas
institucionales.
6. Aplicar el proceso de archivo teniendo en
cuenta la Ley general de archivo, de toda la
documentación que tenga o sea puesta a su
cargo.
7. Las demás que le sean asignadas por el jefe
inmediato y que tengan relación» [sic].
53.3. Proceso en que participa: «Soporte - Administración de Recursos Financieros -
Área Administrativa y Financiera». Propósito principal del empleo: «Desarrollar
actividades propias del proceso de facturación, acatando las normas legales vigentes que
le garanticen a la Institución el cobro exacto y oportuno de todos los servicios prestados a
los pacientes».
Funciones esenciales del empleo Funciones de la actora
«1. Desarrollar las actividades relacionadas con
las respuestas de las glosas u objeciones
realizadas a la facturación del hospital por
causas administrativas.
2. Desarrollar las actividades de admisión,
facturación y central de autorizaciones con las
demás áreas asistenciales.
3. Realizar seguimiento y control a la radiación
oportuna de las facturas expedidas por la
Institución.
4. Establecer el plan de gestión en Costos en
Salud, con el fin de organizar, desarrollar y Ibidem
evaluar lo ejecutado.
5. Verificar y controlar a través de informes de
Gestión en costos en salud los resultados
requeridos por las diferentes áreas que lo
soliciten.
6. Implementar acciones preventivas, correctivas
o de mejora de acuerdo a los resultados de la
autoevaluación de la Gestión de Costos en
Salud.
7. Identificar los riesgos del proceso para
33
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
determinar las acciones de control y
mejoramiento pertinentes.
8. Participar en los comités de evaluación de
propuestas de procesos contractuales.
9. Aplicar el proceso de archivo teniendo en
cuenta la Ley general de archivo, de toda la
documentación que tenga o sea puesta a su
cargo.
10.Las demás que le sean asignadas por el jefe
inmediato y que tengan relación directa con las
demás funciones, que estén acordes con la
naturaleza del cargo y el área de desempeño»
[sic].
53.4. Proceso en que participa: «Gerencial - Direccionamiento del Talento Humano –
Grupo Talento Humano». Propósito principal del empleo: «Planear, organizar y dirigir
las actividades humanas y las relaciones laborales dentro de la organización».
Funciones esenciales del empleo Funciones de la actora
«1. Administrar y desarrollar el proceso de
selección para contratos de prestación de
servicios y aspirantes a prestar el servicio social
obligatorio.
2. Apoyar el diseño de programas de rotación,
inducción, entrenamiento y capacitación para el
desarrollo del personal.
3. Efectuar entrevistas y aplicar encuestas y
cuestionarios para diagnosticar el clima y la
cultura organizacional, y recomendar las
acciones preventivas o correctivas que sean
pertinentes.
4. Apoyar las actividades de bienestar social Ibidem
laboral de acuerdo al programa de estímulos e
incentivos de la Dirección de Sanidad.
5. Ampliar la cobertura de los servicios de
bienestar y de la caja de compensación
respectiva haciendo participe al personal en los
programas ofrecidos.
6. Aplicar el proceso de archivo teniendo en
cuenta la Ley general de archivo, de toda la
documentación que tenga o sea puesta a su
cargo.
7. Las demás que le sean asignadas por el jefe
inmediato y que tengan relación directa con las
demás funciones, que estén acordes con la
naturaleza del cargo y el área de desempeño»
[sic].
53.5. Proceso en que participa: «Proceso Gerencial - Direccionamiento del Talento Humano –
Grupo Talento Humano». Propósito principal del empleo: «Atender los casos donde se
requiera intervención de tipo social, para el mejoramiento de la calidad de vida de los
funcionarios».
34
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
Funciones esenciales del empleo Funciones de la actora
«1. Realiza atención directa con los grupos,
áreas que así lo requieran para la evaluación,
orientación y/o solución de problemas de
comportamiento y convivencia laboral.
2. Realiza acompañamientos e intervenciones al
núcleo familiar de los funcionarios que así lo
requieran por violencia intrafamiliar o consumo
de sustancias psicoactivas.
3. Realizar visitas domiciliarias al personal que
aspira a laborar en la Dirección de Sanidad,
personal incapacitado y aquellos que ordene la
administración.
4. Atender las diversas problemáticas en las que
el denominador común es la discapacidad de los
funcionarios y su repercusión social en cuanto a
igualdad de oportunidades e integración laboral. Ibidem
5. Ampliar la cobertura de los servicios de
bienestar, y de la caja de compensación
respectiva haciendo participe al personal en los
programas ofrecidos.
