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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04503-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04503-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia del 7 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Cundinamarca que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-04503-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de junio de 2026

Radicado: 25000-23-42-000-2017-04503-01 (4345-2022)
Demandante: Colpensiones

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04503-01 (4345-2022)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones - (Colpensiones)
Demandado: Miguel Antonio Morales Medina
Vinculado: Ministerio de Minas y Energía y la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Temas: Compartibilidad y compatibilidad pensional. Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 de 1990. Devolución de sumas
pagadas de buena fe.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver los recursos de apelación
interpuestos por ambas partes contra la sentencia del 7 de junio de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo del Cundinamarca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. La Administradora Colombiana de Pensiones - (Colpensiones), por intermedio
de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, solicitó que se declare la nulidad de la Resolución núm. GNR 51280 del
3 de abril de 2013 que reconoció al señor Miguel Antonio Morales Medina una pensión
de vejez sin tener en cuenta la incompatibilidad con la pensión de jubilación otorgada
por el Instituto de Asuntos Nucleares y pagada actualmente por la UGPP1 .

3. Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, peticionó sea
«libera[da]» de la obligación reconocida en el acto demandado y el reintegro de los
valores pagados por dicho concepto.

1 Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2017-04503-01 (4345-2022)
Demandante: Colpensiones

Hechos.

4. El señor Miguel Antonio Morales Medina nació el 24 de febrero de 1947.
Mediante la Resolución núm. 0770 de 14 de julio de 1989 el Instituto de Asuntos
Nucleares y Energías Alternativas (INEA)2 le otorgó una pensión de jubilación a partir
del 1 de julio de 1988.

5. Colpensiones, por medio de la Resolución núm. GNR 51280 del 3 de abril de
2013 le reconoció una pensión de vejez desde el 4 de marzo de 2009 con valor inicial
de $898.272 COP, con una tasa de reemplazo de 78% por contar con «1.066»
semanas cotizadas por el Instituto de Asuntos Nucleares, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 758 de 1990. Acto modificado por medio de la Resolución
núm. GNR 202750 del 8 de agosto de 2013 «en el sentido de descontar por notas
débitos la suma de $41.305.498», y que fue confirmada a través de la Resolución núm.
GNR 384248 del 31 de octubre de 2014, que resolvió el recurso de reposición contra
el acto anterior.

6. El «13 de febrero de 2016», con el acto administrativo 51280, requirió al
demandado para que otorgara el consentimiento para revocar la Resolución núm. GNR
51280.

Fundamentos de derecho y concepto de violación.

7. Como disposiciones vulneradas invocó: la Constitución Política, artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 y Decreto 813 de 1994.

8. Al desarrollar el concepto de violación, adujo que el artículo 128 Superior
estableció la prohibición de percibir más de una asignación proveniente del empleo
público o de la misma fuente, y en este caso, es claro que el demandado percibe dos
prestaciones financiadas con las mismas cotizaciones realizadas por el mismo
empleador, por lo que las pensiones reconocidas por Instituto de Asuntos Nucleares y
Colpensiones son incompatibles.

Contestación de la demanda.

9. El señor Miguel Antonio Morales Medina3 adujo que la pensión de vejez
reconocida se ajustó al Decreto 758 de 1990, pues en la Resolución núm. GNR 202750
del 8 de agosto de 2013 Colpensiones consideró que la prestación extralegal otorgada
por INEA tiene el carácter compartido al haberse concedido con posterioridad a la
expedición del Decreto 2879 del 17 de octubre 1985 y el empleador continuar
cotizando al ISS, de manera que, en este caso nunca se trató de dos prestaciones

2 En adelante Instituto de Asuntos Nucleares.
3 Folios 67 a 80 del expediente físico.

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separadas compatibles entre sí, sino de una sola pagada de manera compartida con
la UGPP4.

10. El Ministerio de Minas y Energía5 adujo que el demandado no laboró ni ha
laborado al servicio del Ministerio, pues estuvo vinculado al extinto Instituto de Ciencias
Nucleares, y solo tiene la obligación de conservar y custodiar los archivos de sus
extrabajadores, de acuerdo con el Decreto 1681 de 1997.

11. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)6 señaló que, al no haber expedido el acto
demandado, no es la llamada a asumir el pago o realizar gestiones derivadas de la
sentencia. En suma, de acuerdo con el Decreto 2879 de 1985, el FOPEP solo debe
pagar el mayor valor si lo hubiera entre la pensión reconocida por Colpensiones y la
que venía cancelando la entidad empleadora.

Sentencia de primera instancia.

