República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-04898-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04898-01 (2578-2021)
Demandante: Juan Pablo Arbeláez Correa
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional,
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
Tema: reliquidación de la asignación salarial, de las prestaciones sociales y de la
asignación de retiro de exuniformado de la Armada Nacional
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 3 de
diciembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se
negaron sus pretensiones.
I. Síntesis del caso
Juan Pablo Arbeláez Correa cuestiona la legalidad de la Hoja de Servicios 4-73137931
del 27 de diciembre de 2013 y de las resoluciones que, con fundamento en ella,
reconocieron sus cesantías definitivas, la indemnización por pérdida de capacidad
laboral y la asignación de retiro, así como de los oficios posteriores mediante los cuales
la Armada Nacional y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL, negaron las
solicitudes de corrección y reliquidación presentadas por el actor.
Sostuvo que tales actos son contrarios al ordenamiento jurídico, por cuanto la Armada
Nacional omitió incluir la totalidad del tiempo de servicio y los factores salariales
efectivamente devengados, y aplicó de manera indebida los decretos anuales de
incremento salarial entre 1997 y 2004 —y vigencias posteriores—, los cuales, a su juicio,
fijaron aumentos por debajo del IPC, lo que generó un detrimento en su salario en
actividad y en sus prestaciones sociales. Alegó, además, que durante la comisión en la
DIAN debió liquidarse su remuneración con base en el salario del cargo civil que
desempeñó, y no con la asignación básica del grado militar.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda al
considerar que los actos administrativos acusados fueron expedidos con observancia de
la normativa aplicable y con base en la información oficial aportada por la Armada
Nacional. El a quo determinó que no se acreditaron errores en el cómputo del tiempo de
servicio ni en los factores computables incluidos en la hoja de servicios; que las
resoluciones que reconocieron las cesantías y la indemnización por pérdida de
capacidad laboral estaban en firme y no fueron impugnadas oportunamente; que no
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04898-01 (2578-2021)
Demandante: Juan Pablo Arbeláez Correa
Demandados: Armada Nacional y otros
existe derecho a la actualización salarial con base en el IPC; y que la comisión en la
DIAN no generaba derecho a devengar la asignación básica del cargo civil. Concluyó
que tanto la Armada Nacional como CREMIL actuaron dentro de sus competencias y que
no se configuraban las irregularidades alegadas por el demandante.
El Consejo de Estado confirma la sentencia de primera instancia, al encontrar acreditado
que los actos administrativos mediante los cuales la Armada Nacional elaboró y aprobó
la hoja de servicios de Juan Pablo Arbeláez Correa, así como aquellos que reconocieron
sus cesantías definitivas, la indemnización por pérdida de capacidad laboral y la
asignación de retiro por parte de CREMIL, fueron expedidos conforme al régimen
normativo aplicable. En efecto, no se demostró error en el cómputo del tiempo de servicio
ni en los factores salariales computables, ni resulta procedente inaplicar los decretos
anuales de incremento salarial para sustituir el principio de oscilación por el IPC. En
consecuencia, la asignación de retiro fue reconocida con fundamento en una hoja de
servicios válida y ajustada a derecho, razón por la cual no había lugar a acceder a la
reliquidación pretendida ni a anular las decisiones administrativas cuestionadas.
II. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El 5 de octubre de 2017, Juan Pablo Arbeláez Correa presentó1 demanda2 de nulidad
y restablecimiento del derecho de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos
jurídicos que a continuación se exponen.
2.1.1. Pretensiones
2. La Sala opta por transcribir las pretensiones, a pesar de lo extenso de dicho acápite,
en atención a que el petitum de la demanda es pormenorizado y prolijo, y además, porque
– como se verá más adelante –, el demandante renunció a varias de sus solicitudes, por
lo que resulta necesario individualizarlas en su totalidad para establecer de mejor manera
los problemas jurídicos:
«PRIMERA: Que […] con fundamento en el artículo 4 constitucional (excepción de
inconstitucionalidad) y artículo 148 (control por vía de excepción) de la ley 1437 de 2011,
[…] se aplique la excepción de inconstitucionalidad y/o de ilegalidad a los siguientes
apartes e ítems de las normas que se reseñan, por violentar el núcleo esencial del
derecho laboral a mantener el poder adquisitivo constante en cada vigencia en la
asignación básica y partidas prestacionales, primas y subsidios derivadas del mismo, y
devengadas en cada vigencia y en los diferentes grados militares […] desde el […]1997
[…]:
• Sobre los porcentajes de aumento anual del salario básico realizados […] por la
metodología de la oscilación con el artículo 1, ítem Suboficiales, de los Decretos 122
1
Según el «acta individual de reparto», visible a f. 114 del expediente físico remitido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
2
La cual obra a ff. 73 a 112 del expediente físico 25000-23-42-000-2017-04898-01, remitido a esta corporación por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04898-01 (2578-2021)
Demandante: Juan Pablo Arbeláez Correa
Demandados: Armada Nacional y otros
de 1997, 058 de 1998, 062 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552
de 2003, 4158 de 2004, […] 923 del […] 2005, […] 407 del […] 2006, […] 1515 del
[…] 2007, […] 673 del […] 2008, […] 737 del […] 2009, […] 1530 del […] 2010, […]
1050 del […] 2011, […] 842 del […] 2012, […] 1017 del […] 2013, […] 187 del […]
2014, […] 1028 del […] 2015, […] 214 del […] 2016, […] 984 de 2017, y los Decretos
que en su efecto el Gobierno Nacional continúe expidiendo en cada vigencia para fijar
la asignación salarial básica en cada grado a los miembros de la Fuerza Pública,
cuando tales aumentos porcentuales salariales fueron menores que los […]
decretados por la metodología del IPC progresivamente, ya que se debieron realizar
tales aumentos iguales o mayores al IPC en tales periodos […].
SEGUNDA: Que […] con fundamento en el artículo 4 constitucional (excepción de
inconstitucionalidad) y artículo 148 (control por vía de excepción) de la ley 1437 de 2011,
[…] se aplique la excepción de inconstitucionalidad y/o de ilegalidad a los siguientes
apartes […]:
• Sobre los apartes “Las primas, y subsidios que les correspondan como militares se
liquidarán y pagarán sobre el sueldo básico del grado” del artículo 77 del decreto 1211
de 1990 […].
• Sobre el artículo 158 y parágrafo del Decreto 1211 de 1990 […].
• Sobre los apartes “se liquidarán según corresponda en cada caso, sobre las
siguientes partidas” y […] el parágrafo, del artículo 13, del Decreto 4433 del […] 2004
[…].
• Sobre los porcentajes para devengar primas y subsidios en el grado de Capitán de
Navío señalados en el inciso 3, del artículo 3, y […] el aparte “únicamente” y “fijadas
en el presente decreto” del artículo 4, de los Decretos 842 de 2012, Decreto 1017 del
[…] 2013, y Decreto 187 del […] 2014 […].
• Sobre el aparte “sin carácter salarial ni prestacional” del artículo 31 de los Decretos
842 de 2012, Decreto 1017 del […] 2013, y Decreto 187 del […] 2014, respecto de la
prima mensual del 16.5% derivada del sueldo básico en los Grados de Coronel o
Capitán de Navío […].
TERCERA: Que […] se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
1. Actos Administrativos proferidos por la Armada Nacional:
• Acto Administrativo hoja de servicios 4-73137931 de […] 27 de diciembre del […]
2013.
• Resolución 027 de 08 de enero del […] 2014 que aprueba la hoja de servicios 4-
73137931.
• Resolución 0159 de […] 07 de febrero del […] 2014 de cesantías por tiempo de
Servicio.
• Resolución 1996 de […] 21 de diciembre del […] 2015 de Indemnización por PCL
[pérdida de la capacidad laboral].
• Oficio 20150042360425181 de […] 20 de noviembre del […] 2015 […].
• Oficio 20150423330441711 de […] 01 de diciembre del […] 2015 […].
• Oficio 20160042360506381 de […] 27 de octubre del […] 2016 […].
• Oficio 20160423330587081 de […] 2 de abril del […] 2017 […].
• Oficio 20170423330234721, de […] 11 de julio del […] 2017 […].
2. Actos Administrativos proferidos por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares:
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04898-01 (2578-2021)
Demandante: Juan Pablo Arbeláez Correa
Demandados: Armada Nacional y otros
• Resolución 0587 de […] 04 de febrero del […] 2014 reconoce Asignación de Retiro.
• Oficio 80384 consecutivo 2015-80384 de […] 11 de noviembre del […] 2015 niega
reliquidación […].
• Oficio 70934 consecutivo 2016-70935 de […] 26 de octubre del […] 2016 niega
reliquidación […].
• Oficio 0028109, consecutivo 20170028109 de […] 25 de mayo de 2017 niega
reliquidación […].
CUARTA: Que […] se condene a la Armada Nacional a rehacer la Hoja de Servicios
teniendo en cuenta todo el tiempo de formación […].
QUINTA: Que […] se condene a la Armada Nacional al reconocimiento […] de
$145.000.000 aproximadamente, o el mayor favorable, derivado del porcentaje de
pérdida del poder adquisitivo constante del 18.78% progresivo por IPC en los salarios,
primas y partidas prestacionales en actividad […] durante el periodo enero de 1997 al 17
de mayo del […] 2014 […].
SEXTA: Que […] se condene a la Armada Nacional al reconocimiento […] de
$150'000.000 aproximadamente, o el mayor favorable, surgidos como diferencia salarial
entre lo pagado […] respecto de sus diferentes primas y factores salariales como militar
[…] durante la Comisión del Servicio en el cargo de Director Regional de la DIAN
Buenaventura Grado 4, durante el periodo 01 de agosto del […] 2009 al 25 de marzo del
[…] 2013, y lo que se le debía pagar tomando como asignación básica dicho cargo público
ocupado y su asignación salarial […].
SEPTIMA: Que […] se condene a la Armada Nacional al reconocimiento […] de
$35'000.000 aproximadamente, o el mayor favorable, por porcentajes de pérdida del
poder adquisitivo constante por el 18.78% IPC en los salarios, primas y partidas
prestacionales en actividad […] durante el periodo 26 de marzo del […] 2013 al 17 de
mayo del […] 2014 como Capitán de Navío […].
OCTAVA: Que […] se condene a la Armada Nacional al reconocimiento desde el […] 07
de febrero del […] 2014 a pagar […] $272'339.280 aproximadamente por prestaciones
sociales en cesantías por 27 años de tiempo de servicio, reliquidando la Resolución 0159
de […]07 de febrero del […] 2014, incluyendo todos los factores salariales y primas
devengados en actividad […].
NOVENA: Que […] se condene a la Armada Nacional al reconocimiento desde el día 21
de diciembre del […] 2015 a pagar […] de $115'492.028 aproximadamente por
prestaciones sociales en indemnización por pérdida de capacidad laboral, reliquidando la
Resolución 1996 de […] 21 de febrero del […] 2015, incluyendo todos los factores
salariales y primas devengados en actividad […].
DÉCIMA: Que […] se condene a la Caja de Retiro de las Fuerzas a reliquidar y/o
actualizar la Asignación de Retiro […] reconociendo y pagando una asignación de retiro
por […] $9'178.842 a partir del día 12 de marzo del […] 2014, y pagando por tanto […]
$496'427.191 aproximadamente por las mesadas causadas desde el […] 12 de marzo del
[…] 2014 al 30 de septiembre del […] 2017 […].
