Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05175-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05175-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-05175-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-05175-01 (1323-2026)
Demandante: Jeannette Lucía Novoa Montoya
Demandados: Nación-Fiscalía General de la Nación
Temas: Supresión de cargo desempeñado en provisionalidad, en virtud de
proceso de reestructuración de la entidad en cumplimiento del Acuerdo Final para
la Implementación de una Paz Estable y Duradera. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (Ley 1437 de 2011)
1. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiséis (2026) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por
medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
2. La señora Jeannette Lucía Novoa Montoya instauró demanda1 en contra de la
Nación-Fiscalía General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
3. Que se declare la nulidad de la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017, en
cuanto no la incluyó en la planta de personal de la entidad, y del Oficio 42 del 30 de
junio de ese año, mediante el cual se informó que el Decreto Ley 898 del 29 de
mayo de 2017 suprimió el empleo que ocupaba.
4. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene su reintegro al cargo que
desempeñaba o a otro de igual o superior categoría y se condene a la entidad
demandada a reconocer y pagar todos los emolumentos laborales causados desde
1 Folios 1-16.
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el momento de su desvinculación hasta su reintegro efectivo. Que todas las sumas
se paguen de forma indexada.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que ingresó al servicio de la Fiscalía General de la Nación el 22 de abril de 2010
y el último cargo que desempeñó en provisionalidad fue el de fiscal delegada ante
Tribunal de Distrito en la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia
Transicional.
6. Que para la vigencia del año 2017 se concertaron sus metas con la entidad y esta
calificó su desempeño laboral con corte al 30 de junio de 2017 con una nota del 100
%.
7. Que mediante el Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017 se reestructuró la
entidad y se redujo el número de empleos de fiscales delegados ante Tribunal de
Distrito a 73, sin individualizar los empleos suprimidos.
8. Que el 29 de junio de 2017 se expidió la Resolución 2358, a través de la cual se
estableció la nueva planta de personal y se determinó que el cargo que
desempeñaba estaba dentro de los que se suprimieron.
9. Que al día siguiente se profirió el Oficio 42, por medio del que se le informó que
el Decreto 898 del 29 de mayo de 2017 suprimió el cargo que desempeñaba, por lo
cual su vinculación laboral finalizaba el 30 de junio de ese año.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
10. Considera vulnerados los artículos 29, 53, 152, 209 y 249 de la Constitución
Política; 3, 68, 78 (numeral 3) y 83 del Decreto 20 de 2014; y 3 y 46 de la Ley 909
de 2004, este último modificado por el artículo 228 del Decreto 019 de 2012.
11. Expresó que el acto que suprimió el empleo se expidió con violación de las
normas en que debía fundarse, pues, contrario a lo afirmado en el Oficio
demandado, la supresión de su empleo no ocurrió con la expedición del Decreto
Ley 898 de 2017 porque en este no se individualizaron los empleos que iban a
suprimirse, sino que se limitó a señalar el número de plazas de las que se
prescindirían, y se dejaron a salvo de cualquier reforma las atribuciones, facultades,
competencias y actividades de la justicia transicional a la que pertenecía, pues el
objeto era ajustar la estructura a los requerimientos de la justicia especial para la
paz.
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12. Que el Decreto mencionado no suprimió la Unidad de Justicia Transicional ni
difirió los efectos de la adopción de una nueva estructura de la entidad hasta la
distribución de la nueva planta, la que solo ocurrió con la expedición de la
Resolución demandada; que además del contenido del artículo 64 del Decreto 898
de 2017 se desprendía que el fiscal general de la Nación tenía la potestad de
distribuir la nueva planta de personal, por lo que debían aplicarse criterios técnicos,
objetivos y verificables para seleccionar a las personas que permanecerían en la
nueva planta y los que serían desvinculados, para lo cual debía llevarse a cabo un
estudio técnico, pese a lo que la entidad demandada eligió de forma caprichosa
quienes debían ser retirados del servicio.
13. Adujo que el acto de desvinculación incurrió en falta de motivación, ya que la
entidad demandada se equivocó al afirmar que el acto que suprimió su empleo fue
el Decreto Ley 898 de 2017 y en la Resolución controvertida no se expusieron las
razones que motivaban su desvinculación; y que aún si se hubieran expresado los
motivos, debía accederse a las pretensiones, debido a que en la evaluación de
desempeño que se le practicó obtuvo una nota sobresaliente, y esta debía ser tenida
en cuenta para su permanencia en el servicio, de conformidad con los artículos 78
y 83 del Decreto 20 de 2014.