12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 7 de junio
de 20227 declaró la nulidad del acto demandado, «liber[ó]» de la obligación de pagar
la pensión de vejez a Colpensiones, condenó a la UGPP a continuar pagando la
pensión de jubilación conforme fue reconocida por el INEA en la Resolución núm. 0770
de 14 de julio de 1989 y negó las demás pretensiones de la demanda.

13. Para ello encontró acreditado que en la Resolución núm. 0770, el Instituto de
Asuntos Nucleares otorgó una pensión de jubilación legal, no extralegal, tomando en
cuenta el tiempo laborado entre el 18 de febrero de 1968 y el 30 de junio de 1988. A
su vez, Colpensiones reconoció una pensión de vejez legal, por medio de la Resolución
núm. GNR 51280 del 3 de abril de 2013, con inclusión de los tiempos laborados a la
misma entidad entre «19680219» y «19880801». Por lo que ambas entidades
reconocieron pensiones teniendo en cuenta los mismos periodos de cotización
netamente públicos, es decir, son incompatibles.

14. Posterior al reconocimiento, la UGPP modificó la mesada de la pensión de
jubilación que el demandado venía percibiendo, para obligarse solo al mayor valor por
aquello de la compartibilidad. Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia del
Consejo de Estado8, para que opere esta figura debe pactarse que la prestación será
compartida y, además, continuar cotizando al ISS hasta que se reúnan los requisitos
de ley, lo que no ocurrió en este caso, pues verificada la Resolución núm. 0770 no se
pactó la compartibilidad y el INEA no siguió aportando al Instituto.

4
Que reemplazó al FOPEP.
5
Folios 49 a 55 del expediente físico.
6
Folios 113 a 119 del expediente físico.
7 Folios 280 a 294 del expediente físico.
8
Citó sentencia del 25 de septiembre de 2020, proferida bajo el radicado núm. 08001-23-33-000-2014-00318-01
(0113-18).

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Demandante: Colpensiones

15. Así las cosas, la pensión reconocida por Colpensiones no es compatible con la
otorgada por el INEA, y tampoco se cumplen los requisitos para que esta sea
compartida.

16. Finalmente, no procede el reintegro de las sumas pagadas al demandado con
ocasión del acto enjuiciado, pues no se desvirtuó su buena fe; y tampoco por parte de
la UGPP dado que ello no fue peticionado en la demanda.

Recursos de apelación.

17. El apoderado del señor Miguel Antonio Morales Medina9 peticionó se revoque
la sentencia de primera instancia, por cuanto el reconocimiento pensional realizado
por Colpensiones se ajusta a lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990 y, de ser negativo,
se ordene a la demandante devolver los aportes a ella realizados.

18. Expuso que la pensión de vejez contenida en la Resolución núm. GNR 51280
del 3 de abril de 2013 fue reconocida por contar con 1.055 semanas de cotización y
60 años, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 758 de 1990
aplicable por remisión del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por otro lado, la pensión
de jubilación establecida en la Resolución núm. 0770 de 14 de julio de 1989 se
concedió de manera voluntaria por tener más de 20 años de servicio en INEA y 40
años, y tiene la naturaleza de pensión extralegal. De manera que, ambas prestaciones
al tener orígenes diferentes pueden coexistir.

19. Tampoco es cierto que ambas sean sufragadas con dineros del tesoro público,
pues la pensión de jubilación es pagada por «el Estado» y la de vejez es cancelada
por Colpensiones con recursos de naturaleza parafiscal, así que no se contraría el
artículo 128 de la Constitución.

20. Asimismo, no se encuentra percibiendo dos pensiones, sino una única pensión
de manera compartida entre Colpensiones y la UGPP, por lo que no es cierto que se
encuentre percibiendo dos asignaciones del tesoro público.

21. El apoderado de la Administradora Colombiana de Pensiones - (Colpensiones)
en el recurso10 solicitó se revoque el numeral tercero de la sentencia de primera
instancia que negó el reintegro de las sumas pagadas por la entidad, pues el accionado
sí actuó de mala fe para obtener el reconocimiento pensional, toda vez que desde que
le fue solicitada la autorización para revocar el acto demandado tuvo conocimiento de
que se encontraba recibiendo una prestación a la que no tenía derecho, en detrimento
de la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones e incurriendo en un
enriquecimiento injusto.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

9 Folios 302 a 307 del expediente físico.
10 Folios 300 y 301 del expediente físico.

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Demandante: Colpensiones

22. Mediante auto del 25 de noviembre de 202211 se admitió el recurso de
apelación. Dentro de la oportunidad legal para pronunciarse, las partes y el agente del
Ministerio Público guardaron silencio.

23. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
resolverán las apelaciones, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES
Competencia.

24. Esta Corporación es competente para resolver los recursos de apelación
interpuestos de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo12.

Problema jurídico.

