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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04837-01

Fecha
4 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04837-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-04837-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

4 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04837-01 (4120-2021)
Demandante: Jorge Pérez Ausique
Demandado: La Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Tema: Marco normativo aplicable a los miembros de la fuerza pública
en materia prestacional. Ámbito de aplicación de los Decretos
1211, 1212, 1213 y 1214 de 1990. Ámbito de aplicación de la Ley
33 de 1985. Asignación de retiro y pensión de jubilación.
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Jorge Pérez Ausique instauró demanda contra la Nación-Ministerio de
Defensa Nacional-Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de los Oficios No. 14062/ ARPRE-GRUPE-130647 del 23
de agosto de 2007, 23282/ARPRE-UNDIN del 21 de octubre de 2010, 136264 del 5
de julio de 2011, S-2015-346069-DIPON/ARPRE-GUBOC 1-10 del 25 de noviembre
de 2015 y 144475 del 17 de agosto de 2016, por medio de los cuales se negó la
pensión de jubilación solicitada, por no haberse acreditado 20 años al servicio del
Estado.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a validar la
acumulación de tiempos por espacio de veinte años y once meses, inicialmente, al
servicio del INPEC y, posteriormente, al servicio de la Policía Nacional.

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-04837-01 (4120-2021)

Que se condene a reconocer la pensión de jubilación, de conformidad con el artículo
99 del Decreto 1214 de 1990 o, en su defecto, el artículo 1° de la Ley 33 de 1985,
por ser las normas que más se aproximan a su condición.

Que se condene a reconocer, liquidar y pagar la pensión de jubilación, con fecha de
causación al 1° de noviembre de 2003, con sus respectivas mesadas adicionales
de junio y diciembre.

Que se condene a pagar, por concepto de mora en el pago de la pensión de
jubilación, las mesadas atrasadas desde el momento en que se hizo exigible la
obligación, es decir, el 1° de noviembre de 2003, con la liquidación de los
respectivos intereses corrientes y moratorios.

Que se condene a reconocer y pagar la pensión de jubilación, teniendo como
ingreso base de liquidación las partidas establecidas en el artículo 102 del Decreto
1214 de 1990.

Que se condene al pago de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por
concepto de perjuicios morales, con ocasión de su retiro injusto.

Que se reconozcan las costas por los gastos de defensa y representación asumidos.

Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido por
el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. Y que, en caso de que no se efectúe el pago
de manera oportuna, se liquiden los intereses comerciales y moratorios hasta que
se efectúe el pago debidamente indexado y actualizado al IPC.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que laboró al servicio del INPEC y de la Policía Nacional así:

ENTIDAD DESDE HASTA TIEMPO
LABORADO
INPEC 15/01/1968 31/01/1974 6 años y 16 días
POLICÍA 20/06/1975 30/06/1981 7 años, 11 meses
NACIONAL y 15 días
POLICÍA 01/09/1983 16/08/1991 7 años, 11 meses
NACIONAL y 15 días

Que al hacer la sumatoria de tiempos como guardián del INPEC y agente de la
Policía Nacional, trabajó al servicio del Estado por un término de 20 años y 11 días.

Que no le fueron cotizados al sistema general de seguridad social algunos tiempos
que laboró como miembro de la Policía Nacional.

Que mediante Oficio No. 14062/ ARPRE-GRUPE-130647 del 23 de agosto de 2007,
la demandada negó el reconocimiento de la pensión de jubilación porque tan solo
contaba con 19 años, 8 meses y 6 días laborados al servicio del Estado.

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-04837-01 (4120-2021)

Que mediante Oficio No. 23282/ARPRE-UNDIN del 21 de octubre de 2010, la
accionada negó la prestación económica solicitada.

Que mediante Oficio No. 136264 del 5 de julio de 2011, la demandada negó el
reconocimiento pensional, indicando que la Ley 33 de 1985 no era aplicable.

Que mediante Oficio No. S-2015-346069-DIPON/ARPRE-GUBOC 1-10 del 25 de
noviembre de 2015, la accionada negó, nuevamente, la aplicación del Decreto 1214
de 1990 y de la Ley 33 de 1985 al caso concreto.

