Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04562-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04562-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-04562-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04562-01 (6089-2022)
Demandante: Luz Elena Giraldo Zapata
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
– Dirección de Sanidad
Tema: Relación laboral subyacente o encubierta/ auxiliar de
enfermería.
Decisión: Confirma parcialmente sentencia de primera instancia que
declaró la existencia de la relación laboral encubierta.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala de Subsección procede a resolver los recursos de apelación
interpuestos por la parte demandante y la ESE demandada en contra de la
sentencia de 27 de enero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección A, mediante la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 Pretensiones de la demanda1
PRIMERO: La parte demandante solicita declarar la nulidad del acto
administrativo contenido en el oficio No. S-2016-064421/DISAN ASJUR-1.10
del 27 de noviembre de 2016 expedido por el director de Sanidad Policía
Nacional mediante el cual negó el reconocimiento y pago de emolumentos
salariares, prestacionales, indemnizatorios y de seguridad social de la señora
Luz Elena Giraldo Zapata.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se reconozca y ordene:
a. Como consecuencia, declarar la existencia de una relación de carácter
laboral entre la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y la actora, quien
1
folio 302 al 303 del expediente físico.
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Demandante: Luz Elena Giraldo Zapata
se desempeñó como auxiliar de enfermería desde el 20 de junio de 2007 hasta
el 25 de julio de 2016, y en virtud de eso se le reconozca y se le pague la
diferencia salarial existente entre lo devengado por la demandante y un auxiliar
de enfermería de planta y/o uniformado.
b. Ordenar a la entidad a cancelar todos los haberes laborales
correspondientes a prestaciones sociales, trabajo supletorio, (horas extras y
recargos nocturnos), así como efectuar la devolución correspondiente al
porcentaje de seguridad social que asumió la demandante y que le
correspondía a la Dirección de Sanidad como empleadora entre el 20 de junio
de 2007 y el 25 de julio de 2016, calculando sobre el salario previamente
nivelado.
c. Se ordene a la Dirección de Sanidad proceda efectuar la devolución del
valor de todos y cada una de las pólizas que tuvo que adquirir la señora Luz
Elena Giraldo Zapata para poder desarrollar los diferentes contratos firmados
con esta entidad.
d. Que se ordene el pago de la indemnización establecida en la Ley 50 de
1990 artículo 99 esto es, se cancele un día de salario por día de retardo desde
el 15 de febrero de 2008 y hasta la fecha, en virtud de la no consignación de
las cesantías en un fondo.
e. Se ordene el reconocimiento de la correspondiente indexación de las
sumas adeudadas, mes a mes desde que se originaron las obligaciones hasta
que sean reconocidas por tratarse de una obligación de tracto sucesivo;
además, se deben reconocer intereses moratorios sobre los anteriores valores.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda2
La señora Luz Helena Giraldo Zapata relata a través de su apoderada judicial
lo siguiente:
i) Ingresó a laborar el 20 de junio de 2007 mediante contrato de prestación de
servicios con la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección
de Sanidad, como técnico auxiliar de enfermería con un pago pactado de
$1.012.000, valor que fue incrementado anualmente pues su vínculo se
prorrogó durante más de nueve años de la siguiente manera:
No. CONTRATO DURACIÓN
07-7-20898 de 2007 20 de junio al 22 de agosto de 2007
07-7-20013 de 2008 13 de febrero de 2008 noviembre de 2008
9 folio 303 al 307 del expediente físico.
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Demandante: Luz Elena Giraldo Zapata
07-7-20755 de 2008 24 de noviembre de 2008 a 23 de agosto de 2009
07-7-20532 de 2009 4 de septiembre de 2009 al 03 de julio de 2020
81-7-20198 de 2010 14 de julio de 2010 a 12 de noviembre de 2010
81-7-20674 de 2010 23 de noviembre de 2010 al 22 de junio de 2011
81-7-20-381 de 2011 28 de junio de 2011 al 27 de noviembre de 2011
81-7-20-1414 de 2011 09 de diciembre de 2011 al 08 de noviembre de 2012
81-7-201328-12 14 de noviembre de 2012 al 13 de mayo de 2013
81-7-20164-13 15 de mayo de 2013 a 14 de noviembre de 2013
81-7-20966-13 15 de noviembre de 2013 al 30 de julio de 2014
Adición 81-7-20966-13 31 de julio de 2014 a 30 de noviembre de 2014
81-7-201309-14 01 de diciembre de 2014 a 25 de agosto de 2015
81-7-20484-15 26 de agosto de 2015 a 25 julio de 2016
iii) En el desarrollo de sus funciones, prestó sus servicios de manera personal
cumpliendo diferentes turnos, discriminados de la siguiente manera:
• Turnos nocturnos de 7:00 p.m. a 7:00 a.m., día de por medio corrido, es
decir, cumpliendo la función de auxiliar de enfermería sin importar si era
sábado, domingo y festivo, o cualquier día de semana, esto por aproximados
seis meses en el área de sala de parto, sala de cirugía, urgencias de adultos y
rotaciones.
• Posteriormente estuvo en turnos de día, en honorarios de 1:00 p.m. a
7:00 p.m., de lunes a viernes y todos los domingos y festivos de 7:00 a.m. a
7:00 p.m., hasta el año 2011, rotando en diferentes áreas, estuvo tres años en
urgencias de adultos y dos años en cirugía.
