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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-42-000-2017-05325-01

Fecha
1 de marzo de 2018
Consejero ponente
María Elizabeth García González

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-42-000-2017-05325-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-42-000-2017-05325-01

Consejero ponente: María Elizabeth García González

1 de marzo de 2018

DERECHO DE PETICIÓN - Se confirma la decisión de amparo proferida en primera instancia pese a haberse contestado de fondo la solicitud del accionante / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO - No se configura dado que la cesación de la vulneración tuvo lugar en cumplimiento de la orden judicial

[L]a ANM no contestó de fondo la referida solicitud, toda vez que resolvió solo el primer punto de la petición, consistente en indicarle al actor que existía una reserva de la información que requería, puesto que no era titular del registro minero para explotar. Además, frente a los demás interrogantes solo se limitó a manifestar que le correría traslado al Grupo de Evaluación de Modificaciones a Títulos Mineros, lo cual no consta dentro del expediente, lo que significa que la respuesta dada al [accionante] resulta incompleta. Si bien la parte demandada indicó que a través de la Resolución VSC 001172 de 2017 resolvió la solicitud de revocatoria directa contra la Resolución GSC-ZC 0009 de 2013, esta no fue aportada con la contestación del escrito de tutela, como lo expuso la parte demandada, ni tampoco existe constancia alguna que diera cuenta de que la misma fue puesta en conocimiento del actor. En conclusión, para la Sala le asistió razón al a quo al declarar la vulneración del derecho fundamental de petición del demandante por parte de la ANM, por lo que es procedente confirmar la sentencia impugnada. No obstante, la Sala advierte que en cumplimiento de lo ordenado en el fallo de primera instancia, tal autoridad mediante Oficio 20183320267671 de 2018, complementó el requerimiento elevado por el actor (…) con la citada respuesta, la solicitud elevada por el actor fue contestada en su totalidad, pues se resolvió de fondo, de manera clara y precisa y de conformidad con la naturaleza de la misma. (…). [E]s evidente que la cesación total de la vulneración al derecho fundamental de petición del actor se produjo en virtud de la orden de amparo decretada en la sentencia de primera instancia, por lo que no se está en presencia de un hecho superado, sino cesación de la vulneración por cumplimiento de orden judicial.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 23 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 42 / LEY 1755 DE 2015 - ARTÍCULO 13 / LEY 1755 DE 2015 - ARTÍCULO 21

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la acción de tutela, en tratándose de la vulneración del derecho fundamental de petición, ver: Corte Constitucional, sentencia de 19 de marzo de 2013, exp. T-149, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En relación con las características esenciales del derecho de petición, ver: Corte Constitucional, sentencia de 13 de noviembre de 2008, exp. T-1130, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Sobre un asunto similar al aquí estudiado en el que se señaló que si la intervención del juez de primera instancia sirve para la cesación de la vulneración de los derechos alegados y se encuentra ajustada a derecho, corresponde confirmarla, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, providencia de 4 de mayo de 2016, exp. 2016-00173-01, C.P. María Elizabeth García González.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., primero (1) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 25000-23-42-000-2017-05325-01(AC)

Actor: RAFAEL MATIZ GERENA

Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

La Sala Procede a decidir la impugnación, oportunamente interpuesta por la Agencia Nacional de Minería, contra el fallo de 21 de noviembre de 2017, proferido por la Sección Segunda -Subsección “B”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que amparó el derecho de petición invocado como vulnerado por el accionante.
I. ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor RAFAEL MATIZ GERENA presentó acción de tutela contra la ANM, para buscar la protección de su derecho fundamental de petición.

I.2.- Hechos

Manifestó que, el 17 de agosto de 2017, presentó un derecho de petición ante la ANM, el cual fue radicado bajo el nro. 2017-58-10045.

Afirmó que, dicha solicitud es una reiteración de la que presentó el 20 de agosto de 2014, en la que pidió a tal entidad la cesión de una parte del título minero del contrato de concesión nro. 13188; sin embargo, han trascurrido más de 249 meses, sin que se le haya resuelto alguna de ellas.

I.3.- Pretensiones

El actor solicitó que se le tutele su derecho fundamental de petición y, además que se ordene a la ANM que en un término de cuarenta y ocho horas proceda a dar respuesta a la solicitud de 17 de agosto de 2017.

