Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04946-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04946-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-04946-02
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
25 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04946-02 (0713-2023)
Demandante: José de Jesús Sierra Becerra
Demandado: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
Temas: Ejecutivo laboral - Caducidad - Intereses moratorios
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones, en adelante Foncep, contra la sentencia
proferida el 2 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante la cual desestimó las
excepciones propuestas por el demandado y dispuso seguir adelante la ejecución.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
El señor José de Jesús Sierra Becerra, actuando por intermedio de apoderado,
interpuso demanda ejecutiva con el fin de que se cumpla la sentencia del 1 de
octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
ordenó la reliquidación de su pensión de jubilación.
1 Folios 60 a 75.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04946-02 (0713-2023)
Demandante: José de Jesús Sierra Becerra
Como consecuencia de lo anterior, el accionante solicitó que se librara
mandamiento ejecutivo por las siguientes sumas: i) $1.998.527,60, «por concepto
de DTF entre la fecha de ejecutoria de la sentencia 11 de diciembre de 2013 y por
los primeros 10 meses o sea hasta el 11 de octubre de 2014», conforme con lo
disponen los artículos 192 y 195 del CPACA; ii) $16.039.310,40, «por concepto de
intereses moratorios causados por la mora en el pago de la sentencia entre el 12 de
octubre de 2014 hasta el 19 de octubre de 2015, fecha en que se constituyó el título
judicial No. 4001000052222811 por valor de $ 60.342.017 a órdenes del
demandante»; iii) intereses moratorios liquidados a la tasa máxima autorizada por
la Superintendencia Financiera, «hasta la fecha en que se realice el pago total de la
obligación respecto al DTF y los intereses moratorios omitidos por Foncep en su
debida oportunidad»; y iv) costas procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El 1 de octubre de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, profirió sentencia a través de la cual le ordenó a Foncep
reliquidar la pensión de jubilación del señor José de Jesús Sierra Becerra, de
conformidad con la Ley 33 de 1985, en cuantía equivalente al 75 % del promedio de
todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicios. La
providencia quedó ejecutoriada el 11 de diciembre de 2013.
ii) El 19 de mayo de 2014, el actor le solicitó a Foncep dar cumplimiento a la
sentencia en comento.
iii) El 12 de noviembre de 2014, por Resolución 001939, Foncep reliquidó la pensión
del demandante en cumplimiento del referido fallo.
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-04946-02 (0713-2023)
Demandante: José de Jesús Sierra Becerra
iv) El 3 de marzo de 2015, Foncep constituyó un título judicial a nombre del señor
Miguel Arturo Reyes González, pese a que el nombre correcto del beneficiario era
José de Jesús Sierra Becerra.
v) El 19 de octubre de 2015, Foncep corrigió la anterior irregularidad.
vi) El 4 de abril de 2016, el ejecutante le solicitó a Foncep el pago «del DTF y los
intereses moratorios causados entre la ejecutoria de la sentencia 11 de diciembre
de 2014 y el 19 de octubre de 2015 fecha en que se constituyó en legal forma el
título judicial a favor del señor Sierra Becerra». Esta petición fue reiterada el 27 de
mayo de 2016.
vii) El 16 de junio de 2016, por Resolución SPE-GP 0153, Foncep negó el
reconocimiento de los intereses moratorios reclamados. Esta decisión fue
confirmada, mediante la Resolución SPE-GP 0450 del 1 de septiembre de 2016.
1.1.3. Fundamentos de derecho de la demanda ejecutiva
Como tales se señalaron los artículos 1653 del Código Civil; 488, 497 y 498 del
Código de Procedimiento Civil; 155, 156, 192 y 199 del CPACA; 25, 297 a 299 y 613
de la Ley 1564 de 2012.
