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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05026-01

Procedencia de la acción de tutela para exigir la emisión de bonos pensionales

Fecha
24 de abril de 2018
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05026-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de nulidad propuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 30 de octubre de 2017, proferida por la subsección B de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia. TERCERO: En su lugar, AMPARAR el derecho fundamental a la seguridad social, en conexidad con la vida y el mínimo vital, del señor William Rodríguez Uribe, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. CUARTO: ORDENAR a la Gobernación del Vichada – Secretaría de Salud que, dentro del término de quince (15) días, contado a partir de la notificación de la presente providencia, asuma la cuota parte correspondiente al periodo 01/09/1981 a 31/12/1983, sin perjuicio de que, posteriormente, pueda solicitar la devolución de saldos, de llegar a comprobarse que en efecto ya había realizado dicho pago. QUINTO: EXHORTAR al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., para que una vez cumplida la orden señalada en el numeral anterior, continúe con el trámite pertinente para el reconocimiento y pago de la pensión pretendida por el señor William Rodríguez Uribe. SEXTO: LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 de Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. SÉPTIMO. En acatamiento a las disposiciones del articulo 32 ibídem, dentro de los diez (10) días siguientes REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sección de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-05026-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

24 de abril de 2018

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA EXIGIR LA EMISIÓN DE BONOS PENSIONALES / RECONOCIMIENTO DE LA CUOTA PARTE DEL BONO PENSIONAL / Recae en la Secretaría departamental de Salud de Vichada / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL / DILACIÓN EN TRÁMITE DE EXPEDICIÓN DE BONO PENSIONAL

El [accionante] acude a la acción de tutela con el fin de obtener una solución frente al reconocimiento y pago del bono pensional, respecto del cual asegura tiene derecho, con ocasión del tiempo laborado como médico rural al servicio de la Secretaría departamental de Salud de Vichada (01/09/1982 a 31/12/1983), en tanto este resulta necesario para que le sea reconocida la pensión de vejez pretendida. (…) La Sala concluye que la AFP PORVENIR y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pese a que a la fecha no han reconocido y pagado en favor del [accionante] el bono pensional por él pretendido, sí han adelantado los trámites administrativos pertinentes; cosa distinta es, que hay discusión acerca de si se realizaron o no los aportes respectivos del 01/09/1982 a 31/12/1983, época para la cual se desempeñó como médico rural al servicio de la Gobernación del Vichada – Secretaría de Salud. (…) [E]s claro que la discusión frente al amparo invocado no es en relación con el reconocimiento o no del bono pensional pretendido, sino en la falta de prueba de que la Secretaría departamental de Salud de Vichada, en efecto haya realizado en favor del accionante los aportes a la seguridad social ante la extinta Cajanal, del periodo comprendido entre el 01/09/1982 y 31/12/1983. (…) Es decir, el definir si se realizó o no dicho pago, es una problemática de origen netamente administrativo, cuyos efectos el interesado no tiene la obligación de soportar. (…) De acuerdo con lo expuesto, es claro que la carga de resolver los impases administrativos a los que se ha visto expuesto el reconocimiento de la cuota parte del bono pensional en favor del [accionante], recaen única y exclusivamente en Secretaría departamental de Salud de Vichada, situación que no debe afectar sus derechos fundamentales, pues se recuerda que se trata de una persona de 62 años de edad, desempleada y, sumado a ello, no se puede desconocer que ya cumple con los requisitos para acceder al posible reconocimiento y pago de una pensión de vejez. (…) Razón por la cual, se REVOCARÁ la decisión del a quo, para, en su lugar, amparar el derecho fundamental a la seguridad social, en conexidad con la vida y el mínimo vital, del [accionante].

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 25000-23-42-000-2017-05026-01(AC)

Actor: WILLIAM RODRÍGUEZ URIBE

Demandado: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por el señor William Rodríguez Uribe contra la sentencia de 30 de octubre de 2017, proferida por la subsección B de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró improcedente la acción de tutela por él presentada con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, la seguridad social y debido proceso, con ocasión de la no expedición del bono pensional respecto del cual asegura tiene derecho.

EL ESCRITO DE TUTELA

Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante en su escrito:

Informó que el señor William Rodríguez Uribe inició su vida laboral el 1.° de septiembre de 1982, como médico rural al servicio de la Secretaría de Salud de Vichada, finalizando, el 10 de noviembre de 2016, en el cargo de gerente (e) de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa - Cundinamarca.

Señaló la parte actora que el señor RodrIguez Uribe, al cumplir los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993, inició los trámites correspondientes para obtener el reconocimiento y pago de una pensión de vejez en su favor, ante el fondo privado Porvenir SA, al ser la entidad donde se encuentra afiliado desde el 1.° de julio de 2001.

Adujo que el 9 de julio de 2017, el actor cumplió 62 años de edad, por lo que a partir de esa fecha «podía hacer exigible los bonos pensionales, correspondiente a los periodos cotizados y servidos, antes de la vigencia de la ley 100 de 1993 (…) y aquellos cotizados, con posterioridad a la vigencia de dicha ley, al Régimen de Prima Media con Prestación Definida. […]». Señaló además que:

«[…] según la historia laboral provisional, emitida por Porvenir, el señor WILLIAM RODRIGUEZ URIBE, cotizó 720 semanas en el régimen de prima media con prestación definida, antes de trasladarse al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, de conformidad con lo cual tendría derecho a un bono pensional, en los términos de los literales a y b del Artículo 115 de la Ley 100. En el mencionado reporte no se han incluido las semanas cotizadas y en las cuales mi representado laboró en la Secretaría Departamental del Vichada, desde el 01 de septiembre de 1982, hasta el 31 de diciembre de 1983, en calidad de servidor público, conforme a lo cual, sobre ese periodo también tendría derecho a la emisión de bono pensional, en los términos del literal b del Artículo 115 de la Ley 100 de 1993.»

Manifestó que Porvenir ha iniciado los trámites pertinentes para obtener el reconocimiento y pago del bono pensional respectivo en favor del señor William Rodriguez, por lo que, en cuanto a la primera actividad laboral desempeñada en la Secretaría de Salud del Vichada, del 1 de septiembre de 1982 a 1.° de diciembre de 1983, esta última entidad expidió las certificaciones correspondiente, en los formatos 1, 2 y 3(B); sin embargo:

«[…]la Secretaría Departamental de Salud del Vichada mediante oficio No. 020-2017- del 29 de marzo de 2017, emitió certificación laboral para bono pensional, indicando que la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO asumirá los periodos certificados, consecuencia de los aportes presuntamente efectuados a CAJANAL. A lo cual, la NACIÓN por medio de la OFICINA DE BONOS PENSIONALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA, informa que NO tiene registros que acrediten que el empleador haya efectuado pago a CAJANAL en los periodos desde 01/09/1982 hasta 31/12/1983. Además, la UGPP afirma que no cuenta con soportes de los tiempos 01/09/1982 hasta 31/12/1983.»