• Finalmente, laboró en el área de programación de cirugía que hace parte
del área administrativa en horario de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes.
iv) Sostuvo que a lo largo de su vinculación laboró como auxiliar de enfermería
en distintas áreas, como hospitalización y más de cuatro años en áreas
administrativas en la oficina de programación donde finalizó su vinculación.
v) Añadió que estuvo bajo una continua subordinación y tuvo que cumplir con
un horario establecido directamente por el Hospital Central tal como los
auxiliares de enfermería de planta.
v) Mencionó que el 11 de noviembre de 2016, presentó reclamación
administrativa ante el demandado solicitando el reconocimiento de la relación
laboral desde el 20 de junio de 2007 hasta el 25 de julio de 2016, en
consecuencia solicitó el pago de las diferencias salariales, las prestaciones
sociales, trabajo supletorio como horas extras, recargos nocturnos y la
devolución del porcentaje del pago de seguridad social que asumió y le
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correspondía a la Dirección de Sanidad como empleadora durante ese lapso
calculándose sobre el salario previamente nivelado.
vi) Finamente, agrega que el director de Sanidad de la Policía Nacional,
mediante oficio No. S-2016-094421/DISAN ASJUR-1.10, de fecha 27 de
noviembre de 2017 negó su petición argumentando que no cumplía con los
elementos constitutivos de una relación laboral.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación3
Se invocó en la demanda la violación de las siguientes disposiciones
constitucionales y legales: Constitución Política, artículos 1, 2, 25, 53, 122, 123
y 125 de la Constitución Política; 22, 23 y 24 del C.S.T; Declaración Universal
de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de 1966 y los convenios 87, 98 100 y 111 de la OIT. Ley 100 de
1993; Decreto 806 de 1998, Ley 80 de 1993, Decreto 1950 de 1973 y Decreto
2400 de 1968.
Argumentó que se vulneraron los Decretos 1950 de 1973 y 2400 de 1968, los
cuales prohíben la celebración de contratos de prestación de servicios para
funciones misionales que deben ser realizadas por empleados públicos con
vinculación legal y reglamentaria.
Además, señaló que no se creó el cargo de planta en la Dirección de Sanidad
durante los 9 años de prestación de servicios, ni se nombró a la persona en un
cargo de libre nombramiento y remoción, lo que afectó sus derechos laborales
al mantenerla vinculada por un contrato de prestación de servicios sin pagarle
las prestaciones sociales y con un salario inferior al de un empleado de planta
que realizaba las mismas funciones.
Finalmente sostuvo que se demostraron todos los elementos constitutivos de
la relación laboral con las pruebas aportadas al proceso, por lo que se debe
acceder a las pretensiones de la demanda.
1.4. Contestación de la demanda
La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección de
Sanidad4, a través de apoderada judicial, contestó la demanda incoada,
oponiéndose a las pretensiones, por considerar que existió una relación
contractual regida por la Ley 80 de 1993.
3
folio 307 al 314 del expediente físico.
4
folio 356 al 359 del expediente físico.
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Precisó que la demandante prestó sus servicios supliendo la necesidad del
hospital de contratar una auxiliar de enfermería para atender la demanda de
usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional por medio de contrato
de prestación de servicios y en el mismo se especificaba que no generaba
relación laboral.
De igual manera, argumentó que el hecho de realizar determinada actividad
siguiendo pautas para su ejecución, no otorga al contratista el estatus de
empleado público, pues según la tesis jurisprudencial en reiterados fallos se ha
indicado que el trabajo desempeñado por determinados contratistas no podría
considerarse como una relación laboral, por cuanto en el mismo se presentan
relaciones de coordinación, más no de subordinación, por ello no se le podría
reconocer ni pagar las prestaciones sociales solicitadas.
Para la entidad no se podría declarar una relación laboral entre las partes
considerando que el criterio en el Consejo de Estado supone una situación en
la cual el particular debe recibir instrucciones, reportar informes de resultados
y/o cumplir horarios, sin que ello signifique una relación de subordinación.
En consecuencia, solicitó negar las pretensiones, al tiempo que propuso la
excepción de prescripción.
1.5. Sentencia de primera instancia5
La Sala Segunda – Subsección A del Tribunal de Administrativo de
Cundinamarca dictó sentencia sobre el presente asunto el 27 de enero de 2022,
mediante la cual, declaró la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio
No. S-2016-094421/DISAN ASJUR -1.10 de 27 de noviembre de 2016 y
configurada la existencia de un contrato realidad entre el 20 de junio de 2007 y
25 de julio de 2016, en consecuencia, a título de restablecimiento del derecho
ordenó a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección de
Sanidad a reconocer y pagar a favor de la demandante una indemnización
equivalente a las prestaciones sociales a que hubiere lugar, en su condición de
auxiliar de enfermería. A lo anterior se llegó a través de los siguientes
argumentos:
En cuanto al cumplimiento de los elementos de la prestación personal del
servicio y remuneración, el Tribunal de instancia estableció que, a partir de los
contratos de prestación de servicios adjuntos al expediente, se podía concluir
que, en efecto, la actora prestó sus servicios como auxiliar de enfermería en la
entidad demandada y por ellos recibió una remuneración.
5
folio 394 al 415 del expediente físico.
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Respecto al elemento de subordinación, precisó que las funciones adelantadas
por la demandante no eran transitorias y que fue factible concluir la existencia
de una permanencia en la prestación de sus servicios, dado el tiempo laborado
y las funciones que desarrollaba, las cuales eran semejantes a las de un
funcionario de planta.
A su vez, sostuvo que en la prestación del servicio como auxiliar de enfermería,
la demandante debió estar constantemente bajo la supervisión del jefe del
departamento de enfermería, no solo porque era el supervisor del contrato, sino
también por la solicitud que obra en el expediente de no ser trasladada del área
de urgencias de adultos. Esto permitió concluir que la auxiliar Luz Elena Giraldo
Zapata estaba subordinada y que las decisiones respecto a su ejercicio como
auxiliar no eran de su elección ni una decisión concertada.
De igual manera, se hizo mención al jefe del departamento de enfermería, quien
era el encargado de verificar el cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales y también de designar el lugar de trabajo en el que debía estar.
Esto presupuso que sus funciones diarias y constantes estuvieran siempre
sometidas a observación por parte de la entidad y a una repetida subordinación.
Así mismo, el Tribunal mencionó que la demandante realizaba actividades que
no le permitían ausentarse del turno de trabajo establecido y en caso de ser
necesario por una causa justa, ella debía solicitar dicho permiso a su jefe
inmediato, por cuanto su ausencia generaba un desequilibrio en la prestación
del servicio de salud, pues la labor que ejercía iba directamente relacionada al
objeto misional de la entidad.
