Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05490-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05490-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-05490-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
28 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-05490-01 (3749-2022)
Demandante: Ernesto Camargo Ciodaro1
Demandado: Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)
Temas: Insubsistencia en cargo de libre nombramiento y remoción.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia de fecha 19 de agosto de 2021, proferida por la
Subsección “D” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones. Anular la Resolución 064 de 23 de enero de 20152, por medio de
la cual se declaró insubsistente el nombramiento que el señor Ernesto Camargo
Ciodaro ostentaba en el cargo de jefe de departamento, código 0095, grado 09, con
funciones en el Departamento de Asesorías y Consultoría adscrito a la Subdirección
de Proyección Institucional de la planta global de la ESAP.
3. Subsidiariamente, solicitó declarar la nulidad de la Resolución (sic) 220 de 27 de
enero de 2004, a través de la cual se modificó la planta de personal administrativo
de la ESAP.
4. Como restablecimiento del derecho, exigió su reintegro al cargo que venía
desempeñando al momento de su desvinculación y/o a otro de igual o superior
categoría, con el respectivo pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir y la indemnización de los perjuicios materiales e inmateriales causados con
aquella decisión.
5. Por último, requirió el cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos
en los artículos 187 y 192 del C.P.A.C.A., y la condena en costas de la entidad
demandada.
1 En la audiencia inicial celebrada el 10 de mayo de 2019, el tribunal aceptó como sucesora procesal a la señora
Luz Marina Scoppetta Lacouture, debido al fallecimiento del demandante.
2 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo denominado «ED_DEMANDA_25000234200020170549 (.zip)
NroActua 2», documento «20ED_02DEMANDAYANEXOS», folios 38 y 39.
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Demandante: Ernesto Camargo Ciodaro
6. Hechos. El actor fue nombrado mediante la Resolución 00162 de 20 de febrero
de 2013, como «jefe de departamento, código 0095, grado 09» de la Escuela
Superior de Administración Pública (ESAP).
7. El día 20 de enero de 2015, recibió vía correo electrónico una comunicación en
la que se le solicitó la renuncia a dicho empleo. No obstante, el demandante no
accedió a ello, invocando su condición de prepensionado, toda vez que contaba con
62 años de edad y más de 1.100 semanas cotizadas.
8. Pese a lo anterior, la demandada profirió la Resolución 064 de 23 de enero de
2015, en la que declaró insubsistente el nombramiento que el accionante detentaba
en el aludido cargo.
9. El referido empleo es de carrera administrativa, aunque la ESAP lo haya
catalogado como de libre nombramiento y remoción. Lo anterior, en razón a que no
se ajusta a ninguno de los criterios previstos en el artículo 5.° de la Ley 909 de 2004.
10. El señor Camargo Ciodaro dio a conocer a la ESAP su condición de padre
cabeza de familia, cualidad derivada del hecho según el cual su compañera
permanente y sus dos hijos universitarios dependen económicamente de él.
11. Fundamentos de derecho. Se señalaron como vulnerados los siguientes
artículos: 1.°, 2.°, 5.°, 13, 25, 29, 48, 53, 90, 125 y 209 de la Constitución Política;
12 y 13 de la Ley 790 de 2002; 9.° de la Ley 797 de 2002; 26 del Decreto 2400 de
1968; 114 del Decreto 1395 de 2010 y la Ley 909 de 2004. Al desarrollar el concepto
de violación, se expuso lo siguiente:
12. El cargo de jefe de departamento, código 0095, grado 09 de la ESAP,
corresponde a un empleo de carrera administrativa, pues no se encuentra enlistado
en el artículo 5.° de la Ley 909 de 2004 como un cargo de libre nombramiento y
remoción. Adicionalmente, dicha ocupación fue creada mediante la Resolución (sic)
de 2004, sin que se precisara su naturaleza.
13. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto en la Resolución 011 de 18 de enero
de 2006, en la que se asignaron funciones relacionadas con asesoría, coordinación
de actividades, asistencia en la realización de actividades de la Subdirección de
Proyección Institucional, las cuales no corresponden a las de dirección, conducción
u orientación institucional propias de los empleos de libre nombramiento y remoción.
14. En ese sentido, resulta relevante destacar que, previamente a su designación,
el señor Ernesto Camargo superó unas pruebas meritocráticas, circunstancia que
quedó consignada en la Resolución 162 de 20 de febrero de 2013. Por ende, su
nombramiento fue en provisionalidad, de manera que su retiro debió concretarse a
través de un acto administrativo motivado, lo que aquí no ocurrió.
15. En conclusión: se configuraron las causales de falta de motivación, desviación
de poder, desconocimiento de las normas en que debió fundarse, falsa motivación,
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Demandante: Ernesto Camargo Ciodaro
violación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, violación de la
Constitución Política.