I.4.- Defensa

La ANM señaló que la acción de tutela de la referencia no está llamada a prosperar, toda vez que dio respuesta a la solicitud elevada por el actor a través del Oficio ANM 20172300261981 de 10 de octubre de 2017 y la Resolución VSC 001172 de 9 de noviembre de ese año.

Sostuvo que, teniendo en cuenta los diferentes interrogantes expuestos en el derecho de petición, no le era posible resolverlos en un solo escrito, razón por la que expidió el Oficio y la Resolución.

Afirmó que, el Oficio ANM 20172300261981 de 2017, fue enviado a través del Grupo CONTACTENOS ANM, a las direcciones de correos electrónicos rafaelmatiz@hotmail.com y jfervargas@gmail.com, proporcionadas por el actor.

Adujo que, respecto de la Resolución VSC 001172 de 2017, se encuentra en proceso de notificación para garantizar adecuadamente los derechos de defensa y contradicción del actor por parte del Grupo de Atención Minero GIAM.

Aseguró que, existió un error al momento de enviar de manera personal la respuesta del derecho de petición elevado por el actor, pero este fue subsanado al remitir la misma vía correo electrónico.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El Tribunal, mediante sentencia de 21 de noviembre de 2017, amparó el derecho fundamental de petición invocado por el accionante y, en consecuencia, ordenó a la ANM que le diera respuesta a su solicitud.

Señaló que, en el expediente no obra prueba alguna de que la ANM diera respuesta de fondo a los puntos 2 y 3 de la petición elevada por el accionante.

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La ANM impugnó la decisión de primer grado y aseguró que dio respuesta a todos los interrogantes expuestos por el actor.

Indicó que, respecto del primer punto lo resolvió a través del Oficio ANM 20172300261981 de 2017, y los subsiguientes, mediante la Resolución VSC 001172 de 2017.

Señaló que, pese a que del último acto no adjuntó copia con la contestación dentro de la acción de tutela de la referencia, lo cierto es que este resuelve de fondo los requerimientos del accionante.

Además informó que, expidió un nuevo Oficio ANM 20183320267671 de 12 de enero de 2018, para dar nuevamente respuesta a los numerales 2 y 3 de la petición elevada por el actor, por lo que, a su juicio, existe la carencia actual de objeto por hecho superado.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 1991. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

En el presente asunto el señor RAFAEL MATIZ GERENA instauró acción de tutela contra la ANM, por considerar que le fue vulnerado su derecho fundamental de petición, al no ser resuelto de fondo y de forma clara su solicitud en los términos establecidos en la ley.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el Tribunal, el cual mediante sentencia de 21 de noviembre de 2017, amparó el derecho fundamental de petición invocado por el accionante, por considerar que la entidad no contestó de forma completa su solicitud.

La ANM impugnó la anterior decisión por cuanto estima que se configuró un hecho superado ya que, como consta en el material probatorio obrante en el expediente, la petición presentada por el actor ya fue resuelto a través del Oficio ANM 20172300261981 de 2017, la Resolución VSC 001172 de 2017 y el Oficio ANM 20183320267671 de 2018, este último a través del cual, en cumplimiento de la orden impartida por el Tribunal, complementó la respuesta dada al peticionario.

En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si la entidad accionada es responsable de la vulneración del derecho fundamental de petición invocado por el actor y, si se configura una carencia actual de objeto de amparo, por hecho superado, como lo expuso la parte demandada en el escrito de impugnación.

Respecto del derecho de petición, la Constitución Política, en su artículo 23 consagra que “[…] toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]”.

Sobre la procedencia de la acción de tutela, en tratándose de la vulneración del derecho fundamental de petición, la Corte Constitucional ha precisado que:

«[…] Cuando se trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo.

Por esta razón, quien encuentre que la debida resolución a su derecho de petición no fue producida o comunicada dentro de los términos que la ley señala, esto es, que se quebrantó su garantía fundamental, puede acudir directamente a la acción de amparo constitucional […].»

En relación con las características esenciales del derecho de petición, esa Corporación, mediante sentencia T-1130 de 13 de noviembre de 2008, se pronunció en el siguiente sentido:
«[…] (i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado […]».