1.2. Oposición a la demanda ejecutiva
Foncep se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en las
siguientes excepciones:2
i) Prescripción. La sentencia objeto de cumplimiento quedó ejecutoriada el 11 de
diciembre de 2013, pero el mandamiento de pago se libró el 28 de febrero de 2022,
notificado el 10 de marzo siguiente, esto es, más de 5 años después del término de
prescripción de la acción ejecutiva, previsto en los artículos 2536 del Código Civil y
2 Folios 211 a 215.
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Demandante: José de Jesús Sierra Becerra
164 del CPACA.
ii) Caducidad de la acción. La inactividad del interesado condujo a que el título de
recaudo perdiera su exigibilidad.
iii) Pago total de la obligación. Por Resolución 001939 del 12 de noviembre de
2014, Foncep acató integralmente la decisión judicial objeto de ejecución. Además,
le reconoció al señor Sierra Becerra la suma de $75.912.429 por los siguientes
conceptos: a) retroactivo mesada adicional de noviembre de 2014; b) retroactivo
diferencias pensionales causadas por la reliquidación, entre el 1 de diciembre de
2009 y el 30 de diciembre de 2013; y c) retroactivo pensión entre el 1 de enero de
2014 y el 30 de diciembre de 2014 – actualización condena.
iv) No percepción de intereses moratorios. Existe incompatibilidad para recibir
intereses moratorios e indexación. Entonces, como la Resolución 001939 de 2014
indexó las condenas, no es posible reconocer los intereses solicitados.
v) Cobro de lo no debido y pérdida de intereses por cobro excesivo. El tribunal
libró mandamiento de pago con base en la sentencia aportada al plenario, pero sin
tener en cuenta la Resolución 001939 de 2014.
vi) Buena fe. Foncep acató el título de recaudo de manera voluntaria y en los
términos allí dispuestos.
vii) Genérica. Prevista en el artículo 306 del CGP.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia del 2 de noviembre de 2022, desestimó las excepciones
propuestas por la entidad demandada y dispuso seguir adelante la ejecución, con
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Demandante: José de Jesús Sierra Becerra
sustento consideraciones que se resumen, a continuación:3
i) La sentencia objeto de ejecución quedó ejecutoriada el 11 de diciembre de 2013,
de manera que el actor debía solicitar su cumplimiento dentro de los 3 meses
siguientes, pero lo hizo el 19 de marzo de 2014. A su turno, la obligación se pagó el
18 de octubre de 2015.
ii) En el sub lite se causaron intereses en el equivalente a $13.369.322,25,
discriminados de la siguiente forma: a) $1.471.532,23 - calculados con la tasa DTF
entre el 12 de diciembre de 2013 y el 12 de marzo de 2014 y del 19 de marzo de
2014 hasta el 11 de octubre de octubre de 2014; y b) 11.897.790,02 - liquidados
con la tasa comercial entre el 12 de octubre de 2014 y el 18 de octubre de 2015.
iii) Se encuentra acreditado que Foncep no ha pagado los mencionados intereses
y, por lo tanto, debe seguir adelante la ejecución.
iv) No operó la prescripción, toda vez que la demanda se interpuso dentro de los 5
años siguientes a la exigibilidad de la sentencia cuyo cumplimiento se reclama.
1.4. El recurso de apelación
Foncep interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base en los
siguientes argumentos:4
i) Conforme a los artículos 2536 del Código Civil y 164 del CPACA, en este caso operó
la prescripción y la caducidad de la acción ejecutiva, ya transcurrieron más de 5
años entra la ejecutoria de la sentencia objeto de ejecución (11 de diciembre de
2013) y la expedición del auto que libró mandamiento de pago (28 de febrero de
2022). Este lapso equivale a 8 años, 2 meses, 17 días.
ii) La inactividad del demandante conllevó que la obligación reclamada perdiera su
3 Folios 241 a 251.
4 Folios 254 a 259.
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Demandante: José de Jesús Sierra Becerra
exigibilidad.
iii) Mediante Resolución 001939 del 12 de noviembre de 2014, Foncep cumplió el
fallo judicial aportado como título de recaudo y le reconoció al actor la suma de
$75.912.429, por los siguientes conceptos:
CONCEPTO VALOR
Retroactivos mesada adicional de noviembre de 2014 $1.151.058
Retroactivo diferencias pensionales causadas por la $57.221.774
reliquidación entre el 01-12-2009 y el 30-12-2013
Retroactivo pensión entre el 01-01-2014 al 30-12- $15.005.883
2014.2.533.714 [sic] - actualización condena
Total pagado $75.912.429.00
DESCUENTOS VALOR
Aporte a salud $6.347.733.00
Aporte no cotizados $7.422.279.00
Retroactivo aporte salud $1.800.400.00
Total descuentos $15.570.412.00
CONCEPTO VALOR
Total pagado $75.912.429.00
Menos descuentos $15.570.412.00
Neto pagado [casilla en blanco]
1.5. Intervenciones en segunda instancia
El accionante y Foncep se abstuvieron de intervenir ante esta corporación.
