Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-42-000-2017-04677-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Sistema de salud de la fuerza pública
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-42-000-2017-04677-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-42-000-2017-04677-01
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
25 de enero de 2018
SISTEMA DE SALUD DE LA FUERZA PÚBLICA / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD / OBLIGATORIEDAD DEL EXAMEN DE RETIRO / OMISIÓN EN LA PRÁCTICA DE EXAMEN DE RETIRO A MIEMBRO DE LA FUERZA PÚBLICA / AUSENCIA DE VALORACIÓN POR JUNTA MÉDICO LABORAL
[L]a Sala advierte que la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad del Ejército Nacional vulneró los derechos fundamentales invocados por el [actor], al negarse a continuar con el trámite para la realización de la Junta Médico Laboral con ocasión de su retiro del servicio activo, por considerar el trámite abandonado y no expedir nuevamente las órdenes de las especialidades (…) necesarias para continuar con dicho trámite (…) La Sala observa que (…) en todos los casos es obligatoria la realización del examen de retiro para el personal que deja de pertenecer a las fuerzas militares y que conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional en caso de no se efectuarse dicho examen: i) no es posible alegar la prescripción de los derechos que de acuerdo con la ley tenga el funcionario que prestaba el servicio; ii) la obligación de realizar el examen permanece en el tiempo, motivo por el cual debe practicarse cuando lo solicité el ex integrante de las Fuerzas Militares; y iii) las Fuerzas Militares deben asumir las consecuencias que se deriven de la no práctica del mismo. La Sala advierte que, en el caso del [actor], de las pruebas obrantes en el proceso, se desprende que el 5 de febrero de 2016, presentó su Ficha Médica Unificada, la cual fue calificada por un médico de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional el 2 de mayo de 2016, que ordenó la práctica de los exámenes médicos (…) los cuales no han sido practicados pese a que son necesarios para celebrar la correspondiente Junta Médico Laboral y resolver su situación. Por lo anterior, y comoquiera que la realización del examen de retiro es obligatoria en el caso del [actor] y que dicha obligación permanece en el tiempo sin la posibilidad de alegar la prescripción del derecho, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional tiene el deber de realizar todas las gestiones necesarias encaminadas a la culminación del procedimiento tales como la reactivación o la reexpedición de las órdenes para la práctica de los exámenes necesarios para la realización de la Junta Médico Laboral que defina la situación del actor.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 13 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 48 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 49 / LEY 393 DE 1997 - ARTÍCULO 1 / LEY 393 DE 1997 - ARTÍCULO 9 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 6 / DECRETO 1796 DE 2000 - ARTÍCULO 35 / DECRETO 1796 DE 2000 - ARTÍCULO 47
NOTA DE RELATORÍA: La sentencia desarrolla el marco normativo y jurisprudencial de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y a la salud y sobre el examen de retiro de miembros de la fuerza pública.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-42-000-2017-04677-01(AC)
Actor: PEDRO RICARDO MUNEVAR SUÁREZ
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EJÉRCITO NACIONAL, DIRECCIÓN DE SANIDAD
La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado especial del señor Pedro Ricardo Munevar Suárez, contra el fallo proferido el 6 de octubre de 2017, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, que negó el amparo invocado.
La presente providencia tiene las siguientes partes i) antecedentes; ii) consideraciones y iii) resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud
El señor Pedro Ricardo Munevar Suárez, mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la salud, en que, a su juicio, incurrió la accionada al declarar el abandono del tratamiento para la realización de la Junta Médico Laboral con ocasión de su retiro del servicio activo y no expedir nuevamente las órdenes de las especialidades de audiometría tonal seriada, de potenciales evocados auditivos, de endoscopia, de ortopedia y de cirugía general, necesarios para continuar con dicho trámite.
1.2. Hechos
El señor Pedro Ricardo Munevar Suárez fue retirado del servicio como soldado profesional el 30 de diciembre de 2015, puesto que adquirió el derecho a la asignación de retiro.
El señor Pedro Ricardo Munevar Suárez presentó ante la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional ficha médica unificada, el 5 de febrero de 2016, con la finalidad de resolver su situación médico – laboral, con ocasión de su retiro del servicio.
La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional calificó la ficha médica unificada del señor Pedro Ricardo Munevar Suárez y expidió las órdenes para practicar los exámenes de audiometría tonal seriada, de potenciales evocados auditivos, de endoscopia, de ortopedia y de cirugía general, el 2 de mayo de 2016.
El señor Pedro Ricardo Munevar Suárez manifestó que no pudo realizarse los exámenes ordenados, debido a que cada vez que se presentaba a solicitar su agendamiento le informaban que no había presupuesto o que no existía disponibilidad por parte de los especialistas.
El señor Pedro Ricardo Munevar Suárez presentó petición ante la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, con la finalidad de que se reactivaran las órdenes para practicar los exámenes de audiometría tonal seriada, de potenciales evocados auditivos, de endoscopia, de ortopedia y de cirugía general, expedidas el 2 de mayo de 2016.
El Oficial de Gestión Jurídica de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional manifestó al señor Pedro Ricardo Munevar Suárez que no era posible reactivar las órdenes anteriormente señaladas y continuar con su tratamiento médico para la realización de la Junta Médico Laboral por abandono del proceso, mediante oficio nro. 20173391527311 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-1-10 de 8 de septiembre de 2017.
1.3. La solicitud de tutela
El señor Pedro Ricardo Munevar Suárez considera que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la salud al declarar el abandono del tratamiento para la realización de la Junta Médico Laboral, con ocasión de su retiro del servicio activo y no expedir nuevamente las órdenes de las especialidades de audiometría tonal seriada, de potenciales evocados auditivos, de endoscopia, de ortopedia y de cirugía general, necesarios para continuar con dicho trámite.