25. Le corresponde a la Subsección determinar si, contrario a lo considerado, por
el tribunal, el demandante no se encuentra percibiendo dos pensiones, sino una única
prestación de manera compartida acorde con el Decreto 758 de 1990. De ser negativo,
si ambas prestaciones son compatibles por cancelarse una con recursos públicos y la
otra con parafiscales. Y si procede la devolución de los aportes a pensiones realizados
a Colpensiones.

26. De no prosperar los reparos de la parte demandada, si hay lugar a ordenar la
devolución de las mesadas pensionales pagadas por Colpensiones, en tanto se
acreditó la mala fe.

27. A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos, la Sala abordará los siguientes
temas I) Compatibilidad pensional II) Compartibilidad pensional, III) Devolución de
sumas percibidas de buena fe y IV) Caso concreto.

Compatibilidad pensional.

28. La compatibilidad pensional permite percibir la pensión de vejez otorgada por
disposición legal y la de jubilación extralegal reconocida por el empleador, sin perjuicio
de la prohibición constitucional de recibir más de una asignación que provenga del
tesoro público.

29. Sobre el particular, el artículo 64 de la Constitución de 1886 estableció que
nadie podría recibir «dos sueldos» del tesoro, salvo los casos especiales previstos en

11 Índice 6 en SAMAI.
12«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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la ley. Disposición reglamentada en el Decreto 1713 de 1960, norma que en el artículo
1 reiteró la restricción y estableció cuatro excepciones, sin incluir las pensiones de
jubilación y vejez provenientes del erario, así:

Artículo 1º Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del Tesoro
Público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo las
excepciones que se determinan a continuación:
a) Las asignaciones que provengan de establecimiento docentes de carácter oficial,
siempre que no se trate de profesorado de tiempo completo;
b) Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario,
hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal permita el ejercicio
regular de tales cargos;
c) Las que provengan de pensión de jubilación y del servicio de cargos públicos,
siempre que el valor conjunto de la pensión y el sueldo que disfruten por el cargo, no
exceda de mil doscientos pesos ($1.200.00) mensuales;
d) Las que con carácter de pensión o sueldo de retiro disfruten los miembros de las
Fuerzas Armadas.
Parágrafo. Para los efectos previstos en los ordinales a) y b) del presente Decreto, se
entiende por horario normal de trabajo la jornada de ocho (8) horas.

30. Sobre la pensión de jubilación, el artículo 77 del Decreto 1848 de 196913
estableció que su disfrute «es incompatible con la percepción de toda asignación
proveniente de entidades de derecho público, establecimientos públicos, empresas
oficiales y sociedades de economía mixta, cualesquiera sea la denominación que se
adopte para el pago de la contraprestación del servicio, salvo lo que para casos
especiales establecen las leyes». Proscripción similar se implementó en el artículo 8414
respecto de la pensión de vejez.

31. Prohibición que no varió con la Constitución Política de 1991, que en su artículo
128 estableció lo siguiente:

«Artículo 128 de la Constitución Política. Nadie podrá desempeñar simultáneamente
más de un empleo público ni recibir más de una asignación

que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga
parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de
las descentralizadas.»

13
« Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968», norma que « regula el régimen prestacional de los
empleados públicos y trabajadores oficiales».
14 Artículo 84º.- Incompatibilidades con el goce de la pensión. El goce de la pensión de retiro por vejez es

incompatible con la percepción de toda asignación proveniente de entidades de derecho público, establecimientos
públicos, empresas oficiales y sociedades de economía mixta, cualesquiera sea la denominación que se adopte
para el pago de la contraprestación del servicio, salvo los casos de excepción previstos por las leyes y en particular
por el Decreto 1713 de 1970 y la Ley 1a. de 1963.

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32. La palabra «asignación» comprende toda clase de remuneración proveniente
de recursos públicos, incluyendo sueldo, honorarios, mesada pensional, entre otras15.
En consecuencia, resulta contrario a derecho devengar dos pensiones de vejez por
tiempos prestados al servicio del Estado, salvo las excepciones previstas en la ley16.

33. Asimismo, no todas las pensiones reconocidas por el Instituto de Seguros
Sociales, hoy Colpensiones, tienen per se la calidad de públicas, pues ello dependerá
del origen de las cotizaciones, en tanto las entidades que conforman los diferentes
regímenes son solo administradoras de los dineros aportados. Por lo que la naturaleza
jurídica de la prestación pensional no depende de su administrador, sino de que la
fuente de los aportes sea pública o privada.17

Compartibilidad pensional.