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04898-01 (2578-2021)
Demandante: Juan Pablo Arbeláez Correa
Demandados: Armada Nacional y otros
ONCE: Que […] se condene subsidiariamente a la Armada Nacional y a la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares a pagar todos los valores y prestaciones salariales tanto en la
Armada Nacional como en la DIAN, prestacionales por cesantías e indemnización por
pérdida de capacidad laboral, así como por la asignación de retiro […].
DOCE: Que […] se condene al Ministerio de Defensa Nacional y a la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares individual o solidariamente a pagar […], a título de reparación del
daño en la modalidad de perjuicio material, los siguientes valores pactados por honorarios
de abogado […] así:
DAÑOS MATERIALES:
[..].
TRECE: Que […] se condene al Ministerio de Defensa Nacional y Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares individual o solidariamente a pagar 80 SMMLV […], a título de
reparación del daño en la modalidad de daños morales.
CATORCE: Que […] se condene solidariamente a las entidades al pago de la sentencia
favorable actualizada conforme las previsiones de los artículos 187 la Ley 1437 del […]
2011, y darle cumplimiento conforme lo ordena el artículo 192 y 195 de la Ley 1437 de
2011 (C.P.A.C.A.), y vencidos los términos legales, se generen los intereses moratorios
comerciales hasta el pago efectivo.
QUINCE: Que […] se ordene al Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional y Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, que los valores y sumas de condena las
reconozca y pague en lo que a cada una corresponde […] con los ajustes de valor,
conforme al [IPC] o al por mayor, tal como lo autoriza el artículo 178 del C.C.A. dando
aplicación a la tradicional fórmula judicial […].
DIECISEIS: Que […] se condene en Costas y Agencias en Derecho a las partes
demandadas, fijando un 20% como agencias en derecho partiendo del valor de las
pretensiones […]».
2.1.2. Hechos
3.Juan Pablo Arbeláez Correa ingresó a la Armada Nacional el 10 de enero de 1987
como alumno, y posteriormente desarrolló su carrera militar hasta alcanzar el grado de
capitán de navío.
4. Entre el 29 de julio de 2009 y el 25 de abril de 2013 prestó sus servicios en comisión
en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en el cargo de director de la
regional Buenaventura.
5. Durante el periodo en comisión, las primas y factores salariales devengados se
liquidaron sobre la asignación básica del grado militar y no sobre la asignación básica
del cargo civil de director regional de la DIAN.
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04898-01 (2578-2021)
Demandante: Juan Pablo Arbeláez Correa
Demandados: Armada Nacional y otros
6.En el ejercicio de su carrera militar devengó, entre otros, prima de actividad, subsidio
familiar, prima de antigüedad, prima de estado mayor, prima de servicios, prima de
navidad, prima de vacaciones y prima de instalación, entre otros.
7.Tras su ascenso al grado de capitán de navío en diciembre de 2012, las citadas
partidas prestacionales no se liquidaron en los máximos porcentajes previstos en el
Decreto 1211 de 1990, en aplicación de los Decretos 842 de 2012, 1017 de 2013 y 107
de 2014.
8. Entre 1996 y 2004, y en las vigencias posteriores a partir del 1 de enero de 2005, los
decretos anuales de incremento salarial fijaron aumentos inferiores al IPC, lo que según
el actor ocasionó pérdida de poder adquisitivo en sus salarios y prestaciones sociales.
9. La Armada Nacional elaboró la hoja de servicios del actor y la aprobó mediante
Resolución 027 del 8 de enero de 2014, documentos que sirvieron de fundamento para
el reconocimiento de sus cesantías definitivas, indemnización por pérdida de capacidad
laboral, PCL, y asignación de retiro.
10. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL, reconoció la asignación de retiro
mediante Resolución 587 del 4 de febrero de 2014, con efectos a partir del 12 de marzo
de 2014.
11. El 30 de octubre de 2015, el actor presentó solicitud ante la Armada Nacional para la
reliquidación de su hoja de servicios, salarios y prestaciones, incluyendo cesantías e
indemnización por pérdida de la capacidad laboral, PCL. Dicha solicitud fue respondida
desfavorablemente mediante los oficios 20150042360425181 del 20 de noviembre de
2015 y 20150423330441711 del 1 de diciembre de 2015.
12. El 30 de octubre de 2015 presentó también solicitud ante CREMIL para la reliquidación
de su asignación de retiro desde 1997 con base en el IPC, la cual fue respondida
desfavorablemente mediante el Oficio 2015-80384 del 11 de noviembre de 2015.
13. El 6 de octubre de 2016 presentó también solicitud ante CREMIL para la reliquidación
de su asignación de retiro, con respuesta desfavorable a través del Oficio 2016-70935
del 26 de octubre de 2016.
14. Finalmente, CREMIL remitió una de las peticiones del actor a la Armada mediante el
Oficio 2017-28109 del 25 de mayo de 2017, y la Armada respondió negativamente
mediante el Oficio 20170423330234721 del 11 de julio de 2017.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
15. Juan Pablo Arbeláez Correa citó como normas violadas las siguientes: los artículos 3,
25, 48, 53, 150 – numeral 19, literal e – y 217 de la Constitución Política; los artículos 73,
77, 79, 84, 85, 87, 92, 94, 95, 98, 100, 102, 104, 162 y 232 del Decreto Ley 1211 de
1990; el artículo 12 del Decreto Ley 335 de 1992; los artículos 1 – literal d –, 2 – literal
a–, 3, 4 y 10 de la Ley 4 de 1992; la Ley 923 de 2004; así como los artículos 77, 158
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04898-01 (2578-2021)
Demandante: Juan Pablo Arbeláez Correa
Demandados: Armada Nacional y otros
parágrafo, y 169 parágrafo del Decreto 1211 de 1990; el artículo 13 parágrafo del Decreto
4433 de 2004; los artículos 3, 4 y 31 de los Decretos 842 de 2012; y los Decretos 122 de
1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003,
4158 de 2004, 923 de 2005, 407 de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737 de 2009,
1530 de 2010, 1050 de 2011, 842 de 2012, 1017 de 2013, 187 de 2014, 1028 de 2015,
214 de 2016 y 984 de 2017.
16. En el concepto de violación sostuvo en síntesis, que mientras estuvo en actividad
como Oficial de la Armada Nacional en los grados de teniente de fragata, teniente de
navío y capitán de corbeta, sus aumentos salariales los realizó el gobierno nacional vía
decreto gubernamental, aplicando la referenciada escala de aumento salarial porcentual
bajo la figura de oscilación, siendo tal aumento lesivo al núcleo esencial de sus derechos
laborales en cuanto a mantener el poder adquisitivo constante en sus salarios pues,
dicho aumento era porcentualmente inferior en un 18.78% con respecto del porcentaje
de inflación causado en cada año inmediatamente anterior conforme la fuente oficial del
DANE, desconociendo así tales decretos de aumento salarial, lo establecido en el
Decreto 335 de 1992, en cuanto a que todo aumento salarial futuro para los miembros
de la Fuerza Pública se realizaría en igual porcentaje que a los demás funcionarios
públicos del Estado.
17. Asimismo, adujo que los actos administrativos demandados no gozan de la presunción
de legalidad por cuanto violentan el principio de igual salario a igual función y cargo
desempeñado, pues, el demandante tenía derecho a devengar la totalidad de la
asignación básica del cargo de Director de la DIAN de Buenaventura, y a que le liquidaran
sobre esa asignación básica, las primas y demás factores salariales en el máximo
porcentaje de ley, como militar en los grados de capitán de fragata y capitán de navío
que ostentó durante tal comisión, pero, contrario a tal precepto constitucional laboral, la
Armada Nacional trasladó internamente la nómina del demandante a la Segunda Brigada
de Infantería de Marina con sede en Buenaventura, y su sueldo le fue pagado durante
dicho periodo de comisión como Oficial de la Armada con sede en la guarnición de
Buenaventura.
18. Igualmente, la asignación de retiro reconocida por CREMIL y los actos administrativos
con los que se niegan la reliquidación de la misma, no gozan de la presunción de
legalidad por cuanto, a pesar que el propio legislador mantuvo nuevamente el sistema
de oscilación como la forma de incrementar las asignaciones de retiro de los miembros
de la Fuerza Pública a través del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, el cual fue
reglamentado por el artículo 42 del Decreto 4433 del mismo año, estas normas son
regresivas y menos favorables, y afectan además los derechos fundamentales a la
seguridad social y mínimo vital en el momento en que se realizan incrementos de las
mesadas por debajo de los aumentos porcentuales del IPC certificados por el DANE en
cada vigencia, lo que por expresa disposición de la Corte Constitucional las hace
inaplicables en materia de prestaciones sociales, y es por ello que, aun cuando están en
vigencia las Leyes 238 de 1995 y 923 de 2004, aplicables a la reliquidación solicitada,
es necesario acogerse al artículo 48 y 53 constitucional, en concordancia con la Ley 238
de 1995, y al parágrafo 4 del artículo 279 y los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993,
por estar plenamente vigentes y ser más favorables a los intereses del demandante, al
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04898-01 (2578-2021)
Demandante: Juan Pablo Arbeláez Correa
Demandados: Armada Nacional y otros
mantener el valor adquisitivo constante de su asignación de retiro con el IPC solicitado,
incluso para las vigencias del 2004 al 2009 y a futuro.
19. Aunado a lo anterior, indicó que en la asignación de retiro se deben incluir todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios ya que, el desconocer
la naturaleza y contenido de tales factores no se ajusta a la ley.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. Ministerio de Defensa, Armada Nacional
20. El Ministerio de Defensa, Armada Nacional contestó la demanda para oponerse a la
prosperidad de las pretensiones3.
21. Sostuvo que la hoja de servicios 4-73137931 fue elaborada conforme a la normativa
vigente y con base en los tiempos certificados en la historia laboral del actor, incluyendo
los 3 meses de alta y las partidas computables señaladas por el Decreto 4433 de 2004.
22. Señaló que Juan Pablo Arbeláez no acreditó error alguno en los tiempos de servicio,
ni desconocimiento de factores salariales.
23. Indicó que no existe derecho a aplicar el IPC para la determinación del salario en
actividad ni para modificar retrospectivamente los incrementos salariales fijados por los
decretos anuales, pues tales aumentos se rigen por la Ley 4 de 1992 y por las facultades
discrecionales del Gobierno nacional para fijar la política salarial de la Fuerza Pública.
Afirmó que no es posible reliquidar los factores salariales con base en metodologías no
previstas en la ley.
24. Frente a la diferencia salarial reclamada por el cargo ejercido en la DIAN, precisó que
la asignación de dicho empleo no es trasladable al régimen salarial militar, y que por lo
tanto, la comisión de servicios no genera derecho a devengar la remuneración del cargo
civil si el funcionario no es incorporado a la planta de personal.
25. Sostuvo que las resoluciones que reconocieron cesantías y la indemnización por
pérdida de capacidad laboral fueron proferidas conforme a los factores salariales
establecidos en los decretos en vigor, y que no procede su modificación por vía de
excepción.
26. Asimismo indicó que los incrementos salariales de los miembros de la Fuerza Pública
se rigen por el principio de oscilación, conforme a la Ley 4 de 1992, razón por la cual el
Gobierno nacional cuenta con competencia constitucional para fijar, mediante decretos
anuales, los aumentos del sueldo básico y de las partidas salariales, sin que exista
obligación legal de que dichos incrementos correspondan al IPC.