Afirma que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional aplicó lo previsto en los artículos 35 y 47 del Decreto 1796 de 14 de septiembre de 2000 y declaró el abandono y prescripción del tratamiento, sin tener una justificación válida y razonable, debido a que no existe prueba que demuestre que se le requirió en forma oportuna para la consecución del trámite médico – laboral, ni tuvo en cuenta que no existía disponibilidad presupuestal ni disponibilidad de los médicos especialistas para practicar los exámenes ordenados.
Señala que, nunca se agendaron las correspondientes citas médicas por falta de presupuesto o ausencia de disponibilidad de los médicos especialistas, pese a que se presentó oportunamente a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional para la práctica de los exámenes médicos por retiro y se expidieron órdenes para las especialidades de audiometría tonal seriada, de potenciales evocados auditivos, de endoscopia, de ortopedia y de cirugía general.
Indica que conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional es obligación del Ejército Nacional adelantar la práctica del examen de retiro al personal que deje de pertenecer a la institución, debido a que conforme con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 1796 de 2000 el examen es de carácter definitivo para todos los efectos legales y en caso de no realizarse, las Fuerzas Militares deben asumir las consecuencias que se deriven de dicha situación.
Manifiesta que se vulnera su derecho al debido proceso, debido a que no ha tenido la oportunidad para que se adelanten sus exámenes sicofísicos con ocasión de su retiro y le sean valoradas las lesiones adquiridas con ocasión o por causa del servicio dentro de la correspondiente Junta Médico Laboral.
1.3.1. Pretensiones
El señor Pedro Ricardo Munevar Suárez solicita que se amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la salud y que, en consecuencia, se ordene a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dirección de Sanidad, expedir o reactivar los conceptos médicos correspondientes, con la finalidad de que se practique la Junta Médico Laboral y se evalúen y valoren todas y cada de una de las lesiones que sufrió durante la prestación del servicio y por causa del mismo.
Asimismo, solicita que una vez realizada la Junta Médico Laboral, se ordene a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dirección De Sanidad, reconocer y pagar a su favor las prestaciones sociales a las que haya lugar.
Las pretensiones invocadas en el escrito de tutela, son las siguientes:
“[…]
PETICIÓN DE TUTELA
Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas respetuosamente solicito al señor Juez, tutelar a mí representado el señor PEDRO RICARDO MUNEVAR SUÁREZ, los derechos fundamentales; a la igualdad, al debido proceso y a la salud como elemento integrante del mínimo vital, invocados ORDENANDOLE a la autoridad accionada que:
Primera. Que el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a través de la Dirección de Sanidad, proceda a expedir o reactivar nuevamente los conceptos médicos de las especialidades de: AUDIOMETRÍA TONAL SERIADA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, ENDOSCOPIA, ORTOPEDIA Y CIRUGÍA GENERAL, para que posteriormente y a través de la Junta MÉDICO LABORAL, le evalúen y valoren todas y cada una de las lesiones y afecciones que el citado soldado, adquirió durante la prestación del servicio por causa y razón del mismo.
Segunda. Que, en consecuencia de lo anterior y una vez efectuada dicha valoración médico – laboral, se sirva ordenar al Ejército Nacional efectuar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales (indemnización) a que haya lugar a favor de mi poderdante.
Tercera. Respetuosamente me permito solicitar al Señor Magistrado, que se ordene a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, cumplir su mandato judicial.
Cuarta. Se sirva reconocerme personería, en los términos y para los efectos del nuevo poder especial conferido.
[…]”.
1.3.2. Actuación
El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, mediante auto de 26 de septiembre de 2017, admitió la solicitud de tutela y ordenó notificar al Ministro de Defensa Nacional, al Comandante del Ejército Nacional y al Director General de Sanidad del Ejército Nacional para que en el término de dos (2) días se pronunciaran sobre los hechos objeto de la acción de tutela.
1.3.3. Los informes de las autoridades accionadas
1.3.3.1. El Director General de Sanidad del Ejército Nacional señaló que el señor Pedro Ricardo Munevar Suárez fue retirado del servicio como soldado profesional el 30 de diciembre de 2015, puesto que adquirió el derecho a la asignación de retiro.
Indicó que revisado el Sistema Integrado de Medicina Laboral de la entidad, se verificó que el señor Pedro Ricardo Munevar Suárez radicó la ficha médica unificada el 5 de febrero de 2016 y que el 2 de mayo del mismo año, se emitieron varias órdenes de conceptos médicos.
Afirmó que dentro del expediente médico laboral del señor Pedro Ricardo Munevar Suárez no reposa documentación alguna que demuestre las gestiones adelantadas por aquel para la realización de los correspondientes conceptos médicos.
Señaló que no es posible acceder a la solicitud del señor Pedro Ricardo Munevar Suárez de practicar los exámenes médicos de retiro y convocar a la Junta Médico Laboral, debido a que dicha petición fue presentada de manera extemporánea, conforme con lo previsto en el artículo 47 del Decreto 1796 de 2000.
Sostuvo que no tiene la obligación de llamar o conminar a los retirados del Ejército Nacional a realizar sus exámenes sicofísicos de retiro, puesto que es un derecho que se “[…] encuentra plasmado en el Decreto 1796 de 2000, el cual es de conocimiento de nuestros miembros, y por consiguiente no sirve de excusa la demora injustificada del actor en la realización de los trámites correspondientes, ya que el retirado debe estar atento a los términos y procesos legales a los que tiene derecho […]”.
1.3.3.2. El Ministro de Defensa Nacional y el Comandante del Ejército Nacional, guardaron silencio.
1.3.4. La sentencia impugnada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, mediante sentencia de 6 de octubre de 2017, negó el amparo solicitado, debido a que el señor Pedro Ricardo Munevar Suárez no demostró encontrarse en la imposibilidad de acudir a la realización de los exámenes autorizados por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, ni acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que ameritara la intervención inaplazable del Juez Constitucional en su caso. El Tribunal, en la parte resolutiva de la sentencia dispuso:
“[…]
PRIMERO: NEGAR por improcedente el amparo invocado por el señor Pedro Ricardo Munevar Suárez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión a las partes, por el medio más expedito conforme lo establece el artículo 2.2.3.1.1.4. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, “por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y remítase a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: Una vez regrese el expediente de la Corte Constitucional y en el evento de haber sido excluida de revisión, por Secretaría procédase a su archivo definitivo, dejando las respectivas constancias.
