Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-42-000-2017-05078-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Vulneración del derecho de petición: por ausencia de respuesta clara y de fondo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-42-000-2017-05078-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-42-000-2017-05078-01
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
8 de febrero de 2018
VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN - Por ausencia de respuesta clara y de fondo / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN - Por ausencia de notificación de la respuesta / INFORMACIÓN SOBRE SUBSIDIO DE VIVIENDA PARA POBLACIÓN DESPLAZADA
[L]a Sala considera que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio vulneró el derecho fundamental de la [actora] comoquiera que no respondió en debida forma las peticiones formuladas por la accionante ni puso en conocimiento de esta el contenidos de las supuestas respuestas con las que pretendía atender las solicitudes (…) En efecto, las peticiones (…) no fueron resueltas de manera completa y clara, comoquiera que, (…) de la lectura de esos documentos se observa que estos omiten identificar el grupo poblacional al que pertenece la [actora], no señalan los programas de vivienda a los que esta puede acceder, no especifican cómo se le aplican las reglas de priorización para su caso concreto y se limitan a relacionar el programa “vivienda cien por ciento subsidiada”, dejando de lado la amplia oferta de institucional en materia de vivienda para la población desplazada víctima del conflicto armado interno. Adicionalmente, la Sala observa que la entidad accionada no puso en conocimiento de la interesada el contenido de las supuestas respuestas.
VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN - Por respuesta incompleta / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN - Por respuesta extemporánea / INFORMACIÓN SOBRE VINCULACIÓN A PROGRAMA PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO Y GENERACIÓN DE INGRESOS
Petición dirigida a Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación (…) La Sala considera que la accionada vulneró el derecho fundamental de petición de la [actora] comoquiera que no respondió de manera completa ni oportuna la petición formulada por esta, debido a que, si bien en el oficio (…) de 22 de septiembre de 2016, con el que dijo atender la petición, se enunció el marco general de la política de emprendimiento y de generación de empleo (…) la injerencia de la entidad en la implementación del programa, la restructuración que afronta en la actualidad la entidad, y las líneas definidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá - Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación para la estabilización socioeconómicas de las víctimas del conflicto armado, omitió especificar en qué consisten tales líneas. Adicionalmente, es evidente que entre la fecha de radicación de la petición (31 de agosto de 2016) y la notificación personal de la misma (23 de octubre de 2017, al hijo de la accionante), transcurrió más de un año, término que desconoce el señalado por la Ley 1755.
AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN - Existencia de respuesta de fondo, congruente y clara / IMPOSIBILIDAD DE INCLUSIÓN EN LISTADO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA EN ESPECIE - Incumplimiento de requisitos
Petición dirigida al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (…) La Sala considera que la accionada no vulneró el derecho fundamental de petición de la [actora] comoquiera que (…) remitió a la Unidad para las Víctimas y a la Secretaría del Hábitat copia de la petición radicada por la accionante, para que estas en ejercicio de sus competencias resolvieran lo pertinente actuación que le comunicó a la interesada en debida forma ; y, en lo de su competencia, respondió de fondo, manera clara y completa las inquietudes formuladas por la accionante (…) explica que no es posible incluirla en el listado de potenciales beneficiarios del programa de vivienda gratuita en especie porque no cumple con las exigencias establecidas en la Ley 1537 y su Decreto Reglamentario 1077; que las bases de datos oficiales en las que se encuentra registrada la accionante son el Registro Único de Víctimas y Red Unidos, dentro de las fechas corte establecidas por la entidad competente; la competencia de Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, en materia de subsidio familiar de vivienda; y que esa entidad no recibe documentos toda vez hace uso de las bases de datos remitidas por las entidades competentes.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 23 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 51 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 83 / LEY 1755 DE 2015 / DECRETO 3111 DE 2004 / DECRETO 4429 DE 2005 / LEY 1537 DE 2012 / DECRETO 1077 DE 2015
NOTA DE RELATORÍA: La sentencia aborda la naturaleza y contenido del derecho fundamental a la vida digna de la población desplazada, el cual, en razón a las condiciones de vulnerabilidad a las que se ve sometida esa población, es autónomo y susceptible de ser amparado por vía de tutela, al respecto, consultar la sentencia T-885 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, de la Corte Constitucional.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-42-000-2017-05078-01(AC)
Actor: ANA JULIA MARTÍNEZ
Demandado: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y OTROS
La Sala decide la impugnación presentada por la señora Ana Julia Martínez, contra el fallo de tutela proferido el 26 de octubre de 2017 por la Sección Segunda Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que amparó el derecho fundamental de petición a la accionante.
La presente providencia tiene las siguientes partes i) antecedentes; ii) consideraciones y iii) resuelve; las cuales se desarrollaran a continuación.
ANTECEDENTES
1.1. La solicitud
La señora Ana Julia Martínez, actuando en nombre propio, presentó solicitud de tutela el 7 de octubre de 2017 contra la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, el Fondo Nacional de Vivienda, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Secretaría Distrital del Hábitat y la Alcaldía Mayor de Bogotá, - Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, por el presunto desconocimiento de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso administrativo, a la vivienda digna y a la confianza legítima.
1.2. Hechos
La señora Ana Julia Martínez manifiesta que es víctima del desplazamiento forzado y se encuentra inscrita en el Registro Único de Victimas de la Población Desplazada, RUV, condición en la que formuló las siguientes peticiones:
A la Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: i) incluirla en un programa de vivienda nueva o usada gratis para población desplazada, ii) indicarle la documentación necesaria para acceder a cualquier programa de vivienda, y iii) acreditar su inscripción dentro del Registro Único de Víctimas, el 31 de agosto de 2016, petición reiterada el 28 de diciembre del mismo año. La solicitud inicial fue radicada con el nro. 2016ER0096506.
A la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas y la Reconciliación: i) “inicie el trámite de vinculación dentro del programa proyecto de Emprendimiento y Generación de Ingresos”, el 31 de agosto de 2016, radicada con el número 1-2016-37964.
Al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, a la Secretaría Distrital del Hábitat, y a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas: i) inscribirla y asignarle un subsidio de vivienda nueva o usada, ii) indicarle la documentación necesaria para acceder a cualquier programa de vivienda, y iii) acreditar su inscripción dentro del Registro Único de Víctimas, el 2 de septiembre de 2016, solicitudes que fueron radicadas respectivamente con las radicaciones nro. 20169100, 1-2016-63068 y la última si número de radicación.
La accionante manifiesta que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social no respondió de forma efectiva sus solicitudes, sino que se limitó a contestarla de manera genérica y abstracta; en tanto que, la Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Alcaldía Mayor de Bogotá - Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas y la Reconciliación, la Secretaría Distrital del Hábitat, y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la fecha de presentación de la acción de tutela no han emitido ninguna respuesta a sus peticiones.
1.3. La solicitud de tutela
La señora Ana Julia Martínez presentó acción de tutela contra la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, el Fondo Nacional de Vivienda, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Secretaría Distrital del Hábitat y la Alcaldía Mayor de Bogotá - Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso administrativo y a la vivienda digna, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por cuanto las entidades accionadas no le han respondido las solicitudes que formuló en ejercicio del derecho de petición los días 31 de agosto y 2 de septiembre de 2016.
1.3.1. Pretensiones
Las pretensiones de la solicitud de tutela que presentó la señora Ana Julia Martínez son las siguientes:
“[…] 1. Tutelar mis derechos fundamentales y constitucionales de petición en conexidad al debido proceso y a la confianza legítima.
2.Solicitandole a los funcionarios del Gobierno de turno encargado de la entidad que si bien no estoy postulada, que se me postuele y se me incluya en le programa de las ochenta y seis mil viviendas (86.000) (sic) que prometió los gobiernos (sic) de tuerno tanto nacional como distrital al derecho a la vivienda digna.
3. Que me indique que documentación ha (sic) de adjuntar para que se surtan las exigencias de las carteras ministeriales en el derecho a la vivienda digna.
4. Que se me otorgue el correspondiente a (sic) la vivienda digna nueva o usada en (sic) el cual tengo derecho por ser personas (sic) vulnerable, marginada y ser víctima del conflicto armado.
5. Solicito al H. Juez Constitucional del quien (sic) lleve el caso, que no solamente se ampare los derechos de petición formulados a las carteras ministeriales sino los demás derechos invocados.
[…]“.
Como argumentos que soportan las anteriores pretensiones la accionante afirma que los requisitos exigidos a la población desplazada para acceder a un subsidio de vivienda son excesivos, dado que, a su juicio, tales prerrogativas deberían tramitarse con el solo hecho de encontrarse inscrita en el Registro Único de Víctimas, sin tener que someterse a trámites adicionales que desmejoran su condición de víctima del conflicto armado.
1.3.2. Actuación
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, mediante auto de 18 de octubre de 2017, admitió la solicitud de amparo presentada por la señora Ana Julia Martínez, y dispuso notificar al Presidente de la República, al Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al Ministro de Ciudad, Vivienda y Territorio, al Gerente General de Metrovivienda, al Secretario Distrital de Hábitat, al Director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, al Alto Consejero para los Derechos de la Víctimas, la Paz y la Reconciliación y al Director del Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, para que, en el término de dos (2) días, se pronunciaran sobre los hechos objeto de la acción de tutela.
1.3.3. Los informes de las autoridades accionadas y vinculadas
1.3.3.1. La Subgerente Jurídica de la Empresa de Renovación y Desarrollo de Bogotá D.C., mediante escrito radicado el 20 de octubre de 2017, precisó que el Consejo de Bogotá, mediante Acuerdo Distrital nro. 643 de 12 de mayo de 2016, fusionó por absorción METROVIVIENDA en la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C., y que su objeto está encaminado, entre otros, a promover la masiva del suelo urbano para facilitar la ejecución de proyectos integrales de vivienda con énfasis en proyectos de vivienda de interés social e interés social prioritario.
Luego de referirse a los hechos que fundamentan la presunta violación de los derechos fundamentales invocados por la accionante, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que dentro de sus competencias no tiene la posibilidad de brindar la estabilización socioeconómica de la señora Ana Julia Martínez, obligación que, a su juicio, corresponde al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; ni la de otorgarle el subsidio de vivienda que reclama, además porque la accionante no ha presentado ninguna petición ante esa entidad.
Señaló que, el artículo 17 de la Resolución nro. 199 de 28 de abril de 2017 establece los requisitos que deben cumplir los hogares en situación de desplazamiento interno forzado por la violencia, para acceder a los aportes del Distrito Capital.
Por último, solicitó negar las pretensiones de la acción respecto de esa entidad por “considerarla improcedente” al no ser la responsable de la asignación y administración de los recursos del Subsidio Distrital de Vivienda, ni la competente para la estabilización de las familias en situación de desplazamiento interno forzado por la violencia.
1.3.3.2. La apoderada especial de la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,mediante escrito radicado el 23 de octubre de 2017, se opuso a la prosperidad de la acción de tutela, aduciendo que esa entidad no tiene injerencia alguna en los hechos que la motivan; que sus funciones se relacionan con la política en materia habitacional; y, que el ente encargado de otorgar, coordinar, asignar y/o rechazar subsidios de vivienda de interés social es el Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA.
De acuerdo con lo anterior, propuso la excepción denominada “falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”.
1.3.3.3. La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, mediante escrito radicado el 23 de octubre de 2017, solicitó que la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la señora Ana Julia Martínez se declare “como un HECHO SUPERADO” debido a que esa entidad, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 21 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, remitió por competencia a la Unidad para las Víctimas y a la Secretaría Distrital del Hábitat, la primera petición formulada por la accionante, actuación que fue le informada a esta mediante comunicación nro. 20162010949771 de 6 de septiembre de 2016, suscrita por la Coordinadora GIT Participación Ciudadana.
Agregó que el Director de Transferencias Monetarias Condicionadas, a través de comunicación nro. 20163601002981 de 21 de septiembre de 2016, resolvió la segunda petición formulada por la señora Ana Julia Martínez, en el sentido de explicarle las razones por las cuales no era posible tener en cuenta su solicitud de vivienda e inclusión en el listado de potenciales beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita (Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie –SFVE), por no cumplir las condiciones establecidas en la Ley 1537 de 20 de junio de 2012 y el Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015.
Luego de relacionar el marco general de competencia en política pública de vivienda, las competencias de la entidad en materia de vivienda, las diferentes etapas del procedimiento y la entidad responsable de los diferentes programas de vivienda, las competencias en materia de subsidio familiar de vivienda para población en desplazamiento, indicó que la entidad llamada a resolver las peticiones formuladas por la señora Ana Julia Martínez, es el Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, motivo por el cual invocó la falta de legitimidad en la causa pasiva material.
1.3.3.4. La Subsecretaria Jurídica de la Secretaría Distrital del Hábitat, mediante escrito radicado el 23 de octubre de 2017, solicitó declarar la improcedencia de la acción por inexistencia del derecho fundamental invocado.
Al respecto, indicó que esa entidad no ha vulnerado ni amenazado ningún derecho fundamental de la señora Ana Julia Martínez, comoquiera que a la petición formulada por esta se le dio clara respuesta mediante el radicado nro. 2-2016-67432 de 21 de septiembre de 2017.
Señaló que consultados los Sistema de Información del Programa de Vivienda Efectiva de la Secretaria Distrital de Hábitat, SIPIVE, y de Automatización de Procesos de Documentos “FOREST”, se evidenció que si bien, el hogar de la accionante se encuentra inscrito, su estado es “INACTIVO”.
Luego de referirse a la normativa relacionada con el Plan Integral de Vivienda Efectiva, PIVE, indicó que para que la señora Ana Julia Martínez pueda acceder a cualquiera de las diferentes modalidades del programa, y teniendo en cuenta la información reportada por su hogar en el Sistema de Información del Programa de Vivienda Efectiva de la Secretaria Distrital de Hábitat, SIPIVE, es necesario que la accionante se acerque a cualquiera de los puntos de atención, a adelantar la inscripción y/o actualizar la información de su núcleo familiar, con los documentos correspondientes.
Precisó que el programa de vivienda gratuita al que desea acceder la accionante, hace parte de la política del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Departamento para la Prosperidad Social, en tanto que, la información de las postulaciones se encuentra a cargo del referido Ministerio.
Agregó que la acción de tutela no puede ser utiliza para pretermitir los trámites administrativos establecidos por las autoridades para la asignación y desembolso del aporte de vivienda efectiva.
Por último, sostuvo que, si bien, la sola circunstancia de ser un sujeto de especial protección por encontrarse en situación de desplazamiento interno forzado por la violencia no acredita la ocurrencia de un perjuicio irremediable, sí impone al juez constitucional la obligación de valorar los criterios particulares del caso concreto, motivo por el cual solicitó declarar por improcedente la acción respecto de esa entidad porque no se probó la violación de ningún derecho fundamental.