Que mediante Oficio No. 144475 del 17 de agosto de 2016, la demandada negó el
reconocimiento pensional de nuevo.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas los artículos 13, 48, 217 y 218 de la Constitución
Política; las Leyes 74 de 1968 y 33 de 1985; y los Decretos 3135 de 1968, 1848 de
1969 y 1214 de 1990.

En el concepto de violación señaló que los actos administrativos deben declararse
nulos porque desconocieron normas de rango constitucional respecto al régimen
prestacional y pensional de los miembros de la Policía Nacional.

Que los actos desconocieron la aplicación que debía darse del principio de
favorabilidad, para lo cual referenció las Sentencias T-221 de 2006, T-043 de 2007
y T-921 de 2011.

Que existen normas sustantivas que respaldan a los trabajadores cuando han
cotizado antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, refiriéndose a entidades de
derecho público.

Que también existen normas que validan la sumatoria de tiempos laborados en
diferentes entidades públicas, las cuales fueron ignoradas por la demandada.

Que, por analogía, puede reconocerse la prestación económica, para lo cual
referenció la Sentencia C-083 de 1995.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda se presentó, originalmente, ante los Juzgados Administrativos del
Circuito de Bogotá, quienes, por auto del 18 de agosto de 2017, la inadmitieron para
que se corrigiera el acápite de razonamiento de la cuantía1. Una vez subsanada,
por providencia del 15 de septiembre de 2017, se remitió la demanda al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca2, quien la admitió en auto del 19 de enero de
20183.

1 Véase el folio 80.
2 Véase el folio 85.
3 Véase el folio 116.

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La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional “CASUR” se opuso a las
pretensiones indicando que no podía pronunciarse frente a los hechos, toda vez que
los mismos eran competencia de la Policía Nacional, máxime cuando no es
competente para manifestarse sobre el reconocimiento de la pensión de jubilación
solicitada por el demandante. Propuso como excepciones, a las que denominó: falta
de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia del derecho4.

La Policía Nacional se opuso a las pretensiones indicando que los actos
administrativos fueron expedidos por el funcionario competente, en forma regular y
en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, por lo que se presume su
legalidad.

Que el accionante laboró en tiempos discontinuos para la institución, sin alcanzar el
tiempo mínimo de servicio que le permitiera obtener la asignación de retiro, que es
el reconocimiento al que puede llegar un funcionario policial uniformado.

Que el demandante pretende valerse de un tiempo que laboró al servicio del INPEC
para que la Policía Nacional le reconozca la pensión de jubilación, que es una
prestación para el personal que laboró en el Ministerio de Defensa Nacional, como
personal no uniformado o civil.

Que pretende que se cree una simbiosis entre el régimen especial para personal
uniformado y el régimen para personal no uniformado o civil, con el fin que se le
reconozca la pensión de jubilación, aun cuando es claro que laboró como agente de
policía (uniformado)5.

El 6 de noviembre de 2018 se celebró audiencia inicial, en la que se declaró probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de CASUR; se fijó el
litigio; y se decretaron las pruebas6. Una vez se corrió traslado para alegar de
conclusión, se dictó la sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la parte
demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el
veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020), negó las pretensiones tras
considerar que el Decreto 1214 de 1990 solo le es aplicable al personal civil que
preste sus servicios en el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Justicia
Penal Militar, excluyendo, de ese modo, al personal uniformado, como fue el caso
del demandante, quien fue retirado de la institución en calidad de agente.

Que conforme con el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, se excluyen los miembros de
la fuerza pública y de la Policía Nacional del ámbito de su aplicación, por cuanto
gozan de un régimen exceptuado en virtud de las disposiciones constitucionales.

4 Véanse los folios 131-134.
5 Véanse los folios 142-152.
6 Véanse los folios 221-222.

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Que el Decreto 1213 de 1990 era el que estaba vigente en materia prestacional y
pensional para el personal de agentes de la Policía Nacional; norma que, en ningún
momento, estableció pensión de jubilación para el personal uniformado de agentes,
toda vez que lo que contempla es el reconocimiento de la asignación de retiro.