16. Contestación de la demanda. Dentro de la oportunidad de ley, la ESAP se
opuso a las pretensiones de la demanda3. Con tales fines, alegó lo siguiente:
17. El accionante no era sujeto de protección especial constitucional, dado que el
cargo que desempeñaba correspondía a uno de libre nombramiento y remoción.
Añadió que, en todo caso, las obligaciones reclamadas se extinguieron con su
fallecimiento.
18. En relación con la naturaleza del empleo, además de lo antedicho, indicó que
se trataba de un cargo del nivel directivo, que el demandante recibía prima técnica
por estudios y formación avanzada, beneficio que solicitó el 21 de febrero de 2013
y que le fue reconocido mediante Resolución 0248 de 8 de marzo de la misma
anualidad.
19. A su vez, luego de citar los Decretos 2489 de 2006, 1661 de 1991 y 219 de
2004, expuso que el Departamento de Asesorías y Consultorías, en la estructura de
la entidad, adscrito a la Subdirección de Proyección Institucional, es una oficina del
nivel directivo.
20. La designación de los funcionarios está ligada a la confianza frente al
nominador, por lo que su permanencia en el cargo depende de la discrecionalidad
del empleador, lo que no sucede frente a los empleos de carrera administrativa.
21. El actor no adquirió la calidad de prepensionado, pues le faltaban 464 semanas
de cotización para adquirir aquel estatus. Precisó que al no cumplir con los
requisitos señalados para ser beneficio del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, le es aplicable la Ley 797 de 2003.
22. En cuanto a la calidad de padre cabeza de familia, sostuvo que en el aplicativo
ADRES, los integrantes de su núcleo familiar (compañera permanente e hijos)
aparecen como cotizantes, lo que desvirtúa la alegada condición.
23. Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones que denominó como
«caducidad»4, «inexistencia del demandante o del demandado» e «inexistencia del
derecho reclamado».
24. Sentencia de primera instancia5. El 19 de agosto de 2021, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca emitió sentencia en la que negó las súplicas de la
demanda. Con tales propósitos, concluyó lo siguiente:
3 PDF «24ED_06CONTESTACIÓNYEXCEPCIONES» Ejusdem.
4 La cual se declaró infundada en la audiencia inicial celebrada el 10 de mayo de 2019. Ver índice 2 de la
plataforma SAMAI, archivo denominado «ED_DEMANDA_25000234200020170549 (.zip) NroActua 2»,
documento «08AudienciaInicial», folios 1-9.
5 Ejusdem, documento denominado «18SentenciaPrimeraInstancia».
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25. La naturaleza del empleo que ocupó el demandante era de libre
nombramiento y remoción. En primer lugar, en la Resolución 162 de 20 de febrero
de 2013 se dejó claridad sobre la naturaleza del cargo de «jefe de departamento,
código 0095, grado 09» (adscrito a la Subdirección de Proyección Institucional), lo
que quiere decir que desde un principio el actor conocía esa situación.
26. En segundo lugar, conforme al Decreto 220 de 2004 y la Resolución 011 de
2006, la ocupación en comento fue fijada en una posición superior a la de los jefes
de la oficina jurídica y de planeación, debido a que cumple funciones relevantes al
interior de la entidad.
27. En la última norma, se estableció que hace parte del nivel directivo y se
determinaron las funciones de la Subdirección de Proyección Institucional, entre
ellas, «asesorar a la Subdirección de Proyección Institucional en la dirección,
planeación, desarrollo y seguimiento de las políticas y planes de capacitación». Por
ello, el accionante cumplía funciones de dirección, conducción y orientación
institucional.
28. En tercer y último lugar, los testigos Flor Mireya Murcia y Francisco Javier
Amézquita Rodríguez manifestaron que, si bien se realizó una prueba y el actor la
superó, ello fue en atención al Decreto 4567 de 2011, norma que en su artículo 4.°
dispuso que «el proceso de que trata el presente decreto no implica el cambio de la
naturaleza de libre nombramiento y remoción del cargo a proveer ni genera
derechos de carrera».
29. El actor no ostentaba la calidad de prepensionado. El señor Ernesto
Camargo acreditó 16 años, 2 meses y 29 días de servicio, por lo que es claro que
le hacían falta más de tres (3) años para adquirir el derecho pensional, en los
términos de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003 e incluso, a la
misma conclusión se llegaría al aplicar el régimen de la Ley 33 de 1985.
30. El accionante no tenía la condición de padre cabeza de familia. Esta
situación se desvirtuó, dado que, en la declaración de parte, la sucesora procesal
indicó que laboraba en el sector inmobiliario, incluyendo los años 2014 y 2015,
cuando el actor fue retirado del servicio.
31. En ese contexto, a la fecha de declaratoria de insubsistencia, la señora Luz
Marina Scoppetta Lacouture no dependía económicamente de su compañero, por
lo que no se configuran los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para el
efecto.