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Conforme al recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, el
problema jurídico se circunscribe a establecer si debe revocarse la decisión que
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Demandante: José de Jesús Sierra Becerra
ordenó seguir adelante la ejecución, por cuanto: i) operó la caducidad de la
demanda; y ii) Foncep cumplió con la obligación decretada judicialmente.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial encaminado
a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el
cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia
del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión
judicial.
El instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se denomina título
ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del Código General del Proceso, aplicable por
remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:
Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las
que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de
policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. […]. (Resaltado fuera del texto).
A su turno, el artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo, entre
otros, las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública
al pago de sumas dinerarias.
Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y
sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le
corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago,
conforme lo dispone el 430 del CGP.
Por su parte, el ejecutado puede presentar las excepciones de mérito en ejercicio
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-04946-02 (0713-2023)
Demandante: José de Jesús Sierra Becerra
legítimo de su derecho de defensa, conforme lo permite el artículo 442 ibidem.
Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar
sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las
ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida
en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».5
2.3. Hechos probados
• El 1 de octubre de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, profirió la sentencia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el señor José de Jesús Sierra Becerra
contra Foncep, a través de la cual le ordenó a dicho fondo reliquidar la pensión de
jubilación del demandante, de conformidad con la Ley 33 de 1985, en cuantía del
75% del promedio mensual de todos los factores salariales percibidos durante el
último año de servicios, efectiva a partir del 1 de diciembre de 2009.6
Asimismo, se ordenó descontar los aportes pensionales sobre los factores que no
hubieren sido objeto de la deducción legal; y se dispuso dar cumplimiento a la
sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.
• El 11 de diciembre de 2013 quedó ejecutoriado el mencionado fallo.7
• El 19 de marzo de 2014, el demandante le solicitó a Foncep dar cumplimiento a la
sentencia del 1 de octubre de 2013.8
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre 2009, radicado:
25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo siguiente: «el profesor, Eduardo J. Coutere, en su
obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial Depalma Buenos Aires, 1981, expuso: “Las excepciones perentorias
no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. No procuran la depuración de elementos formales de juicio, sino
que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado.”».
6 Folios 3 a 9.
7 Folio 9, reverso.
8 Folios 12 a 14.
8
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04946-02 (0713-2023)
Demandante: José de Jesús Sierra Becerra
• El 12 de noviembre de 2014, por Resolución 001939, Foncep reliquidó la pensión
del actor, «en cumplimiento a un fallo judicial», en los siguientes términos: 9
RESUELVE
[…]
ARTÍCULO SEGUNDO.- Dar cumplimiento al fallo judicial proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección “C”, del 1 de octubre
de 2013, ejecutoriado el 11 de diciembre de 2013, ordenando reliquidar el valor de la
mesada de la pensión de vejez reconocida al señor JOSÉ DE JESÚS SIERRA BECERRA
[…], en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el último año de
servicios.
ARTÍCULO TERCERO.- Reconocer y pagar al señor JOSÉ DE JESÚS SIERRA BECERRA, la
suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 59.755.488) MCTE, por los siguientes
conceptos: CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS ($57.221.774.00) M/CTE, correspondientes a la diferencia,
generada ente el valor de la mesada pensional que se le venía cancelando y el valor
causado como consecuencia de la reliquidación ordenada en el fallo judicial, por el
período comprendido entre el 1 de diciembre de 2009 y el 30 de diciembre de 2013
y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS
($2.533.714.00) MCTE, por indexación de la condena, de acuerdo con lo ordenado
en la sentencia judicial.
ARTÍCULO CUARTO.- Sobre el valor reconocido en el artículo anterior descontar la suma
de TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOCE PESOS ($ 13.770.012.00) MCTE, de
los cuales SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS ($ 6.347.733) MCTE, por concepto de aportes para el sistema de seguridad
social en salud, suma que será girada al FOSYGA de conformidad con lo acordado en
la sesión del Comité Jurídico Distrital del 26 de marzo de 2012, en concordancia con
el artículo 7° de la Ley 797 de 2003 y demás pertinentes y el valor de SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 7.422.279.00)
MCTE correspondientes al 25% de los aportes para pensión sobre los factores
salariales indexados que no se tuvieron en cuenta para la liquidación de la pensión.