Que para el caso del demandante que fue separado de manera absoluta de la
Policía Nacional, la asignación de retiro se causa al cumplir 15 años de servicio.
Que, sin embargo, no tiene derecho al reconocimiento de la asignación porque el
servicio prestado al INPEC no es computable para efectos del reconocimiento de
dicha prestación.

Que, respecto al principio de favorabilidad, debía precisarse que el hecho de no
cumplir con los requisitos que estableció la norma aplicable no es óbice para aplicar
normas que lo excluyen por pertenecer al grupo de la fuerza pública, de manera
expresa.

Que debían negarse las pretensiones toda vez que, al ser personal uniformado de
la fuerza pública, no puede ser acreedor de la pensión de jubilación prevista para el
personal civil de la Policía Nacional, en la medida que el demandante pertenecía a
un grupo exceptuado, de manera expresa, por el constituyente, dada la naturaleza
del servicio que desempeña7.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que, tras hacer un
recuento normativo y jurisprudencial, manifestó que laboró por más de 20 años al
servicio del Estado.

Que tanto el INPEC como la Policía Nacional son responsables de los pagos al
sistema de seguridad social, indistintamente al sistema y procedimiento.

Que existen normas que pueden aplicarse a su caso concreto, siempre y cuando la
interpretación de estas no sea de carácter exegético, pues al tratarse de derechos
fundamentales debe haber un nivel de tolerancia.

Que al caso no se le dio estudio más allá de la no adecuación a la norma de forma
milimétrica, desatendiendo que existen otros criterios de interpretación y
adecuación jurídica, como la analogía legis/iuris y la doctrina constitucional, que
podían motivar al fallador a encontrar todas las soluciones posibles a un tema que
tiene que ver con la existencia misma del individuo.

Que el Tribunal no tuvo en cuenta la aclaración de voto del magistrado José Rodrigo
Romero Romero quien, de forma práctica, encajó la situación a la normativa
disponible, considerando que debió reconocerse la pensión, con la prevención que
podría hacerse el recobro de aportes o cuotas parte a CAJANAL por el período en
que el demandante laboró en el INPEC.

Que el juez de primera instancia lo revictimizó al someterlo a un proceso

7 Véanse los folios 250-260.

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interminable, máxime cuando no cuenta con ningún ingreso ni servicios de
seguridad social para sí o para su núcleo familiar, y depende de las ventas
ambulantes8.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto del 24 de noviembre de 2021 se admitió el recurso de apelación,
ordenándose a la Secretaría que una vez ejecutoriado el mismo, se pasara el
expediente al despacho para dictar sentencia, salvo que las partes presentaran
solicitud probatoria9.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico que
deberá resolver la Sala consiste en determinar si al demandante le asiste derecho
o no a la pensión de jubilación, de conformidad con el artículo 99 del Decreto 1214
de 1990 o el artículo 1° de la Ley 33 de 1985.

Marco normativo aplicable a los miembros de la fuerza pública en materia
prestacional

En materia de seguridad social integral, la Ley 100 de 1993 se expidió, entre otras,
con la finalidad de acabar la diversidad de regímenes pensionales existentes; sin
embargo, con el objetivo de no menoscabar derechos de personas que se
encontraban próximas a pensionarse o tuviesen cierto tiempo de servicios, se previó
un régimen de transición y se establecieron excepciones al sistema así:

“ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social
contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214
de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la
presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones
Públicas. […]”.

Teniendo presente ese régimen exceptivo, quedó vigente la normativa que había
expedido el presidente de la República con ocasión del revestimiento de facultades
extraordinarias para legislar que le dio el Congreso mediante la Ley 66 de 1989 ─en
virtud del numeral 12, del artículo 76 de la Constitución Política de 1886─, lo cual
se hizo con el fin de reformar los estatutos y el régimen prestacional del personal de
oficiales, suboficiales, agentes y civiles del Ministerio de Defensa, las fuerzas
militares y la Policía Nacional; así como para establecer el régimen de la vigilancia
privada.