Respecto a la remuneración, se evidencia que en los contratos aportados se
estipuló una determinada remuneración que percibía la demandante durante el
tiempo de ejecución.
Frente a la excepción de la prescripción el a quo mencionó que esta corporación
unificó jurisprudencia en relación a los contratos realidad en sentencia del 9 de
septiembre de 2021 y como reglas jurisprudenciales se establecieron que para
que no haya solución de continuidad entre la terminación de un contrato y el
inicio de otro no debe transcurrir más de 30 días.
Así, se precisó que, en razón a que dentro de los contratos aportados se
presentaron dos interrupciones mayores a 30 días, y en vista de que la solicitud
de reconocimiento de los derechos laborales fue realizada el 11 de noviembre
de 2016, dentro del período comprendido entre el 20 de junio de 2007 y 22 de
agosto del 2007 operó el fenómeno de la prescripción.
Por último, negó acceder el reconocimiento y pago de las diferencias salariales
y de las horas extras diurnas y nocturnas, dado que, la relación encubierta
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declarada en favor de la demandante no le daba la condición de empleada
pública, aunado al hecho de que no fueron aportados los elementos de pruebas
que acreditaran la acusación de alguno de los emolumentos pretendidos.
1.6. Recursos de apelación
1.6.1. La parte demandante6 interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, solicitando el reconocimiento del recargo
nocturno y la nivelación salarial.
Argumentó que tenía derecho a la nivelación salarial porque realizaba las
mismas funciones que los empleados de planta, pero con una remuneración
inferior. A su juicio, presentó las pruebas idóneas para demostrar que sus
funciones eran idénticas a las de los empleados de planta. Además, indicó que
el trabajo supletorio, incluyendo horas extras y recargos nocturnos, quedó
debidamente probado. Señaló que laboraba en turnos nocturnos y fines de
semana, y que tenía derecho a la remuneración adicional correspondiente
según la normativa vigente. De igual manera, requirió que la liquidación de las
prestaciones sociales fuera efectuada con base en lo devengado por el salario
de una auxiliar de enfermería de planta.
Finalmente, citó principios constitucionales y jurisprudencia para argumentar
que tenía derecho a recibir el mismo salario por el mismo trabajo,
independientemente del tipo de contrato. Afirmó que la diferencia salarial
vulneraba su derecho a la igualdad.
1.6.2. La parte demandada E.S.E. Salud Pereira7 interpuso igualmente
recurso de apelación en contra de la decisión tomada en primera instancia, a
efectos de que se desestimen las razones de la condena y se revoque la misma.
La entidad argumentó que la relación con la demandante no fue laboral, sino
basada en contratos de prestación de servicios según la Ley 80 de 1993.
Sostuvo que la demandante trabajó bajo coordinación, no subordinación, y que
sus actividades no podían ser realizadas por personal de planta debido a la
insuficiencia de personal. Además, la entidad afirmó que los contratos de
prestación de servicios no generaban relación laboral ni prestaciones sociales.
Señaló, que el desarrollo del contrato no se dio en un ambiente de
subordinación y dependencia, toda vez que se realizaron actividades de
coordinación pues no se contaba con jefe sino con un supervisor que hacía
recomendaciones para el correcto funcionamiento de la actividad que estaba
6
Fls. 521 a 527 Cdr 3 expediente
7 Fls. 541 a 543 Cdr 3 expediente
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sujeta a una disponibilidad de horas pactadas entre las partes más no a un
horario, ni bajo órdenes directas.
Argumentó que la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional respaldaba la legalidad de los contratos de prestación de
servicios en estas circunstancias.
La entidad citó varias decisiones judiciales para apoyar su posición. Por
ejemplo, mencionó una decisión de la Sección Segunda del Consejo de Estado
del 19 de febrero de 2009, que aclaró que la coordinación entre contratante y
contratista no implica subordinación, un elemento esencial del contrato laboral.
Finalmente, solicitó la revocación de la sentencia y el rechazo de las
pretensiones de la demanda, argumentando que no se configuró una relación
laboral y que los contratos se ajustaron a las normas de contratación pública.
1.7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.7.1. La parte demandante8 insistió en los argumentos expuestos en la
demanda y en el recurso de apelación.
1.7.2. La entidad demandada guardó silencio.
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo9.
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:
¿Entre la señora Luz Elena Giraldo Zapata y la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional – Dirección de Sanidad existió una relación laboral
encubierta o subyacente entre el 20 de junio de 2007 y el 25 de julio de 2016?;
8 Índice 19 SAMAI segunda instancia
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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De probarse esa relación laboral encubierta, ¿hubo o no interrupciones en el
término de su duración, asimismo, si esa relación se encuentra o no afectada
por el fenómeno de la prescripción?
y, si como consecuencia, de la existencia de esa relación laboral encubierta
¿tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas
de percibir con ocasión a dicho vínculo y el derecho a la nivelación salarial?
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las
partes.
Asimismo, esa norma establece que los convenios internacionales sobre el
derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano, forman
parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por esta
razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual
por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111
de la OIT,10 constituye, junto con otros principios convencionales,11 un axioma
laboral de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.
Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que
respecta al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos
de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la
Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de
los fines del Estado), el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo
recoge como un tipo de negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes
términos:
«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
10
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
11
Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica),
Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el
cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar
una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada».
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En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales
y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»
Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los
contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni
generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo,
la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha admitido
que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80
de 1993, y la forma en que queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria
de una relación laboral encubierta o subyacente.
Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique
conductas o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el
Estado es el empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos
fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la
Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente
ratificados por el Estado.
En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios,
el elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se
puede matizar ante el surgimiento de una «nueva realidad
laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o
imposición de jornadas laborales o turnos deberá ser valorado
en función del objeto contractual convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que
se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la
inserción del prestador del servicio en el círculo rector,
organizativo o disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de
manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
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asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral.
No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna
manera, una vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la
categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer las
exigencias del artículo 122 de la Carta Política12.
Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante
o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.
Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del
contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que
estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de
la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles,
entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como
término de la no solución de continuidad, el cual, en los casos que se
exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias
que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de
la Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es
improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese
asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de naturaleza
parafiscal.
En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar
cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
12
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-
05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
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estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la
manera más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente indispensable»
puede advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde la entidad
justifica, en función del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el
tiempo máximo que estima imprescindible para la ejecución de un contrato
futuro. De ahí que los contratos de prestación de servicios no puedan
concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se suscriben con personas
naturales.
En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles,
en principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad
para aquellos contratos de prestación de servicios que presenten
interrupciones, cuya consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción
de derechos una vez declarada la relación laboral subyacente. En
consecuencia, de no superarse dicho lapso, se puede concluir «la existencia
de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate que los
objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o
similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades».
A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se reiteró
que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la prescripción de
derechos prestacionales derivados de la relación laboral encubierta o
subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de unificación del
25 de agosto de 201613, según la cual, en caso de encontrarse acreditada la
relación laboral, quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de
los tres años siguientes contados a partir de la finalización del vínculo
contractual, y, en aquellos casos donde se presente solución de continuidad
entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a
partir de sus fechas de finalización14, por lo que de no presentarse la
reclamación en ese período, operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo
relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho
término15.
En igual sentido, mediante providencia de 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo
13 Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021.
14 En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de
prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene
un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez
verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada
en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido
burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación
de servicios. […]» (Negrita fuera del texto)
15 Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado
de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se
demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante como
empleadora.
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cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación
laboral cuya duración deba ser examinada.
Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente la
devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio
en la vía judicial y administrativa.
2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
El material probatorio recaudado en el proceso relevante demuestra lo
siguiente:
• Órdenes de prestación de servicios suscritos entre la demandante y la Nación
– Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección de Sanidad de acuerdo
con las pruebas documentales aportadas al plenario, se colige que la señora
Luz Elena Giraldo tuvo las siguientes vinculaciones con la Policía Nacional -
Dirección de Sanidad:
# Identificación Fecha Fecha de Duración Salario Objeto
contrato u de terminación asignado
adición inicio
1 07-7-20898 de 20 de 21 de febrero de 8 meses Valor del «La contratista se
2007 junio de 2008 contrato: compromete con la
2007 $8.096.000,00 Policía Nacional -
Dirección de
Valor mensual: Sanidad a prestar
$1.012.000,00 sus servicios
profesionales como
TECNICO
(AUXILIAR DE
ENFERMERIA)
para el desarrollo de
las actividades
descritas en la
justificación hecha
por parte de la
Dependencia que
requiere los
servicios, en los
formatos
establecidos para
tal fin, los cuales
forman parte
integral del presente
contrato, con
oportunidad,
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eficiencia y eficacia
(…)»
2 07-7-20013 de 22 de 21 de 9 meses «La contratista se
2008 febrero noviembre de Valor del compromete con la
de 2008 2008 contrato: Policía Nacional -
$ 9.108.000,00 Dirección de
Sanidad a prestar
sus servicios
Valor mensual: profesionales como
$1.012.000.00 TECNICO
(AUXILIAR DE
ENFERMERIA)
para el desarrollo de
las actividades
descritas en la
justificación hecha
por parte de la
Dependencia que
requiere los
servicios, en los
formatos
establecidos para
tal fin, los cuales
forman parte
integral del presente
contrato, con
oportunidad,
eficiencia y eficacia
(…)»
3 07-7-20755 de 24 de 23 de agosto 9 meses Valor del «La contratista se
2008 noviem 2009 contrato: compromete con el
bre de $9.108.000.00 HOCEN a prestar
2008 sus servicios
Valor mensual: profesionales como
$1.012.000.00 TECNICO
(AUXILIAR DE
ENFERMERIA)
para el desarrollo de
las actividades
descritas en la
justificación hecha
por parte de la
Dependencia que
requiere los
servicios, en los
formatos
establecidos para
tal fin, los cuales
forman parte
integral del presente
contrato, con
oportunidad,
eficiencia y eficacia
(…)»
INTERRUPCIÓN DE 9 DÍAS HÁBILES