6. Realizar seguimiento y control de los afiliados
a las cajas de compensación familiar y evaluar
los beneficios ofrecidos por estas en cada uno
de los departamentos.
7. Aplicar el proceso de archivo teniendo en
cuenta la Ley general de archivo, de toda la
documentación que tenga o sea puesta a su
cargo.
8. Las demás que le sean asignadas por el jefe
inmediato y que tengan relación directa con las
demás funciones, que estén acordes con la
naturaleza del cargo y el área de desempeño»
[sic].
53.6. Proceso en que participa: «Proceso Misional - Administración del Aseguramiento
de la Salud – Área de Gestión en Salud». Propósito principal del empleo: «Desarrollar
los planes de Seguridad y Salud en el Trabajo para el personal de la planta de personal».
Funciones esenciales del empleo Funciones de la actora
«1. Elaborar el Plan de Acción del Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo para los
funcionarios de la DISAN que estén regidos por
la Ley general de seguridad social.
2. Levantar panorama de riesgos ocupacionales
de los funcionarios de la DISAN, regidos por la
ley general de seguridad social.
3. Desarrollar actividades de higiene y
seguridad industrial de acuerdo a la norma Ibidem
general vigente
4. Desarrollar con la administradora de riesgos
profesionales el apoyo necesario para la
ejecución del programa de Seguridad y Salud
en el Trabajo
5. Desarrollar actividades tendientes a la
35
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
conformación y funcionamiento del comité
paritario 6. Aplicar el proceso de archivo
teniendo en cuenta la Ley general de archivo,
de toda la documentación que tenga o sea
puesta a su cargo.
7. Las demás que le sean asignadas por el jefe
inmediato y que tengan relación directa con las
demás funciones, que estén acordes con la
naturaleza del cargo y el área de desempeño»
[sic].
53.7. Proceso en que participa: «Proceso de Soporte - Direccionamiento Tecnológico».
Propósito principal del empleo: «Instalar y administrar las bases de datos, con el fin
optimizar la infraestructura de cómputo de la Dirección de Sanidad».
Funciones esenciales del empleo Funciones de la actora
«1. Orientar el mantenimiento a toda la
arquitectura de bases de datos de la Dirección
de Sanidad instaladas en los servidores
institucionales.
2. Revisar los parámetros de servidores, bases
de datos y aplicativos institucionales y hacer
ajustes periódicamente para garantizar su
óptimo rendimiento.
3. Verificar el rendimiento de la plataforma de
servidores y bases de datos instaladas, con el
fin de evidenciar su utilidad y proyectar su
crecimiento. Ibidem
4. Participar en los comités técnicos de
evaluación de propuestas de procesos
contractuales. Identificar los riesgos del proceso
para determinar las acciones de control y
mejoramiento pertinentes.
5. Aplicar el proceso de archivo teniendo en
cuenta la Ley general de archivo, de toda la
documentación que tenga o sea puesta a su
cargo.
6. Las demás que le sean asignadas por el jefe
inmediato y que tengan relación directa con las
demás funciones, que estén acordes con la
naturaleza del cargo y el área de desempeño»
[sic].
53.8. Proceso en que participa: «Proceso Soporte Nivel IlI - Administración de Recursos
Financieros - Unidades Desconcentradas de Subdirección de Sanidad». Propósito
principal del empleo: «Desarrollar actividades precontractuales y contractuales de
acuerdo a las normas legales vigentes».
Funciones esenciales del empleo Funciones de la actora
«1. Mantener actualizada la matriz de
seguimiento de los procesos contractuales, con
el propósito de rendir informes a nivel interno y
36
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
externo.
2. Desarrollar los procedimientos
precontractuales establecidos en sus diferentes
modalidades de contratación, dando
cumplimiento a la normatividad legal vigente.
3. Realizar la publicación de avisos en prensa,
publicar los pre-pliegos y pliegos definitivos en
el portal único de contratación estatal, de Ibidem
acuerdo a los procedimientos establecidos.
4. Preparar la documentación necesaria para las
preguntas, juntas de recomendación y
audiencias públicas, a fin de someter a
consideración de las juntas asesoras, los
resultados de la evaluación de ofertas.
5. Presentar informes a la cámara de comercio
sobre contratos, multas y sanciones de acuerdo
con los parámetros establecidos en la ley.
6. Identificar los riesgos del proceso para
determinar las acciones de control y
mejoramiento pertinentes.
7. Las demás que le sean asignadas por el jefe
inmediato y que tengan relación directa con la
naturaleza del cargo y el área de desempeño»
[sic].
53.9. Proceso en que participa: «Proceso Misional Nivel II- Administración del
Aseguramiento en Salud - Dependencia de la Subdirección de Sanidad». Propósito
principal del empleo: «Aplicar las directrices del programa de prevención de riesgo
psicosocial para los funcionarios activos de la policía nacional».