14. Que la carga laboral que tenía fue trasladada a otro fiscal, lo que desvirtuaba un
hipotético argumento sobre su exigua actividad laboral como causal justificativa de
su retiro del servicio, pues el cargo que desempeñaba era necesario en la estructura
de la entidad, en la medida que estaba encargada de toda la actividad judicial
relacionada con el grupo subversivo autodenominado EPL.
15. Concluyó que la entidad la desvinculó de forma absolutamente irregular porque
no se apoyó en ningún criterio técnico; la decisión fue discrecional, a pesar de que
era una actividad reglada; desconoció el carácter vinculante de la evaluación de
desempeño; «mintió sobre el acto administrativo que determinó la desvinculación
[…] y expidió su decisión sin motivación alguna al omitir examinar la hoja de vida
[…]» de ella y de quienes mantuvieron su vínculo laboral; y prescindió de la
consideración sobre su carga laboral y coligió que su empleo había sido suprimido,
a pesar de que las actividades continuaban vigentes.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
16. La demanda fue admitida2 el 10 de agosto de 2020. La Fiscalía General de la
Nación3 afirmó que era necesario reorganizar el nivel estratégico de la entidad, con
el fin de dar cumplimiento a los acuerdos y a la construcción de una paz sostenible
y duradera, como lo estableció el Decreto Ley mencionado, el cual fue estudiado
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-013 de 2018, en la que concluyó que
2 Folio 48.
3
Folios 57-65.
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las modificaciones realizadas en la planta de personal perseguían fines
constitucionalmente válidos y apuntaron a reforzar el área misional de la entidad,
pues se suprimieron altos cargos, se redujo el número de dependencias de la
Dirección de Apoyo a la Gestión y se presentó una disminución en los gastos de
personal.
17. Sostuvo que en el artículo 59 del Decreto Ley 898 de 2017 se definieron los
cargos y cantidades de empleos a suprimir, concretamente, se suprimieron 5.737,
y solamente estaban ocupados 1.364, de los cuales 1.117 servidores fueron
reincorporados a la planta en cargos distintos a los que ocupaban, por lo que en la
práctica solo fuero desvinculados 254 funcionarios.
18. Mencionó que dicho Decreto no especificó cuáles eran los cargos que se iban a
suprimir, sino que le otorgó al fiscal general de la Nación la facultad discrecional de
expedir los actos que estimara necesarios para la entrada en funcionamiento de la
nueva estructura, y fijó los criterios que se aplicarían para la apreciación del interés
público, estos son: los derechos de carrera y la estabilidad laboral reforzada, por lo
que con base en estos y en el análisis de las hojas de vida se escogieron los cargos
a suprimir, lo que se ajustó al cumplimiento del interés general contemplado en el
Acuerdo Final para la Paz y no fue antijurídica en relación con la actora.
19. Expresó que para la expedición del Decreto Ley fue necesario realizar un estudio
técnico, en el que se analizaron dos aspectos centrales, que luego dieron lugar a la
reestructuración de la entidad, como fueron el entorno criminal del país y la cantidad
de casos en el sistema penal oral acusatorio, sin que se requiriera un estudio para
la expedición de la resolución de reincorporación, al no exigirlo así la norma ni la
jurisprudencia.
20. El 29 de septiembre de 20214 se abrió la etapa probatoria y se decretaron las
pruebas solicitadas por las partes.
21. El 6 de octubre de 20255 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión
y al representante del Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
mediante sentencia del 17 de febrero de 2026, negó las pretensiones y se abstuvo
de condenar en costas. Consideró que la entidad demandada no estaba obligada a
realizar un estudio técnico e individualizado cargo por cargo para determinar cuáles
iban a ser suprimidos y cuáles incorporados a la nueva planta global, pues la
4 Folios 179-183.
5 Folio 339.
6 Folios 663-679 del cuaderno 2.
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motivación estaba contenida en el Decreto Ley 898 de 2017 y la Resolución 02358
del 29 de junio de 2017, mediante los cuales se materializó lo ordenado en el Acto
Legislativo 01 de 2016, y solo se requería una única actuación que ejecutara las
modificaciones necesarias en la planta de personal, para cumplir lo allí dispuesto,
sin que fuera viable expedir un acto administrativo con una motivación exclusiva e
individualizada para resolver la situación jurídica de la actora.