Informó que el estado de salud del actor ha sido bastante delicado, lo cual agravó considerablemente su situación económica y anímica, en tanto debió asumir bastantes costos por servicios médicos.

Resaltó que Porvenir SA condicionó el reconocimiento de la pensión pretendida por el actor, a la entrega del bono pensional por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y/o a la Secretaría departamental de Salud del Vichada.

Pretensión

Como consecuencia de lo anterior, solicitó:

«1. A el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, oficina de Bonos Pensionales, y a la Secretaría Departamental de Salud del Vichada, según corresponda, que expidan y pongan a disposicón de Porvenir S.A. de forma inmediata los certificados relativos a los bonos pensionales a los que tiene derecho el señor William Rodríguez Uribe, en atención a los servicios prestados como servidor público, en el servicio médico del Vichada desde el 01/09/1982 hasta 31/12/1983.

2. A Porvenir S.A. que reconozcan de forma inmediata la pensión del señor William Rodríguez Uribe, y agote los trámites pertinentes para hacer efectivo ese derecho, sin condicionarlo al recibo de los bonos pensionales por parte de las entidades Estatales, en los términos establecidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.»

ACTUACIÓN PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante auto de 13 de octubre de 2017, la subsección B de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sala unitaria, admitió la acción de tutela de la referencia, por lo que ordenó la notificación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y, a la Secretaría de Salud departamental del Vichada, en calidad de demandados, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.

INFORMES RENDIDOS EN EL PROCESO

Secretaría departamental de Vichada

Mediante escrito de 18 de octubre de 2017, la entidad solicitó su desvinculación al considerar que la competente para atender el asunto es la oficina de pensiones del mismo departamento.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El jefe de oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, rindió informe sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela, manifestó que el presente asunto resulta improcedente, ya que por lo pretendido por la accionante obtener el reconocimiento, emisión y pago de un bono pensional, derecho que como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no puede ser objeto de estudio a través de este mecanismo constitucional

En cuanto a la situación del señor William Rodríguez Uribe, señaló:

«[…] el Ministerio de hacienda y Crédito Público NO ES EL COMPETENTE para expedir la documentación requerida por el accionante (CERTIFICACIÓN LABORAL PARA BONO PENSIONAL), dado que esta es una obligación que recae UNICA Y EXCLUSIVAMENTE sobre la entidad para la cual el señor WILLIAM RODRIGUEZ URIBE prestó sus servicios, en este caso, la SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA. Es importante señalar que este Ministerio solo es competente para expedir los certificados que reclama el accionante, cuando se trata de personas que prestaron sus servicios a esta entidad (Ministerio de hacienda y Crédito Público).

[…]

Es tan cierto lo anterior que, la GOBERNACIÓN DEL VICHADA (Como entidad encargada de certificar los tiempos laborados al servicio de la SECRETARIA DE SALUD) de dicho Departamento), expidió en fecha 01 de Octubre de 2013 Formato de información laboral No. 052-2013 (formato No. 1) en donde consta el tiempo laborado por el señor WILLIAM RODRIGUEZ URIBE al servicio del referido empleador. Sin embargo, debe señalarse que la información en comento: NO HA PODIDO SER INCLUIDA EN LA LIQUIDACIÓN DEL BONO PENSIONAL del accionante, por existir inconsistencias en relación con la entidad a la cual la GOBERNACIÓN DEL VICHADA indica se efectuaron los aportes a pensión, tal y como se expondrá más adelante.

Bajo este entendido, se debe señalar que la AFP PORVENIR NO ha efectuado la solicitud de Emisión y redención del Bono Pensional del señor WILLIAM RODRIGUEZ URIBE por medio del Sistema de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda. Es probable que dicho trámite no haya sido efectuado por parte de la referida AFP porque el señor en mención NO ha aprobado la ÚLTIMA Liquidación Provisional que ésta debió presentarle, aceptación con la cual la AFP quedaba facultada –de haberse efectuado- para solicitar correctamente la Emisión y redención del bono pensional.

Respecto al punto anterior y en relación con los tiempos de servicios por la GOBERNACIÓN DEL VICHADA (Como entidad encargada de certificar los tiempos laborados al servicio de la SECRETARIA DE SALUD de dicho Departamento), se debe precisar que el sistema interactivo de bonos pensionales de esta oficina ha generado el siguiente mensaje de error “BONO NO EMITIBLE, ENTIDAD NO ESTA ASUMIDA POR LA NACIÓN O EXISTEN PERIODOS NO ASUMIDOS POR LA NACIÓN”. Lo anterior se registra a raíz del ingreso por parte de la AFP PORVENIR de los tiempos laborados por el referido señor al servicio de la SECRETARÍA DE SALUD DEL VICHADA (01/09/1982 al 31/12/1983), la cual “supuestamente” cotizaba a CAJANAL, según lo consignado en la certificación expedida para el efecto por la GOBERNACIÓN DEL VICHADA, información que NO COINCIDE con la reportada por CAJANAL a la OBP y que impide establecer la entidad o entidades que deben responder por este lapso de tiempo.

Bajo este entendido, de lo que se trata en este caso es de poder establecer si “REALMENTE” el empleador SECRETARÍA DE SALUD DE VICHADA efectuó como lo afirma la GOBERNACIÓN DE VICHADA (Como entidad responsable de certificar los tiempos laborados al servicio de la referida secretaría), los aportes a CAJANAL durante el periodo en el que el accionante laboró ante dicha entidad (01/09/1982 al 31/12/1983), para que así la Nación en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 121 de la Ley 100 de 1993, pueda entrar a “ASUMIR” los mismos en el bono pensional del señor RODRIGUEZ URIBE se recuerda que en este caso, se trata de RECURSOS PUBLICOS los cuales la Oficina de Bonos Pensionales (OBP) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público está en la “obligación” de defender y bajo esta premisa, NO puede ser aceptable desde ningún punto de vista, que por el simple hecho que una entidad “manifieste en una certificación” que hizo aportes a Cajanal (sin que exista prueba de ello), la Nación se vea avocada a responder y/o a sumir los mismos dentro de un bono pensional, librando con ello de toda responsabilidad al empleador o empleadores que NO HAN LOGRADO COMPROBAR que efectivamente realizaron los pagos por concepto de aportes a la pensión de sus trabajadores ante la entidad de previsión que “aseguran” haberlos realizado, más aún, si se tiene en cuenta que la SECRETARÍA DE SALUD DEL VICHADA, NO APARECE REGISTRADO en la información entregada en su momento por CAJANAL como empleador que efectuara aportes ante esta entidad de previsión durante el periodo que certifica el GOBERNACIÓN DEL VICHADA.