1.3.3.5. La apoderada especial del Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, mediante escrito allegado el 24 de octubre de 2017, solicitó la desvinculación del proceso por no haber vulnerado ningún derecho fundamental de la accionante, en el entendido que la asignación de subsidio de vivienda requiere del cumplimiento de los requisitos que la ley exige para tal efecto.
1.3.3.6. La Jefe Asesora Jurídica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en escrito allegado el 24 de octubre de 2017, respondió que no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la señora Ana Julia Martínez, comoquiera que la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación no desarrolla proyectos de vivienda de interés social ni de interés prioritario, sino que articula dicha oferta institucional. También señaló que el acceso efectivo a vivienda por parte del Distrito se encuentra en cabeza de la Secretaría Distrital del Hábitat.
De acuerdo con lo anterior, precisó que la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante Decreto 059 de 7 de febrero de 2012, creó la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, como “[…] una dependencia del más alto nivel, dependiente directamente del Despacho del Alcalde Mayor, encargada de prestar el apoyo, la asesoría y la coordinación de las acciones de colaboración, corresponsabilidad y concurrencia para el diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión distrital en materias de prevención, protección, atención, asistencia, reparación integral a las víctimas, como factores de construcción de paz, prevención de conflictos y reconciliación […]”.
Agregó que los Planes de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” y el de Acción Distrital (2016-2020), establecen la implementación de la política pública de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, programa que se concretan a través de proyectos de inversión del Distrito Capital y las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas.
En ese orden, expuso que el Decreto 623 de 20 de diciembre de 2016, establece que a esa entidad le corresponde coordinar y ejecutar el Programa Integral de Vivienda Efectiva, PIVE, y a la Secretaría de Hábitat coordinar la revisión y validación de los diferentes aspectos relacionados con el acceso la vivienda para la población víctima de la violencia residente en Bogotá.
Explicó que la petición formulada por la señora Ana Julia Martínez ante la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, se atendió en debida forma, respuesta que, por un error de digitación de la entidad, fue enviada a la dirección Carrera 7A # 84A-19 sur, y devuelta por la empresa de correspondencia con la indicación “NO EXISTE NÚMERO”.
Concluyó que el 20 de octubre de 2017, estableció contacto telefónico con el hijo de la accionante, a quien se le solicitó acercarse a la entidad “en aras de realizar la notificación personal de la respuesta brindad en términos, al derecho de petición elevado”, actuación que se llevó a cabo el 23 del mismo mes y año.
1.3.3.7. La Directora de Gestión Institucional (e) de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas, el 24 de octubre de 2017, respondió que la petición presentada por la accionante fue contestada de fondo mediante comunicación nro. 201772027091211 de 23 de octubre de 2017.
Precisó que ejerce funciones de coordinación, ejecución e implementación y administración, y que la asignación y entrega de viviendas corresponde al Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, motivo por el cual solicitó desvincular a la entidad de la presente acción de tutela.
1.3.3.8. El apoderado especial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el 25 de octubre de 2017, se opuso a las pretensiones de la solicitud y pidió desvincularlo del proceso porque no tiene funciones en materia de atención directa a la población víctima de la violencia, las cuales, por competencia, corresponden al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y al Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, que tienen el deber de adelantar procesos para la asignación de subsidios de vivienda familiar a las personas desplazadas.
1.3.4. La sentencia impugnada
La Subsección “D” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el 26 de octubre de 2017, en la cual resolvió:
“[…] Primero: Tutélase el derecho fundamental de petición de Ana Julia Martínez, identificada con la cédula de ciudadanía 1.119.947.284 de Mesetas (Meta), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Ordénase al Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo ha hecho, resuelva la petición presentada por Ana Julia Martínez el 28 de diciembre de 2016, e inmediatamente comunique su respuesta en los términos establecidos en el artículo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
Tercero: Ordénase al Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo ha hecho, proceda a notificar a la tutelante el contenido del Oficio No. 2016EE0080229 de 1º de septiembre de 2016, en los términos establecidos en el artículo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
Cuarto: Ordénase al Secretario Distrital de Habitad que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo ha hecho, proceda a notificar a Ana Julia Martínez el contenido del Oficio No. 2-2016-67432 de 21 de agosto de 2016, en los términos establecidos en el artículo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
Al día siguiente al vencimiento del término señalado en la orden anterior, las autoridades accionadas deberán acreditar el cumplimiento de las presentes órdenes judiciales allegando, con destino a este expediente, copia de la documentación que así lo demuestre.
Quinto: Niégase la tutela del derecho fundamental a la vivienda digna, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
[…]”.
El Tribunal a quo, luego de relacionar las normas que regulan los subsidios de vivienda otorgados por el Estado y de referirse a la asignación prioritaria de estos sin necesidad de respetar los turnos asignados, señaló que la acción de tutela es improcedente para solicitar actuaciones administrativas que impliquen alterar los turnos establecidos para la asignación de esos beneficios.
Indicó que no había lugar a ordenar la entrega del subsidio de vivienda reclamado por la señora Ana Julia Martínez al encontrarse probado que ella no figura como postulada para la asignación del mismo; además, acceder a tal solicitud implicaba la violación al derecho a la igualdad de las otras personas que, en las mismas circunstancias de la accionante, se postularon y cumplieron todas las exigencia legales para la asignación del subsidio.
Respecto de la petición formulada por la señora Ana Julia Martínez ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 28 de diciembre de 2016, consideró que la entidad había vulnerado el derecho fundamental de petición de la accionante, debido a que la respuesta dada por la entidad mediante oficio nro. 2016EE0118010 de 13 de diciembre de 2016, no correspondía a la petición formulada, toda vez que la fecha de tal respuesta era previa a la de la solicitud.
En cuanto a la petición radicada el 31 de agosto de 2017, ante la misma cartera ministerial, señaló que del informe rendido por la entidad, se advertía que la Coordinadora Grupo de Atención al Usuario y Archivo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, había dado contestación a lo solicitado mediante oficio nro. 2016EE0080229 de 1º de septiembre de 2016; sin embargo, no existía prueba de que se le hubiera comunicado o notificado del mismo a la accionante, por lo que consideró que el derecho se encontraba vulnerado.
Igual consideración tuvo acerca de la petición radicada ante la Secretaria del Hábitat el 2 de septiembre de 2016, en el entendido que, si bien, la Subsecretaria Jurídica de la Secretaría Distrital del Hábitat, en la contestación de la tutela, allegó copia del Oficio No. 2-2016-67432 de 21 de agosto de 2016, en el expediente no obraba copia de su notificación.
1.3.5 La Impugnación
La señora Ana Julia Martínez en nombre propio impugnó lo decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar que el fallo de instancia es incongruente porque no se ajusta a los hechos, derechos y antecedentes que motivaron la solicitud; se fundamenta en consideraciones inexactas; y se limitó a procurar la protección del derecho fundamental de petición dejando de lado el derecho a vivienda digna.
Al respecto, señaló que las respuestas que las entidades accionadas enviaron a sus solicitudes son genéricas y no de fondo, toda vez que se limitan a enunciar procedimientos administrativos e información técnica sin precisar de manera suficiente, clara y congruente cuáles son los requisitos específicos para acceder a los subsidios de vivienda.
Adicionalmente, consideró que las exigencias del Gobierno Nacional para el otorgamiento de subsidios de vivienda son desproporcionadas en el caso de las víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto armado interno.
En consecuencia de lo anterior, solicitó revocar el fallo de instancia o declarar la nulidad de todo lo actuado “por encontrarse inexacto en referencia al derecho a la igualdad y por desconocer la declaratoria universal de los derechos humanos”.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia de la Sala
Esta Sala es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.
2.2. Generalidades de la tutela
La tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
2.3 Problema Jurídico
El problema jurídico general que debe resolver la Sala consiste en determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de 26 de octubre de 2017, proferida por la Subsección “D” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que amparó el derecho fundamental de petición invocado como vulnerado por la parte actora, respecto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y la Secretaría Distrital del Hábitat; y negó la protección del derecho fundamental a la vivienda digna.
Ahora bien, teniendo en cuenta las pretensiones y hechos narrados en la solicitud de tutela, las consideraciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia impugnada de 26 de octubre de 2017 y los argumentos planteados en el escrito de impugnación presentado por la señora Ana Julia Martínez; la Sala deberá abordar el siguiente problema jurídico específico:
Se deberá determinar si la Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas y la Reconciliación, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Secretaría Distrital del Hábitat y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, vulneraron los derechos fundamentales de petición, al debido proceso administrativo, a la vivienda digna y a la confianza legítima de la señora Ana Julia Martínez, con ocasión de la falta de solución frente al otorgamiento del subsidio de vivienda correspondiente a las personas en condición de desplazamiento.
Para efectos de lo anterior, la Sala se referirá: i) al marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de petición; ii) el desarrollo jurisprudencial del derecho de petición; iii) el derecho fundamental a la vivienda digna de la población desplazada; iv) el subsidio de vivienda para la población en situación de desplazamiento; v) el procedimiento para la asignación del subsidio de vivienda familia en especial; vi) el derecho fundamental al debido proceso administrativo; vii) la confianza legítima; y, finalmente, se viii) analizará el caso en concreto,
2.4. Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho de petición
El artículo 23 de la Constitución Política establece el derecho fundamental de petición en los siguientes términos:
“[…]
Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.
[…]”.
El derecho de petición fue reglamentado, en un principio, en el Decreto 01 de 2 de enero de 1984, el cual fue derogado y regulado nuevamente en los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 del 1º de noviembre de 2011, declaró inexequibles los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 y señaló que los efectos de la declaración de inexequibilidad quedarían diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso de la República expidiera la ley estatutaria correspondiente.
En razón a lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un Título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, norma que establece los términos y procedimientos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Dicha ley entró a regir a partir de la fecha de su promulgación, esto es, el 30 de junio de 2015.
Con miras a examinar el caso sub examine, en primer orden, la Sala realizará una breve síntesis de la Ley Estatutaria 1755 y, en segundo orden, se enunciarán las reglas jurisprudenciales del derecho de petición.
2.4.1 Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
A través de la Ley Estatutaria 1755 se regula el derecho de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Esta norma reguló los siguientes aspectos del derecho de petición: i) Derecho de petición ante las autoridades-Reglas Generales, ii) Derecho de petición ante autoridades - Reglas especiales y, iii) Derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas.
El artículo 13 de la Ley 1755 establece que el objeto de esta ley, es regular el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
Respecto a los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones, el artículo 14 de dicha norma, hace énfasis en que toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. El numeral 1º dispone que las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. El numeral 2º del artículo 14 ibídem establece que las peticiones mediante las cuales se presenta una consulta a las autoridades deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
Ahora bien, el artículo 15 ibídem prevé que las peticiones podrán presentarse verbalmente o por escrito a través de cualquier medio idóneo, donde la petición contenga al menos: i) la designación de la autoridad a la que se dirige, ii) los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá la correspondencia, iii) el objeto de la petición, iv) las razones en las que fundamenta su petición, v) la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite y vi) la firma del peticionario cuando fuere el caso. Asimismo, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones.
A su turno, el artículo 24 de la Ley 1755 dispone que solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley.
Los artículos 32 y 33 ibídem establecen que toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, salvo norma legal especial. Las peticiones ante empresas o personas que administren archivos y bases de datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de terceros países se regirán por lo dispuesto en la ley estatutaria del Hábeas Data.
Por último, es importante resaltar que conforme con los artículos 14 y 21 de la norma ejusdem, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos señalados, la autoridad tiene el deber de informar esa circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
Asimismo, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, esta deberá informar al interesado dentro de los cinco días siguientes al de la recepción de la solicitud, si obró por escrito y, dentro del término señalado, remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.
2.4.2 Desarrollo jurisprudencial del derecho de petición
La Corte Constitucional en desarrollo del artículo 23 de la Constitución Política ha precisado que la satisfacción del derecho de petición implica una respuesta de fondo a la solicitud que resuelva sobre lo planteado. En sentencia T-146 de 2012, se consignaron las más importantes reglas que ha reiterado la Corte Constitucional respecto del derecho de petición:
“[…] a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.
g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994 […]”
De estas reglas se desprende, que toda respuesta a un derecho de petición se convierte en un instrumento idóneo para garantizar otros derechos y libertades. Así lo consideró esta Corporación en sentencia de 24 de mayo de 2012, C.P. María Claudia Rojas Lasso, al señalar que, por un lado, el derecho fundamental de petición busca garantizar el acceso de las personas a las instancias del Estado; y, por otro, que el ciudadano obtenga respuesta de fondo, de manera clara, precisa, congruente con lo solicitado y que sea puesta en conocimiento del peticionario en un plazo oportuno.
Finalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia previamente citada, consideró que el estudio del derecho de petición puede realizarse desde dos perspectivas, a saber: “[…] En una parte inicial, el derecho de petición busca garantizar el acceso a las instancias del Estado, lo que de forma indirecta será la posibilidad democrática de participar en la gestión de la autoridad, donde el ciudadano conserva la soberanía y titularidad de los derechos, que se complementa mediante el correcto y eficiente desarrollo de la función pública que debe atender los fines constitucionales hacia los cuales se dirige el Estado. En la otra parte, que es complementaria a la primera, el ciudadano espera obtener una respuesta por parte del peticionado, sea este de naturaleza particular o pública, en donde se dé solución a su interrogante de forma concreta y definitiva, para así, garantizar la finalidad y efectividad inmediata del derecho de petición, ante quien posee una información que debe y puede ser suministrada a quienes estén interesados […]”.
2.5. El derecho fundamental a la vivienda digna de la población desplazada
La Corte Constitucional en la sentencia T-885 de 20 de abril de 2014, estableció la naturaleza y contenido del derecho fundamental a la vida digna de la población desplazada, en los siguientes términos:
“[…] 8. El artículo 51 de la Constitución establece que “Todos los colombianos tienen derecho a la vivienda digna”. En igual sentido el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-885-14.htm" \l "_ftn32"
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en la Opinión Consultiva número 4, desarrolló la naturaleza del derecho fundamental a la vivienda en los siguientes términos: “… no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien, como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.”
Además de lo anterior, para el Comité: i) el derecho a la vivienda está íntimamente ligado a otros derechos humanos que encuentran su fundamento en la dignidad inherente a la persona humana; y ii) se enfoca hacia el concepto de vivienda adecuada, lo que implica disponer “… de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”.