Bajo esa competencia de facultades extraordinarias para legislar, se expidió la
siguiente normativa:

8 Véanse los folios 273-276.
9 Véase a índice 3 en el aplicativo SAMAI.

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i) El Decreto 1211 de 1990, por el cual se reformó el Estatuto del Personal
de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y que, de conformidad
con el artículo 1°, sus destinatarios eran los miembros del Ejército, la
Armada y la Fuerza Aérea.

ii) El Decreto 1212 de 1990, por el cual se reformó el Estatuto del Personal
de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional y que, conforme con el
artículo 2°, sus destinatarios eran los Oficiales y Suboficiales de la Policía
Nacional.

iii) El Decreto 1213 de 1990, por el cual se reformó el Estatuto del Personal
de Agentes de la Policía Nacional y que, de conformidad con el artículo
2°, sus destinatarios son los agentes de la Policía Nacional.

iv) El Decreto 1214 de 1990, por el cual se reformó el Estatuto y el Régimen
Prestacional del Personal Civil del Ministerio de Defensa y la Policía
Nacional y que, conforme con el artículo 1°, sus destinatarios son el
personal civil que presta sus servicios en el Ministerio de Defensa, la
Policía Nacional y en la Justicia Penal Militar y su Ministerio Público.

De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional precisó, con relación a los
regímenes prestacionales especiales, que “[…] la existencia de éstos no viola, per
se, el principio de igualdad. Por el contrario, cuando existen situaciones fácticas
diferentes que ameritan tratamientos diferenciados, el legislador puede
razonablemente regularlas de manera diferente”10. Además, en cuanto a las
diferencias que se establecieron entre ellos, también concluyó que “[…] no
constituyen tratos discriminatorios, por cuanto regulan situaciones de hecho
claramente diferentes que ameritan tratos distintos”11.

Así, en punto a las diferencias existentes entre los regímenes especiales, se tiene
que los Decretos 1211 ─artículo 163─, 1212 ─artículo 144─ y 1213 ─artículo 104─
dispusieron que, prestacionalmente, sus destinatarios tendrían derecho a la
“asignación de retiro”, la cual se entiende como una prestación de naturaleza
económica que surge de la relación laboral entre el Estado y los miembros de la
fuerza pública ─fuerzas militares y Policía Nacional─, quienes se hacen acreedores
de esta al cese definitivo de la prestación de sus servicios, en tanto cumplan los
requisitos legalmente determinados. Tal prestación se paga en forma mensual y
vitalicia, y tiene por finalidad la de garantizar, por lo menos, la satisfacción de las
necesidades básicas del trabajador retirado y las de su familia.

Mientras que el Decreto 1214 dispuso en su artículo 98 que tendrían derecho a la
“pensión de jubilación por tiempo continuo” quienes, con anterioridad al 1° de
abril de 1994, estuviesen vinculados como personal civil del Ministerio de Defensa
Nacional, la Policía Nacional, la justicia penal militar y su Ministerio Público, y
acumularan 20 años de labor continua, esto es, que no hubiesen tenido
interrupciones superiores a 15 días.

10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-888 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
11 Ibid.

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A su vez, el artículo 99 ibidem consagró la “pensión de jubilación por tiempo
discontinuo” que, contrario a la anterior, para el cómputo de tiempos
interrumpidos:

“[…] impone analizar si aquellos que estuvieron vinculados como personal
civil con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, se retiraron
del servicio sin acumular 20 años sucesivos de labor e ingresen nuevamente
en la misma calidad (en vigencia del sistema general de seguridad social en
pensiones), conservan el régimen de excepción y pueden jubilarse cuando
colmen los requisitos de edad y tiempo exigidos para tal fin”12.

De lo hasta acá expuesto, se concluye que los miembros de las fuerzas militares y
los de la Policía Nacional tendrán derecho a la asignación de retiro, a partir de la
fecha en que terminen los 3 meses de alta; mientras que el personal civil que presta
sus servicios en el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y en la Justicia Penal
Militar y su Ministerio Público tendrán derecho a la pensión de jubilación, ya sea por
tiempo continuo o discontinuo, según el caso.