3
Ff. 160 a 165 del expediente físico 25000-23-42-000-2017-04898-01, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04898-01 (2578-2021)
Demandante: Juan Pablo Arbeláez Correa
Demandados: Armada Nacional y otros
27. Señaló que la metodología de la oscilación constituye un régimen especial propio de
la Fuerza Pública, cuya aplicación no vulnera el derecho al mantenimiento del poder
adquisitivo del salario, por lo que no es procedente inaplicar los decretos de aumento
salarial por vía de excepción de inconstitucionalidad.
28. Finalmente,alegó que los oficios demandados son actos de trámite sin efectos
definitivos y que no existe vulneración normativa que habilite la nulidad ni el
restablecimiento solicitado. Propuso la excepción de «ausencia de material probatorio
que permita declarar la nulidad de los actos administrativos atacados».
2.2.2. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL
29. CREMIL se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva, afirmando que su competencia se limita a
reconocer y pagar la asignación de retiro con base en la hoja de servicios expedida por
la Armada, sin facultad para modificarla. Explicó que cualquier inconformidad con
tiempos de servicio o factores salariales debía dirigirse exclusivamente contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional.4
30. Indicó que la Resolución 587 de 2014 que reconoció la asignación de retiro fue
expedida con fundamento en los datos oficiales suministrados por la Armada Nacional y
que no existe falsa motivación ni error en la liquidación. Señaló que no procede aplicar
el IPC para reliquidar asignaciones de retiro ya reconocidas ni para revisar incrementos
salariales, pues los retiros se sujetan al marco de la Ley 4 de 1992 y la Ley 923 de 2004.
31. Adujo que los oficios de 2015, 2016 y 2017 que negaron la reliquidación solicitada no
constituyen actos definitivos autónomos, sino simples comunicaciones derivadas de la
imposibilidad jurídica de modificar la hoja de servicios y de la ausencia de competencia
para reconocer valores distintos a los proyectados por la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Armada Nacional.
32. Reiteró que todas las liquidaciones efectuadas se ajustaron a la normativa vigente y
que no existe fundamento fáctico o jurídico para la prosperidad de las pretensiones.
2.3. Sentencia de primera instancia
33. ElTribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A5,
mediante sentencia del 3 de diciembre de 20186, negó las pretensiones de la demanda,
sin condena en costas, en los siguientes términos:
«1. Declarar probada de oficio la excepción de ineptitud de la demanda en lo que respecta
a la pretensión de ordenar la reliquidación de las cesantías definitivas e indemnización
4
Ff. 659 a 679 del expediente físico 25000-23-42-000-2017-04898-01, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
5
En Sala integrada por los magistrados Néstor Javier Calvo Cháves (ponente), María Armenta Fuentes y Carmen
Alicia Rengifo Sanguino.
6
Ff. 73 a 112 del expediente físico 25000-23-42-000-2017-04898-01, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04898-01 (2578-2021)
Demandante: Juan Pablo Arbeláez Correa
Demandados: Armada Nacional y otros
por pérdida de capacidad laboral con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en actividad, por las razones antes expuestas, por lo que hay lugar a
inhibirse de pronunciarse sobre la pretensión en mención.
2. Se niegan las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con las anteriores
consideraciones.
3. Sin condena en costas, por lo antes expuesto.».
34. En resumen, el tribunal argumentó lo siguiente:
a) Se configura la ineptitud sustancial de la demanda, en lo que respecta a la pretensión
de ordenar la reliquidación de las cesantías definitivas e indemnización por pérdida
de capacidad laboral con la inclusión de todos los factores salariales devengados en
actividad, por cuanto no se evidencia que se haya cuestionado los actos
administrativos por medio de los cuales fueron reconocidas dichas prestaciones al
demandante.
b) El tribunal consideró que la hoja de servicios 4-73137931 fue elaborada con
fundamento en la información oficial registrada en la historia laboral del actor y que
no se acreditó error alguno en el cómputo del tiempo de servicio ni en la inclusión de
los factores computables.
c) Concluyó que las Resoluciones 0159 de 2014 y 1996 de 2015 fueron expedidas
conforme a los factores salariales vigentes y debidamente notificados, sin haberse
interpuesto los recursos procedentes, por lo que se encuentran en firme.
d) Determinó que la Resolución 587 de 2014, mediante la cual CREMIL reconoció la
asignación de retiro, se ajustó a la hoja de servicios y a la normativa aplicable, sin
demostrarse vulneración de la Ley 923 de 2004 ni de las reglas sobre factores
computables.
e) Estableció que no existe derecho a que el salario en actividad o las prestaciones del
actor se reajusten conforme al IPC, toda vez que los incrementos salariales de la
Fuerza Pública se fijan en ejercicio de la facultad constitucional del Gobierno nacional
prevista en la Ley 4 de 1992.
f) Determinó que el ejercicio del cargo de director seccional en la DIAN no genera
derecho a devengar la asignación básica del empleo civil mientras el servidor no sea
incorporado a la planta de personal de dicha entidad, por lo que no procede la
diferencia salarial reclamada.
g) Consideró que los oficios demandados constituyen simples respuestas a peticiones
y no actos administrativos definitivos susceptibles de control judicial.
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04898-01 (2578-2021)
Demandante: Juan Pablo Arbeláez Correa
Demandados: Armada Nacional y otros
2.4. Recurso de apelación
35. Juan Pablo Arbeláez Correa interpuso recurso de apelación, solicitando la revocatoria
de la sentencia y que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda. De
manera puntual precisó lo siguiente7:
a) Indicó que no apelaba la decisión en cuanto a que negó la reliquidación de salarios
durante el periodo en que el demandante prestó servicios como director de la DIAN,
por ajustarse a las pruebas y a la normativa aplicable.
b) Cuestionó la decisión del tribunal de negar la reliquidación de la hoja de servicios, al
considerar que aplicó de manera indebida el Decreto 4433 de 2004, cuando debía
aplicarse el Decreto 1211 de 1990, que permite computar cada año de servicio por
360 días y adicionar 5 días favorables por cada año. Sostuvo que, de aplicarse esta
norma, el actor habría obtenido un mayor tiempo de servicio y, por tanto, un
porcentaje superior en su asignación de retiro.
c) Sostuvo que, al estar mal liquidada la hoja de servicios, también lo estaban las
prestaciones reconocidas con fundamento en ella, por lo que la sentencia desconoció
la conexidad entre los actos administrativos demandados.
d) Cuestionó que el tribunal hubiera rechazado la excepción de inconstitucionalidad
frente a los decretos anuales de incremento salarial expedidos entre 1997 y 2004 y
vigencias posteriores, al considerar que sí existe una antinomia entre la escala
gradual porcentual establecida en el artículo 1 de dichos decretos y el parágrafo 3 del
mismo artículo, que ordena aplicar aumentos iguales o superiores al IPC, conforme
a lo dispuesto para los empleados civiles de la Rama Ejecutiva.
e) Afirmó que la aplicación reiterada de incrementos inferiores al IPC produjo una
pérdida del poder adquisitivo de los salarios y prestaciones del actor, vulnerando el
principio constitucional de movilidad salarial y la Ley 4 de 1992.
f) Sostuvo que el tribunal omitió analizar la antinomia normativa y dejó de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad, desconociendo la metodología expuesta por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-451 de 2015.
g) Solicitó revocar parcialmente la sentencia y acceder a las pretensiones relacionadas
con: (a) la reliquidación de la hoja de servicios, (b) el reajuste derivado del IPC entre
1997 y 2004 y vigencias posteriores, y (c) la consecuente reliquidación de la
asignación de retiro y demás prestaciones.
2.5. Intervenciones en segunda instancia
36. Las partes guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
7
Ff. 695 a 697 del expediente físico 25000-23-42-000-2017-04898-01, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
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Demandados: Armada Nacional y otros
2.6. Concepto del Ministerio Público
37. El Ministerio Público no rindió concepto en esta instancia.
III. Consideraciones
3.1. Competencia
38. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos y metodología de su resolución
39. Corresponde a la Sala determinar si ¿los actos administrativos mediante los cuales la
Armada Nacional elaboró y aprobó la hoja de servicios de Juan Pablo Arbeláez Correa,
y aquellos con fundamento en los cuales se reconocieron sus cesantías definitivas, la
indemnización por pérdida de capacidad laboral y la asignación de retiro por parte de
CREMIL, fueron expedidos con observancia del ordenamiento jurídico, o debían ser
anulados por haberse aplicado indebidamente el Decreto 4433 de 2004 en lugar del
Decreto 1211 de 1990?
40. Asimismo, si ¿resulta procedente inaplicar, por vía de excepción, los decretos anuales
de incremento salarial con el fin de sustituir el principio de oscilación por el IPC, para
efectos de reliquidar las prestaciones reconocidas y la asignación de retiro del actor?
3.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre el régimen salarial y prestacional de
la Fuerza Pública
41. El artículo 150 de la Constitución Política previó que el Congreso de la República tiene,
entre otras, la función de dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y
criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para «[f]ijar el régimen salarial
y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la
Fuerza Pública».
42. La Ley 4 del 18 de mayo de 1992, «[m]ediante la cual se señalan las normas, objetivos
y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la
Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores
Oficiales […]», precisó que el Ejecutivo, con sujeción a las normas, criterios y objetivos
contenidos en esta ley, fijaría el régimen salarial y prestacional, entre otros, de los
miembros de la Fuerza Pública (art. 1 literal d) y en su artículo 13, dispuso:
«Artículo 13. En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional establecerá una
escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de
la Fuerza Pública de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2.
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Parágrafo. La nivelación de que trata el presente artículo debe producirse en las vigencias
fiscales de 1993 a 1996».
43. En desarrollo de la precitada ley, el Gobierno nacional, expidió el Decreto 107 de 1996,
«[p]or el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de
las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, Personal
del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio de
Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional», en el que estableció la escala
gradual porcentual de los miembros de la Fuerza Pública en los siguientes términos:
«Articulo 1º. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la ley 4ª de 1992,
fíjase la siguiente escala gradual porcentual para el personal de oficiales, suboficiales,
miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública.
Los sueldos básicos mensuales para el personal a que se refiere este artículo,
corresponderán al porcentaje que se indica para cada grado, con respecto a la asignación
básica del grado de General.
OFICIALES
GENERAL 100.00%
MAYOR GENERAL 90.00%
BRIGADIER GENERAL 80.00%
CORONEL 60.00%
TENIENTE CORONEL 44.30%
MAYOR 38.60%
CAPITAN 30.50%
TENIENTE 26.70%
SUBTENIENTE 23.70%
SUBOFICIALES
SARGENTO MAYOR 26.40%
SARGENTO PRIMERO 22.60%
SARGENTO VICEPRIMERO 19.50%
SARGENTO SEGUNDO 17.90%
CABO PRIMERO 16.40%
CABO SEGUNDO 15.40%
NIVEL EJECUTIVO
COMISARIO 45.50%
SUBCOMISARIO 38.30%
INTENDENTE 33.90%
SUBINTENDENTE 26.40%
PATRULLERO 20.30%
AGENTES DE LOS CUERPOS PROFESIONALES Y PROFESIONAL ESPECIAL DE LA
POLICIA
Con antigüedad inferior a 5 años de servicio: 11.95%
Con antigüedad de 5 años y hasta menos de 10: 14.55%
Con antigüedad de 10 o más años de servicio: 14.90%
Parágrafo 1. Las asignaciones básicas calculadas en los porcentajes anteriores se
aproximarán a la decena superior.