23. Manifestó que la Fiscalía efectuó el estudio técnico previo y acogió las
recomendaciones establecidas por el Departamento de Administrativo de la Función
Pública, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, lo que evidenciaba
que tanto el Decreto como la Resolución mencionadas estuvieron precedidos de un
análisis pormenorizado de las cargas laborales y las razones que fundamentaron la
reestructuración de la planta de personal para atender las necesidades que
surgieron con la implementación de los acuerdos de paz.
24. Que en el Decreto Ley 898 de 2017 no se individualizaron a los servidores que
ocupaban los cargos que fueron suprimidos ni tampoco quienes serían incorporados
en la nueva planta de personal y en la Resolución 02358 del 29 de junio de 2013 se
distribuyeron los cargos y se identificó a los empleados que se incorporarían a la
planta, pero no se efectuó ningún pronunciamiento sobre los que no lo fueron, por
lo que los efectos de la desvinculación se generaron de forma automática para los
que no fueron mencionados.
25. Expuso que la entidad demandada podía distribuir libremente los cargos,
designar a las personas que los iban a ocupar y dar por terminado el vínculo legal y
reglamentario de otros empleados, como era el caso de la demandante, justificada
en el proceso de reestructuración de la entidad, el cual gozaba de presunción de
legalidad, dada la declaratoria de constitucionalidad y el respaldo del estudio
técnico.
26. Que el único límite de la entidad para decidir sobre la distribución de la planta
de personal lo constituían las situaciones señaladas en la Sentencia C-013 de 2018
de la Corte Constitucional, esto es, los derechos de carrera y las prerrogativas
derivadas del retén social, pero la demandante estaba nombrada en provisionalidad
y no tenía la calidad de prepensionada ni se encontraba en una situación de
discapacidad que la hiciera sujeto de especial protección constitucional.
27. Estimó que la idoneidad profesional para el ejercicio del cargo y el buen
desempeño de las funciones no otorgaban por sí solas prerrogativas de
permanencia y continuidad en el servicio.
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RECURSO DE APELACIÓN7
28. La parte demandante interpuso recurso de apelación, al considerar que su
desacuerdo no recae en la primera fase del proceso de reestructuración, esto es,
en la supresión parcial de empleos en la planta, sino en la decisión de distribución
de los cargos, pues esta debía fundamentarse en un estudio previo y tenía que
atender al criterio objetivo de mérito y no a una determinación discrecional, pues
esto último desconocería el Decreto 20 de 2014.
29. Que en el artículo 68 de ese Decreto se fijaron reglas sobre los efectos de la
evaluación de desempeño, que desvirtúa las conclusiones sobre, primero, la
existencia de los dos únicos criterios mencionados por el Tribunal para la
distribución de los cargos, esto es, la carrera administrativa y la estabilidad laboral
reforzada, y, segundo, la discrecionalidad para ello, al tratarse de un parámetro serio
de la idoneidad del servidor y que tiene efectos para la determinación de la
permanencia en el servicio, inclusive para quienes no están en carrera, según el
artículo 78, esto es,.
30. Que quedó demostrado que contaba con mejor derecho a ser reincorporada,
debido a su desempeño laboral y su calificación de desempeño, pues en el oficio
demandado consta que muchos de los funcionarios incorporados a la nueva planta
en el cargo de fiscal delegado contaban con menor calificación y no existía prueba
alguna que demostrara que la escogencia de las personas que tendrían derecho a
ocupar las plazas que se mantendrían en la planta de personal se efectuara con
fundamento en el mérito.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
31. El 10 de julio de 20268 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriada esa decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados; además, se advirtió que el Ministerio Público
podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo para
sentencia.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
32. La Subsección deberá resolver si los actos administrativos demandados se
encuentran viciados de nulidad, al desconocer el criterio de mérito para redistribuir
los cargos de fiscal delegado ante Tribunal de Distrito que permanecieron en la
planta de personal de la Fiscalía General de la Nación después de la
7 Folios 433-435.
8 Índice 00004 de SAMAI.