[…]”.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, sostuvo que de las pruebas allegadas al proceso se encontraba demostrado que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional expidió, el 23 de agosto de 2016, órdenes a favor del señor Pedro Ricardo Munevar Suárez, con la finalidad de que se practicaran exámenes de audiometría tonal seriada, potenciales evocados de estado estable, ortopedia y cirugía general y que en el mes de junio de 2017, se reexpidieron órdenes para tales efectos, sin que los mismos practicaran.
Indicó que el señor Pedro Ricardo Munevar Suárez no explicó en el escrito de tutela, las razones por las cuales no se presentó en las dos oportunidades en que se expidieron las órdenes médicas, para proceder a la realización de los exámenes, ni justificó tal situación limitándose a señalar que “[…] cada vez que iba a sacarlas, le manifestaban que no había presupuesto y de igual manera en otras ocasiones, le informaban que no había disponibilidad de los médicos especialistas […]”.
Precisó que si bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido reiteradamente que la convocatoria a la Junta Médico Laboral no es una prestación, sino un derecho, era evidente que el señor Pedro Ricardo Munevar Suárez omitió y abandonó el proceso de retiro y/o tratamiento que pretende se le practique.
1.3.5. La impugnación
El apoderado especial del señor Pedro Ricardo Munevar Suárez manifestó que no es cierto que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional haya vuelto a expedir las órdenes para practicar los exámenes de audiometría tonal seriada, de potenciales evocados auditivos, de endoscopia, de ortopedia y de cirugía general en junio de 2017.
Afirmó que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional indujo en error al juez constitucional debido a que no allegó los documentos que demuestren que ordenó expedir nuevamente las órdenes médicas anteriormente señaladas en junio de 2017.
Indicó que el señor Pedro Ricardo Munevar Suárez es el más interesado en resolver su situación médica, por lo que en caso de haberse expedido las ordenes médicas, ya habría realizado los trámites necesarios con miras a resolver su situación médico laboral.
Señaló que el hecho de que el señor Pedro Ricardo Munevar Suárez este gozando de una asignación de retiro, no exime a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional de resolver su situación médico laboral, debido a que esta constituye una obligación que recae directamente en cabeza del Estado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia de la sala
Esta Sección es competente para conocer de esta acción, de conformidad con los artículos 1º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 1° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.
2.2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
2.3. Problema jurídico
En el caso sub examine, conforme con la solicitud de tutela y el escrito de impugnación presentado por el señor Pedro Ricardo Munevar Suárez, corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, mediante sentencia de 6 de octubre de 2017, acertó al negar el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la salud, del actor invocados por la negativa de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional de continuar con el trámite para la realización de la Junta Médico Laboral con ocasión de su retiro del servicio activo por considerar el trámite abandonado y no expedir nuevamente las órdenes de las especialidades de audiometría tonal seriada, de potenciales evocados auditivos, de endoscopia, de ortopedia y de cirugía general, necesarios para continuar con dicho trámite.
Para efectos de lo anterior, la Sala se referirá: i) a la procedencia de la acción de tutela; ii) al contenido normativo y jurisprudencial de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la salud; iii) al marco normativo y jurisprudencial sobre el examen de retiro de los miembros de las fuerzas armadas; iv) los elementos probatorios allegados dentro del presente proceso; y, v) analizará el caso en concreto, con miras a determinar si, debía o no negarse el amparo invocado por el señor Pedro Ricardo Munevar Suárez.
2.4. Procedencia de la acción de tutela frente a la existencia de otros medios de defensa judicial
La acción de tutela es improcedente cuando existan otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, conforme con lo establecido en el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991. La norma establece:
“[…] Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante […]”.
El señor Pedro Ricardo Munevar Suárez considera que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la salud al declarar el abandono del tratamiento para la realización de la Junta Médico Laboral, con ocasión de su retiro del servicio activo y no expedir nuevamente las órdenes de las especialidades de audiometría tonal seriada, de potenciales evocados auditivos, de endoscopia, de ortopedia y de cirugía general, necesarios para continuar con dicho trámite, conforme con lo previsto en los artículos 35 y 47 del Decreto 1796 de 14 de septiembre de 2000.
El artículo 1° de la Ley 393 de 29 de julio de 1997, establece que:
“[…] Artículo 1º.- Objeto. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o Actos Administrativos […]”.
El artículo 9° de la Ley 393 prevé que la acción de cumplimiento es improcedente cuando la protección de los derechos pueden ser garantizados mediante la acción de tutela. La norma establece:
“[…] Artículo 9º.- Improcedibilidad. La Acción de Cumplimiento no procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la Acción de Tutela. En estos eventos, el Juez le dará a la solicitud el trámite correspondiente al derecho de Tutela.
Tampoco procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del Acto Administrativo, salvo, que de no proceder el Juez, se siga un perjuicio grave e inminente para el accionante […]”.
La Corte Constitucional sostuvo respecto de la improcedencia de la acción de cumplimiento como medio de defensa idóneo para la protección de derechos fundamentales en sentencia T-491 de 2008:
“[…] Al respecto cabe señalar que la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que “el medio que desplaza la viabilidad del amparo tiene que ser materialmente apto para lograr que los derechos fundamentales en juego sean efectivamente protegidos.” Por lo tanto, teniendo en cuenta que de lo que se trata es de brindar efectiva protección a los derechos fundamentales, es necesario verificar, en concreto, si la existencia de un medio alternativo de defensa resulta idóneo y eficaz para proteger el derecho amenazado o vulnerado.