Frente a los requisitos que debe contener la respuesta de la petición, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación ha indicado que: (i) debe ser de fondo, pues aquellas respuestas que están dirigidas a evadir la información o a aplazar la toma de decisión, constituyen una clara afectación de este derecho fundamental; (ii) oportuna; (iii) clara, suficiente y congruente con lo pedido; y (iv) debe ser comunicada efectivamente al interesado.

Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 se ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-.

En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se refirió así la citada ley:

“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación.”

En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley 1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción, excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de información o consultas a las autoridades en relación con las materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días, respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición en los plazos previstos, la autoridad debe informar esa circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado, precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

Si la autoridad a la que se dirige la petición no es la competente, debe informar de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado debe remitir la petición al competente y enviar copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará (artículo 21 ídem).

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, se observa que el actor elevó petición el 17 de agosto de 2017, ante la ANM, en la que solicitó lo siguiente:

“[…]

ASUNTO: FORMALIZACIÓN MINERA TÍTULO 13188

Respetada Doctora Habib:

[…]
Mediante Derecho de Reiteración de derecho de petición de 20 de agosto de 2014, […] se presentan los siguientes hechos:

Con fecha veintisiete de febrero […] de 1998, el Ministerio de Minas y Energía entrega en concesión un área en los Municipios de Sopo y Chía, para la explotación de materiales de construcción a la compañía de INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CERRO LTDA., área entre la cual se encuentra el predio de propiedad denominado La Sunuba – Lote#1 – Rafael Matiz.
El 08-08-1994, se inscribe el contrato precitado 13188 en el Registro Minero Nacional, encontrándose el título vigente a la fecha, según consta en el catastro minero colombiano.
El día 15 de noviembre de 1996, se radica en el Ministerio de Minas y Energía autoridad minera y competente para la fecha, la solicitud de autorización de cesión de un área dentro del contrato de concesión 13188, radicado 22705, según consta en el expediente minero en poder de la Agencia Nacional de Minería a folios 351 y 352.
En forma presuntamente ilegal y contraria a la autorización expresa de parte del titular de la Concesión 13188, según consta no solo en la solicitud de autorización de cesión sino en otros documentos legales como son pago de regalías efectuados al titular, comunicaciones entre las partes etc., que denotan claramente la anuencia y autorización expresa de elaborar en el área del predio de mi propiedad por parte de Inversiones y Construcciones del Cerro, interponen amparo administrativo en mi contra, lo cual hace que en la fecha se encuentren suspendidas laborales de explotación en el área antes referida afectando de manera grave no solo mi patrimonio el mínimo vital y subsistencia y lo que es más peligroso aun generando daños ambientales que requieren atención inmediata, de lo cual dejo constancia en el presente recurso legal.
Es claro el cumplimiento de las obligaciones legales, en mi condición no solo de propiedad del predio sino debidamente autorizado como ya se reseñó por parte del titular de la Concesión 13188, hago grandes inversiones en estudios ambientales estos últimos debidamente radicados en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
Con fecha 30 de enero de 2014 se presentó por parte de mi apoderada solicitud de revocatoria directa de la resolución donde se interpone amparo administrativo, insisto el cual es presuntamente violatorio de mis derechos adquiridos.
[…]
Tal y como consta en el expediente del contrato de concesión 13188 a folios 992 a 996 la Corporación Autónoma Regional CAR certifica que este título minero cuenta con licencia ambiental y que el mismo NO requiere nueva licencia ambiental.
[…]
En razón a los derechos legales adquiridos mediante el contrato de concesión 13188 y posterior autorización de cesión a mi favor, me permito informar tanto a las autoridades Mineras, a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca “CAR” a la Alcaldía Municipal de Chía, a los cuales se les envía copia del presente derecho de petición para los fines de ley.