32. Recurso de apelación6. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de
la parte actora la recurrió en apelación. En su intervención, censuró de la decisión
adoptada por el tribunal de primera instancia en los siguientes puntos:
6 Ibid. documento denominado «20RecursoApelacionDemandante».
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33. Condición de prepensionado. Discurrió de esta apreciación del tribunal
porque, a su juicio, el señor Ernesto Camargo Ciodaro sí ostentaba la calidad de
prepensionado. En efecto, obran en el expediente elementos que acreditan que el
actor laboró por más de veinte (20) años, lo que equivale a un total de 1.078
semanas cotizadas, circunstancia que lo ubicaba dentro del grupo poblacional
beneficiario de la protección especial derivada de la estabilidad laboral reforzada.
34. «Contrario a lo sostenido por el despacho de primera instancia, cuando el
accionante se retiró de la ESAP no contaba con 16 años de servicios sino con
1078,44 semanas lo que traduce en 20 años de servicio, que sí bien, no cumplía
con el requisito de las 1300 semanas exigidas por la Ley 100 si cumplía conforme
al régimen anterior previsto en la Ley 33 de 1985, en el cual se pensionaban con los
mencionados 20 años. Es decir, el actor cumplía con los dos requisitos para ser
considerado prepensionado según la Corte Constitucional y aun así fue declarado
insubsistente por el acto enjuiciado, dejando de lado lo dispuesto por el artículo 12
del Decreto 190 de 2003, que establece que dentro de los 3 años siguientes a la
declaratoria de insubsistencia o menos el actor hubiese reunido las semanas
necesarias para adquirir la pensión.»
35. Naturaleza del cargo de jefe de departamento, código 0095, grado 09. Las
características que la jurisprudencia de las altas cortes ha endilgado a los empleos
de libre nombramiento y remoción no corresponden a las que ejercía el
demandante.
36. Insistió en que la ocupación de «jefe de departamento, código 0095, grado 09»
no puede ser considerada como de libre nombramiento y remoción, debido a que
no está relacionada en el artículo 5.° de la Ley 909 de 2004 como una excepción a
la carrera administrativa.
37. Hecho que se ratifica en la Resolución 162 de 2013, cuyas funciones asignadas
corresponden a asesoría, coordinación de actividades, asistencia en la realización
de actividades de la Subdirección de Proyección Institucional y nunca a los criterios
de dirección, conducción y orientación institucional.
38. Afectación al mínimo vital. En su componente cuantitativo, para la parte
apelante quedó demostrada la obligación que tenía el señor Camargo con sus dos
hijos, quienes al momento de la interposición de la demanda eran estudiantes de la
Universidad del Norte en las carreras de economía y derecho.
39. De las pruebas documentales obrantes en el plenario se observa la vulneración
del derecho al mínimo vital del accionante ya que, al declararlo insubsistente,
carecía de otro ingreso para atender sus necesidades básicas como la salud,
vivienda, servicios públicos y especialmente su derecho a la seguridad social.
40. Contrario a lo sostenido por el despacho, la señora Luz Marina Scoppetta en su
declaración manifestó que, aunque se encontraba haciendo parte del gremio
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inmobiliario local, para la época en la que se declaró insubsistente al accionante,
esta no se encontraba trabajando y era el señor Camargo el que sostenía el hogar.
41. Por su parte, en su componente cualitativo, sostuvo que tenía 62 años de edad,
lo que se traduce en una desventaja a la hora de un proceso de vinculación laboral,
pues claramente las reglas de la experiencia dictan que las empresas y entidades
públicas por regla general prefieren fuerzas productivas jóvenes y que no sean
padres o madres cabezas de familia o se encuentren con alguna discapacidad.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
42. La admisión del recurso. Mediante auto de 14 de septiembre de 20227 se
admitió el recurso de apelación, sin que se presentara intervención de las partes y
del agente del ministerio público delegado ante esta corporación.
43. Control de legalidad8. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
44. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,9 esta subsección
es competente para resolver el recurso de apelación presentado.
45. Marco de análisis de la segunda instancia. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso,10 el juez de segunda instancia
debe pronunciarse únicamente sobre los argumentos invocados por el recurrente,
salvo que ambas partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual podrá
resolver sin limitaciones. En el presente asunto, este tribunal solo emitirá juicio
frente a las razones expuestas en la alzada por el apoderado de la parte
demandante, en su condición de apelante único.
46. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados por el
recurrente, le corresponde a la Sala establecer sí:
46.1 ¿El cargo que el demandante ocupaba como jefe de departamento, código
0095, grado 09, es de libre nombramiento o remoción o, por el contrario, es de
carrera administrativa?