La sola existencia formal y abstracta de un medio de defensa, ha dicho la Corte, no satisface por sí misma la garantía de protección prevista en los artículos 86 y 228 de la Carta, signada por la exigencia de prevalencia del derecho sustancial:
“Así las cosas, para los efectos de establecer cuándo cabe y cuándo no la instauración de una acción de tutela, el juez está obligado a examinar los hechos que ante él se exponen así como las pretensiones del actor, y a verificar si, por sus características, el caso materia de estudio puede ser resuelto, en relación con los derechos fundamentales posiblemente afectados o amenazados, y con la efectividad indispensable para su salvaguarda, por los procedimientos judiciales ordinarios, o si, a la inversa, la falta de respuesta eficiente de los medios respectivos, hace de la tutela la única posibilidad de alcanzar en el caso concreto los objetivos constitucionales”
[…]
De manera que el interés que subyace en la demanda de tutela no es el de poner de manifiesto la renuencia de una autoridad pública a cumplir con un deber legal omitido. La demanda trasciende esta pretensión al propugnar por el diseño de una política integral de Estado que garantice los derechos fundamentales a la vida, la seguridad y la integridad personal de las víctimas de los procesos de esclarecimiento judicial de la Ley de justicia y paz, de la cual sin duda forma parte el cumplimiento de los mandatos contenidos en los artículos 13, 37 y 38 de la Ley 975 de 2005.
Los hechos puestos de presente en la acción de tutela desbordan el ámbito limitado de la acción de cumplimiento cuyo propósito fundamental radica en propender por la eficacia y materialidad del sistema normativo dentro del Estado social de derecho. El marco de esta acción se muestra como insuficiente para amparar las órdenes que se derivarían de la constatación de una efectiva vulneración de los derechos fundamentales que invocan las demandantes. El medio alterno se muestra así como inidóneo para el logro de la pretensión demandada.
Por último, es la propia regulación de la acción de cumplimiento la que orienta la selección del medio judicial, con atributos de idoneidad y eficacia, hacia la tutela. En efecto, el artículo 9° de la ley 393/97 establece como causal de improcedencia de la acción de cumplimiento el que los derechos invocados o comprometidos sean garantizados a través de la acción de tutela. Esta causal se funda en los principios de supremacía de la Constitución y de primacía de los derechos fundamentales (Arts. 4° y 5° C.P.) que imponen al juez el deber de optar por la acción de tutela como mecanismo idóneo, cuando quiera que la situación concreta que se le pone de presente, plantea una eventual afectación iusfundamental.
[…]” (Destaca la Sala).
De lo anterior se desprende que en el caso concreto del señor Pedro Ricardo Munevar Suárez no es procedente la acción de cumplimiento para la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la salud; debido a que: i) el artículo 9° de la Ley 393 prevé que la acción de cumplimiento es improcedente para la protección de derechos fundamentales; y, ii) la solicitud de tutela no tiene como finalidad propender por la eficacia y materialidad del sistema normativo dentro del Estado social de derecho; sino verificar, si la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dirección de Sanidad del Ejército Nacional vulneró los derechos fundamentales del actor al declarar el abandono del tratamiento para la realización de la Junta Médico Laboral, con ocasión de su retiro del servicio activo y no expedir nuevamente las órdenes de las especialidades de audiometría tonal seriada, de potenciales evocados auditivos, de endoscopia, de ortopedia y de cirugía general, necesarios para continuar con dicho trámite.
2.5. Contenido normativo y jurisprudencial de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la salud
2.5.1. El derecho fundamental a la igualdad
El derecho fundamental a la igualdad se encuentra establecido en el artículo 13 de la Constitución Política, que señala que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan […]”.
La Corte Constitucional en la sentencia C- 091 de 2017, se refirió a los elementos del derecho fundamental a la igualdad en el siguiente sentido:
“[…] 36. En atención a lo expuesto, el Constituyente consagró como norma positiva el derecho fundamental a la igualdad en el artículo 13 de la Carta, dotándolo de un contenido normativo complejo, en el que las características ya reseñadas del principio, se concretan así: en el inciso 1º se establece el principio de igualdad formal o igualdad ante la ley; este principio, en términos muy simples implica que las normas jurídicas de origen legal (o aquellas que se le asemejen como los decretos y los actos administrativos de carácter general), sean aplicadas de forma estandarizada cada vez que se configure su supuesto de hecho. Consustancial a este principio es la prohibición de discriminación que prohíbe establecer un trato desigual frente a algunos sujetos en razón de ciertos rasgos de su identidad, tales como la raza, el sexo, la religión y la filiación política o ideológica.
37. El mismo precepto constitucional establece en sus incisos 2º y 3º una dimensión promocional de la igualdad, destinada a superar las desigualdades que, de hecho, enfrentan ciertos grupos tradicionalmente discriminados o marginados, o las personas que, por diversos motivos, se encuentran en situación de vulnerabilidad o debilidad manifiesta. Esta dimensión de la igualdad permite -y en determinados contextos obliga- al Estado a adoptar medidas positivas en favor de esos colectivos o personas, que pueden consistir en una compensación transitoria para lograr la igualdad de oportunidades, en la entrega de beneficios concretos, o en cambios políticamente determinados en la distribución de recursos dentro de la sociedad. Si bien cada una de esas medidas tiene sus especificidades, en su conjunto se agrupan dentro del concepto de igualdad material, para denotar su diferencia con la igualdad formal y resaltar su estrecha relación con el Estado Social de Derecho.
Precisamente por tratarse de un pilar del orden jurídico, compuesto por un amplio contenido normativo, la evaluación sobre el respeto por el principio – derecho a la igualdad constituye uno de los retos esenciales del juez constitucional, lo que explica el surgimiento de una metodología especial de análisis, contenida en el test integrado de razonabilidad, por medio de la cual esta Corporación (y otros operadores jurídicos) pueden determinar si una diferenciación determinada es válida o si por el contrario carece de justificación y se torna en una medida discriminatoria […]”.