34. El artículo 60 del Decreto 3041 de 196618, que aprobó el reglamento general
del Instituto del Seguro Social, estableció la subrogación del ISS en el pago de la
pensión de jubilación legal establecida en el Código Sustantivo del Trabajo, que antes
era asumida por el empleador, en los siguientes términos:

«ARTICULO 60. Los trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse en el
Instituto Colombiano de Seguros Sociales contra los riesgos de invalidez, vejez y
muerte, lleven 15 años o más de servicios continuos o discontinuos en una misma
empresa de capital de ochocientos mil pesos ($800.000) moneda corriente o superior,
ingresarán al Seguro Social obligatorio como afiliados para el riesgo de invalidez, vejez
y muerte. Al cumplirse el tiempo de servicios y la edad exigidos por el Código
Sustantivo del Trabajo podrán exigir la jubilación a cargo del patrono y este
estará obligado a pagar dicha jubilación, pero continuarán cotizando en este
seguro hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el instituto para
otorgar la pensión de vejez, y en este momento el instituto procederá a cubrir
dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo
hubiere, entre la pensión otorgada por el instituto y la que le venía siendo pagada por
el patrono.» (Negrilla fuera de texto)

15 Corte Constitucional, Sentencia C – 133 del 1° de abril de 1993. MP. Vladimiro Naranjo Mesa y Auto del 8 de

agosto de 2024, Radicación núm. 25000-23-42-000-2021-00902-01 (2348-2024), C. P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
16 Ley 4° de 1992, artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más

de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado. Exceptúense las siguientes asignaciones:
a. Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la rama legislativa;
b. Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;
c. Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d. Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e. Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud.
f. Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de su asistencia a las mismas,
siempre que no se trate de más de dos juntas.
g. Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes
pensionados. (…)
17 Sentencia de 2 de diciembre de 2019, radicación núm. 25000-23-42-000-2012-01293-01(0775-15) y auto del 8

de agosto de 2024, núm. Interno: 2348-2024, C. P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
18 «Por el cual se aprueba el reglamento general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte».

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35. De manera que, el ISS asumiría progresivamente las pensiones de jubilación
de índole legal. Y en el caso de los empleadores que tenían a su cargo dicha
prestación, podían seguir cotizando en favor del trabajador al Instituto, para que la
entidad administradora asumiera la obligación una vez se cumplieran los requisitos
para acceder a la pensión de vejez.

36. Así las cosas, en virtud de la compartibilidad, el reconocimiento hecho por el
ISS libera al empleador de la carga de sufragar la pensión de jubilación, quedando
obligado únicamente del pago de la diferencia entre ambas prestaciones, y solo si la
pensión asumida por la entidad administradora resulta de menor valor a la que venía
percibiendo el beneficiario.

37. Ahora, en el caso de las pensiones de jubilación extralegales otorgadas a
partir del 17 de octubre de 1985, producto de una convención colectiva, un pacto
colectivo, un laudo arbitral o voluntariamente, se previó la figura de la compartibilidad
por ministerio de la ley, salvo que las partes acuerden lo contrario, conforme al artículo
18 Decreto 758 de 199019:

«Artículo 18. Compartibilidad de las Pensiones Extralegales. Los patronos registrados
como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores
afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo,
laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985,
continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los
asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de
vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de
cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada
por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado.

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva
convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya
dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán
compartidas con el Instituto de Seguros Sociales.»

38. Sin embargo, dado que antes del 17 de octubre de 1985 no existía dicha
previsión, la regla general era la compatibilidad entre la pensión legal y la extralegal,
con la posibilidad de que empleador y empleado pactaran la compartibilidad 20. Sobre
el particular, la Corte Constitucional ha considerado:

«Por un lado, la compatibilidad de las pensiones de vejez (legal) y de jubilación
(convencional) le otorga el derecho al pensionado a percibir de manera simultánea
ambas prestaciones, de manera integral. Esta figura es aplicable a los casos en los
que la pensión de jubilación convencional fue reconocida por el empleador con
anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2879 de 1985, el 17 de octubre de

19 «Por el cual se aprueba el acuerdo número 049 de febrero 1º de 1990 emanado del consejo nacional de seguros

sociales obligatorios.»
20 Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 20 de junio de 2024, núm. Interna: 5054-2022.

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1985. La compatibilidad, además, implica la obligación del pensionado de realizar
directamente las cotizaciones correspondientes ante el sistema de seguridad social,
con el fin de cumplir los requisitos de ley para acceder a la pensión de vejez.