7 Actuación visible en el índice 4 de la plataforma SAMAI.
8 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
10 «competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las disposiciones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]»
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Demandante: Ernesto Camargo Ciodaro
46.2 ¿El señor Ernesto Camargo Ciodaro, detentaba la calidad de
prepensionado?
46.3 ¿Con el retiro del servicio objeto de demanda, se afectó el mínimo vital de la
parte demandante?
El caso concreto. Resolución de los interrogantes planteados.
47. Primer interrogante: ¿El cargo que el demandante ocupaba como jefe de
departamento, código 0095, grado 09, es de libre nombramiento o remoción o, por
el contrario, es de carrera administrativa?
48. De conformidad con el artículo 5.° de la Ley 909 de 2004, son de libre
nombramiento y remoción, entre otros, los empleos: (i) de dirección, conducción y
orientación institucional en cuyo ejercicio se adoptan políticas o directrices
fundamentales; (ii) aquellos cuya permanencia implica la confianza plena del
nominador y; (iii) los señalados expresamente en la norma como excepciones a la
regla general de carrera.
49. En el presente caso, el abogado apelante insistió en que el cargo ocupado por
el señor Camargo Ciodaro es de carrera administrativa y no de libre nombramiento
y remoción. Sin embargo, no se comparte esa conclusión, en razón a que:
50. Por medio del Decreto 220 de 27 de enero de 200411 «por el cual se modifica la
planta de personal administrativo y docente de la Escuela Superior de
Administración Pública ESAP y se dictan otras disposiciones», se suprimieron
algunos cargos al interior de la entidad y se concibieron múltiples empleos, entre
ellos, el cargo de «jefe de departamento, código 0095, grado 09».
51. El 6 de febrero de 201312, en cumplimiento del Decreto 4567 de 2011, la
directora nacional de la ESAP remitió al secretario general de la Presidencia de la
República la hoja de vida del señor Ernesto Camargo Ciodaro, junto con los
resultados del concurso de méritos. En tal documentación se observa que el citado
señor obtuvo una calificación de 84.55%.
52. En tal virtud, se expidió la Resolución 0162 de 20 de febrero de 201313, por
medio de la cual se efectuó el nombramiento ordinario del señor Ernesto Camargo
Ciodaro en el cargo arriba mencionado. En las consideraciones de este acto
administrativo se mencionó lo siguiente:
11 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo denominado «ED_DEMANDA_25000234200020170549 (.zip)
NroActua 2», documento «20ED_02DEMANDAYANEXOS», folios 30 a 34.
12 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo denominado «ED_DEMANDA_25000234200020170549 (.zip)
NroActua 2», documento «31ED_13RESPUESTAREQUERIMIENTOS», folios 5 a 10.
13 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo denominado «ED_DEMANDA_25000234200020170549 (.zip)
NroActua 2», documento «31ED_13RESPUESTAREQUERIMIENTOS», folios 11 y 12.
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«Que el artículo 5 de la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, establece la clasificación
de los empleos públicos así: Los empleos de los organismos y entidades regulados por
la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de:
[…]
2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes
criterios:
[…]
b) Los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan asignadas
funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al servicio
directo e indirecto de los siguientes funcionarios, siempre y cuando tales empleos se
encuentren adscritos a sus respectivos despachos así:
[…]
Que de acuerdo con la política del Gobierno Nacional de fortalecer la transparencia
para la sección de altos funcionarios públicos, el Departamento Administrativo de la
Función Pública, adelantó el proceso de selección de Meritocracia para proveer el
cargo de JEFE DE DEPARTAMENTO 0095-9 con funciones en el Departamento de
Capacitación adscrito a la Subdirección de Proyección Institucional, de la planta global
de personal administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP.
Que la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, informó
mediante oficio de fecha 01 de febrero de 2013 que fue evaluado el candidato
ERNESTO CAMARGO CIODARO, y que todos los documentos que soportan la
evaluación se encuentran en el DAFP.
Que revisada la hoja de vida del doctor ERNESTO CAMARGO CIODARO, la
Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano el día 30 de enero de 2013,
certificó que cumple con los requisitos para desempeñar el cargo de JEFE DE
DEPARTAMENTO 0095-9 con funciones en el Departamento de Capacitación adscrito
a la Subdirección de Proyección Institucional de la Escuela Superior de Administración
Pública ESAP.
Que en cumplimiento al Decreto 4567 del 1° de diciembre de 2011, la hoja de vida del
doctor ERNESTO CAMARGO CIODARO estuvo publicada por tres días en la página
web de la presidencia y de la ESAP.
Que el cargo de JEFE DE DEPARTAMENTO 0095-9 con funciones en el Departamento
de Capacitación adscrito a la Subdirección de proyección Institucional de la Planta
Global de Personal Administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública
ESAP, es un cargo de libre nombramiento y remoción de conformidad con el literal a)
inciso 3 del numeral 2 del artículo 5 de la Ley 909 de 2004.