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Parágrafo 2. Los tenientes primeros de la Armada Nacional tendrán el mismo sueldo
básico fijado para los Tenientes de Fragata».
44. Luego de expedido el Decreto 107 de 1996, el Gobierno nacional mediante los
Decretos 122 de 1997, 058 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de
2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de 2005, 407 de 2006, 1515 de 2007, 673 de
2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011, 842 de 2012, 1017 de 2013, 187 de
2014, 1028 de 2015, 214 de 2016, 984 de 2017, 324 de 2018 y 1002 de 2019, estableció
anualmente el reajuste de los salarios de los miembros de la Fuerza Pública con
fundamento en la mencionada escala gradual porcentual.
45. En este punto resulta pertinente traer a colación un pronunciamiento del Consejo de
Estado que en lo concerniente al reajuste anual de la asignación básica de los miembros
de la Fuerza Pública, señaló8:
«[…] la asignación básica del personal de la Fuerza Pública está sujeta a los decretos
que anualmente expide el Gobierno Nacional, en los que se fijan las pautas para
determinar el monto que devengarán sus miembros anualmente, impidiendo recurrir a
una fuente distinta para realizar el correspondiente incremento salarial, puesto que, a
partir del Decreto 107 de 1996, quedaron debidamente nivelados los salarios del personal
castrense. […].
Visto lo anterior y bajo los referidos presupuestos de la relación laboral del demandante
en el Ejército Nacional, la Sala precisa que para regular los salarios del personal en
actividad de la Fuerza Pública, el Gobierno nacional aplica la escala gradual, razón por la
cual, ésta no puede ser modificada por decisión judicial, mientras que, para calcular las
asignaciones de retiro, se basa en el principio de oscilación, con el fin de mantener el
equilibrio entre los incrementos efectuados al personal activo y los realizados al personal
en retiro que disfruta de una pensión o asignación de retiro. […].
[…] Así las cosas, como lo pretendido por el demandante es que se le reajuste su
asignación básica conforme a la variación porcentual arrojada por el índice de precios al
consumidor para las anualidades mencionadas, por considerar que este fue mayor que
el realizado a él conforme los decretos proferido por el Gobierno nacional, resulta
improcedente acceder a ello, puesto que, al personal en actividad se le efectúa el reajuste
de su salario de conformidad con la escala gradual porcentual, a la cual se hizo alusión
en líneas precedentes».
46. Así mismo, debe destacarse que en la providencia en mención se efectuó un análisis
sobre la obligatoriedad del reajuste salarial anual con base en el IPC y se llegó a las
siguientes conclusiones:
«[…] Entonces, frente a lo reclamado por el demandante, es claro que los reajustes
anuales para los miembros activos de la Fuerza Pública recae en el Gobierno Nacional
quien profiere los decretos correspondientes con sujeción a las normas, criterios y
objetivos contenidos en la Ley 4ª de 1992 y para quien, el IPC no constituye el único
indicador o variable económica que puede ser aplicado para el reajuste de los salarios de
los servidores públicos. […]
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, 26 de noviembre de
2018, expediente 25000-23-42-000-2015-06050-01(3602-17).
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En esa medida, la Sala encuentra que, inicialmente la Corte Constitucional en
pronunciamiento recogido en la Sentencia C-1433 de 20009, tomando pie especialmente
en lo prescrito sobre el carácter móvil del salario por el artículo 53 superior y además, en
lo regulado por el artículo 4° de la Ley 4ª de 199210, afirmó que la equivalencia entre el
trabajo y el salario exigía mantener actualizado el valor de este último, ajustándolo
periódicamente en consonancia con el comportamiento de la inflación, con el fin de
contrarrestar la pérdida de su poder adquisitivo y asegurar que en términos reales
conservara su valor. […].
Agregó la sentencia que en la medida que la situación de todos los trabajadores estaba
igualmente afectada por las circunstancias macroeconómicas, en especial por el
fenómeno inflacionario, el reajuste periódico debía cobijar a todos los servidores públicos
y no solamente a un grupo o grupos dentro de ellos. Y que en tal virtud, los aumentos
salariales anuales debían corresponder, por lo menos, al monto de la inflación del año
anterior, porque sólo de esta manera se cumplía a cabalidad con los mandatos
constitucionales que exigían conservar el poder real de los salarios de los trabajadores
[…].
Sin embargo, tal postura fue ligeramente modificada, puesto que en la Sentencia C-1064
de 2001 la Corte reiteró que el principio recogido en el inciso 1° del artículo 53 de la
Constitución, relativo al derecho del trabajador a recibir una “remuneración mínima vital y
móvil”, debía ser interpretado como un derecho constitucional de los trabajadores a
mantener el poder adquisitivo real del salario, conclusión a la que se llegó a partir de una
interpretación sistemática de la Carta y también de los tratados y convenios
internacionales de protección al salario, y en ese punto precisó que el derecho
constitucional a mantener el poder adquisitivo real del salario no es un derecho absoluto,
como no lo es ninguno en el Estado de Derecho, por lo cual puede ser limitado mas no
desconocido [...].
Por esa razón, la referida corporación confirmando las principales premisas consignadas
en la Sentencia C-1433 de 2000 sobre el derecho a mantener el poder adquisitivo del
salario, se apartó de las conclusiones a que había llegado en aquél pronunciamiento,
específicamente, en lo relativo a que las autoridades competentes para fijar los salarios
no podían ser restringirlos mediante reglas inflexibles, como era, contemplar una formula
única para la fijación del aumento salarial.
En esa medida, el órgano guardián de la constitución, tomó distancia respecto de los
precedentes invocados en los que estableció un aumento salarial a partir de una fórmula
única y específica, v.gr. la indexación con base en la inflación del año anterior como
criterio mínimo al estimar que la orden de aplicar una fórmula única y específica de
indexación salarial para cualquier nivel salarial no es compatible con la ratio decidendi de
las sentencias que constituyen precedente inmediato y directo de la C-1433 de 2000.
Lo anterior, deja ver que si bien el índice de precios al consumidor es una variable
económica que puede ser tenida en cuenta para establecer el aumento anual de los
salarios de los servidores públicos, también lo es que, no constituye la única fórmula
aplicable para ello, pues, también lo son el peso de la situación real del país, las
9
Sentencia que examinó la constitucionalidad de la Ley 547 del 23 de diciembre de 1999, «por la cual se decreta el
presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de
diciembre del 2000», en cuanto sus disposiciones no contemplaron las apropiaciones para cubrir, durante la vigencia
fiscal de 2000, el aumento que compensara la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de todos los servidores
públicos.
10
Conforme a esta disposición, después de lo decidido mediante la sentencia C-710 de 1999, el gobierno nacional
cada año debe modificar el sistema salarial correspondiente a los servidores públicos nacionales, aumentando sus
remuneraciones.
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finalidades de la política macroeconómica, la ponderación racional del gasto público entre
otras11.
Como se puede observar de todo lo expuesto, se tiene en primer orden que, para las
anualidades en que reclama el actor le fue reconocido un reajuste por debajo del IPC,
ello per se no desconoce el ordenamiento constitucional y legal, puesto que, la Carta
Superior protege el derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario y
que ello comprende que cada año éste sea reajustado para todos los servidores cobijados
por la ley anual de presupuesto, pero no necesariamente, que dicho incremento deba
hacerse con aplicación únicamente de la variación porcentual del IPC del año
inmediatamente anterior.
11
En ese sentido podría ser muy útil la sentencia C-931 de 2004, en la que la Corte Constitucional estudió una
demanda de constitucionalidad contra un apartado que ordenaba congelar los salarios de los servidores públicos,
contenido en la Ley 848 de 2003 que fijaba el presupuesto de rentas, los recursos de capital y las apropiaciones para
la vigencia 2004; providencia en la que se señaló, que para la determinación de los reajustes anuales de los salarios
de los servidores públicos, se deben tener en cuenta los siguientes criterios: «a. Existe un derecho constitucional, en
cabeza de todos los servidores públicos, a mantener el poder adquisitivo de sus salarios (artículo 53 y concordantes,
CP) y, por ende, a que se realicen ajustes anuales en proporción igual o superior a la inflación causada en el año
inmediatamente anterior, sin que éste sea el único parámetro que pueda ser tenido en cuenta. En consecuencia, no
puede haber una política permanente del Estado que permita la disminución del poder adquisitivo del salario.
b. El derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario no es un derecho absoluto. No obstante, no
cualquier interés estatal justifica su limitación. Sólo puede ser limitado para promover el fin constitucionalmente
imperioso de preservar la estabilidad macroeconómica reduciendo el gasto en circunstancias de déficit fiscal y elevado
endeudamiento para no afectar el gasto público social (artículo 350, CP), asegurando así la efectividad de la
solidaridad como principio fundamental del Estado Social de Derecho (artículo 1, CP), dentro de un contexto
económico que justifique la necesidad de la limitación (artículo 2, CP).
c. El derecho de los servidores públicos que perciban salarios iguales o inferiores a dos (2) salarios mínimos legales
mensuales a mantener el poder adquisitivo de su salario no podrá ser objeto de limitaciones dado que tales servidores
se encuentran en las escalas salariales bajas definidas por el Congreso de la República a iniciativa del Gobierno. Por
lo tanto, estos servidores deberán recibir el pleno reajuste de sus salarios de conformidad con el nivel de inflación
registrada en el año 2003.
d. Las limitaciones que se impongan al derecho constitucional de los servidores públicos a mantener el poder
adquisitivo del salario sólo puede afectar a aquellos que tengan un salario superior a los dos (2) salarios mínimos
legales mensuales. El derecho de tales servidores públicos puede ser objeto de limitaciones, es decir, su salario podrá
ser objeto de ajustes en una proporción menor a la de la inflación causada en año 2003, siempre y cuando se dé
cumplimiento a los siguientes parámetros normativos:
• Las limitaciones de los ajustes salariales anuales deben respetar el principio de progresividad por escalas salariales,
de tal manera que quienes perciban salarios más altos se vean sujetos a las mayores limitaciones y los servidores
ubicados en la escala salarial más alta definida por el Gobierno sean quienes estén sometidos al grado más alto de
limitación.
• En todo caso, para respetar el principio de proporcionalidad, las diferencias en los ajustes entre escalas salariales
deberán ser mínimas, y a ninguno de los servidores públicos se le podrá afectar el núcleo esencial de ese derecho.
• Para que no se vulnere el núcleo esencial del derecho a mantener el poder adquisitivo del salario de los servidores
públicos señalados, el ajuste en la última escala superior no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) de la
inflación causada en el año 2003.
No obstante, para la próxima vigencia fiscal de 2005 dicho tope del 50% no resultaría
ajustado a la Constitución, pues el efecto acumulado de tal restricción haría más gravosa la limitación de derechos de
los trabajadores; y porque, como enseguida se explica, al final del cuatrienio correspondiente a la vigencia del actual
Plan Nacional de Desarrollo debe haberse reconocido la actualización plena del derecho a mantener el poder
adquisitivo real del salario a todos los servidores públicos. Este criterio deberá ser tenido en cuenta en el Presupuesto
del año 2005.