PARÁGRAFO: El neto a pagar al señor JOSÉ DE JESÚS SIERRA BECERRA, ya identificado,
es la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 45.985.476.00) MCTE.
[…]
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Reajustar el valor de la mesada pensional del señor JOSÉ DE
JESÚS SIERRA BECERRA en la suma de TRES MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 3.004.854.00) MCTE, a partir del 1° de enero de 2014,
como quiera (sic) que la sentencia quedó ejecutoriada el 11 de diciembre de 2013 y
la liquidación se indexó con corte a 30 de diciembre de 2013, efectuando las
deducciones de Ley previo descuento de lo pagado por el mismo concepto,
operaciones a cargo del Grupo Funcional de Nómina de Pensionados.
9 Folios 15 a 28.
9
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04946-02 (0713-2023)
Demandante: José de Jesús Sierra Becerra
PARÁGRAFO: Realizar los descuentos de los aportes para el sistema de Seguridad
Social en Salud, los reajustes de ley a que haya lugar y las deducciones de lo
efectivamente pagado por el mismo concepto.
[…].
• El 8 de abril de 2015, el señor José de Jesús Sierra Becerra puso en conocimiento
de Foncep que dicha entidad había constituido un depósito judicial a favor del señor
Miguel Arturo Reyes González, cuando el nombre correcto del beneficiario era José
de Jesús Sierra Becerra. Además, solicitó el pago de los intereses moratorios
causados desde que se hizo exigible la obligación.10
• El 4 de abril de 2016, el demandante le solicitó a Foncep «el reconocimiento y
pago de la DTF durante los primeros 10 meses a partir de la ejecutoria de la sentencia
o sea 11 de octubre de 2014 y los intereses moratorios del día 12 de octubre de
2014 al 19 de octubre de 2015 cuando fue debidamente constituido el título judicial
y entregado» al beneficiario.11 Esta petición fue reiterada el 27 de mayo de 2016.12
• El 16 de junio de 2016, por Resolución 0153, Foncep negó el reconocimiento de
los aludidos intereses moratorios.13 Esta decisión fue confirmada mediante la
Resolución 0450 del 1 de septiembre de 2016.14
• El 15 de septiembre de 2017, el señor José de Jesús Sierra Becerra presentó la
demanda ejecutiva.15
• El 9 de noviembre de 2020, mediante Oficio EI-COM3115-202006420-Sigef Id:
362380, Foncep aclaró la forma en que dio cumplimiento a la sentencia del 1 de
octubre de 2013. Para el efecto, expresó:16
Con resolución No. 1939 del 12 de noviembre de 2014, en cumplimiento a fallo
judicial proferido por el Tribunal Administrativo De Cundinamarca Sección
10 Folios 29 a 30.
11 Folios 32 a 36.
12 Folio 37.
13 Folios 38 a 43.
14 Folios 50 a 56.
15 Folios 1, 60 a 75 y 109.
16 Índice 7 de la plataforma Samai. El oficio aludido fue expedido con el fin de atender el requerimiento que realizó el
despacho sustanciador del proceso mediante auto del 8 de octubre de 2020 (folios 146 a 148).
10
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04946-02 (0713-2023)
Demandante: José de Jesús Sierra Becerra
Segunda Sub Sección “C” del 01 de octubre de 2013, se reliquido la pensión de
vejez reconocida con anterioridad, fijándose la mesada pensional en $
2.636.034 M/Cte a partir del 01 de diciembre de 2009. (Se adjunta).
Los cálculos matemáticos de los valores ordenador en la resolución 1939 del
12 de noviembre de 2014 fueron realizados por parte del área de nómina en
febrero de 2015, determinándose los respectivos retroactivos y descuentos así:
Ahora bien, acto seguido a la expedición de la resolución 1939 del 12-11-2014, se
observa que el área de Tesorería, el día 3 de marzo de 2015, constituyó depósito
judicial dentro del proceso No. 25000234200020130160400 por valor de SESENTA
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DIEZ Y SIETE PESOS ($60.342.017) MC/CTE.,
a favor de la C.C. […], en la cuenta judicial No. 250001026001, mediante depósito
electrónico a través del Banco Agrario de Colombia; sin embargo, por error
involuntario se relacionó como nombre del beneficiario al señor Miguel Arturo Reyes
González.