[…]

Y se formulen las siguientes peticiones:

Comedidamente solicito se me expliquen la o las razones por las cuales están suspendidas las labores de explotación en el predio de mi propiedad, existiendo de por medio una solicitud de cesión interpuesta desde el año 1996 ante autoridad competente, es claro como lo cita la respuesta de la ANM […] a mis peticiones que el titular es Inversiones y Construcciones el Cerro Ltda, porque de manera inexplicable trascurridos 17 años, 9 meses y cinco días es decir la escandalosa cifra de 6.390 días la autoridad minera no se ha pronunciado sobre la solicitud de cesión instaurada formalmente.
Se me informe porque a la fecha trascurridos 220 días no se ha respondido mi solicitud de revocatoria directa interpuesta por mi apoderada; revocatoria directa de solicitud de amparo administrativo recurso este que tuvo en cuenta un juicioso estudio del expediente por parte de funcionarios de la ANM ya que de haber sido así y existiendo autorización de cesión impetrada desde 1996, no era procedente tal actuación y existiendo toda una logística y gran número de profesionales en el denominado contrato de apoyo a la fiscalización minera que supera varios miles de millones de pesos, no se justifica tal demora en la respuesta a este recurso legal.
Con base en los hechos presentados todos ellos ajustados a derecho no solo de explotación sino de retiro de material explotado que está causando grave afectación ambiental y detrimento patrimonial, es claro que de no autorizar el reinicio de actividades se presentarán gravísimos daños ambientales y patrimoniales, perjuicios que deberán ser evaluados en su oportunidad por autoridad competente a la luz del derecho. […]”. (Resaltado fuera del texto)

La Sala observa que lo pretendido por el actor en la petición elevada ante la ANM, consistía en que: i) se le informara el estado de su solicitud de cesión de áreas dentro de la concesión nro. 13188, ii) se le explicaran las razones por las cuales no se ha dado respuesta a tal requerimiento ni se ha resuelto la solicitud de revocatoria directa contra la Resolución GSC-ZC 0009 de 25 de enero de 2013 y; iii) se le autorizara el inicio de explotación y retiro de material en su predio para no causar daño al medio ambiente.

En respuesta a la petición presentada por el actor, dicha autoridad mediante Oficio ANM 20172300261981 de 10 de octubre de 2017, obrante a folio 29 del expediente, informó lo siguiente:
“[…]

Asunto: Respuesta al radicado nro. 20175510197212 Título nro. 13188

Reciba un saludo cordial por parte de esta autoridad, respecto al radicado del asunto de manera atenta procedemos a resolver sus peticiones en los siguientes términos:

Respecto a su primera petición en la cual solicita se le expliquen “las razones por las cuales están suspendidas las labores de explotación en el predio de su propiedad, existiendo de por medio una solicitud de cesión”, es de indicar que el ejercicio de la actividad minera está debidamente reglado y requiere el cumplimiento de requisitos establecidos por la ley, por lo tanto, quien desee ejercer la actividad debe sujetarse a la normatividad establecida para tales efectos. En relación con el derecho a explorar y explotar minerales el artículo 14 del Código de Minas establece:

“Artículo 14. Título minero. A partir de la vigencia de este Código, únicamente se podrá construir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional.

Lo dispuesto en el presente artículo deja a salvo los derechos provenientes de las licencias de exploración, permisos o licencias de explotación, contratos de explotación y contratos celebrados sobre áreas de aporte, vigentes al entrar a regir este Código. Igualmente quedan a salvo las situaciones jurídicas individuales, subjetivas y concretas provenientes de títulos de propiedad privada de minas perfeccionadas antes de la vigencia del presente estatuto.

De esta manera, es pertinente señalar que la titularidad se perfecciona con la inscripción en el Certificado de Registro Minero y hasta tanto no se configure un derecho legítimo de explotar. Por lo tanto, nos permitimos reiterar el pronunciamiento emitido por parte de esta autoridad, en el cual existe una reserva de información, toda vez que usted aun no es titular.

Por otro lado, respecto a la cesión de área solicitada, es de indicar que actualmente el expediente físico corresponde al Título Minero nro. 13188 y se encuentra en custodia del Grupo de Seguimiento y Control Zona Centro, por tal motivo, a través de memorando interno nro. 20172300100983 de 6 de septiembre de 2017, se solicitó el expediente con el fin de que los profesionales del Grupo de Evaluación de Modificaciones a Títulos Mineros -GEMTM- puedan estudiar la cesión de área pretendida. Una vez se resuelva el trámite se le notificará conforme a la normatividad existente.