9. En relación con la naturaleza jurídica del derecho a la vivienda digna, esta Corporación, en unos primeros pronunciamientos, consideraba tal derecho bajo una concepción prestacional que excluía su protección por vía de tutela. Con posterioridad, la Corte avanzó hacia la naturaleza de fundamental del derecho de vivienda bajo criterios de conexidad, transmutación, afectación del mínimo vital o de la familia.
En el caso de la población desplazada, el derecho a la vivienda digna adquiere una especial dimensión ius fundamental, ya que así lo ha reconocido la Corte, al señalar que “…el derecho a una vivienda digna es un derecho fundamental de las personas desplazadas por la violencia, susceptible de ser protegido mediante la acción de tutela” y que “… se concreta frente a personas de especial protección constitucional como los desplazados por lo que automáticamente reviste un carácter de fundamental y autónomo.”
10. De otro lado, para esta Corporación el contenido del derecho fundamental a la vivienda digna para personas en situación de desplazamiento contempla la correlativa obligación de las autoridades públicas competentes para: i) reubicar las personas en condición de desplazamiento; ii) brindar a este especial grupo de personas soluciones de vivienda no solo con carácter temporal, sino también, con carácter permanente; iii) proporcionar información clara y concreta, asesoría y especial acompañamiento en los procedimientos que deben adelantar ante las autoridades competentes para acceder a los programas; iv) diseñar y ejecutar los planes y programas de vivienda en los que se deberá considerar las especiales necesidades (sociales, culturales, económicas, entre otras) de la población desplazada y de los subgrupos que existen al interior de esta; y v) eliminar barreras que impidan el acceso de las personas desplazadas a los programas de asistencia estatal.
11. En resumen, el derecho a la vivienda digna de la población desplazada es fundamental y autónomo, su contenido se concreta en específicas obligaciones de las autoridades públicas competentes de brindar soluciones de vivienda de carácter temporal y permanente, garantizar el acceso a la información del procedimiento administrativo de asignación de los subsidios y eliminar las barreras de acceso a los programas asistencia estatal, entre otros.
[…]”.
De acuerdo con lo anterior, para la Sala es claro que el derecho fundamental a la vivienda digna de la población desplazada es autónomo y susceptible de ser amparado por vía de tutela, en razón a que las condiciones de vulnerabilidad a las que se ven sometida esa población.
2.6. El subsidio de vivienda para la población en situación de desplazamiento
La Ley 3 de 15 de enero de 1991 creó el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, integrado por “[…] las empresas públicas y privadas que cumplan funciones conducentes a la financiación, construcción, mejoramiento, reubicación, habilitación y legalización de títulos de vivienda […]. El Sistema será un mecanismo permanente de coordinación, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades realizadas por las entidades que lo integran, con el propósito de logar la mayor racionalidad y eficiencia en la asignación y el uso de los recursos y en el desarrollo de las políticas de vivienda de interés social […]”.
Adicionalmente, estableció el subsidio familiar de vivienda “[…] como un aporte estatal en dinero o en especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés social […]”, destinado a los hogares de bajos de recursos puedan acceder a una vivienda en condiciones dignas. En caso que el subsidio forme parte de un conjunto o de un plan de soluciones, éstas deben cumplir las condiciones y especificaciones que se señale la autoridad competente.
Por su parte, el Decreto Ley 555 de 10 de marzo de 2003 ordenó que las funciones del INURBE en liquidación, en materia de vivienda fueran asumidas por el Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, fondo con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal y financiera, adscrito al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; orden que reiteró el Decreto 2190 de 12 de junio de 2009, determinó que el subsidio de vivienda de interés social con cargo a los recursos del Decreto Ley 555 y por las Cajas de Compensación Familiar, con cargo a las contribuciones parafiscales que administran.
En lo que tiene que ver con la política pública de vivienda para la población desplazada, el artículo 19 numeral 5° de la Ley 387 de 18 de julio de 1997, determina que la Red de Solidaridad Social –hoy Agencia Presidencial para la Acción Social- dará prioridad a las comunidades desplazadas y atenderá a las víctimas del desplazamiento, vinculadas a sus programas.
La anterior ha sido desarrollada por los Decretos 3111 de 23 de septiembre de 2004 y 4429 de 28 de noviembre de 2005, que señalan que para la asignación de subsidios de vivienda de orden nacional se dará prioridad, entre otros grupos, a la población desplazada por la violencia.
Por su parte, el Decreto 1921 de 17 de septiembre de 2012 , establece que el Gobierno Nacional adelanta un programa de vivienda gratuita con el fin de entregar viviendas de interés prioritario, a título de gratuito en especie, a la población referida en el artículo 12 de la Ley 1537. Asimismo, señala la metodología para focalizar, identificar y seleccionar los hogares potencialmente beneficiarios del subsidio de vivienda familiar cien por ciento (100%) en especie; y los criterios para la asignación y legalización de los subsidios.
2.7. El procedimiento para la asignación del subsidio de vivienda familia en especie
La Ley 1537 de 20 de junio de 2012 y el Decreto 1921, este último compilado por el Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015, establecen el procedimiento administrativo para la adjudicación de los subsidios de vivienda en especie y fijan las competencias específicas del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, en cada una de las etapas previstas en el proceso administrativo.
La primera etapa, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.1.5 del referido Decreto 1077, corresponde al Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, quien debe remitir al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la información relacionada con los proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento o municipio donde se desarrollara, el número de viviendas a transferir y los grupos a los que están dirigidas esas viviendas.
Por su parte, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, deberá elaborar un listado de “potenciales beneficiarios” de conformidad con la información que reposa, entre otras entidades, en la Red Unidos, Registro Único de Víctimas, RUV, y SISBEN, y teniendo en cuenta los criterios de priorización.
Una vez el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social identifica a los hogares potencialmente beneficiarios envía ese listado al Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, quien mediante acto administrativo da apertura a la convocatoria de esos hogares para que suministren la información de postulación al operador designado y entreguen los documentos correspondientes.
Revisada la consistencia y veracidad de la información suministrada por los interesados, el Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, remitirá al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el listado de los hogares que cumplen con los requisitos, con el fin de que el Departamento seleccione los hogares beneficiarios, conforme a los criterios de priorización.
Si el número de viviendas ofertadas en superior al de postulantes de un orden de priorización, la selección de los hogares beneficiarios se hará de forma directa o a través de sorteo y el listado definitivo constará en una Resolución que nuevamente deberá remitirse al Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, para asignar los subsidios de vivienda mediante acto administrativo.
2.8. El derecho fundamental al debido proceso administrativo
El artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Sobre ese particular, la jurisprudencia constitucional definió el debido proceso administrativo como “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que gurda relación directa ente si, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. Ha precisado al respecto que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”.
Por su parte, la Sección en sentencia de 5 de mayo de 2016
2.9. La confianza legítima
El artículo 83 de la Constitución Política establece que las autoridades públicas y los particulares deben atender los postulados de la buena fe.
Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la confianza legítima “consiste en que el ciudadano debe poder evaluar en un medio jurídico estable y previsible, en el cual confiar”; en ese entendido, dicho principio de vulnera cuando:
“[…] se vulnera el principio de confianza legítima por parte de la administración cuando esta viene realizando actuaciones que favorecen al particular de manera repetitiva, como prorrogar por varios años el subsidio de vivienda otorgado, pero sorpresivamente y sin que medie anuncio alguno cambia substancialmente su manera de proceder, dando lugar a la pérdida de vigencia de los beneficios económicos concedidos […]”.
A su vez, la Sala de Decisión de la Sección Primera de la Corporación, en cuando al principio de la confianza legítima, en sentencia de 29 de abril de 2015, señaló que “[…] las actuaciones adelantadas por la administración que generen expectativas favorables a los particulares, no pueden ser eliminadas sorpresivamente porque ello podría afectar derechos fundamentales […]”.
2.10. Análisis del caso concreto
La Sala procederá a determinar si la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, el Fondo Nacional de Vivienda, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Secretaría Distrital del Hábitat, la Alcaldía Mayor de Bogotá - Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, vulneraron los derechos fundamentales de petición, al debido proceso administrativo, a la vivienda digna y a la confianza legítima de la señora Ana Julia Martínez de acuerdo con lo solicitado en cada una de las peticiones.
Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
2.10.1 Acervo y análisis probatorios
Conforme a los elementos de prueba obrantes en el expediente se advierte que:
La señora Ana Julia Martínez presentó cinco (5) derechos de petición ante las siguientes entidades:
Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 31 de agosto de 2016, con número de radicación 2016ER0096506, solicitud que, a juicio de la accionante, no había sido respondida a la presentación de esta acción.
La petición es del siguiente tenor literal:
“[…]
Asunto: Solicitar reiteradamente o modificar el traslado de retorno en el asunto de vivienda nueva o usada en el proyecto pro de una techo (OPV) víctimas de un techo.
[…]
Solicito se me inscriba y se me adjudique una vivienda nueva o usada dentro del programa y/o proyecto de las 120.000 mil viviendas que el gobierno ha pronunciado públicamente en el sistema de radio y televisión y textualmente.
Se dé una fecha cierta para saber qué fecha podemos constatar con esa inscripción.
Se informe de manera precisa y por escrito la documentación para acceder para cualquier programa de vivienda bien sea como víctima del desplazamiento forzado o en el programa de vivienda para los necesitados ya que ostento ambas caracterizaciones.
De acuerdo a la respuesta de lo anterior se me informe cuando termina el estudio y cuando puedo contar con esta inscripción.
Solicito al representante jurídico del DPS acreditar mi inscripción dentro de Registro Único de Víctimas y correr traslado de la información al MINISTERIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO SOSTENIBLE, para que se surta en su totalidad la información en materia de vivienda digna como solicitante desplazado ostentando esta acreditación.
[…]”.
En la contestación de la tutela La Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no manifestó haberle contestado el derecho petición a la accionante, sólo señaló que no tiene injerencia en los hechos que motivan la acción de tutela y que el ente encargado de otorgar, coordinar, asignar y/o rechazar subsidios de vivienda de interés social es el Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA.
Si bien la entidad no se pronunció respecto de las peticiones formuladas por la accionante, con el escrito de contestación adjuntó copia de los siguientes oficios:
Oficio número 2016EE0080229 de 1 de septiembre de 2016, por el cual se responde la petición radicada por la accionante el 31 de agosto de 2016 (2016ER0096506). El contenido de la respuesta, es el siguiente:
“[…]
Asunto: Información Subsidio de Vivienda Familiar
Radicación 2016ER0096506
Apreciado Usuario:
Dando respuesta a su comunicación radicada con el número citado en el asunto me permito informarle que una vez verificado el número de cédula de ciudadanía 1119947284 en el Modulo de Consultas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se obtuvo como resultado no existen postulaciones del hogar en las Convocatorias efectuadas por el Fondo Nacional de Vivienda.
De acuerdo a lo anterior, le informo que el programa de vivienda cien por ciento subsidiada se dirige a la población más vulnerable, es importante aclarar (en cuanto a los requisitos) que el programa de vivienda gratuita va dirigido en forma preferente a la población que se encuentre incluida en las siguientes bases de datos:
Que esté vinculada a programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación de la pobreza extrema o que se encuentren dentro del rango de pobreza extrema.
Que estén en situación de desplazamiento.
Que haya sido afectada por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias.
Que se encuentre habitando zona de alto riesgo no mitigable.
por tanto para que un hogar sea favorecido con una vivienda a título de subsidio en especie dentro del programa de vivienda cien por ciento subsidiada debe encontrarse registrado en las bases de datos que permitan su focalización, según lo estipulado en el artículo 6º del Decreto 1921 de 2012, dentro de las cuales se encuentra las siguientes:
Sistema de información de la Red para la Superación de la Pobreza Expresa Unidos (Siunidos) o la que haga sus veces.
Sistema de identificación para potenciales beneficiarios de los programas sociales – SISBEN III o el que haga sus veces.
Registro Único de Población Desplazada (RUPD) o el que haga sus veces.
Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda administrado por FONVIVIENDA o el que haga sus veces con los hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano que se encuentre sin aplicar u hogares que se encuentren en estado “Calificado”.
Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda administrado por FONVIVIENDA o el que haga sus veces con los hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano asignado en la bolsa de desastres naturales que se encuentre sin aplicar.
El DPS definirá mediante resolución cual es el corte de información de las bases de datos antes mencionadas que utilizará en la identificación de los potenciales beneficiarios SFVE.
Adicional a ello se aplican criterios de priorización contenidos en el artículo 1º del Decreto Nacional 2726 de 2014, teniendo en cuenta el siguiente orden, en relación con la población desplazada:
[…]
En consecuencia se debe verificar si el hogar o el potencial beneficiario se encuentra registrado en alguna de las bases de datos señalada, para ello, cualquier ciudadano puede conocer su estado de vinculación a la Red Unidos accediendo por el menú de trámites de la página web ( HYPERLINK "http://www.anspe.gov.co/" http://www.anspe.gov.co/), la consulta se entiende como constancia de vinculación a la misma, por lo que la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema no expide certificaciones sobre el mismo, en igual forma se realiza la consulta al SISBEN utilizando el siguiente enlace HYPERLINK "http://www.sisben.gov.co/ConsultadePuntaje.aspx" http://www.sisben.gov.co/ConsultadePuntaje.aspx.
De otro lado el Registro Único de Población Desplazada se hace a través de un formato único de declaración en la que se manifiesta su condición de desplazado, por tanto este trámite se debió adelantar previamente para incluirlo en dicha base de datos.
Por tanto, siempre y cuando su hogar se encuentre registrado en las bases de datos que el DPS utiliza para determinar los potenciales beneficiarios del subsidio familiar ce vivienda, no se requiere ningún documento adicional para obtener tal condición, en el entendido que la asignación del subsidio familiar de vivienda, está sometido al procedimiento aquí descrito el cual debe observarse estrictamente, tanto por el Departamento para la Prosperidad Social, como por Fonvivienda.
Con relación a lo enunciado anteriormente, es pertinente aclarar que no corresponde al Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, la selección de hogares beneficiarios dentro del programa de las cien mil viviendas ciento por ciento subsidiadas, sino que esta selección será realizada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS, según los porcentajes de composición poblacional del proyecto y atendiendo los criterios de priorización que se determinen en el derecho reglamentario, teniendo en cuenta que se verificará que se encuentren en la RED UNIDOS y posteriormente en SISBEN III.