Por otro lado, a diferencia de la compatibilidad, la compartibilidad de las pensiones
regula las situaciones en las que a un trabajador que recibe una pensión de jubilación
concedida con posterioridad al 17 de octubre de 1985, le es reconocida una pensión
legal o de vejez. La compartibilidad trae como consecuencia que, desde el momento
en que el ISS o Colpensiones reconoce la pensión de vejez, el empleador se subroga
en su obligación de pagar la pensión extralegal, quedando a su cargo únicamente la
diferencia entre la pensión de jubilación y la de vejez, cuando la primera es de mayor
valor que la última. Por último, bajo el fenómeno de la compartibilidad pensional, el
empleador queda obligado al pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social,
hasta cuando el pensionado acceda a su pensión de vejez.»21

39. Se precisa que la figura de la compartibilidad no afecta a los beneficiarios en
tanto su derecho pensional es reconocido en cumplimiento de los requisitos
dispuestos en las normas que resulten aplicables:

«También que la compartibilidad no afecta la pensión reconocida por Colpensiones
pues esta se liquida con base en los aportes efectuados por el empleador y el IBL
pensional se calcula teniendo en cuenta solo dichos aportes, sin que el mayor valor
que eventualmente deba pagar el empleador redunde negativamente en
Colpensiones.

Se advierte además que la aplicación de la figura de la compartibilidad tampoco afecta
a los beneficiarios pues como tal el derecho pensional ya fue reconocido conforme a
las normas establecidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 o en el Decreto 758
de 1990 como lo fue en este caso.»22

40. Asimismo, la figura no impide que una vez el accionado haya adquirido el
estatus pensional pueda seguir afiliado al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, y aumentar el Ingreso Base de Cotización23.

Devolución de sumas percibidas de buena fe.

41. El artículo 164, numeral 1, literal (c) del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo estableció que no hay lugar a recuperar las
prestaciones periódicas pagadas a particulares de buena fe.

42. Es preciso tener en cuenta que el principio de buena fe fue consagrado en el
artículo 83 de la Constitución Política, en los siguientes términos:

21 Sentencia T 280 del 19 de julio de 2018.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Auto del 11 de abril

de 2024. Radicación nro. 70001-23-33-000-2018-00304-01 (7088-2023)
23 Auto del 20 de noviembre de 2024, núm. Interno: 3096-2024. C. p. Luis Eduardo Mesa Nieves.

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Demandante: Colpensiones

«ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquellos adelanten ante éstas».

43. En la ponencia relativa al principio de buena fe en la Asamblea Nacional
Constituyente se señaló que este tiene dos elementos fundamentales: i) el primer
elemento lo constituye el deber genérico de obrar de buena fe, lo que implica un límite
a los derechos de los particulares, quienes no pueden abusar del ejercicio de las
prerrogativas que el ordenamiento les reconoce y, además, sirve de barrera para evitar
la desviación de poder de las autoridades, y ii) el segundo elemento, se encuentra en
la presunción de buena fe en la actuación de los particulares, la cual se justificó en los
siguientes términos:

«Este principio que parecería ser de la esencia del derecho en Colombia ha sido
sustituido por una general desconfianza hacia el particular. Esta concepción negativa
ha permeado todo el sistema burocrático colombiano, el cual, so pretexto de
defenderse del asalto siempre mal intencionado de los particulares, se ha convertido
en una fortaleza inexpugnable ante la cual sucumben las pretensiones privadas,
enredadas en una maraña de requisitos y procedimientos que terminan por aniquilar
los derechos sustanciales que las autoridades están obligadas a proteger»24.

44. En relación con este principio la Corte Constitucional ha señalado:

«[…] bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las actuaciones de
los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que sólo en el caso
de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba en contrario, la
presunción de la buena fe que protege las actuaciones de los particulares se mantiene
incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni mucho menos,
la mala fe. Sencillamente, que el margen de la presunción que favorece a los particulares,
las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al principio de
constitucionalidad que informa la ley y el principio de legalidad que nutre la producción
de los actos administrativos. Por consiguiente, podría decirse entonces que la presunción
de buena fe que milita a favor de los particulares, en la balanza Estado-
administración hace las veces de contrapeso institucional de cara a los principios de
constitucionalidad y legalidad que amparan en su orden a la ley y a los actos
administrativos»25.

45. Esta Subsección ha considerado que, para los efectos de la devolución de
prestaciones pagadas de buena fe, no basta con que el particular haya recibido unas
sumas que no encuentran fundamento en una norma jurídica, pues es necesario que

24Cfr, Proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia Nro. 24. Título: Buena Fe. Autores:

Álvaro Gómez Hurtado y Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Gaceta Constitucional 19, marzo 11 de 1991. p. 3.
25 Corte Constitucional, sentencia C – 840 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Jaime Araújo Rentería.

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Demandante: Colpensiones

haya acudido a una maniobra fraudulenta o deshonesta con la cual se haya inducido
en error a la administración26.

46. Lo anterior significa que, conforme al desarrollo del principio de buena fe, que no
basta con que el pago no sea acorde con el ordenamiento jurídico, sino que es
necesario que medie una maniobra deshonesta o con falta de lealtad respecto del
Estado.