• A los servidores públicos a quienes se les limite el derecho, el Estado les debe garantizar que, dentro de la vigencia
del plan de desarrollo de cada cuatrienio, progresivamente se avance en los incrementos salariales que les
corresponden, en forma tal que se les permita a estos servidores alcanzar la actualización plena de su salario, de
conformidad con el índice acumulado de inflación. El Gobierno y el Congreso tienen la obligación de incluir en los
instrumentos de manejo de la política económica, previo un debate democrático, los programas y políticas que
garanticen que, dentro de los cuatro años de vigencia del Plan Nacional de Desarrollo, se consigan reajustes
progresivos que logren alcanzar, al final de tal período cuatrienal, incrementos iguales o superiores al índice acumulado
de inflación para estos servidores. A esta finalidad han de propender las políticas públicas correspondientes. Lo anterior significa que la limitación del
referido derecho no constituye una deuda a cargo del Estado que deba ser cancelada retroactivamente por éste al
término del periodo de cuatro años, sino un ahorro para hacer sostenible el gasto público social en condiciones
macroeconómicas como las mencionadas en esta sentencia.
• En cada presupuesto anual, de no justificarse la limitación del derecho mencionado con razones cada vez más
poderosas, deben incorporarse las partidas suficientes que garanticen efectivamente la actualización plena de los
salarios durante la vigencia del plan de desarrollo.
• El ahorro que obtenga el Estado como consecuencia de las limitaciones a los ajustes salariales que temporalmente
permite la Constitución, sólo pueden destinarse a la inversión social.».
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04898-01 (2578-2021)
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Además, conforme la regla jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional C-1433 de
2000, se tiene que no puede el Gobierno nacional hacer incrementos inferiores al IPC a
quien devengue hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, condición
que no cumple el actor en la medida que su salario para las anualidades 1997 a 2014,
siempre estuvo por encima dicha cuantía […].».
47. Como se observa, las asignaciones básicas están sujetas a los decretos que expide
anualmente el Gobierno nacional12, los cuales constituyen única fuente para realizar el
incremento salarial, pues el artículo 10 ibídem estableció expresamente que «[t]odo
régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones
contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en
desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos».
48. Ahora bien, el artículo 14 de la Ley 100 de 199313 ordenó que las pensiones «se
reajustar[ía]n anualmente de oficio [...] según la variación porcentual del Índice de
Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior». El
objetivo principal de esta norma se contrajo a que dichas prestaciones mantuvieran su
poder adquisitivo.
49. Asimismo, el artículo 279 ibídem previó que lo dispuesto en la ley no se aplicaría a los
miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, pero mediante la Ley 238 de
199514 se adicionó en el sentido de que dichas excepciones no implicaban «la negación
de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 [...] para los
pensionados de los sectores aquí contemplados».
50. Por otra parte, debe señalarse que el Decreto Ley 1211 de 1990 reguló el régimen
salarial y prestacional aplicable a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares,
estableciendo, entre otros aspectos, los factores salariales computables, las primas y el
sistema de liquidación de las prestaciones sociales, régimen que fue aplicado durante su
vigencia a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y retirados.
51. Ahora bien, el Decreto 1211 de 1990, reguló lo pertinente a la remuneración especial
y la liquidación y pago de la asignación de retiro de los oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares, en los siguientes términos:
«Articulo 77. Remuneraciones especiales. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares en servicio activo que desempeñen cargos en el Ministerio de Defensa Nacional,
en los organismos descentralizados adscritos o vinculados a éste o en otras
dependencias oficiales cuyos cargos tengan remuneraciones especiales, devengarán la
asignación correspondiente al cargo, siempre que no sea inferior a la del grado.
Las primas, y subsidios que les correspondan como militares, con excepción de la prima
para Oficiales del Cuerpo Administrativo de que trata el artículo 96 de este Decreto, se
liquidarán y pagarán sobre el sueldo básico del grado y serán de cargo del Ministerio de
Defensa.
12
Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999,
2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de 2005, 407 de 2006, 1515 de 2007,
673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011, 842 de 2012 y 1017 de 2013, 187 de 2014, 1028 de 2015,
214 de 2016, 984 de 2017, 324 de 2018, 1002 de 2019, 318 de 2020, 976 de 2021, 466 de 2022, 910 de 2023.
13
«Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
14
«Por la cual se adiciona el artículo 279 de la Ley 100 de 1993».
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Parágrafo 1. Ningún Oficial o Suboficial, podrá devengar una remuneración total superior
a la fijada para los Ministros del Despacho y los Jefes de Departamento Administrativo,
por concepto de sueldo básico y gastos de representación. Cuando la remuneración total
del Oficial o Suboficial supere el límite fijado anteriormente, el excedente deberá ser
deducido de las primas que le correspondan como militar.
Parágrafo 2. A los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo que
desempeñen cargos en la Justicia Penal Militar y en su Ministerio Público, se les
liquidarán y pagarán sus haberes, en la siguiente forma:
a. Las primas que como militares les corresponda, a excepción de la Prima para Oficiales
del Cuerpo Administrativo de que trata el artículo 96.
b. El sueldo del respectivo cargo en cuantía que sumada con las primas anteriores iguale
las asignaciones establecidas en las disposiciones vigentes sobre la materia, de tal
manera que las primas, bonificaciones y sueldos no, sobrepasen las asignaciones
correspondientes a los cargos que desempeñan.
c. Para efectos del límite de la remuneración, a este personal se le aplicar lo dispuesto
por el artículo 15 del Decreto 78 de 1990 o normas que los sustituyan, modifiquen o
adicionen.
Parágrafo 3. Las entidades pagadoras del Ministerio de Defensa que cubran las primas y
subsidios, descontarán las sumas correspondientes a los porcentajes a que haya lugar
con destino a la Caja de Vivienda Militar y a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares,
liquidadas sobre el sueldo básico correspondiente al grado del Oficial o Suboficial.
Articulo 165. Prestaciones por retiro o muerte en situaciones especiales. Las prestaciones
sociales de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares que se retiren o sean
retirados durante el desempeño de comisiones en el exterior, o mientras se encuentren
disfrutando de las remuneraciones especiales a que se refiere el artículo 77 de este
Decreto, serán las correspondientes al grado respectivo y se liquidarán y pagaran sobre
la base de los haberes que percibirían si se encontraran prestando sus servicios en la
guarnición de Bogotá.
En caso de muerte del Oficial o Suboficial que se encuentre en las situaciones especiales
a que se refiere este artículo, se procederá en igual forma para el reconocimiento de las
prestaciones a favor de sus beneficiarios.».
52. En ese mismo sentido, dicha normativa estableció la asignación de retiro así:
«Artículo 163. Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente estatuto, los Oficiales
y Suboficiales de las Fuerzas Militares que sean retirados del servicio activo después de
quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios o por voluntad del Gobierno o de
los de Comandos de Fuerza, según el caso, o por sobrepasar la edad máxima
correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad
profesional, o por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin tener causa
justificada, o por conducta deficiente, y los que se retiren a solicitud propia después de
veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres
(3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se les pague una
asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las
partidas de que trata el Artículo 158 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años
servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin
que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) del mismo monto.
Parágrafo 1. La asignación de retiro de los Oficiales y Suboficiales que durante la vigencia
de este estatuto se retiren con treinta (30) o más años de servicio, ser equivalente al
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noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas fijadas en el Artículo 158, liquidadas en
la forma prevista en este mismo Decreto.
Parágrafo 2. Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17 de diciembre de 1968, con
treinta (30) o más años de servicio, continuarán percibiendo la asignación de retiro
reajustada al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas que se incluyeron en cada
caso para la respectiva asignación».
53. Es importante mencionar, que el artículo 158 ibídem señaló que en el caso del
personal de oficiales y suboficiales que se retiran del servicio activo, tiene derecho a que
se le liquide las prestaciones sociales atendiendo las siguientes partidas:
«Articulo 158. Liquidación prestaciones. Al personal de Oficiales y Suboficiales que sea
retirado del servicio activo bajo la vigencia de este estatuto, se le liquidarán las
prestaciones sociales unitarias y periódicas sobre las siguientes partidas así:
• Sueldo básico.
• Prima de actividad en los porcentajes previstos en este estatuto.
• Prima de antigüedad.
• Prima de Estado Mayor, en las condiciones previstas en este estatuto.
• Duodécima parte de la prima de Navidad.
• Prima de vuelo en las condiciones establecidas en este Decreto.
• Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia.
• Subsidio familiar. En el caso de las asignaciones de retiro y pensiones, se liquidar
conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de este estatuto, sin que el total por este
concepto sobrepase el cuarenta y siete por ciento (47%) del respectivo sueldo básico.
Parágrafo. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo ninguna de
las demás primas, subsidios, auxilios, bonificaciones y compensaciones consagradas en
este estatuto, ser computable para efectos de cesantías, asignaciones de retiro,
pensiones, sustituciones pensionales y demás prestaciones sociales».
54. Posteriormente, en desarrollo de la Ley 923 de 2004, se expidió el Decreto 4433 de
2004, mediante el cual se fijó el régimen pensional y de asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública, y dispuso que dichas prestaciones se incrementarían en
el mismo porcentaje en que se aumentaran las asignaciones en actividad para cada
grado, consolidando así la aplicación del principio de oscilación a partir de su entrada en
vigencia.
55. Además, el artículo 7 del Decreto 4433 de 2004, «[p]or medio del cual se fija el régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública», establece en
su artículo 7, que para efectos de la asignación de retiro se debe liquidar el tiempo de
servicio de la siguiente forma:
«Artículo 7. Cómputo de tiempo de servicio. Para efectos de la asignación de retiro o
pensión de sobrevivientes, el Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección General de la
Policía Nacional, liquidarán el tiempo de servicio, así:
7.1 Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes, el tiempo de permanencia en la
respectiva escuela de formación, sin que pueda sobrepasar de dos (2) años.
7.2 Soldados profesionales, el tiempo de permanencia como alumno de la escuela de
formación, con un máximo de seis (6) meses.
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7.3 El tiempo de servicio militar obligatorio en cualquiera de las modalidades establecidas
por ley.
7.4 El tiempo como soldado voluntario.
7.5 Tres meses de alta que se entienden como de servicio activo.
7.6 El tiempo prestado como uniformado en las extinguidas Policías Departamentales o
Municipales, siempre y cuando el uniformado policial realice el aporte correspondiente a
dicho período a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, de acuerdo con las
normas del presente Decreto.
7.7 El tiempo de servicio como Oficial, Suboficial, miembro del Nivel Ejecutivo, Agente, o
Soldado Profesional, computando 365 días por año de servicio.
Parágrafo. El tiempo de condena privativa de la libertad personal, decretada por la
Justicia Penal Militar o por la ordinaria, o de separación temporal, no se computará como
tiempo de servicio».
56. Los artículos 13 y 14 del referido Decreto 4433 de 2004, determinan las partidas
computables para la asignación de retiro del personal de las Fuerzas Militares y sus
porcentajes, así:
«Artículo 13. Partidas computables para el personal de las Fuerzas Militares. La
asignación de retiro, pensión de invalidez, y de sobrevivencia, se liquidarán según
corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así:
13.1 Oficiales y Suboficiales:
13.1.1 Sueldo básico.
13.1.2 Prima de actividad.
13.1.3 Prima de antigüedad.
13.1.4 Prima de estado mayor.
13.1.5 Prima de vuelo, en los términos establecidos en el artículo 6° del presente Decreto.
13.1.6 Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia.
