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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03870-02

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03870-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 23 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, y en su lugar, se dispone: «Segundo. No condenar en costas». Segundo. Confirmar la sentencia proferida el 23 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda presentada por Mario Alberto Ángel Diazgranados contra el Incoder, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. 29 Radicado: 25000-23-42-000-2017-03870-02 (2008-2021) Demandante: Mario Alberto Ángel Diazgranados Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Ausente con excusa JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. DMGT 30

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-03870-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03870-02 (2008-2021)
Demandante: Mario Alberto Ángel Diazgranados
Demandado: Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural-INCODER1

Tema: Relación laboral encubierta

Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 23 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Mario Alberto Ángel Diaz Granados presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad de los actos fictos producto del silencio de la
administración respecto de las siguientes peticiones:

1.1. «Conciliación prejudicial instaurada el 20 de abril de 2015 ante la Procuraduría 191
Judicial Primera para Asuntos Administrativos», a través de la cual se convocó al
Incoder para conciliar el «reconocimiento de la relación laboral que existió […] en la cual
se configura un contrato realidad» [sic]. Diligencia que fue declarada fallida ante la
inasistencia de la entidad, según el «Auto No. 01852 del 25 de mayo de 2015» [sic].

1 Por medio del auto del 1° de marzo de 2024, el Despacho sustanciador, de conformidad con lo

previsto en el artículo 68 del Código General del Proceso, aceptó la sucesión procesal y, en
consecuencia, dispuso tener como sucesor procesal del Patrimonio Autónomo de Remanentes
INCODER en Liquidación, PAR INCODER; a la Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2017-03870-02 (2008-2021)
Demandante: Mario Alberto Ángel Diazgranados

1.2. Del
10 de febrero de 2016, con la cual se solicitó i) la declaratoria de
responsabilidad administrativa del Incoder respecto de «la reparación y resarcimiento
sobre el reconocimiento de la relación laboral que existió con el administrado […] en la
cual se configura un contrato realidad» [sic]; y ii) la «reparación del resarcimiento del
perjuicio ocasionado a consecuencia de la relación laboral existente» [sic], por sus
servicios prestados como abogado entre el 18 de enero de 2010 y el 16 de junio
de 2013.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de los valores correspondientes «a la liquidación
y prestaciones sociales debidas en equivalencia a las prestaciones sociales ordinarias en
la proporción correspondiente al empleador, que devenga un empleado público en similar
situación, pero liquidadas conforme se pactó en el contrato de prestación de servicios»
[sic]; ii) la indexación de los valores «causados desde el momento del despido por parte
de la demandada, hasta el momento en que se dé la solución efectiva de la misma» [sic];
iii) el reconocimiento de la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías
y sus intereses; iv) el pago de los aportes a la Caja de Compensación y Subsidio
Familiar; v) el cumplimiento de la sentencia según los términos de los artículos 176,
«177 y 178 del CCA» [sic]; vi) las diferencias que surjan y los intereses moratorios a
los que haya lugar, según lo previsto por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Mario Alberto Ángel Diazgranados prestó sus servicios personales al Incoder,
entre el 18 de enero de 2010 y el 16 de junio de 2013, de manera continua y
permanente, vinculado a través de contratos de prestación de servicios celebrados
directamente con esa institución en «apoyo jurídico en la Subgerencia de Gestión y
Desarrollo Productivo del INCODER en las convocatorias abiertas para el otorgamiento de
subsidios para la adquisición de tierras y subsidios para proyectos de acuicultura, en
calidad de abogado de la entidad» [sic].

3.2. Como abogado debía realizar sus funciones en igualdad de condiciones «que
corresponden a un cargo de empleado público», de forma subordinada, permanente y
exclusiva para la entidad.

3.3. Durante su vinculación con la entidad fue sometido al cumplimiento de un
horario laboral, de lunes a viernes «incluyendo algunos días sábados, domingos y
festivos» en la jornada de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00 p.m.

2

Radicado: 25000-23-42-000-2017-03870-02 (2008-2021)
Demandante: Mario Alberto Ángel Diazgranados

3.4. Por el horario y el volumen de trabajo la labor se prestó de forma exclusiva, bajo
estrictas instrucciones y órdenes del gerente, el secretario general y el subgerente
de la entidad.

3.5. El 10 de febrero de 2016, «al enterarse por un hecho notorio de la liquidación de la
entidad», le solicitó al Incoder el reconocimiento y pago de «sus acreencias laborales»
por el periodo comprendido entre el 18 de enero de 2010 y el 16 de junio de 2013.
Dicha petición fue negada mediante un acto ficto.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 4, 13, 25, 48, 53, 121, 122, 123, 125 y 209
de la Constitución Política; 8 del Decreto 3135 de 1968; 51 del Decreto 1848 de
1968; 25 del Decreto 1045 de 1968; 2 del Decreto 2400 de 1968; 7 del Decreto
1950 de 1973; 2 de la Ley 50 de 1990; 32 de la Ley 80 de 1993; 15, 17, 18, 20, 22,
23, 128, 157, 161 y 204 de la Ley 100 de 1993; las leyes 4 de 1992 y 244 de 1995;
y el Decreto 3074 de 1968.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:

5.1. La entidad demandada omitió aplicar el principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades, no obstante haberse configurado los elementos propios de
una relación laboral, además, desconoció el artículo 53 de la Constitución Política,
toda vez que se acreditó la existencia de un trabajo desarrollado de manera
personal, permanente y subordinado o dependiente, consistente en la actitud por
parte de la administración contratante de impartirle órdenes y directrices en
relación con la labor contratada.

5.2. La entidad demandada utilizó el contrato de prestación de servicios para ocultar
una verdadera relación laboral, en la que los servicios fueron prestados
personalmente a la entidad demandada «en las mismas condiciones que los
trabajadores vinculados al sector público o privado» [sic].