[…]

Por otra parte, se debe precisar que esta Oficina NO tiene competencia para determinar la prestación a la cual puede acceder el señor WILLIAM RODRÍGUEZ URIBE en su calidad de afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a través de la AFP PORVENIR:

[…]»

Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir SA.

El fondo pensional, actuando a través de la directora de litigios, rindió informe sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela, luego de referir el procedimiento para obtener el reconocimiento y pago de bonos pensionales, en los términos del Decreto 1748 de 1995, señaló en cuanto a la situación particular del actor que:

«[…] Porvenir S.A. al solicitar la liquidación provisional de la OBP a través del interactivo presentaba mensaje de error Y 3619 “OBSERVACIÓN: BONO NO EMITIBLE, ENTIDAD NO ESTA ASUMIDA POR LA NACIÓN O EXISTEN PERIODOS NO ASUMIDOS POR LA NACIÓN. SOLUCIÓN: LA AFP DEBE ENVIAR LOS SOPORTES RESPECTIVOS PARA QUE LA AFP VERIFIQUE LOS APORTES REALIZADOS A CAJANAL POR LA ENTIDAD PARA QUE ESTA SEA ASUMIDA POR LA NACIÓN”, el cual impide la firma de la Historia Laboral Oficial (HLO) por parte de la actora, para solicitar la emisión.

Solamente se puede solicitar la emisión del bono Pensional una vez la OBP levante el error 3666 y 3619.

[…]

LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD (sic) que la actora laboro para dicha entidad y que los aportes fueron realizados a Cajanal, en este orden de ideas quien debe pagar el bono pensional es la NACION en representación de Cajanal, pero para que esto sea asumido por la Nación, la Oficina de Bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público exige que la Secretaría aporte soportes de pago a Cajanal.

Porvenir S.A. en cumplimiento de sus labores de Gestión hemos solicitado a LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD Y A LA UGPP los soportes de pago de pensión a Cajanal del actor, e informaron que no contaban con ellos, razón por la cual la Nación a través de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no va reconocer estos periodos.

Lo anterior, debido a que la oficina de Bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no va a asumir el pago del bono sin que existan las planillas de pago de Aportes a Cajanal y por esta razón la entidad empleadora debe asumir el pago del bono pensional»

Finalmente, informó que dada la situación presentada respecto de la Secretaría departamental de Salud del Vichada, la volvió a requerir para que corrigiera la historia laboral del actor y asuma el pago del tiempo en discusión, sin obtener respuesta a la fecha.

Gobernación del Vichada

El señor Gobernador, mediante escrito de 19 de octubre de 2017, informó que el encargado de responder por el periodo de aportes en discusión es la Nación, no el departamento, ello, teniendo en cuenta que en su momento realizó los respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensión a la extinta Cajanal. Más exactamente adujo:

«[…]; la vinculación laboral del señor William Rodríguez Uribe, fue desde el 1° de septiembre de 1982 hasta el 31 de diciembre del año 1983 como médico rural, cuyos aportes pensionales se realizaron a la CAJA NACIONAL DE PREVISION (CAJANAL).

En la época de los hechos la accionante se encontraba vinculada al Hospital de la Primavera, este dependía del Servicio Seccional de Salud de Vichada el cual a su vez se encontraba adscrito al Ministerio de salud, siendo esta última la encargada de ejercer control y vigilancia sobre las seccionales de salud a nivel Nacional. Lo anterior se puede corroborar con la historia laboral del señor William Rodríguez Uribe; y no solo con ella si no con todas las historias laborales que pertenecían al servicio de salud, toda vez que los membretes de la historia laboral corresponden al entonces Ministerio de Salud, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, […]; con ello se quiere confirmar que sería prácticamente imposible que no se realizaran los respectivos pagos a seguridad social.

Es indiscutible que siendo el Ministerio de Salud la entidad encargada de verificar los soportes de pago a la extinta Cajanal; y observando que se encontraba a cargo de la anterior secretaría seccional de salud, son ellos quienes deben verificar estos soportes, teniendo en cuenta que el Departamento no cuenta con dichos soportes.

[…]»

LA SENTENCIA IMPUGNADA

La subsección B de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 30 de octubre de 2017, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al considerar que el actor cuenta con otros mecanismos de defensa judicial ante la jurisdicción ordinaria laboral, para obtener el reconocimiento de un bono pensional y/o de una pensión de jubilación; pues no quedó acreditado la configuración de un perjuicio irremediable.

LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la decisión del a quo, insistiendo en los argumentos expuestos en el escrito inicial, pero, sobre todo, en lo referente al perjuicio irremediable que el no reconocimiento del bono pensional pretendido le está causando al señor William Rodríguez Uribe.

ACTUACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto de 16 de enero de 2018, la Consejera ponente ordenó vincular al presente asunto a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso.

INFORMES RENDIDOS EN SEGUNDA INSTANCIA

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

El ente previsional, mediante informe de 6 de abril de 2018, solicitó la desvinculación del asunto al considerar que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva respecto de la solicitud de amparo invocada.

Informaron que no son los competentes para decidir acerca de la expedición del bono pensional pretendido, toda vez que el señor Rodríguez Uribe se encuentra afiliado al fondo de pensiones Porvenir S.A. y que, la solicitud de información elevada ante ellos en relación con aportes efectuados en favor del mencionado señor, fue atendida mediante oficio 201716402534161 de 24 de agosto de 2017.

Posteriormente, mediante un segundo oficio de la misma fecha, la entidad solicitó la nulidad de todo lo actuado, al señalar que no fue vinculada al presente asunto desde la primera instancia, situación que considera vulneratoria de su derecho fundamental al debido proceso.

CONSIDERACIONES

Con el fin de resolver la presente acción de tutela, en esta providencia se tratarán los siguientes aspectos: competencia, cuestión previa, problema jurídico, procedencia de la acción de tutela, normatividad de los bonos pensionales y, solución al caso concreto.

Competencia:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto estipula que “Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente”, esta Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de tutela proferido por la subsección B de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 30 de octubre de 2017.

Cuestión previa.

La UGPP, mediante escrito de 6 de abril de 2018, solicitó la nulidad de todo lo actuado dentro del asunto de la referencia, en tanto solo fue vinculada al presente trámite en sede de segunda instancia.

En primer término, se recuerda que la entidad no fue vinculada en calidad de accionada, sino como tercera interesada, dado que el periodo de aportes en discusión, presuntamente, fue cancelado a la extinta Cajanal, situación respecto de la cual, las entidades accionadas de manera uniforme, aseguran que para ello la entidad pagadora debe acreditar los respectivos soportes de pago; punto este, realmente el objeto de controversia en el presente asunto.

Además, del contenido integral de los argumentos de defensa expuestos por el ente previsional, se observa que estos están dirigidos única y exclusivamente a solicitar la desvinculación del asunto, al considerar que no cuentan con legitimación en la causa por pasiva, toda vez que el señor William Rodríguez Uribe se encuentra afiliado al fondo de pensiones Porvenir S.A.