De conformidad con lo anterior, se observa que la suma a pagar a favor del señor
Sierra Becerra ascendía a $62.460.819 en febrero de 2015, pero se le cancelaron
$60.342.017, a través de título judicial depositado en el banco agrario, (el restante fue
girado directamente a la cuenta de nómina del pensionado) tal como se evidencia en
el ID 33828, teniendo en cuenta los siguientes cálculos:
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-04946-02 (0713-2023)
Demandante: José de Jesús Sierra Becerra
Cobrando especial relevancia en este punto la Resolución 0153 del 16 de junio
de 2016 (se adjunta), ya que dicha resolución negó la solicitud de pago de
intereses moratorios al demandante afirmando básicamente que la orden
judicial fue cumplida en tiempo, existiendo además “una causal exonerativa de
responsabilidad, pues si bien es cierto el depósito judicial se constituyó a nombre de
una persona distinta a su real beneficiario, la administración actuó con diligencia y
oportunidad en aras de subsanar la inconsistencia, acciones que ya no se
encontraban en cabeza del FONCEP, sino en un tercero”; esto teniendo en cuenta los
trámites administrativos que se desarrollaron entre el Tribunal y el banco pagador del
título; los cuales se narran en la resolución 0153 del 16-06-2016.
En conclusión, se puede afirmar que, en primer lugar, el fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Sub Sección “C” del 01 de octubre
de 2013 fue cumplido a cabalidad por parte de este Fondo Prestaciones; segundo,
que el Foncep realizó el pago por dicho cumplimiento ($62.460.819), pero dividido en
dos fase: 1. La suma de $60.342.017 mediante depósito judicial y 2. El restante
pagado directamente al pensionado; tercero, que esa suma ($62.460.819) se
encuentra totalmente ajustada a derecho, y para finalizar, que no hay lugar a
reconocer y pagar intereses moratorios tal como se indicó en la resolución 0153
del 16 de junio de 2016, ratificada dicha postura por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda Sub Sección “C” en su decisión del 12 de diciembre
de 2018. [Resalta la Sala]
• El 22 de marzo de 2022, por Oficio EI-COM3115-202202261-Sige Id: 455087,
Foncep reiteró la anterior información y concluyó que «en lo atinente al pago de los
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Demandante: José de Jesús Sierra Becerra
intereses moratorios, el mismo fue estudiado y negado tal como se indicó en la
Resolución 0153 del 16 de junio de 2016».17
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Los motivos de inconformidad que presentó Foncep frente a la sentencia de primera
instancia conducen a analizar si en este caso operó la caducidad de la demanda
ejecutiva y si dicha entidad cumplió integralmente la obligación contenida en el título
de recaudo, específicamente en lo que atañe al pago de los intereses moratorios.
2.4.1. Caducidad del proceso ejecutivo
El legislador instituyó el fenómeno de la caducidad como una sanción que limita el
ejercicio del derecho sustancial en razón a la no presentación de los medios de
control en el plazo que la ley establece para ello. Según la jurisprudencia de esta
corporación, «busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente,
impidiendo el surgimiento del proceso […]»,18 y fue concebida para desarrollar el
principio de la seguridad jurídica bajo criterios de racionalidad y suficiencia temporal.
Respecto a la formulación oportuna del proceso ejecutivo, cuando se pretenda la
ejecución de títulos derivados de decisiones judiciales proferidas por esta
jurisdicción, el legislador fijó un lapso de 5 años contados a partir del momento en
que se haga exigible la obligación. Dicho término fue previsto en el numeral 11 del
artículo 136 del Código Contencioso Administrativo19 y reiterado en el literal K del
artículo 164 del CPACA.20
17 Folios 224 a 226.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 24 de enero de 2007, actor Néstor José Duarte Tolosa contra Corelca S.A.
y otro, radicado 20001-23-31-000-2005-02769-01(32958), M. P. Ruth Stella Correa Palacio.
19 Artículo 136. Caducidad de las acciones. […] 11. La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta
jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad
será la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial.
20 Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2. En los siguientes
términos, so pena de que opere la caducidad: […] k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato,
de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos
arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la
exigibilidad de la obligación en ellos contenida; […].