Conforme con lo anterior, el derecho fundamental a la igualdad se caracteriza por tener una doble dimensión, una formal que garantiza que las normas de carácter general se apliquen a todas las personas sin discriminarlas por su raza, sexo, religión y/o filiación política o ideológica; y otra material que tiene como finalidad proteger mediante medidas diferenciadoras positivas a grupos de personas que por diversos motivos se encuentran en circunstancias de o de debilidad manifiesta.
2.5.2. El derecho fundamental al debido proceso
El debido proceso es un derecho constitucional fundamental establecido expresamente en el artículo 29 de la Constitución Política y que tiene por objeto la protección de la persona en el marco de las actuaciones judiciales y administrativas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio. La norma establece lo siguiente:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso […]” (Destaca la Sala).
En la sentencia T-061 de 4 de febrero de 2002, la Corte Constitucional fijó los siguientes criterios con relación a este derecho fundamental:
“[…]
La Constitución Política, en su artículo 29, prescribe que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. En virtud de tal disposición, se reconoce el principio de legalidad como pilar fundamental en el ejercicio de las funciones por parte de las autoridades judiciales y administrativas, razón por la cual están obligadas a respetar las formas propias de cada juicio y a asegurar la efectividad de todas aquellas normas que permitan a los administrados presentar, solicitar y controvertir pruebas, y que en últimas, garanticen el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
De esta manera, el debido proceso se define como la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley.
Al respecto, la Corte ha determinado que “Corresponde a la noción de debido proceso, el que se cumple con arreglo a los procedimientos previamente diseñados para preservar las garantías que protegen los derechos de quienes están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, cuando quiera que la autoridad judicial o administrativa deba aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta concreta, lo cual conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación o sanción […]
En esencia, el derecho al debido proceso tiene la función de defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de la convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional […]” (Sentencia C-214 de 1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell) […]” (Destaca la Sala).
La sentencia transcrita permite concluir que el derecho fundamental al debido proceso constituye un límite al poder del Estado y una garantía para los administrados, de modo que las actuaciones de la administración de justicia estén sujetas a los procedimientos señalados en la ley.
Ahora bien, en sentencia T-051 de 10 de febrero de 2016, la Corte Constitucional consideró que el debido proceso comprende: i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; ii) el derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso; iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables. v) el derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo reconocimiento cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo; y, por último, vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.
2.5.3. La regulación constitucional y legal del derecho fundamental a la salud
El artículo 48 de la Constitución Política, en cuanto al derecho a la salud, comprendido en la seguridad social, prevé:
“[…]
Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.
[…]”.
El citado precepto constitucional le atribuye a la seguridad social una doble naturaleza: la primera, como servicio público de obligatoria prestación por el Estado y los particulares autorizados y, la segunda, como un derecho garantizado a todos los ciudadanos.
Por su parte, el artículo 49 de la Carta Política, en relación con lo anterior, estableció que toda persona tiene el derecho de acceso a la protección y recuperación de su salud, el cual se encuentra a cargo del Estado y que debe ser prestado conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
El tenor literal del citado precepto constitucional, es el siguiente:
“[…] ARTÍCULO 49. Modificado. A.L. 2/09, art. 1º.La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad […]”.
Así, en desarrollo de las normas constitucionales citadas, el Congreso de la República expidió la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, con el objetivo de otorgar el amparo frente a aquellas contingencias a las que puedan verse expuestas las personas con la posibilidad de afectar su salud y su situación económica. En ese orden, el sistema fue estructurado con los siguientes componentes: i) el Sistema General en Pensiones, ii) el Sistema General en Salud, iii) el Sistema General de Riesgos Profesionales y, iv) los Servicios Sociales Complementarios.
Asimismo, la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 2015 reconoció el carácter fundamental que comporta el derecho a la salud, tal como lo venía señalando la jurisprudencia constitucional.
Dicha garantía, consiste en una serie de medidas y prestación de servicios, en procura de su materialización, en el más alto nivel de calidad e integralidad posible.
2.6. Marco normativo y jurisprudencial sobre el examen de retiro de los miembros de las fuerzas armadas
Conforme con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 1796 de 2000, el examen para retiro del servicio debe realizarse de manera obligatoria en todos los casos. La disposición prevé:
“[…] ARTICULO 8. EXAMENES PARA RETIRO. El examen para retiro tiene carácter definitivo para todos los efectos legales; por tanto, debe practicarse dentro de los dos (2) meses siguientes al acto administrativo que produce la novedad, siendo de carácter obligatorio en todos los casos. Cuando sin causa justificada el retirado no se presentare dentro de tal término, dicho examen se practicará en los Establecimientos de Sanidad Militar o de Policía por cuenta del interesado.
Los exámenes médico-laborales y tratamientos que se deriven del examen de capacidad sicofísica para retiro, así como la correspondiente Junta Médico-Laboral Militar o de Policía, deben observar completa continuidad desde su comienzo hasta su terminación […]”.
La Corte Constitucional en lo concerniente a la obligación del Ejército Nacional de practicar el examen de retiro al personal que deja de pertenecer a las Fuerzas Militares, mediante sentencia T-948 de 2006 sostuvo:
“[…] 2.3. Obligación del Ejército Nacional de practicar el examen de retiro al personal que deje de pertenecer a dichas Fuerzas Militares
El artículo 8º del Decreto 1796 de 2000, señala que este examen es de carácter definitivo para todos los efectos legales, lo que significa que al ingreso como al retiro del personal del Ejército, se le debe realizar dicho examen. El artículo 8 dice:
[…]
El examen cuando se produce el retiro es obligatorio como lo dice expresamente la norma citada. Las Instituciones Militares no pueden exonerarse de esta obligación argumentando que el retiro fue voluntario. Igualmente, si no se hace el examen de retiro no es posible alegar prescripción de los derechos que de acuerdo con la ley tiene quien se retire del servicio activo. La omisión del deber de realizar el examen impide la prescripción de los derechos que tiene la persona que prestaba servicio a las Fuerzas Militares.