Dicho lo anterior, si bien es cierto en principio podría resultar procedente la nulidad invocada en respeto al derecho a la doble instancia, de los argumentos de defensa no es posible determinar que la vinculación de la UGPP, solo en segunda instancia, vulnere sus derechos fundamentales, pues en definitiva la decisión adoptada en primera instancia fue la improcedencia de la solicitud de amparo, ello sin contar, con el hecho que la misma está dirigida a las entidades vinculadas como accionadas, en tanto legalmente, son las encargadas de emitir el bono pensional y/o pensión de vejez pretendida.

En segundo término, la Sala advierte que en el caso concreto no tiene relevancia la nulidad propuesta, pues se insiste, las actuaciones controvertidas constitucionalmente son respecto del actuar del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Porvenir SA y la Secretaría departamental de Salud de Vichada, situación que también se corrobora del material obrante en el expediente; razón por la cual, la misma se negará.

Problema Jurídico.

Consiste en determinar si: ¿la acción de tutela es procedente para determinar cuál de los entes accionados es el encargado de reconocer y pagar tiempos de cotización para la expedición del bono pensional pretendido por el señor William Rodríguez Uribe?

De ser superado el anterior derrotero, determinar si: ¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por el señor William Rodríguez Uribe, en tanto se niegan a expedir el bono pensional pretendido, bajo el argumento de no contar con los soportes de pago de aportes durante el periodo 01/09/1982 a 31/12/1983?

De la procedencia de la tutela.

El artículo 86 constitucional señala que: « […] Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, dispone las causales de improcedencia de la solicitud de amparo:

« […] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. […]»

Como se observa, la acción de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

Lo anterior, no quiere decir que el juez constitucional al momento de decidir acerca de la procedencia de la tutela, se limite a determinar la existencia o no de otros mecanismos de defensa judicial frente a la situación planteada, sino que debe establecer las necesidades y circunstancias propias de cada caso, pues no se debe olvidar que la acción de tutela puede interponerse como mecanismo definitivo o transitorio.

Cuando se trata de acciones de tutela encaminadas a obtener la emisión de bonos pensionales, la Corte Constitucional ha aceptado su procedencia de manera excepcional, pues no se puede desconocer que la dilación en la emisión del bono pensional impide que el interesado acceda al reconocimiento de la pensión de jubilación, lo cual conllevaría a la vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, en conexidad con los derechos al mínimo vital y a la dignidad humana. Más exactamente dijo la Alta Corporación:

«[…] que en aquellos casos en los que la liquidación y remisión de bonos pensionales constituye fundamento para que se consolide y reconozca una pensión de jubilación, procede excepcionalmente la acción de tutela para proteger derechos como la vida, el del mínimo vital y la seguridad social de quien cumpliendo con los requisitos de ley para obtenerla, queda sometido a una prolongada e indefinida espera con ocasión del trámite para la expedición del bono pensional.».

Sin perjuicio de lo anterior, la misma Corporación advirtió que la acción de tutela no puede ser el mecanismo idóneo, para obtener la expedición o pago del bono pensional, cuando se ejerce para omitir el trámite administrativo correspondiente, o cuando se solicita la protección del derecho de petición, sin que el accionante hubiere presentado una solicitud a la entidad encargada de emitir el bono pensional.

En pronunciamiento más reciente, la Corte Construccional consideró:

«[…] En resumen, la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo para el reconocimiento de prestaciones económicas de carácter pensional, tratándose de personas de la tercera edad o que se encuentran afectadas por otras situaciones como su condición económica o su deterioro físico o mental permiten un trato diferenciado y preferente, siempre que se encuentre acreditado el cumplimiento de los requisitos legales. El juez constitucional deberá evaluar las circunstancias de cada caso en particular y determinar si procede el amparo constitucional como mecanismo transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable, o si someter al actor a la espera de un proceso judicial puede ser aún más lesivo y vulnera sus derechos fundamentales, los que no pueden ser efectivamente protegidos a través de los mecanismos ordinarios.

Ahora bien, entre afiliados, beneficiarios y las administradoras del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, pueden presentarse controversias o trámites que si bien no pretenden el reconocimiento de una prestación económica, resultan vitales para el afiliado y las entidades que comparten la información sobre cotizaciones, capital acumulado, el trámite de bonos pensionales, reservas actuariales, y cuotas partes, que tienen como finalidad la construcción de la historia laboral, documento esencial que sirve de base para el reconocimiento de la pensión, la indemnización sustitutiva, o la devolución de saldos. Estos conflictos entre afiliados o beneficiarios del Sistema General de Pensiones y las entidades administradoras de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son competencia de la jurisdicción del trabajo, razón por la cual, en principio, la acción de tutela resulta improcedente en estos casos.

No obstante lo anterior, la Corte, por ejemplo, en los eventos en los cuales se discute la liquidación o la emisión de un bono pensional, ha señalado que siempre que este trámite constituya un elemento fundamental para que se consolide el derecho a la pensión de vejez o jubilación, y, en consecuencia, un medio para preservar el mínimo vital, la tutela resulta procedente. Para estos casos, el precedente de la Corporación ha desarrollado los criterios de procedencia para el reconocimiento y pago de pensiones a través de acciones de tutela cuando media la exigencia de un bono pensional, señalando:

“(i) La omisión o retardo en la expedición del bono pensional vulnera derechos fundamentales tales como el derecho a la seguridad social y al mínimo vital, cuando se trata de personas de la tercera edad cuyo sustento depende del reconocimiento y pago de la pensión de vejez o de jubilación. (ii) Los trámites administrativos que dilaten de manera injustificada la decisión de fondo sobre el derecho a la pensión de jubilación, constituyen una vía de hecho que puede dar lugar a sanciones disciplinarias de los funcionarios involucrados. Por último (iii) la tutela no debe ser el mecanismo para obtener la expedición o pago del bono pensional cuando se la utiliza para pretermitir el trámite administrativo correspondiente o cuando se solicita la tutela del derecho de petición, sin que el accionante hubiera presentado una solicitud expresa a la entidad encargada de emitir el bono.”

La conclusión a la que se llega es que resulta procedente la acción de tutela frente a las controversias o trámites que resultan fundamentales para el reconocimiento de prestaciones definitivas como la pensión de vejez, la devolución de saldos, o la indemnización sustitutiva, que en consecuencia, vulneran derechos fundamentales en conexidad con el mínimo vital, petición, debido proceso y seguridad social, siempre que del análisis del caso en concreto se demuestren circunstancias especiales respecto de la persona que reclama el amparo, ya sea por su condición económica, física, mental, o porque se trata de un sujeto de especial protección.»