Corresponde entonces al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social enviar el listado que contenga la relación de los hogares potencialmente beneficiario para cada proyecto de vivienda, registrando el 150% del número de hogares definidos para cada grupo de población. El Fondo Nacional de Vivienda, por su parte, dará apertura de la convocatoria sólo para postulación de dichos hogares, posteriormente los verifica y devuelve el listado de los que cumplen los requisitos al Departamento para la Prosperidad Social – DPS, entidad que seleccionad los beneficiarios de acuerdo a los criterios de priorización, y en caso que los hogares excedan el número de viviendas disponibles por proyecto, se realizará el sorteo, conforme a los mecanismos que defina el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPA, para surtir dicho procedimiento.
ESTO SIGNIFICA QUE LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS POR FONVIVIENDA SERÁN PARA LA POSTULACIÓN DE AQUELLOS HOGARES SEÑALADOS POR EL DPS, COMO POTENCIALES BENEFICIARIOS. EN TAL SENTIDO LA POSTULACIÓN SÓLO PODRÁ LLEVARSE A CABO, UNA VEZ EL DPS, HAYA INCLUIDO AL HOGAR EN EL LISTADO DE HOGARES POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA CIEN POR CIENTO EN ESPECIE – SFVE.
El Fondo Nacional de Vivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los beneficiarios señalados en la Resolución emitida por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, quienes accederán a las viviendas ofrecidas en el marco del Programa de las cien mil viviendas cien por ciento subsidiadas.
Así las cosas, el otorgamiento del subsidio como indemnización parcial supone que el hogar deba estar registrado en las bases de datos del Departamento para la Prosperidad Social DPS, posteriormente cumplir los criterios de priorización establecidos por dicha entidad y ser seleccionado como beneficiario del Subsidio Familiar de Vivienda, si esto no ocurre el subsidio no será otorgado y por ende no se puede definir una fecha cierta para ello.
Por lo aquí expuesto, Fonvivienda no puede ofrecer a los hogares fecha probable de asignación del subsidio, pues los procedimientos se realizan en condiciones de igualdad, en estricto cumplimiento de las normas y teniendo en cuenta la capacidad presupuestal existente.
[…]”.
Oficio número 2016EE0118010 de 13 de diciembre de 2016, por el cual se responde la petición radicada por la accionante el 28 de diciembre de 2016 (2016ER0117969). El contenido de la respuesta, es el siguiente:
“[…]
Asunto: Información Subsidio de Vivienda Familiar
Radicación 2016ER0117969
Apreciado Usuario:
Dando respuesta a su comunicación trasladada por UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REP. A LAS VÍCTIMAS y radicada con el número citado en el asunto, donde solicita información sobre Subsidio Familiar de Vivienda, al respecto me permito informarle que una vez verificado el número de cédula de ciudadanía 1119947284 del (la) señor (a) NA JULIA MARTÍNEZ en el Modulo de Consultas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se obtuvo como resultado no existen postulaciones del hogar en las Convocatorias efectuadas por el Fondo Nacional de Vivienda.
Por otra parte a continuación damos respuesta puntual a cada una de las inquietudes plasmadas en su petición así:
CONSULTA 1.
“Solicito se me inscriba y se me adjudique una vivienda nueva o usada dentro del programa y/o proyecto de las 120mil vivienda que el gobierno ha pronunciado en el sistema de radio y televisión textualmente”.
De conformidad con lo establecido en la Ley 1448 de 2011 los postulantes al Subsidio Familiar de Vivienda podrán cogerse a cualquiera de los planes declarados elegibles por el Fondo Nacional de Vivienda o por el Banco Agrario o la entidad que haga sus veces, según corresponda si e vivienda urbana o rural y serán atendidos con cargo a los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el efecto.
Por su parte, el Subsidio familiar de Vivienda otorgado hará parte de la indemnización administrativa entregada como medida de reparación a las víctimas de desplazamiento por el Gobierno Nacional.
De igual forma, uno de los requisitos establecidos en las normas que regulan el tema para que las personas tengan derecho a acceder a un subsidio de vivienda, es postularse en una de las Convocatorias abiertas por el Fondo Nacional de Vivienda, entendiendo por postulación la solicitud que debe hacer el hogar objeto de acceder a un subsidio de vivienda.
Para la población en situación de desplazamiento, Fonvivienda llevó a cabo Convocatorias en los años 2004 y 2007 “DESPLAZADOS ARRENDAMIENTO MEJORAMIENTO CSP Y ADQUISICIÓN VIVIENDA NUEVA O USADA” y posteriormente en el año 2011, dentro del proceso de promoción y oferta – Resolución 1024 de 2011, derogada por la Resolución 0691 de 2012. No obstante lo anterior, su hogar NO SE POSTULÓ en ninguna de las Convocatorias mencionadas; es decir, no presentó solicitud dirigida a obtener un subsidio familiar de vivienda.
A la fecha, FONVIVIENDA no abrirá convocatorias por el sistema tradicional, en virtud de las nuevas políticas que se vienen aplicando, en cumplimiento de los autos de seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional Nos. 008 de 2009, 385 de 2010 y 219 de 2011. En consecuencia, para acceder al subsidio, actualmente, se debe seguir el procedimiento y requisitos establecidos en la Ley 1537 de 2012 y sus normas reglamentarias, que busca otorgar Subsidios Familiares de Vivienda cien por ciento en especie – SFVE.
Por lo tanto, dado que su hogar no aparece postulado no es posible informar el estado de su trámite.
CONSULTA 2.
“Se dé una fecha cierta para saber qué fecha podemos constatar con esa inscripción”.
De acuerdo con lo explicado anteriormente, el subsidio de vivienda de conformidad con lo previsto en la Ley 1448 de 2011, hace parte de la indemnización administrativa como mecanismo de reparación a las víctimas del conflicto armado interno, no obstante, su otorgamiento debe observar lo regulado en la Ley 1537 de 2012 y sus derechos reglamentarios, por tanto, para que se pueda ser beneficiado del subsidio familiar de vivienda debe cumplir los requisitos de priorización y focalización establecidos por el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
Es importante aclarar que el programa de vivienda ciento por ciento subsidiada se orientan a la población más vulnerable de acuerdo con los siguientes criterios:
[…]
Por tanto, no corresponde al Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, la selección de hogares beneficiarios dentro del programa de las cien mil viviendas ciento por ciento subsidiadas, sino que esta selección será realizada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS, según los porcentajes de composición poblacional del proyecto y atendiendo los criterios de priorización que se determinen en el derecho reglamentario, teniendo en cuenta que se verificará que se encuentren en la RED UNIDOS y posteriormente en SISBEN III.
Corresponde entonces al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social enviar el listado que contenga la relación de los hogares potencialmente beneficiario para cada proyecto de vivienda, registrando el 150% del número de hogares definidos para cada grupo de población. El Fondo Nacional de Vivienda, por su parte, dará apertura de la convocatoria sólo para postulación de dichos hogares, posteriormente los verifica y devuelve el listado de los que cumplen los requisitos al Departamento para la Prosperidad Social – DPS, entidad que seleccionad los beneficiarios de acuerdo a los criterios de priorización, y en caso que los hogares excedan el número de viviendas disponibles por proyecto, se realizará el sorteo, conforme a los mecanismos que defina el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPA, para surtir dicho procedimiento.
ESTO SIGNIFICA QUE LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS POR FONVIVIENDA SERÁN PARA LA POSTULACIÓN DE AQUELLOS HOGARES SEÑALADOS POR EL DPS, COMO POTENCIALES BENEFICIARIOS. EN TAL SENTIDO LA POSTULACIÓN SÓLO PODRÁ LLEVARSE A CABO, UNA VEZ EL DPS, HAYA INCLUIDO AL HOGAR EN EL LISTADO DE HOGARES POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA CIEN POR CIENTO EN ESPECIE – SFVE.
El Fondo Nacional de Vivienda expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los beneficiarios señalados en la Resolución emitida por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, quienes accederán a las viviendas ofrecidas en el marco del Programa de las cien mil viviendas cien por ciento subsidiadas.
Así las cosas, el otorgamiento del subsidio como indemnización parcial supone que el hogar deba estar registrado en las bases de datos del Departamento para la Prosperidad Social DPS, posteriormente cumplir los criterios de priorización establecidos por dicha entidad y ser seleccionado como beneficiario del Subsidio Familiar de Vivienda, si esto no ocurre el subsidio no será otorgado y por ende no se puede definir una fecha cierta para ello.
Por lo aquí expuesto, NO se puede ofrecer a los hogares fecha probable de asignación del subsidio, pues los procedimientos se realizan en condiciones de igualdad, en estricto cumplimiento de las normas y teniendo en cuenta la capacidad presupuestal existente.
CONSULTA 3.
“Se informe de manera precisa y por escrito la documentación para acceder para cualquier programa de vivienda bien sea como víctima del desplazamiento forzado o en el programa de vivienda para los necesitados ya que ostento ambas caracterizaciones”.
Según el Artículo 2.1.1.2.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015 se consideran potenciales beneficiarios del SFVE los hogares registrados en los siguientes listados o bases de datos:
Sistema de información de la Red para la Superación de la Pobreza Expresa Unidos (Siunidos) o la que haga sus veces.
Sistema de identificación para potenciales beneficiarios de los programas sociales – SISBEN III o el que haga sus veces.
Registro Único de Población Desplazada (RUPD) o el que haga sus veces.
Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda administrado por FONVIVIENDA o el que haga sus veces con los hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano que se encuentre sin aplicar u hogares que se encuentren en estado “Calificado”.
Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda administrado por FONVIVIENDA o el que haga sus veces con los hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano asignado en la bolsa de desastres naturales que se encuentre sin aplicar.
El DPS definirá mediante resolución cual es el corte de información de las bases de datos antes mencionadas que utilizará en la identificación de los potenciales beneficiarios SFVE.
En el caso de los hogares damnificados por desastre natural, calamidad pública o emergencia, y aquellos hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable, los listados a utilizar serán los siguientes:
Listado de hogares con subsidio familiar de vivienda urbana sin aplicar, asignado en la bolsa de desastres naturales remitido por FONVIVIENDA.
Censo de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, y de hogares localizados en zonas de alto riesgo, elaborados antes del 17 de septiembre de 2012, por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes CLOPAD), avalados por los Consejos Departamentales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes CREPAD) y refrendados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Censo de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, y de hogares localizados en zonas de alto riesgo, elaborados a partir del 17 de septiembre de 2012, por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes CLOPAD), avalados por los Consejos Departamentales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes CREPAD) y refrendados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Los alcaldes municipales y distritales entregarán al DPS para su revisión e inclusión en los listados de hogares potenciales beneficiarios, los censos a los que hacen referencia los literales b y c del presente artículo.
El DPS definirá mediante resolución cuáles son las bases de datos que utilizará en la identificación de potenciales beneficiarios del SFVE.
Por lo anterior, siempre y cuando su hogar se encuentre registrado en las bases de datos que el DPS utiliza para determinar los potenciales beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, no se requiere ningún documento adicional para obtener tal condición, en el entendido que la asignación del subsidio familiar de vivienda, está sometido al procedimiento aquí descrito el cual debe observarse estrictamente, tanto por el Departamento para la Prosperidad Social, como por Fonvivienda.
CONSULTA 4.
“De acuerdo a la respuesta de lo anterior se me informe cuando termina el estudio y cuando puedo contar con esta inscripción.”
Tendiente, a la respuesta anteriormente dada en el tercer punto, se le manifiesta que: “Los alcaldes municipales y distritales entregarán al DPS para su revisión e inclusión en los listados de hogares potenciales beneficiarios, los censos a los que hacen referencia los literales b y c del presente artículo.
El DPS definirá mediante resolución cuáles son las bases de datos que utilizará en la identificación de potenciales beneficiarios del SFVE.
Por tanto, siempre y cuando su hogar se encuentre registrado en las bases de datos que el DPS utiliza para determinar los potenciales beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, no se requiere ningún documento adicional para obtener tal condición, en el entendido que la asignación del subsidio familiar de vivienda, está sometido al procedimiento aquí descrito el cual debe observarse estrictamente, tanto por el Departamento para la Prosperidad Social, como por Fonvivienda”.
De acuerdo con lo anterior se verificó su número de cédula en la “Consulta potenciales DPS” y se obtuvo como resultado lo siguiente:
CONSULTA PONTENCIALES DPS
Consulta por cédula - Consulta hogares - Reportes convocatorias abiertas
Ingrese el número de documento y de clic en consultar: 1119947284 Consultar
No se encontraron registros para el componente desplazados.
No se encontraron registros para el componente desastres..
CONSULTA 5:
“Solicito al representante jurídico del DPS acreditar mi inscripción dentro de Registro Único de Víctimas y correr traslado de la información al MINISTERIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO SOSTENIBLE, para que se surta en su totalidad la información en materia de vivienda digna como solicitante desplazado ostentando esta acreditación”.
Conforme a lo anteriormente expuesto, esta Entidad no es competentes para realizar estos trámites ante el DPS, toda vez que se debe tener en cuenta el proceso de registro indicado anteriormente, a efectos de obtener el subsidio familiar de vivienda.
[…]”.
Con la contestación, también se aportó copia de un certificado de entrega y trazabilidad web expedido por la empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. 472, en el que se hace constar que la guía número RN687863096CO remitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a la señora Ana Julia Martínez el 21 de diciembre de 2016, a la dirección MZ 18 Casa 10 2 58 Valle del Ortigal de la ciudad de Popayán – Cuaca, fue entregado.
Por su parte, el Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, no se pronunció respecto de los hechos que motivan la solicitud sino que se limitó a enunciar que la asignación de subsidios requiere del cumplimiento de los requisitos que exige la ley.
La petición fue reiterada en los mismos términos, el 28 de diciembre de 2016.
Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, el 31 de agosto de 2016, con número de radicación 1-2016-37964, solicitud que, a juicio de la accionante, no había sido respondida al momento de radicarse la acción constitucional.
“[…]
Asunto: Solicitando componentes de emprendimiento de generación de ingresos.
[…]
Solicito a las entidades encargadas que se inicie el trámite de vinculación dentro del programa proyecto de Emprendimiento y Generación de Ingresos.
[…]”.
En la contestación de la tutela la Jefe Asesora Jurídica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá manifestó que la petición formulada por la señora Ana Julia Martínez fue atendida en debida forma mediante oficio número 2-2016-34308 de 22 de septiembre de 2016, notificado de manera personal al señor Carlos Julio Quintero Martínez, hijo de la accionante, el 23 de octubre de 2017.