4 07-7-20532 de 4 de 4 de julio de 10 meses Valor del «La contratista se
2009 septiem 2010 contrato: compromete con el
bre de $10.626.000.00 HOCEN a prestar
2009 sus servicios
profesionales como
Valor mensual: TECNICO
$1.062.600.00 (AUXILIAR DE
ENFERMERIA)
para el desarrollo de
las actividades
descritas en la
justificación hecha
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por parte de la
Dependencia que
requiere los
servicios, en los
formatos
establecidos para
tal fin, los cuales
forman parte
integral del presente
contrato, con
oportunidad,
eficiencia y eficacia
(…)»
INTERRUPCIÓN DE 6 DÍAS HÁBILES
5 81-7-20198 de 14 de 13 de 4 meses Valor del contrato «La contratista se
2010 julio de noviembre de $4.250.400.00 compromete con el
2010 2010 HOCEN a prestar
Valor mensual: sus servicios
$1.062.600.00 profesionales como
TECNICO
(AUXILIAR DE
ENFERMERIA)
para el desarrollo de
las actividades
descritas en la
justificación hecha
por parte de la
Dependencia que
requiere los
servicios, en los
formatos
establecidos para
tal fin, los cuales
forman parte
integral del presente
contrato, con
oportunidad,
eficiencia y eficacia
(…)»
INTERRUPCIÓN DE 5 DÍAS HÁBILES
6 81-7-20674 de 23 de 22 de junio de 7 meses Valor del «La contratista se
2010 noviem 2011 contrato: compromete con la
bre de $7.438.200,00 Policía Nacional -
2010 Dirección de
Sanidad Seccional
Valor mensual: Bogotá a prestar
$1.062.600.00 sus servicios
profesionales como
TECNICO
(AUXILIAR DE
ENFERMERIA)
para el desarrollo de
las actividades
descritas en la
justificación hecha
por parte de la
Dependencia que
requiere los
servicios, en los
formatos
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tal fin, los cuales
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integral del presente
contrato, con
oportunidad,
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eficiencia y eficacia
(…)»
INTERRUPCIÓN DE 2 DÍAS HÁBILES
7 81-7-20-381 de 28 de 27 de 5 meses Valor del «La contratista se
2011 junio de noviembre de contrato: compromete con la
2011 2011 $5.313.000.00 Policía Nacional -
Dirección de
Valor mensual: Sanidad Seccional
$1.062.600.00 Bogotá a prestar
sus servicios
profesionales como
TECNICO
(AUXILIAR DE
ENFERMERIA)
para el desarrollo de
las actividades
descritas en la
justificación hecha
por parte de la
Dependencia que
requiere los
servicios, en los
formatos
establecidos para
tal fin, los cuales
forman parte
integral del presente
contrato, con
oportunidad,
eficiencia y eficacia
(…)»
INTERRUPCIÓN DE 8 DÍAS HÁBILES
8 81-7-20-1414 de 9 de 8 de noviembre 11 meses Valor del contrato «La contratista se
2011 diciemb de 2012 $12.034.422.40 compromete con la
re de Policía Nacional -
2011 Valor mensual: Dirección de
$1.062.600.00 Sanidad Seccional
Bogotá a prestar
sus servicios
profesionales como
TECNICO
(AUXILIAR DE
ENFERMERIA)
para el desarrollo de
las actividades
descritas en la
justificación hecha
por parte de la
Dependencia que
requiere los
servicios, en los
formatos
establecidos para
tal fin, los cuales
forman parte
integral del presente
contrato, con
oportunidad,
eficiencia y eficacia
(…)»
INTERRUPCIÓN DE 2 DÍAS HÁBILES
9 81-7-201328-12 14 de 13 de mayo de 6 meses Valor del «La prestación de
noviem 2013 contrato: servicios
bre de $6.577.704.00 profesionales como
2012 TECNICO
(AUXILIAR DE
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Valor mensual: ENFERMERIA)
$1.096.284.00 para un tiempo no
inferior a 44 horas
semanales (…)»
INTERRUPCIÓN DE 1 DÍA HÁBIL
10 81-7-20164-13 15 de 14 de 6 meses Valor del «La prestación de
mayo noviembre de contrato: servicios
de 2013 2013 $6.577.704.00 profesionales como
TECNICO
Valor mensual: (AUXILIAR DE
$1.096.284.00 ENFERMERIA)
para un tiempo no
inferior a 44 horas
semanales (…)»
11 81-7-20966-13 15 de 30 de julio de 8 meses y Valor del «La prestación de
noviem 2014 16 días contrato: servicios
bre de $9.729.152.00 profesionales como
2013 TECNICO
Valor mensual: (AUXILIAR DE
$1.140.135.00 ENFERMERIA)
para un tiempo no
inferior a 44 horas
semanales (…)»
12 Adición contrato 31 de 30 de 4 meses Valor del «La prestación de
81-7-20966-13 julio de noviembre de contrato: servicios
2014 2014 $4.560.540.00 profesionales como
TECNICO
(AUXILIAR DE
Valor mensual: ENFERMERIA)
$1.140.135.00 para un tiempo no
inferior a 44 horas
semanales (…)»
13 81-7-201309- 1 de 25 de agosto de 8 meses y Valor del «La prestación del
2014 diciemb 2015 25 días contrato: servicio propio de la
re de $10.071.192.50 DIRECCIÓN DE
2014 SANIDAD –
SECCIONAL DE
Valor mensual: SANIDAD BOGOTÁ
$1.140.135.00 de la Policía
Nacional TECNICO
(AUXILIAR DE
ENFERMERIA)
para un tiempo no
inferior a 44 horas
semanales (…)»
14 81-7-20484-15 26 de 25 de julio de 11 meses Valor del «La prestación de
agosto 2016 contrato: servicios
de 2015 $12.541.485.00 profesionales como
TECNICO
Valor mensual: (AUXILIAR DE
$1.140.135.00 ENFERMERIA)
para un tiempo no
inferior a 44 horas
semanales – 190
horas mensuales de
acuerdo a la
Resolución N° 0511
del 22/08/2014 de la
Dirección de
Sanidad de la
Policía Nacional
(…)»
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Demandante: Luz Elena Giraldo Zapata
• Solicitud suscrita por los médicos de urgencias16 dirigida a la jefe de
departamento de enfermería requiriendo no trasladar a la auxiliar de
enfermería Luz Elena Giraldo Zapata por su buen desempeño en el servicio,
compromiso institucional y sentido de pertenencia.
• Reporte de agresión de fecha 3 de marzo de 2014 elevado por la demandante
al director del Hospital Central suscrito por la demandante, en donde se
describe un episodio de agresión en las instalaciones del hospital durante la
prestación del servicio de la demandante.
• Solicitud de nombramiento del 26 de agosto de 201417 dirigida al jefe del
departamento de enfermería del Hospital Central de Policía Nacional mediante
la cual la demandante solicitaba un nombramiento como técnico auxiliar de
enfermería.
• Solicitud de fecha 10 de febrero de 201518 al director de Sanidad Policía
Nacional para la autorización del nombramiento en la institución, teniendo en
cuenta que ha prestado servicio en esa entidad por más de 8 años.
• Constancia del jefe de Grupo de Contratos de la Seccional de Sanidad de
Bogotá19, donde consta que la señora Luz Elena Giraldo Zapata celebró con la
Policía Nacional – Dirección de Sanidad – Seccional de Sanidad Bogotá los
contratos de prestación de servicios: 81-7-20966-13; 1-720164-13, 81-7-
201328-12, 1-7-20-1414 de 2011, 81-7-20-381 de 2011, 81-7-20674-2010, 81-
7-20198 de 2010, 07-7-20532- de 2009, 01-7-0755- de 2008.