1.2. Contestaciones de la demanda

6. 1.2.1.La Agencia de Desarrollo Rural4 se opuso a la prosperidad de las
pretensiones con fundamento en las siguientes consideraciones5:

3 Samai, índice 30, ED_C1_01 OTROS - CUADERNO PRINCIPAL 1(.pdf) NroActua 30; folios 30 al

36.
4 En lo que sigue ADR.
5 Samai, índice 30, ED_C1_01 OTROS - CUADERNO PRINCIPAL 1(.pdf) NroActua 30; folios 143

al 157.

3

Radicado: 25000-23-42-000-2017-03870-02 (2008-2021)
Demandante: Mario Alberto Ángel Diazgranados

6.1. La entidad no fue responsable de los actos y omisiones expuestos por el
demandante.

6.2. Entre la celebración de uno y otro contrato hubo interrupciones superiores a los
3 meses «e inclusive trascurrió una interrupción que no es propia de una relación laboral»
[sic], que implicó la solución de continuidad en la prestación del servicio .

6.3. Las órdenes e instrucciones «eventualmente dadas al contratista» no son
suficientes para demostrar la existencia de una subordinación, toda vez que
correspondieron a las labores «de supervisión que competen a todo supervisor del
contrato estatal en el seguimiento y control a la ejecución del objeto del contrato de
prestación de servicios y mal podría ser considerados actos de subordinación» [sic].

6.4. Si bien el Decreto 2364 de 2016 le asignó a la entidad algunas funciones, lo
cierto es que, entre ellas, no se encuentran las de pago de honorarios ni mucho
menos prestaciones sociales a excontratistas del Incoder.

6.5. Planteó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

7. 1.2.2.
El Patrimonio Autónomo de Remanentes-PAR-Incoder contestó la
demanda con fundamento en los siguientes argumentos6:

7.1. Aun cuando el material probatorio daba cuenta de que, entre el demandante y
el Incoder se celebraron algunos contratos de prestación de servicios, no le consta
si Mario Alberto Ángel Diazgranados realizaba sus funciones en las instalaciones
de la entidad, como tampoco si ellas «eran propias de los empleados públicos del hoy
desparecido incoder» [sic]

7.2. Contrario a lo afirmado por el demandante, la causa de la terminación de la
relación fue el vencimiento del término previsto en el contrato de prestación de
servicios y no por un despido injusto.

7.3. Por similares hechos «en la actualidad existe pleito pendiente de fallo el cual busca
que se declare que existió una relación laboral entre el accionante y el extinto Incoder, la
cual se encuentra actualmente bajo radicado No. 11001334306320160003300, la cual se
encuentra actualmente ante el Juzgado 55 Administrativo Oral» [sic].

7.4. Formuló las excepciones de: i) falta de legitimación en la causa por pasiva; ii)

6 Ibidem, folios 106 al 117.

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-03870-02 (2008-2021)
Demandante: Mario Alberto Ángel Diazgranados

pleito pendiente7; iii) prescripción; y iv) la genérica.

8. 1.2.3. La Agencia Nacional de Tierras8 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones por no ser responsable de los actos enjuiciados, comoquiera que el
vínculo que existió fue con el Incoder, razón por la cual «no conoce, ni tuvo ninguna
relación contractual con el señor Ángel Diazgranados, aunado a que prestó sus servicios
hasta el 16 de junio de 2013 esta entidad fue creada mediante el Decreto 2363 de 2015»9
[sic].

8.1. De otra parte, propuso las excepciones de: i) «ineptitud de la demanda»10;
ii) «ineptitud de la demanda por ausencia de agotamiento del requisito de procedibilidad»
[sic]; iii) caducidad del medio de control; iv) falta de legitimación en la causa por
pasiva; v) «aplicación exclusiva para el caso concreto del Decreto 1850 de 2016»11 [sic].

1.3. La sentencia apelada

9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
en sentencia del 23 de abril de 2021 negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte demandante. Para tal efecto se pronunció en los
siguientes términos 12:

9.1. No es posible tener en cuenta la certificación expedida por la entidad el 2 de
julio de 2013, por no constituir prueba idónea, pertinente y conducente que dé
certeza de las circunstancias de tiempo modo y lugar en la que el demandante
prestó los servicios como abogado al Incoder «pues tales condiciones fueron pactadas
en los respectivos contratos de prestación de servicios» [sic]. En consecuencia, es
imposible realizar el estudio del objeto de la controversia porque «para realizar el
correspondiente análisis es indispensable contar con los contratos de prestación de
servicios con el fin de establecer el objeto, plazo y funciones, y como consecuencia de

7 En la audiencia inicial celebrada el 30 de enero de 2019, se negó esta excepción, por cuanto el

proceso identificado con el No. 11001-33-43-063-2016-0033-00 fue remitido a la Sección Segunda
de los Juzgados Administrativos y «es la misma que fue repartida al Juzgado 55 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá con el No. 11001-33-42-55-2016-00196-00, luego, remitida a esta
Corporación por competencia mediante auto del 2 de julio de 2013 y que ahora nos ocupa en esta
diligencia» [sic].
8 En adelante ANT.
9 Samai, índice 30, ED_C1_01 OTROS - CUADERNO PRINCIPAL 1(.pdf) NroActua 30, folios 158

al 168.
10 Por cuanto las pretensiones de condena se dirigieron de forma genérica sin indicar la entidad que

debía responder por la eventual condena.
11 Esto es que «los procesos judiciales que tengan origen en asuntos netamente administrativos y

laborales, con ocasión del proceso liquidatario del Incoder, serán transferidos al patrimonio
autónomo que para tal efecto se constituya» [sic].
12 Samai, índice 30, ED_C1_01 OTROS - CUADERNO PRINCIPAL 1(.pdf) NroActua 30, folios 321

al 339.

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-03870-02 (2008-2021)
Demandante: Mario Alberto Ángel Diazgranados

ello, proceder al estudio de la posible configuración de los elementos de la relación
laboral» [sic].

9.2. Los demás medios probatorios aportados al proceso no permitieron establecer
que entre el Mario Alberto Ángel Diazgranados y el Incoder se había configurado
una relación laboral encubierta para el lapso comprendido entre el 18 de enero de
2010 y el 16 de junio de 2013.