Caso concreto.

47. Expone la parte demandada que no se encuentra percibiendo dos pensiones
incompatibles, sino una única prestación de manera compartida con la UGPP
conforme reconoció Colpensiones en la Resolución núm. GNR 202750 del 8 de agosto
de 2013, lo cual se ajusta al Decreto 758 de 1990. Y, en todo caso, ambas prestaciones
son compatibles por tener orígenes y ser sufragadas con recursos diferentes.

48. Encuentra la Sala acreditado que el señor Miguel Antonio Morales Medina
laboró en el Instituto de Asuntos Nucleares desde el 19 de febrero de 1968 hasta el 30
de junio de 198827, pues a partir del día siguiente fue retirado del servicio para disfrutar
de la pensión de jubilación, por medio de la Resolución núm. 0692 del 30 de junio de
198828.

49. Seguidamente, la entidad, a través de la Resolución núm. 0770 del 14 de julio
de 198829 reconoció y ordenó pagar una pensión de jubilación a partir del 1 de julio de
1988, por haber nacido el 24 de febrero de 1947 y laborado 20 años, 1 mes y 16 días,
equivalente al 75% del sueldo mensual percibido durante el último año de servicio, de
acuerdo «con las normas vigentes», esto es, el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969.
Esta prestación fue reajustada en varias ocasiones de conformidad con el artículo 14
de la Ley 100 de 1993, en las Resoluciones núm. 000083 del 14 de febrero de 199430
y 000008 del 16 de enero de 199531.

50. El 15 de agosto de 1996 el Consejo de Estado32, al estudiar la nulidad de la
Resolución núm. 0770 del 14 de julio de 1988, consideró que, si bien esta prestación
fue concedida con fundamento en los Acuerdos 003 de 1976, 006 de 1980 y 027 de
1981 de la Junta Directiva de la INEA, que establecieron sin competencia un régimen
pensional exceptivo para los servidores de dicha entidad, el reconocimiento pensional
constituye una situación jurídica consolidada.

26 En este sentido véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia

de 14 de febrero de 2019, expediente 3096-16, magistrado ponente: William Hernández Gómez; sentencia de 2
de marzo de 2000, expediente 12.971, magistrado ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda; sentencia del 26 de junio
de 2025, expediente 5343-2024, magistrado ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves.
27 Folio 135 CD. CC 177164023(2). “14-Certificado de información laboral-Causante”
28 Folio 135 CD. CC 177164023(2). “2-Acto Administrativo de Retiro del Servicio Oficial-Causante”
29 Folio 135 CD. CC 177164023(2). “7-Resoluciones que resuelve de fondo la petición-Causante”
30 Folio 135 CD. CC 177164023(2). “16-Resoluciones que resuelve de fondo la petición-Causante”.
31 Folio 135 CD. CC 177164023(2). “17-Resoluciones que resuelve de fondo la petición-Causante”.
32Folio 135 CD. CC 177164023(2). “24-Sentencias Judiciales ejecutoriadas-Causante”.

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51. El 9 de diciembre de 1996 se presentó «solicitud de vinculación»33 del señor
Miguel Antonio Morales Medina al ISS, en calidad de «pensionado por jubilación»
dependiente del INEA.

52. De acuerdo con la historial laboral en el ISS34, el accionado registra
«PERIODOS PAGADOS POR APORTES» del Instituto de Asuntos Nucleares desde
«1968/02/19» hasta «1988/08/01», esto es, 1.055 semanas de cotización35.

53. El 31 de diciembre de 1998 se liquidó el INEA y sus obligaciones fueron
«entregadas al Ministerio de Minas y Energía […] incluyendo la carga prestacional de
los pensionados»36.

54. El 20 de febrero de 2008 el demandado, a través de petición37 con destino a
Instituto de Seguro Social «no autoriz[ó] que el retroactivo pensional, que [l]e
corresponde desde el momento en que se causó el derecho a la pensión de vejez sea
girado al Ministerio de Minas y Energía […] por cuanto el INEA nunca siguió pagando
las cotizaciones ante el ISS con posterioridad al otorgamiento de la pensión, es decir,
desde el 01 de julio de 1988».

55. Mediante la Resolución núm. 28635 del 27 de agosto de 201238, el ISS negó al
accionado la pensión de vejez, puesto que, si bien efectuó cotizaciones al Sistema
General de Pensiones desde el 19 de febrero de 1968 hasta el 1 de agosto de 1988,
el Instituto de Asuntos Nucleares reconoció una pensión a través de la Resolución
núm. 0770 del 14 de julio de 1988 y en ella «no se dejo (sic) establecid[a] la
compartibilidad […] y tampoco se convino la continuidad de las cotizaciones para los
seguros de invalidez, vejez y muerte».

