Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04096-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04096-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-04096-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
8 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04096-01 (3348-2021)
Demandante: Estanislao Guido Caicedo Yela
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1
Temas: Pensión gracia – Tiempos válidos para el reconocimiento -
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 29 de abril de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante la cual accedió a las
pretensiones de la demanda y se declaró probada la prescripción de las mesadas
causadas con anterioridad al 19 de octubre de 2013.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
Estanislao Guido Caicedo Yela presentó demanda, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones RDP008338 del 3 de marzo de 2017 y
RDP019436 del 11 de mayo de 2017, a través de las cuales la UGPP le negó el
1 En lo que sigue UGPP.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-04096-01 (3348-2021)
Demandante: Estanislao Guido Caicedo Yela
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
que: i) se reconociera y pagara la prestación solicitada con inclusión de todos los
factores salariales devengados durante el año anterior al status de pensionado, es
decir entre el 26 de septiembre de 2009 y el 25 de septiembre de 2010; ii) se
condenara a pagar 14 mesadas al año; iii) se ajustaran los valores reconocidos de
acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC); iv) se condenara al pago de
intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia; v) se cumpliera la
sentencia en los términos de los artículos 187 y 192 del CPACA; y vi) se condenara
en costas y agencias en derecho.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
• Estanislao Guido Caicedo Yela nació el 25 de septiembre de 1960 y entre 1980 y
2011 prestó sus servicios como docente en las secretarías de educación del
departamento del Huila y Bogotá, esto es por más de 20 años, tiempo en el que se
desempeñó con honradez y buena conducta.
• El 16 de octubre de 2016, por considerar que cumplía con los requisitos para
acceder a la pensión gracia, le solicitó a la UGPP su reconocimiento y pago. Petición
que fue negada mediante Resolución RDP008338 del 3 de marzo de 2017 al estimar
que no cumplía con el requisito de haber estado vinculado a la docencia oficial con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
• Contra el mencionado acto, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto
con la Resolución RDP019436 del 11 de mayo de 2017, mediante la cual se
confirmó la decisión de negar el reconocimiento pensional.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 2, 25, 53 y 58 de la Constitución Política; las
leyes 114 de 1913, 37 de 1933, 2277 de 1979 y 91 de 1989.
En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos3:
3 Samai, índice 2, documento: ED_ACTUACIONE_01DEMANDAANEXOSSENT(.PDF) NroActua 2,
folios 46 al 58.
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Demandante: Estanislao Guido Caicedo Yela
• El demandante cumplió con lo dispuesto en las leyes 114 de 1913, 116 de 1928,
37 de 1933 y 91 de 1989 para acceder al reconocimiento y pago de la pensión
gracia, pues cuenta con más de 20 años de servicios como educador territorial, se
vinculó como docente oficial antes del 31 de diciembre de 1980 y en el momento de
solicitar el reconocimiento de la prestación ya había alcanzado los 50 años de edad.
• Las normas que regulan la pensión gracia permiten acumular tiempos prestados
como docente de primaria, inspección, instrucción pública y secundaria, entre otras,
sin importar que la vinculación sea en propiedad, interinidad, temporal o cualquier
otra forma de ingreso al servicio.
1.2. Contestación de la demanda
La UGPP4 se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que
expresan a continuación:
• Al 31 de diciembre de 1989, el demandante no cumplía con la edad ni el tiempo
de servicios para el reconocimiento de la pensión gracia.
• La vinculación con el Instituto Educativo Liceo de Santa Librada de Neiva no puede
tenerse en cuenta, comoquiera que la certificación no fue expedida por el
funcionario competente, es decir, el secretario de educación territorial.
Finalmente propuso las siguientes excepciones: i) «falta de causa e inexistencia de la
obligación» ii) prescripción; iii) legalidad de los actos administrativos demandados;
iv) improcedencia de intereses moratorios o indexación; v) buena fe; y vi)
improcedencia de imposición de costas procesales.
11.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en
sentencia proferida el 29 de abril de 20205 accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda y en consecuencia declaró la nulidad de los actos demandados y
ordenó a la UGPP reconocer a favor de Estanislao Guido Caicedo Yela la pensión
gracia liquidada con el 75% del promedio de los salarios recibidos durante el año
anterior a la adquisición de su estatus como pensionado.
Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
4 Samai, índice 2, documento: ED_ACTUACIONE_01DEMANDAANEXOSSENT(.PDF) NroActua 2,
folios 122 al 131.
5 Samai, índice 2, documento: ED_ACTUACIONE_
16_250002342000201704096001SENTENCIA20210503092404.PDF) NroActua 2.
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Demandante: Estanislao Guido Caicedo Yela
jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:
• Respecto del requisito de estar vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de
1980, en las pruebas documentales [certificación expedida por el colegio, el formato
No. 1 y la respuesta de la secretaria de educación del Huila] se encontró que en el
año de 1980 Estanislao Guido Caicedo Yela tuvo dos vinculaciones con el Instituto
Educativo Liceo de Santa Librada de Neiva «con carácter nacionalizado, por cuanto
esa era la naturaleza del cargo ocupado y los recursos para el pago provenían del
presupuesto de la institución educativa».
• El demandante prestó sus servicios como docente nacionalizado, con algunas
interrupciones, entre el 8 de febrero de 1984 y el 1° de marzo de 1997 y desde el 5
de marzo de esa anualidad tomó posesión como rector nacionalizado hasta la fecha
de presentación de la demanda.
• Está demostrado que el 6 de septiembre de 2010, cuando cumplió 50 años de
edad, tenía más de 20 años de servicios como docente territorial y nacionalizado.
En este sentido, el demandante cumplió con los requisitos para ser beneficiario de
la pensión gracia.
• Comoquiera que el demandante adquirió el estatus pensional el 26 de septiembre
de 2010 y solo hasta el 19 de octubre de 2016 solicitó el reconocimiento, se debe
concluir que ocurrió el fenómeno jurídico de la prescripción de las mesadas, acorde
con el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968.
• El objeto de la pensión gracia no permite que le sea aplicado el pago de la mesada
catorce prevista en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993, por cuanto, «esta por si
sola constituye una compensación económica» por los bajos niveles salariales que
percibía el profesorado de primaria de las entidades territoriales.
1.4. El recurso de apelación
La UGPP interpuso recurso de apelación6 en el cual reprochó la decisión del tribunal
de primera instancia, por cuanto el material probatorio allegado al expediente es
insuficiente para determinar el tipo de vinculación que tuvo el demandante antes del
31 de diciembre de 1980.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La parte demandante guardó silencio.
6 Samai, índice 2, documento: ED_ACTUACIONE_06ESCRITORECURSOAPEL(.PDF) NroActua 2.
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Demandante: Estanislao Guido Caicedo Yela
La UGPP solicitó confirmar lo decidido en primera instancia, con fundamento en lo
expuesto con la contestación de la demanda y en el recurso de apelación7.
1.6. El Ministerio Público
El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿Estanislao Guido Caicedo Yela
acreditó los requisitos para efectos de que le fuera reconocida la pensión gracia
solicitada de conformidad con el régimen prestacional previsto en la Ley 114 de
1913 y demás normas que la regulan?
Para resolver la Sala abordará la siguiente temática: (1) marco normativo; (2) caso
concreto; (3) costas; y (4) conclusión.
2.2. Marco normativo
La Ley 114 de 19138 creó la pensión gracia como un reconocimiento a la dedicación
al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas
primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era
necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicios
en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra
pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad,
siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y que observara buena conducta.
En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación9 señaló que «el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los
profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que
recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque,
en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los
municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».
Samai, índice 9, documento: 19_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 9
8 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11-S2 del 21 de
junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Posteriormente, las leyes 116 de 192810 y 37 de 193311, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
Al respecto, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de
esta Corporación, fijó algunos lineamientos relevantes sobre la pensión, así12:
«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión
es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe ‹Que no ha recibido ni recibe
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional›. (En este aparte de la
providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).
Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación
por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo
tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o
regionales».
Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley
43 de 197513 y en línea de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 198914, en
la referida providencia de unificación se afirmó que la pensión gracia, debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «colmar las expectativas de
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».
Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 200015 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas concretadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
10 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
11 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado No. S-699.