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reestructuración, y abstenerse de adelantar un estudio técnico previo para ese
efecto.
Marco normativo y jurisprudencial
Sobre el régimen de las plantas de personal y las reestructuraciones
funcionales de las entidades del Estado (en particular, de la FGN)
33. La carrera administrativa es un sistema de administración del personal de
servidores públicos, basado en el mérito como principio rector de la función pública,
en virtud del cual se contemplan las formas de ingreso, permanencia, evaluación y
retiro del servicio. Al respecto, en el artículo 125 de la Constitución Política se
consagró como cláusula general que los empleos en las entidades estatales serían
de carrera.
34. Para la Fiscalía General de la Nación, el artículo 253 de la Constitución Política
estableció que sería la ley la que determinaría su estructura y funcionamiento, lo
cual fue ratificado en el artículo 159 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia (Ley 270 de 1996). Ahora, hasta que no fuera expedido dicho régimen
especial de la FGN, debe tenerse en cuenta que la norma aplicable en materia
organizacional era la Ley 909 de 2004, especialmente en sus artículos 41, 44 y 46.
35. En virtud del artículo constitucional mencionado se expidió la Ley 1654 de 2013
«Por la cual se otorgan facultades extraordinarias pro tempore al Presidente de la
República para modificar la estructura y la planta de personal de la Fiscalía General
de la Nación y expedir su Régimen de Carrera y situaciones administrativas», y con
base en este, se profirió el Decreto Ley 20 de 2014 «Por el cual se clasifican los
empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la
Nación y de sus entidades adscritas».
36. En esta última norma se contempló que los empleos al interior de dicha
institución serían de carrera y de libre nombramiento y remoción. Igualmente, se
diferenció que tales cargos serían ocupados mediante diferentes clases de
vinculaciones, según el artículo 11, dentro de los cuales se encuentra la modalidad
de provisionalidad, en la cual el servidor no ostenta derechos de carrera ni puede
ser considerado como tal, pero, aun así, se entiende que ocupa una plaza de esa
naturaleza de manera temporal, mientras esta se cubre con un nombramiento en
propiedad.
37. Aclarado lo anterior, se observa que en el artículo 96 de ese Decreto se
consagró la supresión del empleo como una causal válida de retiro del servicio para
los servidores de la FGN (cualquiera que fuera su clasificación y tipo de
nombramiento), lo cual se ajusta al diseño del régimen general, en el entendido de
que no es posible mantener de manera indefinida un esquema institucional en los
eventos en los que se hagan necesarias una serie de transformaciones
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organizacionales a fin de asegurar el avance y modernización del servicio público
oficial.
38. Acerca de los efectos de estos procesos de reestructuración, el artículo 87 del
Decreto 1227 de 2005 consagró lo pertinente de manera general, pero en el caso
particular de la entidad demandada el artículo 103 del mencionado Decreto Ley 20
de 2014 fue el que singularizó la situación.
39. Incluso, sobre el punto, el Consejo de Estado9 ha planteado que, al margen de
que deben respetarse las garantías de los funcionarios con derechos de carrera,
estas no pueden generar una petrificación de las entidades públicas, pues dichos
servidores tendrán las alternativas desarrolladas en la normativa precitada, bien sea
por su vinculación permanente y en propiedad, o porque se encuentren en
condiciones de vulnerabilidad que ameriten la constitución de fueros de estabilidad
laboral reforzada, en los que deberá analizarse además su mejor derecho para
permanecer en servicio activo.
Acerca de la reorganización de la FGN debido a la implementación del
Acuerdo Final de Paz
40. El acuerdo firmado el 12 de noviembre de 2016 entre el Gobierno Nacional y la
entonces guerrilla de las FARC-EP consagró una serie de objetivos para diferentes
entidades del Estado, los cuales implicaron cambios estructurales en su interior, con
el ánimo de alcanzar los propósitos fijados para consolidar una paz estable y
duradera. En lo que respecta a la FGN, se acordó que se debería implementar una
Unidad Especial de Investigación para desmantelar organizaciones criminales10.
41. Para dar cumplimiento a lo anterior, el legislador profirió el Acto Legislativo 01
de 2016 «Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y
asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera», el cual
en su artículo 2.° le confirió facultades al presidente de la República a fin de
materializar la normativa que regularía estos cambios estructurales derivados de la
terminación del conflicto.