Por último, le informamos que a través de memorando interno nro. 20172300261943 del 10 de octubre de 2017, se le corrió traslado de la petición número dos y tres del derecho de petición incoado, por ser competencia del Grupo de Seguimiento, Control y Seguridad Minera Zona Centro, esto es con el fin de dar respuesta de fondo a su petición. […]”

En virtud de lo anterior, se advierte que la ANM no contestó de fondo la referida solicitud, toda vez que resolvió solo el primer punto de la petición, consistente en indicarle al actor que existía una reserva de la información que requería, puesto que no era titular del registro minero para explotar. Además, frente a los demás interrogantes solo se limitó a manifestar que le correría traslado al Grupo de Evaluación de Modificaciones a Títulos Mineros, lo cual no consta dentro del expediente, lo que significa que la respuesta dada al señor MATIZ GERENA resulta incompleta.

Si bien la parte demandada indicó que a través de la Resolución VSC 001172 de 2017 resolvió la solicitud de revocatoria directa contra la Resolución GSC-ZC 0009 de 2013, esta no fue aportada con la contestación del escrito de tutela, como lo expuso la parte demandada, ni tampoco existe constancia alguna que diera cuenta de que la misma fue puesta en conocimiento del actor.

En conclusión, para la Sala le asistió razón al a quo al declarar la vulneración del derecho fundamental de petición del demandante por parte de la ANM, por lo que es procedente confirmar la sentencia impugnada.

No obstante, la Sala advierte que en cumplimiento de lo ordenado en el fallo de primera instancia, tal autoridad mediante Oficio 20183320267671 de 2018, complementó el requerimiento elevado por el actor, en los siguientes términos:

“[…]

Título Minero nro. 13188. Título Minero nro. 13188.

Teniendo en cuenta la petición recibida en esta Entidad mediante radicado nro. 20175510197212 del 17 de agosto de 2017, de la cual se corrió traslado al Grupo de Seguimiento y Control con el objeto de responder a las preguntas números 2 y 3, por medio del presente escrito podemos dar respuesta a las peticiones referidas en los siguiente términos:

“2. Se me informe porque a la fecha trascurridos 220 días no se ha respondido mi solicitud de revocatoria directa interpuesta por mi apoderada: revocatoria directa de solicitud de amparo administrativo, recurso éste que no tuvo en cuenta (sic) un juicioso estudio del expediente por parte de funcionarios de la ANM ya que de haber sido así y existiendo autorización de cesión impetrada desde 1996, no era procedente tal actuación y existiendo toda una logística y gran número de profesionales en el denominado contrato de apoyo a la fiscalización minera que supera varios miles de millones de pesos, no se justifica tal demora en la respuesta a este recurso legal.”

Respuesta.

Sea lo primero recordar que la Agencia Nacional de Minería, en cumplimiento de sus funciones debe realizar seguimiento y control a cada uno de los títulos respecto a las obligaciones contractuales en cada una de las etapas derivadas de la concesión minera.

En ese orden de ideas y como quiera que el volumen de trámites y solicitudes relacionadas con los títulos mineros son fiscalizados a nivel nacional por el Grupo de Seguimiento y Control mediante visitas técnicas en campo y posterior estudio jurídico dependiendo la solicitud, los tiempos y el personal encargado para dicha actividad, en ocasiones no es suficiente para efectuar los trámites en el tiempo que esta Autoridad desearía para prestar el mejor servicio a los peticionarios y titulares de todo el país.

Aunado a lo anterior, esta Entidad en procura de resolver cada uno de los trámites de forma eficiente, realiza un estudio minucioso y completo que satisfaga las necesidades de los titulares y peticionarios que acuden a nuestros servicios, lo cual puede tardar un poco más de tiempo con el único fin de expedir actos administrativos no solo con el lleno de los requisitos legales, sino con la mejor calidad una vez efectuado un estudio técnico y jurídico de fondo.

En efecto, y refiriéndonos al fondo de su solicitud, esta Autoridad mediante Resolución VSC nro. 001172 de 9 de noviembre de 2017, resolvió la solicitud de revocatoria directa contra la Resolución GSC-ZC nro. 0009 de 25 de enero de 2013, por medio de la cual se resolvió una solicitud de amparo administrativo.