Por tanto, si no se le realiza el examen de retiro esta obligación subsiste por lo cual debe practicarse dicho examen cuando lo solicité el ex-integrante de las Fuerzas Militares. Por otra parte, las Fuerzas Militares deben asumir las consecuencias que se derivan de la no práctica del examen médico de retiro.
Así las cosas, existe una obligación cierta y definida, en cabeza del Estado, de garantizar la debida prestación de los servicios médicos asistenciales a los soldados cuya salud se vea afectada mientras ejercen la actividad castrense o con ocasión de la misma. También esta Corporación ha admitido que en determinados eventos resulta no sólo admisible, sino constitucionalmente obligatorio, extender la cobertura de la atención en salud de los soldados con posterioridad al desacuartelamiento.
Al respecto en sentencia T-107 de 2000, se dijo:
“[…] no es justo que el Estado, a través de las Fuerzas Militares, se niegue a prestarle los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos a quien al ingresar a prestar sus servicios a la patria, ostentaba unas óptimas condiciones de salud y a su desacuartelamiento le persisten unas lesiones ocasionadas por causa y razón de la prestación del servicio militar […]”.
La Corte agregó que es obligación del Estado brindar a las personas y ciudadanos que prestan el servicio en las Fuerzas Militares una atención eficaz y pronta en la salud. Al respecto, en la Sentencia T-534 de 1992, se dijo:
“[...] como persona y ciudadano colombiano, el soldado es portador de una congénita dignidad que lo hace acreedor a recibir del Estado atención eficaz y pronta de su salud y su vida, desde el momento mismo que es reclutado y puesto a disposición y órdenes de sus inmediatos superiores. La ausencia de ceremonias simbólicas no puede ser alegada como eximente, menos aun cuando el soldado presta sus servicios a la patria de la mejor buena fe […]”.
En casos similares, entre ellos, el analizado en la Sentencia T-107 de 2000, esta Corporación manifestó:
“[...] no es justo que el Estado, a través de las Fuerzas Militares, se niegue a prestarle los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos a quien al ingresar a prestar sus servicios a la patria, ostentaba unas óptimas condiciones de salud y a su desacuartelamiento le persisten unas lesiones ocasionadas por causa y razón de la prestación del servicio militar […]”.
En este caso se trató de un soldado regular del Ejército que sufrió una caída mientras realizaba labores propias del servicio que le ocasionaron lesiones en la clavícula y a quien, una vez desacuartelado, se le negó la atención médica que solicitó. La Corte Constitucional señaló:
“[…] Si bien la normatividad vigente establece que una vez finalizada la prestación del servicio militar y otorgada “la baja” concluyen las obligaciones en materia de seguridad social para los que entran a formar parte de la reserva de las Fuerzas Militares en virtud de su desvinculación total, en el presente caso dicha regla presenta una excepción en su aplicación en razón a las circunstancias que dieron lugar al retiro del mismo y al peligro que se cierne sobre los derechos fundamentales a la salud y a la vida del joven Ortíz Millán, que el juez constitucional de tutela no puede pasar por alto […]”.
Para la Corte Constitucional, es claro que las personas que prestan el servicio militar tienen derecho a acceder a los servicios médicos en salud a costa de las instituciones de la Fuerza Pública, de acuerdo con las siguientes reglas:
“[…] (i) Durante todo el tiempo de prestación del servicio militar mientras se encuentre vinculado a las Fuerzas Militares o a la Policía Nacional; (ii) Aún después de su desacuartelamiento, cuando se trate de afecciones que sean producto de la prestación del servicio o (iii) cuando el padecimiento, siendo anterior a éste, se haya agravado durante su prestación, siempre que se cumplan las dos condiciones anteriormente señaladas, esto es, que la información suministrada al momento de la evaluación médica de ingreso haya sido veraz, clara y completa respecto del estado de salud del conscripto y que la lesión preexistente se hubiere agravado de forma sustancial en razón de las actividades desarrolladas durante la prestación del servicio y debido a las deficiencias de los servicios médicos de la unidad militar en la que se encontraba […]” .
Por lo anterior se puede concluir que para que pueda extenderse la cobertura del servicio en salud a los soldados aún después de su desacuartelamiento, cuando han sufrido accidentes o lesión física o mental durante la prestación del servicio, es requisito fundamental la realización del examen de retiro […]” (Destaca la Sala).
De lo anterior se desprende que: i) el examen de retiro es obligatorio en todos los casos en que los miembros del Ejército Nacional se retiran del servicio; ii) si no se efectúa dicho examen, no es posible alegar la prescripción de los derechos que de acuerdo con la ley tenga el funcionario que prestaba el servicio; iii) si no se realiza el examen de retiro dicha obligación subsiste por lo cual debe practicarse cuando lo solicité el ex integrante de las Fuerzas Militares; y iv) las Fuerzas Militares deben asumir las consecuencias que se deriven de la no práctica del mismo.
2.7. Valoración del acervo probatorio
En el caso sub examine, obran los siguientes documentos:
• Ficha médica unificada del señor Pedro Ricardo Munevar Suárez, de 5 de febrero de 2016, en el que se observa que la misma fue calificada el 2 de mayo de 2016, ordenándose la práctica de los exámenes médicos de audiometría tonal seriada, de potenciales evocados auditivos, de endoscopia, de ortopedia y de cirugía general.
• Órdenes suscritas por el Oficial de Sanidad de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, expedidas el 23 de agosto de 2016, para la práctica de los exámenes médicos de audiometría tonal seriada, de potenciales evocados auditivos, de endoscopia, de ortopedia y de cirugía general del señor Pedro Ricardo Munevar Suárez .