Dicho lo anterior, la Sala observa que la acción de tutela impetrada por el señor William Rodríguez Uribe se torna procedente, toda vez que para soportar el perjuicio irremediable alegado, se acreditó que se trata una persona de especial protección, de la tercera edad, con un aparente delicado estado de salud (ello no fue desvirtuado), de quien depende su esposa, también de avanzada edad, y de quienes la situación económica es preocupante hasta el punto de poderse ver afectado el mínimo vital, dado el nivel de endeudamiento que reportan.

Además, se recuerda que la procedencia de la acción de tutela no es sinónimo de que se accederá al amparo invocado, sino, simplemente, que se emitirá una decisión de fondo dada la urgencia demostrada.

Del derecho fundamental a la seguridad social.

De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio; y, a su turno, es un derecho irrenunciable de todos los habitantes.

También se considera oportuno resaltar que la consagración del Estado como social y de derecho, en el artículo 1.º de la Carta Fundamental, no es una mera fórmula utilizada por el Constituyente de 1991, sino una forma de organización política garantista de una concepción trascendente de ser humano: dotado de dignidad y titular de un mínimo de condiciones de subsistencia que le permitan el ejercicio, a su turno, de los demás bienes jurídicos amparados por la misma Constitución Política y por las normas que, en general, integran nuestro ordenamiento.

La concepción de un ser humano integral, entonces, ha permitido revaluar la justiciabilidad de los derechos constitucionales, pues, sin sujeción estricta a la clásica división entre derechos con poco y aquellos con amplio contenido prestacional, se ha considerado que hay situaciones especiales susceptibles de amparo e intervención a través de la vía de tutela con el objeto de garantizar el ejercicio del derecho a la vida en condiciones, se reitera, de dignidad.

Así, respecto a la fundamentalidad y la procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho a la seguridad social, la Corte Constitucional ha sostenido:

«[…] La seguridad social se erige en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho constitucional a cuyo cumplimiento se compromete el Estado, según se sigue de la lectura del artículo 48 superior, el cual prescribe lo siguiente: “Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”.

8.-La protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho a la seguridad social se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional pues son varios los instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas a la seguridad social.

[…]

14.- Con todo, la jurisprudencia de la Corte ha establecido, de acuerdo con el principio en mención, que la pretensión de amparo del derecho a la seguridad social por vía de tutela resulta admisible a condición de satisfacer los requisitos de procedibilidad de la acción. Así las cosas, en este tipo de pretensiones es menester que se acredite el cumplimiento de las siguientes condiciones: (i) en primer lugar, es necesario que la controversia planteada suponga un problema de relevancia constitucional, conclusión a la que arriba el juez de tutela no sólo a partir del análisis del conjunto de condiciones objetivas en las que se encuentre el accionante, sino al adelantar un examen de la cuestión a partir de un prisma constitucional, el cual le permite inferir la necesidad de realizar un pronunciamiento para efectos de garantizar la aplicación de los principios superiores en el caso concreto. (ii) En segundo término, es preciso que el problema constitucional planteado aparezca probado de manera tal que la verificación de la vulneración del derecho fundamental no requiera un esfuerzo probatorio que desborde las facultades y competencias del juez de amparo. (iii) Para terminar, es necesario demostrar que el mecanismo judicial ordinario dispuesto por el ordenamiento resulta insuficiente para proteger, en el caso concreto, la garantía a la seguridad social como instrumento de materialización de la dignidad humana. […]».

Normatividad aplicable a los bonos pensionales .

De conformidad con el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, los bonos pensionales «constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones». Fueron contemplados por el legislador como una herramienta para solucionar los inconvenientes presentados con el traslado de aportes, ahorros y capitales entre los dos regímenes del Sistema General de Pensiones, de manera que permiten utilizar los aportes para pensión que un afiliado haya realizado a una Administradora del Régimen de prima media con solidaridad, como el Instituto de Seguros Sociales, cajas o fondos del sector público.

Por su parte, el Decreto 1748 de 12 de octubre de 1995, reguló lo pertinente a «la emisión, cálculo, redención y demás condiciones de los bonos pensionales y se reglamentan los Decretos leyes  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_0656_1994.htm" \l "inicio" 656,  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1299_1994.htm" \l "1" 1299 y  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1314_1994.htm" \l "1" 1314 de 1994, y los artículos  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993_pr003.htm" \l "115" 115, siguientes y concordantes de la Ley  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993.htm" \l "1" 100 de 1993»,

En cuanto e procedimiento para la liquidación, expedición, emisión y redención de bonos pensionales, la Corte Constitucional en sentencia T-056 de 2017, señaló:

«[…] Los bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al sistema. Doctrinalmente han sido definidos como “un valor a favor de un afiliado que se traslada a uno de los regímenes del Sistema General de Pensiones, el cual representa la deuda pensional causada desde el momento en que el afiliado inició su vida laboral hasta la fecha efectiva del traslado, en razón de las vinculaciones laborales, legales o reglamentarias que tuvo con las diferentes entidades de previsión que asumen el pago de la obligación”.

Los bonos pensionales se pueden clasificar en: 1) de acuerdo con su emisor, 2) dependiendo del régimen al cual se traslada el afiliado: bono tipo A, es el bono que le corresponde a quien se traslada del régimen de pensiones de prestación definida al régimen de ahorro individual. El bono tipo B es cuando el traslado ocurre del régimen de ahorro individual al régimen con prestación definida y 3) los bonos especiales tipo E y C.

Ahora bien, teniendo en cuenta que en el caso objeto de estudio la agenciada se trasladó del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, la Sala estudiará los bonos pensionales tipo A, que a
su vez, presentan dos modalidades: Modalidad 1, que corresponde a los bonos que se expiden a favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició después del 30 de junio de 1992, y la Modalidad 2, que se refiere a los bonos que se expiden a favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició antes del 1º de julio de 1992. Los bonos pensionales tipo A, serán expedidos por la última entidad pagadora de pensiones a la cual haya pertenecido el afiliado antes de la selección o traslado al régimen de ahorro individual, siempre y cuando el tiempo de cotización o de servicios, continuo o discontinuo, haya sido igual o mayor a 5 años. Cuando el tiempo en la última entidad pagadora de pensiones sea inferior a 5 años, el bono pensional será expedido por la entidad pagadora de pensiones en la cual el afiliado haya efectuado el mayor número de aportes o haya cumplido el mayor tiempo de servicios.

Por otra parte, el procedimiento para la liquidación, emisión y expedición de los bonos pensionales tipo A presupone el agotamiento de las siguientes etapas: (i) conformación de la historia laboral del afiliado; (ii) solicitud y realización de la liquidación provisional; (iii) aceptación por parte del afiliado de la liquidación provisional; (iv) emisión; (v) expedición; (vi) redención y (vii) pago del bono pensional. A continuación se describirán brevemente cada una ellas:

(i) Una vez el beneficiario del bono realiza la solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Decreto 1513 de 1998, el primer paso para la tramitación del bono pensional es la conformación de la historia laboral del afiliado, que se realiza mediante la información que éste suministra a su AFP y la información que la AFP solicita a las entidades a las cuales el trabajador realizó cotizaciones diferentes al ISS. La información así obtenida es ingresada por la AFP al Sistema Interactivo que para el efecto tiene la OBP. La información sobre cotizaciones realizadas por el trabajador al ISS se obtiene del archivo masivo que para el efecto tiene el ISS. Si se presenta alguna variación posterior de esta información y así lo certifica el ISS, la AFP debe digitar esta nueva información en el Sistema Interactivo de la OBP.