13 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando
los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se
distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
14 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
15 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.-
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Puntualmente, en cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de
computar los tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente
mencionar que la jurisprudencia de la Sala16 ha explicado lo siguiente:
«Sobre los tiempos nacionales.
(…)
La ley 114 de 1913 que creo (sic) la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: (…)
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198917 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» (negrillas fuera de texto original).
16 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
17 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, en este punto, se recuerdan las reglas que fijó esta
Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de 201818, así:
«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o de las -
situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas
fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».
En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto de
202219, explicó lo siguiente:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».20
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
18 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
20 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-04096-01 (3348-2021)
Demandante: Estanislao Guido Caicedo Yela
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».
En suma, para acceder a la pensión gracia, los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicios en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, teniendo en cuenta que pueden ser computados los tiempos
laborados con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.4. Caso concreto
En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-04096-01 (3348-2021)
Demandante: Estanislao Guido Caicedo Yela
• Estanislao Guido Caicedo Yela nació el 25 de septiembre de 196021, tal y como se
acredita con la copia del registro civil de nacimiento.
• Entre el «25 de marzo al 28 del mismo mes y del 7 de abril al 14 de mayo» de 1980 el
actor remplazó en el Liceo de Santa Librada de Neiva a la profesora Ana Lucila
Rojas de Muñoz, quien se encontraba, por esos días, en licencia de maternidad22.
• Mediante certificación expedida el 2 de mayo de 201723, el secretario de educación
del municipio de Neiva manifestó que «el LICEO SANTA LIBRADA, es una
institución educativa oficial del orden municipal» y que antes de la expedición de la
Ley 715 de 2001 era «instituto docente o establecimiento educativo de educación formal
de carácter femenino, calendario A, Jornada mañana y tarde, de propiedad del
departamento del Huila».
• Con oficio HUI2019EE012282 del 4 de junio de 2019, el líder de hojas de vida de
la Secretaría de Educación del departamento de Huila informó que el demandante
«laboró en el liceo santa librada y los pagos, los realizaba directamente el colegio, ya que
en dicha época, ellos manejaban su propio presupuesto y archivo, como lo evidencia la
Resolución 18 de junio 9 de 1980».
• Para sustentar lo anterior, se adjuntó: i) el formato único para la expedición del
certificado de historia laboral expedido el 24 de octubre de 201624, en el cual se
evidencia que, entre el 25 de febrero de 1972 y el 13 de enero de 2002, la profesora
Ana Lucila Rojas de Muñoz laboró como docente nacionalizada en el departamento
del Huila y; ii) la Resolución 122 de 198025, a través del cual el secretario de
educación del departamento del Huila le concedió una licencia para separarse por
56 días del cargo de «prof. T.C. LICEO SANTA LIBRADA _ NEIVA, en segunda
categoría», por licencia de maternidad.
• A través del Decreto 054 de 198426, expedido por el gobernador del Huila se
nombró a Estanislao Guido Caicedo Yela como rector del Colegio Santa Juana de
21 Samai, índice 2, documento: ED_ACTUACIONE_01DEMANDAANEXOSSENT(.PDF) NroActua 2,
folios 15 y 16.
22 Según: i) la Resolución 18 del 9 de julio de 1980, a través de la cual el rector del Liceo de Santa
Librada de Neiva reconoció y autorizó el pago de una licencia de maternidad; ii) certificaciónes
expedidas por la rectora y la vicerrectora de la institución educativa. Vistos en los folios del 17 al 20,
samai, índice 2, documento: ED_ACTUACIONE_01DEMANDAANEXOSSENT(.PDF) NroActua 2.
23 Samai, índice 2, documento: ED_ACTUACIONE_01DEMANDAANEXOSSENT(.PDF) NroActua 2,
folio 22.
24 Ibidem, folios 231.
25 Ibidem, folios 233 al 236.
26 Ibidem, folios 23 y 24.
10
Radicado: 25000-23-42-000-2017-04096-01 (3348-2021)
Demandante: Estanislao Guido Caicedo Yela
Arco del municipio de Santa María, cargo del que tomó posesión el 3 de febrero de
198427.