Resolución al caso en concreto

El demandante pretende el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación en
los términos del artículo 99 del Decreto Ley 1214 de 1990, el cual dispuso:

“ARTICULO 99. Pensión de jubilación por tiempo discontinuo. El
empleado público del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional que sirva
veinte (20) años discontinuos al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional
o a otras entidades oficiales, y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55)
años si es varón, o cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a partir
de la fecha de su retiro a que por el Tesoro Público se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%)
del último salario devengado, tomando como base las partidas señaladas en
el artículo 102 de este Estatuto.

No quedan sujetas a esta regla las personas que trabajen en actividades que
por su naturaleza justifiquen excepción y que la ley determine
expresamente.

PARAGRAFO 1o. El empleado público del Ministerio de Defensa y de la
Policía Nacional que el 1o. de enero de 1972, hubiere cumplido dieciocho
(18) años discontinuos de servicios en el Ministerio de Defensa, en la Policía
Nacional o en otras entidades oficiales, tendrá derecho a la pensión de
jubilación de que trata el presente artículo, al cumplir veinte (20) años de
servicio y cincuenta (50) años de edad.

PARAGRAFO 2o. El empleado público del Ministerio de Defensa y de la
Policía Nacional que se hubiere retirado del servicio antes del 1o. de enero
de 1972 con veinte (20) años de labor discontinua, tendrá derecho cuando
cumpla cincuenta (50) años de edad, a una pensión de jubilación que se
reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones rijan en el momento
del reconocimiento”.

Según certificaciones que se allegaron, el señor Jorge Pérez Ausique estuvo
vinculado como guardián del INPEC desde el 15 de enero de 1968 hasta el 31 de

12 CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 8 de octubre de 2020.

Exp. 0776-18. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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enero de 197413; y, posteriormente, estuvo vinculado como agente de la Policía
Nacional desde el 20 de junio de 1975 al 30 de junio de 1981 y del 1° de septiembre
de 1983 al 16 de agosto de 199114.

Con base en lo anterior, es claro para la Sala que el demandante no puede ser
beneficiario del régimen prestacional que se consagró en el Decreto 1214 de 1990
pues, como ya se advirtió, de este solo son destinatarios el personal civil que
prestó sus servicios en el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y en la Justicia
Penal Militar y su Ministerio Público y que, conforme con el artículo 2° ibidem, se
refiere a las personas naturales que prestaron sus servicios en el despacho del
ministro, en la secretaría general, en las fuerzas militares o en la Policía Nacional.

Por consiguiente, el régimen prestacional aplicable al demandante se corresponde,
exclusivamente, con el regulado por el Decreto 1213 de 1990 en la medida que,
como miembro de la Policía Nacional, no acreditó que hubiese ostentado la
condición de oficial o de suboficial, caso en el cual aplicaría el Decreto 1212 de
1990.

Así las cosas, se tiene que el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990 dispuso:

“ARTICULO 104. Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente
Estatuto, los Agentes de la Policía Nacional que sean retirados del servicio
activo después de quince (15) años, por disposición de la Dirección General,
o por sobrepasar la edad máxima correspondiente a su categoría, o por mala
conducta comprobada, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por
inasistencia al servicio y los que se retiren a solicitud propia después de los
veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro
equivalente a un cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que
trata el artículo 100 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de
servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda de los
quince (15) sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%)
de los haberes de actividad.

PARAGRAFO 1o. La asignación de retiro de los Agentes que durante la
vigencia de este Estatuto se retiren con treinta (30) o más años de servicio,
será equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas fijadas
en el artículo 100, liquidadas en la forma prevista en este mismo Decreto.

PARAGRAFO 2o. Los Agentes retirados antes del 17 de diciembre de 1968
con treinta (30) o más años de servicio, continuarán percibiendo la
asignación de retiro reajustada al noventa y cinco por ciento (95%) de las
partidas que se incluyeron en cada caso para la respectiva asignación”.