• Certificado de fecha 12 de diciembre de 2016 suscrito por la jefe encargada
del grupo de talento humano20 de la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional, en el cual se especifican las prestaciones sociales que se cancelan
a los funcionarios de planta tales como: bonificación de servicios prestados,
prima servicio anual, prima vacacional, prima de navidad, cesantías,
bonificación por recreación, salario vacacional y se relaciona la asignación
básica devengada en la planta de Dirección de Sanidad para cada año y para
los cargos equivalentes a auxiliar de enfermería:
Año Decreto Asignación Básica
2007 600 del 02/03/2007 $894.619
2008 674 del 04/03/2008 $945.523
2009 738 del 06/03/2009 $1.018.045
2010 1529 del 03/05/2010 $1.038.406
2011 1049 del 04/04/2011 $1.071.324
16 Folio 80 del expediente físico.
17
Folio 84 del expediente físico
18 Folio 86 del expediente físico.
19 Folio 87 del expediente físico.
20 Folio 90 del expediente físico.
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Demandante: Luz Elena Giraldo Zapata
2012 0843 del 25/04/2012 $1.124.891
2013 1020 del 21/05/2013 $1.163.588
2014 190 del 07/02/2014 $1.197.798
2015 1120 del 27/05/2015 $1.253.616
2016 238 del 12/02/2016 $1.351.022
• Manual específico de funciones y competencias de un auxiliar de enfermería
de planta.21
-Respuesta a la reclamación administrativa contenida en el oficio No. S-2016-
094421/DISAN ASJUR-1.10 de 27 de noviembre de 201622 mediante la cual
se niega la solicitud y se menciona que el contratista de prestación de servicios
no tiene la calidad de servidor público.
• Certificación expedida por el responsable del proceso de contratos de
prestación de servicios SECSA de la Policía Nacional – Dirección de Sanidad
– Seccional de Sanidad Bogotá23 en donde se relacionan once contratos a los
que se hizo mención anteriormente.
• Comprobantes de turnos realizados por la demandante expedidos por el
Departamento de Enfermería Hospital Central durante los períodos de 1 de
enero de 2009 a 20 de diciembre de 200924; del año 2010 los siguientes meses:
marzo, abril, mayo y 3 de julio25.
Del anterior material probatorio, se tiene demostrada la prestación personal
del servicio de la demandante, comoquiera que fue vinculada como contratista
a través de 13 órdenes o contratos de prestación de servicios suscritos, con la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección de Sanidad –
Seccional de Sanidad, así como en su adición (adición contrato 81-7-20966-
13), y de cuyos textos se desprende la vocación personal e irremplazable que
la ataba en relación con el cumplimiento de los objetos contractuales
suscritos26; y dan cuenta de que la ejecución de sus labores era de manera
personal, las cuales tenían el carácter de indelegables, dichos que no fueron
objeto de tacha alguna por la contraparte.
De la misma manera, con esos elementos de juicio y demás documentales
aportados al plenario, se demuestra el segundo elemento de la relación laboral,
esto es, la contraprestación o remuneración, que se refiere a las sumas de
dinero recibidas por la demandante durante la ejecución de sus labores; montos
21 Folio 92 al 94 del expediente físico.
22 Folio 95 al 96 del expediente físico.
23 Folio 98 del expediente físico.
24 Folios 202 al 295 del expediente físico.
25 Folio 194 al 201 del expediente físico.
26 verbi gracia, la cláusula décima del CPS No. 391-15, cuyo objeto contractual fue “el contratista no
podrá ceder en todo o en parte el presente contrato, sin la previa autorización escrita por parte de La
Empresa Social del Estado”.
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que se encuentran taxativamente descritos en todas las distintas órdenes y
contratos de prestación de servicios que se encuentran expuestos en el cuadro
que antecede.
En cuanto al elemento esencial de la relación laboral esto es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo consiste en la
facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador «el cumplimiento
de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo
de duración del contrato».
Elemento respecto del cual, la Sala ha afirmado que «implica una superioridad
jerárquica en el esquema organizacional de quien se atribuye esta facultad
sobre el subordinado», mientras que la coordinación «más que una facultad
es una obligación que el estatuto de contratación estatal, por medio de las
normas que lo rigen, impone a los entes públicos que desarrollen cualquier tipo
de convenio con rubros oficiales, y que deben realizar para garantizar la
correcta ejecución del objeto contractual. Dicha obligación incluye facultades
de carácter administrativo, que implican regularizar algunas funciones, el definir
horarios en la prestación del servicio contratado e incluso el suministro de
algunos elementos, que identifiquen al contratista con la comunidad; empero,
coordinar de ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica contenida
de la subordinación»27.
En el caso concreto, se tiene acreditado que la demandante estuvo vinculada
por alrededor de 9 años en la Nación – Ministerio de defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección de Sanidad, ejerciendo labores de auxiliar de enfermería,
cumpliendo un mismo objeto contractual28, por lo tanto, resulta necesario
establecer indicios que determinen la existencia de subordinación en la
ejecución de las labores ejecutadas en el presente asunto, atendiendo lo
expuesto por esta Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2-
2021 en la que precisó como tales los siguientes:
“i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la
Sala Plena estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe
valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio
de 2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
28 De la lectora generalizada de los contratos de prestación de servicios suscrito por la actora tanto con la
Nación – Ministerio de defensa Nacional – Policía Nacional – Dirección de Sanidad, se concluye que
aquella tenía como funciones las de «prestar sus servicios de manera personal como técnico – auxiliar de
enfermería.»
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ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación, y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así,
ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o
vigilancia, etc.) habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales y de
turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un
horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente,
tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi, la dirección y control efectivo de las
actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia
de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución
de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los
que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.”
Así pues, siguiendo los criterios previamente expuestos, se procederá a
determinar la existencia de la subordinación en el presente asunto a partir de
los siguientes ítems:
I) Lugar de trabajo: Del análisis en conjunto del acervo probatorio y bajo la
sana crítica, se concluye que el lugar en el cual la actora desarrolló el objeto
contractual pactado con la entidad demandada fue en la Policía Nacional -
Dirección de Sanidad - Hospital Central y en la Seccional Sanidad Bogotá de la
Dirección de Sanidad.