56. Pese a lo anterior, el 3 de abril de 2013 Colpensiones, a través de la Resolución
núm. GNR 05128039 reconoció y ordenó en el pago de una pensión de vejez a su cargo
a partir del 4 de marzo de 2009 con cuantía inicial de $693.632 COP, tasa de
reemplazo del 78% por contar con «1.066» semanas de cotización, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 758 de 1990, aplicable en virtud del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, con inclusión en nómina en «201304». Dicho acto se profirió teniendo en
cuenta los tiempos de servicio comprendidos «DESDE:19680219 HASTA:19880801»
reportados por el Instituto de Asuntos Nucleares.

57. La decisión fue modificada por la Resolución núm. GNR 202750 del 8 de agosto
de 201340, en el sentido de dejar en suspenso el pago del retroactivo pensional y

33 Folio 135 CD. CC 177164023(2). “25-Documentos no requeridos-Causante”.
34 Folio 135 CD. CC 177164023(2). “78-Certificacion de Semanas cotizadas-Causante”,
35 Se colige con el reporte de semanas cotizadas a Colpensiones visible a folios 199 201 del expediente físico.
36
Se transcribe de la Resolución núm. 8145 del 15 de diciembre de 1999 emanada del Ministerio de Minas y
Energía que reajustó la pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 445 de 1998 (Folio 135 CD. “33-Resoluciones
que resuelve de fondo la petición-Causante”)
37 Folio 13 CD. “00030249000000017164023000901” y “00030249000000017164023001001ª”.
38 Folio 13 CD. “00030249000000017164023002001A “ y “00030249000000017164023002101ª”.
39 Folio 135 CD. “2701 ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESUELVE LA PETICION-3-2018-10-17_093526.PDF”.
40 Folio 135 CD. “2701 ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESUELVE LA PETICION-4-2018-10-17_093526.PDF”.

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descontar lo reconocido por dicho concepto por aquello de la compartibilidad, para ello
se consideró:

«Que en el presente caso se trata de una pensión de jubilación legal concedida por el
empleador INEA, por ello esta tiene el carácter de compartida. […] Que revisado los
documentos que hacen parte integral del expediente no registra documento alguno que
autorice el pago del retroactivo pensional a favor de ninguna de las partes, por tanto
hasta que no se allegue dicho documento se dejara en suspenso el beneficiario del
retroactivo pensional.
Que de conformidad con lo anteriormente expuesto se procederá a modificar la
Resolución No. 51280 del 03 de abril de 2013 en el sentido que se descontara por notas
débitos la suma de $ 41.305.498, toda vez que por inconsistencia en el proceso de
nómina el mismo se le giro al asegurado a través BBVA CP 1 QUINCENA oficina
CENTRO SERVICIOS LA ESMERALDA BOGOTA y revisada la base de reintegros no
se encuentra dicha suma reintegrada.»

58. El acto anterior fue confirmado por la Resolución núm. GNR 384248 del 31 de
octubre de 201441.

59. Teniendo en cuenta el reconocimiento anterior, la UGPP42, a través de la
Resolución núm. 000238 del 6 de enero de 201543, dispuso, con fundamento en el
artículo 18 del Decreto 758 de 1990, «[a]justar la mesada pensional en el mayor valor
a cargo de EL FONDO DE PENSIONES PUBLICAS - FOPEP, de la pensión de
JUBILACION reconocida a favor del (a) señor (a) MORALES MEDINA MIGUEL , ya
identificado (a), en la cuantía que resulte entre la diferencia del valor de la
mesada pensional otorgada por el INSTITUTO DE CIENCIAS NUCLEARES Y
ENERGÍAS ALTERNATIVAS en cuantía de $ 57,116.26 al 01 de julio de 1988 y el
valor de la mesada reconocida por COLPENSIONES en cuantía de $693,632 efectiva
a partir del 04 de marzo de 2009, pero con efectos fiscales a partir de
la inclusión en nómina de la presente resolución»44. Prestación, que, por lo menos al
25 de octubre de 2019, se encuentra «ACTIVA»45.

60. El 11 de febrero de 201646 Colpensiones solicitó al demandado la autorización
para revocar la Resolución núm. GNR 051280 del 3 de abril de 2013, sin obtener
respuesta.

41 Folios 84 a 85 del expediente físico.
42 « Que COLPENSIONES ordenó incluir al (la) interesado (a) en la nómina de pensionados del mes de abril de

2013 con la suma de $775,635.
Que por lo anterior queda a cargo del FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL FOPEP
pagar únicamente el mayor valor si lo hubiera, entre la pensión otorgada por el Instituto y/o COLPENSIONES y la
que venía cancelando la entidad patronal a partir del 04 de marzo de 2009, con efectos fiscales a partir de la
inclusión en nómina de la presente resolución.» (Transcrito de la parte considerativa de la Resolución núm.
000238 del 6 de enero de 2015)
43 Folio 135 CD. “2701 RESOLUCIONES QUE RESUELVE DE FONDO LA PETICIÓN-5-2018-10-17_093526.PDF”.