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Demandante: José de Jesús Sierra Becerra
El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la
providencia cuya ejecución se pretende en este asunto, se tramitó en vigencia del
CPACA; por lo tanto, para contabilizar el término de caducidad del proceso ejecutivo
es necesario recurrir al contenido artículo 192 ibidem, según el cual las sentencias
dictadas en contra de la administración son exigibles 10 meses después de su
ejecutoria, cuando se trate de fallos de condena al pago de sumas de dinero.21
Bajo este hilo argumentativo, se observa que la sentencia que puso fin al proceso
ordinario sobre el cual se edifica el sub lite, adquirió firmeza el 11 de diciembre de
2013, por ende, los 10 meses para que la referida providencia se hiciera exigible
iniciaron el 12 de diciembre de 2013 y se cumplieron el 12 de octubre de 2014.
A partir del 13 de octubre de 2014 inició el conteo de los 5 años para que operara
la caducidad de la acción, es decir, que la demanda podía presentarse hasta el 13
de octubre de 2019 y el actor la radicó el 15 de septiembre de 2017,22 esto es,
dentro del término que tenía para comparecer oportunamente ante la
jurisdicción y, por lo tanto, contrario a lo señalado por la entidad recurrente, no
operó la caducidad del medio de control de la referencia.
Foncep ha manifestado que se configuró la caducidad porque transcurrieron más
de 8 años entre la ejecutoria del título de recaudo (11 de diciembre de 2013) o su
exigibilidad (12 de octubre de 2014) y la expedición del auto que libró el
mandamiento de pago (28 de febrero de 2022) o su notificación (10 de marzo de
2022).23
Sin embargo, la Sala se aparta del anterior entendimiento, pues el artículo 164 del
CPACA dispone que la demanda ejecutiva debe interponerse dentro de los 5 años
siguientes a la exigibilidad de la obligación, pero no requiere que en ese lapso se
expida el mandamiento de pago o que este se le notifique al demandado para
21 Posición asumida, entre otras, en las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) del 16 de julio de 2015, radicado
25000-23-25-000-2014-04132-01; ii) del 30 de junio de 2016, radicado 25000-23-42-000-2013-06595-01(3637-14); y iii)
del 23 de octubre de 2023, radicado 25000-23-42-000-2010-00987-01 (4507-2023).
22 Folios 1, 60 a 75 y 109.
23 Folio 180.
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Demandante: José de Jesús Sierra Becerra
interrumpir la caducidad, por ende, con la sola presentación de la demanda se
cumple el presupuesto de oportunidad establecido en dicha norma.24
Ahora bien, el artículo 94 del CGP, que se ha aplicado a procesos ejecutivos
tramitados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,25 preceptúa que «la
presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que
se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el
mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año
contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al
demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con
la notificación al demandado».
A su turno, la Corte Constitucional ha sostenido que el artículo 94 del CGP debe
aplicarse en atención a las particularidades de cada caso, por lo que el transcurso
del plazo allí señalado «no puede ser evaluado de manera objetiva, sino que se
debe analizar si ello se debe a la negligencia del demandante o, por el contrario, su
vencimiento se atribuye al juzgado encargado o al mismo demandado. De ocurrir
esto último, no se puede declarar la correspondiente prescripción y, en caso de que
se haga, el operador judicial estaría incurriendo en un defecto que conllevaría la
vulneración del debido proceso del demandante».26
Ahora bien, al revisar el expediente, se observa que en el sub lite se cumplió con lo
dispuesto en el artículo 94 del CGP, ya que el mandamiento ejecutivo se le notificó
al actor el 1 de marzo de 202227 y el 10 siguiente se surtió la notificación a Foncep,
esto es, dentro del año previsto por el legislador.
A lo anterior, se suma que el lapso transcurrido entre la presentación de la demanda
24 Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias del Consejo de Estado: i) del 19 de junio de 2013, radicado
25000-23-26-000-2000-02019-01 (25472) y ii) del 9 de octubre de 2014, radicado 23001-23-31-000-1997-08939-02
(26964).
25 Al respecto, pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) del 18 de junio de 2020, radicado
11001-03-15-000-2020-01543-00; ii) del 23 de julio de 2020, radicado 11001-03-15-000-2020-01543-01; y iii) del 30 de
octubre de 2020, radicado 44001-23-33-000-2016-01291-01 (64239).