• Oficio nro. 20173391527311 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-1-10 de 8 de septiembre de 2017, suscrito por el Oficial de Gestión Jurídica de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, en el que se manifestó al señor Pedro Ricardo Munevar Suárez que no era posible reactivar las órdenes expedidas el 23 de agosto de 2016, y continuar con su tratamiento médico para la realización de la Junta Médico Laboral por abandono del proceso. En el escrito se manifestó:
“[…] Una vez revisado el Sistema Integrado de Medicina Laboral de esta Dirección de Sanidad del Ejército y después de analizar su petición se puede determinar que al interesado se le genera novedad de retiro con la orden administrativa de personal nro. 2467, con fecha 30 de diciembre de 2015, radicó la ficha médica la cual fue calificada el día 2 de mayo de 2016, donde se ordenaron los conceptos médicos por las especialidades de Audiometría Tonal Seriada, Potenciales Evocados Auditivos, Endoscopia, Ortopedia y Cx General, en junio de 2017, se reexpidieron órdenes de concepto como último plazo. A la fecha no reporta ninguna realización de concepto médico. Por las razones expuestas esta Dirección luego de consultar con el equipo médico de medicina laboral concluye que “no es posible continuar con su tratamiento médico laboral por abandono de tratamiento para la realización de la Junta Médico Laboral”.
Por lo anteriormente expuesto se informa que ha operado el abandono y la prescripción del tratamiento, contemplado en el artículo 35 y 47 literal b del Decreto 1796 de 2000 […]”.
2.8. Análisis del caso en concreto
Conforme con el anterior recuento normativo y jurisprudencial de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la salud, del examen de retiro de los miembros de las fuerzas armadas y de la revisión de las pruebas allegadas al presente proceso, la Sala advierte que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dirección de Sanidad del Ejército Nacional vulneró los derechos fundamentales invocados por el señor Pedro Ricardo Munevar Suárez, al negarse a continuar con el trámite para la realización de la Junta Médico Laboral con ocasión de su retiro del servicio activo, por considerar el trámite abandonado y no expedir nuevamente las órdenes de las especialidades de audiometría tonal seriada, de potenciales evocados auditivos, de endoscopia, de ortopedia y de cirugía general, necesarios para continuar con dicho trámite, por los motivos que se exponen a continuación.
La Sala observa que, según lo establecido en el artículo 8 del Decreto 1796 de 2000, en todos los casos es obligatoria la realización del examen de retiro para el personal que deja de pertenecer a las fuerzas militares y que conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional en caso de no se efectuarse dicho examen: i) no es posible alegar la prescripción de los derechos que de acuerdo con la ley tenga el funcionario que prestaba el servicio; ii) la obligación de realizar el examen permanece en el tiempo, motivo por el que cual debe practicarse cuando lo solicité el ex integrante de las Fuerzas Militares; y iii) las Fuerzas Militares deben asumir las consecuencias que se deriven de la no práctica del mismo.
La Sala advierte que, en el caso del señor Pedro Ricardo Munevar Suárez, de las pruebas obrantes en el proceso, se desprende que el 5 de febrero de 2016, presentó su Ficha Médica Unificada, la cual fue calificada por un médico de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional el 2 de mayo de 2016, que ordenó la práctica de los exámenes médicos de audiometría tonal seriada, de potenciales evocados auditivos, de endoscopia, de ortopedia y de cirugía general, los cuales no han sido practicados pese a que son necesarios para celebrar la correspondiente Junta Médico Laboral y resolver su situación.
Por lo anterior, y comoquiera que la realización del examen de retiro es obligatoria en el caso del señor Pedro Ricardo Munevar Suárez y que dicha obligación permanece en el tiempo sin la posibilidad de alegar la prescripción del derecho, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional tiene el deber de realizar todas las gestiones necesarias encaminadas a la culminación del procedimiento tales como la reactivación o la reexpedición de las órdenes para la práctica de los exámenes necesarios para la realización de la Junta Médico Laboral que defina la situación del actor.
Así las cosas, la Sala revocará lo decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, en sentencia de 6 de octubre de 2017, por medio de la cual negó la solicitud de tutela y, en su lugar, amparará los derechos fundamentales invocados por el señor Pedro Ricardo Munevar Suárez.
La Sala en consecuencia, ordenará a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, reactive o reexpida las órdenes para la práctica de los exámenes médicos de audiometría tonal seriada, de potenciales evocados auditivos, de endoscopia, de ortopedia y de cirugía general del señor Pedro Ricardo Munevar Suárez y realice las gestiones necesarias para el agendamiento de las correspondientes citas médicas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. R E S U E L V E:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 4 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la salud del señor Pedro Ricardo Munevar Suárez y ORDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, reactive o reexpida las órdenes para la práctica de los exámenes médicos de audiometría tonal seriada, de potenciales evocados auditivos, de endoscopia, de ortopedia y de cirugía general del señor Pedro Ricardo Munevar Suárez y realice las gestiones necesarias para el agendamiento de las correspondientes citas médicas.
SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley nro. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018).
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
No existe constancia dentro del expediente de la fecha en que fue presentada la solicitud.
“[…] ARTICULO 35. ABANDONO DEL TRATAMIENTO. Cuando el personal de que trata el presente decreto se haya desvinculado sin derecho a la asignación de retiro, pensión de jubilación o pensión de invalidez y abandone o rehúse sin justa causa, por un término de dos (2) meses, o durante el mismo período no cumpla con el tratamiento prescrito por la Sanidad o con las indicaciones que le han sido hechas al respecto, la institución quedará exonerada del reconocimiento y pago de las prestaciones económicas que de ello se deriven […]”.