Funciones esenciales del empleo Funciones de la actora
«1. Aplicar instrumentos de evaluación de
factores de riesgo psicosocial y analizar los
resultados para la evaluación de factores de
riesgo psicosocial.
2. Ejecutar los lineamientos del programa de
prevención del riesgo psicosocial para los
funcionarios activos (uniformados) de la Policía
Nacional de acuerdo a los hallazgos en la
evaluación de factores de riesgo psicosocial.
3. Ajustar el módulo de riesgo psicosocial del
Sistema de Información de Sanidad Policial
(SISAP) y capacitar a los profesionales Ibidem
psicólogos a nivel nacional sobre el uso del
módulo.
4 Analizar la información de las actividades del
programa de prevención del riesgo psicosocial
para el personal uniformado de la Dirección de
Sanidad.
5. Realizar análisis del ausentismo laboral por
enfermedad mental en tos uniformados de la
Institución.
6. Apoyar las actividades del programa de
prevención de adicciones y de accidentalidad.
37
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
7. Realizar seguimiento a las actividades
ejecutadas por la Administradora de Riesgos
Laborales de intervención del riesgo psicosocial
en el personal de Ley 100 de 1993.
8. Realizar labores administrativas para el
diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo del riesgo ocupacional para
la Policía Nacional -Dirección de Sanidad.
9. Las demás que le sean asignadas por el jefe
inmediato y que tengan relación directa con la
naturaleza del cargo y el área de desempeño»
[sic].
53.10. Proceso en que participa: «Proceso Soporte Nivei III - Administración de Recursos
Financieros - Unidades Desconcentradas de la Subdirección de sanidad». Propósito
principal del empleo: «Ejecutar los procesos administrativos y trámites de tesorería».
Funciones esenciales del empleo Funciones de la actora
«1. Contribuir a la revisión y análisis de los
aportes de la salud, sentencias judiciales y
aportes Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales (ATEP).
2. Apoyar la revisión y análisis de los
documentos soporte emitidos por las entidades
bancarias en medio magnético - cuenta de
recaudos.
3. Realizar la consolidación en los archivos
formulados, los valores de los aportes
patronales cotizaciones empleado, y sentencias
judiciales, para determinar el valor a cancelar o
a girar al Fondo de Solidaridad y Garantia
(FOSYGA) o la entidad que haga sus veces. Ibidem
4 Preparar y presentar la facturación por
concepto de arrendamientos de espacios
ubicados en diferentes unidades y de las
empresas externas.
5. Rendir los informes periódicos exigidos por
entidades de control interno y los demás que le
sean solicitados.
6. Desarrollar actividades de capacitación de las
unidades del nivel país.
7. Controlar los pagos realizados a los
proveedores en los diferentes aplicativos para
tal fin.
8. Las demás que le sean asignadas por el jefe
inmediato y que tengan relación directa con la
naturaleza del cargo y el área de desempeño»
[sic].
53.11. Proceso en que participa: «Proceso Misional Nivel II - Administración del
Aseguramiento en Salud - Dependencia de la Subdirección de Sanidad». Propósito
principal del empleo: «Efectuar la consolidación de datos estadísticos, utilizando las
herramientas y aplicativos pertinentes».
38
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
Funciones esenciales del empleo Funciones de la actora
«1. Recopilar los datos para administrar los
registros estadísticos generados, con el fin de
mantener actualizada la información requerida.
2. Generar reportes estadísticos con la ayuda de
las diferentes bases de datos que se manejan
en el servicio, con el fin de mantener informados
a los diferentes servicios y a la Dirección de
Sanidad.
3. Llevar a cabo los procesos de manteniendo y
el seguimiento de cada uno de estos, para
presentar una información oportuna y veraz. Ibidem
4. Presentar y consolidar los indicadores, para
facilitar la toma de decisiones en asuntos de
interés general.
5. Apoyar la capacitación e implementación del
sistema de información, brindando a los
funcionarios herramientas para el manejo del
Sistema de Información de Sanidad Policial
(SISAP).
6. Apoyar los procesos de consulta externa, así
como el contact center, con el propósito de
optimizar el servicio a los usuarios.
7. Las demás que le sean asignadas por el jefe
inmediato y que tengan relación directa con la
naturaleza del cargo y el área de desempeño»
[sic].
54. Ante tal panorama, nótese que una vez realizado el contraste de las funciones
que certificó la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y que desarrolló la
demandante, son distintas y no se ajustan con las correspondientes para el cargo
de profesional de seguridad código 3-1, grado 6, en ninguno de los procesos de
participación de este empleo.