9.3. Según lo previsto por el artículo 188 del CPACA y en atención al criterio objetivo
previsto por el Consejo de Estado13, procede la condena en costas en contra de la
parte vencida en esta instancia

1.4. El recurso de apelación

10. Mario Alberto Ángel Diazgranados solicitó que se revocara la decisión de
primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos14:

10.1. No le asistió razón al tribunal para restarle valor probatorio a la certificación
expedida el 2 de julio de 2013 por el secretario general del Incoder, puesto que
dicho documento es idóneo, eficaz, conducente y pertinente para establecer «el
objeto el predicamento sobre plazo y funciones de mi representado en su relación laboral
con la demandada, ya que estas están consignadas expresamente allí» [sic].

10.2. Los contratos de prestación de servicios celebrados por las partes no
constituyen una tarifa legal probatoria, toda vez que existen otros medios previstos
por el legislador por medio de los cuales se puede acreditar el supuesto de hecho
que sustenta la demanda.

10.3. La condena en costas es improcedente, en atención al criterio objetivo «del
cual se predica que el demandante por su condición es la parte más débil de dicha relación
contractual» [sic].

13 Consejo de estado, Sección Segunda, providencia del 7 de abril de 2016, expediente radicado

13001-23-33-000-2013-0022-01.
14 Samai, índice 30, ED_C1_01 OTROS - CUADERNO PRINCIPAL 1(.pdf) NroActua 30, folios 370

al 377.

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Demandante: Mario Alberto Ángel Diazgranados

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

11. 1.5.1. El Patrimonio Autónomo de Remanentes-PAR-Incoder15 y la ADR16
ratificaron los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

12. 1.5.2. La ANT pidió confirmar la sentencia apelada porque, a su juicio, resultaba
inadmisible que «mediante el recurso de apelación, alegue que no fue posible conseguir
a tiempo copias de los contratos de prestación de servicios, cuando se trataba de una
prueba esencial para convertir y desvirtuar una presunción legal como la que dispone la
Ley 80 de 1993, respecto de los contratos de prestación de servicios, cuya prueba en
contrario solo corresponde a aquel que pretende desvirtuarla»17 [sic].

13. 1.5.3. Mario Alberto Ángel Diazgranados reiteró los argumentos de la apelación
y solicitó tener en cuenta las pruebas allí aportadas que dan cuenta de «los
elementos constitutivos de un contrato laboral entre el accionante y la entidad demandada
[…] teniendo en cuenta los elementos que determinan la relación laboral y que configuran
un contrato realidad» [sic].

1.6. El Ministerio Público

14. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

1.7. Tramite de la solicitud de pruebas en segunda instancia

15. Mediante auto del 1° de marzo de 2024 18, el despacho sustanciador negó la
solicitud probatoria presentada por el demandante por no encontrarse enmarcada
en los supuestos previstos por la ley para tal fin, pues los documentos allegados
con el recurso de apelación preexistían desde la presentación de la demanda, no
obstante, no se solicitaron o aportaron en las diferentes oportunidades procesales
que tuvo en la primera instancia. El actor solicitó la adición de esta decisión19.

16. A través de la providencia del 11 de abril de 2025 20, se negó la solicitud de
adición del auto del 1° de marzo de 2024, por cuanto en dicha providencia se

15 Samai, índice
12_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.PDF)
NroActua 19.
16 Samai, índice 23;
16_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.PDF)
NroActua 23
17 Samai, índice 22;
15_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.PDF)
NroActua 22
18 Samai, índice 39.
19 Samai, índice 43.
20 Samai, índice 54.

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-03870-02 (2008-2021)
Demandante: Mario Alberto Ángel Diazgranados

abarcó la totalidad de la solicitud probatoria presentada y no se omitió algún punto
de esa petición que fuera necesario adicionar.

17. Asimismo, se precisó que, si lo que pretendió fue incorporar nuevos argumentos
de apelación, estos no podían ser tenidos en cuenta para emitir sentencia,
comoquiera que la oportunidad que tuvo para allegar los argumentos de su
inconformidad contra el fallo del 23 de abril de 2021 transcurrió entre el 29 de abril
de 2021 al 12 de mayo de idéntica anualidad, es decir, dentro del periodo de
interposición y sustentación del recurso de apelación.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

14. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 21, los
problemas jurídicos consisten en determinar:

14.1. ¿si le asistió razón al Tribunal para dejar de valorar la certificación expedida el
2 de julio de 2013 por el secretario general del Incoder?

14.2. ¿la certificación expedida el 2 de julio de 2013 por el secretario general del
Incoder tiene el valor suficiente para demostrar la prestación del servicio como
abogado a favor del Incoder?

14.3. ¿si entre Mario Alberto Ángel Diazgranados y el Incoder se configuró una
relación laboral?, en caso afirmativo, ¿si tenía derecho al reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales derivadas de esa relación laboral?

14.4. ¿si procedía la condena en costas al demandante por haber sido vencido en
el proceso?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

15. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el

21 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el

artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

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Demandante: Mario Alberto Ángel Diazgranados

presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

16. Por su parte, el Decreto 2209 de 199822 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

17. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas
naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o
para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta.
De allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una
relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

18. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.

19. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución
Política que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia
laboral, entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto
señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

22 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-03870-02 (2008-2021)
Demandante: Mario Alberto Ángel Diazgranados

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad
y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

20. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)23 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización24, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los
métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».

21. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»25 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

22. Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

23 Aprobada el 11 de abril de 1919.
24 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
25 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-03870-02 (2008-2021)
Demandante: Mario Alberto Ángel Diazgranados

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el
honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los
tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».

23. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa
carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de
prestación de servicios.

24. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación26 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de

26Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Demandante: Mario Alberto Ángel Diazgranados

desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales27». (Resalta la Sala).

25. Asíentonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se
acrediten fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo,
como son la prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la
subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.

26. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».

27. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

28. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

29. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-

27 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

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Demandante: Mario Alberto Ángel Diazgranados

CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202128 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii)
la delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud
efectuados por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

30. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».

31. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que demostrar
que aun cuando la relación contractual se originó en las disposiciones contenidas
en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, esta situación en realidad encubría una
relación laboral. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Demandante: Mario Alberto Ángel Diazgranados

2.2.2. La condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo

32. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

33. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

34. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma29.

35. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

2.2.3. Principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial

36. La Real Academia de la Lengua Española define la temeridad como un adjetivo,
dicho de una persona excesivamente imprudente que arrostra peligros, o de una
cosa dicha, hecha o pensada sin fundamento, razón o motivo. En igual sentido, de
acuerdo con lo que señala el Diccionario panhispánico del español jurídico, la
temeridad procesal es una «actitud propia del que, resistiéndose a aceptar una
pretensión legítima, abusa de la jurisdicción, ya ejercitando acciones totalmente
infundadas, ya obstaculizando el proceso en el que se promueve de contrario una acción

29En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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fundada»30.

37. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que la temeridad se da
en 2 dimensiones: i) cuando se actúa de mala fe31; y ii) cuando se acude a la
administración de justicia de manera desmedida, por iguales hechos, sin una
justificación razonable sobre dicho actuar32.

38. La institución de la buena fe nace como regla moral regida por el honor y el
crédito personal, luego como regla de derecho. En su origen, en Roma, la fides
hacía referencia a las relaciones entre Dios y el hombre y se le daba su nombre
cuando había cumplido a cabalidad lo que se decía o lo que se había prometido y
entre las partes se actuaba de acuerdo con lo convenido. Es la fidelidad de la
palabra al estar ligado a su propia declaración33.

39. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos34, «(l)a buena fe (del latín,
bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de
honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión,
o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las
partes interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina "principio
de probidad"», entiéndase por probidad, de conformidad con la Real Academia de
la Lengua Española35, como honradez.

40. La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 199536, sostuvo que «(l)a buena
fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho,
ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras
relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás
procedan en al (sic) misma forma».

41. El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el Código
Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció:

«Artículo 769. <Presunción de buena fe>. La buena fe se presume, excepto en los
casos en que la ley establece la presunción contraria.

30 https://dpej.rae.es/lema/temeridad-procesal
31 Sentencia T-502 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
32 Ver entre otras, sentencias: SU-154 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-986 de 2004

M.P Humberto Sierra Porto, T-410 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas, SU-168 de 2017, M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
33 Schulz Fritz, Principios del Derecho Romano, editorial Civitas, Madrid, 2000, página 143.
34Tesauro Interamericano de Derechos Humanos. Principio de buena fe
https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20una
%20conducta.
35 https://dle.rae.es/probidad?m=form.
36 Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.

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En todos los otros, la mala fe deberá probarse»37.

42. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 835 dispuso que «(s)e
presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una
persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo».
Este cuerpo normativo, en los artículos 863 y 871 previó el principio de la buena fe
como rector de los contratos en las etapas precontractual y contractual y su
ejecución.

43. A su turno, el Código Contencioso Administrativo38 en su artículo 136, numeral
2, estableció que «(l)os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe»39.

44. Actualmente, el desarrollo más importante del principio de la buena fe en
nuestro ordenamiento jurídico se encuentra en artículo 83 de la Constitución
Política de Colombia, el cual dispuso:

«Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas».

45. Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que
gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional40 ha sostenido que el principio de la buena fe es aquel que
exige, tanto a las autoridades, como a los particulares acomodar sus
comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría
una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena fe presupone la existencia de
relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».

46. En dicha providencia la Corte Constitucional se refirió a la buena fe, así:

«La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere
fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada.
En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del particular y
constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad. La doctrina, por su
parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a la
buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire contra

37 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-540-95 del 23

de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
38 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.
39 Hoy prevista en el numeral 1, literal c del artículo 164 del CPACA.
40 Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso de
requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales
circunstancias. No es posible reducir la infracción de la buena fe a casos
tipificados legalmente. De ahí que la aplicación de este principio suponga incorporar
elementos ético-jurídicos que trascienden la ley y le dan su real significado, suscitando
en muchas ocasiones la intervención judicial para calificar la actuación pública según
las circunstancias jurídicas y fácticas del caso». [se resalta]

47. La Corte Constitucional en la sentencia C-131 de 200441, en cuanto a la
aplicación del principio de la buena fe, sostuvo:

«El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de
honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la
cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los
particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial
del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el
ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal
suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido
más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los
sujetos intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético de la
confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad
surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y
normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el
ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar
las lagunas del sistema jurídico». [Se resalta]

48. El artículo 79 del CGP señala que se presumirá que ha existido temeridad o
mala fe en los siguientes casos: i) cuando sea manifiesta la carencia de
fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; ii) cuando se aduzcan
calidades inexistentes; iii) cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; iv) cuando se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; v) cuando por cualquier otro
medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; y vi) cuando se
hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas.

49. Así las cosas, el principio de rango constitucional de la buena fe presupone
obligaciones recíprocas relacionadas con la confianza, seguridad y credibilidad; sin
embargo, se ha considerado que este no constituye un postulado absoluto, sino
que tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría
constitucional, tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el
desarrollo de la función administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la

41 Sentencia C-131 de 2004 del 19 de febrero de 2004. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas

Hernández.

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economía, entre otros42.

50. De lo expuesto se advierte que para calificar una conducta se debe analizar la
situación particular en cada caso, de cara a esos comportamientos honestos que
se espera de los particulares cuando acuden a la administración. Valga resaltar
que esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó bajo ese
principio o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el caso
concreto; empero el derrotero será siempre la verificación de un actuar honesto de
cada parte.

51. Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que la persona cuya
conducta se analiza actuó en forma deshonesta al momento de reclamar
determinado derecho, es decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe
i) ser previa al pronunciamiento en torno a un derecho; y ii) derivarse de un hecho
concreto en que el beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el propósito
de acceder a ese derecho.

52. Corolario de lo dicho, en todos los actos de los particulares y de las autoridades
se presume la buena fe, razón por la cual cuando se pretenda acreditar lo contrario
se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal principio. Para ello, quien lo
alega debe direccionar su teoría del caso a demostrar una conducta deshonesta
que le permitió el acceso a un derecho o beneficio a efectos de demostrar que
actuó con desconocimiento de los postulados de la buena fe, o dicho en otras
palabras, que se incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite
de la actuación que, a la postre, conllevó a otra situación en particular.