42. En desarrollo de esa norma, el Ejecutivo expidió el Decreto Ley 898 del 29 de
mayo de 2017 que creó la Unidad Especial de Investigación al interior de la entidad
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 3
de junio de 2021 (2855-2019), y Subsección A. Sentencia del 23 de septiembre de 2021 (4801-2019).
10 Dicho acuerdo previó expresamente lo siguiente: «[…] implementar la Unidad Especial de Investigación para
el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres,
que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que
amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción
de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del
paramilitarismo y sus redes de apoyo. […]».
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demandada, con la que se modificó la estructura de su planta de personal,
suprimiendo y creando para el efecto, entre otras, las siguientes plazas:
«ARTÍCULO 59. Supresión de empleos. Suprimir de la planta de personal de la
Fiscalía General de la Nación los siguientes cargos:
NÚMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO
PLANTA GLOBAL ÁREA FISCALÍAS
291 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DE
CIRCUITO ESPECIALIZADOS
[…] ARTÍCULO 61. Creación de cargos para la Unidad Especial de Investigación.
Crear los siguientes cargos en la planta de personal de la Fiscalía General de la
Nación, así:
NÚMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO
4 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DE
CIRCUITO ESPECIALIZADOS
PARÁGRAFO. Los empleos creados en el presente artículo, son de dedicación
exclusiva para cumplir las funciones de la Unidad Especial de Investigación y, en
consecuencia, en estos cargos no procederá la incorporación de servidores cuyos
empleos sean efectivamente suprimidos en el presente Decreto Ley. […]». (Líneas
de la Sala).
43. Por su parte, los artículos 62 a 64 contemplaron las reglas sobre la continuidad
del servicio, la estructuración de la planta global y flexible de la FGN, así como la
forma en que se harían las incorporaciones y movimientos al interior de la entidad
con motivo del proceso de reorganización institucional.
44. Esta normativa estableció que la planta de personal de la entidad sería global y
flexible, por lo que el fiscal general de la Nación estaría habilitado para reubicar los
cargos suprimidos y creados en función de las necesidades del servicio, pero en
todo caso, garantizando los beneficios propios de los funcionarios con derechos de
carrera, tal como el marco jurídico tanto general como especial lo han previsto.
45. Seguidamente, en aplicación del artículo transitorio de la Constitución Política
adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2016, mediante la sentencia C-013 del 14
de marzo de 2018 la Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad del
mencionado Decreto Ley 898 de 2017, precisando que se ajustaba a la norma
superior, pero condicionando lo propio sobre el artículo 62 a que los derechos
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laborales de los servidores retirados de la institución por supresión del cargo debían
prevalecer en el caso de aquellos sujetos a los presupuestos del retén social11.
Resolución del caso concreto
46. La demandante considera que la entidad demandada debió incorporarla en uno
de los cargos de fiscal delegado ante Tribunal de Distrito de la planta de personal
después de la reestructuración y efectuar un estudio previo para determinar la
distribución de los empleos, en atención al criterio de mérito.
47. Sobre el particular, la Sala advierte que el fundamento jurídico para la
desvinculación de la demandante lo constituyó la aplicación del Decreto Ley 898 de
2017, esto con sujeción al resultado del análisis realizado para determinar cuál
sería la reorganización más adecuada de la entidad demandada, en aplicación de
los artículos 96 del Decreto 1227 de 2005 y 94 de la Ley 270 de 1996.
48. En esa medida, no es cierto que el acto de distribución de personal, esto es, la
Resolución 2358 del 29 de junio de 2017, tuviera que haberse justificado en un
examen de verificación y comparación de las cualidades, capacidades, logros o
experiencia de la accionante respecto de las de los demás funcionarios, a fin de
determinar quiénes seguirían vinculados12.
49. Lo anterior debido a que fue por mandato constitucional a través del Acto
Legislativo 01 de 2016, y en acatamiento del Decreto Ley 898 de 2017, el que
además tuvo respaldo de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional a través
de la sentencia C-013 de 2018, que se adoptaron las decisiones controvertidas en
este proceso.
50. Además, debe tenerse en cuenta que la terminación del vínculo legal y
reglamentario de un funcionario en provisionalidad, como lo fue el de la
demandante, derivada de un proceso de reestructuración, es una potestad del
nominador que se entiende discrecional, pero limitada a una motivación objetiva.