• Según el certificado de historia laboral expedido el 10 de agosto de 2016 28 por la
Secretaría de Educación del Huila, el actor estuvo vinculado como docente en
propiedad, «nacionalizado en forma continua» en el nivel básica secundaria con los
siguientes tiempos de servicios y novedades:
Acto Novedad Desde Hasta
administrativo
Posesión por
Dec. 54 3/02/1984 28/08/1984
nombramiento
Dec. 721 Encargo 29/08/1984 30/11/1984
Dec. 968 Incorporaciones 27/11/1984 4/12/1984
Terminación del
Dec. 979 5/12/1984 4/12/1984
encargo
Dec. 979 Traslado 5/12/1984 31/05/1988
Dec. 583 Incorporaciones 24/06/1988 5/08/1991
Dec. 981 Traslado 6/08/1991 26/12/1991
Dec. 1570 Incorporaciones 27/12/1991 31/08/1992
Comisión de
Dec. 893 5/10/1992 28/09/1994
servicios
Dec. 899 Traslado 12/09/1994 28/12/1997
Dec. 184 Retiros 26/02/1997 1/03/1997
• Con el Decreto 80 del 6 de febrero de 199729 el alcalde mayor de Bogotá nombró
al demandante como directivo docente rector, cargo del que tomó posesión el 3 de
marzo de esa anualidad30.
• Acorde con el formato único para la expedición del certificado de historia laboral
expedido el 24 de octubre de 201631 por la Secretaría de Educación de Bogotá, el
actor estuvo vinculado como docente nacionalizado en el nivel de secundaria con
los siguientes tiempos de servicios y novedades:
Acto Novedad Desde Hasta
administrativo
Nombramiento en
Dec. 080 5/03/1997
propiedad
27 Ibidem, folio 25.
28 Ibidem, folios 26 y 27.
29 Ibidem, folios 29 y 30.
30 Ibidem, folio 31.
31 Ibidem, folio 32.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-04096-01 (3348-2021)
Demandante: Estanislao Guido Caicedo Yela
Licencia sin
Res. 13023 23/01/06 22/04/06
remuneración
Terminación de la
Res. 10491 licencia sin 1/04/06
remuneración
• En declaración juramentada del 11 de octubre de 201632, el docente Estanislao
Guido Caicedo Yela afirmó que se había desempeñado «como docente con honradez,
idoneidad, consagración, y buena conducta». Además, no registraba sanciones ni
inhabilidades vigentes según certificado de antecedentes disciplinarios 187310062
del 12 de octubre de 201633, expedido por la Procuraduría General de la Nación.
De la valoración probatoria, la Sala encuentra que Estanislao Guido Caicedo Yela
fue vinculado en forma temporal, para desempeñarse como educador en remplazo
de la profesora del Liceo Santa Librada, Ana Lucila Rojas de Muñoz. Este es el
periodo que la UGPP pretende desestimar con el argumento de que el demandante
no probó vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
Precisamente, advierte la Sala que, de acuerdo con las certificaciones expedidas
por la Secretaría de Educación Departamental, las expedidas por la institución
educativa, el formato único No.1 y el oficio expedido por el departamento del Huila,
Estanislao Guido Caicedo Yela se vinculó como docente en el Liceo Santa Librada
entre el 25 y el 28 de marzo y el 7 de abril al 14 de mayo de 1980, para cubrir la
licencia de maternidad de Ana Lucila Rojas de Muñoz.
Asimismo, que para la época en que la docente Ana Lucila Rojas de Muñoz disfrutó
de su licencia por maternidad, se encontraba vinculada con la Secretaría de
Educación de Huila como docente nacionalizada, lo cual permite establecer que el
demandante se vinculó en una plaza del orden nacionalizado entre el 25 y el 28 de
marzo y el 7 de abril al 14 de abril de 1980, por tanto ese periodo puede ser
contabilizado para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.
Asimismo, las pruebas documentales relacionadas permiten concluir que
Estanislao Guido Caicedo Yela se vinculó como docente nacionalizado por más de
20 años.
Así la cosas, frente al periodo objeto de controversia se tiene que en el expediente
obran las pruebas que permiten establecer que el demandante prestó sus servicios
como docente interino en el periodo comprendido entre el 25 y el 28 de marzo y el
32 Ibidem, folio 35.
33 Ibidem, folio 34.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-04096-01 (3348-2021)
Demandante: Estanislao Guido Caicedo Yela
7 de abril al 14 de abril de 1980 en remplazo de Ana Lucila Rojas de Muñoz, quien
ostentaba la calidad de docente nacionalizada, situación fáctica que se adecua a los
preceptos mencionados en el marco normativo de esta providencia, según los cuales
para esa época solo existían docentes territoriales y nacionales.