53. En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda
de lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras
fraudulentas, como la presentación de documentos que no gozan de veracidad, o
que contienen información que no revelan la realidad, indican una actuación
temeraria e intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no tendría
derecho sin ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con, por ejemplo, la
devolución de los dineros recibidos como consecuencia del irregular
reconocimiento de una prestación43.

42 Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.
43 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, Exp. 1783-01, Magistrada

Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los
dineros que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la
mala fe con que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó
unas certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-03870-02 (2008-2021)
Demandante: Mario Alberto Ángel Diazgranados

54. Así las cosas, por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o
apócrifo dentro de una actuación, y que ello desemboque en el reconocimiento de
un derecho, permitiría desvirtuar la presunción de buena fe que gobierna los actos
del peticionario.

2.3. Caso concreto

55. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:

55.1. Certificado expedido el 2 de julio de 2013, por el secretario general del Incoder
a través del cual se dejó constancia de que, entre el 18 de enero de 2010 y el 16
julio de 2013, Mario Alberto Ángel Díazgranados celebró los siguientes contratos
de prestación de servicios44:

Contrato u
orden de Fecha de Fecha de
Plazo| Valor total Objeto
prestación de inicio Terminación
servicios
10 meses, 15 $28.665.000 «Prestación de servicios de
087 del 18 de días. «Incluye 18 de enero 2 de diciembre «Incluye apoyo jurídico en la
enero de 2010 prorroga por 3 de 2010 de 2010 adición de Subgerencia de Gestión y
meses y 15 días $9.555.000» Desarrollo Productivo del
Incoder, en las
convocatorias abiertas para
el otorgamiento de
subsidios para la
adquisición de tierras y
subsidio para el apoyo a
proyectos productivos de
acuicultura, en especial en
la elaboración de
775 del 3 de 3 de 30 de Resoluciones de
diciembre de 28 días diciembre de diciembre de $2.548.000 adjudicación, desembolsos,
2010 2010 2010 emitir conceptos y dar
trámite a los derechos de
petición asignados, dentro
del marco señalado en la
Ley, en especial en Estatuto
de Desarrollo Rural y sus
Decretos Reglamentarios y
los términos de referencia
de las citadas
convocatorias» [sic]
4 de «Prestación de servicios de
285 del 5 de abril 5 de abril de
5 meses septiembre de $16.150.000 apoyo jurídico en la
de 2011 2011
2011 Subgerencia de Gestión y

prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando
la buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor;
por tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a
ellas, debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo. (Negrillas fuera de texto original).».
44 Samai, índice 30; CD1 Folio 20ª; COPIA DEMANDA ARD - CD ROOM; Constancia

INCODER.pdf.

19

Radicado: 25000-23-42-000-2017-03870-02 (2008-2021)
Demandante: Mario Alberto Ángel Diazgranados

Desarrollo Productivo del
Incoder, en lo relativo con el
estudio de títulos requeridos
en el desarrollo de las
convocatorias abiertas para
el otorgamiento de
subsidios para la
adquisición de tierras y
subsidios para el apoyo a
proyectos productivos
vigencia 2009, 2010 y 2011,
así como dar respuesta a
las solicitudes que les sean
asignadas»
«Prestación de servicios de
apoyo jurídico en la
Subgerencia de Gestión y
Desarrollo Productivo del
Incoder, para el estudio en
el levantamiento de
condicionamientos, toda
vez que a la fecha aun este
678 del 21 de 21 de 30 de
pendiente 22 propuestas de
noviembre de 1 mes y 10 días noviembre de diciembre de $4.350.000
las convocatorias 2010 e
2011 2011 2011
igualmente se requiere
hacer un control de
calidades al estudio de
títulos inmobiliarios de las
propuestas que fueron
habilitados en la fase I de
las Convocatorias SIT-01-
2011»
«Prestar los servicios
profesionales de apoyo
jurídico en las diferentes
reclamaciones que se
presenten durante el
31 de desarrollo de las etapas de
076 del 11 de 11 de enero
11 meses diciembre de $42.350.00 las convocatorias públicas
enero de 2012 de 2012
2012 abiertas en la Subgerencia
de Gestión y Desarrollo
Productivo apoyando y
conceptualización en los
temas propios de las
convocatorias»
«Prestar los servicios
profesionales de apoyo y
113 del 8 de 8 de enero de 16 de julio de conceptualización jurídica
6 meses y 8 días $28.350.000
enero de 2013 2013 2013 en la convocatoria SIT-01-
2011 y apoyar el cierre de
los procesos pendientes»

55.2. Memorando del 3 de octubre de 2012, por medio del cual la Subgerencia de
gestión y Desarrollo Productivo le solicitó al demandante un informe acerca de los
proyectos de las Convocatorias 2009 y 2010 que presentaran problemas y que
requirieran ser atendidos por el Comité45.

45 Ibidem, MEMORANDO Nº 20123141956.PDF.

20

Radicado: 25000-23-42-000-2017-03870-02 (2008-2021)
Demandante: Mario Alberto Ángel Diazgranados

55.3. Oficio
2500020121137424 del 9 de octubre de 2012, con el cual se dio
respuesta al anterior requerimiento46.

55.4. Circulares 002547, 005148 y 005496 del 21 de febrero, del 9 y 25 de abril de
2013, respectivamente, a través de las cuales el secretario general del Incoder
impartió algunas órdenes e instrucciones a los «funcionarios públicos» de la sede
central y direcciones territoriales de la entidad.

55.5. Correos electrónicos enviados al demandante y otros servidores de la entidad
en los que se informa sobre la realización de «jornadas de socialización entre el equipo
de la Subgerencia de Gestión y Desarrollo Productiva»50.