Por su parte, el artículo 111 del Decreto citado reguló cómo debía computarse el
tiempo de servicio, así:

“ARTICULO 111. Liquidación de tiempo de servicio. Para efectos de
asignación de retiro y demás prestaciones sociales, la Policía Nacional
liquidará el tiempo de servicio, así:

a. El tiempo de permanencia como soldado o alumno de la respectiva

13 Véase el folio 26.
14 Véase el folio 32.

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-04837-01 (4120-2021)

Escuela de Formación de Agentes, con un máximo de dos (2) años.

b. El tiempo de servicio como Agente de la Policía Nacional.

c. El tiempo como Suboficial en las Fuerzas Militares.

d. El tiempo de servicio como Auxiliar de Policía, Agente conductor o Auxiliar
conductor.

e. El tiempo prestado como uniformado en las extinguidas policías
departamentales o municipales, excepto para cesantía.

PARAGRAFO 1o. Los tiempos dobles que en virtud de lo dispuesto en el
artículo 99 del Decreto 2340 de 1971 y disposiciones legales anteriores sobre
la misma materia, se hayan reconocido o se reconozcan por servicios
prestados con anterioridad a la vigencia del presente Decreto, se tendrán en
cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales de los Agentes
favorecidos con tales reconocimientos. Dichos tiempos en ningún caso serán
computables para el reconocimiento de prestaciones por servicios al Estado
en calidad de empleado civil, diferentes al Ramo de Defensa.

PARAGRAFO 2o. Los Agentes de la Policía Nacional a quienes se les
reconozca por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional servicios
prestados en las extinguidas policías departamentales o municipales,
quedan con la obligación de pagar a tal entidad los porcentajes
correspondientes al tiempo reconocido.

PARAGRAFO 3o. Las fracciones mayores de seis (6) meses se
considerarán como año completo para la liquidación del auxilio de cesantía,
pero no para las demás prestaciones sociales”.

En el caso examinado, se encuentra que el señor Jorge Pérez Ausique laboró al
servicio de la Policía Nacional, en un primer período, por el término de 6 años y 10
días; y, en un segundo período, por el término de 7 años, 11 meses y 15 días, para
un total de 13 años, 11 meses y 25 días.

En consecuencia, resulta palmario: i) que el tiempo de servicio laborado en la Policía
Nacional no le es suficiente para cumplir con el requisito normativo de los 15 años
exigibles para acceder a la asignación de retiro; y ii) que los años laborados en el
INPEC no pueden utilizarse para computar el tiempo de servicio, toda vez que el
artículo 111 del Decreto 1213 de 1990 no contempló dicha posibilidad.

Entonces, si bien el demandante laboró al servicio del Estado por un término
superior a 20 años ─si se suman los 6 años y 16 días laborados al servicio del
INPEC─, no le es dable a la Administración ni al juez desconocer la normativa
aplicable a su caso concreto, motivo por el cual no puede dársele peso al argumento
del apelante respecto a que existen normas que, de no interpretarse
exegéticamente, pueden aplicársele, pues ello supondría contrariar el espíritu de la
norma que determinó que la “pensión de jubilación por tiempo discontinuo” tan
solo aplica para el personal civil que laboró para la Policía Nacional y no para el
personal uniformado.

Ahora bien, en cuanto a la aplicación del artículo 1° de la Ley 33 de 1985, se tiene
que este preceptuó así:

“ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20)

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años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55)
tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante
el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan
en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya
determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen
especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado
oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a
jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que,
por vía general, establezca el Gobierno.

PARÁGRAFO 1º. Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la
pensión de jubilación o vejez, solo se computarán como jornadas completas
de trabajo las de cuatro (4) o más horas diarias. Si las horas de trabajo
señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a ese límite, el
cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por cuatro
(4); el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y
se adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones, conforme a
la ley.

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente
Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio,
continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que
regían con anterioridad a la presente Ley.

Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como
empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán
derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o
cincuenta y cinco (55), si son varones, a una pensión de jubilación que se
reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el
momento de su retiro.