26 Corte Constitucional, Sentencia T-005 de 2021.
27 Folio 178.
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y la notificación del auto que libró el mandamiento ejecutivo no le es imputable al
demandante, pues ello obedeció al trámite que debió impartirse al proceso, pues
inicialmente se negó el mandamiento,28 decisión que fue apelada29 y en segunda
instancia fue necesario decretar una prueba de oficio.30 Luego de allegada la
información requerida, se revocó la providencia recurrida31 y el a quo libró el
respectivo mandamiento ejecutivo.32
De este modo, el tiempo que se tomó el desarrollo del proceso obedeció a que
debían surtirse las etapas propias de esta clase de asuntos, como una garantía del
derecho de contradicción y defensa de los intervinientes.
2.4.2. Pago de los intereses moratorios
Al sustentar el recurso de apelación, Foncep expresó que la demanda carece de
sustento porque la sentencia objeto de ejecución fue cumplida a cabalidad,
mediante la Resolución 001939 del 12 de noviembre de 2014. Además, enlistó los
pagos efectuados al demandante en virtud de dicho acto.
No obstante, al revisar con detenimiento las sumas detalladas por la accionada, se
observa que los pagos realizados obedecen a retroactivos pensionales e indexación
de la condena, pero en ningún momento se especificó haber sufragado los intereses
moratorios reconocidos por el a quo.
Es más, en el plenario obran las Resoluciones 0153 del 16 de junio de 2016 y 0450
del 1 de septiembre de 2016 y dos oficios del 9 de noviembre de 2020 y del 22 de
marzo de 2022, en los que la entidad de manera inequívoca ha aceptado que no ha
pagado suma alguna por concepto de intereses moratorios, por considerar que no
estaba obligada a ello.
28 Auto del 12 de diciembre de 2018 (folios 107 a 118).
29 El recurso se interpuso oportunamente (folios 120 a 134) y fue concedido por auto del 18 de febrero de 2019 (folios 140
a 141).
30 Auto del 8 de octubre de 2020 (folios 146 a 148).
31 Auto del 30 de septiembre de 2021 (folios 151 a 159).
32 Auto del 28 de febrero de 2022 (folios 163 a 177).
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Demandante: José de Jesús Sierra Becerra
Los documentos allegados al expediente permiten evidenciar que al demandante se
le efectuaron pagos por los siguientes conceptos: a) retroactivo de la mesada
adicional de noviembre de 2014; b) retroactivo de las diferencias de las mesadas
pensionales por el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2009 y el 30 de
diciembre de 2013; c) retroactivo del «sueldo pensión» por el lapso que va del 1 de
enero de 2014 al 30 de diciembre de 2014; y d) la actualización de la condena.
A los anteriores conceptos se les dedujeron los valores correspondientes a los
aportes a salud y pensión, con el respectivo retroactivo, de conformidad con la
sentencia del 1 de octubre de 2013 y la Resolución 01939 del 12 de noviembre de
2014.
De este modo, se encuentra acreditado que Foncep no le pagó al señor José de
Jesús Sierra Becerra los intereses moratorios reclamados a través del presente
proceso ejecutivo, por lo que resulta acertada la decisión de primera instancia que
ordenó seguir adelante la ejecución por dichos emolumentos.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,33 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José
Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
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Demandante: José de Jesús Sierra Becerra
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
Por su parte, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de que
contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se apoyaron
en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a sus
intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.
Estos argumentos también son suficientes para ratificar la decisión de primera
instancia que no condenó en costas a la UGPP, pues tal determinación se fundó en
la valoración que hizo el tribunal de la conducta asumida por las partes durante el
transcurso del litigio, conforme lo autoriza el mencionado artículo 47 de la Ley 2080
de 2021 y que se encontraba vigente al momento en que se expidió la sentencia de
primera instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la decisión del a quo debe confirmarse.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-04946-02 (0713-2023)
Demandante: José de Jesús Sierra Becerra
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 2 de noviembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dentro
de la demanda ejecutiva promovida por el señor José de Jesús Sierra Becerra
contra el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - Foncep, que
desestimó las excepciones propuestas por el demandado y dispuso seguir adelante
la ejecución.
Segundo. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Tercero. Reconocer personería a la abogada Sandra Patricia Ramírez Alzate como
apoderada del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -
Foncep, conforme al poder que obra en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
Cuarto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
cgg
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