44 Transcrito con errores.
45 Certificó el FOPEP, visible a folios 186 y 187 del expediente físico.
46 Folio 13 CD. “GRP-COM-EN-2016_1401622-20160211063804”.

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61. Ahora bien, de conformidad con la normativa transcrita, para que opere la figura
de la compartibilidad se requiere que el empleador que reconoció la pensión de
jubilación, legal o extra legal, continue aportando al ISS hasta tanto se cumplan los
requisitos para acceder a la pensión de vejez, supuesto de hecho que no ocurrió en
este caso; pues, aunque el Instituto de Asuntos Nucleares concedió la pensión de
jubilación por haber laborado desde el 19 de febrero de 1968 hasta el 30 de junio de
1988, una vez el demandado fue retirado del servicio el empleador no continuó
aportando a la administradora.

62. Así las cosas, contrario a lo indicado por la parte accionada y tal como consideró
el tribunal, la pensión contenida en la Resolución núm. 0770 del 14 de julio de 1988 no
fue reconocida de manera compartida, y debe ser asumida en su totalidad por el la
UGPP-FOPEP47.

63. En cuanto a la alegada compatibilidad, la pensión de jubilación se concedió
respecto del periodo laboral comprendido entre el 19 de febrero de 1968 y el 30 de
junio de 1988 al servicio de la INEA48, lapso incluido para calcular la pensión de vejez
en la Resolución núm. GNR 51280 del 3 de abril de 2013, que se liquidó con los aportes
realizados por dicha entidad entre el 19 de febrero de 1969 y el 1 de agosto de 1988.

64. Por lo anterior, tampoco le asiste razón al señor Miguel Antonio Morales Medina
cuando afirma que la pensión de jubilación es compatible con la pensión de vejez, pues
ambas fueron financiadas con los mismos tiempos de servicio prestados a una entidad
pública. Y es que, como se indicó en el acápite anterior, la naturaleza jurídica de la
prestación pensional no depende de su administrador o su carácter de parafiscal, sino
de origen los aportes, y en este caso, ambas prestaciones tienen el mismo periodo y
la misma fuente pública, por lo que opera la prohibición Constitucional de percibir más
de una asignación del tesoro público.

65. Así las cosas, dado que la incompatibilidad surgió a partir del reconocimiento
realizado por Colpensiones en la Resolución núm. GNR 51280 del 3 de abril de 2013
lo procedente era declarar su nulidad y ordenar a la UGPP con cargo al FOPEP
continuar pagando la totalidad de la pensión de jubilación, pues tampoco resulta
aplicable la figura de la compatiblidad pensional, tal como lo dispuso el tribunal.

66. En cuanto a la solicitud de devolución de los aportes, esta constituye una nueva
pretensión del accionado que no fue objeto de demanda en el curso de la primera
instancia, lo que releva a la Sala de su estudio.

67. Por otra parte, tampoco le asiste razón a Colpensiones al alegar que tiene
derecho al reintegro de sumas pagadas con ocasión a los actos enjuiciados, por cuanto
se encuentra demostrada la mala fe del pensionado por no haber consentido su

47 Fondo que asumió el pago de las pensiones de los fondos insolventes del sector público del orden nacional, de

conformidad con el artículo 130 de la Ley 100 de 1993.
48 Establecimiento público perteneciente al orden nacional, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 588 de 1991.

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revocatoria. Sobre el particular se precisa que esta Subsección49 ha considerado que
dicha actuación no implica per se, un obrar fraudulento, ni doloso dirigido a defraudar
a la administración.

68. Así las cosas, la entidad recurrente no logró acreditar que la demandada se
apartó de los postulados de la buena fe, pues no demostró siquiera sumariamente que
se valiera de maniobras deshonestas o con falta de lealtad para adquirir el derecho,
como tampoco que aportara información falsa para ello.

69. De manera que no puede predicarse el enriquecimiento injusto y la afectación a
la sostenibilidad del Sistema General de Pensiones aludidos.

70. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 7 de junio de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo del Cundinamarca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

Condena en costas.

71. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

72. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

73. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

74. En consecuencia, no se condenará en costas en esta instancia por cuanto no
existe una parte vencida.

75. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

49 Sentencia del 26 de junio de 2025, C. P. Luis Eduardo Mesa Nieves, núm. interno: 5343-2024.

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FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 7 de junio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cundinamarca que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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