Finalmente, dicha Resolución se notificó personalmente el 20 de noviembre de 2017, al señor Rafael Matiz Gerena, identificado con cédula de ciudadanía nro. 19364491 como se puede evidenciar en los anexos del presente oficio.

“3. Con base en los hechos presentados todos ellos ajustados a derecho no solo de explotación sino de retiro de material explotado que está causando grave afectación ambiental y detrimento patrimonial, es claro que de no autorizar el reinicio de actividades se presentarán gravísimos daños ambientales y patrimoniales, perjuicios que deberán ser evaluados en su oportunidad por autoridad competente a la luz del derecho.”

Respuesta.

Sea lo primero recordar que la Agencia Nacional de Minería regula las relaciones jurídicas del Estado con los particulares, por causa de los trabajos y obras de los títulos mineros en sus diferentes etapas de protección, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, trasformación, transporte y promoción de los minerales, ya sean de propiedad nacional o de propiedad privada.

Una vez consultado nuestro sistema de Catastro minero Colombiano -CMC-, se pudo evidenciar que la titularidad del Contrato de Concesión nro. 13188, corresponde a la empresa de Inversiones y Construcciones del Cerro Ltda., sociedad legalmente facultada para efectuar actividades mineras en el área del título referido en las diferentes etapas del contrato de concesión.

Teniendo en cuenta lo anterior, ninguna persona natural o jurídica que no cuente con título minero inscrito en Registro Minero Nacional puede efectuar actividades mineras so pena de incurrir en el delito de exploración y explotación ilícita contemplado en el artículo 159 de la Ley 685 de 2001, la cual expresa; “la exploración y explotación ilícita de yacimientos mineros, constitutivo del delito contemplado en el artículo 244 del Código Penal, se configura cuando se realicen trabajos de exploración, de extracción o captación de minerales de propiedad nacional o de propiedad privada, sin el correspondiente título minero vigente o sin la autorización del titular de dicha propiedad”.

Aunado lo anterior, cabe precisar que el artículo 14 de la Ley 685 de 2001, referente al tema objeto de estudio establece lo siguiente:

“Articulo 14. A partir de la vigencia de este código, únicamente se podrá construir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minerales de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional” (…)

En consecuencia, es pertinente señalar que la titularidad se perfecciona con la inscripción en el certificado de Registro minero Nacional y hasta tanto no se configure un derecho legítimo a explotar, por lo anterior, nos permitimos informar que debido a que usted no figura como titular del Contrato de Concesión nro. 13188, no es posible autorizar el inicio de actividades de explotación como quiera que no se encuentra facultado legalmente para efectuar dicha actividad.

Ahora, con relación a la solicitud de retirar el material explotado que está causando grave afectación ambiental y detrimento patrimonial, es pertinente recordar que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, es la Autoridad ambiental competente para salvaguardar el deterioro que se cause al medio ambiente […]”.

En virtud de lo anterior, la Sala extrae que con la citada respuesta, la solicitud elevada por el actor fue contestada en su totalidad, pues se resolvió de fondo, de manera clara y precisa y de conformidad con la naturaleza de la misma, máxime si se tiene en cuenta que se aludió a todos los interrogantes expuestos por el petente.

Así las cosas, corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se configura una carencia actual de objeto de amparo, por hecho superado, aunque la cesación de la vulneración se debió al cumplimiento de una orden judicial.

Cabe precisar que sobre un asunto similar, la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse en providencia de 4 de mayo de 2016, en la que con fundamento en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, señaló que si la intervención del juez de primera instancia sirve para la cesación de la vulneración de los derechos alegados y se encuentra ajustada a derecho, corresponde confirmarla. En la referida sentencia se sostuvo:

“[…]

De las mencionadas respuestas se infiere que las mismas se elaboraron en virtud de la orden de amparo decretada en la sentencia de primera instancia, por lo que no se encuadran dentro de la definición de hecho superado contenida en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, cuyo tenor indica:

“Artículo 26. Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Empero, para resolver lo concerniente a la solicitud de declarar la carencia actual de objeto de la presente tutela, por hecho superado, es menester precisar lo que la Jurisprudencia Constitucional ha sostenido sobre este concepto.