II) La dirección y el control efectivo de las actividades a ejecutar: De la
lectura de las obligaciones contractuales ejecutadas por la demandante,
aunado al análisis realizado por la Sala de las pruebas documentales
encontradas en el plenario, se desprende que las labores ejecutadas por la
actora no fueron realizadas acorde al principio de autonomía y coordinación,
por el contrario, se fundaron en la sujeción a las directrices otorgadas por sus
jefes inmediatos relacionadas con las funciones a ejecutar, el lugar de
desempeño y horario para esos efectos.
Ello se advierte también de la relación que existía en el cumplimiento de sus
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obligaciones con las indicaciones directas y personales que le daban sus jefes
inmediatos, como los médicos de turno. Tanto es así, que fueron ellos mismos
quienes solicitaron29 que la demandante no fuera trasladada del lugar donde
estaba prestando sus servicios. Esto implica que su labor dio paso a una
constante supervisión por parte del personal de la entidad para que ella pudiera
cumplir con los parámetros, directrices u órdenes que le impartían sus jefes
directos.
No sobra acotar que, esta sección en decisiones previas ha considerado que la
labor de enfermería no puede desempeñarse de manera independiente y
autónoma, pues quienes la ejercen no pueden, con se evidencia en el presente
asunto, definir el lugar o el horario en que prestan sus servicios; ni tampoco
suspender su ejecución sin que medie alguna justificación, pues, de hacerse,
se pondría en riesgo la prestación del servicio de salud. Aunado al hecho que,
por regla general, la prestación de este servicio se encuentra regulado por las
directrices que al respecto establezca el personal médico a cargo de los
cuidados y tratamientos que requieran los pacientes a fin de garantizar de
manera íntegra el servicio – derecho fundamental de la salud. De modo que,
con todo, sobre la labor de enfermería recae, en principio, un indicio per se de
subordinación, dirección y control en su ejecución30.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan
los elementos configurativos de la relación laboral:
Al respecto, debe tenerse de presente que La Ley 100 de 1993, en su artículo
194 reguló que «La prestación de servicios de salud en forma directa por la
Nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las
empresas sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de
entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos,
según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo» y en su
artículo 195 señaló el régimen jurídico indicando que «2. El objeto debe ser la
prestación de los servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado
o como parte del servicio público de seguridad social». Luego, en el Decreto
1876 de 1994 se estableció que el objeto de las empresas sociales del Estado
«será la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público
a cargo del Estado y como parte integrante del sistema de seguridad social en
salud».
29
Folio 80 del expediente físico.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 21 de abril
de 2016, expediente 2820-2014, magistrado ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez. Reiterado en
sentencia de 16 de junio de 2022, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, radicado interno 4679-2019.
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De tal manera que, teniendo la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional - Dirección de Sanidad, la función de prestación del servicio
público de salud, permite afirmar que las funciones ejecutadas por la aquí
demandante a su servicio tienen una relación directa con el objeto de la
Dirección de Sanidad y no podían ejecutarse de manera esporádica y a criterio
de la contratista, dado el carácter asistencial de la actividad ejecutada; aunado
a lo contemplado en el manual específico de funciones y competencias
aportado a la demanda, en donde se evidencia que el propósito principal de las
auxiliares de enfermería de planta es el mismo que desarrollaba la señora Luz
Elena Giraldo Zapata.
En ese orden de ideas, se evidencia el cumplimiento de los elementos de
prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, propios de una
relación laboral, sin que pueda predicarse la existencia de un vínculo de
coordinación en las actividades ejecutadas por la demandante, como lo
sostiene la entidad demandada en su recurso de apelación; pues de esos
mismos medios de convicción se advierte con claridad meridiana que en
realidad existió entre las partes una relación laboral subyacente, en donde la
demandante ejecutó sus labores de manera subordinada a través de la
imposición de horarios, labores y lugar de prestación del servicio; debiéndose
en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia en este aspecto,
dado que no prosperó el sustento de alzada de inexistencia de relación laboral
en el sub examine.
Ahora, de acuerdo con los lineamientos establecidos por esta Sección, si bien
se declaró la existencia de una relación laboral encubierta, ello no implica que
el demandante obtenga la categoría de empleado público, pues no median los
componentes necesarios para la existencia una relación legal o reglamentaria
en los términos del artículo 122 de la Carta Política.
2.5. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico
Una vez comprobada la existencia de la relación laboral encubierta entre la
contratista y la entidad pública, corresponde determinar si esta fue objeto o no
de interrupción.
El material probatorio revela que la actora inició labores desde el 20 de junio de
2007 hasta el 25 de julio de 2016, lapso en el cual se dieron las siguientes
interrupciones:
• 24 de agosto 2009 al 3 de septiembre de 2009 (9 días hábiles)
• 5 de julio de 2010 al 13 de julio de 2010 (6 días hábiles)
• 14 de noviembre de 2010 al 22 de noviembre de 2010 (5 días hábiles)
• 23 de junio de 2011 al 27 de junio de 2011 (2 días hábiles)
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• 28 de noviembre de 2011 al 8 de diciembre de 2011 (8 días hábiles)
• 9 de noviembre de 2012 al 13 de noviembre de 2012 (2 días hábiles)
• 14 de mayo de 2013 (1 día hábil)
De tal manera que, contrario lo planteado por el a quo, en este caso no se
advierte que se hayan presentado interrupciones superiores a los 30 días que
esta Corporación estableció jurisprudencialmente31 como lapso razonable para
entender que no operó la solución de continuidad, pues la demandante prestó
sus servicios en favor de la entidad enjuiciadas en el período comprendido entre
20 de junio de 2007 y el 25 de julio de 2016, por lo que no había lugar a declarar
la existencia de solución de la continuidad en el servicio. Pues el primer contrato
celebrado entre las partes lo fue por espacio de 8 meses según la cláusula
quinta del mismo y no de dos meses como lo sostiene el tribunal de instancia;
empero como la parte demandante no recurrió tal aspecto la Sala lo mantendrá
incólume, pues la competencia funcional de esta Subsección se limita a los
aspectos argumentativos expresados por el recurrente32 contra la decisión del
tribunal que desfavorece sus intereses, dentro de los cuales, no se advierte
reparo alguno contra la interrupción declarada entre la finalización e inicio de
los contratos celebrados el 20 de junio de 2007 y 13 de febrero de 2008,
respectivamente.