Verificado el expediente, se precisa que a folio 162 del mismo obra copia del oficio número 1210100 sin fecha, referenciado con asunto: “Respuesta a derecho de petición radicado No. 1-2016-37964, SDQ N” 1576312016”, con anotación manuscrita de recibido el 23 de octubre de 2017, a las 3:10 p.m. por Carlos J. Quintero Martínez “hijo de la sra. Ana Julia Martínez”, en el que se indica lo siguiente:
“[…]
Por medio del presente, respetuosamente nos permitimos dar respuesta al Derecho de Petición elevado ante la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación – ACDVPR de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., que ha quedado radicado bajo los números de la referencia, en el que usted solicita vinculación al Proyecto de Emprendimiento y Generación de Ingresos.
Al respecto, nos permitimos informar que dentro de la órbita funcional de orientar, apoyar y acompañar de manera personalizada a las víctimas del conflicto armado que se encuentran en Bogotá, frente a los derechos que la Ley 1448 de 2011, sus Decretos Reglamentarios y Decretos Ley: la ACDVPR realiza acciones conjuntas y oportunas para prevenir, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas.
De acuerdo a lo anterior, y en etapa de cierre del Plan de Desarrollo de la administración anterior, así como la armonización con el nuevo Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos” la ACDVPR en coordinación con las entidades competentes de atender en materia de estabilización económica a las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá y de cara al posconflicto, se encuentra articulando alianzas y proyectando estrategias para avanzar en el componente de generación de ingresos, de acuerdo a los lineamientos dado por la Ley 1448 de 2011.
Por lo anteriormente expuesto, la ruta establecida por la ACDVPR se encuentra en etapa de reestructuración, hasta que se adopte el nuevo Plan de Desarrollo. En ese sentido le informamos sobre las tres (3) líneas definidas por la ACDVPR para la estabilización socioeconómica de las víctimas del conflicto armado así:
En cuanto a la línea de formación, ésta continuará implementándose a través del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, la línea de empleabilidad con la Agencia Pública de Empleo a través de su respectivo operador, y la de fortalecimiento al emprendimiento estará sujeta a lo adoptado en el Plan de Desarrollo 2016-2020.
En ese sentido la ACDVPR avanzará en la fase de seguimiento y se contactará con Usted vía telefónica o a través de comunicación escrita, una vez se surta el proceso descrito anteriormente, para asignarle una cita en el Centro de Atención a Víctimas correspondiente y brindarle la información pertinente a su solicitud.
Finalmente, nos permitimos informar que sin ningún costo y sin acudir a intermediarios, usted puede registrar quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes de información, realizar consultas, solicitudes de copias y demás interrogantes en materia de protección, atención asistencia y reparación integral a la población de víctimas del conflicto armado en Bogotá D.C., a través del Sistemas Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.
[…]”.
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el 2 de septiembre de 2016, con consecutivo número 20169100, solicitud que, a juicio de la accionante, no había sido resuelta a la presentación de la acción:
“[…]
Asunto: Solicitar reiterativamente o modificar el traslado de retorno en el asunto de vivienda nueva o usada en el proyecto pro de un techo (OPC) víctimas de un techo
[…]
Solicito se me inscriba y se me adjudique una vivienda nueva o usada dentro del programa y/o proyecto de las 120.000 mil viviendas que el gobierno ha pronunciado públicamente en el sistema de radio y televisión y textualmente.
Se dé una fecha cierta para saber qué fecha podemos constatar con esa inscripción.
Se informe de manera precisa y por escrito la documentación para acceder para cualquier programa de vivienda bien sea como víctima del desplazamiento forzado o en el programa de vivienda para los necesitados ya que ostento ambas caracterizaciones.
De acuerdo a la respuesta de lo anterior se me informe cuando termina el estudio y cuando puedo contar con esta inscripción.
Solicito al representante jurídico del DPS acreditar mi inscripción dentro de Registro Único de Víctimas y correr traslado de la información al MINISTERIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO SOSTENIBLE, para que se surta en su totalidad la información en materia de vivienda digna como solicitante desplazado ostentando esta acreditación.
[…]”.
En la contestación de la tutela la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social solicitó declarar el hecho superado debido a que remitió por competencia a la Unidad para las Víctimas y a la Secretaría del Hábitat, la petición formulada por la señora Ana Julia Martínez el 31 de agosto de 2016, actuación que fue informada a la accionante mediante comunicación número 20162010949771 de 6 de septiembre de 2016.
Agregó que el Director de Transferencias Monetarias Condicionadas, mediante comunicación número 20163601002981 de 21 de septiembre de 2016, respondió la petición formulada el 2 de septiembre del mismo año, en el sentido de explicar que no era posible tener en cuenta su solicitud de vivienda e inclusión en el listado de potenciales beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita porque no cumplía las condiciones establecidas en la Ley 1537 y en el Decreto 1077.
Concluyó que la entidad competente para resolver las peticiones formuladas por la accionante es el Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA.
Verificado el expediente se observa que a folios 24 a 27 obra copia del oficio número 20163601002981 de 21 de septiembre de 2016, mediante el cual el Director de Transferencias Monetarias Condicionadas del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, responde la “petición Rad. Nº 20166210607982”, en los siguientes términos:
“[…]
En respuesta a la petición de la referencia, se informa que no es posible tener en cuenta su solicitud de vivienda e inclusión en el listado de potenciales beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita (Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE) en la ciudad de Bogotá D.C., ya que no cumple con las condiciones establecidas en la normatividad.
A continuación se procederá a realizar la explicación del Programa de Vivienda Gratuita (SFVE), de que trata la Ley 1537 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1077 de 2015 y se explicará su situación frente al subsidio de vivienda.
El presente oficio tiene carácter informativo y no constituye una decisión de la administración en el tema que se consulta.
Información General del Programa
El Programa de Vivienda Gratuita se encuentra regulado en la Ley 1537de 2012 y su Decreto Reglamentario 1077 de 2015, donde se establece el procedimiento y las competencias que tiene esta entidad en la ejecución de los proyectos de vivienda.
En resumen, la competencia para Prosperidad Social, se limita a identificar y seleccionar los hogares que serán potencialmente beneficiarios del Programa. El trámite establecido en la normatividad es el siguiente:
FONVIVIENDA reporta la información de los proyectos en donde conste: i) departamento, ii) municipio, iii) número de viviendas y iv) composición poblacional.
Prosperidad Social elaborado el listado de potenciales beneficiarios, es decir, el listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio. Este listado se realiza teniendo en cuenta:
[…]
FONVIVIENDA realiza la convocatoria y el proceso de postulación de los hogares a través de las cajas de compensación. Luego remite el listado de hogares que cumplen los requisitos de postulación a Prosperidad Social.
Prosperidad Social selecciona a los hogares potencialmente beneficiarios definitivos, teniendo en cuenta la siguiente metodología:
[…]
FONVIVIENDA realiza la asignación de la vivienda
Proyectos de Vivienda Gratuita en la ciudad de Bogotá D.C.
De acuerdo con el procedimiento, FONVIVIENDA remitió la siguiente información de proyectos de vivienda gratuita:
DEPARTAMENTOMUNICIPIONOMBREPROYECTOTOTALVIPDESPLAZADOSUNIDOSDESASTRESBOGOTÁBOGOTÁPlaza de la Hoja45745700BOGOTÁBOGOTÁVilla Karen40640600BOGOTÁBOGOTÁLas Margaritas1248124800BOGOTÁBOGOTÁMetro 136 Usme35035000BOGOTÁBOGOTÁRincón de Bolonia52052000BOGOTÁBOGOTÁPorvenir Manzana 1825225200
Aplicando los parámetros y criterios de las normas, Prosperidad Social identificó como potenciales beneficiarios los hogares que se encuentran en los siguientes grupos:
PRIORIZACIÓN
DESPLAZADOS – UNIDOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADOS CON SUBSIDIO ASIGNADO
DESPLAZADOS – UNIDOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
DESPLAZADOS CON SUBSIDIO CALIFICADO
Con estos órdenes de priorización se completó el 150% del cupo de soluciones de vivienda, motivo por el cual no fue necesario acudir al siguiente escalón.
Así, si los hogares no cumplían con las condiciones descritas, no fueron tenidos en cuenta para el procedimiento de postulación. Igualmente, si las bases de datos tienen como dato una residencia diferente al municipio del proyecto, tampoco fueron incluidos en el listado.
Caso particular de la peticionaria frente al programa
Teniendo en cuenta los grupos de los hogares identificados y verificadas las bases de datos oficiales, se encuentra que usted, señora Ana Julia Martínez identificada con la cédula de ciudadanía Nº 119947284:
Se encuentra registrada en el Registro Único de Víctimas.
Se encuentra registrada en la base de datos de la Red Unidos, dentro de las fecha de corte establecidas por Prosperidad Social.
No se encuentra registrada en la base de datos con subsidio Asignado sin aplicar o en estado Calificado según información remitida por FONVIVIENDA.
No se encuentra registrada en el censo de damnificados por desastre natural.
Por no cumplir con todas las condiciones establecidas en los artículos 2.1.1.2.1.2.2 y 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015, se informa que usted a pesar de encontrarse identificada en situación de desplazamiento y hacer parte de la Red Unidos, no se encuentra dentro de las condiciones requeridas para ser potencialmente beneficiaria del subsidio familiar de vivienda en especie para los proyectos que se están realizando en la ciudad de Bogotá D.C., puesto que para dichos proyectos, adicionalmente a esa condición para aplicar al componente “desplazados – unidos” usted debía tener un subsidio asignado y/o en estado calificado condiciones que NO cumple, razón por la cual no es posible incluirla como potencialmente beneficiaria.
[…]
Respecto a que se le informe la documentación para acceder al programa de vivienda, es importante aclararle que Prosperidad Social, no recibe ningún documento porque no determina la oferta de vivienda ni tiene la potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su competencia se encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA y su función es el desarrollo técnico de identificación de potenciales y selección de beneficiarios definitivos del programa SVFE, por ello Prosperidad Social en su procedimiento de identificación y selección de hogares, hace uso de las bases de datos oficiales remitidas por las entidades competentes para su administración, pero no tiene la competencia para modificar, alterar o actualizar los registros de las mencionadas bases de datos, y Prosperidad Social solo se limita a utilizar la información en ellas reportada.
[…]
Finalmente, en cuanto a las demás solicitudes de la referencia, respecto de la misma, le informamos que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya fue remitida a las siguientes entidades: Unidad para las Víctimas y Secretaría Distrital del Hábitat, por considerar que los solicitado es competencia de las mismas, de modo que se proporcione atención directa y oportuna sobre los hechos y solicitudes que usted eleva.
[…]”.
Asimismo, obra a folios 117 a 121 del expediente, copia de dos (2) guías distinguidas con los números RN636492135CO de 15 de septiembre de 2016 y RN643516380CO de 28 de septiembre del mismo año, dirigidos a la residencia de la señora Ana Julia Martínez, con constancia de entrega.
Secretaría Distrital del Hábitat, el 2 de septiembre de 2016, con radicación número 1-2016-63068, solicitud que, a juicio de la accionante, no había sido resuelta a la presentación de la acción:
“[…]
Asunto: Solicitar reiterativamente o modificar el traslado de retorno en el asunto de vivienda nueva o usada en el proyecto pro de un techo (OPC) víctimas de un techo
[…]
Solicito se me inscriba y se me adjudique una vivienda nueva o usada dentro del programa y/o proyecto de las 120.000 mil viviendas que el gobierno ha pronunciado públicamente en el sistema de radio y televisión y textualmente.
Se dé una fecha cierta para saber qué fecha podemos constatar con esa inscripción.
Se informe de manera precisa y por escrito la documentación para acceder para cualquier programa de vivienda bien sea como víctima del desplazamiento forzado o en el programa de vivienda para los necesitados ya que ostento ambas caracterizaciones.
De acuerdo a la respuesta de lo anterior se me informe cuando termina el estudio y cuando puedo contar con esta inscripción.
Solicito al representante jurídico del DPS acreditar mi inscripción dentro de Registro Único de Víctimas y correr traslado de la información al MINISTERIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO SOSTENIBLE, para que se surta en su totalidad la información en materia de vivienda digna como solicitante desplazado ostentando esta acreditación.
[…]”.
La Subsecretaria Jurídica de la Secretaría Distrital del Hábitat respondió que, mediante comunicación número 2016-67432 de 21 de septiembre de 2017, atendió en debida forma la petición formulada por la señora Ana Julia Martínez.
Con la contestación de la tutela, adjuntó copia de la referida comunicación, documento del que se observa:
“[…]
Asunto: Respuesta Derecho de Petición SDHT 1-2016-63068
Respetada señora Ana:
En atención a la solicitud, debemos señalar que el programa de vivienda del Distrito se ejecuta a través del otorgamiento del Aporte Distrital de Vivienda, el cual consiste en el porcentaje del costo de la vivienda de interés prioritario de hasta 70 salarios mínimos legales mensuales financiado con aportes distritales, siempre que el hogar cumpla con los requisitos señalados en la Resolución 844 del 09 de octubre de 2014 “Por medio de la cual se adopta el reglamento operativo para el otorgamiento del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie para Vivienda de Interés Prioritario en el Distrito Capital, en el marco del Decreto Distrital 539 de 2012”, modificada por la Resolución 575 del 5 de julio de 2015.
Así las cosas, una vez verificado el Sistema de Información para la Financiación de Soluciones de Vivienda – SIFSV-, de la Secretaría Distrital del Hábitat, se evidenció que usted se encuentra inscrita, a fin de acceder al Aporte Distrital de Vivienda, sin embargo a la fecha no cuenta con el cierre financiero.
Es importante precisar, que para acceder al Aporte Distrital de Vivienda deben surtirse las etapas establecidas en el artículo 16 de la Resolución 844 de 2014, modificado por las Resoluciones 575 y 1169 de 2015, a saber: inscripción, calificación de condiciones de vulnerabilidad, postulación, verificación y asignación o vinculación.
Hecha esta precisión, indicamos que para la etapa de postulación, el hogar deberá acreditar que cuenta con el cierre financiero, para el caso de los hogares víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto interno, este se acredita con recursos propios representados en ahorro, crédito, donación o contemplado en el subsidio vigente asignado por Fonvivienda, por el Banco Agrario de Colombia o las entidades que hagan sus veces o por una Caja de Compensación, o que les ha sido asignado el Valor Único de Reconocimiento (VUR) por parte de la Caja de Vivienda Popular u otra fuente de recursos, que sumados a los recursos del Aporte Distrital de Vivienda, le permita la adquisición y/o construcción de una vivienda de interés prioritario.