En ese entendido, se genera una estabilidad laboral precaria para tal servidor, la
cual solo se ve restringida por las garantías mínimas laborales de orden
constitucional que prevalecen sobre el mentado criterio.
11 Al respecto la Corte indicó: «[…] El retén social, como garantía de estabilidad laboral de los trabajadores
vinculados a una planta de personal que es objeto de reestructuración, ha tenido aplicación en diversos
escenarios institucionales, entre los que se cuenta la Fiscalía General de la Nación, como se deriva de lo
resuelto en la Sentencia SU-446 de 2011, que amparó los derechos de trabajadores que ocupaban cargos
específicos que serían provistos con el registro de elegibles. En aquella ocasión la Corte precisó, que la Fiscalía,
a pesar de la discrecionalidad de la que gozaba, “sí tenía la obligación de dar un trato preferencial, como medida
de acción afirmativa a: i) las madres y padres cabeza de familia; ii) las personas que estaban próximas a
pensionarse, entiéndase a quienes (…) les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener
la respectiva pensión; y iii) las personas en situación de discapacidad”. […]».
12 Este planteamiento ha sido precisado por esta Subsección en sentencias del 18 de agosto de 2022 en el
proceso con radicado 25000-23-42-000-2017-06166-01 (3006-2020), y del 25 de agosto de 2022, en el proceso
con radicado 25000-23-42-000-2017-05270-01 (1723-2020).
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-05175-01 (1323-2026)
51. Es por eso que jurisprudencialmente tales limitantes se establecieron bajo los
siguientes supuestos: (i) que el empleado tenga derechos de carrera, (ii) que sea
titular de las garantías propias del retén social y (iii) que a la administración le está
prohibido transgredir situaciones jurídicas mediante decisiones arbitrarias que
únicamente busquen beneficiar intereses particulares del funcionario nominador en
detrimento de los fines generales del Estado, con afectación de la calidad del
servicio, o lo que es lo mismo, con desviación de poder. Sin embargo, ninguno de
estos supuestos fue alegado o se presenta en el asunto.
52. Ahora bien, aun cuando los resultados de la evaluación de desempeño pueden
evidenciar las aptitudes y capacidades de la actora para el ejercicio del cargo, no
es un criterio que por sí solo demuestre que tenía un mejor derecho respecto a
otros servidores para incorporarse a la entidad tras una reorganización como la
derivada de la implementación del Acuerdo Final de Paz, pues los aportes al
cumplimiento de metas y objetivos institucionales son inherentes al ejercicio de su
empleo.
53. Tampoco puede determinarse si algunos de los servidores que sí mantuvieron
su posición laboral tenían garantías constitucionales de estabilidad laboral como
derechos de carrera o fueros propios del retén social que justificaran su preferencia
en la selección.
54. Al respecto, se advierte que, aunque la entidad demandada allegó el listado de
los funcionarios que permanecieron en la entidad como fiscales delegados ante
tribunal y su calificación de desempeño, este únicamente daba cuenta de los
empleados con derechos de carrera administrativa, quienes podían optar por ser
incorporados, lo que no ocurría en el caso de la actora, al ostentar el cargo en
provisionalidad.
55. En tal sentido, resulta evidente un incumplimiento frente a la carga probatoria
de la parte demandante en lo que respecta a la demostración de los supuestos de
hecho y jurídicos que alega para el reclamo de su derecho, tal como lo prevé el
artículo 167 del CGP.
56. Por último, respecto al argumento consistente en que debió adelantarse un
estudio técnico para la redistribución del personal, basta con señalar que esa
exigencia legal es procedente para las reformas de las plantas de personal, de
conformidad con los artículos 46 de la Ley 909 de 2004 y 95 del Decreto 1227 de
200513, pero no para la redistribución de los cargos entre los servidores, por lo que
no le asiste razón a la recurrente al sostener que era obligatorio adelantar dicho
estudio para justificar su retiro del servicio por supresión del cargo.
13 Compilado en el Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.12.1.
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57.En consecuencia, al no prosperar los motivos de apelación, se confirmará la
sentencia recurrida.
Condena en costas de segunda instancia
58. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
59. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
60. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
61. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el diecisiete (17) de febrero de dos
mil veintiséis (2026) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F.
Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante.
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Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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