55. Así entonces, bajo un análisis de los requisitos jurisprudenciales descritos con
antelación, relativos a la demostración del cumplimiento de idénticas funciones,
esta Sala encuentra que en efecto este supuesto no se logra determinar.
56. Es importante anotar, que la nivelación salarial que se demanda supone la carga
de demostrar que el servicio prestado sí era equivalente en todos los aspectos, es
decir, que se pruebe que sí se cumplían iguales tareas en la jornada laboral.
57. Ciertamente, al tenor de lo dispuesto en el artículo 167 del CGP, en cuanto
dispone: «(i)ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», a la parte demandante le
correspondía, con los medios probatorios que le permite la ley, acreditar que en
efecto cumplía iguales labores del cargo del nivel profesional, lo cual no ocurrió.
39
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
58. Aunado a lo anterior, para haber ocupado el cargo en mención era necesario
acreditar título profesional en «disciplina académica del núcleo básico de conocimiento
en administración, contaduría pública, economía y afines; ingeniería, arquitectura,
urbanismo y afines; comunicación social, periodismo y afines; sociología, trabajo social y
afines; química farmacéutica, derecho, matemática estadística y afines, salud ocupacional,
terapia física y afines, enfermería, fonoaudiología, trabajo social, psiciología, ingeniería
ambiental» [sic], cuando la demandante era licenciada en Educación Especial. Por
tanto, no cumplía con los requisitos de estudio para haber accedido a ese empleo.
59. Ahora, en el asunto las pruebas arrimadas al plenario no permiten realizar un
contraste entre la remuneración percibida por la demandante con lo devengado por
un empleado de planta de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del nivel
profesional, para poder establecer el tratamiento diferencial en cuanto al salario,
pues si bien es cierto que se allegaron algunos de los desprendibles de pago de
aquella, también lo es que no se aportaron los de un empleado de tal nivel para
acreditar la diferencia.
60. Advierte la Sala, que el concepto favorable de traslado de la demandante a la
Unidad de Rehabilitación, emitido por el jefe del Área de Registro y Control de la
Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional, no implicaba per se el
cambio de empleo, grado, nivel, intensidad horaria y asignación básica, pues para
ello al ser el mérito un pilar fundamental de la vinculación de personal al Estado en
empleos de carrera administrativa era necesario un concurso y la acreditación de
requisitos personales y profesionales del cargo.
61. Asimismo, es inexistente la prueba que permita demostrar que la demandante
durante su trayectoria laboral en la institución policial fue nombrada y posesionada
en un cargo distinto al de «orientador defensa» para que pudiera ejercer funciones
asignadas a otros empleos como el de profesional de seguridad.
62. En este orden de ideas, no es posible la petición de nivelación salarial y
prestacional al cargo de profesional y respecto del que se pretendió se diera
aplicación al principio «de igual trabajo igual remuneración».
63. Valga recordar, que quien pretenda una nivelación salarial entre uno y otro cargo
debe demostrar en el proceso que cumplía iguales funciones al cargo asignado,
contaba con la misma preparación y debía acreditar los requisitos que exige el
empleo, lo cual no ocurrió en el presente asunto como se observó con anterioridad.
40
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
64. Ahora bien, la Sala comparte el criterio del a quo para negar la pretensión para
que se ordene el nombramiento de la demandante en la planta de personal de la
Policía Nacional en un cargo de nivel profesional o de superior categoría, pues el
mérito es un pilar fundamental de la vinculación de personal al Estado en empleos
de carrera administrativa, por tanto, es inviable omitir un concurso y la acreditación
de requisitos personales y profesionales y judicialmente ordenar la reubicación de
aquella en tal cargo.
65. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, mediante
la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, negó las pretensiones de la demanda.
2.4. Costas
66. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
67. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
68. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma50.
69. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
50 En el igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
41
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
70. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas y
revocará la condena impuesta en primera instancia, por no haberse efectuado el
análisis aquí expuesto.
4. Conclusión
71. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no es posible la petición
de nivelación salarial y prestacional al cargo de profesional y respecto del que
pretendió se diera aplicación al principio «de igual trabajo igual remuneración».
72. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 11 de junio de 2020
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
en tanto negó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el ordinal 2 de la sentencia proferida el 11 de junio de 2020 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, y
en su lugar se dispone no condenar en costas de primera instancia, conforme con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 11 de junio
de 2020, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda presentada
por Zaida Marcela Gómez Gómez contra la nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
42
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03842-01 (1134-2021)
Demandante: Zaida Marcela Gómez Gómez
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.05001-23-
33-000-2020-00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
43
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.