De acuerdo con lo anterior, el cierre financiero dependerá del valor de la vivienda, la cual no podrá exceder de los 70 SMLMV, es decir, de la suma de $48.261.850 para el año 2016 a manera de ejemplo, si el valor de la vivienda que pretende adquirir el hogar es de $48.261.850, y aspira a un Aporte Distrital de Vivienda en la modalidad de adquisición por la suma de $17.925.830, usted debe acreditar como cierre financiero $30.336.020. Una vez el hogar cuente con el cierre financiero, deberá informarlo en la sede principal de la Secretará Distrital del Hábitat […].
Por otra parte, como en el Sistema de Información de la Financiación de Solución de Vivienda – SIFSV- de esta Secretaría, usted se encuentra registrada como víctima del desplazamiento forzado con ocasión del conflicto armado interno, condición que usted acreditó mediante la certificación de inscripción en el Registro Único de Víctimas, si usted requiere que le vuelvan a expedir copia de la certificación, puede comunicarse a la Unidad de Víctimas de la Presidencia de la República a la línea de atención […].
Finalmente la Secretaría Distrital del Hábitat le recuerda que todos los trámites para acceder a una solución de vivienda habitacionales generada dentro de los proyectos presentados ante la entidad son gratuitos, por lo que no necesita de intermediarios o tramitadores.
[…]”.
En el expediente no obra prueba que acredite que la entidad accionada comunicó y/o notificó a la señora Ana Julia Martínez el contenido del oficio número 2016-67432 de 21 de septiembre de 2017.
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el 2 de septiembre de 2016, recibida sin número de radicación en la sede Fontibón, solicitud que, a juicio de la accionante, no había sido resuelta a la presentación de la acción:
“[…]
Asunto: Solicitar reiterativamente o modificar el traslado de retorno en el asunto de vivienda nueva o usada en el proyecto pro de un techo (OPC) víctimas de un techo
[…]
Solicito se me inscriba y se me adjudique una vivienda nueva o usada dentro del programa y/o proyecto de las 120.000 mil viviendas que el gobierno ha pronunciado públicamente en el sistema de radio y televisión y textualmente.
Se dé una fecha cierta para saber qué fecha podemos constatar con esa inscripción.
Se informe de manera precisa y por escrito la documentación para acceder para cualquier programa de vivienda bien sea como víctima del desplazamiento forzado o en el programa de vivienda para los necesitados ya que ostento ambas caracterizaciones.
De acuerdo a la respuesta de lo anterior se me informe cuando termina el estudio y cuando puedo contar con esta inscripción.
Solicito al representante jurídico del DPS acreditar mi inscripción dentro de Registro Único de Víctimas y correr traslado de la información al MINISTERIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO SOSTENIBLE, para que se surta en su totalidad la información en materia de vivienda digna como solicitante desplazado ostentando esta acreditación.
[…]”.
La Directora de Gestión Institucional (e) de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas, respondió que la petición formulada por la señora Ana Julia Martínez fue resuelta a través de comunicación número 201772027091211 de 23 de septiembre de 2017, en el siguiente sentido:
“[…]
Asunto: Respuesta a su Derecho de Petición Lex 2554083
D.I. # 1119947284
En atención a su solicitud relacionada con la entrega de subsidio de vivienda, esta entidad, se permite informar:
La Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas, en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 y los Decretos 4800 y 4802 de 2011 y demás normas concordantes, cumple tres (3) funciones respecto a saber:
Como ENTIDAD COORDINADORA:
[…]
Como ENTE EJECUTOR E IMPLEMENTADOR:
[…]
Como ENTE ADMINISTRADOR:
[…]
Por lo anterior, aclaramos que la Unidad para las Víctimas no hacer remisión alguna a otra entidad ya que la competente es el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA y usted presentó su solicitud mediante derecho de petición solicitando el subsidio de vivienda, siento esta la entidad a quien le corresponde esta materia, donde la brindarán la información pertinente sobre el asunto de su petición y de la reglamentación actual para el acceso a vivienda para la población víctima de la violencia o comunicarse […]
Vivienda Urbana
Este programa está destinado para áreas urbanas y está reglamentada mediante la Ley 1537 de 2012 y su Decreto Reglamentaria 1921de 2012, modificado por el Decreto 2164 de 2013 donde se establece el procedimiento y las competencias que tienen las entidades en la ejecución de los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita.
En desarrollo del actual programa de Vivienda Gratuita, el cual es implementado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la principal competencia de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es la de suministrar al Departamento para la Prosperidad Social (PS), el Registro Único de Víctimas –RUV, insumo para que dicha entidad adelante la focalización de potenciales hogares víctimas a ser beneficiarios del citado programa.
Por lo tanto, para obtener información usted puede acercarse a la Cala de Compensación Familiar más cercana frente a los proyectos que se encuentren en su municipio, puesto que les corresponde a aquellas recibir las postulaciones en las Convocatorias abiertas por FONVIVIENDA y brindar a los potenciales beneficiarios la información relacionada con el subsidio familiar de vivienda.
Vivienda Rural
El programa de vivienda rural y/o vivienda social rural – VID es una estrategia creada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como rector de la Política de Vivienda de Interés Social Rural del Gobierno Nacional, para ejecutar el instrumento del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural – SFVISR- con recursos del Presupuesto General de la Nación.
A través de este programa se otorgan Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social Rural para dos modalidades: Construcción de vivienda nueva o mejoramiento de vivienda y saneamiento básico en sitio propio en suelo rural.
Los subsidios son otorgados por el banco Agrario de Colombia S.A., en calidad de Entidad Otorgante y administradora de los subsidios, según Decreto 1071 de 2015 artículo 2.2.1.1.12.
En caso de estar interesado en los diferentes subsidios para el acceso o mejoramiento de vivienda rural le recomendamos conectarse con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de su página […].
Para la Unidad para las Víctimas es muy importante tener actualizados sus datos de contacto así como el Registro Único de Víctimas – RUV- por esto le invitamos a informar cualquier modificación a través de nuestros canales de atención.
[…]”.
A folio 175 del expediente, obra copia de la guía número RN846364848CO de 24 de octubre de 2017, dirigida a la dirección relacionada por la accionante, donde se advierte que fue entrega.
En el escrito de impugnación, la señora Ana Julia Martínez manifestó que las respuestas dadas por las entidades accionadas son genéricas y no de fondo, comoquiera que se limitaron a enunciar procedimientos administrativos e información técnica, sin precisar de manera clara y suficiente cuáles son los requisitos específicos para acceder a los subsidio de vivienda. También señaló que el a quo no se pronunció respecto del derecho a la vivienda digna.
2.10.2. Análisis del caso concreto y resolución del problema jurídico
Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, el Fondo Nacional de Vivienda, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Secretaría Distrital del Hábitat - Alcaldía Mayor de Bogotá, y el Alto Consejero para los Derechos de las Víctimas vulneraron los derechos de petición, al debido proceso administrativo, a la vivienda digna y a la confianza legítima de la accionante para lo cual es necesario determinar si se dio o no respuesta a los derechos de petición, en los que solicitaba su inclusión en un programa de vivienda gratis nueva o usada para población desplazada, la indicación de la documentación necesaria para acceder a cualquier programa de vivienda, la acreditación de su inscripción en el Registro Único de Víctimas y la vinculación al programa Proyecto de Emprendimiento y Generación de Ingresos.
Para un mejor entendimiento de la presente providencia, la Sala, para resolver los problemas jurídicos, abordará el estudio de cada uno de los derechos fundamentales invocados por la accionante.
2.10.2.1. Derecho de petición
En el mismo sentido, la Sala efectuará el análisis individual de cada una de las peticiones formuladas por la señora Ana Julia Martínez ante las distintas entidades accionadas.
2.10.2.1.1. Peticiones dirigidas a la Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
En efecto, la accionante radicó dos (2) escritos en ejercicio del derecho de petición, el 31 de agosto y el 28 de diciembre de 2016, ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en los que solicitaba ser incluida en un programa de vivienda gratis nueva o usada para población desplazada, le indicaran la documentación necesaria para acceder a cualquier programa de vivienda y acreditaran su inscripción en el Registro Único de Víctimas.
La entidad accionada identificó las peticiones respectivamente con el número 2016ER0096506 y con la denominación “RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN”, sin embargo de los documentos obrantes en el expediente se infiere que la última petición fue distinguida con el radicado número 2016ER0117969.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la contestación de la tutela señaló que de acuerdo a la normativa correspondiente, la entidad competente para otorgar o rechazar subsidios de vivienda de interés social es el Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA; sin embargo, no indicó que en observancia de esa competencia hubiese remitido a FONVIVIENDA las peticiones formuladas por la accionante.
No obstante lo anterior, la Sala advierte que con la constelación de la acción de tutela el Ministerio allegó copia de los siguientes documentos:
Dos (2) oficios identificados con los números 2016EE0080229 de 1° de septiembre de 2016 y 2016EE0118010 de 13 de diciembre de 2016, ambos denominados: “Información Subsidio de Vivienda Familiar”, a través de los cuales se informa a la señora Ana Julia Martínez que no se encuentra postulada en ninguna de las convocatorias efectuadas por el Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, documento en los que también se relacionan los requisitos que se deben acreditar para acceder al programa “vivienda ciento por ciento subsidiada”.
Dos (2) certificados de entrega y trazabilidad web expedidos por la empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. 472, en los que se hace constar que la guía número RN687863096CO correspondiente a la referencia 2016EE0116544, remitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a la señora Ana Julia Martínez el 21 de diciembre de 2016, a la dirección MZ 18 Casa 10 2 58 Valle del Ortigal de la calle 18 # 7 – 59 de la ciudad de Popayán – Cuaca, fue entregada fue satisfactoria.
El a quo consideró que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no resolvió de fondo la petición formulada por la accionante el 28 de diciembre de 2016, comoquiera que entre la fecha de presentación de la solicitud y la del oficio número 2016EE0118010 de 13 de diciembre de 2016, con el que supuestamente se responden las peticiones, no había coincidencia dado que el oficio data de una fecha previa a la solicitud; y porque no se probó que se hubiera puesto en conocimiento de la señora Ana Julia Martínez el contenido del oficio número 2016EE0080229 de 1º de septiembre de 2016, por lo que decidió amparar el derecho fundamental de petición y ordenar a la entidad accionada comunicar el contenido de la respuesta dada a la petición del 31 de agosto de 2016 y contestar la petición del 28 de diciembre del mismo año.
De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio vulneró el derecho fundamental de la señora Ana Julia Martínez comoquiera que no respondió en debida forma las peticiones formuladas por la accionante ni puso en conocimiento de esta el contenidos de las supuestas respuestas con las que pretendía atender las solicitudes.
En efecto, las peticiones presentadas por la señora Ana Julia Martínez el 31 de agosto y el 28 de diciembre de 2016, identificadas respectivamente con los números 2016ER0096506 y 2016ER0117969, no fueron resueltas de manera completa y clara, comoquiera que, si bien la entidad demandada pretendió demostrar que las había atendido mediante oficios 2016EE0080229 de 1º de septiembre de 2016 y 2016EE0118010 de 13 de diciembre de 2016, lo cierto es que de la lectura de esos documentos se observa que estos omiten identificar el grupo poblacional al que pertenece la señora Ana Julia Martínez, no señalan los programas de vivienda a los que esta puede acceder, no especifican cómo se le aplican las reglas de priorización para su caso concreto y se limitan a relacionar el programa “vivienda cien por ciento subsidiada”, dejando de lado la amplia oferta de institucional en materia de vivienda para la población desplazada víctima del conflicto armado interno.
Adicionalmente, la Sala observa que la entidad accionada no puso en conocimiento de la interesada el contenido de las supuestas respuestas.
Sin bien allega unas certificaciones de entrega y de trazabilidad (fls. 105 y 106) de la guía número RN687863096CO de la empresa Servicios Postales Nacionales S.A. 472, dicho documento tiene como referencia el número 2016EE0116544, digito diferente al de las radicaciones que identifican las supuestas respuestas, esto es, 2016EE0080229 de 1º de septiembre de 2016 y 2016EE0118010 de 13 de diciembre de 2016.
Además de lo anterior, la referida guía está dirigida a la dirección MZ 18 Casa 10 2 58 Valle del Ortigal de Popayán – Cuaca, residencia distinta a la señalada por la señora Ana Julia Martínez, quien en las múltiples peticiones presentadas ante las accionadas, consignó como lugar de notificación la carrera 7 A No. 85 A – 19 Sur Este, barrio Alfonso López, (Localidad Usme) de Bogotá.
Por lo anterior, la Sala confirmará el amparo del derecho de petición otorgado a la accionante por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, por las razones expuestas, para lo cual ordenará al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, a la notificación de esta providencia, resuelva de fondo, de manera clara, precisa y congruente las solicitudes formuladas por la señora Ana Julia Martínez, 31 de agosto y el 28 de diciembre de 2016, y proceda a notificarle a la accionante sus decisiones en los términos establecidos en la Ley 1755,
2.10.2.1.2. Petición dirigida a Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación
En efecto, la accionante radicó petición, el 31 de agosto de 2016, ante la Alcaldía Mayor de Bogotá - Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, en la que solicitaba iniciar el trámite de su vinculación al programa Emprendimiento y Generación de Ingresos. La solicitud fue radicada con el número de radicación 1-2016-37964.
La Jefe Asesora Jurídica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, manifestó en la contestación de la tutela que la petición formulada por la señora Ana Julia Martínez fue resuelta mediante oficio número 2-2016-34308 de 22 de septiembre de 2016, comunicación en el que se le explicó que ese entidad, en coordinación con otras entidades “competentes de atender en materia de estabilización económica a las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá”, se encuentran articulando el componente de generación de ingresos establecido en la Ley 1448; que esa entidad se encuentra en etapa de reestructuración hasta que se adopte el nuevo Plan de Desarrollo; y que maneja tres (3) líneas de estabilización.
Adicionalmente, informó que si bien, el referido oficio inicialmente fue enviado a la dirección de notificación de la interesada, esto es, a la carrera 7ª # 84A – 19 Sur de Bogotá, y devuelto por la oficina de correo 472 con la anotación “NO EXISTE NÚMERO”, lo notificó de manera personal al señor Carlos Julio Quintero Martínez, hijo de la accionante, el 23 de octubre de 2017.
El a quo no se pronunció sobre la presunta violación del derecho invocado por la accionante respecto de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.
La Sala considera que la accionada vulneró el derecho fundamental de petición de la señora Ana Julia Martínez comoquiera que no respondió de manera completa ni oportuna la petición formulada por esta, debido a que, si bien en el oficio número -2016-34308 de 22 de septiembre de 2016, con el que dijo atender la petición, se enunció el marco general de la política de emprendimiento y de generación de empleo establecido en la Ley 1448, la injerencia de la entidad en la implementación del programa, la restructuración que afronta en la actualidad la entidad, y las líneas definidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá - Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación para la estabilización socioeconómicas de las víctimas del conflicto armado, omitió especificar en qué consisten tales líneas.