Que consecuente con el inciso anterior, el presente nombramiento está cobijado por
los preceptos establecidos en el artículo 26 del Decreto 2400 de 1968 y en el artículo
107 del Decreto 1950 de 1973, por tanto, el mismo no genera derechos de carrera
administrativa y procede el uso de la facultad discrecional que tiene el gobierno para
nombrar y remover sus empleados […]»
53. Por medio de la Resolución 0167 de 21 de febrero de 201314 se realizó, por
necesidades del servicio, una permuta entre el señor Ernesto Camargo Ciodaro y la
14 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo denominado «ED_DEMANDA_25000234200020170549 (.zip)
NroActua 2», documento «31ED_13RESPUESTAREQUERIMIENTOS», folios 15 y 16.
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Demandante: Ernesto Camargo Ciodaro
señora Danitza Amaya Gacha, ambos ocupaban el cargo de «jefe de departamento,
código 0095, grado 09» en la ESAP. A partir de ese momento, el actor empezó a
desarrollar las funciones correspondientes al Departamento de Asesorías y
Consultorías de la entidad.
54. Pues bien, se advierte que el cargo desempeñado por el demandante fue el de
jefe de departamento, código 0095, grado 09, del nivel directivo, con funciones en
el Departamento de Capacitación, adscrito a la Subdirección de Proyección
Institucional de la ESAP. Posteriormente, se realizó una permuta al mismo cargo,
pero para ejercer las funciones correspondientes al Departamento de Asesorías y
Consultorías de la entidad.
55. En el acto administrativo de nombramiento se dijo que dicho cargo era de libre
nombramiento y remoción, y que no generaba derechos de carrera administrativo,
acto contra el cual el actor no expresó ninguna inconformidad.
56. Según el Decreto 219 de 2004 «por el cual se modifica la estructura de la
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y se dictan otras disposiciones»
y la Resolución 0011 de 18 de enero de 2006 «por la cual se adopta el Manual
Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de carrera
de la Planta Global de Personal de la Escuela Superior de Administración Pública
E.S.A.P», se observa que el Departamento de Asesoría y Consultoría tiene como
propósito principal y funciones esenciales, las siguientes:
«Propósito principal:
Asesorar a la Subdirección de Proyección Institucional en la dirección de planeación,
desarrollo y seguimiento de las políticas, planes y programas de asistencia técnica a
las entidades del orden nacional, territorial y local que lo requieran.
Descripción de funciones esenciales:
1. Ofrecer y realizar los estudios y diagnósticos para atender los requerimientos de
consultoría y asesoría de las entidades interesadas, con el fin de fortalecer su
capacidad técnica y mejorar la gestión institucional.
2. Conformar y mantener actualizada una base de datos de los consultores y asesores
que a nombre de la Escuela han de realizar asesorías y consultorías a las entidades
que lo soliciten, estableciendo los criterios de acreditación y la metodología que se
debe utilizar en todos los campos en los cuales se ha de brindar este servicio.
3. Absolver las consultas que formulen los organismos, entidades y funcionarios del
orden nacional y territorial.
4. Diseñar, formular, evaluar y controlar los programas de asesoría y consultoría.
5. Mantener actualizado el banco de preguntas y respuestas que las entidades públicas
y los ciudadanos en general solicitan a la Escuela Superior de Administración Pública,
ESAP, sobre temas de la administración pública, procurando consistencia con las
bases existentes en otras entidades que cumplen labores afines.
6. Establecer relaciones, redes de cooperación, intercambio, integración y asistencia
con organismos nacionales e internacionales que cumplan funciones similares.
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7. Desarrollar los concursos de méritos para ingresar a los cargos de carrera del
Estado, a aquellas entidades con las cuales se realice este convenio.
8. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la
dependencia.»
57. En ese orden de ideas y de cara a lo planteado, se pone de presente que por
tratarse de un cargo del nivel directivo -lo que fue aceptado en el recurso de
apelación-, el actor sí cumplía funciones de dirección general, manejo y orientación
institucional, en cuyo ejercicio se deben adoptar políticas o directrices
fundamentales, ajustados a la naturaleza del empleo.
58. Tanto es así, que su propósito principal es asesorar en la dirección de
planeación, desarrollo y seguimiento de las políticas, planes y programas de
asistencia técnica a las entidades del orden nacional, territorial y local que lo
requieran.
59. Aunque se alegó que el demandante ejecutó funciones de «asesoría o
coordinación», desde la estructura institucional de la ESAP, tales tareas incidían en
la formulación, conducción y ejecución de políticas académicas y administrativas, lo
cual trasciende la simple coordinación técnica y se adscribe a la conducción
institucional, que es uno de los criterios que justifica la naturaleza de los empleos
de libre nombramiento y remoción.