“[…] ARTÍCULO 47. PRESCRIPCION. Las prestaciones establecidas en el presente decreto prescriben: a. Las mesadas pensionales en el término de tres (3) años. b. Las demás prestaciones en el término de un (1) año”.
"Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 […]".
"Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993". El actor no hace referencia en concreto a alguna providencia de la Corte Constitucional en específico.
“[…] ARTICULO 8. EXAMENES PARA RETIRO. El examen para retiro tiene carácter definitivo para todos los efectos legales; por tanto, debe practicarse dentro de los dos (2) meses siguientes al acto administrativo que produce la novedad, siendo de carácter obligatorio en todos los casos. Cuando sin causa justificada el retirado no se presentare dentro de tal término, dicho examen se practicará en los Establecimientos de Sanidad Militar o de Policía por cuenta del interesado. Los exámenes médico-laborales y tratamientos que se deriven del examen de capacidad sicofísica para retiro, así como la correspondiente Junta Médico-Laboral Militar o de Policía, deben observar completa continuidad desde su comienzo hasta su terminación […]”. Folio 10 del expediente.
“[…] ARTÍCULO 47. PRESCRIPCION. Las prestaciones establecidas en el presente decreto prescriben: a. Las mesadas pensionales en el término de tres (3) años. b. Las demás prestaciones en el término de un (1) año”.
"Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 […]". El Tribunal no señala la jurisprudencia del Consejo de Estado a la que hace referencia.
“[…] ARTICULO 35. ABANDONO DEL TRATAMIENTO.
Cuando el personal de que trata el presente decreto se haya desvinculado sin derecho a la asignación de retiro, pensión de jubilación o pensión de invalidez y abandone o rehúse sin justa causa, por un término de dos (2) meses, o durante el mismo período no cumpla con el tratamiento prescrito por la Sanidad o con las indicaciones que le han sido hechas al respecto, la institución quedará exonerada del reconocimiento y pago de las prestaciones económicas que de ello se deriven […]”.
“[…] ARTÍCULO 47. PRESCRIPCION. Las prestaciones establecidas en el presente decreto prescriben: a. Las mesadas pensionales en el término de tres (3) años. b. Las demás prestaciones en el término de un (1) año”.
"Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 […]".
"Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993". Corte Constitucional, sentencia T-491 de 16 de mayo de 2008. Expediente T-1783291 Actora: Patricia Buriticá Céspedes en nombre propio y en representación de “Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz” (IMP), y otras mujeres víctimas de la violencia M.P. Jaime Córdoba Triviño
Corte Constitucional, sentencia C-091 de 15 de febrero de 2017. Expediente D-11506. Demandantes: Miguel Santiago Guevara Araos, Julián Hernando Barragán Pedraza y Pedro Daniel Contreras Jordán. M.P. María Victoria Calle Correa. Corte Constitucional, T-061 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Magistrado Ponente, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
“Por medio de la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social”.
“Por la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.”
Ver sentencias T-499 de 2009 y T-152 de 2010 entre otras. Corte Constitucional, sentencia T-948 de 16 de noviembre de 2006. Expediente nro. 1373502. Actor: Rodrigo Antonio Cortes Pérez. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Ver Sentencia T-810 de 2004. En la sentencia T-534 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón) se resolvió ordenar al Comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional con sede en Bucaramanga, que dispusiera en el plazo de 48 horas todo lo concerniente al traslado y reclusión del accionante en el Hospital Militar de Santafé de Bogotá, a fin de que recibiera la atención médica que su salud requería, en condiciones dignas y por todo el tiempo necesario. Se pueden consultar sobre el tema las siguientes Sentencias: T-376 de 1997 (MP Hernando Herrera Vergara), por ejemplo, se decidió que el Ejército Nacional desconoció los derechos fundamentales a la salud y la vida del accionante, al haberse negado a continuar prestándole el servicio de salud que requería para tratar una afección sufrida por causa de un accidente ocurrido durante la prestación del servicio. Se resolvió confirmar la sentencia de instancia que había concedido el amparo solicitado.
Por otra parte, en la sentencia T-762 de 1998 (MP Alejandro Martínez Caballero) se decidió así: “(…) es procedente conceder la tutela promovida por el actor en el sentido de amparar los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la seguridad social, ante la existencia actual de lesiones del actor adquiridas con ocasión del servicio militar que lo conducen irremediablemente a la incapacidad laboral y a la invalidez, razón por la cual es necesaria una protección constitucional que se traduce en el derecho que tiene el joven Mosquera Manyoma a ser asistido médica, quirúrgica, hospitalaria y farmacéuticamente y a recibir pensión correspondiente, para sobrevivir con dignidad. Al respecto, sin embargo, es claro que el actor deberá someterse a las valoraciones periódicas que señala la ley en lo concerniente a la evolución clínica de su situación particular.” En relación con este punto también pueden consultarse la sentencia T-393/99; M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz (en este caso se ordenó la práctica de un examen que determinara si la situación padecida por el accionante se había agravado o no durante la prestación del servicio, y que en caso de que la respuesta fuera afirmativa se prestara el servicio de salud del caso). Corte Constitucional, sentencia T-107 de 2000 (MP Antonio Barrera Carbonell). También en Sentencia T-1177 de 2000 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), esta Corporación concedió el amparo fundamental del derecho a la salud en conexidad con la vida digna y la integridad personal, en el caso de un soldado, quien de conformidad con el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, sufrió una disminución de la capacidad laboral del 48.94%. En dicha oportunidad, la Corte ordenó a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional la prestación de los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos destinados a la rehabilitación de las lesiones que sufrió el accionante con ocasión y razón de la prestación del servicio. En el mismo sentido la sentencia T- 643 de 2003 M. P. Rodrigo Escobar Gil. Sentencia T-411/06. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Sentencia T-376 de 1997, Ibídem. Ver, entre otras sentencia la T-824 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional. Sentencia T-810 de 2004. Folios 17 a 19. Folios 5 y 6. Folio 7.
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