Adicionalmente, es evidente que entre la fecha de radicación de la petición (31 de agosto de 2016) y la notificación personal de la misma (23 de octubre de 2017, al hijo de la accionante), transcurrió más de un año, término que desconoce el señalado por la Ley 1755.
En ese orden, la Sala adicionará el fallo de instancia, en el sentido de amparar el derecho de petición de la señora Ana Julia Martínez referido a la Alcaldía Mayor de Bogotá - Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, ordenará a la Alcaldía Mayor de Bogotá - Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, a la notificación de esta providencia, resuelva de fondo, de manera clara, precisa y congruente la solicitud formulada por la señora Ana Julia Martínez el 31 de agosto de 2016, y proceda a notificarle a la accionante su decisión en los términos establecidos en la Ley 1755; informé que deberá indicar sobre las convocatorias vigentes en el Distrito Capital en materia de vivienda para la población en situación de desplazamiento; y de manera congruente, clara y precisa los documentos que debe aportar y los procedimiento a seguir para obtener la asignación de tales subsidios; en lo demás, se confirmará el fallo impugnado.
2.10.2.1.3. Petición dirigida al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
La señora Ana Julia Martínez radicó petición, el 2 de septiembre de 2016, ante el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en la que solicitaba ser incluida en un programa de vivienda gratis nueva o usada para población desplazada, le indicaran la documentación necesaria para acceder a cualquier programa de vivienda y acreditaran su inscripción en el Registro Único de Víctimas.
La Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, respondió que remitió por competencia a la Unidad para las Víctimas y a la Secretaría del Hábitat la petición formulada por la señora Ana Julia Martínez el 2 de septiembre de 2016, actuación comunicada a la interesada mediante oficio 20162010949771 de 6 de septiembre de 2016; y, que en lo de su competencia, e informó a la accionante que no era posible tener en cuenta su solicitud de vivienda e inclusión en el listado de potenciales beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita debido a que no cumplía las condiciones establecidas en la Ley 1537 y en el Decreto 1077, mediante comunicación número 20163601002981 de 21 de septiembre de 2016, suscrita por el Director de Transferencias Monetarias Condicionadas de la entidad.
El a quo no se pronunció sobre la presunta violación del derecho invocado por la accionante respecto del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
La Sala considera que la accionada no vulneró el derecho fundamental de petición de la señora Ana Julia Martínez comoquiera que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755, remitió a la Unidad para las Víctimas y a la Secretaría del Hábitat copia de la petición radicada por la accionante, para que estas en ejercicio de sus competencias resolvieran lo pertinente actuación que le comunicó a la interesada en debida forma; y, en lo de su competencia, respondió de fondo, manera clara y completa las inquietudes formuladas por la accionante.
En efecto, la respuesta dada por el Director de Transferencias Monetarias Condicionadas del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a la señora Ana Julia Martínez, mediante oficio número 20163601002981 de 21 de septiembre de 2016, explica que no es posible incluirla en el listado de potenciales beneficiarios del programa de vivienda gratuita en especie porque no cumple con las exigencias establecidas en la Ley 1537 y su Decreto Reglamentario 1077; que las bases de datos oficiales en las que se encuentra registrada la accionante son el Registro Único de Víctimas y Red Unidos, dentro de las fechas corte establecidas por la entidad competente; la competencia de Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, en materia de subsidio familiar de vivienda; y que esa entidad no recibe documentos toda vez hace uso de las bases de datos remitidas por las entidades competentes.
En lo que tiene que ver con la notificación del 20163601002981 de 21 de septiembre de 2016, se constata que este fue enviado mediante correo certificado número RN643516380CO de 28 de 2016.
Por lo anterior, la Sala adicionará el fallo de instancia, en el sentido negar el amparo del derecho fundamental de petición invocada por la accionante respecto de Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, por las razones expuestas en esta providencia.
2.10.2.1.4. Petición dirigida a la Secretaria del Hábitat
La señora Ana Julia Martínez radicó petición, el 2 de septiembre de 2016, ante la Secretaria del Hábitat, en la que solicitaba ser incluida en un programa de vivienda gratis nueva o usada para población desplazada, le indicaran la documentación necesaria para acceder a cualquier programa de vivienda y acreditaran su inscripción en el Registro Único de Víctimas, petición radicada con el número 1-2016-63068.
La Subsecretaria Jurídica de la Secretaría Distrital del Hábitat en el trámite de la acción constitucional informó que respondió la petición de la señora Ana Julia Martínez, mediante comunicado número 2016-67432 de 21 de septiembre de 2017, en la que le indicó que si bien se encontraba inscrita en el Sistema de Información para la Financiaciones de Soluciones de Vivienda, SIFSV de esa entidad, no estaba acreditado que contara con el requisito de cierre financiero, exigencia necesaria para continuar en la etapa de postulación. Adicionalmente, informó que en el referido sistema de información la accionante aparece registrada como víctima del desplazamiento forzado con ocasión del conflicto armado interno, condición acreditada en el Registro Único de Víctimas.
Para el a quo, si bien la anterior respuesta fue suficiente y clara a las inquietudes formuladas por la señor Ana Julia Martínez, lo cierto es que la entidad accionada no acreditó probatoriamente haber comunicado el contenido de la misma a la accionante dado que no allegó constancia de envío y recibido de la misma, motivo por el cual, para garantizar la efectividad del derecho de petición, ordenó a la accionada notificar en debida forma el contenido del comunicado número 2016-67432 de 21 de septiembre de 2017.
La Sala considera que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue acertada comoquiera que la respuesta contenida en el oficio 2016-67432 de 21 de septiembre de 2017, absuelve cada uno de los cuestionamientos formulados por la accionante en la órbita de competencia de la Secretaría Distrital del Hábitat. En consecuencia, se confirmara el fallo del a quo respecto de esa entidad.
2.10.2.1.5. Petición dirigida a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
La señora Ana Julia Martínez radicó petición, el 2 de septiembre de 2016, ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en la que solicitaba ser incluida en un programa de vivienda gratis nueva o usada para población desplazada, le indicaran la documentación necesaria para acceder a cualquier programa de vivienda y acreditaran su inscripción en el Registro Único de Víctimas.
La Directora de Gestión Institucional (e) de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas, informó que la petición formulada por la accionante se resolvió mediante oficio número 201772027091211 de 23 de septiembre de 2017, respuesta en la que además de poner de presente las funciones legales de la entidad, precisó que el programa de vivienda gratuita se dirige a dos áreas: i) la urbana implementada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en donde la principal competencia de la Unidad es la de suministrar al Departamento para la Prosperidad Social el Registro Único de Víctimas para que el citado Departamento adelante la focalización de potenciales hogares víctimas a ser beneficiarios; y, ii) la rural creada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo para ejecutar el instrumento del subsidio familiar de vivienda de interés social con recursos del Presupuesto General de la Nación, programa que se otorga en dos modalidades.
El a quo no se pronunció sobre la presunta violación del derecho invocado por la accionante respecto de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas.
La Sala considera que la accionada vulneró el derecho fundamental de petición de la señora Ana Julia Martínez comoquiera que, si bien le puso en su conocimiento de la interesada el contenido del oficio número 201772027091211 de 23 de septiembre de 2017, a través de correo certificado de la empresa de servicios postales 472 - guía número RN846364848CO de 24 de octubre de 2017- (fl. 175), en él no se respondieron de manera completa y oportuna los cuestionamientos formulados por la accionante sino que se limitó a enunciar los postulados legales sobre el subsidio familiar de vivienda sin adentrarse al fondo de las inquietudes formuladas; además que entre la fecha de radicación de la petición (2 de septiembre de 2016) y la notificación personal de la misma (24 de octubre de 2017), transcurrió más de un año, término que desconoce el señalado por la Ley 1755.
Por lo anterior, la Sala adicionará el fallo de instancia, en el sentido de amparar el derecho de petición de la señora Ana Julia Martínez respecto de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, ordenará a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, a la notificación de esta providencia, resuelva de fondo, de manera clara, precisa y congruente la solicitud formulad por la señora Ana Julia Martínez el 2 de septiembre de 2016, y proceda a notificarle a la accionante su decisión en los términos establecidos en la Ley 1755.
2.10.2.2. Derecho a la vivienda digna
La accionante señala que la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, el Fondo Nacional de Vivienda, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Secretaría Distrital del Hábitat, Alcaldía Mayor de Bogotá - y Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, vulneran su derecho fundamental a la vivienda digna porque no la han incluido en un programa de vivienda gratuita para la población desplazada con ocasión del conflicto armado interno. Adicionalmente, señala que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca omitió pronunciarse sobre el referido derecho.
Las entidades accionadas señalaron que no han vulnerado el derecho fundamental invocado por la accionante Ana Julia Martínez, comoquiera que la accionante no cumple la totalidad de los requisitos legales exigidos para el otorgamiento del subsidio que reclama por vía de tutela.
Al efecto, la Sala considera que de acuerdo con las manifestaciones de las partes, tanto la accionante como las entidades accionadas, y del material probatorio obrante en el expediente, no es posible establecer que la señora Ana Julia Martínez hubiera desplegado alguna acción orientada a obtener el otorgamiento del subsidio familiar de vivienda en especia que reclama o de algún otro subsidio dentro de la amplia oferta de institucional en materia de vivienda para la población desplazada víctima del conflicto armado interno.
En ese entendido, la accionante no puede por vía de tutela que se le asigne dicho subsidio, pues ello desconoce el principio de subsidiariedad de este mecanismo, además se vulneraría el derecho fundamental a la igualdad de las personas que se encuentran en iguales o peores condiciones que las de la señora Ana Julia Martínez, máxime si se tiene en cuenta que la accionante no acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable que permita omitir procedimientos legales.
Sobre este particular, la Sala de Decisión en sentencia de 15 de diciembre de 2017, determinó que la acción de tutela no es procedente para obtener la asignación de subsidios de vivienda. La providencia en cita, destacó:
“[…]
Ahora bien, como en el caso concreto, la Sala observa que el actor no manifestó haber desplegado ninguna acción tendiente a la obtención del subsidio de vivienda que depreca, por lo tanto, no puede ordenarse mediante acción de tutela la asignación de ese beneficio, por cuanto, ello desconocería el principio de subsidiariedad que rige la acción de tutela y vulneraría el derecho a la igualdad de las personas que se encuentran en las mismas condiciones fácticas del accionante, o aún con mayores dificultades, y que están a la espera de que se les resuelva su situación de vivienda.
Es de anotar que el actor manifestó en su escrito de tutela que no había realizado postulación alguna a los subsidios de vivienda y las entidades accionadas, en las respectivas contestaciones que presentaron, informaron a su vez que el actor no dio cumplimiento a los requisitos ni a los presupuestos necesarios para ser considerado como potencial beneficiario para los subsidios provistos por el Gobierno Nacional.
Por lo anterior, la Sala advierte que en el caso sub examine el actor pretende a través del derecho de petición y en sede tutelar su inclusión en los programas de subsidios de vivienda, sin embargo, de admitir la procedencia de la acción de tutela como vía directa para obtener la asignación de subsidios de vivienda, sin que el Estado hubiese dispuesto la correspondiente oferta habitacional y sin que el solicitante, previamente, hubiese participado formalmente dentro del proceso establecido para la asignación del subsidio, implicaría, además de pretermitir mediante vía de tutela el trámite administrativo señalado para tal fin, desconocer el principio de subsidiariedad de la tutela y la faceta prestacional del derecho a la vivienda. Por último, como ya se explicó, quebrantaría el derecho a la igualdad de las personas que se encuentran en las mismas circunstancias del actor, o aún con mayores dificultades, y que sí están participando en los respectivos procesos de adjudicación y se encuentran en lista de espera para su asignación.
Ahora, es necesario precisar que, si bien las víctimas del conflicto armado en Colombia son sujetos de especial protección constitucional y en atención a esa condición deben ser beneficiados con las medidas de atención, asistencia y reparación adoptadas por el Estado, ello no les exime de cumplir con los requisitos para acceder a las mismas, pues eso contribuye a que se les dé un tratamiento igual a todas las personas que se encuentren en las mismas condiciones de vulnerabilidad.
Significa lo precedente, que no es suficiente tener la calidad de víctima de desplazamiento forzado para acceder al subsidio de vivienda que pretende el tutelante, toda vez que para tal fin, tiene la obligación de postularse junto con su núcleo familiar en alguno de los programas provistos por el Gobierno Nacional y someterse al proceso administrativo de selección, conforme al cual se designarán los hogares favorecidos de acuerdo con los criterios de priorización y demás requisitos establecidos.
[…]”.
Por lo anterior, la Sala confirmara el fallo del a quo en lo que respecta al derecho fundamental a la vivienda digna.
2. 10.2.3. Derechos a debido proceso administrativo y a la confianza legitima
La señora Ana Julia Martínez invoca la violación de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la confianza legítima, sin embargo, la Sala observa que la accionante no expuso argumentos que sustenten dicha violación ni relacionó hechos de los cuales se pueda inferir está, motivo por el cual no se emitirá pronunciamiento al respecto.
2.10.2.4. Conclusiones de la Sala
Por lo expuesto, esta Sala dispondrá adicionar la sentencia de 26 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en el sentido de conceder la protección al derecho fundamental de petición de la señora Ana Julia Martínez, respecto de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas, entidades quienes, al igual que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Secretaría Distrital de Hábitat, deberán informar a la accionante dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, i) acerca de las convocatorias vigentes en el Distrito Capital en materia de vivienda para la población en situación de desplazamiento; ii) indicar de manera congruente, clara y precisa los documentos que debe aportar y los procedimiento a seguir para obtener la asignación de tales subsidios; en lo demás, se confirmará el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: ADICIONAR la sentencia de 26 de octubre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en el sentido de conceder la protección al derecho fundamental de petición de la señora Ana Julia Martínez, respecto de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR parcialmente los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia de 26 de octubre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, que ordenaron al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a la Secretaría Distrital del Hábitat, respectivamente resolver la peticiones formuladas por la accionante el 28 de diciembre de 2016; y notificar en debida forma las respuestas dadas a las peticiones de 31 de agosto y 2 de septiembre de 2016, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia dictada el 26 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que amparó él derecho fundamental de petición de la accionante respecto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a la Secretaría Distrital del Hábitat, y negó el amparo del derecho fundamental de petición.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Folios 41 a 43 del cuaderno 1 en 2.
El A quo entendió que la acción de tutela también se instauraba contra el Presidente de la República.