(ii) Conformada la historia laboral, la Administradora de Fondos de Pensiones, en representación del afiliado, debe solicitar al emisor del bono pensional la liquidación de éste, para lo cual debe definir el salario base para el cálculo del bono pensional.

(iii) Con esta información, la OBP realiza un cálculo del valor del bono a la fecha de corte, que denomina liquidación provisional. Antes de la emisión del bono pensional se pueden producir diversas liquidaciones provisionales, dependiendo de la información y de la aceptación de la misma por parte del afiliado. Según lo dispone el inciso 9ª del artículo 52 del Decreto 1748 de 1995, la liquidación provisional no constituye una situación jurídica consolidada.

(iv) Realizada la liquidación provisional, la AFP debe dar a conocer la liquidación provisional al afiliado para que éste la apruebe y la firme de conformidad con lo estipulado en el artículo 7° del Decreto 3798 de 2003. Si no está de acuerdo debe explicar a la AFP sus razones para que se efectúen las correcciones a que haya lugar. Efectuados los ajustes debe realizarse una nueva solicitud a la OBP de liquidación provisional.

(v) Producida la aprobación de la liquidación provisional por parte del afiliado, la AFP debe requerir a la OBP la emisión del bono pensional, la cual se realiza mediante resolución por parte del emisor, en la que se consagran los datos básicos del bono pensional y los valores calculados a esa fecha, los cuales pueden variar.

(vi) La expedición del bono pensional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1513 de 1998, es el momento en que se suscribe el título físico o del ingreso de la información a un depósito central de valores, en el caso de la expedición desmaterializada de títulos. Un bono emitido se expide en uno de los siguientes tres casos: (1) por redención normal del bono pensional tipo A que se produce cuando el afiliado, cumple 62 años, si es hombre, o 60 años, si es mujer, o cuando el mismo completa mil semanas de vinculación laboral válida para el bono; (2) por redención anticipada del bono pensional tipo A que ocurre cuando el afiliado fallece, es declarado inválido, o no cumple con el requisito de las semanas exigidas para obtener la garantía de la pensión mínima ni cuenta con el capital suficiente para adquirir una pensión; y (3) por solicitud de la AFP, una vez ésta ha obtenido autorización escrita del afiliado para negociar el bono con el fin de obtener una pensión anticipada.

(vii) Por último, se produce el pago del bono pensional a la AFP, que consiste en el depósito de los dineros en la cuenta de ahorro individual del beneficiario.»

Solución al Caso Concreto.

El señor William Rodríguez Uribe acude a la acción de tutela con el fin de obtener una solución frente al reconocimiento y pago del bono pensional, respecto del cual asegura tiene derecho, con ocasión del tiempo laborado como médico rural al servicio de la Secretaría departamental de Salud de Vichada (01/09/1982 a 31/12/1983), en tanto este resulta necesario para que le sea reconocida la pensión de vejez pretendida.

Para mayor claridad, la Sala realiza un recuento de la información acreditada al expediente, de conformidad con el material probatorio aportado, así:

El actor nació el 9 de julio de 1955 en la ciudad de Manizales y, actualmente cuenta con 62 años de edad, tal como consta en la copia de su cédula de ciudadanía.

La accionante laboró para la Gobernación de Vichada – Secretaría de Salud, como médico rural, del 1.° de septiembre de 1982 a 30 de diciembre de 1983, según Formato 1, 2 y 3B. Reporte de semanas cotizadas en Colpensiones a enero de 2014.

Historia laboral consolidada del señor Rodríguez Uribe a 8 de octubre de 2017, del cual se extrae 720 semanas cotizadas a Colpensiones (ISS) y 569 a Porvenir.

Certificados de información laboral Formato 1, 2 y 3B, suscritos por la Gobernación del Vichada, de los cuales se extrae que el actor laboró para la secretaría de salud de dicho ente territorial como médico rural del 01/09/1982 a 31/12/1983, realizando a Cajanal aportes a seguridad social por el mismo lapso.

• Escrito sin fecha de recibido, a través del cual el actor solicita ante Porvenir SA actualización de su historia laboral.

• Oficio 04366 de 29 de agosto de 2017, la Secretaria de Gobierno y Administración del departamento de Vichada, informa a Porvenir S.A. que:

«De acuerdo al asunto de la referencia y con respecto a las planillas y/o soportes de pago realizados, respetuosamente me permito informarle que todo los aportes pensionales del personal que estuvo vinculado a través de la Secretaría de Salud fueron realizados únicamente a la extinta CAJANAL.

Es claro que no se encuentran estos documentos que demuestran estos pagos, pero no se puede condenar a la administración a hacerse cargo de aportes que ya se realizaron en su momento conforme a la ley; estaríamos en un detrimento respondiendo patrimonialmente por aportes ya realizados, además de ello no tenemos cuentas de cobro por parte de la extinta CAJANAL por mora en el pago de estas obligaciones.

Por tal motivo, nuevamente emitidos Formatos 1, 2 y 3B emanados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público teniendo en cuenta que el responsable de las cotizaciones de los señores […] y WILLIAM RODRIGUEZ URIBE es la extinta CAJANAL, como lo demuestran las certificaciones N° 025-2014 y 020-2017.»

• Correo electrónico de 6 de octubre de 2017, a través del cual Porvenir SA informa al actor que:

«En atención a su solicitud relacionada con la reconstrucción de su historia laboral para bono pensional, le informamos lo siguiente:

Nos encontramos en el proceso para levantar la detención ante la Oficina de Bonos Pensionales OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ya que se reporta el siguiente mensaje de error.

BONO NO EMITIBLE, ENTIDAD NO ESTA ASUMIDA POR LA NACIÓN O EXISTEN PERIODOS NO ASUMIDOS POR LA NACIÓN.

Hasta tanto esta información no se encuentre corregida, esta administradora procederá con la reconstrucción de su historia laboral. »

• Oficio 0100001146488700 de 19 de septiembre de 2017, a través del cual Porvenir SA, requiere a la Secretaría departamental de Salud de Vichada, en cuanto a la historia laboral del señor William Rodríguez Uribe, en los siguientes términos:

«[…] En atención al comunicado, emitido por esa entidad, donde se alega certificación laboral para bono pensional, y donde a su vez manifiesta que los aportes efectuados a la seguridad social de nuestra afiliada fueron realizados a CAJANAL, me permito hacer las siguientes precisiones:

1. La certificación expedida por esa entidad, con número de consecutivo y fecha 020-2017-29/03/2017, indica que la NACIÓN – MIISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO asumirá los periodos certificados, como consecuencia de los aportes presuntamente efectuados a CAJANAL.