Frente a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte Constitucional, en la sentencia T-581 de 2010, expresó:

“El fenómeno de la carencia actual de objeto por un hecho superado. Reiteración de jurisprudencia.

El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 consagró la acción de tutela con la finalidad de garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales de las personas cuando quiera que éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular (en los casos establecidos en la ley), protección que se ve materializada con la emisión de una orden por parte del juez de tutela dirigida a impedir que tal situación se prolongue en el tiempo[33].

Teniendo en cuenta esa finalidad de la acción de tutela esta Corporación ha señalado que la misma se extingue cuando ‘la vulneración o amenaza cesa, porque ha ocurrido el evento que configura tanto la reparación del derecho, como la solicitud al juez de amparo. Es decir, aquella acción por parte del demandado, que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela, ha acaecido antes de la mencionada orden’[34]. Cuando la vulneración o la amenaza de los derechos cuya protección se reclama cesan, se presenta lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado ‘hecho superado’”.

Al respecto, la Corte indicó en Sentencia T- 957 de 2009:
“El ‘hecho superado’, ha dicho esta Corporación, se presenta cuando por la acción u omisión del obligado, desaparece la afectación del derecho cuya protección se reclama, de tal manera que ‘carece’ de objeto el pronunciamiento del Juez Constitucional. La Jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión ‘hecho superado’, en el sentido obvio de las palabras, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela.”

Esta situación se puede presentar en dos ocasiones: ‘(i) antes de iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en el trascurso del mismo o (ii) estando en curso el trámite de revisión ante esta Corporación[35].En este último evento, la Jurisprudencia Constitucional ha señalado que la acción de tutela se torna improcedente[36] por no existir un objeto jurídico sobre el cual proveer, sin que por ello, pueda proferir un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991)’[37].

En efecto, esta Corporación ha sostenido que cuando se presenta este fenómeno el Juez de tutela debe proferir un fallo de fondo, analizando si realmente existió una amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados y determinando el alcance de los mismos[38]. En este sentido, por ejemplo, en la Sentencia T-722 de 2003 la Corte Constitucional precisó lo siguiente:

‘i.) Así, pues, cuando el fundamento fáctico del amparo se supera antes de iniciado el proceso ante los Jueces de tutela de instancia o en el transcurso de este y así lo declaran en las respectivas providencias, la Sala de Revisión no puede exigir de ellos proceder distinto y, en consecuencia, habrá de confirmar el fallo revisado quedando a salvo la posibilidad de que en ejercicio de su competencia y con el propósito de cumplir con los fines primordiales de la Jurisprudencia de esta Corte, realice un examen y una declaración adicional relacionada con la materia, tal como se hará en el caso sub-examine.

ii.) Por su parte, cuando la sustracción de materia tiene lugar justo cuando la Sala de Revisión se dispone a tomar una decisión; si se advirtiere que en el trámite ante los jueces de instancia ha debido concederse el amparo de los derechos fundamentales invocados y así no se hubiere dispuesto, la decisión de la Sala respectiva de esta Corporación, de conformidad con la Jurisprudencia reciente, consistirá en revocar los fallos objeto de examen y conceder la tutela, sin importar que no se proceda a impartir orden alguna.’

Sobre el mismo asunto, en la sentencia T - 612 de 2012, la Corte precisó:

“En cuanto al hecho superado, la Corte ha indicado que se presenta cuando antes de que se profiera el fallo, el demandado satisface lo solicitado. En efecto, ‘si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual la posible orden que impartiera el Juez caería en el vacío[].

En ese sentido, la sentencia T-027 de 1999, estableció que ‘(…) la protección ofrecida por la acción de tutela pierde sentido, por innecesaria, cuando durante el curso del proceso desaparece la amenaza o cesa la vulneración. El Juez queda inhabilitado, por tanto, para emitir orden alguna tendiente a restablecer el orden jurídico quebrantado, porque éste ha recobrado su normalidad sin la intervención de la autoridad del Estado.’ (Negrilla y subrayas por fuera del texto original).