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral

56. Con fundamento en lo expuesto, y en atención a los argumentos del recurso de
apelación, la Sala, en primer lugar, analizará si la certificación expedida el 2 de julio
de 2013, tiene el valor suficiente para demostrar la prestación personal del servicio
como abogado a favor del Incoder; y en segundo lugar, si en el sub judice, para el
periodo reclamado [18 de enero de 2010 y el 16 de junio de 2013] se acreditaron
los elementos que permitieran configurar una relación de trabajo entre Mario
Alberto Ángel Diazgranados y el Incoder.

2.4.1.1. Prestación personal del servicio

57. De las pruebas relacionadas, se tiene que, desde el 18 de enero de 2010 hasta
el 16 de junio de 2013, con interrupciones entre el 30 de diciembre de 2010 y el 5
de abril de 2011; el 4 de septiembre y el 21 de noviembre de 2011; el 30 de
diciembre de 2011 y el 11 de enero de 2012; y el 31 de diciembre de 2012 y el 8
de enero de 2013, el demandante prestó sus servicios profesionales como
abogado a favor del Incoder, vinculado mediante contratos de prestación de
servicios, lo que implica que fue él quien de forma personal y no a través de otra
persona el que ejecutó la labor contratada.

58. Tal consideración, es producto de una valoración probatoria basada en la sana

46 Ibidem; Respuesta Memorando 20121137424.pdf.
47 Ibidem; CIRCULAR No.0025.pdf.
48 Ibidem; CIRCULAR No.0051.pdf.
49 Ibidem; Circular Nº 0056 Compensatorio 27 de Abril.pdf.
50 Ibidem; E-MAIL Correos Electrònicos.pdf.

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crítica, según la cual el juez puede otorgarle el valor que corresponde a cada
elemento con el cual se cuenta, y al ejercicio del derecho de defensa y
contradicción del que, a lo largo del proceso, se han valido las partes. En efecto,
en pronunciamientos anteriores51, esta Sala ha descartado la exigencia única de
los actos jurídicos que respaldan la prestación del servicio, pues ha encontrado
que ello sería producto de una valoración probatoria basada en la tarifa legal, a
partir de la cual se señala a cada medio el grado de convicción que representa y
descarta aquellos que no constituyen «plena prueba» para demostrar un hecho y
que, con todo, esas restricciones le restan autonomía al juez.

59. Bajo tal perspectiva, esta Sala encuentra que en efecto el contrato estatal de
prestación de servicios definido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 es un instrumento de gestión pública y de ejecución presupuestal que permite
satisfacer las necesidades de la administración y asegurar el cumplimiento de los
fines del Estado52, que por ser un tipo de negocio jurídico que expresamente
recoge el estatuto general de contratación pública y tratarse, por tanto, de un
contrato típico, a la luz de lo dispuesto en los artículos 39 y 41 ejusdem, para su
perfeccionamiento se exige la solemnidad del escrito.

60. Sin embargo, esto no justifica que se imponga como requisito para demostrar el
elemento de la prestación del servicio53 que se aporte al proceso judicial el aludido
instrumento jurídico, pues imponer una tarifa legal probatoria implicaría abandonar
la tutela judicial efectiva en tanto limita la posibilidad del juez de otorgarle vigencia
a los derechos que surgen luego de encontrar acreditado un hecho a través de
otros medios de prueba. En contraste, admitir que el juez en su sana crítica forme
su propio convencimiento a partir de los elementos aportados al proceso y la
conducta de las partes respecto de ellos, permite un verdadero ejercicio de la
justicia y materializa los derechos de quienes han acudido a ella, pues este siempre
deberá exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

61. En este punto es necesario precisar que lo que el juez debe encontrar
acreditado en un proceso en el que se pretende demostrar una relación laboral
encubierta, no es la existencia de un instrumento jurídico, ni la validez de su
formación, sino i) la prestación efectiva de un servicio a favor de una entidad de

51 Al respecto puede consultarse las sentencias del 9 de noviembre de 2023, radicado 23001-23-

33-000-2016-00569-01 (4318-2021); y del 6 de junio de 2024, radicado: 76001-23-33-000-2016-
00508-01 (5102-2022). M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
52 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de

2021, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
53 Como uno de los elementos determinantes que distinguen la relación laboral de las demás

modalidades de prestación de servicios a través de contratos estatales, los cuales se encuentran
previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

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orden estatal; ii) que esta se haya desarrollado en forma subordinada; y iii) que
como contraprestación por los servicios haya recibido una remuneración 54. Esto
permite otorgarle vigencia al principio de la primacía de la realidad sobre las formas
a que alude el artículo 53 de la Constitución Política y descarta la exigencia de un
medio probatorio con un valor previamente establecido. En otras palabras, la Sala
ha recordado que no es el acto jurídico por medio del cual se vincula a una persona
a la función pública el que determina su relación con el Estado, sino lo que en
realidad evidencia dicha relación.

62. De manera que, contrario a lo concluido por el tribunal, para esta Subsección,
la certificación expedida el 2 de julio de 2013, aportada oportunamente al proceso
goza de la presunción de autenticidad a la que alude el artículo 244 del CGP 55,
tiene el valor suficiente para demostrar la prestación del servicio en el periodo
analizado y los elementos que se proceden a estudiar, por tratarse de un
documento emitido por un servidor público competente [secretario general]. En
igual sentido lo dispone el artículo 25 del Decreto Ley 019 de 2012 56 al eliminar la

54 Se insiste que estos requisitos se encuentran previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo

del Trabajo.
55 «Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la

persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona
a quien se atribuya el documento.
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en
copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la
imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según
el caso.
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del
expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho
en litigio y los poderes en caso de sustitución.
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título
ejecutivo.
La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su
autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los
documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.
Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones».
56 «Artículo 25. Eliminación de autenticaciones y reconocimientos. <Aparte tachado
INEXEQUIBLE> Todos los actos de funcionario público competente se presumen auténticos. Por
lo tanto no se requiere la autenticación en sede administrativa o notarial de los mismos. Los
documentos producidos por las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones
administrativas en sus distintas actuaciones, siempre que reposen en sus archivos, tampoco
requieren autenticación o reconocimiento.
Ninguna autoridad administrativa podrá exigir la presentación, suministro o entrega de documentos
originales autenticados o copias o fotocopias autenticados, sin perjuicio de los controles o
verificaciones que dichas entidades deban realizar, salvo para el reconocimiento o pago de
pensiones.
Los documentos privados, tuvieren o no como destino servir de prueba en actuaciones
administrativas, incluyendo los provenientes de terceros, se presumen auténticos, mientras no se
compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad, con excepción de los poderes especiales y de
las actas de asamblea general de accionistas, junta de socios y demás actos de personas jurídicas

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Demandante: Mario Alberto Ángel Diazgranados

exigencia de autenticar los documentos producidos por las autoridades públicas.
Además, por cuanto no fue tachado de falso por la entidad, esto es, no fueron
cuestionados en su contenido ni autenticidad.