PARÁGRAFO 3º. En todo caso, los empleados oficiales que a la vigencia de
esta Ley, hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación,
se continuarán rigiendo por las normas anteriores a esta Ley” (subrayas de
la Sala).

Así las cosas, encuentra la Sala que para el segundo período en el que estuvo
vinculado el demandante a la institución policial ─del 1° de septiembre de 1983 al
16 de agosto de 1991─ estuvieron vigentes los Decretos 609 de 1977 y 2063 de
1984 que, en sus artículos 58 y 101, respectivamente, regularon lo correspondiente
a la asignación de retiro de los agentes de la Policía Nacional. Por ende, por tratarse
de un régimen especial, sus destinatarios quedaban excluidos de la aplicación de la
Ley 33 de 1985, motivo por el cual tampoco le son aplicables las prestaciones que
consagró la ley en mención.

Corolario de lo anterior, la Sala estima que no está llamado a prosperar el
argumento planteado respecto que al caso no se le dio estudio más allá de la no
adecuación a la norma, toda vez que el ejercicio mínimo que debe y se le exige
realizar el operador jurídico para determinar si el accionante puede beneficiarse o
no de la “pensión de jubilación por tiempo discontinuo” del Decreto 1214 de
1990 o la “pensión de jubilación” de la Ley 33 de 1985, consiste en contrastar la
adecuación de su situación de hecho a la normativa vigente, lo cual, como ya se

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advirtió, no se dio.

Ahora, tampoco es posible acceder al reconocimiento de las pretensiones
acudiendo a la analogía legis o iuris porque, en la primera, el juez “[…] aplica la ley
a una situación no contemplada explícitamente en ella, pero esencialmente igual,
para los efectos de su regulación jurídica, a la que sí lo está”15; mientras que en la
segunda, “[…] a partir de diversas disposiciones del ordenamiento, se extraen los
principios generales que las informan, por una suerte de inducción, y se aplican a
casos o situaciones no previstas de modo expreso en una norma determinada”16.

Es decir que la estructura de ambos argumentos analógicos es exactamente la
misma:

“[…] se extrae un principio de un supuesto de hecho regulado (en el caso de
la analogía iuris de varios supuestos de hecho regulados) y se aplica luego
dicho principio a un caso que al aplicador del Derecho le parece se encuentra
fuera del marco de supuestos de hecho legalmente previstos en base a la
redacción de la/s norma/s pero que presenta notables similitudes con el
caso/s que se considera/n regulado/s por la/s norma/s”17.

Por consiguiente, las soluciones previstas en las normas invocadas ─Decreto 1214
de 1990 o Ley 33 de 1985─ no pueden aplicársele al accionante porque su caso sí
está regulado por el ordenamiento jurídico ─Decreto 1213 de 1990─ y no se
asemeja al régimen contemplado para el personal civil que prestó sus servicios en
el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y en la Justicia Penal Militar y su
Ministerio Público ni al régimen general aplicable al sector público, porque no
comparte con aquellos ciertas características esenciales, la misma razón o el mismo
derecho ─eadem ratio─.

En consecuencia, al no haberse desvirtuado la legalidad de los actos administrativos
demandados, se confirmará la sentencia proferida el veintidós (22) de octubre de
dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de
la cual se negaron las pretensiones.

De la condena en costas en segunda instancia

Es importante aclarar que la jurisprudencia de la Subsección A, de la Sección
Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo consagrado en
el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe.

No obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,

15 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-083 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
16 Ibid.
17 SÁNCHEZ FERRO, Susana. Analogía e imperio de la ley. Anuario de filosofía del derecho. 1996.

No. 13. pp. 651-678. Disponible en:
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=S%C3%81NCHEZ+FERRO%2C+Susa
na.+Analog%C3%ADa+e+imperio+de+la+ley.+&btnG=

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siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A ha adoptado una nueva postura, en la que en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ellas, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2°, del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que, en los
argumentos de la parte vencida, no se presenta una carencia de fundamentación
que dé lugar a la condena en costas en esta instancia. Contrario a ello, en sus
escritos, la parte manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintidós (22) de octubre de dos
mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual se negaron las pretensiones.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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