De lo analizado por la Corte se pueden extraer los siguientes elementos para declarar la carencia actual de objeto, por hecho superado:

Que se reclame ante el Juez de tutela la protección de un derecho fundamental, cuando es amenazado o vulnerando por la acción o la omisión de la autoridad o de un particular.
Que antes de que se profiera la decisión del Juez, esto es, como medida cautelar, en la primera instancia, en la segunda instancia o en sede de revisión, desaparezca la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos fundamentales, porque se satisface lo pedido en la tutela.
La consecuencia inmediata de estos dos eventos es que la orden que eventualmente decretaría el Juez, carecería de objeto y, por ende, se torna inoficiosa.

Ahora bien, en estos eventos ha explicado la Corte que se debe diferenciar la labor de los Jueces de instancia y la de esa Corporación en sede de revisión, por cuanto “(…) no es perentorio para los Jueces de instancia (…) incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo, pueden hacerlo, sobre todo si consideran que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, tal como lo prescribe el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991. Lo que es potestativo para los Jueces de instancia, se convierte en obligatorio para la Corte Constitucional en sede de revisión pues como autoridad suprema de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita. Ahora bien, lo que sí resulta ineludible en estos casos, tanto para los Jueces de instancia como para esta Corporación, es que la providencia judicial incluya la demostración de que en realidad se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela, esto es, que se demuestre el hecho superado, lo que autoriza a declarar en la parte resolutiva de la sentencia la carencia actual de objeto y a prescindir de orden alguna, con independencia de aquellas que se dirijan a prevenir al demandado sobre la inconstitucionalidad de su conducta y a advertirle de las sanciones a las que se hará acreedor en caso de que la misma se repita, al tenor del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991”.

En el presente caso, es claro que no nos encontramos frente a lo que la Jurisprudencia Constitucional ha denominado hecho superado, pues aun cuando ya cesó la vulneración, no se puede señalar que la orden de amparo carezca de objeto, todo lo contrario, como estuvo ajustada a derecho, lo que corresponde es confirmarla e incluso, prevenir a la autoridad para que en adelante se abstenga de dicha conducta, es decir, de la necesidad de que medie una orden de un Juez para garantizar el derecho fundamental de petición de los ciudadanos.

En otras palabras, no es que resulte innecesario decretar orden de amparo -que es el efecto práctico del hecho superado- sino que debe confirmarse en todas sus partes la que ya se decretó, por cuanto, además, sirvió para la protección cabal del derecho reclamado.

Distinto sería si, por ejemplo, el Tribunal no hubiese concedido el amparo y aun así las entidades hubiesen contestado los derechos de petición elevados por la parte actora, ya que en esta instancia sí habría lugar a declarar el hecho superado, por cuanto, efectivamente se constató que se violó el derecho, pero es inane decretar orden alguna, en atención a que la situación de vulneración ya fue superada.

Se insiste entonces en que el evento del hecho superado está previsto para aquellos casos en los que el Juez Constitucional, en cualquiera de las instancias, advierte que el hecho vulnerador desapareció y, por tanto, resulta innecesario impartir orden alguna encaminada a superar una situación que ya fue finiquitada, pero si la intervención del Juez sirvió para la cesación de la vulneración y estuvo ajustada a derecho, corresponde confirmarla […]”.

Como quiera que se trata de una situación similar, la Sala prohíja en esta oportunidad las consideraciones transcritas, por resultar enteramente aplicables al caso concreto, toda vez que es evidente que la cesación total de la vulneración al derecho fundamental de petición del actor se produjo en virtud de la orden de amparo decretada en la sentencia de primera instancia, por lo que no se está en presencia de un hecho superado, sino cesación de la vulneración por cumplimiento de orden judicial.

Lo anterior, impone a la Sala confirmar la sentencia impugnada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada en la sesión del día 1o. de marzo de 2018.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

En adelante ANM.
En adelante el Tribunal.
“Por la cual se resuelve revocatoria directa contra la Resolución GSC.ZC-0009 de 25 de enero de 2013”.
Folios 63 y 64 del expediente.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
Sentencia T-149 de 2013, Magistrado ponente: doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Folios 4 A 12 del expediente.
Expediente nro. 2016-00173-01. Consejera Ponente María Elizabeth García González.
[] SU - 540 de 2007

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