Vinculada como parte en el proceso de la referencia debido a que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.1.2.1.2 del Decreto 1077 de 2015, es la Institución que asigna subsidios de vivienda.
Folios 84 a 86 del cuaderno 1 en 2.
“Por el cual se fusiona Metrovivienda en la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, D.C. - ERU, y se dictan otras disposiciones”.
“Por medio de la cual se adopta el reglamento operativo para el otorgamiento de los aportes del Distrito Capital para la generación de vivienda de interés prioritario en el marco del Programa Integral de Vivienda Efectiva y se dictan otras disposiciones”.
(…)
Artículo 17. Requisitos para acceder a los aportes del Distrito Capital para la adquisición de viviendas. Para acceder a los aportes del Distrito a que hace referencia el presente Reglamento, el hogar debe cumplir los siguientes requisitos:
1. Estar inscrito en el Sistema de Información del Programa Integral de Vivienda Efectiva– SIPIVE de la Secretaría Distrital del Hábitat.
2. Tener al menos una de las personas que integran el hogar, ciudadanía colombiana y encontrarse en capacidad de obligarse por sí misma.
3. Residir en Bogotá. Este requisito no aplica para los hogares a los que se les haya otorgado el Valor Único de Reconocimiento y se encuentren viviendo transitoriamente en otro municipio, a la espera de una solución habitacional dentro del programa de reasentamiento de la Caja de Vivienda Popular.
4. Tener ingresos totales mensuales no superiores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes – SMLMV.
5. No haber hecho efectivos recursos del subsidio nacional de vivienda, del subsidio distrital de vivienda o de los subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar, por parte de ningún integrante del hogar, que les hubieren permitido adquirir o mejorar una vivienda antes de la asignación del aporte a que hace referencia el presente reglamento. Lo anterior no aplica para los hogares a los que se haya restituido efectivamente el subsidio otorgado, y aquellos de que trata la complementariedad del artículo 16 del presente reglamento.
6. Durante los últimos tres (3) años ningún integrante del hogar debe haber sido propietario o poseedor de inmuebles en el territorio nacional, incluso si solo se tiene la nuda propiedad, salvo las siguientes excepciones:
a) Que sea propietario de porcentajes de inmuebles adquiridos en un proceso de sucesión, por un valor catastral igual o inferior a 20 SMLMV.
b) Que sea propietario o poseedor de terrenos ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable o que correspondan a ronda hidráulica o zona de manejo y preservación ambiental – ZMPA, o de terrenos donde sea imposible la conexión a servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, o estén localizados en suelo de protección.
c) Que sea propietario o poseedor de inmueble en el lugar de desplazamiento, para el caso de hogares víctimas del conflicto armado interno.
Parágrafo 1. El presente artículo no aplica para la modalidad de comunidades con propiedad colectiva, la cual se desarrolla en el Capítulo IV del Título II del presente Reglamento.
Parágrafo 2. Los hogares que se postulen en la modalidad de construcción en sitio propio, sólo podrán ser propietarios del predio donde se va a realizar la construcción de la vivienda. Aplicarán igualmente las excepciones del numeral 6 del presente artículo.
Parágrafo 3. Los usuarios de créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda de interés prioritario, que sean cabeza de hogar, que hayan perdido su vivienda de habitación como consecuencia del incumplimiento en las obligaciones del respectivo crédito, bien sea mediante dación en pago o remate judicial, podrán postularse por una sola vez para acceder a una vivienda financiada con recursos del aporte del Distrito Capital.
Folios 90 a 93 del cuaderno 1 en 2.
Folios 110 a 116 del cuaderno 1 en 2.
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
[…]
Artículo 21. Funcionario sin competencia. <Artículo modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html" \l "1" 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.
“Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones”.
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
Folios 131 a 136 del cuaderno 1 en 2. Folios 148 a 152 del cuaderno 1 en 2. Folios 158 a 161 del cuaderno 1 en 2.
“Por medio del cual se modifica parcialmente la estructura organizacional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y se asignan unas funciones”.
“Por el cual se establece el Programa Integral de Vivienda Efectiva y se dictan otras medidas para la generación de vivienda nueva y el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y estructurales de las viviendas y se dictan otras disposiciones”
Folios 169 a 172 del cuaderno 1 en 2. Folios 192 a 197 del cuaderno 1 en 2. Folios 225 a 231 del cuaderno 1 en 2. Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo. Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 1° de noviembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
“Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”
Corte Constitucional. Sentencia de 2 de marzo. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El extracto citado fue extraído de la sentencia T- 377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ambas sentencias atienden el problema jurídico del alcance y condiciones en que se debe dar respuesta al derecho de petición, lo que resulta aplicable al presente caso que conoce la Sala. Se considera pertinente hacer mención a esta línea jurisprudencial por cuanto se señalan las principales características constitucionales sobre el derecho de petición, sin perjuicio de otras subreglas que pueden encontrarse en los siguientes fallos: T-578 de 1992, T-572 de 1994, T-133 de 1995, T-382 de 1993, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999, T-415 de 1999, T-306 de 20003, T-1889 de 2001, T-1160 A de 2001, C-818 de 2011, T-490 de 2005, T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006, T-108 de 2006, T- 147 de 2006, T-567 de 1992, T-1100 de 2004, T-137 de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006 y T-431 de 2007. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2012. C.P: María Claudia Rojas Lasso. Radicado: 2012-00017-01 AC. Corte Constitucional, sentencia T-885 de 20 de noviembre de 2014. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
“Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones”. Artículo 1º.- Créase el Sistema Nacional de Vivienda de Interés social […]. Artículos 6 y 9 de la Ley 3.
“Por el cual se crea el Fondo Nacional de Vivienda «Fonvivienda»”.
“Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6545" \l "0" 49 de 1990, HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1164" \l "0" 3ª de 1991, HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339" \l "0" 388 de 1997, HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=180" \l "0" 546 de 1999, HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6778" \l "0" 789 de 2002 y HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25932" \l "0" 1151 de 2007 en relación con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas”.
“Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”.
[…]´
Artículo 19: De las instituciones.
HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25349" \l "0" Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1660 de 2007. Las instituciones comprometidas en la Atención Integral a la Población Desplazada, con su planta de personal y estructura administrativa, deberán adoptar a nivel interno las directrices que les permitan prestar en forma eficaz y oportuna la atención a la población desplazada, dentro del esquema de coordinación del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada. Las instituciones con responsabilidad en la Atención Integral de la Población Desplazada deberán adoptar, entre otras, las siguientes medidas:
[…]
5) La Red de Solidaridad Social dará en las mesas de solidaridad prioridad a las necesidades de las comunidades desplazadas y atenderá a las víctimas de este fenómeno, vinculándolas a sus programas.
[…]”.
“Por el cual se reglamentan las Leyes HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1164" \l "0" 3ª de 1991, HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4956" \l "0" 708 de 2001 y 8 HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8795" \l "0" 12 de 2003 y se modifica el artículo HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5264" \l "18" 18 del Decreto 951 de 2001”.
“Por el cual se modifican los Decretos 975 de 2004, 3169 de 2004, 3111 de 2004, y 1526 de 2005, y se establecen los criterios especiales a los que se sujetará el otorgamiento de subsidios familiares de vivienda de interés social con cargo a los recursos de la Bolsa Única Nacional, y se dictan otras disposiciones”.
“Por el cual se reglamentan los artículos HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47971" \l "12" 12 y HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47971" \l "23" 23 de la Ley 1537 de 2012”.
“Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones”.
"Por el cual se reglamentan los artículos 12° y 23° de la Ley 1537 de 2012”.
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”.
“[…] ARTÍCULO 2.1.1.2.1.1.5. Información sobre los proyectos en que se desarrollan o desarrollarán las viviendas a ser asignadas a título de subsidio en especie. El Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) remitirá al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), la información de los proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en especie y los porcentajes de composición poblacional de acuerdo con los criterios señalados en el artículo 2.1.1.2.1.1.4 de esta sección, para que el DPS en el término de un (1) mes calendario contado a partir del momento de recibo de la información, entregue al Fondo Nacional de Vivienda la resolución con el listado de potenciales beneficiarios para cada uno de los proyectos. PARÁGRAFO. El tiempo de entrega del listado de potenciales beneficiarios podrá ser modificado conjuntamente por el Fondo Nacional de Vivienda y el DPS, mediante acta.
[…]”. ARTÍCULO 2.1.1.2.1.2.1. Identificación de potenciales beneficiarios. Para efectos de la aplicación de esta sección se hace uso exclusivo de los siguientes listados o bases de datos, proporcionados por las entidades competentes: 1. Sistema de información de la Red para la Superación de la Pobreza Extrema Unidos (Siunidos) o la que haga sus veces. 2. Sistema de identificación para potenciales beneficiarios de los programas sociales - SISBEN III o el que haga sus veces
3. Registro Único de Población Desplazada (RUPD) o el que haga sus veces. 4. Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda Administrado por FONVIVIENDA o el que haga sus veces con los hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano que se encuentre sin aplicar u hogares que se encuentren en estado "Calificado". 5. Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda Administrado por FONVIVIENDA o el que haga sus veces con los hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano asignado en la bolsa de desastres naturales que se encuentre sin aplicar. El DPS definirá mediante resolución cuál es el corte de información de las bases de datos antes mencionadas que utilizará en la identificación de los potenciales beneficiarios del SFVE.
En el caso de los hogares damnificados por desastre natural, calamidad pública o emergencia, y aquellos hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, los listados a utilizar serán los siguientes:
a) Listado de hogares con subsidio familiar de vivienda urbana sin aplicar, asignado en la bolsa de desastres naturales remitido por FONVIVIENDA.
b) Censo de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, y de hogares localizados en zonas de alto riesgo, elaborados antes del 17 de septiembre de 2012, por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes CLOPAD), avalados por los Consejos Departamentales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes CREPAD) y refrendados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
c) Censo de hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, y de hogares localizados en zonas de alto riesgo, elaborados a partir del 17 de septiembre de 2012 por los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes CLOPAD), avalados por los Consejos Departamentales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes CREPAD) y refrendados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los alcaldes municipales y distritales entregarán al DPS para su revisión e inclusión en los listados de hogares potenciales beneficiarios, los censos a los que hacen referencia los literales b y e del presente artículo. ARTÍCULO 2.1.1.2.1.2.3. Criterios de organización de los grupos poblacionales. Para conformar el listado de potenciales beneficiarios de cada uno de los grupos de población de un proyecto, el DPS aplicará los siguientes órdenes de priorización, según sea el caso:
[…].
ARTÍCULO 2.1.1.2.1.2.5. Convocatoria. FONVIVIENDA, mediante acto administrativo, dará apertura a la convocatoria a los hogares potencialmente beneficiarios de acuerdo con los listados contenidos en la resolución emitida por el DPS, para1 su postulación ante FONVIVIENDA o el operador que este designe, y durante el término establecido por FONVIVIENDA mediante resolución.
[…]. ARTÍCULO 2.1.1.2.1.2.6. Postulación. Los hogares potencialmente beneficiarios definidos por el DPS mediante resolución, deberán suministrar la información de postulación al operador designado, y entregar los documentos que se señalan a continuación:
[…]. ARTÍCULO 2.1.1.2.1.2.7.Verificación de la información. Antes de concluir el proceso de asignación del SFVE, el Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA- tendrá la facultad de revisar en cualquier momento la consistencia y/o veracidad de la información suministrada por el postulante. Si se determina que existe imprecisión o falta de veracidad en los datos suministrados en el formulario de postulación y/o en los documentos que lo acompañan, o en las condiciones o requisitos del hogar, se solicitará al postulante emitir las aclaraciones del caso, para lo cual se otorgará un término por parte de la entidad que realice el proceso de verificación. Si dentro del plazo establecido no se subsanan las imprecisiones o se aclaran las presuntas irregularidades que se presenten, se rechazarán las postulaciones presentadas. ARTÍCULO 2.1.1.2.1.3.1. Proceso de selección de hogares beneficiarios del SFVE. Una vez surtidos los procesos establecidos en los artículos 2.1.1.2.1.2.7 y 2.1.1.2.1.2.9 de la presente sección, FONVIVIENDA remitirá al DPS el listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El DPS con base en dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado por parte de FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios.
[…]. ARTÍCULO 2.1.1.2.1.4.1. Asignación. FONVIVIENDA expedirá el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por el DPS. La resolución de asignación por parte del Fondo Nacional de Vivienda será publicada en el Diario Oficial. El Fondo Nacional de Vivienda comunicará a los hogares beneficiarios, a través del operador designado, el resultado del proceso de asignación, mediante una carta para cada hogar en donde se le informará su condición de hogar beneficiario y el procedimiento mediante el cual podrá hacer efectivo el subsidio.
[…]. Corte Constitucional. Sentencia C-980 de 1º de diciembre de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 22 (parcial) de la Ley 1383 de 2010 “por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones”. Corte Constitucional. Sentencia T-796 de 21 de septiembre de 2006. Actoras: Sociedades Castro Tcherassi S.A. y Equipo Universal S.A. M.P.: Clara Inés Vargas Hernández
Corte Constitucional. Sentencia C-131 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional. Sentencia T-311 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 29 de abril de 2015. Actor: Gladys Cárdenas Agudelo. Exp. nro. 110010315000201403610 00. M.P. María Claudia Rojas Lasso. Folios 14 a 16 del cuaderno 1 en 2. Folios 101 a 103 del cuaderno 1 en 2. Folios 96 a 100 y 104 del cuaderno 1 en 2. Folios 105 y 106 del cuaderno 1 en 2. A folio 20 del cuaderno 1 en 2 obra constancia de recibido “para verificación”. Folios 31 y 32 del cuaderno 1 en 2. Folios 21 a 23 del cuaderno 1 en 2. Folios 28 a 30 del cuaderno 1 en 2. Folio 138 ibídem. Folios 28 a 30 ibídem. Folio 173 ibídem. Folios 105 y 106 del cuaderno 1 en 2.
Se pone de presente que el día 31 de enero de 2018, se estableció comunicación telefónica con el señor Carlos Julio Quintero Martínez a la línea celular número 3212342249, quien confirmó que el 23 de octubre de 2017, en las instalaciones de la entidad accionada, recibió copia del oficio 2-2016-34308 de 22 de septiembre de 2016. Folio 117 y 118 del cuaderno 1 en 2. Folio 121 del cuaderno 1 en 2. Consejo de estado, Sección Primera. Sentencia de 15 de noviembre de 2017. Actor: Floresmiro Suárez León. Expediente núm. 25000-23-42-000-2017-05022-01. M.P. María Elizabeth García González.
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