63. En consecuencia, se advierte que efectivamente fue contratado por el Incoder
para prestar sus servicios profesionales como abogado y que esa actividad la
ejecutó él y no otra persona, razón por la cual, la prestación personal del servicio
se encuentra acreditara por el periodo referido.

2.4.1.2. Remuneración

64. Ahora bien, Mario Alberto Ángel Diazgranados percibió una remuneración por
el trabajo cumplido, tal y como se evidencia en la certificación expedida por el
secretario general del Incoder que señala un valor, lo que se entiende como la
remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de
su denominación [honorarios o salario].

2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia

65. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas, la Sala
considera que estas no ofrecen la suficiente certeza sobre la existencia de la
alegada subordinación ni demuestran fehacientemente que Mario Alberto Ángel
Diazgranados hubiese obrado con falta de autonomía o independencia en el
desarrollo de sus actividades, en tanto estuviese sujeto a instrucciones, órdenes o
al control de un superior para llevar a cabo la ejecución de las obligaciones
contractuales, por lo que no es posible determinar una sujeción de aquel hacia el
Incoder y en tal sentido, que la entidad contara en todo momento con la posibilidad
de disponer de su servicio y si él, a su vez, tenía la obligación de obedecerle.

66. Ciertamente, las pruebas relacionadas únicamente dan cuenta de que desde el
18 de enero de 2010 hasta el 16 de junio de 2013, prestó sus servicios
profesionales como abogado al Incoder; no obstante, tales documentos, por sí
solos, no dan cuenta de las condiciones bajo las cuales prestaba sus servicios ni
mucho menos si en ejercicio de sus compromisos seguía órdenes e instrucciones,
máxime cuando tampoco se comprobó que se hubiesen impuesto condiciones de
tiempo, modo y lugar para que el profesional desarrollara sus labores.

que deban registrarse ante las Cámaras de Comercio, las cuales deberán ser presentadas
personalmente por sus otorgantes ante el secretario de la respectiva Cámara.
Las copias simples que expidan los notarios de los documentos que reposan en los respectivos
protocolos no se autenticarán, salvo que el interesado así lo solicite.»

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Demandante: Mario Alberto Ángel Diazgranados

67. En efecto, si bien en las Circulares 0025, 0051 y 0056 del 21 de febrero, del 9 y
25 de abril de 2013, respectivamente, se impartieron algunas órdenes e
instrucciones, lo cierto es que solo estuvieron dirigidas a los «funcionarios públicos»
de la sede central y direcciones territoriales de la entidad.

68. Aunado a ello, en consideración al material probatorio que obra en el plenario,
no se observa que el demandante haya recibido órdenes verbales o escritas,
memorandos, circulares, requerimientos o cualquier otro documento del cual se
pueda determinar que se encontraba bajo la autoridad del Incoder.

69. De otra parte, se reitera que las documentales allegadas al plenario solo dan
cuenta de los acuerdos pactados por Mario Alberto Ángel Diazgranados y el
Incoder, toda vez que estos por sí solos no son prueba de la existencia de la
alegada subordinación. En este punto, se hace necesario precisar que no toda
relación de servicios lleva consigo la existencia del elemento de subordinación,
pues entre el contratante y el contratista puede haber una relación de coordinación
de actividades, en la cual el segundo es libre de acogerse a las condiciones
necesarias para llevar a cabo de forma eficiente la actividad que se le asigna, tales
como: i) un horario; ii) el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus
superiores; iii) asistir a reuniones en representación de la entidad; y iv) tener que
reportar informes sobre sus resultados, pero ello no significa la configuración de
este elemento, necesario para reconocer la existencia de la relación laboral.

70. Esos aspectos, en relación con la acreditación de la subordinación, en
concordancia con los que regulan la actividad probatoria, deben ser acreditados a
través de diferentes medios que demuestren las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que fueron desarrolladas las actividades que realizó el demandante para
cumplir con los contratos suscritos con la entidad demandada, puesto que, tal y
como lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación, se hace necesario para
el fallador tener certeza de la constante sujeción a normas, reglamentos y
directrices del contratante que impidan al contratista actuar con total libertad en el
cumplimiento del objeto contractual.

71. Así entonces, las pruebas documentales no dan cuenta sobre aspectos
específicos de modo, tiempo y lugar para demostrar la subordinación que permita
la declaratoria de la existencia de la relación laboral pretendida en especial en
relación con la dirección y control efectivo de las actividades a desarrollar, bien sea
a través de órdenes en cuanto a circunstancias de forma o cantidad de trabajo, la
imposición de reglamentos internos, el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi o la prerrogativa que tiene el empleador de alterar unilateralmente las
condiciones de trabajo.

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72. Ahora, la alegada ausencia de autonomía, en punto de establecimiento de un
horario tampoco se pudo acreditar, pues al expediente no se allegaron
memorandos, planillas de turnos, circulares u otros medios de prueba que
resultaran suficientes para considerar que atendía un horario impuesto,
inmodificable o que le impidiera desarrollar otras actividades.

73. Así las cosas, esta Sala concluye que para el periodo demandado no se
demostró la existencia de una continua subordinación o dependencia que
permitiera el reconocimiento de la existencia de la relación laboral entre las partes
y el consecuente pago de las prestaciones sociales.