13.1.7 Subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha de retiro.
13.1.8 Duodécima parte de la Prima de Navidad liquidada con los últimos haberes
percibidos a la fecha fiscal de retiro.
[…]
Parágrafo. En adición a las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna
de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y compensaciones, serán
computables para efectos de asignación de retiro, pensiones y sustituciones pensionales.
Artículo 14. Asignación de retiro para el personal de Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares en actividad. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en
servicio activo a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, que sean retirados
con dieciocho (18) o más años de servicio, por llamamiento a calificar servicios o por retiro
discrecional, según el caso, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado,
o por disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional, y los que se
retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de
veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres
(3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una
asignación mensual de retiro, así:
14.1 Sesenta y dos por ciento (62%) del monto de las partidas computables a que se
refiere el artículo 13 del presente Decreto, por los dieciocho (18) primeros años de
servicio.
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14.2 El porcentaje indicado en el numeral anterior se adicionará en un cuatro por ciento
(4%) por cada año que exceda de los dieciocho (18) hasta los veinticuatro (24) años, sin
sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%).
14.3 A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral anterior se
incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año adicional a los primeros veinticuatro
(24) años, sin que el total sobrepase el noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas
computables.
Parágrafo 1°. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, que a la fecha de
entrada en vigencia del presente decreto, tuvieren quince (15) o más años de servicio
que sean retirados del servicio activo por llamamiento a calificar servicios o por retiro
discrecional, según el caso, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado,
o por disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional, tendrán
derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, así:
El cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas computables a que se refiere el
artículo 13 del presente Decreto, por los quince (15) primeros años de servicio, y un cuatro
por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15) hasta los veinticuatro (24)
años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%).
A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el inciso anterior se
incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año adicional a los primeros veinticuatro
(24) años, sin que el total sobrepase el noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas
computables.
Parágrafo 2°. Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17 de diciembre de 1968,
con treinta (30) años o más de servicio, continuarán percibiendo la asignación de retiro
reajustada al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas que se incluyeron en cada
caso para la respectiva asignación».
57. Igualmente, en el artículo 39 ibídem se aclaró lo relativo a las partidas computables
para liquidar las prestaciones de aquellos miembros de la Fuerza Pública que se
desempeñaban en cargos con remuneraciones especiales, de la siguiente forma:
«Artículo 39. Asignación de retiro o pensión en situaciones especiales. La asignación de
retiro o pensión de Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Soldados
Profesionales y Agentes en servicio activo que al momento del retiro o de la invalidez o
muerte, se encuentren destinados en comisión en el exterior o desempeñando cargos en
el Ministerio de Defensa Nacional, en las entidades descentralizadas, adscritas o
vinculadas a este o en otras dependencias oficiales cuyos cargos tengan remuneraciones
especiales, se liquidarán de conformidad con las partidas computables establecidas en el
presente decreto, como si se encontrara destinado en el Comando de Fuerza respectivo
o en la Dirección General de la Policía Nacional».
58. De conformidad con lo anterior, a partir del Decreto 4433 de 2004, es posible
determinar que para efectos de la liquidación de los tiempos para el reconocimiento de
la asignación de retiro de los oficiales, se debe tener en cuenta el tiempo de permanencia
en la escuela de formación, sin que el mismo pueda sobrepasar los 2 años, los tres
meses de alta que se entienden como servicio activo y el tiempo de servicio como oficial,
computando 365 días por año de servicio.
59. Así mismo, se destaca que a partir de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004
(1 de enero de 2005), el reajuste de las asignaciones de retiro no se hace más de acuerdo
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con el IPC, sino que se retomó el principio de oscilación previsto en el artículo 42 del
decreto en mención.
60. A partir de lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación15 señaló pacíficamente
que el reajuste conforme con el IPC procedía únicamente cuando se trataba de
asignaciones de retiro, siempre y cuando resultara más favorable y hasta antes de que
fuera expedida la Ley 923 de 200416 y el Decreto 4433 de 200417, pues a partir de este
momento se estableció que las asignaciones de retiro y pensiones se incrementarían
«en el mismo porcentaje en que se aument[aran] las asignaciones en actividad para cada
grado» [artículo 42].
61. Ciertamente, desde el 200718, esta corporación sostuvo que:
«[...] no existe la menor duda en el sentido que bajo los mandatos del artículo original 279
de la ley 100 de 1993 los pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
no eran acreedores del reajuste de sus pensiones como lo dispone el artículo 14 de
aquella, vale decir, teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al
Consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, sino como lo
disponía el decreto 1212 de 1990, o sea mediante la oscilación de las asignaciones de
los miembros de la Policía Nacional en actividad.
[...] a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, el grupo de pensionados de los sectores
excluidos de la aplicación de la ley 100 de 1993, sí tienen derecho a que se les reajuste
sus pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al
Consumidor certificado por el DANE como lo dispuso el artículo 14 de la última y a la
mesada 14 en los términos del artículo 142 ibídem».
62. Más recientemente, en la sentencia proferida el 14 de julio de 202219, se puntualizó lo
siguiente:
«1.- Con la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 (26 de diciembre de 1995 fecha
de su publicación), las excepciones consagradas en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993
presentaron una modificación consistente en que a los pensionados de los sectores allí
contemplados entre ellos los de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, en virtud del
principio de favorabilidad y conforme a los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993 se
les podía reajustar la asignación de retiro conforme al índice de precios al consumidor del
año inmediatamente anterior certificado por el DANE y la mesada 14, respectivamente,
siempre que el incremento realizado por el Gobierno Nacional en los decretos anuales de
las asignaciones en actividad de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional sea inferior.
2.- En vigencia de la Ley 238 de 1995 el reajuste por favorabilidad de las asignaciones
de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional conforme al índice
de precios al consumidor señalado en el artículo 14 de la ley 100 de 1993, en cada caso
concreto, aplica desde el año 1993 hasta 2004, toda vez que a partir del 1.° de enero de
2005 se implementó nuevamente el principio de oscilación a través de la expedición del
Decreto 4433 de 2004.
15
Ver, por ejemplo, las sentencias proferidas el 17 de mayo de 2007 (8464-2005), 15 de noviembre de 2012 (25000-
23-25-000-2010-00511-01).
16
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política».
17
«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública».
18
Sentencia proferida el 17 de mayo de 2017, número interno 8464-2005.
19
Número interno 25000-23-42-000-2019-00883-01 (0501-2022).
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04898-01 (2578-2021)
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3.- El reajuste conforme al IPC incide directamente en la base de la respectiva prestación
pensional y debe servir para la liquidación de los incrementos que a partir del año 2005
se efectuaran sobre dicha prestación».
63. En pronunciamiento del 3 de abril del 2025, esta Subsección señaló sobre el particular
lo siguiente20:
«En suma, como lo pretendido se contrae al reajuste de la asignación básica al tenor de
la variación porcentual del IPC y, en consecuencia, de la asignación de retiro, resulta
improcedente acceder a ello, en razón a que al personal en actividad se le efectúa el
reajuste de los salarios de conformidad con la escala gradual porcentual prevista por el
gobierno nacional.
No pasa por alto la Sala que, si bien a través de la jurisprudencia se ha ordenado el
incremento de las asignaciones de retiro con fundamento en el IPC, ello no puede
aplicarse al sub examine porque el sustento normativo de uno y otro es disímil. Se reitera,
mientras los incrementos de la prestación de retiro se podían efectuar al tenor del artículo
14 de la Ley 100 de 1993, el de los salarios le corresponde exclusivamente al gobierno
nacional a través de los decretos que expide anualmente -Ley 4 de 1992-.
También es menester precisar que si bien es cierto que la Corte Constitucional se ha
detenido en los derechos del trabajador a una remuneración vital y móvil -art. 53 CP- y a
mantener el poder adquisitivo del salario, también lo es que ha puntualizado que no es
un derecho absoluto y, por tal razón, puede ser limitado. Igualmente, esta Sección se
pronunció en los siguientes términos21:
«Lo anterior deja ver que, si bien el IPC es una variable económica que
puede ser tenida en cuenta para determinar el aumento anual de los salarios
de los servidores públicos, también lo es que, no constituye la única fórmula
aplicable para ello, pues, también lo son el peso de la situación real del país,
las finalidades de la política macroeconómica, la ponderación racional del
gasto público entre otras».
Así las cosas, considera la Sala que, en efecto, la Constitución y la ley establecieron el
deber de garantizar el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, pero no solo
con la variación porcentual del IPC, pues el gobierno nacional, a través de los decretos
anuales, puede acudir a otros parámetros.
Entonces, para las anualidades que se reclaman, el ajuste del sueldo sin tener en cuenta
el IPC no desconoce el ordenamiento constitucional ni legal, pues el gobierno nacional
puede atender otras variables anualmente para establecer el aumento de los salarios año
a año; además, tampoco podía tomarse como referencia las Leyes 100 de 1993 y 238 de
1995, en razón a que estas establecieron el incremento conforme con la variación
porcentual del IPC exclusivamente en las pensiones, incluidas las asignaciones de retiro
de los miembros de la Fuerza Pública, como se expuso en el marco normativo.
Por último, en lo que respecta al principio de oscilación, ha de señalarse que este se
aplica exclusivamente a las asignaciones de retiro y, en el presente caso ello no está en
discusión, pues como se indicó, la pretensión se contrajo al reajuste de las asignaciones
salariales de los años 1999 a 2004.
En ese orden argumentativo, el demandante no tiene derecho a los incrementos salariales
que solicitó. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2025, expediente 50001-23-
33-000-2018-00204-01 (4565-2024).
21
Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2018, radicación 25000-23-42-000-2015-06050-01
(3602-2017).
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04898-01 (2578-2021)
Demandante: Juan Pablo Arbeláez Correa
Demandados: Armada Nacional y otros
las pretensiones de la demanda.».
64. En suma, el reajuste conforme con el IPC procede únicamente respecto de las
asignaciones de retiro y pensiones, pero no de las asignaciones básicas, en razón a que
las leyes y decretos reglamentarios no especificaron modificación alguna o disposición
diferente de que el Gobierno nacional, a través de decretos, es el que establece el
incremento de las asignaciones básicas de los miembros de la Fuerza Pública.
3.5. Estudio del caso concreto
3.5.1. Hechos probados
65. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la Sala establece lo
siguiente:
65.1. Juan Pablo Arbeláez Correa ingresó a la Armada Nacional el 10 de enero de 1987 y
se retiró del servicio activo en marzo de 2014, alcanzando el grado de capitán de navío22.
65.2. Entre el 29 de julio de 2009 y el 25 de abril de 2013, el demandante prestó sus
servicios en comisión en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en el
cargo de director seccional de Buenaventura23.
65.3. A través del Decreto 2872 del 10 de diciembre de 2013, el Ministerio de Defensa
Nacional dispuso retirar del servicio a Juan Pablo Arbeláez Correa24.