2. La Nación por medio de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda en su aplicativo informa que no tiene registros que el empleador haya efectuado pago a CAJANAL en los periodos desde 01/09/1982 hasta 31/12/1983.

3. se recibe respuesta por parte de la UGPP en donde afirma que no cuenta con soportes de los tiempos 01/09/1982 hasta 31/12/1983.

PRETENSIONES

Solicitamos a su entidad modificar la certificación laboral de las cotizaciones, en los periodos desde 01/09/1982 hasta 31/12/1983 certificados y no soportados, conforme a lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 14 del Decreto 1513 de 1998. Según criterios establecidos por la OBP en su comunicación del 15 de junio de 2016:

“No se cuenta con la totalidad de los documentos requeridos para soportar las cotizaciones realizadas a CAJANAL por los certificaciones, la entidad empleadora o quien haga sus veces, deberá expedir una nueva certificación laboral válida para bono pensional en la cual relaciones a esta misma en la casilla No. 33 como responsable de la cuota parte de bono pensional por los tiempos certificados y no soportados”.

• Oficio 4107412011788800 de 10 de octubre de 2017, mediante el cual Porvenir S.A. informa al señor William Rodríguez Uribe, respecto a su solicitud pensional, que

«[…] Teniendo en cuenta lo anterior, hemos realizado las gestiones pertinentes para que en e menor tiempo se efectuara la emisión y redención del bono pensional; sin embargo, de acuerdo con la liquidación reportada por la Oficina de Bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público OBP, su bono pensional registra el mensaje “Bono no emitible, entidad no está asumida por la Nación o existen periodos o asumidos por la Nación”, por lo cual nos encontramos realizando las gestiones pertinentes con el fin de levantar dicha detención.»

Oficio 05569 de 18 de octubre de 2017, a través del cual la Secretaria de Gobierno y Administración del departamento de Vichada, reitera a Porvenir S.A. que:

«[…] Es claro que no se encuentran estos documentos que demuestran estos pagos, pero no se puede condenar a la administración a hacerse cargo de aportes que ya se realizaron en su momento conforme a la ley; estaríamos en un detrimento respondiendo patrimonialmente por partes ya realizados, además de ello no tenemos cuentas de cobro por parte de CAJANAL donde se evidencie pagos dejados de realizar, ni mucho menos se adelantó algún tipo de acción jurídica por parte de la extinta CAJANAL por mora en el pago de estas obligaciones.

Por tal motivo, nuevamente emitimos los Formatos 1, 2 y 3B emanados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público teniendo en cuenta que el responsable de las cotizaciones de los señores en mención es la extinta CAJANAL, como lo demuestran las Certificaciones N° 052-2016 y 020-2017».

• Comunicación radicada ante Porvenir S.A. el 8 de noviembre de 2017, con radicado 0100222083940100, mediante la cual la UGPP le informa en relación con la historia laboral del señor William Rodríguez Uribe que:

«[…] Por medio de este radicado relacionaron a la entidad SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD con NIT 892.099.154, en donde laboró el señor WILLIAM RODRÍGUEZ URIBE C.C. 10.234.481, durante los periodos 01/09/1982 al 31/12/1983.

Con el fin de obtener la documentación solicitada la Subdirección de Gestión Documental procedió a solicitar en calidad préstamo las planillas y o (sic) recibos de caja físicas al Ministerio de Salud. Esta Subdirección realizó la búsqueda en el inventario que se encuentra en medio magnético, el cual detalla el contenido de las 1.863 cajas que contienen un total de 28.625 carpetas, informando cada una de las series documentales y asuntos relacionados con aportes pensionales, según radicado UGPP No. 201680030742342 del 10 de marzo de 2016. Se consultó la base de datos de RECIBOS DE CAJA (SECCIONAL VICHADA), donde estaba ubicada esta entidad y los periodos solicitados por el peticionario.

En conclusión, se informa que realizada la inspección de la base de datos que contiene el inventario entregado por el Ministerio de Salud, el cual se encuentra clasificados por seccional cada departamento, evidenciando que no se entregó información de la seccional Vichada, donde está ubicada esta entidad.

Así mismo es importante aclarar que el archivo físico de planillas de autoliquidación de aportes pensionales solamente se puede consultar a partir del año 1994 hasta el 2013, en razón a que esta es la documentación que reposa en el custodio que tiene contratado actualmente el Ministerio de Salud y que a su vez fue entregado por la extinta Cajanal».

De conformidad con todos los supuestos fácticos anteriormente señalados, la Sala concluye que la AFP PORVENIR y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pese a que a la fecha no han reconocido y pagado en favor del señor William Rodríguez Uribe el bono pensional por él pretendido, sí han adelantado los trámites administrativos pertinentes; cosa distinta es, que hay discusión acerca de si se realizaron o no los aportes respectivos del 01/09/1982 a 31/12/1983, época para la cual se desempeñó como médico rural al servicio de la Gobernación del Vichada – Secretaría de Salud.

Al respecto, de las pruebas aportadas al expediente, se observa que la Secretaría departamental de Salud de Vichada asegura e insiste, y así lo certifica mediante los respectivos formatos 1, 2 y 3B de información laboral expedidos en favor del señor RodrIguez Uribe, que realizó los aportes respectivos al sistema de seguridad social con destino a la extinta Cajanal, no obstante, manifiesta, enfáticamente, que no cuenta con los soportes de pago para acreditar su decir, lo cual no es óbice para realizar un segundo pago por el mismo concepto, causando un detrimento a la administración.

Por su parte, la UGPP certificó que en el sistema de información de la entidad no aparece registro alguno de los supuestos aportes.

Dicho lo anterior, es claro que la discusión frente al amparo invocado no es en relación con el reconocimiento o no del bono pensional pretendido, sino en la falta de prueba de que la Secretaría departamental de Salud de Vichada, en efecto haya realizado en favor del accionante los aportes a la seguridad social ante la extinta Cajanal, del periodo comprendido entre el 01/09/1982 y 31/12/1983, tal como lo afirma; pues es claro, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no tiene la obligación de asumir dicho pago, cuando tal circunstancia no está debidamente acreditada.