74. Al respecto, esta Sala encuentra necesario reiterar que de acuerdo con lo
previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso es a las partes a las que
les corresponde probar el supuesto de hecho de las normas que establecen el
efecto jurídico que ellas persiguen, y en el caso concreto el material probatorio
allegado no demostró fehacientemente que, por el lapso de prestación del servicio
acreditado, el demandante estuviera sometida a una continuada subordinación o
dependencia.

75. En ese orden de ideas, con fundamento en el material probatorio analizado y la
normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que no se demostraron los
elementos constitutivos de una relación laboral encubierta, razón por la cual se
confirmará la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda.

76. Por último, la Sala advierte que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
188 del CPACA, el Tribunal Administrativo Cundinamarca condenó en costas a
Mario Alberto Ángel Diazgranados.

77. De la lectura de la norma se observa que varias de las situaciones por las que
se impone el pago de las costas del proceso, están relacionadas con el hecho de
que una de las partes resultare vencida en el juicio, sin que para tal efecto indique
la necesidad de verificar la temeridad o mala fe.

78. Sin embargo, tal conclusión se deriva de una lectura aislada del artículo 188 del
CPACA, pues el enunciado deóntico dispondrá que establece la norma puede
asimilarse a decidirá, lo que no necesariamente implica concluir que impone un
criterio eminentemente objetivo, superando el subjetivo valorativo, con base en el
cual es necesario analizar la conducta de las partes al interior del proceso.

79. Sobre el particular, esta Subsección ha señalado que el vocablo disponer, tiene

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una segunda acepción en el diccionario de la Real Academia Española que
significa: «2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse», lo que implica que
aludido enunciado según el cual «la sentencia dispondrá sobre la condena en costas»,
el cual no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio, sino
que exige un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio
judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma57.

80. Asimismo, cuando la norma señala que la liquidación y ejecución se regirá por
las normas del Código de Procedimiento Civil (hoy CGP) no implica que deba
atenderse a las reglas allí señaladas para los eventos en que procede la condena
en costas, sino que, en caso de acreditar su causación, la liquidación y ejecución
seguirá esas disposiciones. A efectos de una mayor comprensión del argumento
expuesto, a continuación se transcribirá la norma aludida:

«ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal»

81. De lo anterior se advierte que la remisión a las normas del procedimiento civil
está precedida de una coma, que permite entender que toda sentencia debe emitir
un pronunciamiento sobre la condena en costas, y que solo en caso de encontrar
acreditada su causación para efectos de su liquidación y ejecución debe acudirse
al CGP.

82. Ahora bien, la adición de la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 del CPACA
refuerza el argumento relativo a la necesidad de analizar la conducta de las partes,
pues deja en evidencia que debe evaluarse si la demanda se presentó con
manifiesta carencia de fundamento legal, es decir, aun cuando el demandante
haya sido vencido en el proceso y no se haya advertido una conducta temeraria o
de mala fe que implique ser condenado en costas, esta procederá si se observa
que no tenía fundamento legal.

83. De esta manera, está claro que el legislador no pretendió imponer al juez la
necesidad de condenar en costas cuando una las partes fue vencida, sino la de

57 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1° de diciembre de 2016,

radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014) M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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pronunciarse sobre esas costas, sobre la base de un juicio subjetivo valorativo.

84. Este juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las
diferentes etapas del procedimiento58. Al respecto esta corporación ha acudido a
los criterios señalados en el artículo 79 del CGP a efectos de establecer los eventos
en los que se puede concluir que se ha actuado con temeridad o mala fe, esto es
cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda,
excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos
contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o
fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se
entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones
o citas deliberadamente inexactas.

85. De acuerdo con lo expuesto, frente a la condena de las costas el juez debe
realizar un análisis subjetivo valorativo, en tanto para decidir si condena es
necesario que i) revise la conducta de las partes en el proceso; y ii) en el
expediente, identifique si las referidas costas se causaron. Distinto es que, luego
de concluir que hay lugar a condenar en costas, la cuantía de la condena se fije en
atención a lo dispuesto en el CGP y a la posición de los sujetos procesales, pues
varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos
últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal [Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, modificado por el Acuerdo
PSAA13-9943 de 2013].

86. En el caso concreto, el a quo no realizó análisis alguno en torno a la conducta
procesal de las partes y lo cierto es que la condena impuesta resulta una medida
arbitraria y discrecional, pero sobre todo violatoria del derecho de acceso a la
administración de justicia al cuestionar al demandante por pretender el
reconocimiento de lo que consideró una relación laboral encubierta.

87. Así, la conducta temeraria o la mala fe debe estar plenamente acreditada y no
puede ser inferida de la simple improcedencia de la pretensión procesal, pues el
resultado adverso a los intereses no exige entender que ejerció de forma ilegítima
su derecho.

88. En efecto, esta Sala no evidenció que en esa instancia el demandante hubiese

58 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1° de diciembre de 2016,

radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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actuado de forma temeraria o con mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, que habilitara la condena en costas
por lo que, al no predicarse tal proceder, se revocará esa decisión.

2.5. Costas en segunda instancia

89. Enesta instancia, no evidencia la Sala que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, razón por la cual, se abstendrá de condenar en
costas.

3. Conclusión

90. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que: i) si bien la certificación
expedida el 2 de julio de 2013 tiene el valor suficiente para demostrar que Mario
Alberto Ángel Diazgranados prestó sus servicios como abogado a favor del
Incoder, lo cierto es que, en el sub judice, no se demostró la existencia de una
relación laboral entre las partes durante el periodo alegado; y ii) el demandante no
actuó en forma temeraria ni con desconocimiento de los postulados de la buena fe
al presentar la demanda de nulidad y restablecimiento, razón por la cual no
procedía la condena en costas impuesta por el a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 23 de abril de 2021
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
y en su lugar, se dispone:

«Segundo. No condenar en costas».

Segundo. Confirmar la sentencia proferida el 23 de abril de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda
presentada por Mario Alberto Ángel Diazgranados contra el Incoder, conforme con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

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Demandante: Mario Alberto Ángel Diazgranados

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Ausente con excusa

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DMGT

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