Este entendido ha sido el de la jurisprudencia desde la vigencia del Código de
Procedimiento Civil, cuando la Corte Constitucional sostuvo “las pretensiones
del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la
competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo
de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el
ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum”33.
Y si bien es cierto en este asunto apelaron ambas partes, no es menos cierto
que los recursos no comprenden toda la sentencia, pues mientras la entidad
demandada sostiene que no hubo subordinación en la relación contractual que
mantuvo con la demandante, ésta limitó su desacuerdo con la decisión del a
quo en los aspectos prestacionales no reconocidos, de allí que la Sala no tenga
competencia funcional para ir más allá de lo expresado por cada uno de los
apelantes en sus escritos.
De la prescripción
Se tiene probado en el proceso que el vínculo contractual entre las partes
terminó el 25 de julio de 2016, que la demandante presentó reclamación ante
la entidad el 11 de noviembre de 201634, y la demanda radicada el 30 de mayo
31
SUJ-025-CE-S2-2021
32
Artículos 320 y 328 del CGP.
33
Sentencia C-583 de 1997.
34 Folio 2 al 8; y folio 95 del expediente físico.
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de 201735; de forma que no se configuró el fenómeno de la prescripción de los
emolumentos prestaciones a los que tiene derecho pues no transcurrieron tres
años desde la finalización del vínculo contractual entre las partes y la
reclamación de los derechos en sede administrativa y judicial.
Empero, como se anotó en el acápite anterior este aspecto no fue objeto de
reproche por la parte demandante en su alzada, razón por la cual debe la Sala
mantener lo expresado por el a quo.
2.6. Análisis de la Sala frente al tercer problema jurídico
Frente al reconocimiento y pago de los recargos nocturnos, dominicales y
festivos, debe indicarse que, los cuadros de turnos allegados al proceso no
permiten verificar de manera fehaciente que la actora hubiese causado trabajo
suplementario, pues si bien se indica que prestó sus servicios en ciertos
bloques laborales, lo cierto es que los horarios establecidos en las planillas de
turnos no permiten establecer cuál de ellos fueron cumplidos; además,
únicamente se encuentran dentro del expediente esas planillas de períodos
determinados, desconociéndose si cumplió la totalidad de turnos allí
dispuestos, así como las condiciones y el horario en los que prestó sus
servicios. Por tanto, al recaer en el demandante la carga de la prueba de
demostrar con exactitud, no solamente el período laborado, sino también si
estas fueron ordinarias, dominicales o festivas, si les fueron compensadas o no
o si les fueron autorizadas.
Asimismo, pese a que los documentos aportados precisaron de manera
conjunta que los horarios de labores comprendían turnos nocturnos 7:00 p.m.
a 7:00 a.m. cierto es que, se repite, con esas afirmaciones no es posible
determinar con precisión en qué fechas especificas laboró en horas extras y
cuántas de ellas acumuló durante el tiempo de prestación de sus servicios. Por
tanto, era necesario que la demandante demostrara con vehemencia y claridad
los días y horas extras en que desempeñó su labor como auxiliar de enfermería;
además, tampoco demostró que el trabajo hubiera sido prestado conforme lo
establece el ordenamiento superior.
De igual manera, obra en el expediente la certificación suscrita por la jefe
encargada del grupo de talento humano de la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional, en la que se establece textualmente «se informa que el pago de las
horas extras no está autorizado en la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional» argumento que también consolida la decisión de negar la pretensión
de reconocimiento y pago de trabajo suplementario, recargo nocturno y horas
extras.
35
Folio 336 del expediente físico.
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Respecto a la pretensión de nivelación salarial y prestacional expresada
por la demandante en su alzada, considera la Sala que la misma es
improcedente, pues con la declaración de la relación laboral encubierta no se
otorga la condición de empleado público a la demandante.
Además, la garantía constitucional de primacía de la realidad sobre las
formalidades de los sujetos de las relaciones contractuales consagrada en el
artículo 53 Superior, busca que en aquellos casos donde se demuestren los
elementos del contrato de trabajo, se asegure al trabajador el reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales propias de un vínculo laboral, pero de
ninguna manera tiende a que se garantice la nivelación salarial pretendida.
Finalmente, se adicionará la sentencia apelada en su numeral cuarto, en el
sentido de que la demandante debe acreditar las cotizaciones que realizó al
sistema de seguridad social durante sus vínculos contractuales, pero, si no las
hizo o existe diferencia en su contra, debe pagar o completar, según el caso, el
porcentaje que le corresponde como trabajador.
2.7. De la condena en costas en segunda instancia
El artículo 188 del CPACA establece que «salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que, para
imponer condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración
objetiva, en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran
causado y en la medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos
como la buena fe o la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar
que «en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la
sustentación jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es
procedente o no imponer costas a cargo de alguna de ellas.
En esos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de
la revisión del recurso de apelación, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, en el recurso se sustentaron las razones en defensa jurídica de
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Demandante: Luz Elena Giraldo Zapata
sus intereses y, por ende, no se condenará en costas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: ADICIONAR al numeral cuarto de la sentencia de 27 de enero de
2022, proferida por la Sección Segunda – Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso instaurado por la señora
Luz Elena Giraldo Zapata contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional– Dirección de Sanidad, el siguiente párrafo:
“La demandante debe acreditar las cotizaciones que realizó al sistema
de seguridad social durante sus vínculos contractuales, pero, si no las
hizo o existe diferencia en su contra, debe pagar o completar, según el
caso, el porcentaje que le corresponde como trabajador.”
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del
CPACA.
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