Es decir, el definir si se realizó o no dicho pago, es una problemática de origen netamente administrativo, cuyos efectos el interesado no tiene la obligación de soportar, pues de acuerdo con el decir de las accionadas incluida la misma Secretaría departamental de Salud de Vichada, no hay duda en que es el ente departamental es quien tiene la carga prestacional en discusión.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

«[…] una vez la persona cumple los requisitos contemplados en el ordenamiento jurídico para acceder a una pensión, le son inoponibles las diferentes disputas que se pudieren presentar entre las entidades potencialmente obligadas a garantizar su derecho prestacional. En estos eventos, procede la acción de tutela para amparar sus derechos fundamentales y remover los obstáculos que impiden el goce efectivo del derecho fundamental a la seguridad social en su faceta pensional, ordenando el pago de la prestación a la entidad que se presente, en principio, como la principal obligada, y facultándola para que dentro de un término razonable acuda a la respectiva jurisdicción especializada a discutir su responsabilidad.»

De acuerdo con lo expuesto, es claro que la carga de resolver los impases administrativos a los que se ha visto expuesto el reconocimiento de la cuota parte del bono pensional en favor del señor William Rodríguez Uribe, recaen única y exclusivamente en Secretaría departamental de Salud de Vichada, situación que no debe afectar sus derechos fundamentales, pues se recuerda que se trata de una persona de 62 años de edad, desempleada y, sumado a ello, no se puede desconocer que ya cumple con los requisitos para acceder al posible reconocimiento y pago de una pensión de vejez.

Dicho ello, al no existir duda acerca de la procedencia de la expedición del bono pensional, ni respecto de la cuota parte por la cual debe responder el ente departamental accionado, sino solo en determinar si éste realizó o no los aportes a seguridad social respecto del periodo comprendido entre 01/09/1982 y el 31/12/1983, la Sala encuentra necesario emitir una solución a la problemática padecida por el accionante, que conlleve a obtener una respuesta concreta frente a su petición de reconocimiento y pago del bono pensional pretendido, lo cual tiene injerencia directa para determinar su derecho a una pensión de vejez.

Razón por la cual, se REVOCARÁ la decisión del a quo, para, en su lugar, amparar el derecho fundamental a la seguridad social, en conexidad con la vida y el mínimo vital, del señor William Rodríguez Uribe, por lo que se ordenará a la Gobernación del Vichada – Secretaría de Salud que, dentro del término de quince días, contado a partir de la notificación de la presente providencia, asuma la cuota parte en discusión, sin perjuicio de que pueda solicitar posteriormente la devolución de saldos, de llegar a comprobarse que en efecto ya había realizado dicho pago.

Asimismo, se EXHORTARÁ al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., para que una vez se dé cumplimiento a la orden emitida en precedencia, continúe con el trámite pertinente para el reconocimiento y pago de la pensión pretendida por el actor.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de nulidad propuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 30 de octubre de 2017, proferida por la subsección B de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

TERCERO: En su lugar, AMPARAR el derecho fundamental a la seguridad social, en conexidad con la vida y el mínimo vital, del señor William Rodríguez Uribe, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ORDENAR a la Gobernación del Vichada – Secretaría de Salud que, dentro del término de quince (15) días, contado a partir de la notificación de la presente providencia, asuma la cuota parte correspondiente al periodo 01/09/1981 a 31/12/1983, sin perjuicio de que, posteriormente, pueda solicitar la devolución de saldos, de llegar a comprobarse que en efecto ya había realizado dicho pago.

QUINTO: EXHORTAR al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., para que una vez cumplida la orden señalada en el numeral anterior, continúe con el trámite pertinente para el reconocimiento y pago de la pensión pretendida por el señor William Rodríguez Uribe.

SEXTO: LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 de Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

SÉPTIMO. En acatamiento a las disposiciones del articulo 32 ibídem, dentro de los diez (10) días siguientes REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sección de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
El proceso de la referencia subió al Despacho con informe de Secretaría General de la Corporación de 9 de abril de 2018.
Ff. 3 a 18.
Ff. 66 y vto..
Doctor José Rodrigo Romero Romero
F. 81
Ff. 89 a 92.
Ff. 104 a 110.
Por el cual se dictan normas para la emisión, cálculo, redención y demás condiciones de los bonos pensionales y se reglamentan los Decretos leyes  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_0656_1994.htm" \l "inicio" 656,  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1299_1994.htm" \l "1" 1299 y  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1314_1994.htm" \l "1" 1314 de 1994, y los artículos  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993_pr003.htm" \l "115" 115, siguientes y concordantes de la Ley  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993.htm" \l "1" 100 de 1993.
Ff. 112 a 123.
Ff. 139 a 201.
Ff. 209 y 210.
Ff. 220 a 230
Ff. 245 y 246.
Ff. 240 a 246.
Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de 2003.
Ver sentencia SU-961 de 1999.
Sentencia T – 147 de 2006 y T – 910 de 2006 con ponencia del doctor Manuel José Cepeda Espinosa
Sentencia T-050 de 2004. M.P.: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
Sentencias T-671 de 2000 M.P. Alejandro Martínez; T-1103 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-1119 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño y, T-1124 de 2001 M.P. Alfredo Beltrán Sierra). Citas del fallo T-589 de 2004; y Sentencia T-596 de 2005. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
T-056 de 2017. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Sentencia T-1061 de 2012.
Artículo 115 de la Ley 100 de 1993.
Problemas Actuales de la Seguridad Social Bonos Pensionales, Fernando Castillo Cadena, Editorial Ibáñez, Universidad Javeriana.
Artículo 118 de la Ley 100 de 1993 Los bonos pensionales serán de tres clases: a) Bonos pensionales expedidos por la Nación; b) Bonos pensionales expedidos por las Cajas, Fondos o entidades del sector público que no sean sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel Nacional a que se refiere el Capítulo III del presente Título, y cuya denominación genérica de bono pensional se complementará con el nombre de la Caja, Fondo o Entidad emisora, c) Bonos pensionales expedidos por empresas privadas o públicas, o por cajas pensionales del sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones y cuya denominación genérica de bono pensional se complementará con el nombre de la entidad emisora. Artículo 119 del Decreto Ley 1299 de 1994 : a) por la Nación en los casos de que rata el artículo 16 del presente Decreto, b) por el Instituto de Seguros Sociales en los casos del artículo 17, c) por las Cajas, Fondos o entidades del Sector Público del nivel Nacional, d) por empresas públicas o privadas o por Cajas o Fondos de Previsión Social del Sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones y e) por las Cajas, Fondos y entidades territoriales  que tengan a su cargo el pago y reconocimiento de pensiones.
Bono tipo A (ley 1299 de 1994),  Bono tipo B (Ley 1314 de 1994)
Bonos que se expiden a  favor de los trabajadores que se trasladan al régimen de prima media al entonces exceptuado régimen de Ecopetrol. (Decreto 876 de 1998).
Bonos que se expiden a los que se trasladan al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. (Decreto 816 de 2002.)
Artículo 14 Decreto 1299 de 1994.
Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
F. 1.
F. 49 a 51.
Ff. 50 a 52.
F. 19 a 26.
Ff. 49 a 51.
Ff. 52 y 53.
F. 121.
F. 56.
Ff. 78 y 79.
F.123.
Ff. 180 a 182.
T-613 de 2010.

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