65.4. La Armada Nacional elaboró la Hoja de Servicios 4-73137931 del 27 de diciembre
de 2013, documento oficial en el que se consignó la identificación de Juan Pablo Arbeláez
Correa, la Fuerza a la que perteneció, el grado ostentado, la fecha de elaboración y el
detalle del tiempo de servicios reconocido. En dicho documento se relacionaron los
conceptos salariales devengados, los factores y partidas computables, así como los
valores proyectados para efectos prestacionales, incluyendo la información necesaria
para la liquidación de prestaciones sociales. Así las cosas, se precisó que prestó sus
servicios en la Armada Nacional, por espacio de 25 años, 7 meses y 17 días. Igualmente,
se indicó que se retiró del servicio activo por solicitud propia, teniendo como fecha de
corte el 12 de diciembre de 2013, y a partir de ese momento corrieron los tres meses de
alta hasta el 12 de marzo de 2014, finalmente liquidó las partidas computables para la
asignación de retiro, así: sueldo básico por $3.082.907.00, subsidio familiar
$1.202.334.00, prima de antigüedad servicio $616.581.00, prima de actividad militar
$1.526.039.00, prima de estado mayor $616.581.00 y prima de navidad $612.358.00
para un total de $7.656.800. Sin embargo en el mismo documento liquidó la última
nómina de noviembre de 2013, así: sueldo básico por $3.082.907.24, seguro de vida
22
Según consta en la hoja de vida ff. 7 a 16 del expediente físico 25000-23-42-000-2017-04898-01, remitido a esta
corporación por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
23
Ff. 633 a 638 del expediente físico 25000-23-42-000-2017-04898-01, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
24
Ff. 35 del expediente físico 25000-23-42-000-2017-04898-01, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04898-01 (2578-2021)
Demandante: Juan Pablo Arbeláez Correa
Demandados: Armada Nacional y otros
subsidiado $10.988.00, prima del Decreto 2863 de 2007 por $508.679.65, y otras primas
$3.756.712.00, para un total de $7.359.286.6525.
65.5. Mediante la Resolución 0159 del 7 de febrero de 2014, la Armada Nacional reconoció
al actor las cesantías definitivas, acto que fue notificado el 10 de febrero de 201426.
65.6. A través la Resolución 587 del 4 de febrero de 2014, la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, CREMIL, reconoció al demandante la asignación de retiro, con efectos a partir
del 12 de marzo de 2014, en cuantía equivalente al 87 % del sueldo de actividad
correspondiente a su grado, incluyendo la prima de actividad, la prima de antigüedad, el
subsidio familiar, la prima de estado mayor y la prima de navidad con efectos a partir del
12 de marzo de 201427.
65.7. Por medio de Resolución 1996 del 21 de diciembre de 2015, proferida por el jefe de
Desarrollo Humano y de Familia de la Armada Nacional, al capitán de navío (r) Juan
Pablo Arbeláez Correa le fue reconocida la indemnización por disminución de la
capacidad laboral. La resolución en mención fue notificada al demandante el 15 de enero
de 201628.
65.8. El demandante presentó solicitudes de reliquidación de la hoja de servicios, salarios,
prestaciones sociales y asignación de retiro ante la Armada Nacional y CREMIL los días
30 de octubre de 2015, 6 de octubre de 2016 y 3 de mayo de 201729. Las peticiones
estuvieron encaminadas a obtener la reliquidación de sus sueldos y factores salariales
año por año desde 1997 al 2004 con base en el IPC y desde el 2005 hasta la fecha de
su retiro con la metodología de la oscilación, incluida la reliquidación de las cesantías e
indemnización por pérdida de capacidad laboral.
65.9. La Armada Nacional dio respuesta desfavorable a dichas solicitudes mediante los
oficios 20150042360425181 del 20 de noviembre de 2015, 20150423330441711 del 1
de diciembre de 2015, 20160042360506381 del 27 de octubre de 2016 y
20160423330587081 del 2 de abril de 201730.
65.10. CREMIL resolvió negativamente las solicitudes de reliquidación de la asignación de
retiro mediante los oficios 2015-80384 del 11 de noviembre de 2015, 2016-70935 del 26
de octubre de 2016 y 2017-28109 del 25 de mayo de 201731.
25
Ff. 37 del expediente físico 25000-23-42-000-2017-04898-01, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
26
Ff. 38 del expediente físico 25000-23-42-000-2017-04898-01, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
27
Ff. 50 a 52 del expediente físico 25000-23-42-000-2017-04898-01, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
28
Ff. 50 a 52 del expediente físico 25000-23-42-000-2017-04898-01, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
29
Ff. 27 y 28 del expediente físico 25000-23-42-000-2017-04898-01, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
30
Ff. 42 y 48 del expediente físico 25000-23-42-000-2017-04898-01, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
31
Ff. 53 a 54 del expediente físico 25000-23-42-000-2017-04898-01, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
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Demandante: Juan Pablo Arbeláez Correa
Demandados: Armada Nacional y otros
65.11. Mediante el oficio 20170423330234721 del 11 de julio de 2017, notificado el 13 de
julio de 2017, la Armada Nacional reiteró la negativa a corregir la hoja de servicios y a
reliquidar las prestaciones reclamadas32.
65.12. La coordinadora del Grupo de Centro Integral de Servicio al Usuario de CREMIL,
certificó las nóminas del demandante de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2014; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015; enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016;
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2017; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2018; y enero, febrero, marzo, abril, mayo de 201933.
65.13. Según extracto de la hoja de vida expedida el 17 de marzo de 2016 por la Armada
Nacional, el capitán de navío (r) Juan Pablo Arbeláez Correa ingresó a la Armada
Nacional desde el 10 de enero de 1987 y se ha desempeñado en los siguientes cargos:
alumno de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, alumno del Centro de
Entrenamiento del Pacífico, jefe de División Administrativa en Antioquia, jefe del
Departamento de Logística en Antioquia, jefe de la Sección de Logística en el Batallón
de Fusileros, oficial de Logística S-4 en el Batallón de Fusileros, jefe del Departamento
de Logística en el Comando Flotilla Fluvial del Magdalena, alumno de la Escuela Naval
de Cadetes Almirante Padilla, jefe del Departamento de Logística del Comando de Flotilla
de Superficie, jefe de Administración del Departamento de Servicios Generales, jefe del
Departamento de Logística del Comando de Flotilla de Submarinos, jefe del Grupo de
Intendencia Regional 4, jefe del Departamento Logístico N4, alumno de la Escuela
Superior de Guerra, jefe de la División Administrativa DIMAR, director de la Dirección de
Impuestos y Aduanas en Buenaventura y jefe de la Oficina de Control Interno CARMA34.
65.14. El jefe de la Coordinación de Tesorería de la DIAN certificó que el Juan Pablo
Arbeláez Correa en la nómina mensual de 2009 a 2013 se le presupuestaron los
siguientes haberes: sueldo, prima técnica e incentivo por desempeño grupal. Asimismo,
se realizaron los debidos descuentos por aportes a salud y pensión y el reconocimiento
de las diferentes prestaciones sociales, conforme al empleo ocupado35.
3.5.2. Análisis sustancial de la Sala
66. En primer lugar, corresponde a la Sala a pronunciarse en lo relacionado con la
pretensión de modificar la hoja de servicios del demandante teniendo en cuenta todo el
tiempo de formación como alumno oficial, el tiempo de servicios como oficial, incluyendo
5 días de diferencia favorable por cada año de servicio, los 3 meses de alta y por lapso
mayor a 6 meses tomar año completo.
32
Ff. 47 del expediente físico 25000-23-42-000-2017-04898-01, remitido a esta corporación por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
33
Ff. 294-314 y 317-351 cdno. 2.
34
Ff. 3-17 cdno. ppal.
35
Ff. 634-638 del cuaderno 2.
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Demandante: Juan Pablo Arbeláez Correa
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67. Conforme con lo anterior, es menester señalar que el demandante se retiró del servicio
el 12 de diciembre de 2013 (fls. 36-37 cdno. ppal.) con un tiempo de 25 años, 7 meses y
17 días, lo que le otorgó el derecho a una asignación de retiro en cuantía del 87% (fls.
50-51).
68. En el momento en el que se desvinculó el demandante del servicio activo, esto es, el
12 de diciembre de 2013 y consolidó su derecho a devengar asignación de retiro, la
norma que se encontraba vigente y era aplicable a su caso era el Decreto 4433 de 2004,
estatuto que regula las prestaciones sociales de los oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares. En ese contexto, no resulta de recibo el argumento del apelante según
el cual debía aplicarse de manera preferente el Decreto 1211 de 1990 para el cómputo
del tiempo de servicio, pues dicha norma regula situaciones propias del régimen anterior
y no desplaza la aplicación del Decreto 4433 de 2004 respecto de los miembros retirados
bajo su vigencia. En consecuencia, la administración no incurrió en error al aplicar la
normativa vigente para la elaboración de la hoja de servicios.
69. De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 4433 de 2004, para efectos de liquidar los
tiempos para el reconocimiento de la asignación de retiro, se debe tener en cuenta el
tiempo de permanencia en la escuela de formación, sin que el mismo pueda sobrepasar
los 2 años, los tres meses de alta que se entienden como servicio activo y el tiempo de
servicio como oficial, computando 365 días por año de servicio.
70. Una vez revisada la hoja de servicios (fls. 36-37), se constata que la liquidación de los
tiempos, para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro se encuentra ajustado
a lo establecido en la norma previamente citada, pues, al demandante se le tuvo en
cuenta un tiempo de 23 años, el cual se encuentra acreditado igualmente en el extracto
de su hoja de vida expedida el 17 de marzo de 2016 por la Armada Nacional (fls. 3-17
ib.), 2 años de formación y los 3 meses de alta, no siendo así procedente la solicitud
realizada por el demandante de modificar su hoja de servicios.
71. Por otra parte, en el recurso de apelación el demandante consideró que el a quo
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, seguridad social,
mínimo vital, entre otros. Asimismo, se detuvo en el principio de oscilación y el
incremento conforme con el IPC previsto en la Ley 100 de 1993 para señalar que sí tenía
derecho al reajuste de los salarios y factores devengados entre 1999 a 2004 porque en
estos el IPC fue inferior al aumento decretado por el Gobierno nacional. En ese punto,
tambiéncuestionó que el tribunal hubiera rechazado la excepción de inconstitucionalidad
frente a los decretos anuales de incremento salarial expedidos entre 1997 y 2004 y
vigencias posteriores, al considerar que sí existe una antinomia entre la escala gradual
porcentual establecida en el artículo 1 de dichos decretos y el parágrafo 3 del mismo
artículo, que ordena aplicar aumentos iguales o superiores al IPC, conforme a lo
dispuesto para los empleados civiles de la Rama Ejecutiva.
72. En lo que tiene que ver con la pretensión del reajuste de la asignación que devengaba
en servicio activo el demandante, con base en el índice de precios al consumidor, IPC,
de 1997 hasta 2004 y en los años subsiguientes, es importante tener en cuenta que el
derecho al reajuste de acuerdo con la variación del IPC, con fundamento en los artículos
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Demandante: Juan Pablo Arbeláez Correa
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14 de la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993 y 1 de la Ley 238 del 26 de diciembre de
1995, es aplicable, por el tenor literal de dichas normas y la interpretación jurisprudencial
reiterada sobre el tema, a las pensiones, para el presente caso, las asignaciones de
retiro, y no para los salarios de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo,
caso en el cual el incremento se realiza según los parámetros definidos por los decretos
expedidos por el Gobierno nacional, que regulan la materia de manera específica, siendo
normas que gozan de presunción de legalidad y su vigencia y aplicación se encuentra
incólume, por lo tanto son de obligatorio cumplimiento.