En efecto, como lo ha señalado la reiterada jurisprudencia de esta Corporación34 los
docentes vinculados en interinidad o en forma temporal, deben ser tenidos en
cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la pensión gracia, puesto que en
ejercicio de sus funciones cumplieron las del titular y debieron acreditar iguales
condiciones para ejercer dicho cargo. Además, se destaca que la figura de la
interinidad fue instituida como un mecanismo para garantizar la efectividad de los
servicios educativos en razón a la imposibilidad de contar con docentes de carrera.
Ahora bien, es importante recordar que las vinculaciones en interinidad son
computables para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto lo
relevante es la prestación efectiva del servicio como docente del orden territorial o
nacionalizado, en ese sentido esta Corporación ha sostenido35:
«Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe reiterarse
que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia de jubilación
como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad docente en
el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas en cita y la
jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para efectos de reconocer
la prestación pensional en cita es haber acreditado 20 años al servicio de la docencia
oficial sin importar la modalidad de la vinculación, siempre que esta responda a
cualquiera de las previstas en la ley. En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no
define expresamente la naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos
docentes, esta Corporación ha precisado que dicha figura debe entenderse como el
mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar con
docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en el
ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar
la efectiva prestación de los servicios educativos».
En ese orden, esta Sala encuentra que la vinculación de Estanislao Guido Caicedo
Yela como docente en interinidad puede ser tenida en cuenta para el reconocimiento
de la pensión gracia, situación que, contrario a lo manifestado por la entidad apelante,
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, expedientes 25000 23 42 000 2014 00012 01 (3050-15),
M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, 17001 23 31 000 2012 00008 01(2022-13), M.P. Alfonso
Vargas Rincón, entre otros.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de julio de 2015,
Radicación: No. 250002342000201201275 01, Expediente: No. Interno 0951-2014, Consejero
Ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-04096-01 (3348-2021)
Demandante: Estanislao Guido Caicedo Yela
le permite acreditar en debida forma la vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.
Además, de acuerdo con la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 36, la
calidad de docente territorial se puede acreditar a través del acto administrativo en
el que conste el vínculo y que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales «o, en su defecto, también es posible demostrar tal situación
con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual fue sometido el docente oficial fue de carácter
territorial o nacionalizado»37.
Asimismo, en relación con el periodo siguiente se tiene que, de acuerdo con el
material probatorio que obra en el expediente, Estanislao Guido Caicedo Yela
demostró su vinculación como docente territorial con algunas interrupciones desde el
8 de febrero de 1984 hasta la presentación de la demanda, sin reportar que se hubiese
retirado del servicio38, esto es por más de 20 años, según consta en tales documentos
y que dan cuenta con suficiente claridad el carácter de la plaza que ocupaba.
De este modo, observa la Sala que el actor cumplió con los requisitos exigidos para
acceder a la pensión gracia, como son el haber prestado los servicios como docente
en planteles del orden territorial y/o nacionalizados por más de veinte 20 años,
contar con 50 años de edad y observar buena conducta durante su desempeño
docente.
Como consecuencia de lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia.
2.5. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
36 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del
12 de agosto de 2021, radicado 25000-23-42-000-2016-04348-01(5804-18).
38 Según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-04096-01 (3348-2021)
Demandante: Estanislao Guido Caicedo Yela
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.39
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte vencida
actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en
el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la
parte demandada.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la UGPP debe reconocer la
pensión gracia solicitada por Estanislao Guido Caicedo Yela en aplicación del
régimen prestacional previsto en la Ley 114 de 1913 y demás normas que la regulan.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 29 de abril de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante la cual
se accedió a las pretensiones de la demanda incoada por Estanislao Guido Caicedo
Yela contra la UGPP, de acuerdo con las razones expuestas en la presente
providencia.
39En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-04096-01 (3348-2021)
Demandante: Estanislao Guido Caicedo Yela
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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