60. Por otro lado, si bien el señor Camargo Ciodaro realizó y superó unas pruebas
para poder ser nombrado en la ESAP, tal situación no varía la naturaleza de la
ocupación por él desempeñada, pues el proceso de selección al que fue sometido,
regulado en el Decreto 4567 del 2011, tuvo por finalidad examinar sus
«competencias laborales, el mérito, la capacidad y experiencia, las calidades
personales y su capacidad en relación con las funciones y responsabilidades del
empleo» que iba a ocupar.
61. Además, la norma en comento fue clara al establecer en su artículo 4.° que «[e]l
proceso de que trata el presente decreto no implica el cambio de la naturaleza de
libre nombramiento y remoción del cargo a proveer ni genera derechos de carrera.»
62. Corolario, se reitera, el aludido empleo es de libre nombramiento y remoción,
por lo que el cargo formulado no prospera.
63. Segundo interrogante: ¿El señor Ernesto Camargo Ciodaro detentaba la
calidad de prepensionado?
64. Requisitos jurisprudenciales para la configuración de la calidad de
prepensionado.
65. La Corte ha distinguido la figura del «retén social» creada con la Ley 790 de
2002 de la condición de «prepensionado» de origen jurisprudencial, para concluir,
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en una primera etapa, que esta última cualidad beneficia a «…aquellos servidores
que cumplan con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez
dentro de los tres años siguientes o, en otras palabras, aquellos a los que les falte
tres años o menos para cumplir los requisitos que les permitirían acceder a la
pensión de jubilación o vejez».15
66. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha pregonado que este instituto
«…protege la expectativa del trabajador de obtener su pensión de vejez, ante su
posible frustración como consecuencia de una pérdida intempestiva del empleo. Por
tanto, ampara la estabilidad en el cargo y la continuidad en la cotización efectiva al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, para consolidar los requisitos
que le faltaren para acceder a su pensión de vejez».16 (El énfasis es de la Sala).
67. No obstante, a través de la sentencia SU-003 de 2018, la Corte Constitucional
unificó su jurisprudencia en torno a esta figura, concluyendo que cuando el único
requisito faltante para acceder al derecho prestacional es la edad, no puede
pregonarse la calidad de prepensionado y, en ese orden, activar el fuero de
estabilidad laboral reforzada que de él dimana, en razón a que tal exigencia «la
edad» se cumple con el simple decurso del tiempo, sin necesidad de que exista un
vínculo laboral.
68. Sin embargo, en esa sentencia se concluyó que los empleados de libre
nombramiento y remoción no gozan de la estabilidad laboral que dimana del estado
de pre pensión, al afirmar:
«[…] 53. Estas razones, asociadas, bien al ejercicio de funciones de dirección,
conducción u orientación institucional, ora de un alto grado de confianza, justifican no
solo la excepción a la regla constitucional de ingreso por concurso a la carrera
administrativa, sino que también habilita un tratamiento distinto en la aplicación de los
distintos fueros de estabilidad laboral, entre ellos el de “prepensión”, en los términos
de la primera regla de unificación de esta sentencia. En consecuencia, tal como allí se
indicó, por regla general, los empleados públicos de libre nombramiento y remoción,
que relaciona el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 909 de 2004, no gozan de estabilidad
laboral reforzada como consecuencia, bien, de las funciones a su cargo o de la suma
confianza que exige su labor.
[…]
56. Este tipo de empleos, tal como se indicó supra, exigen el máximo grado de
confianza por parte de sus nominadores y, por tanto, de discrecionalidad en cuanto a
su nombramiento y remoción. Por tanto, extender la protección individual de la garantía
de estabilidad laboral reforzada a estos servidores supondría desconocer, de modo
absoluto, la finalidad o naturaleza de estos empleos, la cual se ha considerado
ajustada a la Constitución, entre otras, en las sentencias C-195 de 1994 y C-514 de
1994. En la primera, se señala como razón suficiente para su existencia el que en su
ejercicio se exija una confianza plena y total, y que se atribuye su poder de nominación
y remoción a servidores que ejercen una función eminentemente política. En la
segunda se indica que dicha confianza se refiere a la “inherente al manejo de asuntos
pertenecientes al exclusivo ámbito de la reserva y el cuidado que requieren cierto tipo
15 Sentencia SU-897 de 2012.
16 Sentencia SU-003 de 2018.
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de funciones, en especial, aquellas en cuya virtud se toman las decisiones de mayor
trascendencia para el ente de que se trata”. Son, pues, estos dos criterios, de manera
fundamental, los que ha considerado relevantes la jurisprudencia constitucional para
justificar la validez constitucional de este tipo de empleos: uno de índole material, en
razón a las funciones que desarrollan, y, otro, de índole subjetivo, que da cuenta del
alto grado de confianza que exige su ejercicio.