73. En efecto, como se indicó en precedencia, el artículo 13 de la Ley 4 de 1992 facultó
al Gobierno nacional para que fijara una escala porcentual para nivelar la remuneración
del personal activo de la Fuerza Pública; es así como mediante los Decretos 133 de
1995, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999 se fijó la asignación salarial para cada grado
de oficiales y suboficiales, a partir de la asignación básica de un general.
74. Ello permite inferir que, si el actor se encontraba en servicio activo para los años 1997
a 2004, pues su retiro se produjo a partir del 15 de diciembre de 2012, el incremento de
su sueldo mensual debía atender los decretos expedidos por el Gobierno nacional y no
el IPC.
75. En ese orden, el reajuste salarial por los periodos mencionados no está llamado a
prosperar, en razón a que las normas que sirvieron de sustento a la solicitud conciernen
al incremento de la prestación de retiro y no de los salarios.
76. Bajo estas condiciones, al no asistirle derecho al demandante a que la asignación
básica que percibió en servicio activo sea reajustada en los términos solicitados, no
prospera la pretensión de reajuste de su asignación de retiro, máxime si se tiene en
cuenta que al demandante le fue reconocida dicha prestación a partir del 12 de marzo
de 2014, de modo que se encuentra regido por las disposiciones normativas contenidas
en el Decreto 4433 de 2004, lo que implica que no sea factible decretar el reajuste
pretendido, pues no hay lugar a dar aplicación a la Ley 238 de 1995 para los retirados
con asignación de retiro reconocida a partir de la vigencia del Decreto 4433 de 2004.
77. Bajo el anterior rasero, es de señalar que los Decretos 122 de 1997, 62 de 1999, 2737
de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004 fueron proferidos por el Gobierno
nacional de acuerdo a sus atribuciones constitucionales y legales, conforme se analizó en
el fundamento normativo de esta providencia, de ahí que la entidad demandada se
encontraba en la obligación de implementarlos y acatarlos.
78. No obstante, conforme a lo expuesto en el marco normativo, la diferenciación entre el
reajuste anual salarial y de asignación de retiro de la Fuerza Pública para la época
referenciada, se encuentra debidamente soportada por la Constitución Política y la ley,
dado que, por una parte, era potestad del Gobierno nacional establecer la estructura y
remuneración de los distintos empleos públicos de la Rama Ejecutiva, como expresamente
lo señaló la Ley 4 de 1992, y por otra parte, el reajuste sobre asignaciones de retiro con
base en el IPC, para los años 1997 a 2004, tuvo su sustento legal en la Ley 238 del 26 de
diciembre de 1995 que como ya se mencionó en el fundamento normativo del presente
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proveído, creó a partir de su vigencia al grupo de pensionados de la Fuerza Pública con
asignación de retiro o pensión, el derecho al reajuste de su asignación de retiro o pensión
de acuerdo con la variación del IPC del año inmediatamente anterior; situación que solo
se dio hasta la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, pues a partir del 1 de
enero de 2005, el reajuste de las asignaciones de retiro no se hace más de acuerdo con
el IPC, sino que se retomó el principio de oscilación previsto en el artículo 42 ibídem.
79. Así entonces, la asignación salarial que legal y anualmente le fue asignada al
demandante para los años 1997 a 2004 y subsiguientes, a través de los decretos anuales
dictados por el Gobierno nacional, se encuentra ajustada al principio de legalidad del gasto
público36, razón por la cual la remuneración que efectivamente percibió es la que
presupuestalmente se encontraba soportada, pues de reconocerse una erogación distinta,
se vulneraría la organización y manejo presupuestal de los recursos públicos, y como
corolario de lo anterior, tampoco hay lugar a ordenar la reliquidación de la asignación de
retiro que actualmente percibe el demandante, la cual además, contiene las partidas
computables que se deben tener en cuenta al momento del reconocimiento de la asignación
de retiro de los oficiales, determinadas en el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, esto es,
el sueldo básico, prima de actividad, prima de antigüedad, subsidio familiar, prima de estado
mayor y prima de navidad.
80. En suma, como lo pretendido se contrae al reajuste de la asignación básica al tenor
de la variación porcentual del IPC y, en consecuencia, de la asignación de retiro, resulta
improcedente acceder a ello, en razón a que al personal en actividad se le efectúa el
reajuste de los salarios de conformidad con la escala gradual porcentual prevista por el
Gobierno nacional37.
81. La Sala reitera que el legislador, a través de la aludida Ley 238 de 1995, extendió el
reajuste del IPC, señalado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, a las asignaciones de
retiro reconocidas a los miembros de las fuerzas militares con el fin de que estas
mantuvieran su poder adquisitivo constante, mientras que según lo preceptuado en el
artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, los sueldos del personal activo debían incrementarse
en el porcentaje establecido por el ejecutivo en relación con la asignación básica fijada
para el grado de general. En ese orden de ideas, como el accionante para los años 1997
a 2004 tenía la calidad de miembro activo de la Armada Nacional, el ajuste salarial para
esas anualidades debía efectuarse conforme a las cifras porcentuales previstas en los
Decretos 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de
2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004, expedidos por el Gobierno nacional,
36
Sobre dicho principio la Corte Constitucional en Sentencia C-772 de 1998 señaló: Uno de esos principios es el
de legalidad, el cual, ha dicho la Corte, se constituye en uno de los fundamentos más importantes de las democracias
constitucionales. «Según tal principio, corresponde al Congreso, como órgano de representación plural, decretar y
autorizar los gastos del Estado, pues ello se considera un mecanismo necesario de control al Ejecutivo y una
expresión inevitable del principio democrático y de la forma republicana de gobierno (C.P art. 1). En el
constitucionalismo colombiano, la legalidad del gasto opera en dos momentos diferenciados, pues en general las
erogaciones no sólo deben ser previamente decretadas por la ley (C.P. art. 346) sino que, además deben ser
apropiadas por la Ley de presupuesto (C.P. art. 345) para poder ser efectivamente realizadas. (Corte Constitucional,
Sentencia C-685 de 1996)».
37
En ese mismo sentido se pronunció la Subsección A en la sentencia del 7 de septiembre de 2023, expediente 76001-
23-33-000-2018-00120-02 (4225-2022).
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04898-01 (2578-2021)
Demandante: Juan Pablo Arbeláez Correa
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en ejercicio de las facultades conferidas por el Congreso de la República mediante la
Ley 4ª de 1992.
82. Así las cosas, fluye con claridad que en el asunto sub examine no es dable inaplicar
por inconstitucional o por antinomia, los referidos decretos salariales, como se solicita en
la demanda y en el recurso de apelación, para en su lugar, aplicar la preceptiva contenida
en el artículo 279 (parágrafo 4º) de la Ley 100 de 1993, habida cuenta de que tal
disposición tiene como destinatarios a los miembros retirados de las fuerzas militares a
quienes se les hubiere reconocido asignación de retiro y, en el presente caso, el actor no
tenía tal condición para los años respecto de los cuales reclama el incremento con
fundamento en el índice de precios al consumidor, IPC.
83. Luego, como el reajuste previsto en la citada Ley 238 de 1995 se refiere a las
asignaciones de retiro del personal que prestó sus servicios a las fuerzas militares y no
a los sueldos devengados por dichos servidores en actividad, se arriba a la conclusión
de que no se encuentra desvirtuada la presunción de legalidad de los actos
administrativos acusados, porque el demandante carece del derecho a la reliquidación
de las asignaciones básicas que devengó como miembro activo de la Armada Nacional
con aplicación del IPC para los años 1997 a 2004, toda vez que los ajustes determinados
por el Gobierno nacional tienen pleno sustento constitucional y legal, y no están llamados
a ser sustituidos en virtud de la expedición de la Ley 238 de 1995 y, por ende, tampoco
es viable ordenar el reajuste de su asignación de retiro38.
84. Finalmente, contrario a lo afirmado en la sentencia de primera instancia, la Sala
constata que los actos administrativos que ordenaron reconocer al demandante las
cesantías definitivas (Resolución 0159 del 7 de febrero de 2014) y una indemnización
por disminución de la capacidad laboral (Resolución 1996 del 21 de diciembre de 2015),
sí fueron demandados. Sin embargo, la Subsección no se pronunciará sobre el particular
en la medida que no fue objeto de apelación.
85. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la
sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. En el presente caso, la parte
demandante es apelante único, razón por la cual, la competencia de la Sala de
Subsección se encuentra limitada por el objeto mismo del recurso, cuyo marco está
definido por el juicio de reproche esbozado en la apelación.
86. De esta manera, la competencia funcional del juez de segunda instancia, se encuentra
limitada por las razones de inconformidad expuestas en la sustentación del recurso de
apelación, y no por la sola manifestación genérica de impugnar la providencia. Cuando el
apelante es único, dicha competencia no es irrestricta, pues está condicionada por el
principio de la non reformatio in pejus y por el objeto del recurso, delimitado exclusivamente
por los cargos formulados contra el fallo de primera instancia. En consecuencia, al juez de
38
Sobre el particular se puede consultar, entre otras, la sentencia del 20 de enero de 2022, proferida por esta
Subsección, en el expediente 08001-23-33-000-2017-01050-01 (5018-2019).
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04898-01 (2578-2021)
Demandante: Juan Pablo Arbeláez Correa
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apelación le está vedado, pronunciarse sobre aspectos no controvertidos por el recurrente,
los cuales, quedan excluidos del debate de segunda instancia y respecto de los que se
entiende agotada la controversia, en garantía del principio de congruencia y del debido
proceso.
3.6. Conclusión
87. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que los actos administrativos
demandados fueron expedidos con observancia del ordenamiento jurídico, en tanto la
Armada Nacional aplicó correctamente el régimen normativo vigente para la elaboración
y aprobación de la hoja de servicios de Juan Pablo Arbeláez Correa, y CREMIL reconoció
la asignación de retiro con fundamento en dicha certificación oficial.
88. Asimismo, no resulta procedente inaplicar, por vía de excepción, los decretos
anuales de incremento salarial para sustituir el principio de oscilación por el IPC, ni se
acreditó error en el cómputo del tiempo de servicio ni en los factores salariales
computables.
89. Por las razones anotadas en precedencia, se confirmará la sentencia que negó las
pretensiones de la demanda, en razón a que el solicitante no tenía derecho a que se
reajustara la asignación básica devengada entre 1997 a 2004 porque el incremento de
la asignación básica mensual del personal activo de las Fuerzas Militares recae
únicamente en el Gobierno nacional, de conformidad con la Ley 4 de 1992 y, aunque no
se haya dado en los precisos términos del IPC, no puede considerarse que ello vulnere
sus derechos laborales.
90. En consecuencia, no prosperan los cargos formulados en el recurso de apelación y
se impone confirmar la sentencia de primera instancia.
3.7. Costas
91. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario39 de la Subsección
sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no presupone la causación
automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino que es necesario realizar
un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de la conducta procesal asumida
39
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por
el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad
patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio
objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público,
antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación
finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del
CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en
el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-14).
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04898-01 (2578-2021)
Demandante: Juan Pablo Arbeláez Correa
Demandados: Armada Nacional y otros
por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte vencida actuó de mala fe, de
manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta oportunidad no se condenará en
costas, porque no se advierte que la parte demandante haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 3 de diciembre de
2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
Segundo: No condenar en costas en esta instancia.
Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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