57. Por tanto, en consideración a la identidad del cargo de la parte actora con aquellos
respecto de los cuales no se predica la garantía de estabilidad laboral reforzada,
concluye la Sala Plena que el tutelante no goza de esta y, por tanto, la acción de tutela
no está llamada a prosperar. Si bien, este análisis sería suficiente para concluir el
estudio de constitucionalidad, debe la Corte precisar que, en el caso del tutelante,
tampoco se acreditó la condición de “prepensionable”, situación que le permite a la
Sala pronunciarse acerca del segundo problema jurídico sustancial, relativo al alcance
de esta figura.»
69. A partir de allí, en sentencias de tutela posteriores se ha ratificado esa posición.
Entre ellas encontramos la providencia T-253 de 2023, en la que la Corte
Constitucional expresó:
«…5.2.2 La estabilidad laboral reforzada de los prepensionados
86. De acuerdo con la sentencia SU-003 de 2018, son prepensionados las personas
vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están próximas (dentro de los
siguientes tres años) a cumplir el número de semanas -o tiempo de servicio- requeridos
en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida o el capital necesario en el
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. En esa decisión, la Corte unificó su
jurisprudencia para determinar que los funcionarios de libre nombramiento y
remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada, y que no tiene la calidad de
prepensionado el funcionario al que solamente le falta cumplir el requisito de la
edad para obtener la pensión. (El énfásis es de la Subsección)
87. La calidad de prepensionado protege la expectativa de obtener la pensión de vejez
ante la pérdida intempestiva de su empleo. Por lo anterior, la estabilidad laboral
reforzada a favor del prepensionado ampara la estabilidad en el cargo y la continuidad
en la cotización efectiva al sistema general de seguridad social en pensiones para
consolidar así los requisitos que le faltan para obtener la pensión de vejez, que deben
corresponder a la cotización equivalente a tres años o menos (es decir a 154,44
semanas de cotización o menos, para el Régimen de Primera Media con Prestación
Definida)».
70. Para la Sala, la aplicación de la sentencia SU-003 de 2018 deviene procedente
en tanto:
71. Las sentencias de unificación producen efectos generales e inmediatos, pero
retrospectivos -salvo que en la respectiva decisión se exprese lo contrario-, lo que
implica que, en principio, sus reglas sean aplicadas para la resolución de casos con
supuestos fácticos y jurídicos similares.
72. Lo anterior, en razón a que, como bien lo señaló la Corte Constitucional en la
sentencia SU-406 de 2016, el juez debe examinar si la aplicación de la nueva
medida jurisprudencial adoptada en la providencia unificadora no afecta los
derechos fundamentales de los sujetos procesales.
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73. Por tanto, el cambio de precedente contenido en la sentencia SU-003 de 2018,
produjo efectos retrospectivos que abarcan todos los casos judiciales que
comparten identidad fáctica y jurídica y que se encuentran pendientes de resolución.
74. En sede de apelación, el apoderado de la parte actora reiteró que el señor
Ernesto Camargo ostentaba la calidad de prepensionado, en la medida en que
contaba con un total de 1.078 semanas cotizadas, circunstancia que lo ubicaba
dentro del grupo poblacional beneficiario de la protección especial derivada de la
estabilidad laboral reforzada.
75. Sin embargo, pese a lo señalado por el recurrente, considera la Sala que, al
momento del retiro del servicio, el señor Ernesto Camargo no reunía las condiciones
necesarias para ser considerado prepensionado, como pasa a explicarse.
76. En primer lugar, debe recordarse que el demandante se encontraba vinculado
a un empleo clasificado como de libre nombramiento y remoción, razón por la cual
el amparo derivado de la condición de prepensionado no le era aplicable.
77. Recuérdese que, de conformidad con el marco normativo antes referenciado,
los empleos de esta naturaleza no gozan de estabilidad laboral reforzada. Para la
Corte Constitucional, esos cargos surgen a partir de dos criterios particulares que
demandan «[…] cumplir un papel directivo, de manejo, de conducción u orientación
institucional, en cuyo ejercicio se adoptan políticas o directrices fundamentales, o
los que implican la necesaria confianza de quien tiene a su cargo dicho tipo de
responsabilidades»;17 el primero de ellos, ajustado a una directriz material asociada
a la naturaleza del empleo y, el segundo, adaptado a un lineamiento subjetivo
basado en la confianza.
78. Ahora bien, incluso si se admitiera que la condición referida pudiera predicarse
respecto de los empleados de libre nombramiento y remoción, lo cierto es que el
actor tampoco reunía los requisitos para ostentar tal calidad.
79. Véase que, de conformidad con los formatos nro. 1 «certificados de información
laboral18» y las constancias obrantes en el expediente, se acreditó que el finado
laboró para diferentes entidades del sector público (Contraloría General de la
República, Universidad del Atlántico, Ministerio de Defensa y la ESAP) durante
aproximadamente dieciséis (16) años de servicios, lo que equivale a 834 semanas
cotizadas.
80. Esta circunstancia evidencia que le hacían falta más de tres (3) años de
servicios para cumplir con el número de semanas exigidas, aun si se considerara la
aplicación del régimen previsto en la Ley 33 de 1985. En consecuencia, este cargo
no prospera.
17 Sentencia C-618 de 2015.
18 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo denominado «ED_DEMANDA_25000234200020170549 (.zip)
NroActua 2», documento «20ED_02DEMANDAYANEXOS», folios 14, 20, 26 y 56
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81. Finalmente, aunque en el recurso de apelación se afirmó que el actor laboró
para la ESAP en los siguientes periodos: «16 de enero de 1979 al 16 de septiembre
de 1982; del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2005; y del 22 de septiembre al 15
de diciembre de 2006», lo cierto es que no obran en el acervo probatorio
documentos que permitan corroborar dichas situaciones.
82. Tercer problema jurídico. ¿Con el retiro del servicio objeto de demanda, se
afectó el mínimo vital de la parte demandante?
83. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional19, el concepto
de mínimo vital ha sido entendido como «aquella porción de ingresos de un
trabajador o un pensionado, que se encuentra destinada a cubrir las necesidades
básicas (alimentación, vestido, acceso a servicios públicos domiciliarios, recreación
y atención en salud) y que, a su turno, materializa o hace efectivo el derecho
fundamental a la dignidad humana». En efecto, se ha establecido que esta garantía
guarda una relación especial con otros derechos de carácter fundamental, tales
como la vida, la salud, el trabajo y la seguridad social.
84. Así las cosas, la falta de salario cuando el afectado asegura que depende de
ellos para subsistir, permite presumir el perjuicio irremediable en materia del mínimo
vital20.
85. No obstante, tal afectación no se encuentra acreditada dentro del paginario. En
efecto, al rendir su declaración de parte, la señora Luz Marina Scoppetta Lacouture
-compañera permanente y sucesora procesal del finado demandante-, afirmó en un
primer momento que no trabajó en el tiempo en el que el señor Camargo Ciodaro
laboró en la ESAP21. Empero, posteriormente indicó que laboraba en el sector
inmobiliario desde hace más de 28 años22 e, inclusive, que en el año 2015 prestó
sus servicios en el mismo sector23, lo que evidencia las incoherencias de ese relato
que, como es de esperar, no pueden ser tenidas en cuenta.
86. Con todo, es claro que la desvinculación del actor no afectó al núcleo familiar ,
pues tal y como lo demostró la parte demandada, la sucesora procesal y uno de sus
hijos son cotizantes de los sistemas de salud y pensión, lo que permite inferir que
son titulares de una relación laboral y/o que ejercen una labor independiente de la
que obtienen el sustento económico para suplir sus necesidades más básicas.
87. Por lo que sigue, este cargo tampoco prospera.
19 Sentencia T-235 de 2021.
20 Sentencia T-357 de 2016
21 Ante la pregunta «[e]n el tiempo que el señor Ernesto Camargo estaba vinculado con la ESAP, ¿Usted se
encontraba laborando?», la deponente contestó «[n]o, Ernesto sostenía mi casa, ahora es que estoy
trabajando.»
22 Al ser preguntada «¿[a]clare usted de cuándo a cuándo fue cotizante a seguridad social?, la declarante
contestó «[y]o, además de ser psicóloga, yo trabajo como agente inmobiliario en Barranquilla. Tengo 28 años
de estar trabajando en el campo inmobiliario y yo he trabajado con varias inmobiliarias en Barranquilla que me
tocaba afiliarme como cotizante; […] ¿Desde cuándo aproximadamente lleva trabajando en esa actividad?
Contestó: Como desde el 91.»
23 Ante el interrogante ¿[u]sted recuerda si para el 2015 estaba trabajando con alguna constructora?, la citada
señora contestó «[e]l 2015 creo que yo estaba trabajando con aliados inmobiliarios.»
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88. Así las cosas, y en atención a que la alzada no alcanzó la finalidad perseguida
por la parte actora, se confirmará la sentencia de primera instancia.
89. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
90. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá imponer
costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se regirá
por las normas del CGP24.
91. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del C.G.P. teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del C.P.A.C.A.
92. En consecuencia, se impondrán costas a la parte actora, por cuanto en la
presente decisión no se acogieron los argumentos planteados en el recurso de
apelación por ella presentado. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del respectivo
tribunal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 19 de agosto de 2021, proferida por
la Subsección “D” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda que
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó
el señor Ernesto Camargo Ciodaro en contra de la Escuela Superior de
Administración Pública.
24 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad
corresponde al Código General del Proceso.
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SEGUNDO. Condenar a la parte demandante al pago de las costas en esta
instancia, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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